Así lo anunció el jefe de la diplomacia española en un mensaje en Twitter en el que escribió lo siguiente: “He tenido ocasión de reunirme con Lilian Tintori y de analizar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. España está firmemente comprometida en que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano”.

Tintori llegó a España junto con su hija menor el pasado 4 de junio. Ambas permanecían en la residencia del embajador español en Venezuela, donde permanecían como huéspedes junto al propio Leopoldo López, líder opositor venezolano que está en la residencia española desde que fuera liberado por los partidarios del presidente encargado, Juan Guaidó, en plena tensión con el régimen de Nicolás Maduro. Leopoldo López sigue estando actualmente alojado como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas.

Según informó la compañía este viernes en un comunicado, “esta nueva red mejora la calidad, la fiabilidad y el rendimiento en comparación con el 4G; asimismo, consigue una respuesta más inmediata reduciendo la latencia (retardo) hasta 5 milisegundos”.

Entre las utilidades del 5G, El Corte Inglés destacó el control de dispositivos a distancia, usar aplicaciones de realidad virtual sin perder calidad e “impulsar la transformación de sectores claves para el desarrollo económico y aplicaciones en tiempo real como coche autónomo, telemedicina, realidad virtual, vídeo 8K y ‘cloud gaming’”.

El Corte Inglés ofrecerá este servicio en varios de sus centros comerciales repartidos por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, La Coruña, Vigo, Vitoria, San Sebastián, Gijón, Logroño y Santander.

Los terminales móviles con acceso a la tecnología 5G son los modelos Xiaomi (MI MIX3 5G), Samsung (Galaxy S10 5G) y LG (V50 ThinQ). El servicio Vodafone 5G está incluido en los nuevos planes de contrato, y los clientes con tarifas Vodafone Ilimitada Total y Vodafone One Ilimitada Total podrán disfrutar de mayor velocidad al mismo precio.

En rueda de prensa en el Congreso, acusó al PP y a Ciudadanos de anunciar en Zaragoza "un pacto que no existe" porque, de hecho, "todo parece indicar" que pedirán a Vox que apoye sin haber cerrado ningún acuerdo, y serán por tanto "responsables de que mañana gobierne la izquierda" en esa ciudad.

"O bien me fallan las matemáticas o bien saben algo que nosotros no sabemos", ironizó, pero si es así la izquierda repetirá en el Ayuntamiento de Zaragoza y Vox a partir del lunes volverá a tender la mano para negociar una moción de censura.

En Madrid, donde los negociadores del PP y de Ciudadanos siguen reunidos, aseguró que las conversaciones "avanzan" también con su partido y hay contactos "constantes", sobre todo con el PP porque es "más fácil" que con Ciudadanos, pero también con el partido liderado por Albert Rivera. No hay nada cerrado, precisó, y esperan que esos dos partidos no cometan "la misma irresponsabilidad que en Zaragoza" porque en ese caso el resultado será "el mismo" que allí y Manuela Carmena será alcaldesa.

"Estamos a tiempo de salvar Madrid", dijo Espinosa de los Monteros, que reiteró que Vox no tiene preferencia entre José Luis Martínez-Almeida o Begoña Villacís y aspira a "poner de acuerdo a ambos lados", cosa que no está siendo fácil, reconoció, a partir de una "base programática" que sí está siendo más sencilla de negociar. Cuando esté cerrado ese programa, precisó, habrá que acordar "quién lidera cada área" y ahí Vox aspira a tener responsabilidades de gobierno de acuerdo con su peso en el consistorio.

Espinosa de los Monteros no quiso detallar los detalles de la negociación con Ciudadanos para no "contaminar" las conversaciones, para "no añadir más elementos de polémica", y aseguró que lo importante es que finalmente se pueda cerrar un acuerdo que sea razonablemente satisfactorio para las tres partes.

La secretaria de Estado de Empleo en funciones, Yolanda Valdeolivas, y el Alto Comisionado para la Economía Social y Solidaria e Innovación Social del Ministerio para la Transición Solidaria y Ecológica de Francia, Christophe Itier, rubricaron el acuerdo el pasado 7 de junio en París, según informó hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Al acto asistió también el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño.

El acuerdo destaca, entre otros aspectos, el refuerzo de la colaboración en el ámbito europeo; en particular, en el marco del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, que preside en la actualidad Francia, y cuyo testigo recogerá España en 2020.

Se pretende promover el intercambio de buenas prácticas, especialmente en el papel de la Economía Social en la inserción laboral de los jóvenes, mujeres y los grupos más vulnerables, con especial atención al reto demográfico, la fractura territorial y la igualdad de género.

Este acuerdo constata el esfuerzo que está haciendo el Gobierno español para incrementar la visibilidad internacional de la Economía Social, ocupando un espacio de liderazgo, que comenzó con la aprobación de la primera Ley de Economía Social en Europa, la Ley 5/2011 de 29 de marzo y la posterior Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, y que hoy tiene su reflejo en el sector con la presidencia española de Social Economy Europe: la organización representativa de las entidades de la Economía Social en Europa.

En la agenda inmediata, España participará en la reunión de la Unión por el Mediterráneo, que se celebrará los 4 y 5 de julio en Barcelona, con la asistencia de una treintena de países del entorno mediterráneo.

La Unesco fue creada en 1945 y España es miembro de ella desde 1953, siendo la primera organización de la ONU en la que ingresó. Desde el 18 de marzo de 1982 es país miembro de la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.

La Convención prevé, en su Artículo 8, la creación del comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado Comité del Patrimonio Mundial. España fue elegida Estado Miembro de este Comité para el período 2017- 2021. Al contar con un elevado número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (47), concede gran importancia a las labores que presta dicho Comité.

Además, la Convención prevé, en su Artículo 15, la creación de un Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que actúa como fondo fiduciario, siendo el Comité el encargado de asignar las distintas partidas, según las necesidades.

Por otro lado, en 1992 fue creado el Centro del Patrimonio Mundial como punto focal y coordinador en la Unesco en estas cuestiones.

En la actualidad, la Unesco y el Centro del Patrimonio Mundial atraviesan una situación presupuestaria difícil debido a la escasez de recursos con los que cuenta la Organización y la amplitud de las materias de su mandato.

En este contexto se enmarca la petición que la Unesco ha dirigido a España con fecha de 7 de noviembre de 2018, en relación a una contribución especial al Fondo para financiar alguna de sus actividades y actuaciones.

La prórroga la establece a contrarreloj a través de dos instrucciones firmadas por el director general de los Registros y del Notariado del ministerio, Pedro Garrido Chamorro, en las que permite la tramitación en papel u otros canales alternativos hasta el 31 de julio para dar tiempo a los bancos a que “actualicen sus plataformas informáticas”.

Según explica el Ministerio en un comunicado, con la moratoria se persigue que no se paralicen las operaciones de préstamo “al no haberse completado la conexión informática de las plataformas telemáticas de algunas entidades de crédito para la remisión de la información precontractual a las notarías”.

La nueva ley les obliga a remitir sus ofertas vinculantes de crédito a los notarios “por medios telemáticos seguros” que deben permitir al fedatario público la “comprobación fehaciente de la fecha en la que se incorporaron a la aplicación”.

La intención es que el notario pueda asesorar al cliente y resolver sus dudas con, al menos, diez días de antelación antes de que firme la hipoteca para ayudarle a tomar una decisión consciente de los derechos y deberes que adquiere al suscribir el préstamo.

Justicia permitirá hasta el próximo 31 de julio que dichas comunicaciones se efectúen sin hacer uso de las plataformas telemáticas previstas en la ley, empleando otros medios alternativos, como la entrega de la documentación en papel, su remisión por correo o incluso por medios informáticos que reúnan las debidas medidas de seguridad.

En cualquier caso en la instrucción subraya que toda esa gestión debe hacerse salvaguardando las nuevas obligaciones que establece la ley, en alusión a garantizar la libertad de elección de notario por parte del cliente, y asegurando que los bancos cumplen con que la escritura pública solo podrá firmarse una vez transcurrido el plazo de 10 días desde el envío de su documentación.

En ese plazo, recuerda el ministerio de Justicia, “el notario deberá asesorar pormenorizadamente al prestatario sobre las cláusulas del contrato que se dispone a firmar y hacerlo constar en acta”.

En una segunda instrucción el director general de los Registros y del Notariado del ministerio, Pedro Garrido Chamorro, explica cómo se deben firmar las operaciones cuya oferta vinculante se haya entregado con los requisitos de la normativa todavía vigente, pero que vayan a elevarse a escritura pública tras la entrada en vigor de la nueva ley, el próximo domingo 16 de junio.

En este caso, solo podrán formalizarse con efectos de la normativa anterior los contratos en los que se haya acreditado que el prestatario ha aceptado la oferta vinculante sin modificaciones antes de esa fecha. Si no se acredita el acuerdo previo, se aplicará la nueva normativa y será necesario el otorgamiento del acta notarial de información previa.

Según informó este viernes la Policía, hay nueve personas detenidas -seis de nacionalidad italiana, dos costamarfileños y un ciudadano turco-francés- que, presuntamente, estarían vinculadas con la Ndranguetta italiana.

La operación ha sido dirigida por la Unidad de Crimen Transnacional (UCT) de Costa de Marfil, creada, supervisada y enmarcada dentro del Proyecto WACI (West African Coast Initiative), destinado a fomentar y mejorar la comunicación y coordinación internacional, regional y transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en África Occidental.

La investigación se inició en septiembre de 2018, cuando las autoridades portuarias brasileñas incautaron 1.195 kilogramos de cocaína. La droga, que tenía como destino Abidjan (Costa de Marfil), estaba oculta en maquinaria agrícola de una compañía que tenía su base en Costa de Marfil, pero que estaba dirigida por ciudadanos de origen italiano. A raíz de esta incautación, las autoridades de Brasil, Francia e Italia solicitaron apoyo a la UCT de Costa de Marfil.

La UCT de Costa de Marfil, bajo coordinación del Proyecto WACI -coordinado por la Policía Nacional-, y con el apoyo de Francia, Italia y Brasil consiguió identificar una importante red criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel transnacional vinculada a la Ndranguetta italiana. Este hecho pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas en Abidjan (Costa de Marfil), seis de nacionalidad italiana, dos costamarfileños y un ciudadano turco-francés, si bien la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La iniciativa viene a cuento de las declaraciones atribuidas a fuentes del Gobierno francés advirtiendo de que “una plataforma común entre Ciudadanos y la extrema derecha [en referencia a VOX] pondría en cuestión la cooperación política para constituir un grupo centrista renovado en la Unión Europea”.

De Montchalin dijo que el Gobierno francés “mira la situación política española con atención porque Ciudadanos es hoy un socio central [en el Parlamento Europeo]” y “cualquier trabajo de fondo con la ultraderecha es muy grave y Francia no tendrá complacencias con esos acercamientos”.

En la interpelación, Vox reclama al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que “explique las medidas que va a tomar para que las organizaciones españolas que, al parecer por las citadas declaraciones, pudieran actuar al dictado de gobiernos extranjeros, aclaren dichas relaciones, acuerdos y dependencia de diversa naturaleza que pudieran estar marcando su actuación en España bajo las ordenes o presión de potencias extranjeras”.

El portavoz subrayó en rueda de prensa que "no es la primera vez" que Macron utiliza su cargo para tratar de interferir en la política interior española, “con el intento directo y palmario de influir en las conformaciones de Gobierno y con la clara intención de limitar, o incluso prohibir, la participación de partidos políticos españoles legales”. Pero sí que espera que el Gobierno tome cartas en el asunto y marque "líneas rojas", de tal forma que la injerencia de Macron sea "la última".

Espinosa de los Monteros recordó que “el derecho internacional público establece el principio de no intervención o injerencia” en los asuntos de otro país y que “España es un país soberano por lo que solamente los españoles son titulares de derechos para participar en los asuntos públicos" internos, por lo que pidió al Ejecutivo que defienda la independencia española, porque "España es de los españoles. El portavoz dijo que, más que una alianza con Vox, "lo que no tiene cabida en la UE es semejante intrusión de un país en otro".

El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que condenó estos ataques acaecidos en un contexto de “tensiones regionales”, lo que motivó que urgiera a “evitar una escalada” y a instar a la contención y al respeto a la libertad de navegación.

Dos petroleros fueron evacuados ayer tras sufrir sendos ataques en el golfo de Omán, unas acciones de las que EEUU ha acusado a Irán.

Así lo decidió este viernes Muñoz Baena en la primera vista del juicio. El Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y considera que la versión del extesorero del PP es “inverosímil y contradictoria”. Además, en línea con la defensa de la formación popular, interesa la aplicación de la 'doctrina Botín', basada en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la que el juez debe acordar el sobreseimiento de la causa cuando no exista acusación por parte del Ministerio Público ni de la acusación particular. El propio Bárcenas retiró la acusación en 2016.

El juez Muñoz Baena indicó que la cuestión planteada por las partes en torno a esta doctrina será, en todo caso, resuelta en sentencia. "Creo que lo mejor es avanzar en el juicio, teniendo en cuenta que el acusado no es solo el PP". Así, subrayó, "es mejor que el juicio continué para los cuatro acusados".

La acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc, durante la fase de cuestiones previas, se opuso a la aplicación de la 'doctrina Botín', pese a la inexistencia de acusación particular y de la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, debido a que se trata de una causa que afecta a intereses colectivos, lo que se conoce como 'doctrina Atutxa'.

NAVARRO, MORENO Y DURÁN "DAÑOS COLATERALES"

"Están invocando una maltrecha doctrina para echarnos de los juzgados", apuntó la abogada de Desc y recordó que, a pesar de que el PP solo está acusado -por tratarse de una persona jurídica- del delito de daños informáticos y no del de encubrimiento como los otros tres acusados, "estamos ante una unidad de hecho, estas dos acciones son un instrumento para cometer el delito", lo que se conoce como concurso medial. "No se puede entender un delito sin el otro", añadió IU.

Por otra parte, durante la primera sesión de este juicio, el abogado del PP denunció que la intervención de las acusaciones populares pone de manifiesto que "el objetivo principal de este juicio es el PP y las personas físicas son daños colaterales", es decir, la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación popular Alberto Durán. Asimismo, criticó a las acusaciones por "falta de rigor en los hechos" y solicitar "penas desorbitadas" que, en su opinión, además "están desconectadas" con los hechos, en particular, se refirió así a la pena interesada por Des para la suspensión temporal de las actividades del partido.

En cambio, Desc reprochó al PP querer "contaminar la causa" al solicitar la nulidad del auto de apertura del juicio oral y el sobreseimiento. IU, por su parte, afirmó que "toda la cadena de actos que llevó a la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Barcenas forma parte de una decisión del PP" y que las tres trabajadores de la formación son "ejecutores" de estos actos. "El PP como persona jurídica no tiene manos para destruir los ordenadores", resaltó. Según IU el PP destruyó información "muy relevante" para la causa de los 'papeles de Bárcenas', algo que tiene una "gravedad extrema".

Al finalizar la primera sesión de este juicio, el abogado de IU, Juan Moreno, se mostró satisfecho ante los medios de comunicación por la decisión del juez de mantener en el banquillo al PP. "Carecía de sentido que el PP se quedara ahora fuera del juicio", afirmó y tildó de "fundamental" que Barcenas comparezca en persona en el juicio para explicar su versión delos hechos. Sin embargo, Jesús Santos, abogado del PP, apuntó que espera que la sentencia demuestre la "inocencia" de los cuatro acusados y criticó a las acusaciones populares por lo que considera un "abuso de derecho", ya que según él, representan "intereses políticos".

Según informó la Armada, la colaboración ciudadana permitió avisar al Arsenal de Cartagena de la localización de un posible artefacto en Trincabotijas.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada, destacó a un equipo de desactivadores de explosivos que neutralizaron ‘in situ’ la granada mediante el empleo de cargas explosivas especiales, eliminando el peligro del artefacto y minimizando el impacto medioambiental.

En la operación para neutralizar el explosivo colaboró el Cuerpo Nacional de Policía, asegurando el perímetro de la zona, y el 112 con una ambulancia.

En valores absolutos, la cuantía de la deuda pública española ha subido en 27.149 millones entre enero y marzo de 2019 con respecto al trimestre precedente. Con ello, alcanza los 1,2 billones, un nuevo máximo de la serie histórica de deuda trimestral del Banco de España, que arranca en el año 1995.

Con respecto a un año antes, la deuda ha subido un 3,3%, al aumentar en 38.549 millones.

En porcentaje de PIB, los 1,2 billones registrados representan el 98,7% del PIB hasta marzo, una tasa similar a la del mismo periodo del año anterior y 1,6 puntos porcentuales por encima del porcentaje en el que cerró 2018.

Cabe recordar que el objetivo del Gobierno es que la deuda pública termine este año en el 95,8% del PIB, según consta en la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.

ESTADO

La mayor parte de la deuda la acumula la Administración Central, que alcanza casi 1,07 billones de euros, tras registrar un aumento del 2,15% en comparación con el trimestre anterior, y el porcentaje sobre el PIB sube al 87,9%.

En cuanto a la Seguridad Social, su deuda fue de 43.068 millones a cierre del primer trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 4,5% con respecto al término de 2018. En relación al PIB, la deuda de la Seguridad Social repuntó una décima, hasta el 3,5%.

COMUNIDADES

Por su parte, las comunidades autónomas españolas acumulaban una deuda de 296.658 millones de euros a cierre del primer trimestre, lo que supone un incremento del 1,2% en comparación con los tres meses precedentes. De esta manera, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el 24,4%.

Las regiones con una mayor ratio de deuda sobre el PIB son la Comunidad Valenciana (41,6%), Castilla-La Mancha (35%) y Cataluña (33,9%), mientras que las más reducidas corresponden a País Vasco (13,8%), Canarias (13,9%) y Comunidad de Madrid (15,2%).

En valores absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma con una mayor deuda, ya que alcanza los 78.831 millones. Le siguen Comunidad Valenciana (46.922 millones), Andalucía (35.504 millones) y Comunidad de Madrid (35.150 millones).

AYUNTAMIENTOS

Mientras, la deuda de las corporaciones locales se situó en 29.979 millones en el primer trimestre, un 0,8% más en comparación con el trimestre precedente, y representa el 2,1% del PIB.

Del total, 20.758 millones corresponden a ayuntamientos y 4.983 millones a diputaciones de régimen común, diputaciones forales y consejos y cabildos insulares.

Entre los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, la deuda de Madrid es la más abultada, con 2.726 millones, seguida de la de Zaragoza (849 millones) y Barcelona (812 millones).

Uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este viernes a Servimedia que este fin de semana prevalecerá "el tiempo tranquilo, estable y con pocas lluvias", una tónica que se repetirá a lo largo de la próxima semana y a las puertas del verano, estación que llegará el viernes 21 de junio a las 17.54 (horario peninsular). "Las temperaturas subirán desde mañana hasta el martes por lo menos", añadió.

Del Campo comentó que este fin de semana comenzará con lluvias débiles en la primera mitad del sábado en el Cantábrico oriental, el norte de Navarra y el área pirenaica, si bien las precipitaciones irán remitiendo conforme transcurran las horas.

Las temperaturas ascenderán este sábado en Extremadura y gran parte de Andalucia, sobre todo en Cádiz y el sur de Sevilla, y descenderán en el alto Ebro y los Pirineos. Habrá entre 32 y 34 grados en puntos del interior de Murcia, Alicante y Valencia, y menos de 20 en Galicia, el resto de las provincias cantábricas y las principales zonas montañosas.

En cuanto al domingo, Del Campo indicó que los termómetros experimentarán "una subida generalizada de cuatro a seis grados", salvo en las provincias mediterráneas; de hecho, las temperaturas bajarán alrededor de cuatro grados en la Comunidad Valenciana y Murcia. Habrá más de 32 grados en las cuencas del Guadalquivir, el Tajo y el Ebro; alrededor de 30 en el centro peninsular, y cerca de 25 en el área cantábrica.

PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, Del Campo comentó que el ascenso térmico continuará el próximo lunes, con subidas de seis a ocho grados en las zonas cantábrica y mediterráneo. Ese día no lloverá y se superarán los 30 grados en "buena parte de la península", con cerca de 35 grados en Zaragoza, Córdoba y Jaén, y unos 32 grados en Madrid y Valladolid.

El martes y el miércoles serán jornadas similares porque una borrasca atlántica se acercará al noroeste peninsular y dejará alguna lluvia en Galicia y Asturias, y quizá también al resto del Cantábrico y a los Pirineos, en tanto que en las demás zonas de España brillará el sol.

Las temperaturas bajarán el martes y el miércoles en la mitad occidental peninsular y subirán en zonas del resto de la península. Los termómetros reflejarán más de 35 grados en el este de Castilla-La Mancha, la Costa Brava, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental; alrededor de 33 en Mallorca, y entre 32 y 34 en Madrid, el oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por último, Del Campo subrayó que a partir del próximo jueves, último día de la primavera, y el resto de la semana seguirían las lluvias en el Cantábrico y continuaría el ambiente seco en el resto del país, con temperaturas que rondarían entre los 32 y los 34 grados en el centro y el sur de la península. Canarias tendrá régimen de vientos alisios en estos últimos días primaverales, de manera que podría llover débilmente en el norte de las islas más montañosas.