La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha pedido este jueves calma sobre las automuestras de PCR sobre coronavirus que se van a solicitar a alumnos de la ESO tras un positivo en el grupo, y ha pedido al resto de fuerzas no discrepar: "Si se propone esto por parte de las autoridades de salud pública es porque se puede hacer".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament, en respuesta a una interpelación del diputado Santi Rodríguez (PP), que ha criticado la iniciativa de llevar a cabo automuestras de PCR en los centros de Secundaria: "Yo creo que esto no es serio".

Vergés ha asegurado que antes de dar inicio a estas automuestras se irá presencialmente a los centros para resolver todas las dudas sobre la metodología: "En ningún momento se ha dicho que se fuera a dejar solos a los docentes y alumnos con las muestras".

Para Rodríguez, esto es una "prueba de que no se ha resuelto el problema de los profesionales", a lo que la consellera ha recordado que el Govern ha incorporado desde marzo hasta septiembre --con motivo del Covid-19-- a 3.258 profesionales sanitarios para la atención primaria.

Aun así, Vergés defiende fortalecer y transformar la atención primaria e incorporar las herramientas telemáticas para que los CAP asuman una función más resolutiva: "Es el momento de reorganizar los equipos de atención primaria".

Santi Rodríguez ha puesto en duda la utilidad de la atención telefónica para la gente mayor: cree que es insuficiente y que la atención domiciliaria sería una buena alternativa, "pero tampoco está en sus mejores momentos por la pandemia.

SALUD MENTAL

En otra interpelación sobre salud mental, la consellera ha asegurado que en pocas semanas el Govern tendrá el Plan de Prevención del Suicidio --"al que este Parlament se comprometió"-- y ha destacado su importancia porque, a su juicio, la pandemia está afectando emocionalmente a la ciudadanía y aumenta el riesgo de desarrollar patologías mentales.

Lo ha dicho en respuesta a la interpelación de la diputada de Cs Blanca Victoria Navarro, que ha reprochado al Govern que no se haya desarrollado aún este plan: "Es un acuerdo al que se llegó el año pasado y no se ha cumplido. Están convirtiendo esta cámara en un escenario de palabras vacías".

Vergés ha respondido que para el Govern la salud mental es una prioridad en estos momentos, no solo mejorando la accesibilidad del abordaje actual de los casos, sino también de cara al futuro: "Tendremos mucha más casuística de patología mental, sea por la pandemia o no, y tenemos que estar preparados".

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un "orwelliano Ministerio de la Verdad" con su plan contra la desinformación y las 'fake news', y ha recalcado que se trata de un "ataque intolerable" a la democracia. Dicho esto, ha avisado al Ejecutivo que "si no rectifica" su partido recurrirá a Europa.

El PP ha exigido la retirada de esa orden ministerial, que aprueba un procedimiento de actuación contra las 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación. Además, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los 'populares', es un "escándalo".

La citada orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

CASADO: "UNA ORDEN PARA VIGILAR A LOS MEDIOS"

El presidente de los 'populares' ha afirmado que lo que ha aprobado el Gobierno es una orden para "vigilar" a los medios y "perseguir" lo que, a su entender, el gabinete de Sánchez "considere desinformación".

"Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano 'Ministerio de la Verdad'. Un ataque intolerable a la democracia", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En este punto, el jefe del primer partido de la oposición ha exigido explicaciones al Gobierno en el Parlamento sobre este plan contra la desinformación. "Y si no rectifican recurriremos a Europa", ha advertido.

EGEA: "EL GOBIERNO DE LA MENTIRA QUIERE PERSEGUIR NOTICIAS FALSAS"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también se ha mostrado crítico con esa orden ministerial: "El Gobierno de la mentira quiere perseguir las noticias falsas...", ha enfatizado.

También se ha pronunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quién ha asegurado que con esta orden el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera".

"¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá enfrente al PP en defensa de la libertad de información", ha avisado Montesinos, que ha solicitado al Ejecutivo que retire esa orden ministerial que ha aprobado por la "puerta de atrás" y se siente con las asociaciones de periodistas y los profesionales de los medios.

COMPARECENCIA DE CALVO E IVÁN REDONDO

El Grupo Popular ha registrado ya la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno y de Iván Redondo para que ofrezcan explicaciones en sede parlamentaria sobre este plan, que considera un "escándalo".

En su escrito, que ha recogido Europa Press, el PP reclama que Carmen Calvo acuda a la Comisión Constitucional del Congreso para explicar "el contenido de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional".

Además, solicita la comparecencia del director de gabinete de la Presidencia para informar de ese mismo plan, pero en el seno de la Comisión para la auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas institucionales y legales.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) calcula, en una primera valoración de urgencia, que la gota fría ha causado en sus primeras 24 horas daños de gravedad en una superficie superior a 800 hectáreas de cultivo en la Comunitat, así como destrozos en infraestructuras agrarias.

La zona más afectada por el temporal de agua, viento y pedrisco es el triángulo formado por Sollana, Almussafes y Benifaió (entre las comarcas de La Ribera Baixa y Alta de Valencia), donde hay campos de caquis, hortalizas y cítricos con un grado de afección que alcanza hasta el 100% de la cosecha.

Este fenómeno, que llega en plena campaña de recolección, da por perdida la temporada para los agricultores más afectados, alerta la organización agraria en un comunicado.

Otro punto castigado por la tormenta es El Perelló (en el término valenciano de Sueca), cuyos invernaderos han sufrido la rotura de plásticos y mantienen hortalizas de temporada totalmente cubiertas por el nivel del agua. Estos daños se suman a los de la DANA de septiembre de 2019 y el temporal 'Gloria' el pasado mes de enero.

La acumulación de precipitaciones en pocas horas de la madrugada también ha ocasionado inundaciones en otras explotaciones, arrastres de tierras y desperfectos en infraestructuras agrarias como caminos rurales, muros, acequias y motas de arroz en el Parque Natural de La Albufera de València.

Precisamente, este exceso de humedad durante varios días concluye "definitivamente" las quemas de la paja del arroz, si bien los testimonios recabados por AVA prevén que no se producirán aguas negras y mortandad de peces debido a las prácticas preventivas realizadas por los arroceros.

Los agricultores reclaman así a Agroseguro que agilice las peritaciones cuando finalice la gota fría y se puedan evaluar los siniestros. También solicitan a las administraciones que establezcan líneas de ayudas y medidas fiscales dirigidas a que más pérdidas han sufrido.

RECARGA DE ACUÍFEROS

Por contra, la gota fría tiene unos efectos beneficiosos para la agricultura en los lugares donde la lluvia cae de una forma más gradual y permite una correcta absorción en el suelo, ya que recarga los acuíferos tras meses de sequía, limpia los árboles y mejora la calidad de los frutos, principalmente cítricos tardíos y aceitunas pendientes de recogida.

La organización Human Right Watch (HRW) ha alertado este jueves de los altos niveles de violencia y acoso escolar que sufren las niñas y niños con discapacidades, menores refugiados y los estudiantes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se celebra este jueves 5 de noviembre.

La organización ha realizado una investigación sobre las barreras a la educación en más de 15 países que reveló que los niños, niñas y los jóvenes experimentan muchas formas de violencia de género en el ámbito escolar. Según la entidad, los estudiantes a menudo reportan castigos corporales, explotación sexual, abuso y acoso, violencia física e intimidación y los docentes y funcionarios escolares, así como otros estudiantes, son con frecuencia responsables de estos abusos.

Asimismo, según HRW muchos gobiernos todavía no prohíben el castigo corporal, y muchos están rezagados en la protección de los estudiantes contra la violencia sexual, el acoso escolar y la violencia en el ámbito educativo.

"Es indignante que los estudiantes de muchos países sufran violencia grave en la escuela que puede marcarles para el resto de sus vidas", dijo Elin Martínez, investigadora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch.

Ante estas situaciones, HRW reclama a los gobiernos adoptar con urgencia políticas nacionales vinculantes que garanticen la protección de los estudiantes en las escuelas y los espacios en línea.

Asimismo, aquellos que ya cuentan con políticas deben asegurarse de que "incluyan protecciones para los niños que son particularmente propensos a sufrir abusos, incluidas las niñas, los estudiantes LGBT y los menores con discapacidades".

En su opinión, las escuelas deben tener orientadores, maestros o funcionarios escolares accesibles y confidenciales que actúen como puntos focales de protección infantil y que estén disponibles para brindar apoyo inmediato a los estudiantes que están amenazados o han sido víctima de abuso.

Asimismo, consideran que las escuelas deberían conectarse con los centros de salud y protección infantil locales para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sean escuchados adecuadamente y remitidos a los servicios de salud y de salud sexual y reproductiva adecuados, entre ellos la anticoncepción de emergencia y el aborto cuando sea necesario.

HRW también cree que los gobiernos deben garantizar que las escuelas proporcionen educación sexual obligatoria, científicamente precisa y apropiada para la edad.

CCOO Y AMPE

Por su parte, CCOO ha propuesto una gestión eficaz del conflicto, una evaluación continuada del impacto de las medidas y los recursos, y la implicación del conjunto de la comunidad educativa para prevenir o abordar casos de acoso.

CCOO reclama la puesta en funcionamiento del Observatorio Estatalde la Convivencia, como el ámbito desde donde analizar y prevenir la violencia escolar y promover a través de acciones definidas una cultura de paz que debe tener el impacto preciso en el día a día de la actividad escolar.

Asimismo, ve necesaria una evaluación rigurosa y sistemática que permita conocer y generalizar las mejores prácticas en un tema tan complejo como es el de la convivencia. Esto exigirá, según el sindicato, una coordinación eficiente entre los distintos observatorios, central y autonómicos, así como con los municipios.

CCOO se suma a la reivindicación de aquellas iniciativas, como las recogidas en documento de trabajo realizado por la Universidad Complutense de Madrid, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la colaboración de algunas comunidades autónomas que inciden en las necesidades más urgentes a cubrir. Dentro de estas necesidades, incluyen más recursos humanos con capacidad para trabajar en la mejora de la convivencia; formación del profesorado sobre cómo mejorar la convivencia; equipos de medicación y resolución de conflictos a múltiples niveles; mayor coordinación entre equipos docentes, especialmente con los departamentos didácticos; y crear equipos de alumnos y alumnas a nivel de centro para mejorar la convivencia, así como el desarrollo de programas de prevención de la violencia y mejora de la convivencia.

Por su parte, el sindicato ANPE ha abogado por reforzar el compromiso de la comunidad educativa para erradicar el acoso escolar mediante nuevas estrategias que reduzcan el ciberacoso y el resto de situaciones violencia que se dan en las aulas.

Así lo ha indicado el sindicado en un comunicado, al tiempo que indica que siempre ha velado por un clima de trabajo en libertad y seguridad, especialmente este curso escolar, donde se alternan modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.

De esta manera, la organización ha resaltado que su compromiso no es solo contra cualquier tipo de violencia o acoso en las aulas, sino también contra el ciberacoso, como consecuencia del aumento de las relaciones a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales.

Por este motivo, ANPE ha relanzado en todo el Estado los decálogos del buen uso tanto de los grupos de WhatsApp, como del buen uso de las redes sociales en beneficio de toda la comunidad educativa, encaminado a fomentar el desarrollo integral de los alumnos en el respeto y buen uso de las nuevas tecnologías.

Además, ha emplazado a las autoridades educativas, instituciones y asociaciones a seguir trabajando y colaborando con los centros educativos para erradicar cualquier tipo de violencia, acoso y ciberacoso en las aulas y fuera de ellas.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han alertado de que la pandemia está desplazando el bullying de las aulas y los patios del colegio a los ordenadores y móviles del alumnado por lo que el sindicato cuenta con el Servicio CSIF Ayuda Profes, que ofrece asesoramiento y estrategias para ayudar a niños/as, docentes y familias contra el acoso escolar y ante situaciones de violencia. Desde el inicio de este curso, señala que se han recibido casi un centenar de consultas sobre cómo proceder ante este tipo de casos.

Por su parte, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han instado a tener en cuenta al alumnado con discapacidad en la elaboración y refuerzo de los protocolos de convivencia en el entorno escolar.

La escuela es el primer lugar de convivencia para una persona fuera del ámbito de la familia y, desde esta perspectiva, se hace imprescindible que el alumnado con discapacidad pueda recibir educación en los mismos espacios que el resto de los miembros de la familia humana, para compartir espacios y experiencias; construir afectos, y podamos aprender de todos", ha sostenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha valorado el trabajo realizado por la industria y la ciencia en conjunto para obtener una vacuna "segura y eficaz" contra la COVID-19, un "esfuerzo" del que ha considerado que el Grupo Zendal representa "un ejemplo claro".

Tras una visita en O Porriño (Pontevedra) a las instalaciones del grupo biotecnológico, que producirá la vacuna contra la COVID-19 de la multinacional Novavax para la Unión Europea, Salvador Illa ha destacado el trabajo que llevan a cabo "a contrarreloj" la industria y la ciencia para dar respuesta a la situación actual.

En este sentido, ha recalcado la importancia de que el país juegue un "papel" clave en la futura consecución de una vacuna contra el nuevo coronavirus, lo que representa "un reto" para Europa y España.

Después de acudir a las instalaciones del Grupo Zendal, ha conocido el método 'poooling' para detectar casos de COVID-19 llevado a cabo en el laboratorio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y ha valorado el "magnífico trabajo" del mismo.

En el marco de su visita al hospital, el ministro ha estado acompañado por el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, quien le ha trasladado detalles del proceso que estos días recibe el segundo grupo de muestras de trabajadores de residencias sociosanitarias.

En concreto, el conselleiro de Sanidade ha recordado que cada dos semanas se reciben 15.000 muestras que se procesan para garantizar que una residencia se encuentra libre de casos de COVID-19. En caso contrario, se detectan los prepositivos que se analizan en el laboratorio para frenar una cadena de transmisión.

"CONVIVIR CON EL VIRUS"

En otro orden de cosas, Salvador Illa ha apuntado que se ha previsto que el estado de alarma permanezca vigente hasta el próximo mes de mayo, cuando se espera que se alcance "un nivel de vacunación aceptable" en la población, por lo que, durante ese tiempo, será preciso "convivir con el virus". Así, ha resaltado que España se encuentra ante "una situación preocupante" y, en este contexto, ha recalcado la importancia de dar cumplimiento a las medidas establecidas.

En esta línea, ha abogado por evaluar los resultados de las restricciones adoptadas tras dos o tres semanas de su entrada en vigor. "Hay casos concretos de otros territorios que, cuando se ha hecho así, hemos visto como la situación se estabiliza en la primera parte y, en segundo lugar, desciende", ha asegurado.

De este modo, ha destacado la capacidad de las administraciones locales para combatir el avance de la pandemia dado que pueden conocer la situación "en cada calle" y "cada "plaza", lo que resulta "muy importante a la hora de reconocer la efectividad de las medidas" aplicadas. Así, ha resaltado la importancia de que la lucha contra la COVID-19 se lleve a cabo "en colaboración con las comunidades autónomas y el Gobierno de España".

Por otra parte, preguntado por los medios, el ministro de Sanidad ha remarcado que el porcentaje de vacunación contra la gripe se ha incrementado en un 30% respecto al año anterior. Así, ha recordado que, además de las adquisiciones realizadas por las comunidades autónomas, el Gobierno de España compró cinco millones de dosis de tres tipos vacunas contra la gripe en mayo.

A este respecto, ha afirmado que el Ejecutivo central "se anticipó" en su adquisición debido la saturación y que, posteriormente, comenzó a distribuir las dosis "para completar y reforzar" el trabajo hecho por las comunidades autónomas. Así, ha explicado que, en este momento, se reparten las últimas vacunas.

Un total de 1.700 estudiantes y 275 docentes extremeños han dado positivo en coronavirus desde el pasado 1 de septiembre según datos acumulados.

En estos momentos, si se tiene en cuenta el tiempo de incubación y de activación del virus, hay 570 estudiantes y 80 docentes pasando la enfermedad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, y en las últimas horas, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación el inicio de la cuarentena de 16 aulas de 15 centros educativos de la región por casos confirmados de Covid-19 bien entre su alumnado o bien entre su profesorado.

Se trata de una clase del CEIP Ciudad de Mérida y de un aula del CEIP Federico García Lorca, ambos de la capital autonómica; un grupo del IES Alba Plata, de Fuente de Cantos; un aula del CEIP El Rodeo, de Jerez de los Caballeros; una clase del CEIP José Virel, de La Albuera; y un aula del CEIP Juan XXIII, de Zafra.

También una clase del CEIP El Brocense, de Brozas; un grupo del CEIP San Fernando, de Badajoz; un aula del CEIP Alfonso VIII, de Plasencia; una clase del CEIP San Esteban, de Puebla del Prior; un aula del CEIP Maestro Pedro Vera, de Oliva de la Frontera; un grupo del IES Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona; dos clases del CEIP Luis Chamizo, de Zahínos; un aula del CEIP Pío XII, de Don Álvaro; y un grupo del IES Valle de Ambroz, de Hervás.

Además, aunque sólo tiene un caso positivo, debido al contacto estrecho entre el alumnado de las dos aulas del CEIP Nuestra Señora de la Candelaria, de Fresnedoso de Ibor, con 20 alumnos matriculados, se ha cerrado preventivamente a la enseñanza presencial.

Ahora estas aulas y este centro seguirán el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera telemática, ha apuntado el Ejecutivo regional.

Las aulas que abandonan este modelo para volver a las clases presenciales son 11 aulas de siete centros educativos extremeños. En concreto, un grupo del Colegio La Asunción-Josefinas-, de Cáceres; un aula del CRA Tras la Sierra, de El Torno; y una clase del IESO Cáparra, de Zarza de Granadilla.

Así como un aula del CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres; cinco grupos de la Escuela Infantil Joaquín Ballesteros, de Moraleja; una clase del CEIP José de Espronceda, de Almendralejo; y un aula del CEIP Maestro Pedro Vera, de Oliva de la Frontera.

Además, ya ha reabierto sus puertas el CEIP San Lorenzo, de Mata de Alcántara (7 estudiantes), cerrado preventivamente el pasado 26 de octubre.

De esta forma, teniendo esto en cuenta, hasta ahora hay 95 aulas en el modelo 3 de enseñanza a distancia en Extremadura.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha instado este jueves a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, y que refuerce las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil, en virtud de una iniciativa del PP-A.

Este punto ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox, mientras que el PSOE-A se ha abstenido y Adelante Andalucía y los ocho diputados no adscritos que pertenecían a ese grupo han votado en contra.

El Parlamento ha expresado, con los votos de PP-A, Cs, PSOE-A y Vox, mientras que Adelante y los diputados no adscritos han votado en contra, su "firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas", un compromiso que es compatible "con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentren en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda".

Se ha instado también a la Junta, en virtud de una enmienda de Cs, a potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de sus competencias, que suponga en su caso la anticipación de éstos ante situaciones de ocupación ilegal que atenten contra la seguridad y convivencia ciudadanas.

Asimismo, otra demanda al Ejecutivo andaluz, de acuerdo con una enmienda de Vox, consiste en que cumpla los compromisos adquiridos y ponga en marcha antes de la aprobación del Presupuesto andaluz para 2021 un programa de apoyo a los propietarios de vivienda de titularidad propia que sean objeto de ocupación ilegal, donde se les informe de los derechos que les asisten, posibilidades y organismos de reclamación, trámites jurídicos y judiciales, así como a dar el asesoramiento legal a fin de lograr que las personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas no puedan acceder a ayudas o subvenciones públicas.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A José Ramón Carmona ha indicado que con esta iniciativa se está poniendo de manifiesto que hay andaluces, gente honrada, que se encuentran desprotegidos al ver que se están vunerando sus derechos cuando se ocupan sus viviendas de manera ilegal. Ha dicho que este es un debate que va más allá de ideologías, porque se trata de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Ha añadido que los datos evidencian que la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de España, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.

Ha expuesto que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

Según ha explicado, en los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

No obstante, ha considerado que a la vista de como está creciendo el problema en este momento, es necesario "reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio".

ALARMA SOCIAL

Por su parte, el diputado del PSOE-A Javier Fernández ha mostrado su preocupación por que en los últimos meses, con la mediatización de ciertos casos, con el problema de la ocupación ilegal se esté generando una "alarma social" y se esté contribuyendo a crear un clima "de miedo" que no se corresponde directamente con un incremento de los casos denunciados ni con la realidad de este problema en todo el país. Ha indicado que el Gobierno central no va a caer en la "inacción" ante el problema de la ocupación y ya se están empezando a adoptar medidas desde la Fiscalía General del Estado, mientras que también tiene como una prioridad fomentar el acceso de colectivos vulnerables o de los más jóvenes a una vivienda digna, a través de planes nacionales de vivienda.

El diputado de Ciudadanos Francisco Carrillo ha considerado pertinente esta proposicion no de ley del PP-A, porque hoy hay muchos españoles que se sienten desamparados ante una justicia lenta y ante esa impunidad de los delincuentes que se meten en casas ajenas a ocuparlas, y provocan que esa vivienda además sea objeto de conficto. En su opinión, es compatible proteger a los colectivos más vulnerables que han sido víctimas de ejecuciones hipotecarias o de desahucios con perseguir a aquellos que ocupan de manera ilegal una vivienda. Ha señalado que Andalucía es la segunda comunidad de España con más ocupaciones ilegales y hay que luchar contra ello.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que la ocupación de viviendas se tiene que tipificar como un delito y "echar al ocupa de forma inmediata". Ha dicho que el fondo del problema no es otro que se tiene que garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y ha indicado que no atajar este problema desde hace años desde las administraciones ha llevado a que hoy tengamos alarmantes cifras de ocupación. Ha indicado que la iniciativa popular, en términos generales, es "aceptable", aunque ha puesto matices a algunos puntos que parecen más bien "mera propaganda" y un "postureo".

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha advertido de que el tema de la ocupación hay que abordarlo desde un punto de vista "serio y no se pueden contar medias verdades ni mentir ni utilizar este problema", que es cierto que existe, para traer "falsos debates". Ha dicho que aquí hay un "conflicto de intereses, entre los que defienden los intereses del capital y los que defienden el derecho constitucional a la vivienda" de las clases trabajadores. Ha indicado que esta iniciativa del PP-A persigue crear "alarma social" sobre un problema que existe, pero que no tiene la proporción que se intenta trasladar a la ciudadanía.

La comunidad autónoma de Extremadura ha experimentado un nuevo incremento en el número de contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, en las que se han confirmado 485 positivos, con respecto al día anterior, cuando la cifra se situó en 415.

En cuanto a los fallecidos, se han producido ocho en la última jornada en la comunidad, seis menos que el miércoles, y también ha descendido ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad, que ascienden a 386, dos menos. Sin embargo, hay tres pacientes más en las UCI, hasta un total de 38. Además, se han dado 173 altas, lo que eleva la cifra global a 14.453 pacientes curados.

Con estos últimos fallecimientos, la comunidad alcanza la cifra de 780 víctimas mortales provocadas por la pandemia de Covid-19 desde su inicio. Tres de ellos pertenecen al Área de Salud de Badajoz, todos ellos varones. Se trata de dos vecinos de Alconchel de 92 y 87 años y un varón de 70 de Olivenza.

El Área de Salud de Llerena-Zafra comunica un fallecido, una mujer de 84 años de Fuente de Cantos, y la de Plasencia registra dos fallecidos, un varón de 89 años de Zarza de Granadilla y una mujer de 97 años de Hervás. Finalmente, el Área de salud de Cáceres notifica dos fallecidos, un varón de 76 años de Puerto de Santa Cruz y un varón de 87 años de Cáceres.

En cuanto a los brotes, el balance de este jueves es positivo, en tanto que se comunican tres y se cierran ocho. Los tres nuevos se sitúan en Alcuéscar, con cinco positivos y cuatro contactos; Cáceres, con cuatro positivos y 13 contactos; y otros que se distribuye en dos localizaciones, Plasencia y Hernán Cortés, con tres positivos y contactos en estudio.

Los brotes que se cierran son dos de Cáceres; otro de Cáceres y Zarza de Montánchez; otro de Ceclavín; Puebla de Argeme; Moraleja; Zarza la Mayor y Jaraíz de la Vera.

En cuanto a la distribución de nuevos casos por áreas de salud, la de Badajoz notifica 150 casos confirmados y tiene 98 pacientes hospitalizados, 15 de ellos en UCI. Acumula 79 fallecidos y 3.081 altas.

La de Cáceres ha notificado 75 casos positivos y tiene 68 pacientes ingresados, de los que cinco están en UCI. Acumula 320 fallecidos y 3.044 altas. A su vez, la demarcación de Mérida registra 71 casos confirmados y tiene 94 personas hospitalizadas, de las que cinco están en UCI. Acumula 75 fallecidos y ha dado 2.005 altas.

En Don Benito-Villanueva de la Serena se notifican 17 casos positivos y hay 35 pacientes hospitalizadas, de los que seis están en UCI. Acumula 75 víctimas mortales y 2.047 pacientes curados.

Por su parte, Plasencia registra 43 casos positivos y tiene 48 pacientes hospitalizados, de los que siete están en UCI. Ha registrado un total de 97 fallecidos y ha dado 1.354 altas; mientras que en Navalmoral de la Mata se han notificado 37 casos confirmados. Tiene cuatro pacientes ingresados. Ha registrado 63 fallecidos y 1.168 altas.

Finalmente el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 86 casos positivos y tiene 36 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 37 fallecidos y ha dado 1.026 altas; y en Coria se han comunicado seis casos positivos y tiene tres pacientes hospitalizados. Un total de 34 personas han fallecido y se han dado 728 altas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, los centros comerciales, establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos desde las 00.00 horas del próximo viernes e inicialmente durante 14 días naturales.

Mañueco ha realizado este anuncio mediante una Declaración Institucional pronunciada tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario y de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos ante el incremento de casos de Covid-19 en la Comunidad.

Así, el presidente ha detallado que se cierra la actividad de hostelería y restauración, que únicamente podrá trabajar para dar servicio a domicilio, a lo que ha sumado el cierre de centros comerciales y establecimientos individuales de más de 2.500 metros cuadrados.

Del mismo modo, cierran también las instalaciones y centros deportivos y queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos. A estas medidas se suma la suspensión de visitas a los centros de ancianos y de protección de menores.

No obstante, permanecerá abierto el comercio minorista en todos los casos con medidas de higiene y seguridad.

Como ha explicado Fernández Mañueco todas estas medidas entrarán el vigor a las 00.00 horas del próximo viernes 6 de noviembre, ya que tienen que ser sometidas a una ratificación judicial y ha explicado que la competencia de las autonomías durante este Estado de Alarma no permite "ir más allá", por lo que ha exigido al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" y "decrete las medidas que requiera la situación".

El presidente ha defendido que desde la Comunidad se ha asumido en todo momento el liderazgo que "corresponde" desde la "planificación y la unidad" y con medidas basadas en las recomendaciones científicas del Comité de Expertos.

PRINCIPIO DE ACUERDO PARA EL PLAN DE CHOQUE

En este sentido, Fernández Mañueco ha pedido que no se "demonice" un sector como el hostelero y ya reclamado que se garanticen los apoyos a los sectores productivos afectados por el cierre con la extensión de los ERTEs y la aplicación de carencias en los créditos ICO.

El presidente ha anunciado que desde la Junta, por su parte, se espera cerrar cuanto en el seno del Diálogo Social las medidas de un Plan de Choque con 73 millones para el sector después de que este martes se haya alcanzado un principio de acuerdo que incluye el acceso a financiación con interés 0 y dos años de carencia.

Fernández Mañueco ha defendido que la hostelería ha cumplido con su "responsabilidad" en los últimos meses pero ha justificado la medida de cierre en la necesidad de limitar los contactos sociales, algo que ha extendido también al ámbito privado.

"Son medidas duras pero necesarias", ha defendido el presidente quien ha pedido trabajar para atajar la pandemia "todos juntos, concienciados y unidos".

En su Declaración Institucional Fernández Mañueco ha recordado que desde el principio de la pandemia se han adoptado decisiones "difíciles" pero "necesarias" con el fin de proteger la vida de las personas y con la unión de "política y ciencia" con las recomendaciones del Comité de Expertos.

Así, ha recordado que los datos son "alarmantes", ya que desde mediados del mes de octubre el número de ingresos, de contagios y defunciones "han crecido", lo que ha llevado a decretar un Estado de Alarma en el ámbito nacional.

La propagación de la Covid afecta a todo el territorio y con igual virulencia en zonas urbanas y rurales, estamos en nivel de riesgo máximo según los niveles acordados Consejo Interterritorial de Salud", ha manifestado Fernández Mañueco, quien ha hecho un llamamiento a la concienciación "social" y a la "responsabilidad individual", ya que "está en juego la vida de muchas personas.

Por último, en su intervención el presidente de la Junta ha recordado que en el ámbito sanitario el sistema en Castilla y León se ha reforzado con más test, más camas de UCI, más equipos de protección individual y respiradores. "Los profesionales se dejan la piel para proteger y atendernos con una presión nunca antes conocida Atención Primaria y centros hospitalarios", ha concluido.

El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este jueves que los migrantes llegados a al puerto de Arguineguín (Gran Canaria) están allí "el tiempo imprescindible" para que la Policía realice la reseña y que "puedan ser acogidos "por el sistema". Sin embargo, el PP le ha acusado de inacción en los últimos meses.

Los de Pablo Casado han preguntado a Pérez sobre esta situación, durante su comparecencia en la comisión del ramo del Senado. En concreto, el senado Asier Antona, ha preguntado al secretario de Estado cuáles eran las medidas previstas por el Ejecutivo para frenar la llegada de pateras a las costas canarias.

En su intervención, Antona ha reprochado al representante del Gobierno que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acuda este viernes al archipiélago, después de que en febrero prometiera actuar para paliar el problema.

Desde entonces, ha denunciado el 'popular', el desembarco de pateras ha crecido en Canarias hasta el 664%, con respecto a 2019, en los 10 primeros meses del año, en los que se han contabilizado más de 12.000 llegadas.

Además, le ha reprochado esta inacción cuando miles de inmigrantes, según ha indicado, están "tirados en el muelle de Arguineguín con altas temperaturas de calor y frío". "¿Este es el escudo social de la izquierda?", le ha preguntado, antes de acusarles de llevar a cabo una política migratoria "inhumana, desoladora e insostenible".

SOBRE EL PP: "NO HICIERON NADA"

Para el secretario de Estado, el PP está "en una posición difícil para hablar de política migratoria" porque, a su juicio, esta "llegó" con el nuevo Gobierno. "Las cifras no dejaban de incrementarse y no hicieron absolutamente nada", ha señalado.

En cuanto a la situación de los migrantes del puerto, ha declarado que se han implementado protocolos de Policía y de inmigrantes para garantizar "una llegada correcta" y ha insistido en que los agentes allí desplazados "hacen la reseña en los plazos establecidos". "Si están más tiempo del debidamente correspondiente no es porque estemos exigiendo, incluso con las llegadas que se pueden estar produciendo, mayores tiempos de reseña de estos migrantes".

Aún así, ha indicado que, "conscientes de que el lugar en el que se realizan estas reseña tiene que cumplir unas exigencias de dignidad" para migrantes y policías, están realizando "las inversiones pertinentes para mejorar las instalaciones" y están "en búsqueda de concretar un lugar adecuado" para realizar reseñas en un lugar "que no sea el muelle de Arguineguín".

Del mismo modo, Pérez ha defendido las "acciones concretas" llevadas a cabo desde el departamento que dirige Grande-Marlaska, como viajes a Mauritania y contactos con Senegal, desplazamientos de barcos de la Guardia Civil a la zona, contactos con FRONTEX o aviones para labores de prevención.

EL PP PIDE QUE MARLASKA NO HAGA "UN ESCRIVÁ"

A estas declaraciones el PP ha respondido mostrándole críticas a su labor del presidente socialista de Canarias, o del magistrado responsable de los CIE. También ha lamentado la actitud del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que, según ha explicado, visitó Canarias para decir que el problema migratorio 2era complejo" y hacerse una foto.

En este sentido, el senado ha pedido a Pérez que Grande-Marlaska no se haga "un Escrivá" este viernes y haga algo sobre este problema, como "levantar el campamento" de Arguineguín o "poner unos cuarteles" de la zona "a disposición" del sistema de acogida.

"Somos poco de foto", ha respondido el secretario de Estado, quien ha recordado al senador 'popular' que el ministro acude a Canarias con la comisaria europea de Interior, Yvla Jhansson. "Es implicación de la comisión europea, cosa que no hicieron nunca", ha insistido.

Los casos activos de coronavirus se han disparado un 40% en Palma en el último mes, un 61% en Ibiza y hasta un 253% en Manacor, los tres municipios que acumulan más contagios a fecha 4 de noviembre.

Así se desprende de un análisis de los datos por municipios que publica el Servicio balear de Epidemiología, recogidos por Europa Press. Palma (con 1.564 casos activos), Ibiza (327) y Manacor (265) suponen conjuntamente casi el 58% del total de casos activos en la Comunidad.

En los últimos tres días, Palma ha ganado diez casos activos, Ibiza 49 y Manacor 19. También han aumentado en los últimos días en Inca, que sin embargo se mantiene igual que hace un mes (111).

En el último mes, entre los municipios con más casos, los contagios activos han crecido en Marratxí (+57%, hasta 110 casos a 4 de noviembre), Calvià (+41%), Santa Eulària (donde se han duplicado y ya se supera el centenar), Sant Antoni de Portmany (+77%) y Llucmajor (+14%).

De entre los municipios con más casos activos, el único en el que han bajado en el último mes es Sóller (-27%), que actualmente tiene 72.

Actualmente hay ocho municipios sin ningún caso activo de COVID-19: Es Mercadal, Búger, Santa Eugènia, Es Migjorn Gran, Escorca, Estellencs, Petra y Fornalutx. De ellos, ni Petra ni Fornalutx han registrado un solo caso de coronavirus durante toda la pandemia.

Por Islas, Mallorca supera los 3.000 contagios activos (3.024), Ibiza se sitúa en 583, Menorca contabiliza 101 y Formentera, 16.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades destinará en 2021 1.516 millones de euros procedente de los Presupuestos de la Junta de Andalucía a financiar las universidades públicas andaluzas, una partida que supone un incremento del 3,37% -49,4 millones adicionales- con respecto a la consignación aprobada en las cuentas del presente ejercicio.

Así se lo ha trasladado Rogelio Velasco a los rectores andaluces, con quienes se ha reunido para avanzarles los recursos autonómicos con los que contarán el próximo año, así como las principales líneas de actuación que guiarán la política del Ejecutivo autonómico en esta materia, ha informado la Consejería por medio de una nota.

En su intervención, Velasco ha destacado que estos fondos constituyen la partida de mayor peso de la Consejería y ponen de manifiesto "el compromiso del Gobierno autonómico con la sostenibilidad del sistema público andaluz de universidades, al que se continuará reforzando teniendo en cuenta que desarrolla una actividad de alto interés para la comunidad y constituye la base del sistema andaluz del conocimiento".

De esa cuantía global, el grueso, equivalente a 1.379,3 millones, se corresponde con la financiación operativa, capítulo con el que se sufragan las actuaciones y servicios asociados al funcionamiento de estas instituciones educativas superiores.

A esta cuantía se suman otros 136,7 millones, que tendrán como destino la compensación de bonificaciones de matrículas por rendimiento académico, que para 2021 incrementa su asignación un 7,81%, con un total de 41,4 millones; y los PECAS (Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo universitarios), que contarán con 43,7 millones y no sufren variación.

También se nutren de ese montante las actividades de investigación (37,7 millones) y las dedicadas a inversiones (11,3 millones), que se mantienen en los mismos niveles en 2021. Asimismo, se incluyen los programas de excelencia para másteres (1,5 millones) y los consejos sociales de las universidades (1 millón).

Al margen de esta financiación, para el próximo año las universidades públicas andaluzas podrán continuar disponiendo de los fondos recogidos en el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, dotado con 165 millones de euros para el impulso o adecuación de infraestructuras.

Este plan incluye actuaciones de equipamiento, adecuación de edificios e instalaciones o implementación de iniciativas relacionadas con las TIC.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS

El consejero de Transformación Económica también ha expuesto las principales líneas estratégicas que guiarán el trabajo de su departamento el próximo ejercicio, poniendo el acento en la finalización del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, así como en el decreto de ordenación de las nuevas enseñanzas, "dos compromisos adquiridos que podrán ver la luz en 2021", según ha remarcado.

En lo que respecta al nuevo sistema de financiación, que busca asignar recursos de manera equitativa y fomentar la excelencia, la Consejería de Transformación Económica remitirá en breve a los rectores el nuevo borrador que recoge sus aportaciones para continuar trabajando en un documento que califica de "crucial" para el futuro de la enseñanza superior.

Sobre la ordenación de las nuevas titulaciones, se ultima el borrador del decreto con los nuevos criterios para su implantación, teniendo en cuenta que la nueva programación deberá responder a las necesidades socioeconómicas globales de la región haciendo un uso eficiente de los recursos.

En ambos casos, Velasco ha trasladado que avanzará en ambas líneas con el consenso con los rectores.

La dotación para universidades también contempla la puesta en marcha para el próximo curso académico, en coordinación con las universidades, de un programa de becas para movilidad en estudios de máster con un presupuesto de 1,5 millones.

Esta iniciativa estará destinada a estudiantes que, habiendo obtenido un alto rendimiento académico en los estudios de grado, se matriculen en másteres de excelencia impartidos por una universidad pública andaluza ubicada en un lugar distinto al de su domicilio familiar.

En 2021 se culminará el cumplimiento del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 2018 al contemplar el abono del último tramo del complemento autonómico y consolidar la dotación presupuestaria necesaria para atender la limitación de la dedicación docente máxima a 24 créditos. También el año próximo se abonarán los complementos retributivos derivados de los nuevos sexenios de transferencia concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha afirmado este jueves que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado "la necesidad de impulsar las políticas de juego responsable y seguro" para evitar ludopatías y prácticas adictivas o problemáticas del juego.

Así lo ha puesto de relieve Escudero durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de Diputados, para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 relacionados con su departamento.

En este sentido, el secretario general ha dicho que "la sobrexposicón de la población, especialmente de las personas más jóvenes, a la publicidad y el aumento de la cifra de nuevos jugadores 'online' durante las primeras semanas del Estado de Alarma han mostrado la necesidad de regular la publicidad del juego".

De este modo, ha subrayado la relevancia de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España.

A este respecto, ha argumentado que el sector del juego 'online' ha tenido un crecimiento acumulado del 300% en los últimos siete años, lo cual exige un "esfuerzo importante" para llevar a cabo las tareas de control del mercado. También ha destacado la futura aprobación de un real decreto de juego seguro.

Asimismo, ha detallado que la partida asignada a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en el proyecto de presupuestos para el año 2021 alcanza los 6,8 millones de euros, lo que supone un 7% más con respecto a su dotación anterior.

RETORNO SOCIAL Y EFECTO MULTIPLICADOR

En su intervención, el secretario general de Consumo y Juego ha defendido que "cada euro puesto" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el Ministerio de Consumo "produce un retorno social y un efecto multiplicador" en los derechos de los consumidores y en la promoción de un ocio y un consumo saludable.

Según ha destacado su departamento, Escudero ha afirmado que el Ministerio "quiere fomentar un modelo de consumo responsable, sostenible y garantista" para la ciudadanía en línea con estrategias de la Unión Europea y del Gobierno de España sobre sostenibilidad económica y medioambiental.

Para ello, ha pedido a los diputados el apoyo a las cuentas del Gobierno para "proteger los derechos de consumidores y usuarios, con especial intensidad en las personas y colectivos en situación o riesgo de vulnerabilidad".

"Es necesario articular, como se hace en estos Presupuestos, una visión general ambiciosa que garantice derechos en un contexto de incertidumbre, grandes transformaciones socioeconómicas y amenazas medioambientales", ha señalado Escudero.

En este contexto, ha aclarado que "la filosofía y el diseño" de los PGE para el Ministerio que dirige Alberto Garzón "están enfocados" a paliar los efectos que la pandemia ha producido en la sociedad y a "las enseñanzas" que se puedan extraer de ella. Así, ha dicho que el estado de alarma ha motivado "la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos de protección a los derechos de los consumidores".

Por otro lado, ha defendido que la pandemia ha mostrado "la fortaleza" del sistema de seguridad alimentaria español y ha puesto en valor el "ejemplar comportamiento" que todos los actores de la cadena alimentaria han tenido durante periodo de crisis sanitaria. "Eso nos obliga a un trabajo y un esfuerzo continuo de refuerzo de los mecanismos de control y seguridad de la cadena alimentaria, lo cual tiene su traducción presupuestaria", ha enfatizado.

Castilla y León contabiliza un total de 96.595 positivos por coronavirus, de ellos 1.355 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este jueves registran, asimismo, 35 fallecimientos en hospitales, mientras que el total en este ámbito es de 2.998 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.830, tras sumarse otras 190.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 745 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.549. De ellos, Ávila contabiliza 92, los mismos; Burgos, 45, cuatro menos; León, 21, dos menos; Palencia, 69, cinco menos; Salamanca, 97, tres más; Segovia, 87, siete más; Soria, 55, cinco más; Valladolid, 207, 19 más, y Zamora 72, cuatro menos que ayer.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 96.595 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.355 más. Según los datos de la Administración regional, 89.964 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 475 POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos, con 475 más y un total de 21.097; seguida de León con 171 y 15.478; Burgos con 184 y 15.351; Salamanca con 178 y un total de 15.081; Segovia con 84 nuevos y 7.086; Palencia con 111 y 6.452; Ávila con 58 y 5.808; Zamora con 72 y 5.694 y Soria con 22 nuevos y 4.548.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.998, 35 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 620 --once más--, le sigue Valladolid con 599 --cinco más--; a continuación figura Salamanca, con 518 --dos más--; Burgos, con 326 --seis más--; Segovia se sitúa en 241 --uno más--; Ávila registra 197 --dos más--, Zamora 198 --ocho más--, Soria 144 --uno más-- y Palencia suma tres más, hasta 155.

En el caso de las altas, un total de 13.830, se han computado 3.202 en Valladolid; 2.513 en León; en Salamanca 2.142; en Burgos 1.708; en Segovia 1.104; en Ávila 954; en Zamora 827; en Palencia, 706 y en Soria 584.

UN TOTAL DE 39 HOSPITALIZADOS MENOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.677 personas --39 menos--. Del total, 1.472 pacientes se encuentran en planta --46 menos-- y 205 en unidades de críticos --siete más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 65 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales más.

Así, se informa de 35 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos, 32 en los universitarios de Valladolid y Salamanca, 29 en el Complejo de Salamanca, 26 en el Complejo de León y en el Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, 21 en el Complejo de Palencia, nueve en el Complejo de Zamora, siete en el de Ávila, seis en el Hospital de El Bierzo y en el Complejo Asistencial de Segovia y cinco en el de Soria.

CATORCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.011 --14 más que en el último parte emitido este miércoles-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.906 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 14 más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, los mismos que en la jornada anterior.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.011 finados, 1.854 personas han perdido la vida en su residencia o centro, cuatro más que ayer, mientras que diez personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.157.

Un total de 66 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, tres más, y 1.765 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 128 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 260, de ellos 143 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 37 residentes, uno menos, mientras que suben a 828 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, 20 más.

Por otro lado, hay dos residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, cuatro menos, y 170 aislados de forma preventiva sin síntomas, 11 menos.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha explicado este jueves que la convocatoria para la mayor parte de ayudas al sector cultural se abrirá el 11 de noviembre, y ha subrayado que "en breve" comenzarán a hablar con las diferentes asociaciones para ver cómo retomar la actividad cultural, siempre dependiendo de la situación epidemiológica.

En rueda de prensa, la consellera ha dicho que la distribución de las ayudas --por un total de 17,2 millones-- para paliar los efectos del cierre de parte de la actividad cultural ha contado con la colaboración del sector, y ha señalado que la declaración de la cultura como bien esencial permitió "excepcionar" una parte.

El 11 de noviembre abrirá una línea de prestaciones directas a profesionales de la cultura --artísticos y técnicos--, dotada con 3,7 millones de euros, y con una ayuda de 750 euros para aquellas que hayan tenido un ingreso máximo de 18.555 euros entre enero y septiembre; otra de 4,7 millones de euros para gastos estructurales y de funcionamiento de empresas y entidades culturales; y una de 3,7 millones por la cancelación de espectáculos y actividades culturales.

A estas ayudas se suman una de 2,1 millones de euros para gastos de funcionamiento de equipamientos participados por la Generalitat, otra de 2 millones para asociaciones, entidades y federaciones sin ánimo de lucro --así como otra de 500.000 euros por cancelación de espectáculos y actividades de este tipo de entidades--, y otra de 500.000 euros de apoyo tecnológico para el conocimiento de la lengua, ya abiertas.

El secretario general de Cultura, Lluís Baulenas, ha asegurado que se tenía que "actuar con rapidez", y ha remarcado que estas ayudas son compatibles con otras que puedan ofrecer otras administraciones.

Ante las críticas de trabajadores de la cultura, Ponsa ha dicho que han visto que en ocasiones cuesta que la información llegue a todos los posibles beneficiarios, y ha remarcado que han puesto en marcha un buzón --Bústia Cultura-- para responder a las dudas que puedan surgir.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD

Preguntada por una posible reanudación de las actividades culturales, ha dicho que "en breve" comenzarán a hablar con el sector porque retomar la actividad no es tan sencillo y cada sector tiene sus características.

Ha dicho que un indicador sería que la velocidad de reproducción (rt) del coronavirus se mantuviera "sostenido" en esa cifra, ya que está muy relacionado con la ocupación de camas UCI y del número de casos diario.

"Se tiene que hacer bien" la reanudación de la actividad cultural, ha remarcado, y ha subrayado que cuando los datos sanitarios sean proclives, se hará enseguida.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha notificado al Ministerio de Sanidad 22 nuevos fallecimientos de casos COVID-19 registrados en la jornada de este miércoles. De esa cantidad, doce vivían en residencias de mayores.

Las personas fallecidas son once mujeres de 82, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 93, 94 y 95 años, y once hombres de 63, 65, 72, 75, 86, 87, 88, 88, 92, 93 y 95 años.

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha adelantado el dato de fallecidos a través de sus redes sociales, señalando que es la cifra más alta de muertes en el Principado desde el inicio de la pandemia.

"Tenemos que proteger a nuestros mayores. Por eso hemos adoptado decisiones tan restrictivas porque de ello depende salvar vidas", ha escrito el dirigente asturiano.

Además, la Consejería de Salud, dirigida por Pablo Fernández, ha notificado a Sanidad 16 nuevos brotes de coronavirus detectados en la última semana, con lo que los focos activos en Asturias se elevan a 33, que suman 531 casos.

Se han confirmado 429 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados este miércoles, una jornada en la que se produjeron 82 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 10 más en UCI.

Actualmente, hay 661 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19. Además, otras 115 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El número de altas hospitalarias se situó el miércoles en 96.

Canarias ha registrado un total de 17.946 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 159, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más en Gran Canaria que elevan a 292 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 5.128 se encuentran activos en las islas (-206).

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 38 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivo (las mismas que ayer), 181 se encuentran en planta hospitalaria (-10) y los 4.909 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 12.526, que implican 364 más que hace un día.

Actualmente, la incidencia del virus en Canarias es de 37,5 por 100.000 habitantes en los últimos siete días; mientras que en el periodo de 14 días esta incidencia es de 72,35.

Asimismo, hasta el momento se han realizado 503.832 test PCR en el archipiélago --3.966 en el último día-- de los que 22.634 han dado un resultado positivo, lo que implica el 4,49 por ciento de las pruebas hechas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.794 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+31), de los que 1.805 están activos (-97), 6.870 han superado la enfermedad y 119 han fallecido (+1).

Le sigue en número de casos Tenerife con 6.723 (+116), de los que 3.182 están activos (-117), 3.387 han recibido el alta médica y 154 perecieron.

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.286 casos (+2), de los que 70 son positivos activos, 1.207 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que registra 788 casos desde el inicio de la pandemia (+10), de los que 60 están activos, mientras que 725 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 196 casos, cuatro de ellos positivos activos, 186 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 93 casos, de los que seis siguen activos y 87 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene con 66 casos, de los que uno está activo y 64 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El Gobierno de Aragón ha emitido una normativa que posibilita el endurecimiento de medidas ya establecidas y su modulación en función de la evolución de la situación epidemiológica provocada por la COVID-19.

En concreto, se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), por un lado, un nuevo decreto-ley que modifica el decreto 7/2020 por el que se establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia; y, por otro, la orden que regula su puesta en marcha en las actuales circunstancias.

Además, el BOA también ha publicado este jueves el decreto por el que se mantienen las restricciones de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas hasta el 30 de noviembre.

Este decreto de medidas sitúa a Aragón en un nuevo nivel de alerta, denominado "tres agravado", que entrará en vigor este viernes. En este texto también se reconoce que la autoridad sanitaria tiene la capacidad de modular por tramos horarios estas limitaciones, con el objetivo de adecuar el nivel de intervención a las necesidades sanitarias del momento y de reducir lo máximo posible los impactos social y económico de las medidas adoptadas.

En este sentido se ha elaborado una orden publicada también hoy, en la que se establecen las nuevas medidas: Los servicios no esenciales pueden mantenerse abiertos con obligación de cierre a las 20.00 horas. Aquí se incluye la hostelería, que podrá mantener su actividad en terraza al 50%, y el comercio minorista. La actividad de comida para llevar podrá estar abierta hasta las 22.00 horas.

En cuanto a las actividades culturales, el horario máximo de comienzo del mismo deberá ser las 20.00 horas. Es decir, dichas actividades podrán acabar más tarde de ese horario, siempre y cuando tengan en cuenta la limitación horaria que sí existe para la movilidad y que está fijada a las 23.00 horas. Los establecimientos que quedan dentro de este punto son: teatros, auditorios, cines, salas de conferencias y exposiciones, museos y bibliotecas.

Las actividades deportivas en el interior quedan suspendidas. En el exterior, pondrán realizarse más allá de las 20.00 horas. Si la actividad no es individual será obligatorio el uso de mascarilla. Quedan excluidos de la norma los equipos de competiciones nacionales.Podrán mantener su actividad los alojamientos turísticos.

Los aforos para todas las actividades permitidas en este nivel serán los mismos que para el nivel tres ordinario.

De esta forma, se activa un nivel que, en última instancia y si la autoridad sanitaria lo considerara necesario, contempla la limitación total de los servicios no esenciales, así como de la actividad de los espectáculos públicos.

ACTIVIDAD ESENCIAL

En el decreto publicado este jueves se establecen cuáles son las actividades esenciales: Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad y productos higiénicos, incluida los mercados al aire libre y la venta no sedentaria.

Asimismo son actividades esenciales los establecimientos farmacéuticos, centros, establecimientos y servicios sanitarios, servicios sociales y socio sanitarios, parafarmacia y ópticas y productos ortopédicos, centros o clínicas veterinarias y alimentos para animales de compañía.

Los mercados ganaderos, servicios profesionales y financierosPrensa, librería y papelería, floristería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías y estaciones de inspección técnica de vehículos.

Igualmente, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, comercio por Internet, telefónico o correspondencia y servicios de entrega a domicilio tintorerías, lavanderías, peluquería y centros de estética.

CAMBIOS EN EL NIVEL 3 ORDINARIO

Además de incorporar un endurecimiento en el máximo nivel de alerta, el decreto incluye modificaciones en las medidas del nivel tres ordinario.

Así, se permite un aforo máximo del 50% en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de servicio y en polígonos industriales para el uso exclusivo por parte de los transportistas profesionales de mercancías y trabajadores desplazados de su domicilio habitual y de las empresas ubicadas en los mismos.

Permanecerán cerrados los salones recreativos, salones de juego, salas de bingo y casinos y, en general, los establecimientos de juegos y apuestas.

Cambia el aforo en los mercados que realizan su actividad en la vía pública: el número de puestos podrá ser del 100% pero el aforo de público no podrá superar de una persona por cada cinco metros cuadrados.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en que con las nuevas restricciones frente a la pandemia, como el cierre de la hostelería en 60 municipios, en principio durante un mes, se intenta "salvar" la campaña de Navidad. Pero ha advertido que, en todo caso, "no se puede garantizar nada" y las limitaciones podrían seguir si lo exije la situación epidemiológica.

"Si hay un momento álgido en la hostelería es en diciembre, y el momento más bajo en noviembre", ha argumentado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha explicado que, además de tratar bajar ya la presión asistencial y evitar un confinamiento domiciliario, se decidió cerrar ahora bares y restaurantes para tratar de reabrir en diciembre y que puedan mejorar su facturación.

En todo caso, preguntado acerca de si le preocupa que este mensaje pueda favorecer que los ciudadanos se relajen en diciembre y repunten los contagios, el presidente gallego ha esgrimido que las nuevas restricciones buscan lo contrario, que los gallegos "no se relajen". Además, ha subrayado que lo que se ha transmitido es que las medidas están "inicialmente previstas para cuatro semanas".

"Si van a durar más o no, no lo podemos saber ahora. Analizaremos semanal y quincenalmente como funcionan", ha advertido, antes de remarcar que los criterios clínicos que se manejan en la Comunidad serán "los mismos" este mes y el próximo.

Tras insistir en que no es "prudente" anticipar qué va a pasar en diciembre, ha esgrimido que ahora se urgieron las nuevas restricciones porque, entre otras cuestiones, en una quincena los casos activos se multiplicaron por dos. "Si eso se vuelve a repetir, es evidente que no vamos a poder bajar las restricciones", ha ejemplificado, en una intervención en la que ha apelado de nuevo a la responsabilidad de "todos".

¿CERRAR HASTA QUE HAYA VACUNA? "NO ME APUNTO A ESA PROPUESTA"

"¿Que se van a producir más contagios en Navidad? ¿Entonces, cuál es la propuesta? ¿Cerrar todo hasta que haya una vacuna? Yo no me apunto a esa propuesta", ha proclamado, a renglón seguido, para añadir que, a su juicio, la "proporcionalidad" es "un criterio básico entre sanidad, convivencia y economía.

En este punto, ha recordado que en los meses de verano "entraron 800.000 personas en Galicia" y en septiembre ya se registraron "dificultades" en España porque en el conjunto del país pudieron entrar visitantes "de cualquier lugar" a través de aeropuertos y otras vías "sin PCR".

Ha recordado que la Administración autonómica "avisó" de que esto ocurriría, pero también se ha mostrado convencido de que la población es cada día "más consciente" de la situación, por lo que, con las nuevas restricciones, "dolorosísimas para muchísimas familias" y en las que la hostelería "paga" la situación, tendrán un impacto favorable.

Dicho esto, sobre el turismo en Galicia, ha recordado que cualquier persona que visite la Comunidad tiene "la obligación de registrarse" y de cumplir las mismas normas que quienes residan en las localidades a las que se desplace.

En todo caso, ha remarcado que "una persona de cualquier lugar de España no puede venir a hacer turismo a ninguno de los ayuntamientos que están afectados por las restricciones", pero sí al resto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado 431 inspecciones en centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social desde que empezó la pandemia del coronavirus hasta la fecha, y de ellas, 388 corresponden a centros residenciales de personas mayores.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de las residencias de mayores en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La consejera ha explicado que el plan de inspección de Castilla-La Mancha tiene dos objetivos fundamentales, el primer lugar apoyar e informar a todos los centros residenciales, pero también controlar la gestión para el cumplimiento de las normas, algo que "es clave".

Este plan de inspección a lo largo de las dos olas de afectación del COVID ha pasado por tres fases, ha explicado. La primera fase con un plan de inspección COVID de mayo a junio. Durante esos meses se realizaron 264 inspecciones en las residencias de la región.

La segunda fase del plan ha sido desde julio hasta mediados de octubre y en este tiempo se han hecho 167 inspecciones dentro del plan normalizado anual. Y en este momento, ha señalado Sánchez-- están los dos planes vigentes de forma simultánea: el plan anual de inspección y el plan de inspección COVID.

El plan de inspección COVID en este momento se está dirigiendo prioritariamente a aquellas residencias que tiene algún caso positivo y a aquellas que no han tenido ningún caso positivo en la primera ola y que supone el mayor riesgo para esta segunda ola, ha apuntado.

AUDITORIA

La titular de Bienestar Social ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a garantizar el acuerdo de recuperación post COVID en los centros residenciales de la región, "en todos y cada uno de sus puntos". El primer punto de ese acuerdo --ha dicho-- está referido al plan de diagnóstico y auditoria del modelo residencial.

A ese respecto, ha aprovechado para anunciar que la auditoria referida a la primera ola de la pandemia en centros residenciales de Castilla-La Mancha está realizada y "en próximas fechas" estará a disposición de quien quiera consultarla.

También con relación al plan de diagnóstico, ha manifestado que se está realizando un estudio de todos los centros residenciales de la región para que pueda estar a disposición de quien quiera consultarlo.

Los demás puntos dentro del acuerdo político para la recuperación post COVID también están "muy avanzados", ha apuntado Sánchez, como el decreto de condiciones básicas para centros destinadas a personas mayores que tiene unas novedades importantes con relación a las ratios de personal. "En este momento se están valorando las ratios de personal y el diseño de infraestructuras de los centros sociosanitarios. Tenemos que ir transitando hacia espacios convivenciales muchos mas pequeños, y eso va a estar incluido dentro de ese decreto". También va a incorporar este decreto la aplicación de las normas de calidad UNE.

Asimismo, ha afirmado que este acuerdo de reconstrucción también incluye un punto relacionado con la concertación social. "A este respecto también estamos desarrollando una normativa que es un decreto de concierto social que será de aplicación ya el próximo año para las residencias de mayores concertadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha recalcado.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Carmen Clavo, ha ensalzado este jueves la figura y el pensamiento político y humanístico del expresidente de la II República española Manuel Azaña, citando algunas de sus frases como la que pedía a los ciudadanos que no se separaran de la política porque "es lo único que salvará a todos".

"La desmemoria no es una opción, no es una opción para la vida individual ni para la vida colectiva de un pueblo. España no es diferente a otros países con dificultades con su Historia. Recordar a Azaña es una gran obligación. La Historia no se elige, se acepta y con ella se acepta la dignidad de formar parte del presente", ha comenzado Calvo su discurso en el acto de conmemoración del LXXX aniversario de su fallecimiento, celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El acto, enmarcado dentro de la programación de las "XI Jornadas Azaña", organizadas por el Foro del Henares, con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la Fundación Francisco Largo Caballero, ha tenido lugar en el Salón de Plenos Municipal y contó con la participación de Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, además de la sobrina nieta del político, María José Navarro Azaña.

Allí la vicepresidenta ha recordado que el que fuera fundador de Izquierda Republicana, como indicó antes la académica Ángeles Egido, nació en Alcalá como otras grandes figuras que marcaron la Historia de España, un país "que lleva peleando más de 200 años por su modernidad y estar en Europa.

"Y ahí está la figura de Azaña, que tanto le debemos hoy y siempre. No ha tenido fecha de caducidad de su pensamiento. Hacía política desde los argumentos y reflexión profunda y por eso era creíble. Solo así se puede entregar la vida por una idea. Se puede morir por ideas, pero no matar por ellas", ha apostillado.

Según ha expuesto que Azaña entendió a este país "y su necesidad de modernidad absoluta, con esa fortaleza de carácter que le caracterizó". "Está al alcance de todos reivindicarlo y tenerlo en nuestras vidas. Una persona quien supo estar en su lugar, en la defensa del orden constitucional y de la democracia que nos abarca a todos, incluida a quien la combate.

Él lo hizo con profundidades insólitas en la política española. Desde la educación y de la cultura, porque solo desde las luces se puede ser ciudadano y convivir en paz. Incluso desde las extremas diferencias de las ideas con el otro", ha manifestado.

Carmen Calvo ha recordado que a Manuel Azaña le tocó convivir con otros intelectuales del momento como Giner de los Ríos, Clara Campoamor o Concepción Arenal y que también él "entendió la complejidad de un país" como España, ya que en sus tiempo en el cargo se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La ministra para la Memoria Democrática ha afirmado de quien fuera dos veces presidente del Gobierno de España que "nos traspasa en grandeza, coraje y altura", al tiempo que ha citado su frase de "No odiéis, no os separéis de la política porque es lo único que os salvará a todos".

"Nunca más el fascismo, nunca más la destrucción de la democracia. Los más jóvenes tienen que saber que la política es un desarrollo más noble de la personalidad y libertad, que hay que protegerla. Por eso Azaña, en su grandeza casi poética, reivindicó el perdón, incluso en su tragedia del exilio, con el otro grande con el que hizo tándem y del que nos sentimos orgullosos, Antonio Machado.

Para Carmen Calvo "no queda más que defender la democracia, ensancharla, protegerla, no tener miedo de sus novedades, pero siempre con respeto, paz, educación y cultura".

"El gran mensaje de la memoria democrática es que no perdamos el rumbo del presente, es una gran deuda en la que este gobierno no va a parar de trabajar. Hay que proteger el legado de Azaña. Nadie puede derrochar ese capital para el presente y futuro. Aquí la memoria no es pasado, es futuro para las generaciones más jóvenes. Azaña fue un gran español y patriota y aquí le rendimos el más profundo homenaje", ha terminado.

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno, que también firmó en el libro de honor del Ayuntamiento, ha elogiado el compromiso de la ciudad por acoger un acto que es "un deber, porque recordar a Manuel Azaña es una obligación".

RODRÍGUEZ PALACIOS: "AZAÑA ESTÁ EN LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS"

Por su parte, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha recordado a otros grandes personajes oriundos de la ciudad, como Miguel de Cervantes y el cardenal Cisneros, para luego centrarse en Manuel Azaña y agradecer al Gobierno de España que el homenaje en conmemoración del 80 aniversario de su fallecimiento comience en la localidad complutense.

"Azaña está en la política con mayúsculas. Su muerte prematura fue la muerte de la II República. Fue una persona apasionada, con discursos que hacían vibrar a personas con toda la ideología. Con él se cebaron en injurias, en sacar los pequeños errores personales, en hacer una crítica a todo. Esa política partidista y guerrillera que vale todo la sufrió Azaña, una de las personas más vilipendiada de esa época", ha esgrimido.

Rodríguez Palacios ha señalado que a pesar de que con la Guerra Civil se acabaron los sueños de la II República española, algunos de sus valores "siguen muy presentes, como la valoración de la cultura como motor que moderniza, vacuna, que impide la dictadura". También ha citado la libertad basada en la justicia social, la Sanidad pública o "la necesidad de una democracia amplia y profunda".

Azaña dijo que la patria es el otro, todos y cada uno de los que habitamos en este país que se llama España, que quiso mejorar y que se dejó su salud y su vida. Quiso diseñar un mejor futuro para esta sociedad", ha continuado el primer edil alcalaíno.

Por todo ello, se ha sumado a la necesidad de establecer una fundación o a cualquier proyecto que recuerde a la figura y el pensamiento de Manuel Azaña, un "foro de diálogo" en el que Alcalá de Henares "juegue el papel de ciudad abierta al mundo, que siga la estela de grandes hombres y mujeres que queremos reivindicar como ciudad que mira hacia al futuro".

El primer edil complutense ensalzó la figura de Manuel Azaña, "un apasionado por la palabra", y reivindicó la necesidad de "recordar la historia con actos como el de hoy". "Los valores de la democracia son patrimonio de quienes quieran sumarse a ese proyecto. Tenemos mucho que aprender de su figura no para celebrar un pasado, sino para diseñar un mejor futuro para nuestra sociedad", ha concluido.

Los tres parlamentarios nacionales del PP Teruel, Alberto Herrero, Manuel Blasco y Carmen Pobo, se han mostrado este jueves "desengañados y decepcionados" tras analizar con detalle el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Acompañados por el presidente del PP turolense, Joaquín Juste, y por el secretario general, Jesús Fuertes, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer un análisis pormenorizado de las principales partidas previstas por el Gobierno central para el 2021 en la provincia.

En ese sentido, Herrero se ha mostrado muy crítico con las cuentas por su ínfima dotación en proyectos esenciales para el territorio como es la carretera N-330, la A-68, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o las variantes en diferentes municipios del territorio.

"Son los Presupuestos de la pedrea porque recogen cuantías mínimas para las infraestructuras turolenses", ha recalcado muy gráficamente, al tiempo que ha criticado el apoyo de Teruel Existe a este Gobierno y a las cuentas de 2020, evidenciando que "nunca un voto afirmativo ha sido más inútil y ha valido tan poco para la provincia".

Especial énfasis ha puesto para ejemplificar esa valoración en la consignación presupuestaria para la N-330 y también para la A-68. Con relación a la primera, ha lamentado que, a pesar de que ya existían partidas en las cuentas de 2018 para su rehabilitación en el primer tramo, "no se ha desarrollado nada y en estos Presupuestos no se incluye partida alguna".

Con relación a la autovía, ha puesto de relieve que todas las partidas que afectan a la provincia cuentan con cantidades "muy reducidas", lo que le ha llevado a declarar que "no podemos entender ese hecho ni tampoco que intenten engañarnos porque los plurianuales posteriores demuestran que no hay interés de construirla a corto plazo".

También ha evidenciado esa realidad que se vive con las variantes en municipios como Calanda, La Mata de los Olmos, Montalbán y Utrillas, sobre las que "contemplan partidas irrisorias que nos dan a entender que no se van a desarrollar", situación contraria a la que se vive con la de Alcorisa o el pantano de Santolea, que según las palabras del diputado calandino "se están ejecutando porque proceden del Presupuesto del 2018 del Partido Popular".

En materia ferroviaria ha subrayado a su vez que "apenas hay nada" con relación al Corredor Cantábrico-Mediterráneo y, en lo que concierne a las obras de la línea convencional, ADIF "da continuidad a lo que el Partido Popular dejó consignado".

Un hecho que no ve Herrero en materia de extensión de banda ancha, debido a que "no se ha desarrollado nada a pesar de que es tan necesario en la actualidad"; en el apoyo a los municipios afectados por el cierre de la Central, ya que "no hay todavía ningún compromiso firme para la instalación de ningún proyecto," y tampoco con el Fondo de Inversiones de Teruel, con el retraso en la firma del de 2020 y con la publicación de las bases de 2019.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Muy crítico se ha mostrado también el senador turolense, Manuel Blasco, quien ha lamentado que "mientras todos los gobiernos de Europa están bajando los impuestos, en nuestro país se está haciendo completamente lo contrario. "Con la excusa de que lo hacen a los ricos están ocultando la realidad de estos Presupuestos", ha complementado.

Al respecto de ello ha justificado esa valoración con el incremento de los impuestos a los seguros de coche y hogar, al diésel y a las aportaciones a planes de pensiones. "Supone un incremento del 6 al 8 por ciento en el primero de los casos, de 2,3 euros cada vez que llenemos el depósito de nuestro vehículo y de hasta 2.000 euros en la declaración de la renta por la anulación de las desgravaciones en los planes de pensiones", ha concretado.

Y mientras el Gobierno central se sube los sueldos por segunda vez en 2020 y no paran de colocar a gente", ha incidido el senador turolense, que ha valorado estas cuentas como "malas para los ciudadanos" porque "muchos van a perder el empleo, otros muchos verán congelado su sueldo y no aportan nada nuevo a la provincia de Teruel.

VOTO AFIRMATIVO "MUY BARATO"

"Nos ha defraudado que el voto de Teruel Existe haya salido muy barato al Gobierno", ha complementado la senadora Carmen Pobo. "Se jactan de que mantienen muchas reuniones con ministros y directores generales, pero con este Presupuesto vemos que se les han reído y les han tomado el pelo a ellos y también a los turolenses que confiaron en su trabajo", ha añadido.

Pobo ha advertido de que el voto afirmativo a estos Presupuestos supondrá "una subida del sueldo a los miembros del Gobierno, a los más de 800 asesores que han nombrado y también un incremento de impuestos que afectan a todos los españoles y turolenses".

Y ha puesto el foco en los representantes socialistas en la provincia de Teruel, de los que "esperaba que su impulso fuera más importante". Ha advertido a su vez que el hecho de que tanto el PSOE como Teruel Existe planteen enmiendas a estas cuentas "dejan claro que son muy mejorables".

La vicepresidenta Carmen Calvo ha admitido que el Gobierno "ha llegado a entender" que la opción de la Comunidad de Madrid de plantearse cierres perimetrales sólo en los puentes de noviembre era una medida "adecuada", a la vez que ha dicho percibir un "giro" del PP a la "moderación" y a la "institucionalidad" a la vista de que Pablo Casado abra la puerta a un eventual confinamiento domiciliario en caso de que el coronavirus esté "absolutamente descontrolado" en un área.

"Siempre va a ser bien recibido cualquier giro del PP a la moderación y a la institucionalidad de las que ellos solos se apartaron durante tanto tiempo, incomprensiblemente", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares (Madrid).

En todo caso, ha destacado que el lugar donde tiene que producirse los debates en torno a la evolución de la segunda ola del coronavirus es el Consejo Interterritorial de Salud, donde ha recordado que este miércoles el Ejecutivo y todas las comunidades autónomas acordaron por unanimidad mantener los plazos establecidos en el decreto del segundo estado de alarma y aplazar las nuevas medidas a adoptar.

La 'número dos' del Ejecutivo sostiene que "todos" deben ser "muy prudentes" sobre los contenidos técnicos, médicos y científicos para trasladar a la población "la mayor tranquilidad y seguridad posibles".

Y, por eso, ha aplaudido que el PP haya abandonado la "radicalidad" y la "irresponsabilidad" que ejerció la semana pasada, cuando "incomprensiblemente" decidió abstenerse en el decreto del estado de alarma decidido por el Gobierno cuando se trata de un instrumento jurídico que da capacidad a las comunidades autónomas para proteger a la población de la crisis de salud que una pandemia trae consigo.

TAL VEZ ESTÁN EN EL CAMINO DE LA REFLEXIÓN

"La semana pasada el PP perdió a oportunidad de estar con el Gobierno pero tal vez esté en el camino de la reflexión", ha apuntado Calvo, no sin destacar que las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud se adoptan con "mucho más consenso y equilibrio" de lo que a veces el partido de Pablo Casado traslada al debate político.

Preguntada, en concreto, sobre si seguía pensando que la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cerrar Madrid los dos puentes de noviembre era una "ocurrencia", Calvo ha respondido que el Gobierno ha llegado a entender que esa opción puede ser "adecuada.

La vicepresidenta ha defendido que el Gobierno intenta hacer dos cosas "lo mejor posible", que es cumplir con el decreto del estado de alarma y "cogobernar" con las comunidades, que son las que tienen la competencia de Sanidad.

"Y fíjense hasta que punto somos corresponsables y comprensivos de las situaciones diferentes que se viven en diferentes puntos del país que hemos llegado a entender que la opción de cerrar los dos puentes puede ser adecuada para los objetivos que, desde el punto de vista sanitario, se trazara la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Calvo ha abundado que el Gobierno tiene la capacidad de entender y de buscar "lo único que importa, que es parar los contagios, evitar la crisis de salud, que los hospitales puedan dar respuesta y que nadie muera". Y eso, según ha concluido, está "por encima de todo".

ESPERA QUE TODOS CEDAN "UN POCO" CON LOS PGE

En su comparecencia ante los medios, a Calvo también se le ha preguntado por la ronda de contactos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han iniciado este jueves con los grupos parlamentarios dispuestos a apoyar los Presupuestos de 2021.

Contactos que la vicepresidenta ha enmarcado en la normalidad --"es lo que toca", ha dicho--, teniendo en cuenta que este viernes concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de unas cuentas públicas que son, ha dicho, las que España necesita ahora.

"Son unos Presupuestos de país", ha enfatizado la vicepresidenta, quien espera que los apoye "todo el mundo" que lo entienda así y quien ha apuntado que la intención del Gobierno es sentarse con "todos" para sacar adelante "los Presupuestos que España necesita más que nunca en 41 años". "A ver si todos somos capaces de entenderlo y capaces de ceder un poco para que salga ganando España", ha apostillado.

AZAÑA, "LA MEJOR MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA"

Calvo ha hecho estas declaraciones antes de participar del homenaje que el Ayuntamiento de esa localidad madrileña ha rendido al que fuera presidente de la II República Manuel Azaña en el 80 aniversario de su fallecimiento.

La vicepresidenta ha dicho que defender a Azaña es "defender la mejor memoria democrática de España" porque se trata de "uno de los grandes personajes patriotas" de este país que ahora "afortunadamente" vive como él quiso que viviera.

"Fue un auténtico ejemplo de todos los registros posibles de un gran ser humano, un gran intelectual, un gran político y alguien que estuvo a la altura de la exigencia de su país defendiendo la democracia hasta el final", ha resumido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que los responsables autonómicos deben pedir o impulsar la adopción de medidas para frenar la pandemia en sus territorios en función de la situación epidemiológica --en la pasada jornada reivindicó la "anticipación" tras anunciar el cierre de la hostelería en 60 municipios-- y ha argumentado: "Si no las adoptamos nosotros, no lo hace nadie".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado por el Consejo Interterritorial de Salud y el planteamiento de esperar "dos o tres semanas" antes de poner sobre la mesa confinamientos domiciliarios como han pedido algunos territorios de España.

En el caso de Galicia, Feijóo, quien ha recordado que se mantendrá el toque de queda desde las 23,00 a las 6,00 horas, también ha recalcado que las restricciones nuevas anunciadas este miércoles responden a la triple intención de bajar la presión asistencial en centros hospitalarios, de mayores y discapacitados, tratar de "salvar" la campaña de Navidad y evitar el confinamiento domiciliario.

Pero más allá, ha lamentado que las comunidades no dispongan de documentación previa a los consejos territorios y ha remarcado que estas reuniones tienen, en consecuencia, un carácter sobre todo deliberativo, pero se toman "pocos acuerdos".

Por ello, ha insistido en que las comunidades tienen que dar pasos adelante y tomar medidas de acuerdo con los criterios de salud pública, toda vez que en España, ha lamentado, "no hay un común denominador en muchísimas cosas.

RESTRICCIONES DIFERENCIADAS

En su intervención, preguntado por la confusión que puede generar en la ciudadanía que los ayuntamientos tengan distintas restricciones, ha defendido que no se pueden implantar limitaciones con la misma intensidad en municipios o territorios con una incidencia significativa de la covid-19 que en otros que están "limpios".

"En mi opinión, sería injusto", ha sentenciado y ha añadido que, si un municipio está "limpio" o tiene un nivel de incidencia "aceptable", no puede tener "las mismas restricciones" que otro muy afectado por la pandemia. "No creo que sea proporcional tratar lo que es desigual de forma igual", ha dicho.

TEST EN FARMACIAS Y VENTA ONLINE

Preguntado sobre la posibilidad de que las farmacias puedan poner a la venta test para diagnosticar el virus y la necesidad de regular la venta online, Feijóo ha replicado que, en relación a la primera cuestión, para pronunciarse de forma oficial precisaría una base clínica de la que aún no dispone, por lo que ha apelado a ajustarse a las pautas que determinen los expertos clínicos.

Eso sí, ha agradecido a las farmacias de Ourense el proyecto que se llevó a cabo con los test y que funcionó "bien".

Sobre la venta online sin prescripción, ha advertido que, tanto en el caso de los test como de medicamentos, hay un "problema mundial", ya que hay quien se aprovecha de la pandemia para sacar partido "especulativo", con productos "sin registros" ni "solvencia clínica". "Ese riesgo existe, el e personas que usan la pandemia sin criterio moral ni ético para enriquecerse de forma amoral", ha sentenciado.

La Asamblea de Extremadura, con los votos del PSOE y Unidas por Extremadura, ha rechazado una iniciativa de Ciudadanos que instaba alGobierno de España a modificar de la Ley de Parques Nacionales, de forma que no se prohíba la caza y la pesca con carácter general, sino que sepermita en aquellos enclaves donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional y no sean incompatibles con la gestión y conservación del espacio.

El diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha sido el encargado de defender esta iniciativa en el pleno de la Asamblea de este jueves y que solo ha contado con el apoyo de los diputados de dicho grupo y del PP.

En su intervención, Baselga ha criticado que algunos vean a los cazadores como "depredadores" cuando ha defendido que esta actividad contribuye al control de las especies y ha llamado la atención sobre el hecho de que, si nadie lo impide nadie, la caza será "historia" en Monfragüe en diciembre.

Así, ha defendido que la caza da empleo directos e indirectos en zonas rurales y ha expuesto que su prohibición afectará a la despoblación en la región, a la ganadería, a la fauna, a la flora, además de a la hostelería, el turismo y la restauración.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado que su grupo no quiere prohibir la caza pero ha insistido en que la gestión cinegética actual es "nefasta", ya que ha considerado que el sistema actual es "ineficaz" para controlar especies cinegéticas.

En esta línea, De Miguel ha insistido en que el objetivo nunca ha sido el control poblacional sino una caza comercial por trofeo, además de considerar que, aunque la caza genera riqueza, no genera el suficiente dinamismo económico en las zonas en las que se asienta.

De esta forma, ha recalcado que Unidas por Extremadura quiere una gestión cinegética que controle a las poblaciones y que sea una "actividad sostenible", ya que la gestión cinegética "no es un deporte".

Por su parte, el diputado del PP Laureano León ha coincidido con Baselga en las consecuencias negativas que podría acarrear prohibir la caza en los Parque Nacionales, entre las que ha incluido el impacto económico negativo derivado de las indemnizaciones por expropiación de uso.

Asimismo, se ha referido al impacto medioambiental, a los efectos negativos sanitarios y al impacto social, ya que la caza genera actividad económica, genera riqueza, puestos de trabajo y turismo en una comarca que tiene un "difícil desarrollo" al margen del turismo y la caza.

Por ello, ha considerado "imprescindible" la moratoria, porque entiende que sería un "error tremendo" no contemplar el carácter antrópico de la caza en Monfragüe.

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Béjar ha lamentado que Ciudadanos no mencione Monfragüe en su iniciativa, un parque, ha dicho, que tiene prohibida la caza desde 1991, antes incluso de que fuera declarado Parque Nacional, y por tanto no se puede indemnizar nada a ningún propietario, ha defendido.

Además, ha apuntado que en Monfragüe se hacen acciones de control cinegético de ungulados porque no tiene ningún depredador natural, al tiempo que ha defendido que debe ser un lugar para la protección de las especies.

Asimismo, ha recalcado que los cazadores tienen superficie para cazar en los límites del parque y en el resto de la región y es "bastante razonable" que el Parque Nacional de Monfragüe sea un espacio para la protección y donde se puede disfrutar de una población estable de lince.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado este jueves que los Mossos d'Esquadra y las policías locales de Cataluña han multado a 15.258 personas y 330 establecimientos en las últimas tres semanas por incumplir las restricciones impuestas para contener el coronavirus.

Lo ha explicado en rueda de prensa telemática desde la Conselleria, en la que también han intervenido la consellera de Salud, Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, y el subdirector general de Protección Civil, Sergio Delgado.

De las 15.258 multas, 8.834 las han impuesto policías locales y 6.424 son de mossos, mientras que las sanciones a establecimientos se han repartido entre 243 las policías locales y 87 los mossos.

Durante las últimas tres semanas se han cerrado 13 locales en Catalunya --ocho por parte de Mossos-- y solo durante la noche del jueves ha habido 153 sanciones por incumplir el toque de queda.

Sergio Delgado ha pedido "adaptar los horarios y los ámbitos" de actividades durante el fin de semana que se hagan en el propio municipio, para evitar lugares donde se puedan producir aglomeraciones.

CONFINAMIENTO MUNICIPAL Y MOVILIDAD

El conseller Sàmper ha agradecido "el cumplimiento generalizado" de las restricciones, si bien ha señalado que el jueves aumentaron un 12% las salidas del área de Barcelona, y el lunes huno un 8% más de llegadas de lo habitual, coincidiendo con las horas antes y después del confinamiento municipal de fin de semana.

En cuanto a la movilidad por la noche, en el área metropolitana de Barcelona ha caído un 34% respecto a lo habitual este año, y un 44% respecto al mismo día del año pasado, con la máxima diferencia entre las 22 y las 0 horas.

Sàmper ha advertido de que este fin de semana habrá de nuevo 5.000 mossos dedicados a controlar el confinamiento municipal, con unos 200 puntos de control desplegados en las carreteras.