El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) mantuvo este martes un encuentro con la presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, María Teresa Fernández Molina, con el fin de repasar las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.

Durante el encuentro, en el que Fernández Molina se mostró receptiva a los planteamientos de la delegación del Cermi, la plataforma representativa de la discapacidad en España expresó la importancia de poder comparecer en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Alta, con el objetivo de exponer las prioridades de la discapacidad a todos los grupos parlamentarios de cara a la nueva legislatura.

La entidad también mostró su agradecimiento por el hecho de que en esta legislatura la Comisión de Discapacidad se mantenga, conservando además el carácter de permanente y legislativa.

El Cermi destacó la relevancia de la Cámara Alta en el impulso de políticas en favor de la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la discriminación interseccional que sufren todavía las mujeres y niñas con discapacidad.

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La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, manifestó este martes que la decisión del Gobierno de suprimir el Artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido objetivo ante una acumulación de bajas médicas encadenadas aunque estén justificadas es una “muy buena noticia”.

Carina indicó que la derogación pone fin a una situación que “dejaba totalmente desprotegidas y vulnerables a las personas que están padeciendo una enfermedad o que tengan la condición de persona con enfermedad crónica”.

El artículo derogado hoy establecía, específicamente, que un contrato de trabajo podía extinguirse -sin resultar improcedente- por faltas de asistencia intermitentes, aunque estas estuvieran justificadas, si alcanzaban el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. La totalidad de estas faltas de asistencia debía suponer el 5% de las jornadas hábiles en los doce meses anteriores o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año.

En palabras de la presidenta de la POP, si no hubiese sido derogado, este artículo “dejaría a las personas con enfermedad sin posibilidad de tener una protección legal, sin un marco al que acogerse para proteger su derecho tanto al trabajo como a cuidar su salud”.

La plataforma recordó que muchas enfermedades crónicas, como la esclerosis múltiple, las inflamatorias inmunomediadas (artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa…), la fibromialgia, las cardiopatías o las enfermedades renales, entre otras, tienen momentos de reagudización que requieren bajas laborales y un tiempo de recuperación. “Si esta ley hubiese seguido adelante”, indicó Escobar, “corríamos un importante riesgo de encontrarnos con personas en edad laboral que hubieran acudido a su puesto de trabajo en condiciones de enfermedad, empeorando así su salud y sometiéndose a más riesgos laborales”.

Aunque considera que la decisión de hoy es un avance en positivo, desde la POP afirmaron que todavía queda mucho camino por recorrer. “Si el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores hubiese seguido vigente, podían realizar un despido procedente y objetivo. Esto ya no va a ocurrir así, pero todavía sigue habiendo una clara falta de protección social y laboral de las personas con enfermedades crónicas”, destacó Escobar.

Por ello, solicitan una propuesta normativa que proteja a los pacientes crónicos en todos los ámbitos: desde el laboral, con posibilidades como la flexibilidad horaria o el teletrabajo, pero también en el ámbito económico, social, donde la enfermedad impacta. Así, Carina Escobar quiso destacar que “las personas con enfermedades crónicas tenemos derecho a no ser excluidas, a participar activamente en la sociedad”.

Para la presidenta de la POP, la protección al paciente crónico “es una responsabilidad ética colectiva, de todos y para todos, tanto si la enfermedad es visible como si no lo es. Cualquier trabajador puede tener una enfermedad sobrevenida, cualquier ciudadano es susceptible de enfermar”.

En referencia al Estatuto de los Trabajadores, aseguró que el texto “señala la protección de colectivos como las personas con discapacidad, enfermedad o enfermedad grave, pero no hace referencia expresa a los trabajadores con enfermedades crónicas o a sus cuidadores”.

Al no recoger este concepto, son los tribunales los que deciden, basándose en informes médicos, si el paciente en cuestión tiene o no la consideración de enfermedad grave y, por tanto, si está o no amparado por la ley. Una situación que se vuelve “especialmente discriminatoria” en aquellos casos en los que el paciente está en una situación vulnerable pero no tiene reconocido el grado de discapacidad necesario para estar convenientemente protegido: la situación de invisibilidad entonces se vuelve claramente notoria, llegando en algunos casos a que el paciente esconda su enfermedad por miedo al despido”, advierte la plataforma.

Para que la legislación proteja a las personas con enfermedades crónicas y/o síntomas cronificados, la POP propone varias vías de actuación. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de añadir expresamente a la dicción “enfermedades graves” las enfermedades crónicas degenerativas susceptibles de agravación.

Otra vía sería tratar de delimitar el concepto de “enfermedades graves” añadiendo al texto legal una definición que dé cobertura también a las enfermedades crónicas. En tercer lugar, la plataforma propone establecer un anexo en el que se haga un listado de enfermedades crónicas que tendrán la consideración de graves a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales, también conocido como tasa Google, y a las transacciones financieras, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

El Ejecutivo inicia así la tramitación de estos nuevos tributos, que en las próximas semanas deberán ser presentados en el Congreso de los Diputados para continuar con el proceso parlamentario.

La intención del Ejecutivo es agilizar la tramitación de estos dos proyectos de ley para que puedan empezar a recaudar este mismo año. Así, su tramitación será independiente pero paralela a la del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020, que el Gobierno espera que quede aprobado a lo largo del verano, y que ya contemplará estas figuras en el apartado de ingresos.

Los anteproyectos de estos dos nuevos impuestos ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros en octubre de 2018 para iniciar su tramitación parlamentaria, de forma independiente al proyecto de Presupuestos de 2019, pero la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura hizo que decayeran y que ahora haya que comenzar el trámite de nuevo.

Según destacó Montero, la creación de estas dos nuevas figuras impositivas responde a la necesidad de “avanzar en un sistema fiscal más justo” que recoja “nuevas áreas de actividad” y que adapte la fiscalidad a la globalización. “No se puede tener un Estado del Bienestar con un sistema tributario caduco”, aseguró, para a continuación agregar que, de la misma manera que existen nuevas oportunidades de negocio, “es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección”.

TASA TOBIN

La previsión de recaudación del Gobierno con el impuesto a las transacciones financieras, indicó la ministra de Hacienda, es de 850 millones de euros. En concreto, el proyecto gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Sobre este impuesto, la ministra también detalló que no se verán afectados los productos derivados, siguiendo un modelo “muy similar” al del tributo ya aprobado en otros países como Francia, Bélgica e Italia, pero no descartó que estos productos se puedan incluir en el futuro en un tributo global que se acuerde en la UE o la OCDE.

En el caso de este tributo, Montero defendió su creación recordando que “el sector financiero recibió durante la crisis un importante apoyo e inyección económica del Estado”.

TASA GOOGLE

En cuanto al impuesto a determinados servicios digitales, gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

En el proyecto de cuentas públicas de 2019 del Gobierno la estimación de recaudación era de 1.200 millones de euros con este impuesto, mientras que ahora el Ejecutivo espera recaudar 968 millones de euros, coincidiendo con la previsión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo en 2018 de cara a 2019. La rebaja en la previsión de ingresos se debe, según Montero, a la ralentización de la economía.

Además, Montero explicó que la liquidación de la tasa Google será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estará en vigor, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre con el objetivo de esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la OCDE y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.

La portavoz del Gobierno argumentó que el impuesto sirve para “evitar competencias desleales” de estas empresas a las que afecta el tributo respecto a la economía tradicional, “que sí tienen un traje a medida en la fiscalidad tradicional”.

Asimismo, destacó la vocación del Gobierno de que se avance a nivel internacional para alcanzar un consenso sobre este impuesto, y declaró que este proyecto a nivel nacional, “sirve de avanzadilla” para ir en esa dirección.

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El subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Javier Rebollo, aseguró este martes que la mayor urgencia del Gobierno en cuanto a su política de discapacidad será culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término ‘disminuido’ con el que la Carta Magna se refiere a las personas con discapacidad.

En el acto institucional con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, Rebollo señaló que «lo más importante» ahora es sacar adelante la nueva redacción del citado artículo, a fin de saldar una deuda histórica que en la anterior legislatura no pudo salir adelante».

Por otro lado, avanzó que también resulta «muy urgente la reforma del Código Civil, a fin de dar cumplimiento al mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». «Esto supone una nueva concepción de la capacidad jurídica, con la sustitución de la figura de la tutela por otras menos invasivas, como la curatela o la guarda de hecho», añadió.También busca garantizar la toma de decisiones con apoyos, indicó.

Finalmente, se refirió a la aprobación del desarrollo reglamentario de la ‘X’ para fines sociales del Impuesto de Sociedades, «un logro del tercer sector y todo un ejemplo de solidaridad». Según Rebollo, la normativa «está ya muy avanzada», por lo que «espero que este año entre ya en vigor».

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) demandó este martes políticas y estrategias públicas “más intensas” para aquellas personas con discapacidad que presentan mayores necesidades de apoyo para su autonomía y su inclusión en la comunidad.

Así se expresó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en la apertura del acto de celebración del Día Internacional del Síndrome de Aspeger organizado por Autismo España en la sede del Defensor del Pueblo.

El responsable del Cermi señaló la “imperiosa necesidad” de que la acción pública y legislativa progresen en este campo, manteniendo un marco general común y compartido avance, en la diferenciación que precisan discapacidades como el Asperger.

“La uniformidad indistinta que ha sido la nota típica de las políticas públicas de discapacidad hasta hace bien poco ha de dar paso, evolucionar a una diferenciación productiva, que sea sensible y acoja las especificidades relevantes y las traduzca en una agenda política y normativa que logre respuestas en términos de derechos, inclusión y bienestar”, apuntó Pérez Bueno.

Por último, declaró que el movimiento social de la discapacidad, “solidario por naturaleza, tiene que acompañar activamente a aquellas discapacidades en situación de más necesidad, como el Asperger, bien porque su recorrido histórico en expresiones asociativas es más reciente o porque sus demandas no han tenido el debido espacio y consideración en la agenda pública global”.

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El Ministerio de Hacienda ha rebajado en 232 millones de euros su previsión de recaudación con el impuesto a determinados servicios digitales, conocido también como tasa Google, ya que espera ingresar en 2020 968 millones de euros, frente a los 1.200 millones que estimó en 2019, año en el que ya intentó aprobar este tributo pero que decayó con la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura.

Así lo indicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el proyecto de ley de este impuesto para enviarlo a tramitación al Congreso de los Diputados. La menor recaudación respecto a lo previsto en 2019, explicó la ministra, se debe a la ralentización de la economía.

Esos 968 millones de euros coinciden con la previsión de recaudación que previó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en 2018 de cara a 2019.

Según explicó la ministra, el impuesto gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Además, Montero explicó que su liquidación será trimestral, pero que, de forma excepcional en este primer ejercicio que estará en vigor, se retrasará el pago al menos hasta el 20 de diciembre con el objetivo de esperar a que se alcance un acuerdo global en el seno de la OCDE y el G20 y también permitir que las empresas tengan tiempo para adaptarse al nuevo tributo y hagan frente al impuesto en un único pago.

La ministra destacó que la creación de esta figura impositiva responde a la necesidad de “avanzar en un sistema fiscal más justo” que recoja “nuevas áreas de actividad” y que adapte la fiscalidad a la globalización. “No se puede tener un Estado del Bienestar con un sistema tributario caduco”, aseguró, para a continuación agregar que, de la misma manera que existen nuevas oportunidades de negocio, “es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección”.

En esta línea, también señaló que el impuesto sirve para “evitar competencias desleales” de estas empresas a las que afecta el tributo respecto a la economía tradicional, “que sí tienen un traje a medida en la fiscalidad tradicional”.

Asimismo, destacó la vocación del Gobierno de que se avance a nivel internacional para alcanzar un consenso sobre este impuesto, y declaró que este proyecto a nivel nacional, “sirve de avanzadilla” para ir en esa dirección.

En cuanto a si el Gobierno teme represalias por parte de Estados Unidos como respuesta a que sus empresas se vean afectadas por este tributo, Montero negó esta posibilidad, señalando que “las relaciones con Estados Unidos son fluidas” y que este país conoce la intención de España. “Lo importante es seguir aportando en ese nivel internacional”, agregó.

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El subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Javier Rebollo, se mostró convencido este martes de que «este año, con estabilidad política», el Gobierno «por fin» sacará adelante el Plan de Acción de la Estrategia Nacional sobre Trastornos del espectro Autista (TEA)», cuyo borrador se terminó hace más de un año pero, por falta de presupuestos, nunca llegó a salir adelante.

Rebollo realizó estas declaraciones durante el acto institucional con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, un tipo de TEA en el que no cursa discapacidad intelectual asociada.

Entre otras medidas, explicó, el plan tendrá como líneas principales de actuación la detección temprana, «para lograr un diagnóstico lo antes posible que permita establecer los apoyos más adecuados»; garantizar una educación individualizada, con los recursos necesarios e inclusiva, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de Naciones Unidas; acceso al empleo público y privado, mediante apoyos en los procesos de oposiciones y una concienciación del sector privado sobre las cualidades de las personas con TEA, y una mejor formación general de todos los sectores sociales, a fin de procurar una mayor sensiblización y conocimiento del TEA.

Estas son las principales necesidades del colectivo sobre las que se trabajará este año, y señaló que se estudiará el reconocimiento de las personas con TEA «como un grupo específico y especialmente vunerable, así como la actualización del baremo de discapacidad».

Por otro lado, Rebollo señaló que en la futura Estrategia Nacional sobre Discapacidad, «en la que empezaremos a trabajar el año que viene», se pondrán en valor nuevas discapacidades y se prestará mayor atención «a aspectos poco desarrollados en la anterior, como la accesibilidad cognitiva».

Durante el acto, se presentó la campaña ‘Haz espacio’, donde la Federación Autismo España pide el «reconocimiento del TEA como un trastorno con características específicas y necesidades propias en los ámbitos normativo y administrativo.

Así lo explicó su vicepresidente, José Luis Bruned, tras lamentar que la separación que hasta hace unos años existía entre Síndrome de Asperger y TEA «ha supuesto problemas normativos», sobre todo en lo referido a la valoración de la discapacidad y de la situación de dependencia, así como a la hora de obtener un diagnóstico.

Bajo el lema “#HazEspacio”, la campaña muestra imágenes de ocho personas (tantas como letras tiene la palabra Asperger) en posturas muy forzadas, en referencia «al esfuerzo sobrehumano que las personas con este trastorno han de hacer para encajar en un entorno que no les tiene en cuenta».

En cuanto a la educación, Bruned criticó la inexistencia de ayudas y adaptaciones curriculares para los alumnos con Asperger, porque «aunque no tienen discapacidad intelectual, sí necesitan estos apoyos». Del mismo modo, lamentó sus problemas de inserción laboral, ya que «muchos carecen del certificado de discapacidad y no pueden acceder al empleo reservado».

VISIBILIDAD

Por su parte, la coordinadora estatal de Programas y Proyectos de la Confederación Asperger España, Marina Hermoso, reclamó visibilidad para estas personas y sus familias, que sufren discriminación por padecer un síndrome que no es evidente.

Señaló que los alumnos con Asperger «siguen sufriendo la incomprensión de profesores, maestros y compañeros en el ámbito escolar», porque «resulta difícil entender que personas inteligentes y sin ningún rasgo físico observable puedan tener una discapacidad social en la base de sus conductas». No se entiende que por este motivo «lleguen a alterar el funcionamiento habitual de las clases», indicaron. Asimismo, llamó la atención sobre la elevada incidencia de acoso escolar entre el colectivo, a veces incluso a manos de profesores.

Hermoso reclamó ademá «más formación» de los profesionales médicos y docentes, para que en las aulas y en los centros de salud se detecten los casos de personas con síndrome de Asperger y otros Trastornos del Espectro Autista (TEA), «claramente infradiagnosticados en España.

EMPLEO

Defendió también la inclusión laboral efectiva y mantenida de un colectivo con un nivel del 80% de paro y denunció que «hoy encontramos nuevas e insospechadas barreras» que impiden su acceso a la función pública.

La ley contempla un cupo de reserva para personas con discapacidad, pero las personas con Asperger están incluidas en el apartado de discapacidad que contempla discapacidad cognitiva y enfermedad mental.

Las personas con TEA no se ajustan a estas características y «en la práctica es como si nos hubiésemos esfumado», como si fuésemos invisibles», lamentó. Por ello, exigió el reconocimiento de «la discapacidad social o psicosocial» como un tipo específico, por ser la que se ajusta a las necesidades y características que presentan estas personas (con TEA y sin discapacidad intelectual asociada).

Finalmente, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, trasladó el apoyo del mundo de la discapacidad a todo el movimiento del TEA, y les animó a «hacerse visibles y a participar allí donde no se nos ha invitado nunca» y «contribuir así a la mejora colectiva de la sociedad».

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Más de 500 taxistas de la capital se han concentrado este martes frente a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para exigir al consejero, Ángel Garrido, que se cumpla la ley y se sancione a las empresas de VTC que circulen o estacionen sin un servicio previo precontratado.

Esta concentración, organizada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), se produce días después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se declara legal la prohibición que ya tenían las VTC de circular o estacionar sin un servicio contratado de forma previa.

Con esta sentencia, según indican estas asociaciones en una nota, la justicia dio la razón al taxi y al ministerio de Fomento frente al recurso interpuesto por Unauto, Uber, Cabify y la CNMC al Reglamento de Transportes aprobado en 2015 por el Gobierno.

“Se trata de una sentencia especialmente importante, es un punto de inflexión, ya no solo porque acaba con la incertidumbre sobre la legalidad de la hoja de ruta, sino también porque viene a confirmar lo que ya sabíamos, que las VTC no podrán estacionar ni circular sin un servicio previo contratado por el usuario”, explicó el presidente de Antaxi y de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz recordó a las administraciones competentes que “el Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2018 establecía cuatro años de moratoria para legislar y a día de hoy, casi dos años después, prácticamente no hemos visto ningún indicio por parte de la administración que indique que van a proceder a regular el servicio de las VTC”.

Por este motivo, desde Antaxi y la FPTM consideran que esta sentencia es otro paso más que debe empujar a las administraciones a legislar acorde a lo que establece la ley.

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La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha celebrado la cena ‘Bocados de Arte’, un evento benéfico con el que se ha puesto fin a un proyecto en el que 12 artistas con discapacidad intelectual han plasmado en lienzos las sensaciones y los sentimientos que les evocaron las elaboraciones de los 18 Estrellas Michelin y 18 Soles Repsol Mario Sandoval, Paco Roncero, Ramón Freixa y Martín Berasategui.

Tras más de un año en el que los artistas degustaron los platos de estos chefs y crearon sus cuadros a través de los sabores, colores, formas y sensaciones, el proyecto, que cuenta con la colaboración de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) y la Fundación Repsol, concluyó con un cóctel y una cena que tuvo lugar en el Teatro Real.

Durante la cena, cuyos platos fueron elaborados por los chefs participantes en el proyecto, los asistentes contemplaron todos los cuadros y pujaron por ellos en la subasta solidaria que se llevó a cabo. Los fondos recaudados irán destinados a seguir desarrollando y visibilizando la capacidad artística de las personas con discapacidad intelectual.

La cena contó con la participación de Ramón Freixa, quien señaló que los artistas “nos han dado la oportunidad de entender la gastronomía de otra manera” al tiempo que se ha mostrado “gratamente sorprendido por el gran nivel artístico de los cuadros”. “En los cuadros he visto reflejada la esencia del plato, que realmente es lo importante y lo difícil de plasmar. Estos cuadros llevan un gran trabajo detrás, así que estos chicos son unos grandes artistas”, consideró.

En esta misma línea, Mario Sandoval dio las gracias a Down Madrid “por hacer que nos sintamos orgullosos de ser cocineros y poder ayudar a estas personas tan especiales de las que se aprende mucho porque, sin duda, sienten mucho más que el resto de las personas”. “Desde pequeño he querido dignificar mi profesión y hoy es uno de esos días en los que me siento muy orgulloso de ser chef”, aseguró.

Irene Soto y Emilio Cortés fueron los encargados de representar a todos los artistas de ArteDown. “Queremos dar las gracias a personas como vosotros, que nos valoráis como verdaderos artistas y nos hacéis creer que cada vez estamos más cerca de conseguir una sociedad más igualitaria y justa para todos”, manifestó Soto. Por su parte, Cortés apuntó que “hay muchos artistas en la actualidad y si ya es difícil para ellos buscar un hueco en el mundo de la cultura lo es aún más si tiene discapacidad intelectual como nosotros, por eso, exponer aquí es un sueño hecho realidad y ojalá se convirtiera en algo habitual”.

Por su parte, el presidente de la AIBG, Rafael Ansón, señaló que “cenas como esta son una demostración de que la gastronomía no es solo el placer de unos privilegiados, sino que a través de ella se puede ejercer una solidaridad humana que muy pocas actividades tienen la oportunidad de ofrecer”. “Nunca pensé que llegaríamos a una situación como la de hoy en la que todos estamos contribuyendo a ser mucho más felices con la unión de arte y gastronomía”, explicó.

Para la directora del Área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol, Lola Zamarra, colaborar con esta iniciativa “ha sido muy satisfactorio y nos ha permitido conseguir uno de los objetivos de la entidad que es contribuir al desarrollo social, en este caso, contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual”. “La cultura y el arte son unas palancas inmejorables para que afloren las capacidades de estas personas y no hay que olvidar que la cultura es un derecho de todos”, recordó.

Finalmente, el presidente del Patronato de Down Madrid, Ignacio Egea, tras felicitar a todos los implicados en este proyecto, hizo hincapié en los 12 artistas de Down Madrid, quienes son “los protagonistas y la razón de ser de este proyecto”, por la “dedicación, cariño y entusiasmo que han puesto en este proyecto”. “Gracias por enseñarnos día tras días que el arte tiene mucho más que ver con la sensibilidad que con las capacidades que tenga cada uno”, concluyó.

BOCADOS DE ARTE

El proyecto comenzó en febrero de 2019 con la degustación de los platos de estos chefs en sus respectivos restaurantes madrileños. Los artistas de ArteDown visitaron Coque, La Terraza del Casino de Madrid, Ramón Freixa Madrid y Etxeko donde probaron distintos platos y hablaron con sus creadores sobre distintos aspectos de las elaboraciones para conocer todos los detalles.

Tras finalizar la degustación, los artistas de la Fundación apuntaron los aspectos visuales del plato, los aromas, las texturas, qué recuerdos les generaba, cómo se habían sentido al probarlo y qué nombre le pondrían si lo hubieran cocinado ellos. Con esta información, los artistas empezaron un periodo en el que practicaron cómo iban convertir en arte sus notas sobre los platos hasta que, finalmente, consiguieron plasmar en los lienzos todo lo que les evocaron las innovadoras degustaciones de estos reconocidos chefs.

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Endesa ha recibido la medalla de platino en sostenibilidad, la máxima distinción, otorgada por el analista internacional independiente Ecovadis tras una nueva actualización del análisis de su desempeño en esta materia.

Según informa Endesa, como resultado de dicha evaluación ha obtenido la “medalla de platino” como reconocimiento a su liderazgo, con una puntuación total de 82 sobre 100, destacando en la dimensión de medio ambiente, con una puntuación de 90 puntos sobre 100.

Este resultado supone, además, una mejora de 6 puntos desde la revisión hecha en agosto de 2019, cuando la puntuación global conseguida fue de 76 sobre 100, lo que entonces supuso la consecución de la medalla de oro.

Esta puntuación es el resultado de un extenso cuestionario que explora el desempeño en sostenibilidad de Endesa, y que valora también la presentación de evidencias documentales que justifiquen las respuestas. Asimismo, además de los documentos aportados por la compañía, se tiene también en cuenta la información que proporcionan otros grupos de interés, como ONG, sindicatos, organizaciones internacionales o autoridades locales sobre la empresa.

Esta información se rastrea a través de una herramienta que permite integrar miles de fuentes externas. Por ejemplo, con esta metodología es posible monitorizar a las compañías frente a listas de sanciones globales, o identificar a aquellas empresas políticamente expuestas.

Para comprender plenamente los impactos reales que ejerce una compañía, la estructura de valoración de Ecovadis se adapta a cada empresa de acuerdo a su actividad, tamaño y localización de sus actividades. De esta forma, el cuestionario a cumplimentar se personaliza de acuerdo a estos parámetros.

Además, para que una medalla sea otorgada, la ficha de resultados no puede incluir en los últimos tres años ningún hallazgo negativo grave sobre medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos y adquisiciones sostenibles, ni sobre ética en los últimos cinco.

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha afirmado que “los representantes del Gobierno español ante las instituciones europeas mantendrán una posición firme” para asegurar que el alumnado con discapacidad “recibe todo el apoyo necesario para acceder con las mayores garantías a todos los programas educativos”, incluido ‘Erasmus+’, en consonancia con los mandatos del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Así lo traslada Educación en un escrito de respuesta a una misiva que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha enviado al departamento dirigido por Isabel Celaá, en la que la entidad trasladaba las principales reivindicaciones del sector social de la discapacidad español y europeo para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el programa ‘Erasmus+’, coincidiendo con la elaboración de este programa que se está llevando a cabo en la actualidad para el período 2021-2027.

Educación expresa que la intención del Ejecutivo es seguir trabajando para “asegurar una atención educativa con equidad y calidad a las personas con discapacidad, desde los principios de inclusión educativa, y plenamente conforme con las indicaciones de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin dejar a ningún alumno atrás”.

Añade que el programa ‘Erasmus+’ es un “instrumento fundamental para mejorar tanto la calidad educativa como el desarrollo de los valores europeos que, además, deben servir para promover una verdadera inclusión”. Por ello, el Gobierno resalta la necesidad de que aumente “de forma significativa” la participación del alumnado con discapacidad.

MENOS DEL 1%

En el escrito enviado a la ministra de Educación a finales de 2019, el Cermi expresó su “preocupación” ante la baja cifra de estudiantes universitarios con discapacidad que se acogen al programa ‘Erasmus+’, un dato que se sitúa por debajo del 1% del total. Además, la entidad pidió al Ejecutivo que España lidere en la Unión Europea la reivindicación de un aumento sustancial del apoyo a los estudiantes con discapacidad en el programa ‘Erasmus+’.

Asimismo, el Cermi trasladó las demandas del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) para avanzar en esta línea. Para ello, la plataforma europea pide que el reglamento del programa formativo internacional se alinee con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El EDF, que sí ha recabado el apoyo del Parlamento Europeo a sus peticiones, considera “crucial” proporcionar un marco legal sobre “cómo lograr la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad”, así como introducir terminología adaptada a la situación de esta parte de la ciudadanía.

Más allá de su reformulación, también destaca la movilidad como aspecto clave en el ‘Erasmus+’. Ello atañe a “la accesibilidad, la inclusión y el apoyo financiero adecuado para dar la oportunidad a más personas con discapacidad” de participar en el programa en igualdad de oportunidades.

Según el EDF, se deben valorar, entre otras cuestiones, las circunstancias específicas del alumnado con discapacidad y tomar medidas adicionales atendiendo a cada caso. “Todas las personas participantes deben ser libres de elegir una movilidad virtual o física. Esto permitirá soluciones adaptadas a las necesidades y preferencias de los participantes”, detalla el EDF, que reclama fondos suficientes.

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Cerca de 7.230 personas con discapacidad de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se beneficiarán de los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y del de Empleo Juvenil (POEJ) que Fundación ONCE e Inserta Empleo -su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad-está desarrollando dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo.

El POEJ se está ejecutando desde noviembre de 2018 y finalizará en agosto de 2022 y el Poises se desarrolla desde enero de 2019 hasta agosto de 2023.

Estos programas fueron presentados este martes en Toledo por el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; la secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo y la directora regional de Inserta Empleo en Castilla-La Mancha, Cristina González.

Los objetivos vuelven a ser ambiciosos para este periodo, con más de 103.740 destinatarios, de los cuales 35.300 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 40.272 lograrán un contrato laboral.

Concretamente, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha los programas Poises y POEJ atenderán a 7.230 personas y gracias a ellos recibirán formación 2.773 alumnos y se promoverán 3.105 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

Los anteriores programas operativos culminaron con un total 108.046 destinatarios atendidos (7.308 en Castilla-La Mancha); 51.244 alumnos formados (6.164 en Castilla-La Mancha) y 34.244 inserciones laborales de personas con discapacidad (2.302 en Castilla-La Mancha).

POISES

De acuerdo con las bases de la nueva convocatoria del Poises, Fundación ONCE presentó cuatro proyectos en la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Refrendada por los buenos resultados de la gestión de los anteriores programas operativos, el organismo público le concedió a Fundación ONCE 87,2 millones de euros en términos de coste total y 59,5 de ayuda del FSE, cifra que supone un 82,8% de la cuantía solicitada.

Los objetivos que se propone en toda España son atender a 78.240 destinatarios, de los cuales 27.600 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 32.872 lograrán un contrato laboral.

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha el programa Poises atenderá a 6.452 personas, de las cuales 2.403 serán formadas, obteniéndose 2.885 contratos de trabajo para personas con discapacidad.

Fundación ONCE ha conseguido que en esta convocatoria se mejore el reparto entre zonas beneficiarias de los fondos. Así, en este periodo el peso mayor lo tienen las zonas más desarrolladas, entre las que se encuentran Madrid, Cataluña y Valencia.

Tres de los programas presentados, denominados ‘Impulsa tu talento 4.0’, ‘Fortalece tu Talento 4.0’ y ‘Talento Diverso para el desarrollo sostenible’, dan continuidad a las actuaciones de orientación, formación, intermediación laboral y relaciones con empleadores, desarrolladas en el Poises, que finalizaba en octubre de 2019.

MUJERES EN MODO ON-VG

De todos los programas presentados en esta convocatoria, el más novedoso es el denominado ‘Mujeres en Modo ON-VG’ con el que Fundación ONCE e Inserta Empleo dan continuidad y un mayor impulso a las acciones que ya vienen desarrollando para mejorar la vida y el empleo de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. El objetivo es atender a 1.140 mujeres y para ello las entidades gestoras disponen de 3.939.153 euros.

Este proyecto será liderado por la figura del ‘compass’, especialista en violencia de género, con el apoyo de un equipo multidisciplinar especializado en orientación e intermediación que dotará a estas mujeres de las competencias y capacidades necesarias para iniciar el proceso de recuperación de sus ciclos vitales. El pilar fundamental para el desarrollo de su autonomía personal será su incorporación al mercado laboral o el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

POEJ

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene por destinatarios a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años que deberán estar dados de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para beneficiarse de las acciones programadas. Este programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

El anterior Programa Operativo constató la dificultad para identificar a la juventud no ocupada ni integrada en los sistemas de formación y atraerlos al mercado laboral. Jóvenes que, por causas como la desmotivación, falta de confianza en sus capacidades o entornos familiares complejos, no han estado nunca en el circuito laboral o han abandonado los estudios a una edad temprana.

Por ello, el objetivo general del nuevo Programa Operativo de Empleo Juvenil es maximizar su activación actuando en su entorno educativo, social y familiar para conseguir despertar su interés.

Los objetivos específicos de este programa son formar al personal de orientación en metodologías de actuación con familias; desarrollar y aplicar una metodología de trabajo en el entorno social y familiar de los jóvenes con discapacidad; conseguir que las familias actúen como prescriptoras de otras que estén en su misma situación; generar unidades de proximidad en la actuación con las familias, que permitirán acceder a los entornos rurales y trabajar con orientadores de colegios y centros

El POEJ quiere atender a 25.500 personas, formar a 7.700 alumnos y conseguir 7.400 inserciones laborales. En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha serán 778 los destinatarios del POEJ, 370 los alumnos formados y 220 las inserciones laborales.

Fundación ONCE e Inserta Empleo tienen por delante tres años de trabajo intenso, en los que seguirán consiguiendo que la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo sea cada vez mayor.

SERVIMEDIA

Una delegación saharaui encabezada por la ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Hay Enhamed Salem, está realizando una visita a España con el objetivo de conocer la realidad del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y poder establecer programas de cooperación.

La delegación inició su programa con una visita a Fundación ONCE, donde fue recibida por José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, así como por responsables de las entidades FIAPAS, CNSE, Aspace, Salud Mental, Cocemfe, Plena inclusión, Confederación Autismo España, Down España y Fundación del Lesionado Medular. Igualmente, mantuvieron un encuentro con Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Junto con la ministra también estuvieron presentes Mohamed Fadel Mohamed, director de Cooperación del Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, y Moh Salem Hamudi Abdelfatah, director de los centros de discapacidad y escuelas sensoriales.

Durante su visita a la sede de Fundación ONCE los responsables saharauis pudieron conocer la nueva sala de innovación EspacIA, donde se les explicó el modelo de intermediación laboral desarrollado por Inserta Empleo, así como el proyecto Por Talento Digital.

A lo largo de la semana los componentes de la delegación podrán conocer de primera mano iniciativas impulsadas por las organizaciones de personas con discapacidad.

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ILUNION Retail ha abierto hoy un nuevo punto de venta, tipo food truck, en el intercambiador de la estación de Nuevos Ministerios de Madrid. Se trata de una furgoneta de estilo retro y pintada en amarillo ILUNION, a la que se le ha eliminado el techo y se ha equipado para dar servicio de cocina.

La furgoneta Hungry Van está situada junto a la tienda en ruta más grande de las 100 con las que cuenta ILUNION Retail en toda España, abierta el pasado mes de mayo en este intercambiador. Complementa su oferta en esta localización y será atendida por dos personas con discapacidad.

De esta forma, la compañía sigue apostando por localizaciones de travel y por ofrecer una mayor diversificación de su oferta a los clientes. En este caso, apuesta por un modelo de tienda take away, en un entorno de gran tránsito de viajeros.

La Hungry Van tiene una carta de comida preparada para llevar, que va desde churros con chocolate y un gran surtido de bollería para el desayuno; hasta perritos calientes, croquetas, nuggets de pollo o salchipapas para hacer una comida rápida.

PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL

Las tiendas de ILUNION Retail son un proyecto de Economía Social, que persigue obtener resultados económicos y sociales, a través de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Sus establecimientos son accesibles para personas con discapacidad, están certificados en Calidad y en Medio Ambiente por las normas ISO 9001 e ISO 14001, abren los 365 días del año en horario continuado, y además, son referentes en su sector.

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El Consejo de Ministros presidido por el Rey comenzó a las 9:30 horas en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Don Felipe ha saludado al presidente del Gobierno y a todos los ministros con quienes ha posado en las escaleras de palacio antes del comienzo de la reunión.

Es el segundo Consejo de Ministros que Felipe VI preside desde que es Rey. El primero fue en 2014, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

A la derecha del Monarca se ha sentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su izquierda, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Domocrática, Carmen Calvo.

Junto a Sánchez se ha sentado Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y a su lado, Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democráfica. Mientras que Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos se ha sentado junto a Carmen Calvo.

En los extremos opuestos de la larga mesa del Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela estaban el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el de Universiddes, Manuel Castells.

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Madrid ofertó 24.304 sesiones de cine adaptado para personas con discapacidad sensorial en el año 2019, consolidándose como la comunidad autónoma con una mayor oferta de cine adaptado, seguida por Cataluña con 17.174 sesiones accesibles, Andalucía con 12.508, Comunidad Valenciana con 11.829 y País Vasco con 6.475, según datos de la Agenda Cultural Accesible (ACA).

En 2019, la oferta de proyecciones con servicios adaptados a personas ciegas y/o sordas se ha incrementado un 1,71%, es decir, 1.507 proyecciones accesibles más que en 2018.

“La accesibilidad ha llegado para quedarse”, afirmó Belén Ruiz Mezcua, directora gerente del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y catedrática del departamento de Informática de la UC3M. “En 2014, que es cuando empezamos con la ACA, solo había unas 5.000 proyecciones accesibles. Ahora hay casi 85.000 sesiones más y la cifra se incrementa cada año”, añadió.

Desde enero de 2014 hasta diciembre de 2019 ha habido un total de 332.957 sesiones de cine adaptado en España, según ACA. Aproximadamente un tercio de ese total le corresponde a la Comunidad de Madrid, que en los últimos cinco años ha contado con 101.343 proyecciones accesibles. Cataluña ocupa la segunda posición con 52.523 proyecciones, seguidas por Andalucía, con 40.822, Comunidad Valenciana, 33.609 y País Vasco, 30.983. Por otro lado, la cifra más pequeña le corresponde a las Islas Baleares con 24 proyecciones desde el año 2014, seguidas de Cantabria, Murcia, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla, donde todavía no cuentan con servicios de accesibilidad.

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Una veintena de organizaciones civiles de diferentes ámbitos sociales unen sus fuerzas el próximo sábado en el I Encuentro de la Sociedad Civil, que unirá a representantes de asociaciones de enseñanza, de enfermos y pacientes, de sociedades médicas, de medios de comunicación y de consejos de colegios profesionales en el espacio La Nave de Madrid.

El encuentro se abrirá con una conferencia del presidente de la Alianza Científico Profesional por el Estado de Bienestar (ACEB), Alfredo Bohórquez, convocante de este primer evento para “dialogar y debatir sobre las soluciones que la sociedad civil plantea para conseguir una mejora y sostenibilidad del Estado del bienestar entre 2030 y 2050”.

Para Bohórquez, “ha llegado el momento histórico en el que la sociedad civil debemos dar un paso adelante y organizarnos” para crear “un nuevo espacio de diálogo civil y político, con todas las partes implicadas para avanzar en la mejora y sostenibilidad del modelo educativo, sanitario, de servicios sociales y del sistema de pensiones en España” porque “una sociedad civil proactiva, dialogante y colaborativa puede ejercer un mejor papel asesor de los partidos políticos, los gobiernos y las administraciones públicas”.

El presidente de ACEB resaltó en un comunicado que este asunto “afecta a toda la sociedad” y por ello “requiere corresponsabilidad” de todos los actores implicados, puesto que el Estado del bienestar (que engloba prestaciones como la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones) representan el 64% de todo el gasto público en España.

A los desafíos actuales del Estado del bienestar se suma el reto demográfico por el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad, que va a provocar que “en 2033 más del 25% de la población será mayor de 65 años”.

Por ello, entre los diez principales asuntos sobre los que se debatirá en el I Encuentro de la Sociedad Civil están el reto global económico y demográfico, reto de mejora del modelo estructural del Estado del bienestar, reto del modelo, finalidad educativa y asignaturas, reto de carrera docente y evaluación del sistema educativo, reto de la prevención y la investigación, Reto sociosanitario y Ley estatal de servicios sociales, reto de la mejora estructural del sistema de pensiones y del proceso de jubilación, reto de la sostenibilidad y equidad en pensiones, reto de corresponsabilidad de la Sociedad civil con las políticas públicas de Estado, y reto del diálogo civil y político a medio y largo plazo.

En las mesas de diálogo de este I Encuentro de la Sociedad Civil intervendrán el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos¸ la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Sociedad Civil por el Debate, Centro de Estudios Avanzados de familia y discapacidad, Consejo General de la Educación Física y Deportiva, Consejo de Educadores y Educadoras Sociales, Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, Asociación de Colegios Privados e Independientes, Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, Consejo general de la Psicología de España, Confederación Alzheimer España, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, Unión Profesional, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el sindicato de profesores ANPE, la Conferencia de Decanos de Terapia ocupacional y la Unión Democrática de Pensionistas.

Además, el evento contará también con la participación y difusión de medios de comunicación como la agencia de noticias Servimedia, el grupo Corresponsables y el canal Salud de la Agencia EFE.

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Fundación ONCE celebra por primera vez su Congreso Internacional sobre ‘Universidad y Discapacidad’ fuera de Madrid. Según ha anunciado la entidad, la quinta edición del encuentro tendrá lugar en Salamanca los días 18, 19 y 20 de noviembre.

Para definir los temas, contenido y formato del V Congreso Internacional ‘Universidad y Discapacidad’, tuvo lugar este lunes en la sede de Fundación ONCE la primera reunión del Comité Científico del encuentro. En ella, los asistentes empezaron a abordar la propuesta final para el título de esta quinta edición, que tiene como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde esta perspectiva, el objetivo central de la quinta edición del congreso es abrir un debate de propuestas e ideas sobre cuáles son los mejores caminos para lograr una educación universitaria inclusiva en el marco de los ODS y Agenda 2030, sobre todo tomando en consideración las metas respecto al acceso igualitario y eliminación de disparidades que supone construir y adecuar entornos accesibles, diversos e inclusivos.

Del mismo modo, el encuentro pretende también conocer y debatir los últimos modelos de innovación educativa inclusiva y de calidad a nivel universitario, así como exponer experiencias y buenas prácticas internacionales en materia de inclusión. Al mismo tiempo, servirá para conocer los estudios y las investigaciones más recientes y relevantes sobre el acceso y derecho a la educación en términos inclusivos.

Para Fundación ONCE, este congreso “es una puesta en común de ideas, buenas prácticas y debates en torno a la educación inclusiva y de calidad en la universidad, pretendiendo tejer redes, compartir buenas prácticas y avanzar hacia una sociedad igualitaria y con justicia social para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad”.

Expertos internacionales, académicos, personal investigador, generadores de políticas públicas y estudiantes con discapacidad invitarán a pensar, en términos inclusivos, cuál es el mejor camino para conseguir las metas que los ODS y la Agenda 2030 indican.

El V Congreso pondrá el foco del debate en el ODS 4 (referido a educación de calidad), cuyas metas buscan asegurar el acceso igualitario a la educación y aportar visibilidad y especificidad a las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Cuenta con el respaldo y la colaboración en la organización de los Ministerios de Educación, Universidades y Ciencia e Innovación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), CRUE, CERMI y la colaboración económica, entre otras, de Fundación Vodafone y Fundación Universia.

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