Fiscalía abre diligencias sobre la residencia de Llíria tras la denuncia por desasistir a ancianos

Fiscalía Provincial de Valencia abre de oficio diligencias de investigación penal sobre la residencia de mayores DomusVI de Llíria (Valencia), tras la denuncia pública de una exempleada que grabó imágenes de ancianos desasistidos.

Según ha podido saber Europa Press, Fiscalía Provincial ha decidido abrir diligencias de investigación y ya ha firmado el decreto correspondiente ha asignado fiscal instructor, independientemente de la vía administrativa anunciada por la Generalitat, que anunció la apertura de una investigación sobre el centro, al que ya le consta una sanción de 174.000 euros por distintas irregularidades detectadas por la administración en inspecciones llevadas a cabo en 2019.

El objetivo de la actuación de Fiscalía es determinar si se desprenden responsabilidades penales a la vista de las grabaciones. La investigación se encuentra en fase muy embrionaria e incluirá la solicitud a la Conselleria de toda la documentación que conste sobre el centro.

En las imágenes, difundidas por Telecinco, se ven situaciones como un anciano que sufre un golpe al caer al suelo sin que nadie acuda a socorrerlo; una mujer que se encuentra sola y desnuda en una silla u otra de muy avanzada edad que intenta comer un plato de comida sin ninguna ayuda y ni siquiera una mesa para apoyarlo.

«Los tienen atados ahí sentados, no les importa si comen o no comen. Es un infierno, yo la llamo la residencia de la muerte. Se me caía el alma al suelo viendo el sufrimiento de estas personas, porque son personas. Cada día me iba a casa llorando», declara la extrabajadora que grabó las imágenes y que no muestra su rostro.

Según fuentes de la Conselleria que dirige Mónica Oltra, este centro ya tiene comunicada una sanción de 174.000 euros por unas inspecciones realizadas a las instalaciones. DomusVI compró el centro en noviembre de 2018 y, desde entonces, la Conselleria de Igualdad ha inspeccionado la residencia en cuatro ocasiones en 2019.

En ellas, se detectaron varios «incumplimientos graves» y algunos fueron subsanados a través de las decisiones adoptadas por la Conselleria, que tiene propuesta una multa de 174.000 euros. Entre estos, se incluye falta de personal médico y enfermería -ya subsanado-; mobiliario defectuoso en habitaciones -en proceso de subsanación-; falta de cuidado de algunas personas residentes e incumplimiento del contrato por no tener servicio de peluquería y podología.