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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, indicó este martes que se ha regularizado la situación fraudulenta de 782 becarios, lo que ha supuesto un impacto de 2,9 millones de euros para las cuentas de la Seguridad Social.

Valerio aportó esta cifra durante su intervención en una jornada organizada por UGT sobre el fraude en las prácticas no laborales. A juicio de la ministra, los 782 becarios que han pasado a una situación de legalidad suponen “muy pocos” pero subrayó que “esto no ha hecho nada más que empezar”.

La ministra recordó el Plan Director para un Trabajo Digno aprobado el año pasado y vigente hasta 2020, con el que “se han mejorado las condiciones de vida de casi 310.000 personas”. De ellos, 174.000 trabajadores temporales en fraude han pasado a ser indefinidos y 33.700 contratos se les ha ampliado la jornada laboral. Estas actuaciones han tenido un impacto de 1.100 millones de euros, que han pasado a la caja de la Seguridad Social.

La ministra instó a “poner freno” a las organizaciones que cometen fraude en las prácticas no laborales.

En un documento elaborado por la Revolución Ugetista (RUGE) -la organización de jóvenes de UGT- presentado este martes, se calcula que 866.079 menores de 30 años realizaron prácticas no laborales remuneradas, universitarias y de formación profesional en 2018. Según el sindicato, esta cifra, ponderada por el número de meses de realización de prácticas, se traduce en una equivalencia de 296.310 puestos de trabajo anuales.

Además, denuncia que el fraude que existe en el ámbito de los convenios, firmados para hacer prácticas, afecta de manera negativa sobre las condiciones laborales de los jóvenes.

Calcula que el impacto de estas prácticas sobre los salarios en 2018 fue de 3.049 millones de euros si estas personas hubieran cobrado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y si hubieran cotizado habiendo cobrado el SMI se habrían ingresado 1.143,4 millones de euros.

UGT reclama crear ya el Estatuto de las Prácticas No Laborales, estableciendo un límite de estudiantes en prácticas sobre trabajadores por empresa, obligando a incluir a los beneficiarios en el Régimen General de la Seguridad Social, pagarles al menos el SMI en proporción a la duración horaria de las prácticas o controlar el horario y prohibir la realización de horas extraordinarias.

También pide eliminar las prácticas no laborales extracurriculares, prohibir realizar convenios de prácticas no laborales mediante la matriculación en cursos a posteriori e intensificar la intervención de la autoridad laboral.

(SERVIMEDIA)