Los cerca de 300 vecinos evacuados por el incendio que se inició en Garafía en la tarde del pasado viernes aún no pueden volver a sus casas y tanto los bomberos como personal técnico del Cabildo inspeccionan las viviendas para poder permitir el realojo.

El incendio continúa en fase de estabilizado y los equipos de extinción se encuentran refrescando la zona para consolidar el perímetro y hasta el momento en que se pueda dar por controlado se mantiene en nivel 2 del Plan especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA), bajo la dirección del Gobierno de Canarias.

Los accesos a la zona quemada continúan cerrados y controlados por la Guardia Civil y solo se permite su entrada a personal autorizado.

En estos momentos los albergues municipales gestionados por Cruz Roja en Puntagorda y Los Llanos de Aridane se encuentran cerrados, pero se mantienen prealertados por si fuera necesario su uso por algún vecino.

A lo largo de este lunes seguirán descargando agua sobre el perímetro 11 medios aéreos, entre hidroaviones y helicópteros de diferentes administraciones.

También se ha incorporado el avión de coordinación aérea y observación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, provisto con cámara térmica para la identificación de puntos calientes, remarcan desde el Ejecutivo regional.

Además, esta tarde comienza el repliegue de los efectivos de la lucha contraincendios desplazados a La Palma, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias y equipos de los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Bomberos Lanzarote, EIRIF de El Hierro y La Gomera.

Continuarán sobre el terreno un operativo con cerca de 150 efectivos entre personal y brigadas de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, equipos BRIF y EIRIF, Bomberos voluntarios de La Palma y Emergencias Fuerteventura.

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia han advertido, durante la manifestación celebrada este lunes en Bilbao, de que "en la situación sanitaria actual" los pensionistas "no han puesto en primer lugar, ni mucho menos" la defensa de las pensiones frente a lo ocurrido en las residencias, la sanidad publica o los servicios sociales", pero su intención es "que no se olvide o se dilate indefinidamente una respuesta a sus demandas".

Así lo ha expresado uno de sus representantes, Jon Fano, al inicio de la marcha organizada en la capital vizcaína, a la que han acudido, según sus organizadores, 4.000 personas. Los manifestantes han recorrido un itinerario que ha partido a mediodía de la Plaza Moyúa y ha concluido en el kiosco del Arenal entre 45 minutos y una hora después. La marcha, que ha exhibido la habitual pancarta en la reclaman una pensión digna mínima de 1.080 euros, ha desfilado entre música de txistus.

Los manifestantes, que han partido en cuatro hileras a lo largo de la calzada, han mantenido las distancias de seguridad y lucían las correspondientes mascarillas, mientras coreaban los habituales lemas del movimiento: "fuera ladrones de las instituciones", "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" o "así, así ni un paso atrás".

En la protesta también han participado representantes de otras localidades vizcaínas, tanto de la Margen Derecha como Izquierda, así como de otras comarcas. Asimismo, ha tomado parte una representación de Bilboko Konpartsak, quienes luciendo sus blusas correspondientes, han querido solidarizarse con el colectivo en favor de "unas pensiones dignas y en pro de la sanidad y servicios públicos en lo que hubiese sido el lunes de Aste Nagusia".

Al término de la manifestación, los participantes se han dispuesto en círculo en torno al kiosco del Arenal, donde se ha leído un comunicado, en euskera y castellano, y se ha cerrado el acto con la interpretación a cargo de los txistularis del "Txoriak, txori", escrito por Joxean Artze y popularizado por Mikel Laboa.

"Si alguien tenía alguna duda, pese a las dificultades que nos estamos encontrando, ambientales y de otro tipo, entre ellas el miedo que se ha extendido y de las advertencias, este lunes hemos asistido a otra bonita manifestación que ha sido una expresión de la voluntad del movimiento de pensionistas de Euskadi de seguir adelante con sus demandas", ha manifestado Jon Fano.

Además, ha reiterado que el movimiento exige "responsabilidades, medidas y soluciones para la situación en las residencias y en la atención a mayores" pero, al mismo tiempo, considera que "la pandemia no puede ser excusa para dejar a un lado u olvidar las demandas que tienen pendientes con respecto a las pensiones".

En este punto ha insistido en que, "el foco está hoy en mostrar la solidaridad con todos los familiares que han tenido fallecidos durante esta crisis y con todos los servicios de atención". Sin embargo, ha dicho que, "al mismo tiempo, y que no quede ninguna duda de ello", sin "anteponer en primer lugar ni mucho menos la defensa de las pensiones", no desean "que se olvide ni se margine ni se dilate indefinidamente una respuesta a las demandas que planteadas desde el colectivo de pensiones".

PREOCUPACIÓN POR RESIDENCIAS

Andrea Uña, en la lectura del comunicado final, tras felicitar a los asistentes por una demostración de que "la calle y la lucha es nuestra", ha recordado que "nadie tiene más interés que ellos en defender nuestra salud y ésta es una de nuestras reivindicaciones básicas.

"Por eso seguimos denunciando que seis meses después del inicio de la pandemia las residencias de personas mayores dependientes sigan sin ser un lugar seguro y se sigan sin adoptar las medidas de prevención, seguimiento de la evolución de la pandemia, adecuación habitacional, mejora de condiciones laborales e incremento de personal necesarias para ello".

Por ello, ha reiterado que la pandemia "tampoco puede ser la excusa" para que sus "exigencias en defensa del sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas se olviden" y se siga sin derogar las reformas laborales y de pensiones "que las deterioran".

La representante del colectivo ha recalcado que la manifestación ha sido organizada "porque hoy tenemos los mismos motivos que hace dos años para hacerlo pero más ahora por esta situación agravada por la pandemia, con residentes confinados y sin visitas, mientras se siguen dando contagios, algo que, al principio, se podía entender".

"Que ahora siga habiendo fallecidos no lo podemos entender, y por eso salimos a la calle, por nuestras demandas, y porque tenemos que estar más que nunca en la calle", ha concluido.

La consejera de Sanidad en Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido este lunes de la dificultad que supone el control de la prostitución, actividad que entraña un grave riesgo actualmente de propagación de la COVID-19, debido a que la misma como tal no se encuentra reglada.

"El problema de los prostíbulos no es menor", ha insistido Casado en su comparecencia ante los medios para analizar la evolución de la situación epidemiológica en Castilla y León, acto en el que ha recordado que la mayoría de las licencias de estos centros abiertos al público están vinculadas a hostales, hoteles, bares u ocio nocturno.

En cualquiera de los casos, la apuesta de la Junta es "incrementar las inspecciones y sanciones en aquellos espacios donde no se estén cumplimiento las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19", y ello con independencia de que el Gobierno central acuerde regular o no este sector y la Administración regional actúe entonces en consecuencia.

Sin embargo, la consejera sanitaria, además del cierre o no de este tipo de locales que incumplan dichas medidas, ha puesto también el acento en la realidad que sufren las mujeres que trabajan en ellos y en la necesidad de ofrecerles una ayuda integral.

En este sentido, ha recordado que durante la pandemia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el programa 'Atrapadas', a partir del cual se intenta atender todas las necesidades de mujeres que son víctimas de contextos de prostitución y cuya situación se ha visto agravada por la presente crisis.

Precisamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado de que durante la pandemia se ha prestado ayuda a 900 mujeres en la Comunidad en situación administrativa irregular y especialmente vulnerables gracias a este proyecto que se desarrolla en colaboración con diversas entidades especializadas en la atención a víctimas de trata y prostitución y a las que la Junta de Castilla y León destina una subvención de 200.000 euros.

Además, estas mujeres son consideradas en la Comunidad víctimas de violencia de género y tienen acceso, por lo tanto, a todos los recursos que precisen.

En la actualidad, 350 mujeres, además de los menores que puedan estar a su cargo, reciben ayuda habitacional, de alimentación e higiene y cuidados personales a través de las entidades del tercer sector de acción social implicadas en esta tarea con las que ya viene trabajando la Junta de Castilla y León, como son la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Comunidad Adoratrices de Burgos, Congregación Hermanas Oblatas Centro ALBOR, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (ACLAD) y Cáritas Diocesana de Astorga.

Asimismo, las mujeres que se encuentran en situación regular en España disponen de la posibilidad de solicitar ayudas a los servicios sociales de sus respectivas entidades locales, no así en el supuesto de mujeres en situación administrativa irregular que, en la mayoría de los casos, se encuentran atrapadas en pisos o clubes y sin posibilidad de acceso a otro tipo de recurso, debido a diversos motivos, como el desconocimiento de los recursos existentes, las dificultades con el idioma o las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma.

Además, se pone a disposición de las entidades del tercer sector de la acción social que trabajan con estas mujeres el Servicio de Traducción e Interpretación Telefónica para víctimas de violencia de género, garantizando así el derecho a una información apropiada y accesible, disponible las 24 horas, en una lengua que puedan comprender. También se pone en conocimiento de estas mujeres los distintos programas que desde las entidades del tercer sector de acción social se llevan a cabo y que podrán favorecer, a más largo plazo, su plena recuperación e inserción en la sociedad.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a la CUP por dos partidas presupuestarias destinadas a la campaña del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, ha informado el partido en un comunicado este lunes.

Según ha avanzado el diario Ara, la Fiscalía "ha puesto la mirada en el presupuesto y el gasto de aquella campaña" y, en concreto, en las dos partidas con un coste de 168.666,63 euros, ha explicado la CUP a través de sus redes sociales.

La formación ha precisado que dichas partidas hacen referencia a la publicación y presentación del libro 'Referèndum 2017: la clau que obre el pany' y el vídeo 'Ara comença el Mambo'.

Tras el testimonio de distintos proveedores de la formación durante la campaña por el referéndum, este lunes el fiscal ha citado a declarar como investigado a un miembro del Secretariado Nacional --el nombre del cual la CUP no quiere revelar-- durante ese periodo.

La investigación está en fase de diligencias por parte de la Fiscalía y, cuando finalice, decidirá si archiva el caso o lo presenta ante un juez que, si viera indicios de criminalidad, iniciaría un proceso judicial contra la CUP.

En consecuencia, "existe la posibilidad que haya una imputación contra personas concretas que formaron parte del Secretariado Nacional o del grupo parlamentario entre 2016 y 2017", ha zanjado.

La Policía Local del municipio malagueño de Casares intervino este pasado domingo un alijo de hachís en las playas de Casares, en una operación que ha contado con el apoyo de la Guardia Civil y ha finalizado con la detención de cuatro personas por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo entre las 17.00 y 18.00 horas cuando una patrulla de la Policía Local de Casares acudió a una llamada por aparcamiento indebido junto a la playa.

Los agentes sospecharon de dos embarcaciones, motos de agua, que se dirigían hacia el litoral, y teniendo constancia por la Guardia Civil de este modo de operar en las costas de la zona se dirigieron a pie para interceptarlos sin causar alarma, han explicado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El jefe de la Policía Local de Casares, Ismael Arroyo, ha detallado que los agentes divisaron como las embarcaciones se dirigían a la línea de costa y cuando llegaron a la playa comenzaron a descargar los fardos, con lo que iniciaron una persecución que finalizó con tres detenidos por los policías locales de Casares y uno por parte de la Guardia Civil.

El alijo se produjo en una zona de la playa de Casares sin apenas bañistas, entre Piedra Paloma y el límite de Estepona. Los agentes se incautaron de cuatro fardos de drogas, unos 240 kilogramos de hachís, que junto a los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Por último, desde la jefatura de la Policía Local de Casares han agradecido la colaboración de la Guardia Civil y los vigilantes de playa "que ha sido importante para el éxito de la operación".

La presidenta del Gobierno de La Rioja, la socialista Concha Andreu, ha ejecutado la "fase final" de su "reestructuración" del Ejecutivo regional y prescindirá de los hasta ahora consejeros de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, que además es el secretario general del PSOE riojano, y de Servicios Sociales, Ana Santos.Pablo Rubio será el nuevo consejero de Gobernanza y tendrá competencias en Servicios Sociales, Dependencia, Discapacidad y Mayores

En rueda de prensa convocada de manera urgente, Andreu ha anunciado que, con el objetivo de ofrecer las "mejores soluciones", después de que, "en los últimos meses cambiara todo", había decidido reducir de nueve a ocho consejerías y crear un "nuevo orden".

Servicios Sociales desaparece de nombre pero, en palabras de Andreu, en realidad la Consejería se refuerza porque asumirá las competencias Pablo Rubio, nuevo consejero de Gobernanza en sustitución de Ocón.

Los cambios también suponen que la consejera de Podemos Raquel Romero adquiera Igualdad, hasta ahora dentro de la Consejería de Gobernanza.

De este modo, tal y como ha trasladado Andreu, el "nuevo orden" supone que la Consejería de Hacienda y Administración Pública seguirá al frente de Celso González que, además de sus actuales competencias, tendrá las de Función Pública y Servicios Jurídicos.

De este modo, la Consejería de Gobernanza Pública y Servicios a la Ciudadanía, al frente la cual estará Pablo Rubio, cambia sus competencias y tendrá Política Local, Justicia e Interior, Servicios Sociales, Dependencia, Discapacidad y Mayores; además de coordinar las relaciones con el Parlamento.

La consejera de Salud seguirá siendo Sara Alba, también portavoz del Gobierno, y tendrá, además de sus actuales competencias, las de Emergencias y Protección Civil y Portavocía del Gobierno.

El consejero de Desarrollo Autonómico, Jose Ignacio Castresana, sumará el área de Políticas Activas de Empleo. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud será Pedro Uruñela; el de Sostenibilidad, Alejandro Dorado Nájera; y de Agricultura, Ganadería, Territorio y Población, Eva Hita.

La hasta ahora consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, pasa a ser consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que sumará las competencias de igualdad, transparencia y agenda 2030.

Andreu ha asegurado que se trata de una "reestructuración definitiva" tras un verano de "intenso trabajo de planificación" que "tiene como último fin ser más eficaces a la hora de encarar los extraordinarios retos" con la Pandemia.

Con respecto a que ya no haya Consejería de Servicios Sociales ha dicho que "no se sustituye la Consejería, se le da todavía más importancia de la mano del consejero Pablo Rubio".

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no mire para otro lado" ante las acusaciones de presunta financiación irregular de Podemos y le ha advertido que no hace que el vicepresidente y líder de esta formación, Pablo Iglesias, "dé la cara" sobre este asunto tendrá que ser él quien tenga que ofrecerlas.

Maroto ha manifestado en declaraciones difundidas a los medios de comunicación que les preocupa muchísimo las acusaciones de corrupción de Podemos, un asunto que es de la "máxima gravedad".

Por tanto, ha reclamado que Sánchez "no puede mirar para otro lado" ante dichas acusaciones y le ha avisado de que "si no hace que Iglesias dé la cara en la comisión de investigación que se pide en el Congreso, desgraciadamente tendrá que dar esas explicaciones el propio presidente".

Previamente, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE deciden "vetar" en el Congreso la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos supondrá "ratificar que la corrupción está dentro de su gobierno".

En ese mensaje ha abundado después el presidente del PP, Pablo Iglesias, que desde su cuenta de Twitter ha comentado que Sánchez debería destituir a su vicepresidente Pablo Iglesias, si aplicara "su propia vara de medir".

"Registramos una Comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Sánchez debería apoyarla siguiendo su propia vara de medir con la que llegó al poder, que le obligaría a cesar a su vicepresidente. Si no, será responsable de un escándalo que afecta a su Gobierno", sostiene.

Está al alcance muy pocos. Mas bien de casi nadie. Hablamos de villa Cullinan, la mansión moderna más grande de nueva construcción en Europa. La construcción se levanta en La Zagaleta, una exclusiva zona en la ya de por sí exclusiva Costa del Sol marbellí. En la capital veraniega de la jet set y el veraneo internacional puedes comprarte, por 32 millones de euros, esta parcela de 14.000 metros cuadrados con una casa de 3.000 dividida en tres plantas. Casi nada.

Villa Cullinan tiene todo lo que podemos pedirle a una casa. Cuenta con diez dormitorios y catorce cuartos de baño hechos de mármol. Cocina de vanguardia con un equipamiento a la última.

Piscinas tiene dos. Una de interior, climatizada, de 20 metros de largo. Y otra, de exterior, con agua salada y vistas sobre el mar Mediterráneo. A esto se le añade un centro de spa, un gimnasio profesional, una sala de juegos, un cine, otra sala de deportes y una zona chill out.

Por muy caros y extravagantes que sean tus caprichos, seguro que en Villa Cullinan puedes satisfacerlos.

Espléndidos y mimados

“Esta propiedad lo tiene todo: valor, ubicación, parcela super generosa, entorno pintoresco, vistas impresionantes, construcción de primera calidad, equipamiento de vanguardia, funcionalidad y elegancia de los interiores, además de ese factor sorpresa que la hace verdaderamente especial”. Esto dicen de la casa en la web de la lujosa inmobiliaria que la vende.

Explica ahí también a qué se debe el nombre de la casa. “Cullinan, el mayor diamante de calidad gema jamás encontrado, fue presentado por la Colonia Transvaal a Eduardo VII, Rey del Reino Unido, y sus partes cortadas fueron montadas en la Corona del Estado Imperial”.

Para sus vendedores, lo que caracteriza a Villa Cullinan es “la opulencia”, “el máximo confort” y “la extravagancia del buen gusto”. No se trata simplemente de “sólo una casa bien equipada con un diseño de moda, detalles arquitectónicos imponentes, abundancia de cristal, concepto de planta abierta y una elegante paleta de colores”. No. Lo importante de Villa Cullinan es que “permite a los propietarios sentirse espléndidos y mimados”.

No es para menos. Las terrazas, en plural, suman en total 430 metros cuadrados. La casa está orientada al sur, y desde ella se ve tanto el mar como las montañas malagueñas. También el peñón de Gibraltar a lo lejos, en los días despejados. Cualquier fiesta o evento en esta casa será sinónimo de lujo.

Complementos

La mansión ha sido construida y diseñada con sensibilidad ecológica. Los dispositivos electrónicos de la casa están pensados para tener una máxima eficiencia energética. Villa Cullinan cuenta con aire acondicionado, calefacción por suelo, una sofisticada iluminación, alarma, chimenea y paneles solares. Dispone también de ascensor y de un acceso especial para minusválidos.

No falta un apartamento separado para el personal de servicio. Cosas de millonarios. Allí también encontramos una lavandería, lavaderos y un almacén. El garaje seguramente sea más grande que las casas de muchos. Según la inmobiliaria, entran hasta quince coches. Ideal para fiestas y cenas con amigos o familiares.

Tampoco se descuida la seguridad. Villa Cullinan esta situada en una comunidad cerrada, con seguridad armada las 24 horas, entrada controlada y cámaras de vigilancia. Ciertamente, se lo ponen muy difíciles a los ladrones.

La casa se puso a la venta en octubre de 2019, y es la más cara que podemos encontrar en el mercado inmobiliario español. Katerina Rozenko, directiva de marketing de la inmobiliaria Drumelia, explicó en la presentación que “pensamos que se va a vender rápido porque ya estamos recibiendo muchas llamadas y visitas". Algunas, aseguró, eran “de personas muy conocidas e incluso integrantes de familias reales".

Lo que no sabemos es si, tras la pandemia, el teléfono sigue sonando con la misma frecuencia. Ya se sabe que los ricos también lloran.

El grupo de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Manuel Valls, ha presentado un recurso para que se declare nula y sin efecto la convocatoria del pleno extraordinario sobre la monarquía y la marcha de España de Juan Carlos I, previsto para el jueves 27 de agosto.

En un comunicado este lunes, BCN Canvi ha asegurado que a la convocatoria a petición de ERC y JxCat le falta la preceptiva motivación que la justifique: "Es, por tanto y de entrada, un acto viciado de nulidad", por lo que pide a la alcaldesa Ada Colau que deje sin efecto la convocatoria.

El recurso de reposición ha sido firmado por la concejal portavoz de BCN Canvi, Eva Parera, y se ha presentado por carta a Colau: "En ningún caso, el defecto de falta de motivación puede ser enmendado conforme a derecho, dado que la discrecionalidad política de las corporaciones locales está limitada por el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico".

Parera considera que el único objetivo del pleno es una sanción política a la Monarquía y que el pleno no se puede celebrar porque la ley limita la acción política de los ayuntamientos, que no pueden "incidir directamente en aspectos de transcendencia constitucional" como la titularidad de la soberanía, la organización territorial y la corona.

En este sentido, el recurso señala que "el Tribunal Supremo determina que la discrecionalidad política que la ley reconoce a las corporaciones locales no las habilita para adoptar actos que, aunque su contenido sea meramente político, se proyecten sobre aspectos de trascendencia constitucional".

Un grupo de cuatro jóvenes de nacionalidad marroquí que han asegurado ser menores de edad a la Guardia Civil han sido recogidos durante la madrugada de este lunes por unidades de costa de la Benemérita en la playa del Tarajal después de bordear el espigón marítimo fronterizo en una embarcación hinchable de juguete.

Los adolescentes, que ahora deberán ser sometidos a una prueba de determinación de edad por parte de la Policía Nacional, lograron esquivar los sistemas de vigilancia del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma que utiliza el Instituto Armado aprovechando la densa niebla que ha cubierto Ceuta hasta bien entrada la mañana.

Los migrantes que llegan a la ciudad deben ser sometidos a una cuarentena de entre 9 y 14 días, en función de su sintomatología, para prevenir la propagación del coronavirus. A tal efecto la Administración local, que tutela a unos 420 menores extranjeros no acompañados (MENA), unos 200 menos que tras la declaración del estado de alarma, dispone de una pensión y ha acondicionado parte del antiguo Hospital de la Cruz Roja para darles cobijo en aislamiento.

La presión migratoria sobre la localidad española norteafricana ha caído un 72,6% en lo que va de año con respecto a 2019. Desde el 1 de enero hasta la semana pasada habían llegado irregularmente a la ciudad autónoma por esa vía 87 personas en 23 embarcaciones, mientras que durante el mismo periodo del año anterior lo habían conseguido 317 en 46. A través de la frontera terrestre solo han logrado acceder a territorio español 195 indocumentados, un 70% menos que en 2019 (653).

Un total de 11 personas han muerto en las carreteras en los 10 accidentes mortales registrados entre las 15.00 horas del viernes 21 de agosto y las 24.00 horas del domingo día 23, según datos actualizados pero todavía provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De las 11 víctimas, 4 son usuarios vulnerables (3 motoristas y 1 ciclista). Además, 9 de los 10 accidentes han ocurrido en vías convencionales (solo 1 en autopista o autovía) y entre los accidentes hay 7 salidas de la vía y 2 colisiones.

Por jornadas, el viernes se registró un accidente en el que falleció una persona. El día más siniestro fue el sábado, con 6 accidentes con resultado de 7 fallecidos, y el domingo otras 3 personas perdieron la vida en sendos siniestros.

En lo que va de agosto, 66 personas han fallecido en accidentes de tráfico en vías interurbanas, frente a las 70 que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado (entre el 1 y el 23 de agosto). Agosto de 2019 cerró con 98 víctimas mortales.

En el acumulado anual, se llevan contabilizados 521 fallecidos, 159 menos (-23%) que en mismas fechas de 2019, cuando por entonces la cifra ascendía ya a 680.

El Ministerio de Educación y FP ha reconocido ante el Defensor del Pueblo que no pudo implementar todas las medidas de accesibilidad "deseables" para que todos los alumnos con discapacidad pudieran seguir la programación especial de TVE 'Aprendemos en casa'. El motivo, según indica el departamento de Celaá, son las "limitaciones" generadas por el estado de alarma.

El texto remitido al Defensor del Pueblo es consecuencia de la denuncia que, el pasado marzo, formuló el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que señalaba la falta de accesibilidad de la enseñanza a distancia debido a la suspensión de las clases presenciales como consecuencia de la pandemia del Covid.

"La puesta en marcha de las emisiones se realizó en condiciones difíciles y en muy poco tiempo", apunta el documento, que recuerda que el estado de alarma se activó el 14 de marzo y las emisiones se iniciaron el 23 de dicho mes. Educación indica que los equipos responsables del proyecto no podían desplazarse a los estudios, debido a la crisis sanitaria, y, como consecuencia, no se implementaron las medidas "deseables" de accesibilidad.

"No obstante sí fue posible introducir el subtitulado tanto en los contenidos educativos para la Educación Primaria en ClanTV, como para los de Educación Secundaria en La2", explica el texto.

Tal y como explica el CERMI, con este recurso se atendieron "parcialmente" sus demandas. En su denuncia, el Comité llamaba a cubrir todas las necesidades de la infancia con discapacidad en su conjunto con medidas como audiodescripción, lengua de signos o lectura fácil, además del subtitulado.

PREDISPOSICIÓN Y COOPERACIÓN

En el texto, Educación también recuerda la predisposición de la secretaría de Estado de Educación para trabajar conjuntamente con la entidad, en relación con el alumnado con necesidades educativas especiales. "El Ministerio es especialmente sensible a los problemas que el alumnado con discapacidad pueda tener en las circunstancias actuales con la accesibilidad tanto a los soportes telemáticos como a los contenidos que se imparten y a los procesos de seguimiento de las tareas", se detalla.

También añade que, tal y como recoge la orden ministerial del mes de abril, "los centros educativos organizarán sus recursos de apoyo para favorecer en la medida de lo posible la adecuada atención al alumnado con necesidades educativas especiales, favoreciendo su acceso al currículo por medio de la adaptación de los instrumentos, tiempos y apoyos que aseguren una adecuada atención y evaluación de este alumnado".

Por último, la Administración explica que se ha publicado en la página web del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), dependiente del Ministerio de Educación, orientaciones, herramientas y recursos para hacer "accesibles las propuestas educativas que recalcan el papel fundamental de la accesibilidad para asegurar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado".

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Soria investigan a un varón de 49 años por sextuplicar dos veces las tasas de alcoholemia permitidas en los últimos 20 días. Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, en ambos casos cuando conducía por la localidad de Vinuesa.

Los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia tras haber cometido una infracción a la vigente legislación en materia de seguridad vial y arrojó unos resultados de 1,37 y 1,41 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi seis veces más de lo permitido.

El varón ya había sido imputado penalmente el pasado 30 de julio por esta misma circunstancia. En ese caso, las tasas fueron de 1,55 y de 1,45 mg/l.

Asimismo, el investigado cuenta con una suspensión judicial del permiso de conducir en el año 2019 y con varias infracciones administrativas recientes.

La tasa máxima de alcohol permitida en España para conducir se sitúa, con carácter general, en 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y si se trata de profesionales y de conductores noveles, esta tasa máxima se reduce a 0,15 mg/l.

La Guardia Civil ha recordado que el ejercicio de la actividad de conducción sin permiso atenta contra la seguridad vial y está penada por la ley con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 euros de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el acoso que sufre su familia desde hace meses se enmarca en la "estrategia del odio" de la derecha y extrema derecha, que intentan "desestabilizar" creando una "cultura de la agresión".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con los responsables de El Pavón Teatro Kamikaze y preguntada por la decisión de abandonar junto a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, sus vacaciones en Asturias tras recibir insultos e incluso amenazas en redes.

La titular de Igualdad ha comentado que no va a entrar en detalles en lo vivido por su familia porque "no va con ella el victimismo" pero ha añadido que "todo el mundo se puede imaginar cómo afecta" tener durante tres meses a grupos gritando e insultando a las puertas de su vivienda.

No obstante y tras recalcar que el "odio no puede seguir impune", Montero ha asegurado que no les van a distraer de su función, que es continuar garantizando derechos pensando en España. "Y no nos van a distraer un minuto de eso", ha espetado.

LA CIUDADANÍA LES RESPONDERÁ CON "ROTUNDIDAD"

También ha asegurado que es "muy evidente" que la derecha y extrema derecha está en una "estrategia del odio" y que prueba de ello es que "no presentan ninguna iniciativa, no hablan de los problemas de España y no asumen sus responsabilidades como fuerza de oposición".

Es más, la ministra les ha acusado de "intentar desestabilizar" creando una "cultura del odio y la agresión", si bien está convencida de que la mayoría de la ciudadanía les va a responder con "rotundidad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este lunes desde París en que llevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de Memoria Democrática con la que busca que "se restituya la dignidad" de quienes pelearon por sostener la Democracia en España.

En declaraciones a los medios ha explicado que se trata de un primer paso en su tramitación y de otro esfuerzo más que debe hacer la democracia española, "que va tarde a la restitución de la dignidad de quienes pelearon por ella".

Así, ha indicado que la democracia debe ser "sostenida" cada día porque "no está ganada nunca". Al hilo, ha recalcado la importancia de recordar lo que hicieron otros, "que pagaron con su vida", ante los que violentaron la democracia "hasta el punto de dar un golpe de Estado contra el sistema constitucional".

A juicio de Calvo, la mejor manera de honrar a los antifascistas españoles, al exilio y a los asesinados en campos de concentración es tener una nueva ley que permita seguir avanzando en la memoria democrática de España y en la restitución de la dignidad que les corresponde. Ha añadido que supondrá un paso adelante y ampliará la anterior ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Este texto permitiría la creación de fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la "resignificación del Valle de los Caídos". Asimismo, según comentó el propio Ejecutivo, con la citada ley se podrán ilegalizar asociaciones franquistas tales como la Fundación Francisco Franco.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado por una "coordinación exhaustiva" con las comunidades autónomas para poder cerrar prostíbulos y clubes de alterne como medida para frenar el coronavirus.

"El trabajo con las comunidades autónomas, no solamente por esta cuestión, sino por todas las que tienen que ver con el trabajo en pro de la igualdad, va a requerir una coordinación exhaustiva", ha señalado este lunes la ministra en declaraciones a los medios, después de que su Ministerio instara por carta a las comunidades autónomas a cerrar estos establecimientos para evitar más contagios.

Tal y como ha incidido Montero, cada comunidad está "de momento" evaluando la petición de cierre promovida por el Ministerio, ya que se trata de una competencia autonómica. Entendemos que hay motivos de salud que lo justifican, pero además somos conscientes de la importancia de estas medidas, de garantía de los derechos de las víctimas para acabar con la explotación sexual", ha indicado la ministra.

En cualquier caso, Montero asegura que el posible cierre de prostíbulos y clubes de alterne "no es una medida puntual", sino de ir avanzando con las comunidades autónomas y ONG en cómo se puede luchar contra la explotación sexual de las mujeres, ya que esta es una "prioridad" del Ministerio de Igualdad.

Según ha explicado, esto implica dos cuestiones: por un lado, "acabar con la impunidad de la industria proxeneta", que puede llegar a mover millones de euros a diario y, en muchas ocasiones, en negro; y por otro, "garantizar los derechos de todas las mujeres, también de las mujeres que están siendo víctimas de explotación sexual en contextos de prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual".

"Esa tarea, de garantizar los derechos de las mujeres víctimas, ha sido una prioridad desde el primer momento y, en ese sentido, seguiremos trabajando con las comunidades autónomas en la línea que ya hemos venido trabajando durante estos meses y desde la declaración del Estado de Alarma", ha zanjado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado viernes en Torremolinos (Málaga) a un joven, de 21 años y nacionalidad neerlandesa, por portar en su vehículo 21,1 litros de óxido nitroso para supuestamente consumir en una fiesta a la que pretendía asistir.

Los hechos se produjeron en la noche del día 21 de agosto, cuando agentes de uniforme realizaban un control de personas y vehículos en prevención de hechos delictivos.

Durante el dispositivo uno de los agentes procedió a dar el alto a un turismo de alta gama con matrícula extranjera, identificando a su conductor e inspeccionando el interior del mismo, como resultado, en el maletero fueron halladas cinco botellas de óxido nitroso -conteniendo 21,1 litros del gas-, así como 400 globos.

Los agentes interpelaron al joven que finalmente manifestó que el "gas de la risa" los transportaba para consumirlo en una fiesta a la que se dirigía. Además le fue intervenido un total de 10.990 euros en metálico y un cuchillo de 18 centímetros de hoja, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

La inhalación de esta sustancia provoca alucinaciones y un estado de euforia en quien la consume, pudiendo derivar en asfixia y consecuentemente en la muerte.

El sospechoso resultó detenido por su presunta implicación en un delito contra la salud pública. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.