El PP ha lanzado una campaña en redes sociales exigiendo la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras sus declaraciones en las que cuestionaba la democracia. Además, ha señalado que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no lo cesa será "cómplice".

El partido que dirige Pablo Casado ha puesto en marcha esta ofensiva coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas --en las filas del PP crece la inquietud por el avance de Vox-- y después de varios días en los que el foco mediático esté centrado en el 'caso Bárcenas' tras la confesión del extesorero del PP.

A cinco días de las elecciones catalanas, todos los miembros de la cúpula del PP han usado sus cuentas de Twitter para arremeter contra Iglesias, después de que afirmase este lunes que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España" porque los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña están o en la cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, o en Bruselas, en el caso de Carles Puigdemont.

El Grupo Popular ya ha registrado las peticiones de comparecencia en el Congreso del propio Iglesias, así como de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por unas palabras que "debilitan a España y afectan a la imagen del país", según ha dicho en rueda de prensa la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

"DAÑINO PARA LA DEMOCRACIA ES PABLO IGLESIAS"

Casado ha sido el primero en cargar contra Iglesias en un acto electoral en Tarragona, donde ha exigido a Sánchez que lo cese por sus palabras y por considera que "hay presos políticos" como si España fuese "una dictadura". A su entender, si no se produce ese cese, Sánchez será "cómplice y responsable" de las palabras de su vicepresidente.

"La anormalidad democrática es que Sánchez mantenga en el Gobierno a un vicepresidente que mancha continuamente nuestra plena democracia. Iglesias representa el disparate que Sánchez quiere para España", ha afirmado en Twitter Gamarra, junto al hashtag de la campaña '#PabloIglesiasDimisión' que ha difundido el partido en redes sociales.

De la misma manera, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que "dañino para la democracia es Pablo Iglesias", "por sus ataques a la independencia judicial" y "por señalar a aquellos medios de comunicación que le son incómodos. "Con su silencio, Sánchez avala sus críticas a nuestro país. Basta ya", ha afirmado.

Por su parte, la responsable de Organización, Ana Beltrán, ha dicho que Iglesias "no se contenta con sembrar de caos y ruina España" sino que "ahora también aspira a calumniar" las instituciones. Más contundente ha sido el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol: "Este es el valor de las afirmaciones de este sinvergüenza".

Según la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, es "inadmisible" que un vicepresidente "cuestione la calidad democrática de una democracia plena como España". Y la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha señalado que no se puede permitir que un vicepresidente "menosprecie" y "ponga en duda la democracia", al tiempo que ha pedido a Sánchez "tomar cartas en el asunto" y no seguir "escondiéndose".

A la tromba de críticas contra Pablo Iglesias en esta campaña en redes se han sumado más miembros de la Ejecutiva del PP como la responsable de Sectorial, Elvira Rodríguez; la presidenta del Comité Electoral Nacional, Belén Hoyo; y la portavoz de Interior y responsable de Emigración, Ana Vázquez.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado el archivo de la causa en la que se investigaba a un exmilitar residente en Málaga por realizar disparos a fotografías de miembros del Gobierno, acción que fue grabada y posteriormente difundida por redes. La Audiencia Nacional, que investigaba si había un delito de amenazas al Gobierno, entiende que no era algo premeditado y que lo hizo "por matar el tiempo".

El Juzgado Central de Instrucción número 5 confirma así el auto de 7 de octubre de 2020 en el que se detallaba que tras recibir el asunto del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga --que se inhibió-- y tras recibir declaración del autor de los disparos en septiembre, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional en lo tocante a un posible delito de amenazas a miembros del Gobierno.

El magistrado en el auto atendía esa solicitud y, dado que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio, mandaba el asunto a los juzgados de instrucción de Málaga.

En la resolución, el magistrado José de la Mata --hoy ya fuera de la Audiencia Nacional-- explicaba que los hechos indiciariamente probados son que se difundió un video por redes en el que el investigado efectuaba una serie de disparos con una escopeta de repetición del calibre 12 contra una serie de siluetas metálicas abatibles que tenían colocadas unas fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; de la ministra de Igualdad, Irene Montero; y del diputado de Unidas Podemos pablo Echenique.

Mientras que el tirador abatía las siluetas con las fotografías de los dirigentes políticos, otra persona no identificada gritaba 'Sentencia', mientras el investigado hacía una 'peineta' a cámara. El auto recuerda que los hechos se produjeron a eso de las 16.00 horas de una tarde de mayo de 2020 en las instalaciones de la armería Lince, situada en el polígono El Viso de Málaga, y acota que el arma, una Mossberg Maverick, era propiedad de la armería.

EL ARTÍCULO 504 DEL CÓDIGO PENAL

Tras este análisis del hecho, se apunta que no consta que el investigado grabase el vídeo y que lo difundiera, y tampoco consta que la escena se produjera con el objetivo de ser grabada y difundida "con vistas a intimidar a la autoridades" señaladas.

Teniendo en cuenta esto, el magistrado recuerda que el artículo 504 del Código Penal, contra altos organismos de la nación, tiene como finalidad proteger la dignidad institucional de determinados órganos del Estado y no de personas individuales concretas. Por tanto, las amenazas deben ir dirigidas hacia el Gobierno y no es suficiente con que se individualicen en uno o más miembros del Ejecutivo.

Además, añade que esas amenazas deben tener la intencionalidad por parte del que las profiere de ejercer presión sobre la víctima para conseguir atemorizarlo. Y aclara que en el caso que se analiza "no es posible reconocer esos elementos".

Por un lado, señala que la acción no va dirigida contra el Gobierno como órgano de Estado y su objetivo no es ejercer presión mediante amenazas, y por otro que no se puede considerar "que hubiera amenaza seria, real y perseverante de un mal futuro, injusto, determinado, posible, causante de una intimidación natural y dependiente de la voluntad exclusiva del sujeto activo".

"MATAR EL TIEMPO"

Y dice que si bien el contenido de lo difundido produce alarma y repulsión, hay que "huir de generalizaciones fáciles" y resalta que del uso de esas fotografías de miembros del Gobierno no se infiere sin más que atacara la dignidad institucional de Ejecutivo de coalición.

El auto insiste además en que de lo declarado por el investigado no se puede afirmar que hubiera premeditación para intimidar al Gobierno, que las fotografías ya estaban en la armería y que no consta que se planificara la grabación de la actuación. "Según parece, no había más fin que pasar un rato y matar el tiempo con la ocurrencia improvisada de hacer unas prácticas de tiro en la armería", añade.

En este punto, también se indica que, tanto el investigado como quien le grabara o la persona que habla en el vídeo, no buscaron la difusión multitudinaria sino que solo lo mandaron por Whatsapp a otra persona, y que luego a partir de ahí se "viralizó" de manera incontrolada "ajena a su voluntad". Y resalta que el investigado ha expresado su pesar por lo sucedido, ha mostrado arrepentimiento y ha solicitado perdón a las personas ofendidas.

Por último, y dado que el fiscal entiende que los hechos sí pueden coincidir con un delito de odio, De la Mata recuerda que no es competencia de la Audiencia Nacional atender ese tipo de causas por lo que interesa la inhibición en favor del juzgado de instrucción de Málaga que corresponda.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un hombre por saltarse en varias ocasiones la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja y acosarla, de forma presencial y por teléfono, al enviarle casi 500 mensajes de WhatsApp en dos meses.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia ha absuelto al acusado de un delito de agresión sexual a la víctima, que falleció poco después de los hechos por causas naturales.

La sentencia, ha aplicado la agravante de reincidencia en el delito continuado de quebrantamiento de condena y medidas de seguridad y en el de violencia de género en su modalidad de acoso (coacciones).

Pero tras el juicio, la sala no ha considerado acreditado el delito de agresión sexual (violación) en concurso medial con otro de violencia de género en su modalidad de lesiones leves.

La Fiscalía pedía 12 de años y medio de cárcel para el procesado y una indemnización de 12.000 euros a los hijos de la fallecida por los daños morales causados.

HECHOS PROBADOS

Tras la vista oral, con el interrogatorio al acusado y la práctica de las pruebas testifical y pericial, los magistrados han considerado probado que el hombre, de 65 años, mantuvo una relación sentimental con la mujer durante aproximadamente un año y tres meses, finalizando la misma entre diciembre de 2016 y enero de 2017.

Ese mismo mes, él fue condenado por un delito de violencia de género con prohibición de aproximarse a su expareja a menos de 300 metros o de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante 16 meses. Medida que fue agravada en febrero, con la colocación de un dispositivo de control y seguimiento telemático. Además, en marzo volvió a ser condenado, por coacciones y quebrantamiento de condena.

Y es que a pesar de las prohibiciones y requerimientos, "guiado por la obsesión que sentía" por quien había sido su compañera sentimental y con la "firme intención" de recuperar la relación, el hombre incumplió de manera "sistemática y reiterada" las órdenes judiciales, "vigilando su día a día y buscando continuamente el contacto físico o telefónico" con ella.

Así, se comunicó con la víctima a través por mensajes de teléfono, y entre el 12 de abril y el 18 de junio le envió un total 479 por WhatsApp, incluso de madrugada y de forma "insistente", llegando a mandar 66 en una sola jornada. En ellos incidía en el amor que sentía por ella, la necesidad de regresar juntos e incluso le proponía irse a vivir fuera de Cantabria. Y tras bloquearle en la aplicación de mensajería instantánea, continuó mediante SMS.

Además, el procesado incumplió la prohibición de aproximación, entrando en varias ocasiones en la zona de exclusión fija que se le impuso referida al domicilio de la víctima y "merodeando" también una ruta "a sabiendas" de que ella paseaba por las tardes. El resultado fue que se encontraron algunas veces en diferentes calles.

También coincidieron un día en el aparcamiento de un supermercado donde él la pidió que abriera el coche y que entraran para hablar, a lo que ella se negó. Abandonó el lugar cuando llegaron unos vecinos que asistieron a la víctima.

Y en otra ocasión, el condenado envió al domicilio de la mujer un ramo de flores por su cumpleaños, con el manuscrito 'Felicidades ke te acuerdes de mi te amo'.

Ante esto, la mujer decidió denunciar los hechos el 27 junio y al día siguiente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrelavega acordó prisión provisional para el acusado. Estuvo en la cárcel hasta el 28 de agosto, ya que la víctima había muerto por causas naturales el día 22 de ese mes.

HECHOS NO ACREDITADOS

En cambio, la sentencia no considera acreditados otros hechos, como el hombre se desplazara a mediados de abril a casa de los padres de ella y le advirtiera por SMS de que bajaba a hablar con él o subía él a la vivienda, ni que a consecuencia de esto ella accediera a verse con el acusado dentro de su vehículo.

Tampoco que en mayo, un día que ella paseaba por la carretera, el procesado la introdujera en su coche, agarrándola fuertementedel brazo y del cuerpo, para trasladarla después a su casa, o que una vez allí la arrastrara hasta la cama llegando a penetrarla vaginalmente.

Finalmente, la Sección Tercera a la AP no considera acreditado que el acusado actuara con sus facultades intelectivas o volitivas menoscabadas a consecuencia de un trastorno adaptativo ansioso con síntomas depresivos, ni que tuviera deterioro cognitivo, sino que conservaba su capacidad intelectiva.

Dos obispos españoles que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 han renunciado a la segunda dosis debido a la repercusión que ha tenido ya que se han abierto investigaciones sobre si se saltaron el protocolo de vacunación.

El obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, ha sido uno de los prelados que ha rechazado la segunda dosis después de la repercusión que ha tenido su vacunación aunque, en cualquier caso, ha asegurado que la recibió "sin buscar ningún trato de favor" y "siguiendo la dinámica de las demás campañas de vacunación", debido a su "vinculación sanitaria".

Murgui ha renunciado a recibir la segunda dosis de la vacuna por la "repercusión mediática causada por la interpretación de este hecho" y por el "bien espiritual de todos los fieles" de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

El Obispado ha señalado que Murgui se ha puesto "en manos de la Sanidad Pública" para completar su vacunación "cuando, donde y como determine la autoridad sanitaria".

Además, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana abrió una investigación sobre la vacunación contra la Covid-19 del obispo de Orihuela-Alicante, para determinar si esta se ha producido o no de manera irregular.

Asimismo, el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, admitió este lunes que se vacunó contra la Covid-19 en un centro de la Diócesis aunque "en ningún momento creyó estar actuando mal" y ha anunciado que renuncia a ponerse la segunda dosis a partir de la cual se genera la inmunidad.

En un comunicado, el Obispado de Cartagena explicó que Lorca Planes, de 72 años, recibió la primera dosis en el centro en el que se vacuna cada año, perteneciente a la Diócesis de Cartagena.

Se trata de un centro de asistencia a personas vulnerables al que el obispo acude "con asiduidad" al ser el presidente de su patronato. En concreto, realizó su última visita al mismo el pasado 30 de enero para celebrar la Eucaristía junto a los residentes.

Según explican, el obispo rellenó el consentimiento necesario para que la Consejería de Salud autorizase su vacunación "días previos" a llevarla a cabo.

La Consejería de Salud de la Región de Murcia abrirá una investigación sobre la vacunación del obispo de Cartagena, según ha confirmado este martes el portavoz técnico del Comité Covid, Jaime Pérez.

Pérez ha explicado que el centro residencial introdujo a Lorca Planes "como personal" del mismo en el listado enviado para la administración de la vacuna.

"Por lo que se nos ha informado y hemos averiguado, la vacunación se produjo en una residencia. A nosotros nos mandan los listados de personas a vacunar, pero es el sitio donde se va a vacunar el que dice su personal o personas ingresadas" que tienen que recibir la dosis, ha asegurado el portavoz técnico, quien entiende que la Comunidad "no es responsable de eso".

Por su parte, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la residencia de sacerdotes mayores y jubilados de Sant Pere i Sant Bernat, en Palma, el pasado 27 de enero.

Según confirmaron fuentes del Obispado de Mallorca, Taltavull recibió la segunda dosis "al igual que el resto de usuarios" de la residencia porque "la vacuna consta de dos dosis". La primera se la puso el pasado 5 de enero y pidió "perdón" por el malestar que haya podido provocar este hecho.

Según argumentaron desde el Obispado, Taltavull "forma parte de la unidad sanitaria" de esta residencia y "siempre que se ha puesto vacunas, lo ha hecho allí" pues "se le trata como uno más de la residencia".

También se vacunó el pasado 13 de enero el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, quien recibió la primera dosis junto a los sacerdotes mayores que viven en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, en La Laguna, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza.

Desde el Obispado precisaron entonces que Álvarez estaba incluido en el listado enviado a las autoridades sanitarias al mantener su domicilio en ese lugar, concretamente en un apartamento adjunto, con cuyos residentes tiene frecuentes contactos y comparte algunos servicios que se prestan.

Si bien, consultados este martes 9 de febrero al respecto de si se le ha administrado la segunda dosis de la vacuna al prelado, desde la diócesis han informado que se ha decidido no hacer más comentarios sobre este tema.

El pasado viernes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) dio por finalizado un informe en el que concluye que algunos cargos públicos como la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, o el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, se saltaron el protocolo de vacunación.

Entre los prelados que ya han recibido también la primera dosis de la vacuna y que lo han hecho público se encuentra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a quien le fue administrada la segunda semana de enero, en su caso, en calidad de residente de la Casa Sacerdotal 'San Juan de Ávila' de Córdoba.

Fue el primer obispo en hacer pública su vacunación, y según informaron desde el obispado, el prelado recibió la dosis junto al resto de residentes de la residencia, y dada su consideración como grupo de riesgo por su edad.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha presentado oficialmente este martes en la sede del Ministerio el 'Pacto por la Ciencia', documento que refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y recursos humanos, principalmente para incrementar de forma sostenible la inversión pública en I+D+I.

"Este Pacto que llevaremos al Congreso en próximas semanas debería haber llegado mucho antes, pero estamos a tiempo de actuar, y es lo que estamos haciendo ahora", ha señalado el ministro al comienzo de su intervención, en un acto que ha contado con el apoyo, a través de un vídeo, de los representantes de las más de 60 asociaciones científicas, académicas, empresariales y sociales que se han adherido a este Pacto. "Demuestra que, por fin, estamos todos a una y que, quizá, lo vayamos a conseguir", ha agradecido Duque.

Tal y como ha recordado en su discurso, los beneficios de la ciencia y la tecnología son "evidentes" en la sociedad, pero lamenta que España haya caído, en ocasiones, en el "error" de aquel personaje de Miguel de Unamuno que, en 'El pórtico del Templo', afirmaba que "la luz eléctrica alumbra aquí también como allí donde se inventó.

"La historia de nuestro país sugiere que nos encontraremos con dudas y tentaciones de retroceso", ha advertido, en este sentido. Sin embargo, asegura que el "amplio apoyo" que ha encontrado en los últimos meses en todos los ámbitos le hace sentir que "la sociedad española de hoy está dispuesta a derribarlas".

Según el ministro, "casi nadie duda" actualmente en los beneficios de la ciencia y la innovación, pero advierte de la importancia de que se tenga una visión "a largo plazo". "Sus resultados están en un futuro a veces lejano y no podemos prever con exactitud los laboratorios o proyectos que nos cambiarán la vida", añade.

Y esto es lo que ha sucedido con el coronavirus SARS-CoV-2, tal y como ha explicado Duque. En enero de 2020, al poco de su aparición, BioNTech y Moderna ya trabajaban en su proyecto de vacuna de ARN mensajero, logrando resultados en meses cuando antes se necesitaban años. "Esos resultados han sido posibles gracias a la acumulación de conocimiento durante décadas a través de investigación básica financiada con fondos públicos", ha dicho.

Por eso, ha reclamado mayor inversión en ciencia, en concreto, una financiación estable que dé continuidad al incremento de este año recogido en los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan un incremento del 60% con respecto al año pasado. "Así seremos capaces de alcanzar el 2% del PIB antes de que acabe la legislatura, en 2024", confía el ministro, que no obstante ha recordado que ni llegando a este nivel de inversión, España se situaría en la media europea.

En este contexto, Duque ha ilustrado así la situación de España con respecto al resto de países de su entorno: "España está en la situación que Lewis Carroll colocó a Alicia cuando la hizo visitar el país de la Reina Roja; allí hacia falta correr mucho para permanecer en el mismo lugar, y para llegar a otros sitios había que correr el doble de rápido".

Y ha recordado cómo mientras algunos países europeos incrementaron la inversión en ciencia entre 2009 y 2017 (Alemania la incrementó un 31%, Italia un 12% y Francia un 10%), España la redujo en casi un 6%. "Para mejorar posiciones tenemos que hacer las cosas mucho mejor y para eso es necesario lograr un amplio consenso en torno a este Pacto", ha aseverado el ministro.

Con este Pacto, según ha explicado, sería posible mantener un incremento sostenido y bien planificado en el tiempo, para aspirar así a alcanzar un 3% del PIB en inversión para 2030. Este punto haría posible el segundo pilar sobre el que se sostiene este Pacto impulsado por el ministro, que es el de apoyar a las personas.

El documento pretende dotar de independencia y de los recursos y medios suficientes a las agencias financiadoras de la I+D+I, --la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el CDTI y el Instituto de Saludad Carlos III (ISCIII)--, así como consolidar una carrera investigadora pública estable y promover una mayor incorporación de personal científico en las empresas.

Durante el acto, han dado su apoyo a través de un vídeo representantes de las más de 60 entidades que ya han mostrado su apoyo a la iniciativa del ministro.

Entre ellos, han aparecido en el vídeo: el presidente de Crue, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la presidenta de COSCE, Perla Wahnón; el presidente de AMETIC, Pedro Mier; la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia; la presidenta de ASEBIO, Ana Polanco; el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo; Silvio González Moreno, consejero delegado del Grupo Atresmedia; y Àngel Font Vidal, directivo de Fundación la Caixa, entre otros.

La nieve, el viento, las tormentas o el fuerte oleaje pondrán este miércoles con aviso de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) a buena parte de la Península y Baleares, excepto a Extremadura, oeste de Andalucía y Navarra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo por viento importante, con rachas que pueden soplar incluso hasta a 90 kilómetros por hora, afectará a Tarragona, Almería e Islas Baleares, mientras que el aviso por viento será amarillo, por rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Albacete, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Teruel, Castellón, Valencia, Alicante, Ávila, Salamanca, Segovia, Madrid, Barcelona, Tarragona.

Además, las nevadas afectarán con riesgo importante, porque se esperan acumulaciones de 20 centímetros de nieve en el Pirineo de Huesca. Mientras, tendrán aviso amarillo, porque acumularán hasta 12 centímetros de espesor, las provincias de León, Palencia, Zamora, Asturias, Lugo, Orense, Lérida, Burgos, Soria, Teruel y Madrid.

En cuanto a los fenómenos costeros, todo el litoral de la Península y de Baleares excepto Huelva, Murcia y Castellón tendrán riesgo. El aviso será naranja en La Coruña, Pontevedra, Granada, Almería, Ibiza, Formentera y el sur de Mallorca.

Mientras el aviso será de nivel amarillo en el litoral del País Vasco, Cantabria, Asturias, Lugo, el litoral de Cataluña, sur de Valencia, norte de Mallorca y Menorca, Murcia, Málaga y Cádiz.

En general este miércoles estará marcado por las nevadas en el centro y norte peninsular y por el viento fuerte en el Cantábrico, Alborán, Baleares, puntos del litoral mediterráneo oriental y áreas montañosas del este peninsular. También se esperan tormentas.

Esta situación se debe a la inestabilidad posterior al paso de un frente atlántico que ya habrá superado las Baleares y que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte de la Península durante la madrugada.

También se esperan precipitaciones durante la mañana y en las horas centrales del día en Baleares, donde se esperan las más intensas y acompañadas de tormenta.

Las excepciones son el Cantábrico oriental y el Pirineo, donde se mantendrán la nubosidad abundante y las precipitaciones hasta bien entrada la tarde, y la mayor parte del litoral mediterráneo peninsular, donde predominarán los cielos poco nubosos o con nubes de tipo alto.

Por la tarde, un frente cálido entrará por el oeste de la Península y provocará un aumento de la nubosidad así como algunas lluvias débiles. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con probables chubascos en las islas montañosas.

Las precipitaciones serán en forma de nieve en la cordillera Cantábrica y en los sistemas Central e Ibérico; con una cota situada en 1.100 a 1.500 metros al principio del día y que bajarán hasta los 900 o 1.000 metros durante la madrugada y por la mañana. En el Pirineo las nevadas se darán a partir de 1.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé que suban en la vertiente atlántica, sureste y norte de Aragón y de Cataluña. Las mínimas tenderán a subir en la mitad sur peninsular y a bajar en la mitad norte. En el resto del país no se esperan cambios significativos y las heladas serán débiles y afectarán a áreas de montaña.

Por último, el viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, fuerte o con intervalos de fuerte en el Cantábrico, Alborán, Baleares, puntos del litoral mediterráneo oriental y áreas montañosas del este peninsular, amainando a lo largo del día. En Canarias, viento flojo, variable o de componente norte.

La Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) ha asegurado este martes que apoya y promueve el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica deGarantía Integral de la Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad, conocido como ley del 'solo sí es sí', y las reformas que plantea para el Código Penal.

A su juicio, este texto integra la perspectiva de género en el Código penal y extiende a las mujeres "un derecho genuinamente pensado para los hombres", "apuntalando el status quo de las discriminaciones de género".

Esta norma está en la actualidad en fase de anteproyecto y siendo analizada a través de informes por las diferentes instituciones del Estado. Mientras la Fiscalía ha avalado el texto, el CGPJ ha criticado algunos de sus puntos en la ponencia previa al documento final, que se espera este mes. Posteriormente, la ley deberá pasar por el análisis del Consejo de Estado, antes de regresar al Consejo de Ministros.

Desde la asociación de juezas también han analizado el contenido de la propuesta de Igualdad que, según destaca, recoge "reivindicaciones históricas en la defensa de los derechos" de las mujeres y los menores que, además, "entroncan directamente con la protección de los derechos humanos y con la Constitución", como es la igualdad entre todas las personas.

En cuanto a su contenido, AMJE asegura que apoyan la introducción de una definición clara y taxativa del consentimiento y recuerda, en este sentido, que tanto la UE como el Tribunal Supremo están reclamando un cambio en la legislación española al respecto.

"NO SE PIDE MAYOR PUNICIÓN"

"En una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos humanos ninguna mujer debería preocuparse de si provoca o no a un hombre, de si debe ir vestida de una forma concreta y de si su actuar despierta el deseo sexual del hombre", apunta la asociación.

"No se pide mayor punición, se pide colocar a la mujer y al bien jurídico protegido de su libertad sexual en el centro del debate, en el centro de la norma, dando carta de naturaleza a su consentimiento de forma explícita y a una interpretación de ese consentimiento, por quien tiene encomendada la tarea de legislar", añade en el comunicado.

La AMJE apunta, también, que esta medida, como señalaba el CGPJ en su ponencia, no es contraria a la presunción de inocencia y que la definición del consentimiento sexual no pretende eliminar o mitigar la eficacia de otros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, sino que "visibiliza de manera clara y decidida aquello que constituye la base y el núcleo de la libertad sexual", es decir, "el consentimiento sexual".

"El hecho de sentar una posición clara y terminante en este sentido no implica tampoco que se invierta la carga de la prueba", apuntas las juezas, en referencia a otro comentario de los vocales del Pleno del CGPJ en el escrito, que hicieron público la semana pasada.

VALORAN SU CARÁCTER TRANSVERSAL

En este sentido, indican que "por el juego del principio de presunción de inocencia, seguirá siendo la victima la que habrá que acreditar que conforme a las circunstancias del caso no hubo actos, exteriores, concluyentes e inequívocos que implicaron su consentimiento".

En el comunicado, también valoran "positivamente" la eliminación de la diferencia entre abuso y agresión sexual. La asociación, parte de la base de que "en toda agresión sexual existe una violencia implícita que justifica la sanción de todas las conductas sexuales inconsentidas". Sin embargo, considera "que el uso de determinados medios odiosos, lesivos o que supriman las posibilidades de defensa de la víctima debe merecer una respuesta penal más intensa".

Finalmente, la AMJE defiende el carácter transversal de la norma, "a fin de garantizar una respuesta adecuada e integral a todas las víctimas de violencia sexual y comparte la posición de Igualdad cuando afirma en la exposición de motivos del texto que la protección integral de la libertad sexual de mujeres y niñas requiere una persecución más eficaz de las conductas de proxenetismo.

El Gobierno de Aragón ha confirmado 279 nuevos casos de la COVID-19 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 3.101 pruebas diagnósticas, conocidos este lunes, 8 de febrero, mientras que el número de personas ingresadas por esta patología en un hospital se eleva a 728, de las que 88 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según los datos definitivos para esta jornada publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, en Zaragoza se han declarado 167 positivos, en Teruel, 82, y en Huesca, 29, además de un caso en el que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Del total de 3.101 pruebas diagnósticas, 2.031 han sido PCR y 1.070 test antígenos, con una positividad del nueve por ciento, mientras que los asintomáticos han representado el 48 por ciento del total. Las altas epidemiológicas han sumado 879.

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 4.336, de las que 2.783 han sido PCR, 1.130 test de detección de antígenos, 393 pruebas serológica y 30 tests rápido de anticuerpos

Por municipios, Zaragoza ha comunicado 120 casos; Teruel, 44; Alcañiz, 11; Huesca, ocho; Utebo, cuatro, y Calatayud y Monzón, tres cada uno.

Por zonas de salud, las que más contagios han registrado han sido Teruel Ensanche, con 26; Teruel Centro, con 18; Alcañiz, con 15; Santa Isabel, con diez; Avenida Cataluña, Madre Vedruna-Miraflores y Sagasta-Ruiseñores, con ocho cada una; y Andorra, Romareda-Seminario y Torrero La Paz, con seis, respectivamente.

CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19

Las camas ocupadas por pacientes con la COVID-19 son 728 en Aragón, de las que 88 son de UCI y 640 de planta. Las camas disponibles suman 1.215, de las que 66 son UCI con respirador, ocho más sin respirador y 1.141 de hospitalización convencional.

La distribución por hospitales, en la ciudad de Zaragoza, en centros públicos, indica que en el Hospital Royo Villanova hay 70 ingresos, diez de ellos en UCI; en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, 22, cinco en UCI; en el Servet, 192, 27 en UCI; en el Militar, 26; y en el Clínico, 146, 25 en UCI.

En centros privados, en el Hospital MAZ, hay ocho personas ingresadas, dos en UCI; en la Clínica Montecanal, dos; en la Montpellier, seis, dos en UCI; en Nuestra Señora del Pilar, uno; en el Hospital Quirón, 14, cuatro en UCI; en el Hospital San Juan de Dios, once, y en el Hospital H.C. Miraflores, cuatro, uno en UCI.

En la provincia, en el C.S. Ejea-Cinco Villas hay tres pacientes ingresados por coronavirus y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 40. En Huesca, en el Hospital San Jorge, 28, cinco en UCI; en el de Barbastro, 25, tres en UCI; en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, uno, y en la Clínica Santiago, otro. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco, 59, cuatro en UCI; en el Hospital San José, 26, y en el Hospital de Alcañiz, 43.

VACUNACIÓN EN ARAGÓN

El número total de dosis administradas de la vacuna contra la COVID-19 hasta este lunes, 8 de febrero, en Aragón, ha sido de 76.802, de las que 25.960 corresponden a segundas dosis. Esto supone el 86,06 por ciento de las dosis disponibles.

La comunidad autónoma mantiene un stock de 3.500 dosis como remanente para garantizar la continuidad del programa de vacunación en caso de retraso en el suministro.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2021, en el que prevé destinar 10,8 millones de euros para una campaña de promoción de la vacunación frente al COVID-19. Se trata de una de las seis campañas que disponen de una inversión igual o superior a los seis millones de euros.

El Plan recoge la planificación prevista de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado para 2021, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos, así como la asignación de cada una.

Así, prevé una inversión de 123,38 millones de euros, un 86% más que el año anterior, para desarrollar 168 campañas a lo largo del año. La inversión total que crece en 57,32 millones de euros respecto al año anterior, lo que supone un 86,77% más de lo previsto en 2020.

No obstante, el Gobierno ha destacado que la partida prevista para 2021 "apenas supone el 46% de los 268 millones que destinó en 2007 el primer Plan de Publicidad y Comunicación Institucional.

"Se ha de tener en cuenta que, en el caso del Plan de 2020, la situación de emergencia sanitaria derivó en la retirada de las partidas de algunos ministerios, como en el caso de Hacienda, que modificó su propuesta inicial de una campaña en el ámbito tributario a la vista de las prioridades comunicativas en el Estado de Alarma", ha subrayado el Gobierno.

De este modo, ha indicado que en 2021 el primer lugar en cuanto a inversión presupuestaria lo ocupa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un 18,85% de la inversión prevista para 13 campañas, entre las que destacan las relativas a Seguridad Alimentaria y Alimentos de España. Le sigue el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que prevé ofrecer 57 campañas con una asignación del 13% de la inversión total.

Asimismo, ha apuntado que un total de seis campañas disponen de una inversión igual o superior a los seis millones de euros: la de promoción de la vacunación frente al COVID, del Ministerio de Sanidad, a la que se prevén dedicar 10,8 millones de euros; seguridad vial de la DGT; sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria; Transición Energética de IDEA; contra de la violencia contra las mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; y el Plan de Reconstrucción: Fomento del Humanismo Tecnológico de RED.es.

En relación con las principales prioridades de la Administración General del Estado en materia de publicidad y comunicación institucional durante el año 2021, el Gobierno ha explicado que serán la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos con un 39,51% del coste total previsto, y la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno con un 35,88% del coste total de las previsiones presupuestarias.

Asimismo, ha añadido que "el objetivo más buscado", en cuanto al número de campañas y el total de la inversión presupuestada, será comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social con un 45,83% respecto al número total de campañas y 57,65% respecto de la inversión total que se prevé realizar.

En relación con los distintos soportes publicitarios, ha detallado que la gran mayoría de las campañas (72%) tendrá inserciones en internet, siendo así el medio más utilizado, de prensa, radio, televisión, soportes exteriores y revistas.

Por otro lado, ha manifestado que se llevarán a cabo 41 campañas comerciales durante el año 2021, con una inversión total de 120.122.557 euros en un total de 9 ministerios: Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Deporte; Asuntos Económicos y Transformación Digital y Universidades.

Se realizarán, por lo tanto, diez campañas menos que las previstas en el Plan 2020, disminuyendo el presupuesto previsto para las campañas de ámbito comercial en 15 341 578 euros respecto al año 2020 (-11,33%), según ha puntualizado.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 15 años y tres meses de prisión a E.T.M. por haber defraudado a la Hacienda Pública más de 4,26 millones de euros a través de la venta de gasoil adulterado con aceites a diferentes estaciones de servicio ubicadas en el sureste peninsular entre al menos 2007 y 2010 mediante la colaboración de testaferros y sociedades, algunas de ellas ficticias.

El fallo de la Sección Segunda, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso de casación, condena al empresario por los delitos de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública a cumplir un máximo de 12 años de cárcel al tiempo que le impone además una multa superior a los 8,2 millones de euros, le decomisa bienes por valor de 3,68 millones de euros y le imposibilita para obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales durante seis años.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Luis Columna, detalla el método empleado por el acusado para conseguir sus objetivos, de modo que en esencia, adquiría aceites exentos de tributación si se destinaban al comercio intracomunitario para mezclarlos con gasóleo y vender el producto resultante --25% aceite, 75% gasoil-- a estaciones de servicio y de transportes como si de gasoil se tratara, producto este sometido entre otros al Impuesto Especial de Hidrocarburos si el destino final es en España.

El empresario adquiría el aceite de una planta de regeneración de aceites usados afincada en Fuenlabrada (Madrid) a través de varias sociedades, una de ellas dedicada a la compra y venta de gasoil, y otras dos más destinadas al transporte del gasoil y derivados que contaban no solo con una flota de vehículos sino también con redes comerciales.

Las tres empresas estaban a nombre de testaferros ya juzgados, uno de los cuales organizaba el transporte de las cisternas de aceite desde Madrid hasta una nave en Cantoria (Almería), donde se realizaba la mezcla para su venta a terceros. No obstante, el acusado fingía que adquiría los aceites ya tratados para su exportación a otras cuatro empresas radicadas en Francia e Italia, algunas de las cuales sin existencia real.

CASI 500 OPERACIONES

Ninguna de las cisternas cargadas con aceite mineral, que en el periodo analizado fueron 498 operaciones, salió del territorio español, sino que "esas cisternas cargadas durante los años 2007 a 2010, fueron mayoritariamente conducidas a una nave que el acusado tenía alquilada en el polígono industrial de Cantoria (Almería), que era el lugar donde se mezclaba con gasoil que previamente y por cauces legales el acusado había adquirido", da por probado el tribunal.

El producto resultante de esa mezcla era vendido como gasoil a través de sus propias redes comerciales, pero "de forma clandestina", es decir, sin facturación, con la ayuda de otro colaborador. Asimismo, el acusado, al que le constan condenas anteriores por contrabando y contra la Hacienda Pública, junto con la persona que le vendía el aceite confeccionaban documentos como albaranes y contratos de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) para aparentar que el producto tenía como destino empresas extranjeras.

Como resultado, el condenado dejó de abonar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, cuya cuantía era de 278 euros por cada mil litros desde el hasta el 12 de junio de 2009 y de 307 euros de esa fechan en adelante por las ventas que se hicieron del aceite mineral como si de gasoil se tratara. Solo en 2009 se dejó de abonar 1.265.385 euros en materia de impuestos.

El tribunal apunta demás que tras el registro efectuado en la nave industrial de Cantoria en junio de 2010 se cambió el modo de actuar, con lo que "en lugar de mezclar el aceite con el gasoil en las instalaciones" de la empresa se realizaba la mezcla de combustible y aceite "directamente en los depósitos de las propias estaciones de servicio", mientras que se contrató una empresa externa para transportar el aceite.

FINCAS Y VEHÍCULOS

Como consecuencia de esta actividad ilícita el empresario obtuvo un "importante beneficio económico" con el que adquirió bienes, aunque "su mayoría figuran a nombre de terceras personas, generalmente jurídicas, incluso algunas sin existencia real".

La investigación permitió destapar bienes inmuebles tasados en 2.895.692 euros mediante fincas radicadas en Huércal-Overa, Mojácar, Zurgena y Cuevas del Almanzora, en Almería, así como en Murcia y en San Javier. Del mismo modo, se han localizado vehículos valorados en 785.990 euros, entre los que existe una flota de 20 camiones y 24 automóviles, algunos de alta gama por valor de 54.520 euros.

"Nos encontramos que tiene un patrimonio cercano a los cuatro millones de euros y que sus ingresos ni siquiera llegan a los 100.000 euros en ese periodo de tiempo", apunta el tribunal, el cual considera que ante tal "desfase" y con las actividades ilícitas que se cometieron en los años anteriores a la denuncia "es evidente y palmario que se ha cometido el delito de blanqueo de capitales".

La sentencia rechaza en sus fundamentos la prescripción de los delitos relativos al blanqueo de capitales tal y como solicitó la defensa del principal acusado, quien ha estado en torno a siete años bajo búsqueda con una orden de detención por parte de la autoridad judicial.

"La defensa reconoce que ha habido blanqueo de capitales, pero por una cuantía inferior a la que le atribuye el Ministerio Fiscal y la letrada del Estado", estima la Sección Segunda al señalar que la representación del acusado aportó un informe pericial en su escrito de defensa en el que reconocía la adquisición de bienes inmuebles con "fondos de origen ilícitos".

Vox ha protestado este martes ante la presidenta de Congreso, Meritxell Batet, por el hecho de que el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, haya difundido en redes sociales documentos "confidenciales" de los letrados de la institución, una queja ante la que máxima responsable de la institución ha replicado señalando que la Mesa no tiene capacidad para sancionar al dirigente 'morado' por estos episodios.

La protesta ha tenido lugar en la reunión de la Mesa del Congreso, donde el vicepresidente cuarto y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro,ha afeado que, hasta en dos ocasiones, Echenique haya dado a conocer en su cuenta de Twitter las propuestas que realizan los letrados del Congreso sobre la calificación o no de las iniciativas de los grupos parlamentarios.

En concreto, según ha explicado Vox, Gil Lázaro ha reiterado su "repulsa" por el hecho de que, hace dos semanas, Echenique difundiera por la citada red social la nota de los servicios jurídicos favorable a la tramitación de la comisión de investigación solicitada por Unidas Podemos sobre el uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I.

UNA FALTA DE RESPETO

Entonces, Gil Lázaro ya dejó claro que eso era una "conducta improcedente", puesto que esas notas que los letrados "no tienen carácter público, ni tampoco vinculante para la Mesa". También se quejó porque difundiera el documento un día antes de que el órgano de gobierno de la Cámara, con los votos de PSOE, PP y Vox, vetara la tramitación de la iniciativa.

El pasado lunes, Echenique volvió a difundir la opinión de los servicios jurídicos sobre la comunicación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había remitido al Congreso solicitando emitir un informe sobre la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar sus competencias cuando este órgano esté en funciones. Por eso, este martes Gil Lázaro ha vuelto a censurar el comportamiento del portavoz, incidiendo en que, a su juicio, es "una falta de respeto institucional a la Mesa".

Es más, ha llegado a acusar a Echenique de hacer "una utilización partidista de la labor independiente del cuerpo de letrados que puede llegar a condicionar al mismo". Asimismo, ha recordado que en la legislatura 2015-2019 Unidos Podemos propuso que las propuestas de los servicios jurídicos de la cámara y las de carácter administrativo fueran publicadas, pero la Mesa acordó mantener el carácter reservado de las primeras y publicar sólo las segundas.

Según informaron fuentes parlamentarias, ante esta protesta la presidenta del Congreso ha contestado que la Mesa no tiene competencias para sancionar este tipo de conductas, a lo que el diputado de Vox ha precisado que no se trata de sancionar, sino de que este órgano haga valer aquel acuerdo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, un texto que incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción.

"La ley conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución", según ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y consta en la referencia del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha remitido el proyecto a las Cortes Generales, a las que solicita que su tramitación parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado.

El proyecto de ley incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, que podrán incurrir en infracciones de distinto grado para las que quedan fijadas sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros.

Cuando presentó el anteproyecto de ley, el Ejecutivo defendió la necesidad de crear un marco regulador nacional en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, principalmente policiales, fiscales y judiciales, en la prevención, persecución y enjuiciamiento de delitos.

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA EUROPEA

El Proyecto de Ley consta de 61 artículos estructurados en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y once disposiciones finales, que transponen la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

La norma se encuadra dentro del "paquete de protección de datos" impulsado por la Comisión Europea y cuyo objetivo es la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y su libre circulación.

"Dado el retraso acumulado", ha destacado el Gobierno, "cuando el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto en primera vuelta, el 10 de marzo de 2020, acordó su tramitación administrativa urgente, lo que ha permitido recabar con premura los preceptivos informes".

Estos informes han sido remitidos por los ministerios de Justicia, Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública, Defensa, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Trabajo y Economía Social.

También han informado el proyecto el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, los departamentos de Seguridad Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La Comunitat Valenciana ha notificado 104 fallecidos por covid desde la última actualización de ayer, de los que 38 son residentes. El número de nuevos contagios es de 4.310 y los hospitales tienen 312 ingresados y 26 camas UCI ocupadas menos que ayer, según los datos facilitados este martes por la Conselleria de Sanidad.

De este modo, la Comunitat vuelve a superar el centenar de decesos tras el paréntesis registrado desde el pasado viernes, cuando se notificaron 99 muertes, coincidiendo con el fin de semana y el lunes. La pasada semana encadenó tres jornadas consecutivas superando esta barrera: el martes se alcanzó un récord en toda la pandemia con 106 muertes, que fue superado al día siguiente con 112 muertes y el jueves se comunicaron otros 109 fallecimientos.

Así, el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 5.582 personas: 666 en la provincia de Castellón, 2.064 en la de Alicante y 2.852 en la de Valencia.

Por otro lado, se han registrado 4.310 casos nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, lo que sitúan la cifra total de positivos en 352.502 personas.

Por provincias, 606 están en Castellón (36.016 en total), 1.658 en Alicante (132.844 en total) y 2.046 en la provincia de Valencia (183.365 en total). Además, se han reasignado dos casos, por lo que el total de casos sin asignar son 7.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 3.235 personas ingresadas, frente a las 3.547 de ayer, y 602 en las UCI, frente a las 628 de este lunes. De ellos, 337 están en la provincia de Castellón, con 53 pacientes en UCI; 1.299 en Alicante, 232 de ellos en la UCI; y 1.599 en Valencia, 317 de ellos en UCI.

ALTAS

No obstante, desde la última actualización se han registrado 7.565 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 307.269 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.

Por provincias, las altas se distribuyen 31.677 en Castellón, 113.971 en Alicante y 161.562 en Valencia, además de 59 no asignadas.De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 51.129 casos activos, lo que supone un 14,05% del total de positivos.

Por otro lado, la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 198.579 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 26.971 en Castellón, 74.378 en Alicante y 97.230 en Valencia. Han recibido las dos dosis de la vacuna 88.412 personas.

RESIDENCIAS

Desde la última actualización, hay algún caso positivo en 168 residencias de mayores (16 en la provincia de Castellón, 56 en la provincia de Alicante y 96 en la provincia de Valencia), 40 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 11 en la provincia de Alicante y 27 en la provincia de Valencia) y 8 centros de menores (5 en la provincia de Alicante y 3 en laprovincia de Valencia).

Asimismo, se han notificado 19 residentes nuevos positivos, 6 trabajadores y trabajadoras nuevos positivos y 38 residentes que han fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 69 residencias en la Comunitat Valenciana: 9 en la provincia de Castellón, 24 en la provincia de Alicante y 36 en la provincia de Valencia.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha detectado 70 nuevos brotes de coronavirus, de los que 19 se circunscriben al ámbito educativo, e incluyen los dos que afectan a más personas: uno de 14 casos en Moncofa y otro de 12 en Valencia.

Según ha indicado la Consejería, 40 de los focos se han registrado en la provincia de Valencia, 24 en la de Alicante y 6 en la de Castellón.

Respecto a los brotes de origen educativo, además de los ya mencionados, hay uno de siete casos en Orihuela, otro que afecta a seis personas en Albatera; cuatro más de cinco contagios en Castelló (la Ribera), Cocentaina, Guadassèquies y Orihuela.

Hay, además, cinco focos de cuatro positivos en este ámbito en Ibi, l'Alcora, los Montesinos y Valencia (dos); y el resto son de tres positivos y se localizan en Castalla, Cheste, Onil, San Miguel de Salinas, Torrevieja y Valencia.

Asimismo, se han registrado cuatro brotes de origen laboral: uno en Albal que afecta a seis personas, otro en Sagunt con cinco afectados y dos más de cuatro casos cada uno en Alzira y Puçol.

El resto de focos se han producido en el ámbito social. València ha registrado 11 de ellos: uno de seis casos, tres de cinco, cinco de cuatro y dos de tres.

Otros municipios con más de un brote social son Altea (dos de cuatro casos cada uno); Alzira (otros dos de cuatro); Callosa d'en Sarrià (uno de siete y otro de tres); Sagunt (dos de cuatro) y Vinaròs (también dos de cuatro).

El resto de focos sociales se localizan en Albaida (seis contagios), Albal (cuatro), Albalat de la Ribera (seis), Alboraia (seis), Algemesí (cinco), Alicante (cinco), Almussafes (siete), Bejís (tres), Benidorm (nueve), Carcaixent (cuatro), Catadau (tres), Chera (cinco), Finestrat (cuatro), el Genovés (seis) y la Font de la Figuera (seis).

También hay brotes en la Nucia (ocho positivos), Pedreguer (cuatro), Pego (tres), Peñíscola (tres), Polop (tres), Quesa (cinco), Rafelguaraf (seis), Requena (cinco), Tàrbena (cinco), Torrevieja (tres) y la Vila Joiosa (nueve).

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado este martes que el Gobierno Vasco ha decidido cesar al miembro del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que se saltó el confinamiento para jugar al golf, ya que ha defendido que los cargos públicos deben actuar "con ejemplaridad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, Sagardui se ha referido a la información que este martes publica El Correo en la que se asegura que Ibon Etxeberria, uno de los miembros de la comisión de expertos que asesora a Urkullu en la gestión de la pandemia de coronavirus, se saltó el pasado domingo el confinamiento municipal para jugar a golf a un club de campo.

Según ha explicado la consejera, el Gobierno ha analizado "lo ocurrido" y "no comparte la interpretación jurídica legal de la norma" que hizo el miembro del LABI, ya que la norma "no estaba pensada para autorizar este tipo de casos".

"Tal vez puedan existir dudas respecto a la letra del decreto, pero no respecto al espíritu del mismo y por ello insistimos en esa interpretación. Si hay algún resquicio interpretativo del decreto, se podrá revisar, pero sí es cierto que el espíritu del decreto --que prohíbe la movilidad intermunicipal-- es claro", ha señalado.

Por ello, la consejera ha afirmado que lo mismo que "exige la responsabilidad a la ciudadanía", también a los cargos públicos "se exige ejemplaridad". "Es por ello, que vamos a proceder al cese de este director", ha apuntado.

Sagardui ha añadido que no comparten la interpretación que ha hecho de ese decreto por la que entendía que podía realizar ese desplazamiento entre dos localidades en rojo para realizar una actividad deportiva. Por ello, según ha apuntado, se ha procedido a su cese. "Hemos procedido a cesarle porque no compartimos la interpretación jurídica", ha insistido.

SOLO DESPLAZAMIENTOS IMPRESCINDIBLES

La consejera ha recordado que en varias ocasiones ha pedido en sus intervenciones públicas pedir "responsabilidad" a la ciudadanía para que en las localidades que se encuentran en rojo, solo se hagan desplazamientos que sean "imprescindibles".

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, por su parte, ha reconocido que la situación actual está resultando "muy complicada para toda la ciudadanía" y ha citado en concreto a los profesionales del ámbito sanitario, educativo y la seguridad.

"Muchos ciudadanos lo están pasando mal y también, quienes tenemos responsabilidades de gobierno, que tenemos que tomar todos los días decisiones que somos conscientes que son duras, restrictivas y limitan las libertades básicas de la ciudadanía", ha reconocido.

Asimismo, ha subrayado que el último decreto firmado por el lehendakari como consecuencia de las propuestas que se realizaron desde el LABI, se ajustaron aún más algunas condiciones, ya que se estableció una restricción "más dura aún" para evitar la movilidad entre poblaciones porque el Gobierno Vasco considera que la movilidad "es un elemento de riesgo que favorece el contagio de la covid-19".

También ha recordado que se fijó como límite los 500 casos por 100.000 para "cuidar aún más y con rigor, la situación de los municipios con situación "más delicada". "Se trataba de evitar la movilidad entre municipios con alta tasa de incidencia de la enfermedad y esa es una exigencia que hemos planteado a la ciudadanía", ha señalado.

Zupiria ha indicado que desde el Gobierno Vasco se ha pedido a la ciudadanía que sea "respetuosa" con las normas que han establecido las instituciones y ha defendido que "quienes tienen una responsabilidad pública deben ser más estrictos que nadie en su cumplimiento".

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado, en las últimas 24 horas, 184 casos positivos de Covid-19 confirmados y ocho personas fallecidas mientras sigue bajando la presión hospitalaria.

Así, en los hospitales extremeños hay ingresadas 413 personas, 51 personas menos que las registradas este lunes, y 63 de ellas están en UCI, dos menos que la anterior jornada. Además, se han dado 1.061 altas, lo que equivale a un acumulado de 60.023.

En relación a los fallecidos, con las ocho nuevas muertes con diagnóstico Covid-19 positivo, Extremadura acumula un total de 1.605 desde el inicio de la pandemia.

En concreto, han fallecido una mujer de 88 años de San Vicente de Alcántara, una mujer de 82 años de Badajoz, un varón de 95 años de Higuera de la Serena y una mujer de 82 años de Castuera.

Así como un varón de 71 años de Cáceres, un varón de 82 años de Alonso de Ojeda, un varón de 89 años de Miajadas y un varón de 90 años de Los Santos de Maimona, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Extremadura también ha comunicado dos brotes, uno en Talavera la Real con nueve positivos y 13 contactos, y otro en Helechosa de los Montes con 13 positivos y 21 contactos.

Mientras tanto se ha cerrado el brote del centro sociosanitario de Plasencia, el de Santa Marta de Magasca-Cáceres, el de Cáceres, el de la residencia de Garrovillas de Alconétar, el de Torre de Santa María, el de Alcántara y el de Valdivia.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 68 casos confirmados, tiene 132 pacientes hospitalizados, 23 de ellos en UCI, y registra 279 fallecidos y 18.055 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 12 casos positivos, tiene 70 pacientes ingresados, de los que 13 están en UCI, y acumula 442 fallecidos y 9.020 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 50 casos confirmados, tiene 58 personas hospitalizadas, de las que 12 están en UCI, y acumula 213 fallecidos y 11.833 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 22 casos positivos, tiene 62 pacientes hospitalizados, de los que nueve están en UCI, y acumula 206 víctimas mortales y 8.061 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 14 casos positivos, tiene 40 pacientes hospitalizados, de los que seis están en UCI, y ha registrado un total de 176 fallecidos y 3.639 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado dos casos confirmados, tiene tres pacientes ingresados y ha registrado 105 fallecidos y 3.120 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 15 casos positivos, tiene 39 pacientes ingresados y ha registrado un total de 111 fallecidos y 4.200 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado un caso positivo, tiene nueve pacientes hospitalizados y ha registrado un total de 73 personas fallecidas y 2.095 altas.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia del caso 'Naiara', dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, al desestimar todos los recursos que las partes han presentado. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días.

En una nota de prensa, el TSJA ha señalado que los condenados, Iván Pardo Pena, natural de Lugo y autor confeso del asesinato de su sobrina, condenado a prisión permanente revisble; Nieves Pena --abuelastra de Naiara-- y Carlos Pardo Pena --padrastro de la menor-- presentaron recurso. También Manuel B.S., padre biológico de Naiara, personado como acusación particular.

Sobre las cuestiones alegadas por la defensa de Iván Pardo en su recurso, los magistrados no aprecian que se haya infringido el derecho del acusado a la presunción de inocencia ya que "existió abundante prueba de cargo obtenida y practicada con todas las garantías, y razonadamente motivada".

Respecto a los trastornos de personalidad del acusado esgrimidos, el tribunal indica que el jurado, teniendo en consideración los informes periciales psiquiátricos, descartó que el acusado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas, añadiendo que el recurso de apelación contra sentencias dictadas por el magistrado presidente de un tribunal de jurado no es un recurso ordinario.

El TSJA se remite a la doctrina del Tribunal Supremo para afirmar que "no se puede producir una revisión de los hechos declarados probados, ni una nueva valoración de las pruebas practicadas, por lo que el cometido de esta Sala, en este recurso, es fundamentalmente jurídico".

Por último, el tribunal confirma "plena y rotundamente" la agravante de alevosía al tener en cuenta que el jurado ya la consideró probada tal y como se expresa en el fundamento cuarto de la sentencia de la Audiencia de Huesca.

En el recurso presentado por Nieves Pena y Carlos Pardo su letrado ha alegado el quebrantamiento de las garantías procesales al no haberse motivado en la sentencia las condenas para ambos de 2 años de prisión por la comisión de sendos delitos de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, cuando la participación de cada uno de ellos es completamente distinta.

El abogado de Manuel B.S., padre de Naiara, recoge el mismo argumento en su recurso. En este sentido el tribunal expresa que "no se observa la falta de motivación que se denuncia" y recuerda que en la sentencia de la Audiencia de Huesca se recoge claramente que ambos acusados eran conocedores de los castigos y malos tratos propinados a Naiara por Iván y estando al corriente de los mismos no hicieron nada para impedirlos.

Los magistrados apuntan que la mencionada sentencia de Huesca "justifica ampliamente y con abundante jurisprudencia la comisión del delito por omisión" y que las penas impuestas a los tres acusados están suficientemente justificadas por el comportamiento doloso de los tres acusados que detalla la resolución de la Audiencia, por lo que concluyen que la distinción que pretenden los recurrentes "no viene amparada en ningún precepto legal".

RESPONSABILIDAD CIVIL

El abogado de Manuel B. incide en otro motivo de recurso en la desigual valoración de las cantidades concedidas a la madre y al padre por el daño causado que califica el letrado de "desproporción absoluta".

A este respecto el tribunal manifiesta que "la valoración de la responsabilidad civil para los progenitores de la niña asesinada se circunscribe a los daños producidos por su muerte y no por los malos tratos sufridos" por los que en ningún momento se solicitó indemnización alguna.

Además, en este sentido el tribunal explica que la menor vivía en España en compañía de su madre desde que ambas se trasladaron desde Argentina, cuando la niña contaba casi cuatro años de edad, y que desde entonces no constan contactos de ningún tipo con el padre biológico, residente en Argentina, ni si se ocupó de ella en el aspecto afectivo, económico, o de cualquier otra naturaleza.

Para los magistrados resulta indudable que la indemnización no puede ser igual para ambos, "dado el tiempo transcurrido desde entonces y la ocupación de la madre en el cuidado de la niña en solitario, respecto al padre".

Por este motivo, estiman que "que el daño moral sufrido es muydiferente, por lo que procede una dispar cuantía indemnizatoria", desestiman el recurso y ratifican las cantidades establecidas en la sentencia recurrida, 120.000 euros para la madre y 30.000 euros para el padre.

CONDENAS

La Audiencia de Huesca condenó a penas de prisión a los tres procesados por la muerte de Naiara, de 8 años de edad, ocurrida en la localidad de Sabiñánigo (Huesca) en 2017, tras ser humillada, torturada y golpeada.

La resolución judicial declaró a Iván Pardo Pena, el principal acusado y tiastro de la pequeña, autor de dos delitos: uno de asesinato con las circunstancias agravantes de alevosía y minoría de edad de la víctima, por lo que ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable, y a una pena de 2 años de prisión por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Los otros dos acusados, Nieves Pena y Carlos José Pardo Pena, madre y hermano respectivamente de Iván Pardo y, por tanto, abuelastra y padrastro de la niña, han sido condenados a dos años de cárcel cada uno de ellos como autores de un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, siendo absueltos del delito de asesinato que les imputaba la acusación particular.

En el caso de Iván, a las penas de cárcel por el delito de asesinato se suman, una medida de libertad vigilada, la prohibición de comunicación y aproximación a los padres de Naiara y la prohibición de residir en la localidad de Sabiñánigo. Cada una de estas penas con una duración de 10 años a contar desde el momento en que hayan finalizado las penas privativas de libertad impuestas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 558 nuevos casos por infección de coronavirus, 98 más que los declarados en el día anterior. Sin embargo, el número de hospitalizados en cama convencional ha descendido en casi 90 personas, pasando de 1.194 a 1.107 pacientes.

En las últimas 24 horas se han registrado 27 fallecimientos por COVID-19, 12 en la provincia de Toledo, 9 en Ciudad Real, 3 en Albacete, 2 en Guadalajara y 1 en Cuenca.

Por provincias, Toledo ha registrado 271 casos nuevos, Ciudad Real 106, Guadalajara 79, Cuenca 64 y Albacete 38, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos de casos desde el inicio de la pandemia es 165.678. Por provincias, Toledo registra 59.840 casos, Ciudad Real 41.599, Albacete 27.019, Guadalajara 19.697 y Cuenca 17.523.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.107. Por provincias, Toledo tiene 494 de estos pacientes (348 en el Hospital de Toledo y 146 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 251 (87 en el Hospital Mancha Centro, 80 en el Hospital de Ciudad Real, 39 en el Hospital de Valdepeñas, 17 en el Hospital de Tomelloso, 15 en el Hospital de Puertollano y 3 en el Hospital de Manzanares), 172 en Albacete (88 en el Hospital de Albacete, 33 en el Hospital de Villarrobledo, 27 en el Hospital de Almansa y 24 en el Hospital de Hellín), Guadalajara 111 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y 79 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 226. Por provincias, Toledo tiene 89 de estos pacientes, Ciudad Real 67, Albacete 32, Guadalajara 29 y Cuenca 9.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.429. Por provincias, Toledo registra 1.933 fallecidos, Ciudad Real 1.606, Albacete 835, Guadalajara 545 y Cuenca 510.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

76 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus. De los 76 centros, 34 están en la provincia de Toledo, 13 en Cuenca, 13 en Guadalajara, 8 en Ciudad Real y 8 en Albacete. Los residentes con caso confirmado son 552.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.979.

La plataforma ciudadana 'Caso Castor' ha presentado a los grupos parlamentarios del Congreso enmiendas para buscar que sea ACS y no el Estado quien asuma la indemnización por el fallido proyecto del almacén de gas.

Esta organización, integrada por las organizaciones Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto de Derechos Humanos, ha presentado propuestas para que los grupos las hagan suyas durante la tramitación como proyecto de ley del decreto ley convalidado el pasado mes por el Pleno de la Cámara Baja que autoriza al Gobierno para pagar la indemnización con cargo a la deuda pública.

El almacén de gas Castor fue puesto en hibernación a raíz del riesgo sísmico derivado de sus actividades de puesta en funcionamiento y ahora el Estado debe devolver 1.350,7 millones de euros reclamados por las entidades financieras acreedoras (Banco Santander, CaixaBank y Bankia), más los daños y perjuicios e intereses respectivos generados por el período de impago.

Pese a que el Gobierno justifica este pago en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020, esta plataforma asegura que el propio Código Civil prevé la nulidad de una obligación y la restitución recíproca y que este principio general está recogido también en la regulación de la contratación pública.

Las enmiendas apuntan a este precepto legal para declarar de nulidad de los actos de la adjudicación, "debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del contrato y, si esto no es posible, deben volver su valor". Para esta plataforma, la indemnización por parte del Estado "no sólo es injusta" sino que "va en contra del ordenamiento jurídico vigente".

De esta interpretación sería la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, y la canadiense Dundee quienes debieran indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.

Para estas organizaciones, así se daría "una respuesta jurídica, equilibrada y garantista que solucione, sin perjuicio para la ciudadanía y las arcas públicas, la situación derivada de los derechos de cobro adquiridos sobre el sistema gasista con los que se pagó la compensación económica a la empresa Escal UGS.

Por otro lado, la plataforma asegura haber hecho "un análisis pormenorizado del estado de cuentas y solvencia de la sociedad ACS", tras el cual sostienen que, al menos desde los últimos tres años, esta entidad puede hacer frente a la devolución de la indemnización por el proyecto Castor "de forma ordenada y sostenible".

Unidas Podemos se ha puesto del lado de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la polémica suscitada en algunos sectores y en el propio Gobierno, tras la decisión de incluir al lobo ibérico dentro del catálogo de especies protegidas, al tiempo que pide al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que rectifique en su actitud.

El diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha manifestado que es "la hora de defender al lobo" y ha manifestado que la inclusión de la especie en el catálogo de especies protegidas supondrá que no podrá ser cazado en España, pero además una estrategia de gestión de la especie que incluya ayudas al sector ganadero.

La decisión adoptada el pasado jueves por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico --por mayoría simple y en segunda votación--, entrará en vigor cuando la orden ministerial que sustenta la decisión sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La medida de protección de la especie ha sido celebrada por las organizaciones ambientales pero criticada desde las organizaciones ganaderas y cinegéticas.

Además, dentro del propio Gobierno de coalición se ha abierto una nueva discrepancia. Esta vez la discusión no se da entre los distintos bloques de la coalición, sino entre el propio sector PSOE del Ejecutivo.Este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada encaminada a prohibir la caza de la especie en toda España y expresó estar con los ganaderos.

"Es un tema muy polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo. Comparto la preocupación de los ganaderos y como ministro de Agricultura, estoy a su lado", indicó en un acto sobre el olivar.

"Hay que ser capaces de situar claramente cada cosa en su lugar". "No es una decisión de mi Ministerio, sino de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, y respeto esa decisión, pero ya dijimos en el curso de su elaboración, hasta en dos ocasiones, que la regulación actual nos parecía suficiente", insistió Planas, que aboga por buscar un "justo equilibrio".

Estas declaraciones cayeron como un jarro de agua fría en la Vicepresidencia Cuarta, según han manifestado fuentes conocedoras de este sentir y que consideran que Planas ha caído incluso en la deslealtad.

También ha sido crítico López de Uralde, quien ha exigido a Planas una rectificación de sus palabras al tiempo que ha rechazado su posición. No obstante, asegura que no le han sorprendido las palabras del titular de Agricultura a quien ha definido como "un ministro antiecologista" que se opone "siempre" a "cualquier medida en cualquier ámbito que vaya en defensa del medio ambiente" y que limite las conveniencias de la agricultura.

"Creemos que el Ministerio de Agricultura tendría que ser más leal a las políticas del Gobierno, más aún cuando tras esta medida hay un dictamen científico. Pido a Planas una rectificación", ha apostillado.

A su juicio, es "hora de defender al lobo". Así, ha recordado que han sido las organizaciones ecologistas las que han buscado vías para favorecer la coexistencia de la especie con la ganadería extensiva. "Lobo y ganadería extensiva van de la mano y las ONG nunca han puesto impedimentos al apoyo a esta ganadería, todo lo contrario, las acciones más relevantes (en esa materia) han venido de los sectores ecologistas", ha insistido.

De este modo, ha expresado su respaldo a la "valiente" decisión de Ribera y ha añadido que la estrategia para la gestión de la especie debe, precisamente, apoyar esta convivencia pacífica entre el lobo y los ganaderos.

"Todos apoyamos a los ganaderos pero no se debe buscar una confrontación dentro del Gobierno", asegura De Uralde, que ha precisado que la Dirección General de Bienestar Animal --que depende de la vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias-- suscribe también esta medida para favorecer la conservación del lobo ibérico.

El civismo en Internet empeoró desde el arranque de la pandemia de Covid-19 para el 21% de los españoles, momento en que un mayor número de personas recurrieron a Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones, si bien también una cuarta parte asegura haber notado una mejora, que atribuye a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'.

Microsoft ha publicado los nuevos datos de su Índice de Civismo Digital (ICD), 'Civismo, seguridad e interacciones online-2020', en el que de forma anual y desde hace cinco años, Microsoft analiza el estado de civismo digital de adolescentes y adultos en distintos países en todo el mundo.

Para entender el índice, la compañía señala que cuanto más baja sea su lectura (en una escala de cero a 100), menor será la exposición al riesgo de los encuestados y mayor será el nivel de civismo 'online' percibido por las personas de ese país. En este sentido, el ICD global que se desprende del estudio de Microsoft se sitúa en el 67%, lo que supone una mejora de tres puntos porcentuales con respecto a los resultados de 2019.

En el caso de España, cuyos datos se han incorporado por primera vez a este informe, los resultados lo se sitúan a la par de la media global, con un 67%, solo por debajo de otros países en Europa, como Dinamarca, Irlanda y Suecia, que con un 68%, 74% y 78%, respectivamente.

Italia se coloca en una posición más favorable que España, aunque con una diferencia de tan solo 3 puntos porcentuales, mientras que Países Bajos (51%), Reino Unido (55%) y Alemania (62%) encabezan la lista de países que mejor civismo 'online' registran en esta región europea, según los encuestados por Microsoft.

En el ranking mundial, los países con las lecturas más altas de incivilidad 'online' fueron Sudáfrica (81%), Rusia (80%) y México (76%).

LOS ADOLESCENTES SUPERAN EN CIVISMO 'ONLINE' Y CONCIENCIACIÓN A LOS ADULTOS

Por grupos de edad, los adolescentes fueron los responsables de la notable mejora del civismo 'online' en general. De hecho, el índice de civismo digital de los adolescentes en los 32 países mejoró en tres puntos, pasando de 66% en 2019 al 63% en 2020, mientras que entre los adultos mejoró solo un punto porcentual, situándose en un 71%, frente al 72% del año anterior.

El informe recoge que España va en línea a los resultados globales, con un 64% en el ICD entre los adolescentes y un 70% entre los adultos.

En la categoría personal/intrusiva, por ejemplo, el 'contacto no deseado' mejoró notablemente. La compañía destacada que se trata de "un avance importante", porque este tipo de contacto ha sido "la preocupación más común entre los encuestados durante los cinco años de esta investigación".

A nivel global, el 34% de los encuestados considera que el civismo digital había sido favorable, un 24% neutral y un 43% lo veía desfavorable en términos de contacto no deseado, en comparación con hace un año. Estos datos en España difieren: favorable (39%), neutro (41%) y desfavorable (20%).

Además, los jóvenes en todo el mundo mostraron puntuaciones más positivas en las cuatro categorías analizadas (comportamiento, sexual, reputación y temas de índole personal/intrusivo), y entre ellos, los sexuales cayeron casi cuatro puntos porcentuales en el Índice global de 2020 respecto a 2019.

La mayor concienciación de los adolescentes sobre los riesgos que pueden encontrar en Internet, como la sextorsión y la captación de menores a través de la Red con fines sexuales o de otro tipo, podría estar detrás de la mejora, como apuntan desde Microsoft.

Aún así, alrededor del 40% de los adolescentes encuestados a nivel global afirma haber estado implicado en un incidente de acoso, bien como objeto del mismo (13% en España), o como espectador (33% en España). Por su parte, el 10% de los adultos afirma haber estado involucrado en un incidente de acoso en el trabajo.

En conjunto, el 38% de los encuestados señala haber estado involucrado en un caso de este tipo, con el 19% identificándose como 'objetivo', el 21% como 'espectador' y el 1% como colaborador' y 'acosador'.

ESPAÑA A LA CABEZA MUNDIAL EN TIMOS, ESTAFAS Y FRAUDES Y EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Según el informe de Microsoft, España, con un 44% se sitúa 13 puntos por encima de la media mundial en cuanto a engaños, estafas y fraudes en Internet. Además, un 34% dice haber recibido contacto no deseado en Internet y un 26% afirma haber sido víctima de 'sexting', un término que hace referencia al envío no deseado y recepción de mensajes, imágenes, vídeos u otros recursos, con contenido sexual a través del móvil u otro dispositivo en la Red.

Por otro lado, en España, uno de cada seis (el 21% de los encuestados) afirma que el civismo en Internet empeoró durante la pandemia de Covid-19, concretamente durante los meses de abril y mayo. Una de las causas más citadas por los encuestados del poco civismo en la Red es que las personas usan Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones.

Sin embargo, algo más de una cuarta parte (26%, en línea con la media global) señala que el civismo digital mejoró durante este tiempo, atribuido en gran medida a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'. Los encuestados han señalado que su percepción es que la gente se ayudaba y animaba mutuamente en la Red y mostró un mayor sentido de comunidad, uniéndose para hacer frente a la crisis.

La jubilación de José Antonio Rodríguez González, comisario de la Policía al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, obligará al departamento de Fernando Grande-Marlaska a decidir en breve sobre este puesto clave dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El comisario José Antonio Rodríguez cumple 65 años en marzo y, por tanto, debe jubilarse como comisario de la Policía Nacional. Esto plantea que se tenga que buscar un relevo o decidir sobre su continuidad como alto cargo en Interior, según ha adelantado 'El Mundo' y confirman fuentes del Ministerio.

Tras destacar la "profesionalidad y dedicación" de Rodríguez, las citadas fuentes rechazan por ahora valorar su posible continuidad, así como si esto exigiría cambios en la estructura orgánica del Ministerio del Interior o habría que plantear alguna modificación legislativa.

UNA ELECCIÓN CON CRÍTICAS INTERNAS

La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018 trajo consigo un fuerte malestar en un sector de la Guardia Civil, debido a que optó por un comisario de la Policía en lugar de un mando del instituto armado para el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Grande-Marlaska apostó por José Antonio Rodríguez, conocido al algunos círculos policiales con el sobrenombre de 'Lenin', un comisario con un pasado vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y también con el PSOE. La mayoría de sindicatos de la Policía respaldaron este nombramiento en 2018, acusando a los críticos dentro de la Guardia Civil de creerse "acreedores vitalicios" de este puesto clave en la coordinación policial.

El puesto de jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios es un cargo relevante por su cercanía a la gestión del día a día de la Secretaría de Estado de Seguridad, en especial por su papel de 'enlace' con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Uno de los momentos donde su peso se puso de manifiesto fue en 2017, durante el referéndum independentista del 1-O, cuando la Fiscalía propuso a quien ocupaba el cargo siendo Juan Ignacio Zoido (PP) ministro del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, para que coordinara el dispositivo que debía impedir esta votación.

SUPERVISIÓN DE FONDOS RESERVADOS

Entre las responsabilidades atribuidas al jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios está la supervisión del uso de los fondos reservados destinados a la Policía y la Guardia Civil. De esto mismo dio cuenta en noviembre Pérez de los Cobos ante el juez del 'caso Kitchen', que investiga la incautación irregular de documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas. El coronel limitó esta supervisión a un control contable para no exceder las asignaciones aprobadas, pero sin conocer los detalles.

José Antonio Rodríguez, por otra parte, forma parte de la treintena de comparecientes citados por la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la llamada operación 'Kitchen', junto al excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Grande-Marlaska se ha enfrentado a quejas internas y de los partidos de la oposición por algunas decisiones relacionadas con la estructura de mando de la Guardia Civil, sobre todo tras el cese de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) tras suspender operaciones con cargo a los fondos reservados y, posteriormente, por apartar a Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid en medio de una investigación judicial sobre la relación de la manifestación del 8M con el inicio del contagio de coronavirus en Madrid.

Este último relevo en mayo de 2020 llevó a que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, renunciara al cargo, adelantando unos días la salida pactada por su jubilación y que había sido postergada debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ha emitido un nuevo auto ordenando continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra un total de nueve personas investigadas en la causa.

En un auto fechado este pasado lunes, la juez Patricia Fernández Franco ordena tal extremo respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

"Formó parte también de la mesa de contratación Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la misma como Jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pero interviniendo con voz pero sin voto, procede mantenerlo al margen de este procedimiento, al igual que ocurre con los miembros de la comisión que se limitaron a elevar un informe o díctamen no vinculante", precisa la juez.

La juez acuerda así la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que en un plazo de diez días, "formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa", toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.

LOS "INDICIOS EXISTENTES"

Para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto".

Recordemos al respecto que en una providencia de fecha 13 de marzo de 2020, la juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, exponía a las partes personadas en esta causa que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".

Tras ello, tanto Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las diversas personas investigadas y la Fiscalía solicitaban el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.

DILIGENCIAS ARCHIVADAS EN DOS OCASIONES PERO REABIERTAS

Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emerita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora decidió en dos autos emitidos en junio y en julio de 2020 denegar tales peticiones de nuevas diligencias porque como señalaba en uno de estos autos, "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".

Aunque Emerita Resources España y Andalucía Mining recurrieron ante la Sección Séptima de la Audiencia la decisión de la juez instructora de denegar la práctica de nuevas diligencias, la Audiencia desestimó las pretensiones de tales entidades, salvo una petición de Andalucía Mining en demanda de copia testimoniada de la totalidad de la comisión rogatoria realizada en 2018 por las Autoridades Mexicanas y sobre la totalidad de las diligencias que se hubiesen practicado, acerca de "supuestos pagos que Grupo México realizó a Magtel a través de Minorbis, que pudieran ser constitutivos de soborno".