La zona mediterránea contará con más lluvia si se combate el cambio climático frenando las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC respecto a la era preindustrial, objetivo recogido en el Acuerdo de París.

Así se recoge en un estudio dirigido por la Universidad de Reading (Reino Unido) en colaboración con el Consejo Nacional de Investigación-Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Clima de Italia (CNR-ISAC, por sus siglas en italiano) y el Imperial College de Londres (Reino Unido). El trabajo acaba de publicarse en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

La disminución de las precipitaciones puede afectar los recursos hídricos de los climas mediterráneos, que dependen de las lluvias de invierno para abastecerlos durante veranos calurosos y secos. El estudio analiza cómo el cambio climático afecta a las precipitaciones en California (Estados Unidos), el centro de Chile y la región mediterránea. Trabajos anteriores de modelación y observación han demostrado que la mayoría de los climas mediterráneos tienden a ser menos lluviosos a medida que el planeta se calienta, con la excepción de California.

Se sabe que esos lugares, que se caracterizan por veranos calurosos y secos, son particularmente sensibles a las disminuciones en las precipitaciones invernales, por lo que a menudo se describen como ‘puntos calientes’ del cambio climático. Sin embargo, se sabía poco sobre cómo la tasa de concentración de gases de efecto invernadero aumenta esos efectos en los climas mediterráneos.

«Cada vez que se emiten gases de efecto invernadero, inmediatamente comienzan a afectar al clima, pero los impactos se desarrollan en varias escalas de tiempo», apunta Giuseppe Zappa, del CNR-ISAC y autor principal del estudio.

CAMBIOS RÁPIDOS

La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera puede afectar los climas locales en unos pocos años o desarrollar gradualmente un impacto significativo durante décadas o incluso siglos, como el aumento del nivel del mar.

El nuevo estudio vincula una disminución de las precipitaciones en el Mediterráneo y en el centro de Chile con un aumento de gases de efecto invernadero en un intervalo de unos pocos años.

«Los recursos hídricos en estas regiones se beneficiarían casi inmediatamente de la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya que esto interrumpiría la rápida disminución de las precipitaciones. Es decir, la acción climática es positiva no sólo a largo plazo, sino también después de unos pocos años», añade Paulo Ceppi, del Imperial College de Londres.

Si bien en California no se vislumbra la misma disminución rápida de las precipitaciones, las simulaciones mostraron a largo plazo que esta zona del planeta se beneficiaría de un aumento constante de las precipitaciones con emisiones estabilizadas.

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La propagación de informaciones erróneas sobre el coronavirus, a menudo a través de las redes sociales, ha provocado la reacción de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha alertado contra el virus de la desinformación y lo que ya se conoce como «informademia».

De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertaba recientemente sobre la necesidad de “combatir la propagación de rumores y de desinformación”. Y es que mientras que la OMS y el Ministerio de Sanidad en España ofrecen información constante sobre cualquier novedad frente al coronavirus, son muchísimas las informaciones que se expanden por las redes creando confusión y generando alarma.

Algunas de ellas totalmente infundadas o que no han podido ser demostradas, como la transmisión por aerosoles o el contagio durante el periodo de incubación. La propia OMS es clara en recordar que no hay pruebas de que mascotas como perros o gatos hayan sido infectados o hayan propagado.‎

De igual manera, afirma que es seguro recibir un paquete de China o de otro lugar en el que se hayan notificado casos de infección. “A partir de lo observado ‎con otros coronavirus”, indica, “sabemos que este tipo de virus no sobrevive ‎mucho tiempo en objetos”. Por lo tanto, objetos como cartas, paquetes, monedas o billetes, no suponen ‎riesgo de infección por el nuevo coronavirus.

En España, el ministerio ha hecho público un informe técnico, que se puede consultar en la web del departamento, en el que se ofrece información epidemiológica, sobre la enfermedad, medidas de salud pública y cómo se contagia o se puede prevenir. En este documento se explica que se está investigando el modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos.

Los investigadores sí han determinado cómo se transmite entre humanos. La vía de transmisión es similar a la de otros coronavirus, a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de cinco micras, capaces de transmitirse a distancias de hasta dos metros.

Para reducir el riesgo de contagio, las recomendaciones de la OMS son los principios básicos para no contraer infecciones respiratorias agudas: evitar el contacto cercano con personas que padezcan este tipo de infecciones y lavarse frecuentemente las manos, especialmente tras el contacto con enfermos o su entorno.

La alarma generada ha puesto de manifiesto una vez más que la desinformación en el ámbito sanitario resulta muy peligrosa y la difusión de noticias falsas médicas en las redes sociales tiene un elevado nivel de propagación. De ahí las advertencias sobre la “informademia” a la que se ha referido la OMS, al tiempo que alerta de forma rigurosa para evitar males mayores por causa del 2019-nCoV.

Ante esta situación, la OMS recomienda a quienes buscan a través de Internet y de las redes información sobre el coronavirus que consulten las páginas de la propia organización o de las instituciones oficiales de cada país.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ofreció este lunes a la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Sulima Hay Enbamed Salem, “máxima colaboración” en actividades de formación y en materia de representación y defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

Esta fue una de las cuestiones abordadas durante un encuentro celebrado entre la ministra y Cermi Mujeres, que tuvo lugar en la sede de esta última entidad, en el marco de una visita a España para explorar líneas de colaboración.

La delegación saharaui estuvo también formada por el director de Cooperación del Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Mohamed Fadel Mohamed, y por el director de los centros de discapacidad y escuelas sensoriales, MOh Salem Hamudi Abdelfatah.

La FCM, que estuvo representada por la secretaria de su Patronato, Pilar Villarino, explicó algunos de los proyectos que desarrolla en España, como ejemplo de buenas prácticas en favor de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y niñas con discapacidad. Además, Villarino recordó que la entidad ha tenido ya oportunidad de contactar con mujeres saharauis con discapacidad.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este lunes en el Congreso que el Gobierno trabajará para que los ciudadanos hagan desde el teléfono móvil «cualquier trámite» relacionado con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Marlaska comentó esta medida en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, a la que acudió a petición propia y por solicitud del PP, Vox, Ciudadanos y ERC, y en la que informó de las líneas generales de la política de su departamento en esta legislatura.

El ministro indicó que el Ministerio que dirige se propone trabajar en tres grandes áreas de actuación, entre ellas «asegurar el entorno», con cuatro ejes (físico, medioambiental, digital y vial).

Respecto al eje de «hacer de la seguridad vial un sistema seguro», Marlaska comentó que 2019 registró «mínimos históricos» de 1.098 víctimas mortales en las carreteras, el primer año sin fallecidos en accidentes de autocar y 37 días sin muertos por accidentes de tráfico en las vías interurbanas.

Marlaska achacó estos «buenos datos» a las medidas puestas en marcha por su departamento para reducir la siniestralidad «después de siete años de inacción de los Gobiernos del Partido Popular».

No obstante, se propuso avanzar para «erradicar la violencia vial», con cuatro medidas fundamentales. Una de ellas es «digitalizar la relación administrativa con la DGT para que cualquier trámite pueda realizarse desde el móvil», así como reformar la normativa para reducir a 30 km/h el límite de velocidad en las «calles de sentido único» y «modernizar la ley de tráfico».

Otras son alinear la seguridad vial con los objetivos de la Agenda 2030 y la Estrategia de Seguridad Vial de la UE, y reforzar la cultura vial con acciones educativas (con proyectos de promoción de movilidad activa y saludable) y formativas (para las personas que trabajan en vehículos) en colaboración con la comunidad escolar y los ayuntamientos.

La cuarta medida se refiere a impulsar la participación ciudadana en la creación de la cultura de la seguridad vial con iniciativas como el trabajo con colectivos vulnerables, asociaciones de víctimas de la violencia vial y encuentros con gobiernos locales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Parlamento que la regulación de la eutanasia sea “neutra” y “respetuosa” con los derechos de las personas con discapacidad, pidiendo así a las diferentes formaciones políticas que, en sus propuestas legislativas, “no asocien discapacidad con la regulación de la eutanasia o de las decisiones sobre el final de la vida, ya que esta circunstancia personal no ha de tener especial relevancia en el régimen jurídico que se otorgue a este asunto”.

En un documento de propuestas de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que en estos momentos debate el Congreso, el Cermi insiste en que “no se incurra en ningún momento en el simplismo sesgado de vincular las situaciones de discapacidad con las decisiones personales sobre el final de la vida, como si se tratara de una regulación particularmente pensada para este grupo social”.

Para el Cermi, “la respuesta normativa que el legislador dé, en función de las mayorías sociales y políticas, ante las decisiones sobre el final de la vida no tienen que estar basadas u orientadas sobre aspectos como la discapacidad, pues esto constituiría una discriminación derivada de prejuicios sociales propios de mentalidades superadas que aún siguen percibiendo las vidas de las personas con discapacidad o mayores como de menor valor que las del resto”.

VOLUNTAD INFORMADA

“La única relevancia a efectos de regulación legal que la discapacidad debe tener es la de garantizar a estas personas que la formación de su voluntad ha sido plenamente informada, libre, madura y consciente, y que han contado con todos los apoyos, medios y recursos, incluidas las medidas de accesibilidad que sean precisas, para que su decisión sea personal y genuina, sin presiones ni mediatizaciones indebidas”, aclara la entidad.

El Cermi recuerda, además, que esta exigencia es coherente con los mandatos derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con las observaciones realizadas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y las conclusiones del informe de la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre las enmiendas concretas que plantea el Cermi, se encuentra que en el apartado B del artículo 3, se aluda únicamente a las personas con “enfermedad o patología graves, permanentes y sin reversión que ocasionen padecimientos continuos e insoportables” y que se elimine la referencia a las limitaciones físicas o de relación y expresión que ocasionen gran sufrimiento y que vayan a persistir en el tiempo. En sentido similar se pronuncia la entidad en otros apartados del texto, pidiendo que únicamente se aluda a estas situaciones.

En el apartado C del artículo 5 y en el artículo 6.1, donde se aborda que la solicitud de eutanasia debe realizarse por escrito, el Cermi reclama que se introduzca también la opción de “otro medio equivalente” para las personas con discapacidad que no pueden utilizar la escritura ordinaria, y no solo proporcionar la alternativa de que lo realice otra persona en nombre del afectado.

En esta línea, la entidad también propone la introducción de una disposición adicional que haga alusión a la obligatoriedad de que en todo momento se brinden las medidas de accesibilidad necesarias para que la persona solicitante de la eutanasia, si tiene discapacidad, pueda recibir la información y expresarse en igualdad de condiciones, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina.

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ofreció este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una decena de acuerdos en materia económica, social e institucional para tratar de mostrar su “ánimo constructivo” e intentar poner de manifiesto que su partido está situado en la “centralidad” mientras que el PSOE gobierna con Unidas Podemos y pacta con los independentistas catalanes.

Así lo aseguró el propio Casado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde celebró una reunión de casi hora y meda con Sánchez para intercambiar posturas sobre las reformas que el país necesita y sobre la renovación de órganos constitucionales para los que el PSOE necesita el voto favorable del PP en el Congreso al requerirse una mayoría cualificada de tres quintos.

Casado detalló a los periodistas que la conversación con Sánchez fue “cordial en las formas” pero estéril en el fondo porque no se pusieron de acuerdo en ninguno de los temas y únicamente coincidieron en intercambiar nombres de interlocutores para que el PP y el Gobierno puedan hablar de futuras reformas como la de las pensiones, la educación y la nueva ley de infancia.

El líder de los populares aseguró haber centrado sus propuestas en tres ámbitos (económico, social e institucional) con al menos tres ofertas de acuerdo en cada tema y subrayó que así se pone de manifiesto que “nosotros no estamos en las posiciones radicales del Gobierno”. “Quienes querían que yo saliera de aquí dando un portazo se han equivocado. No soy yo el de no es no, el del no es no es él (Sánchez) y el no al constitucionalismo”, apostilló.

Casado juzgó que la estrategia del Gobierno de situar al PP como un partido radical de extrema derecha es un “globo pinchado” y quienes insisten en esa consigna “pinchan en hueso porque los españoles saben lo que es el PP y nos han dejado solos en el centro al acercarse a Podemos, a Bildu y a los independentistas”.

TRES ÁMBITOS DE ACUERDO

En lo institucional pidió a Sánchez que “renuncie” a la mesa de diálogo con los independentistas, que “garantice la inhabilitación” de Quim Torrra, que no modifique el Código Penal para beneficiar a los políticos catalanes condenados por el ‘procés’ y que desista de colocar a la exministra Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado al no reunir “requisitos de imparcialidad”.

En materia exterior, demandó a Sánchez que vuelva a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras referirse la semana pasada a él como líder de la oposición, que aporte información sobre el encuentro de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, y que defienda los intereses de Ceuta y Melilla de Marruecos.

En lo económico, Casado aconsejó al jefe del Ejecutivo que mantenga la reforma laboral tras el informe del FMI que reconoce que sirvió para crear empleo, que devuelva el IVA a las comunidades autónomas como les corresponde y que “renuncia a subidas de impuestos” a la vez que preserva la unidad de la caja única de la Seguridad Social.

“COMPROMISO POR ESPAÑA”

Durante la conversación, Casado dijo haber ofrecido a Sánchez un “compromiso por España” que llega al punto de garantizarle su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para que tenga “estabilidad” durante toda la legislatura. Como condición le marcó que “rompa con los independentistas y con los batasunos” y que “haga cumplir la ley en vigor sin mutaciones sobrevenidas” para beneficiar a sus socios catalanes.

Incluso, señaló que le ha “brindado el apoyo” del PP para negociar el presupuesto europeo “a cara de perro” e incluso vetarlo si en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará esta misma semana en las instituciones comunitarias España recibe malas noticias económicas.

Casado subrayó que sus propuestas parten en gran medida de los pactos de estado que lleva dos años ofreciendo a Pedro Sánchez y, en el resto, se basan en las promesas electorales que el líder del PSOE lanzó durante la campaña de las últimas elecciones generales, en la que anunció que endurecería el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal o que modificaría la euroorden para traer de vuelta a España a Carles Puigdemont y juzgarle por el 1-O.

“La pelota está en el tejado de Sánchez, que puede elegir entre quienes quieren empobrecer a los españoles o llegar a acuerdos con quienes ofrecemos un compromiso por España para crear empleo y mejorar los servicios públicos, la calidad democrática y reforzar instituciones”, dijo.

Casado presumió de dirigir un “partido coherente y creíble” que mantiene las mismas “preocupaciones” que antes de la campaña electoral, mientras acusó a Sánchez de cambiar de posición tras pactar la investidura con Unidad Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya. “Hoy sabe que tiene otra alternativa”, remachó frente a la “falsedad” de que el PP no estaba dispuesto a facilitar la gobernabilidad.

Respecto a la renovación de los órganos judiciales, Casado admitió que hoy por hoy no es posible porque “los pasos que está dando el Gobierno” con nombramientos como el de la exministra Delgado como fiscal general del Estado “dificultan ese acuerdo” al entender que buscan politizar la Justicia para avanzar en la “desjudicialización” que Sánchez prometió a los separatistas en su discurso de investidura.

En su opinión, el Poder Judicial debería ser elegido de forma independiente por las propias organizaciones de jueces para cumplir lo que establece la Constitución e instó al PSOE a decir públicamente “qué modelo judicial quiere” porque al colocar a Delgado en la Fiscalía General del Estado como primer paso lanza el mensaje de que “no quiere tener interlocución con el PP”.

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El Grupo Suez en España ha sido reconocido con el Sello Bequal Plus que otorga la Fundación Bequal, certificando ser una empresa socialmente responsable con la discapacidad, al mismo tiempo que demuestra estar alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas contribuyendo a la consecución de un mundo más responsable y sostenible.

La directora general del Agua de Suez en España, Asunción Martínez, ha recogido el Sello Bequal de manos del presidente de la Fundación Bequal, Luis Cayo Pérez, en un acto que ha tenido lugar en la Torre de Cristal (Madrid).

Asunción Martínez ha puesto de manifiesto que “en Suez, la equidad y el respeto efectivo a la diversidad forman parte de los principios orientadores de nuestra actividad empresarial. En todos los ámbitos de nuestra organización, fomentamos una cultura que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”. Indicó que han incorporado en su plan estratégico corporativo -el REwater Global Plan- el objetivo 7 ‘Equidad y Personas’, que establece favorecer un entorno de trabajo inclusivo, de calidad y diverso, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Por su parte, Luis Cayo Pérez ha asegurado que “Suez ha demostrado claramente su vocación de inclusión de las personas con discapacidad en su estrategia de gestión, combatiendo cualquier tipo de discriminación, entre otros motivos, por tener una discapacidad”.

Desde Suez en España también han asistido al acto la directora de Desarrollo Sostenible y Equidad, Dulcinea Meijide, y el director de Organización y Recursos Humanos, José Susaeta, entre otras personas de la organización del área de equidad y recursos humanos y, desde Fundación Bequal, su director gerente, José Antonio Martín, y la directora de Desarrollo Corporativo, Azucena García.

El objetivo prioritario de las 37 sociedades del grupo a las que alcanza el sello es el cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo para personas con discapacidad con empleo directo. Aspecto este alineado con el objetivo de Bequal de mejora de los niveles de empleo y calidad del mismo de las personas con discapacidad.

CERTIFICADO BEQUAL

El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la atención en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía o la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas.

Además, las organizaciones que consiguen el Certificado Bequal demuestran su compromiso y contribución con el cumplimiento de los ODS, especialmente el ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades, entre otros. Apostar por el Sello Bequal, no significa únicamente ser una empresa socialmente responsable con la discapacidad, significa también alinearse con la Agenda Internacional y apostar por un mundo más sostenible.

La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el mismo nombre es el resultado del trabajo realizado desde 2011 en la concepción de un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE, Feacem y la Fundación Seeliger y Conde.

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La Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha aprobado la incorporación de Covirán, cadena cooperativa de distribución con más de 3.000 supermercados en España y Portugal, como socio de pleno derecho. Con esta adhesión, la patronal de la Economía Social cuenta con 27 socios miembros.

​​​​Covirán es una cooperativa de distribución alimentaria de origen granadino que comenzó su actividad en 1961 y que, en la actualidad, ocupa el segundo puesto en el ranking nacional de distribución alimentaria por número de negocios adheridos (3.034) y el noveno puesto por número de metros cuadrados de sala de ventas (461.006 m2).​ Cuenta con 2.467 socios (detallistas independientes, dueños de supermercados de alimentación y con 15.653 trabajadores no socios).

Además, Covirán, según un comunicado de prensa de esta compañía y de Cepes, proporciona a los detallistas independientes, a sus clientes y a la sociedad supermercados de cercanía a través de una oferta integral de negocio, basados en la rentabilidad, la confianza, la cooperación y la generación del crecimiento en la economía local.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, subrayó que “la incorporación de Covirán refuerza la dimensión empresarial de la Economía Social en el sector de la distribución, donde los supermercados cooperativistas de proximidad suponen un modelo socialmente valorado y comprometido, a la vez de fomentar el emprendimiento y el desarrollo económico y social de aquellos territorios en los que se asientan”.

La presidenta de Covirán, Patro Contreras, declaró que «la integración de Covirán en Cepes pone en valor a los 2.467 socios de Covirán que han elegido un modelo de economía participativo y solidario que preserva los valores y principios cooperativos, y compite en el mercado sin perder sus raíces».

«Estamos convencidos que las empresas de Economía Social, aquellas que integran Cepes, somos empresas sostenibles, verdaderos dinamizadores económicos y sociales en los territorios donde estamos implantados. Generar valor compartido es y será una prioridad”, afirmó la presidente de Covirán.

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La Confederación Autismo España reclama el reconocimiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), dentro de los cuales figura el síndrome de Asperger, como un trastorno con características específicas y necesidades propias en los ámbitos normativo y administrativo.

Este es el objetivo de la campaña ‘#HazEspacio’, que la federación ha lanzado con motivo de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger mañana, 18 de febrero, fecha instaurada en 2007 para visibilizar la realidad, necesidades y capacidades de las personas con este síndrome (con TEA y sin discapacidad intelectual asociada ni dificultades en aspectos formales del lenguaje).

Asimismo, Autismo España pidió una mejor valoración de las personas con síndrome de Asperger en los sistemas de valoración de la discapacidad y de la situación de dependencia. Además, pidió la incorporación del TEA de manera específica en la normativa española, a fin de garantizar «la eliminación de los vacíos existentes en la actualidad y acabar con las discriminaciones que sufre el colectivo en ámbitos como la educación o el empleo».

Según la organización, «todas las regulaciones que identifican a colectivos especialmente vulnerables relacionados con la discapacidad utilizan la fórmula ‘personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual» con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. De este modo, el colectivo TEA, «incluyendo las personas con síndrome de Asperger, quedan fuera de cualquier reconocimiento de derechos».

Por esta razón, la campaña ‘#HazEspacio’ pone el foco en el «esfuerzo» que hacen las personas con síndrome de Asperger «por encajar en estos entornos, que no se adaptan a sus características y necesidades».

EMPLEO Y EDUCACIÓN

En relación con el empleo, la organización señala que muchas personas con síndrome de Asperger no disponen del certificado de discapacidad, algo que «les dificulta solicitar adaptaciones en el puesto de trabajo y les impide ser contratadas dentro del cupo del 2% de empleos reservados al que están obligadas las empresas de más de 50 trabajadores».

Respecto al empleo público, tampoco pueden optar a las adaptaciones necesarias en los exámenes de las oposiciones, subrayó la federación. Por ello, reclamó garantizar la adaptación de los procesos de acceso al empleo público y el posterior apoyo en el puesto, y exigió que se reconozca específicamente a las personas con TEA como beneficiarias de los programas de empleo con apoyo.

En cuanto a la educación, denunció que los alumnos con síndrome de Asperger, al no tener discapacidad intelectual asociada, quedan «excluidos» de las becas y ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Por ello, reclamó el reconocimiento específico de las personas con TEA como beneficiarias directas de esas ayudas y la inclusión del diagnóstico de TEA en su convocatoria como documentación acreditativa de la necesidad específica de apoyo.

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La Comisión Braille Española (CBE) de la ONCE y Lacía -agencia especializada en diseño de ‘packaging’- trabajarán juntas en el fomento de envases más accesibles para las personas con ceguera y discapacidad visual grave en los productos de gran consumo.

De este modo, Lacía contará con el asesoramiento de la CBE para supervisar la producción de las marcas que quieran incluir el braille en sus envases.

A través del braille, las personas con ceguera y discapacidad visual grave pueden acceder a la información. En el caso de los productos de consumo, incluir este sistema de lectoescritura en el ‘packaging’ es de vital importancia para diferenciar un brick de leche de un brick de zumo, un vino blanco de un vino tinto o una botella de aceite de una de lejía, explicaron a modo de ejemplo desde la CBE.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) planteó este lunes al PP la necesidad de establecer una mesa de interlocución permanente entre ambas partes para avanzar en el impulso de medidas en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Así lo puso de relieve una delegación del Cermin, que mantuvo una reunión de trabajo en la sede del PP con la vicesecretaria de esta formación política, Cuca Gamarra, acompañada por Marimar Blanco y por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Alicia García.

Para el Cermi, la creación de un canal formal entre esta entidad y el PP sería una “buena forma” de continuar reforzando la interlocución con el PP que “tan buenos frutos ha dado en muchas ocasiones”, tanto en la oposición como en el Gobierno.

Durante el encuentro, el Cermi trasladó la relevancia de que se lleven a término los trabajos de reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología “obsoleta” con la que la Carta Magna alude a esta parte de la ciudadanía.

Igualmente, la entidad instó a que se continúe el trabajo iniciado en la anterior legislatura (tanto en la última etapa del Gobierno de Rajoy como la primera de Pedro Sánchez) para modificar el Código Civil y pasar del actual modelo basado en la supresión de la capacidad jurídica en determinadas ocasiones, hacia otro fundamentado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

ESTERILIZACIONES FORZOSAS

Otra prioridad planteada por el Cermi es la urgencia de ilegalizar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, práctica que sufren sobre todo mujeres y niñas. En materia de género y discapacidad, sobresale también la petición de que todas las políticas públicas tengan en cuenta la discriminación interseccional que sufre la población femenina con discapacidad en muchos ámbitos de la vida.

Por otra parte, el Cermi destacó que la “necesaria apuesta por la movilidad sostenible no puede hacerse en detrimento de los derechos de peatones con discapacidad o mayores”. En este sentido, reclamó reforzar las políticas de accesibilidad universal, empezando por garantizar que las comunidades de vecinos no puedan negarse a acometer reformas en edificios de viviendas cuando una persona necesite eliminar barreras arquitectónicas para poder entrar y salir libremente de su casa.

Aprobar la ILP que “lleva años paralizada” en el Parlamento contra los actuales criterios de copago en materia de dependencia; regular la figura del asistente personal, y garantizar la sostenibilidad del sector de la discapacidad son otras de las reivindicaciones planteadas por el Cermi, durante un encuentro en el que Gamarra expresó el “compromiso” del PP con las personas con discapacidad y sus familias.

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La reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa permitió este lunes al Ejecutivo llegar a la conclusión de que “el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo”, según trasladaron fuentes gubernamentales.

Para el Gobierno, la reunión de hora y media ha “evidenciado que el PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición”.

Desde La Moncloa sostienen que Sánchez, pese a la actitud del líder del PP, “mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas para desbloquear asuntos tan importantes para la ciudadanía como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo sobre las pensiones, o la renovación de puestos en organismos de gran transcendencia para el país”.

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Pablo Sánchez Rodríguez ha sido nombrado nuevo gerente de ILUNION Facility Services para la delegación de Baleares, donde la compañía tiene un total de 71 trabajadores, de los que 28, el 39,4%, son personas con discapacidad, según una nota difundida hoy por la compañía.

Malagueño de nacimiento, es graduado en Ciencias Físicas en la especialidad de Estado Sólido por la Universidad Autónoma de Madrid y aporta formación en Desarrollo Gerencial por el IESA.

Sánchez Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y lleva vinculado a ILUNION Facility Services desde 2003, donde ha sido director Comercial y de Sistemas y director general de una de las filiales de Seguridad. Además, desde 2017 ha desarrollado funciones de desarrollo internacional dentro de la compañía.

Entre las diferentes funciones que Sánchez Rodríguez tendrá que asumir destaca la de “fortalecer la presencia de ILUNION Facility Services en Baleares, así como la de ordenar y consolidar la operativa y la estructura de la empresa en esta comunidad autónoma”, recoge la nota.

Esta compañía perteneciente a ILUNION, la marca de las empresas del Grupo Social ONCE, presta servicio en Baleares para compañías como Saba Aparcamientos, Mapfre, Carrefour, Eroski, Mac Insular, Norauto o Casa del Mar, entre otras.

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La fundación de innovación social Ashoka y la Fundación Telefónica han lanzado el ‘Reto Educativo Fuller’, un concurso para jóvenes de entre 12 y 18 años que busca iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que valorará iniciativas donde la tecnología sea un elemento potenciador, para generar un cambio positivo y directo y conseguir un mundo más justo y conectado.

Las inscripciones ya están abiertas, y hasta el próximo 30 de abril se podrán presentar prototipos o proyectos avanzados realizados por adolescentes, siempre bajo la premisa de crear un impacto positivo en su entorno mediante el uso de la tecnología. L

uchar contra la desigualdad y la injusticia, solucionar el problema del cambio climático, crear un impacto positivo en el entorno a través de iniciativas sociales o de mejora de la educación y/o del medio ambiente, son algunas de las múltiples propuestas a abordar.

El jurado seleccionará los diez proyectos finalistas, que se darán a conocer en junio de este año. Los premios incluirán la producción de un vídeo profesional del proyecto y la participación en el ‘Laboratorio Curiosidad Radical’, una serie de actividades relacionadas con la educación, la innovación y la tecnología, tales como sesiones y encuentros con personalidades relevantes o visitas a centros de innovación, con el objetivo de potenciar el impacto social de los proyectos.

Además, de entre los diez proyectos finalistas, se reconocerán tres menciones especiales, que recibirán una impresora 3D con un kit electrónico y formación para su uso.

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La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), la Asociación Regional Cántabra de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales (Arelca), la Asociación de Federaciones de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y los sindicatos CCOO y UGT han constituido la Mesa Sectorial para la Contratación del Servicio de Limpieza de Edificios y Locales en Cantabria para acabar con la competencia desleal del sector.

Así lo acordaron durante una reunión en Santander en la que todos los actores implicados decidieron “impulsar” medidas de control para que se reconozca el papel social que “merece” la limpieza con el objetivo de lograr un sector profesionalizado, competitivo y transparente en todos los procesos de contratación.

Para ello, se constituirá una comisión bipartita de patronales y sindicatos que desarrollará acciones de revisión y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones laborales y subrogación en todos los contratos públicos, evitando así los impagos de las empresas adjudicatarias a sus empleados y priorizando el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, se potenciará la formación profesional como pieza clave de la competitividad y de la promoción profesional. En este sentido, uno de los principales objetivos es buscar fórmulas para eliminar la economía sumergida y la competencia desleal para profesionalizar y dignificar la actividad en Cantabria.

Además, pretenden homogeneizar las relaciones laborales en el conjunto de la región para garantizar la estabilidad en el empleo a la hora de materializarse las sucesiones en las contratas públicas y privadas.

En cuanto a los contratos públicos que sean objeto de licitación por parte de la Administración, el sector de la limpieza y los sindicatos proponen una colaboración con las Mesas de Contratación para garantizar la subrogación del personal, la estabilidad del empleo, la mejora de los pliegos y la aplicación de los convenios colectivos de referencia.

En definitiva, con el impulso de esta nueva mesa sectorial el sector de la limpieza y sindicatos pretenden garantizar la máxima transparencia en todos los procesos de contratación pública a través de la aprobación de un código de buenas prácticas con la constitución de una comisión tripartita de seguimiento.

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Fundación ONCE se ha sumado al programa Emidis de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) para impulsar el talento Lgtbi y seguir potenciando sus espacios de trabajo como ámbitos clave para combatir cualquier tipo de discriminación.

Con su adhesión a esta iniciativa, alineada con los estándares de conducta de la ONU para la inclusión del colectivo Lgtbi, Fundación ONCE evidencia su compromiso de seguir mejorando sus políticas y prácticas en materia de igualdad. Además, entra a formar parte de un grupo de entidades que, asesoradas por las propias personas Lgtbi a través de Felgtb, son líderes en España en la gestión de la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en el ámbito laboral.

Para Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, “este es un paso más de nuestra entidad para contar con un entorno laboral inclusivo. Entendemos que las organizaciones debemos desarrollar estrategias y políticas para reflejar la realidad diversa de la sociedad en la que vivimos de manera que podamos aprovechar el talento de todos sus componentes”.

Por su parte, la presidenta de Felgtb, Uge Sangil, explica que “Emidis es un programa dirigido a organizaciones que ya gestionan la diversidad Lgtbi y la entienden como valor en sí misma. Ofrece formación, foros de encuentro e intercambio de buenas prácticas y un acompañamiento constante en el camino a la excelencia en esta materia. Tener a una de las organizaciones pioneras en la inclusión de la diversidad en el ámbito laboral será seguro un valor añadido para este programa”.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha acordado una resolución por la que se declaran de emergencia las obras para reparar los daños en la costa causados en siete provincias por la borrasca ‘Gloria’ y prevé invertir 19,5 millones de euros a esas actuaciones.

‘Gloria’ azotó zonas de España, entre los pasados 19 y 24 de enero, con especial intensidad, con vientos fuertes y elevadas precipitaciones, y provocó inundaciones severas y diversos daños en la costa, en particular en varios puntos del dominio público marítimo-terrestre.

La reparación de estos daños ha sido valorada en 19,5 millones de euros, de los que 4,4 se destinarán a Baleares; 5,75 a Cataluña y 8,1 a la Comunidad Valenciana, según informó este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En Baleares, los temporales provocaron desperfectos en los municipios costeros. Los daños, valorados en 4,4 millones y cuya reparación puede asumir la Dirección General de la Costa y el Mar del departamento ministerial dirigido por Teresa Ribera, consisten en el arreglo de pasarelas rotas, acordonamientos, cartelería y captadores, así como demolición y limpieza de estructuras rotas.

Los daños afectan a los términos municipales de Campos, Ses Salines, Satanyi, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artá, Santa Margalida, Muro, Alcudia, Pollensa, Escorca, Soller, Deiá, Valdemossa, Banyalbufar y Estellencs ( Mallorca); Maó, EsMarcadal, Ferreríes, Ciutadella, Es Migjorn Gran, Alaior, Sant Lluis y Es Castell (Menorca); Eivissa, Santa Eulalia del Ríu, Sant Joan de Labritja, San Antoni de Portmany y San Josep de Sa Talaia (Ibiza), y el Consell Insular de Formentera.

En Girona se han producido daños en la escollera de protección del paseo marítimo de Sant Antoni y formación de oquedades por pérdida de material bajo el mismo, así como en los diques exentos en dicha playa. Las obras costarán 250.000 euros.

En Barcelona se han producido pérdidas generales de arena en las playas, daños en senderos litorales, paseos y escolleras, y acumulación de escombros y de suciedad en los términos municipales de Malgrat de Mar, Pineda de Mar y Barcelona. Los temporales han ocasionado daños en los sistemas dunares, escolleras y paseos marítimos de Sant Pol de Mar, Arenys de Mar, Cabrera de Mar, Premia de Mar, El Masnou, Montgat, Gavá, Sitges, Viladecanas y Cubelles.

Las actuaciones necesarias para su reparación, que pueden ser asumidas por la Dirección General de la Costa y el Mar, consisten en aportación de áridos a las playas, recuperación de sistemas dunares, reparación de accesos al mar y de senderos con materiales blandos, reparación de muros de defensa, escolleras y cordones dunares, y retirada de escombros. La valoración de las obras es de unos dos millones de euros.

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En Tarragona, las obras costarán 3,5 millones de euros. Los temporales han erosionado la mayoría de las playas de la provincia y se ha producido pérdida de arena, además de daños en paseos marítimos, sistemas dunares, escolleras de protección y accesos a playas.

Las actuaciones se producirán en Cunit, Calafel, El Vendrell, Roda de Bera, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Vilaseca, Salou, Cambrils, Montroig, L’Hospitalet del Infant, L’Ametlla de Mar, El Perello, L’Ampolla, Deltebre, Amposta, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita y Alcanar.

En Castellón, los principales daños detectados consisten en pérdidas de material de diversas playas y sistemas dunares de los municipios de Almenara, La Llosa, Chilches, Moncofa, Nules, Almassora, Castelló de la Plana, Benicasim, Oropesa del Mar, Cabanes, Torreblanca, Alcalá de Xivert y Peñiscola. También han quedado afectados paseos marítimos y accesos a las playas de Benicasim, Alcalá de Xivert y Vinarós, así como en las escolleras y estructuras de protección de Moncofa, Nules, Burriana, Benicarló y Vinarós. La inversión prevista asciende a 4,1 millones de euros.

En Valencia, se han detectado daños en las playas y sistemas dunares de los municipios de Sagunto, Puzol, El Puig, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Alboraya, Valencia, Sueca, Cullera, Tavernes, Xeraco, Gandía, Daimuz, Guardamar, Miramar, Piles y Oliva, y han consistido en pérdida de arena y grava en las playas y dunas y la acumulación de escombros y suciedad.

Se han observado daños en infraestructuras de playas del Dossel y el Brosquil, en el término municipal de Cullera y en el paseo marítimo de Bellreguard. La valoración de las obras es de unos cuatro millones de euros.

En Alicante se ha producido una erosión importante en varias playas de la costa de la provincia y pérdida de arena, además de daños en paseos marítimos, sistemas dunares, escolleras de protección y accesos a playas. Las actuaciones se harán en Denia, Jávea, Benitachell, Teulada, Calpe, Altea, Alfaz del Pi, Villajoyosa, Campello, Elche, Guardamar, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada. El coste es de 1,5 millones de euros.

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La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, destacó este lunes la “lealtad institucional” del Partido Popular después de que asistiesen la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco.

Así lo indicó durante su discurso en dicho acto, donde comentó que en democracia “conviene no desaprovechar ni una sola oportunidad para hacer tributo a la memoria de nuestro modelo democrático”.

“Esta foto que, representa esa pluralidad ideológica y la robustez de 40 años de democracia, tienen que ser más que una foto”, apuntó. En este sentido, añadió que “la lealtad institucional, no es una opción, es una obligación para comprometernos por el interés general y el bien común”.

La vicepresidenta primera del Gobierno recordó que están en política “para servir a los intereses de los ciudadanos y tratar temas transversales e indiscutibles que esperan todos que hablemos”.

Además, aseguró que “son muchas más las cosas en las que somos iguales que en las que somos diferentes” y apuntó que “la lealtad será el modelo de trabajo constante del Gobierno y Delegación de Gobierno”, donde garantizarán “la libertad directa y la participación cada vez mayor de la sociedad civil, alejándonos de la dictadura y de años oscuros, donde no éramos capaces de respetarnos en la diversidad”.

Calvo indicó que Madrid es particularmente “un gran laboratorio de lo que es España, siendo la capital del Estado”. A este respecto, destacó la manera de acoger tanto a los que vienen de fuera de Madrid como de fuera de España. “Se protege con grandes valores éticos, donde nadie es más que nadie”.

En este sentido, volvió a agradecer la presencia de gente de partidos diferentes porque, “en política, “se trata de ceder, escuchar y ver las legítimas decisiones”. Por ello, continuó que, en momentos “complejos” para la política, estos gestos “abren ventanas a hacerlo mejor”.

La vicepresidenta primera del Gobierno señaló que la ‘foto’ de hoy “contribuye a proteger la democracia, ensancharla, transmitírsela a las siguientes generaciones para que no haya resquemor”. Por eso, “agradezco la presencia de quienes son de diferentes partidos”.

Por último, respecto al nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Calvo destacó que no le falta «ni un solo requisito ni una buena intención para ejercer este cargo”. “Conoces bien los territorios y aplicas las políticas desde principios éticos y con valores”, apuntó.

En cuanto a los retos de Franco, fijó la lucha contra la violencia machista, la protección de los menores y la ayuda, solidaridad y confort que hay que dar a los mayores. “Madrid es una gran oportunidad siempre”, concluyó.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado la necesidad de acometer una reforma legal dirigida a asimilar las situaciones de dependencia oficialmente reconocidas con un grado de discapacidad del 33%.

Según una nota del Cermi, la modificación, redactada en texto articulado y fundamentado remitida a ambas Cámaras y al Ejecutivo, «pretende cambiar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad, que en nuestro ordenamiento jurídico es el 33%».

Con esta iniciativa legislativa, como beneficios sociales concretos, se busca «facilitar la vida y abrir nuevas posibilidades de apoyos y acompañamiento público a las personas reconocidas en situación de dependencia, que tendrían esta pasarela legal para ser consideradas también personas con discapacidad con grado del 33% sin necesidad de valorarse por la vía específica y distinta de la discapacidad».

De ese modo, a juicio del Cermi, además de reforzar la protección social de las personas en situación de dependencia, se podrían reducir las cargas administrativas, «ya que así no tendrán que acudir al reconocimiento paralelo de discapacidad, que tiene otro procedimiento, quedando asimiladas por ministerio de la Ley al grado de discapacidad».

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Fundación ONCE celebrará por primera vez su Congreso Internacional sobre ‘Universidad y Discapacidad’ fuera de Madrid. Según ha anunciado la entidad, la quinta edición del encuentro tendrá lugar en Salamanca los días 18, 19 y 20 de noviembre.

Para definir los temas, contenido y formato del V Congreso Internacional ‘Universidad y Discapacidad’, tuvo lugar este lunes en la sede de Fundación ONCE la primera reunión del Comité Científico del encuentro. En ella, los asistentes empezaron a abordar la propuesta final para el título de esta quinta edición, que tiene como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde esta perspectiva, el objetivo central de la quinta edición del congreso es abrir un debate de propuestas e ideas sobre cuáles son los mejores caminos para lograr una educación universitaria inclusiva en el marco de los ODS y Agenda 2030, sobre todo tomando en consideración las metas respecto al acceso igualitario y eliminación de disparidades que supone construir y adecuar entornos accesibles, diversos e inclusivos.

Del mismo modo, el encuentro pretende también conocer y debatir los últimos modelos de innovación educativa inclusiva y de calidad a nivel universitario, así como exponer experiencias y buenas prácticas internacionales en materia de inclusión. Al mismo tiempo, servirá para conocer los estudios y las investigaciones más recientes y relevantes sobre el acceso y derecho a la educación en términos inclusivos.

Para Fundación ONCE, este congreso “es una puesta en común de ideas, buenas prácticas y debates en torno a la educación inclusiva y de calidad en la universidad, pretendiendo tejer redes, compartir buenas prácticas y avanzar hacia una sociedad igualitaria y con justicia social para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad”.

Expertos internacionales, académicos, personal investigador, generadores de políticas públicas y estudiantes con discapacidad invitarán a pensar, en términos inclusivos, cuál es el mejor camino para conseguir las metas que los ODS y la Agenda 2030 indican.

El V Congreso pondrá el foco del debate en el ODS 4 (referido a educación de calidad), cuyas metas buscan asegurar el acceso igualitario a la educación y aportar visibilidad y especificidad a las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Cuenta con el respaldo y la colaboración en la organización de los Ministerios de Educación, Universidades y Ciencia e Innovación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), CRUE, CERMI y la colaboración económica, entre otras, de Fundación Vodafone y Fundación Universia.

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