El coordinador de los diputados gallegos del PSOE en el Congreso, Guillermo Meijón, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas «progresistas» para que voten ‘sí’ a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Así, se ha dirigido especialmente al BNG para reclamarle que reconsidere su postura «obstruccionista» al no apoyar las cuentas y colocarse «al lado» de PP y Vox.

En declaraciones dirigidas a los medios este domingo, Meijón ha destacado que los PGE presentados por el Gobierno de coalición con Unidas Podemos «benefician a Galicia» y «repercuten directamente en la mitad de los gallegos y de las gallegas», entre pensionistas, trabajadores y estudiantes.

Por esto mismo, ha afeado al diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, su ‘no’ a las conclusiones de la comisión de reconstrucción poscoronavirus, a las recomendaciones del Pacto de Toledo y a la nueva ley educativa –Lomloe o ‘Ley Celaá’–, así como la enmienda a la totalidad que presentó a las cuentas del 2021.

«Un partido que pretende definirse como útil para Galicia no puede instalarse en el ‘no’ permanente», ha esgrimido Meijón, quien también ha lamentado que los nacionalistas «prefieran, en tiempos de pandemia, que sigan los Presupuestos de Montoro o que España pudiese perder los fondos europeos».

«Es muy irresponsable», ha esgrimido el socialista.

«770 MILLONES EN INVERSIONES SIN EL AVE»

El coordinador de los diputados gallegos del PSOE ha insistido en que el «mayor presupuesto del PP para Galicia, el del 2012, solo consignaba 692 millones de euros descontando las partidas del AVE». De esto se ha servido para destacar que el proyecto de 2021 «recoge 770 millones en inversiones para Galicia sin el AVE».

Tras rechazar la premisa de ‘España nos roba’, Meijón ha destacado que las cuentas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos destinan 308,3 euros por gallego, «un 20 por ciento por encima de la media española, que se sitúa en 258,2 euros por habitante».

Además, ha recordado los 63 millones de euros que contemplan los PGE para acometer una rebaja «histórica» en los peajes de la AP-9.

El senador y ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido elegido este domingo nuevo secretario general de Coalición Canaria tras haber logrado el apoyo del 93,5% de los compromisarios que han participado en el VII Congreso Nacional de CC, que como consecuencia de las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, se ha celebrado de forma semipresencial y con conexión telemática desde todas las islas.

Tras el recuento de votos emitidos, la candidatura de Clavijo, la única presentada a esta cita congresual, ha obtenido el respaldo de 272 compromisarios y el rechazo de 13, mientras que 6 han votado en blanco. Fernando Clavijo sustituye en el cargo a José Miguel Barragán, que fue reelegido en el último Congreso Nacional celebrado en 2017 y que ya entonces anunció su decisión de no continuar.

En su primera intervención como secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo dedicó sus primeras palabras a quienes han perdido un familiar por culpa de la pandemia de COVID-19 y a quienes han sufrido o sufren las secuelas de la enfermedad, así como a los sanitarios por su compromiso y entrega.

También agradeció el respaldo y la confianza depositada por los compromisarios, a quienes prometió asumir el reto de «luchar por una Canarias mejor» y de mantener las señas de identidad del partido: «Nada ni nadie por encima de las siglas», y especialmente a la Ejecutiva saliente y a José Miguel Barragán, «un hombre trabajador, incansable, de partido, comprometido y luchador».

En su discurso, el líder nacionalista anunció que la organización juvenil del partido asumirá, por primera vez, la Secretaria de Organización, que recaerá en David Toledo, hasta ahora secretario general de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias. «No es una apuesta de futuro; es una apuesta de presente y la confirmación de que nuestra organización es un proyecto de compromiso con Canarias que no entiende de generaciones», dijo.

Asimismo, el nuevo secretario general nacional de CC aseguró que en estos momentos de incertidumbre Canarias necesita «más que nunca» un partido nacionalista que defienda los derechos conquistados y que sirva de «muro de contención» ante los «atropellos» y el «abandono» del Gobierno de España, especialmente ante la crisis migratoria o «despreciando» y «desmantelando» el REF y el Estatuto de Autonomía.

Fernando Clavijo hizo un análisis de los resultados de las últimas elecciones en las que, mientras Coalición Canaria incrementó el número de apoyos, se produjo una conformación de pactos «con el único objetivo de echar a CC, sin proyecto común o una aspiración de una Canarias mejor; únicamente con el deseo de acabar con el nacionalismo canario». «Sin embargo, lejos de dividirnos y debilitarnos, nos han hecho más fuertes», remarcó Clavijo.

El nuevo secretario general de Coalición Canaria insistió en que Canarias necesita un partido que «se ocupe y se preocupe» por ella, que «nunca agache la cabeza» y que defienda a las islas «todo los días», y todo ello haciendo frente al «silencio cómplice» de partidos que «piden el voto de los canarios y luego agachan la cabeza cuando se nos ignora; incapaces de exigir, temerosos de reclamar y permitiendo que se deje abandonada a Canarias en su peor momento».

Clavijo hizo hincapié en que este «desprecio» sólo se resuelve reforzando la posición de CC en el Congreso, pues «lo único que puede ayudarnos como archipiélago es la matemática parlamentaria, la fuerza de los votos de Coalición Canaria, que nos permitirán un mejor trato y más justo».

A su vez, aseguró que Coalición Canaria va a trabajar a partir de ahora para articular una mayoría social que defienda al archipiélago y para seguir demostrando la utilidad del partido nacionalista como el «gran muro de contención» frente al «atropello» de Madrid, «levantando la voz para defender Canarias en todos los ámbitos donde sea necesario».

Por último, Clavijo incidió en que queda un «gran trabajo» por delante a todos y cada uno de los 25.000 afiliados que representan a decenas de miles de personas que depositaron su confianza en Coalición Canaria, y añadió que el trabajo realizado por este congreso, con la participación de 330 compromisarios, «permitirá seguir trabajando para hacer más grande el legado que heredamos, adaptando la vida de partido a los nuevos tiempos, para seguir haciendo crecer a una formación que ha marcado la historia de la democracia en esta tierra».

La Junta de Andalucía ha decidido flexibilizar las restricciones vigentes en la provincia de Granada para frenar el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 y permitirá desde las 00,00 horas de este lunes 30 de noviembre las actividades no esenciales como pequeño comercio, hostelería y restauración hasta las 18,00 horas en los 174 municipios de la provincia, que se equipara de este modo al nivel de restricciones vigentes en el resto de la comunidad.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en rueda de prensa tras presidir en Granada la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia de Covid-19 en la provincia.

La provincia de Granada mantiene vigente desde el 10 de noviembre el cierre de toda actividad no esencial durante toda la jornada a excepción de los 43 municipios del distrito Granada Sur, donde desde el pasado martes 24 han sido autorizadas hasta las 18,00 horas, algo que también estará permitido en el resto de la provincia –Granada capital, área metropolitana y distrito Granada nordeste– a partir de esta medianoche.

Moreno ha recordado que la provincia de Granada ha llegado a ser la provincia española con mayor tasa de incidencia durante la segunda ola de la pandemia con un pico de 1.280 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días el pasado 3 noviembre, que se ha reducido gracias a las «fuertes medidas» adoptadas por la Junta y al «esfuerzo y sacrificio colectivo» de los ciudadanos de Granada hasta rebajar la incidencia hasta los 444 casos, lo que supone un descenso del 65%, y reducir casi a la mitad la cifra de hospitalizados, que ha pasado de 888 a 488 este domingo.

Moreno ha recordado que la provincia de Granada mantiene el resto de limitaciones vigente en Andalucía, el toque de queda entre las 22 y las 7 horas y el cierre perimetral de todos los municipios, que se sitúan en nivel 4 de alerta grado 1, «una circunstancia preocupante ante la que no podemos relajarnos», ya que ha advertido de que todo lo avanzado se puede perder en 14 días si «no asumimos nuestra responsabilidad individual y colectiva».

Moreno se ha dirigido a los granadinos para agradecer «el esfuerzo admirable» que han hecho a lo largo de estos días y ha lamentado el perjuicio para la economía local que ha supuesto el cierre de toda actividad no esencial durante estas tres semanas, incidiendo en que ha sido una medida «obligada» para combatir el virus, proteger la salud de los ciudadanos y evitar que el sistema sanitario colapsara, lo que «afortunadamente no ha ocurrido» gracias a las medidas adoptadas.

Como apoyo a los sectores afectados, ha anunciado un plan de ayudas específico para los autónomos y pequeñas empresas de Granada que se han visto obligados a cerrar, para los que se hará, según ha dicho, «un esfuerzo económico importante para intentar que estos negocios puedan subsistir». Según ha avanzado, serán ayudas complementarias a las impulsadas desde la Junta y el Gobierno central.

Preguntado sobre si el cierre de toda actividad no esencial debió tomarse antes dada la alta incidencia registrada en Granada, Moreno ha defendido que se adoptó «en el momento adecuado», atendiendo a los diversos parámetros que deben converger a la hora de valorar la evolución de la pandemia, como el número de hospitalizados, camas UCI, positivos y fallecidos.

Además, ha hecho hincapié en que en Granada se ha decidido flexibilizar las medidas antes del día 10 de diciembre –cuando se revisarán en el conjunto de Andalucía– porque existe «una tendencia a la baja» que ha permitido tomar esta decisión y que se espera que se mantenga, de modo que con las restricciones que aún existen, como en el resto de la región, siga bajando la incidencia y esta provincia no se quede «rezagada» del resto de la comunidad si se produce una relajación de las medidas.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado a las derechas de España (PP y Vox) de hacer un «hackeo de la mente» con «mentiras» y «manipulaciones medáticas» sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE), conocida coloquialmente como la ‘Ley Celaá’.

«El inseparable binomio de equidad y excelencia es lo que fundamenta la LOMLOE y esto es lo que no aguantan las derechas, que siempre a las leyes progresistas se han opuestos exactamente con los mismos argumentos: religión, concertada y lengua, siempre los mismos argumentos», ha criticado Celaá.

Así lo ha manifestado este domingo en la sede socialista de Ferraz la ministra de Educación y FP durante un encuentro con representantes de la comunidad educativa para debatir sobre la LOMLOE.

Para Celaá, la filosofía del PP y de Vox es «que los que más corren, los que pueden hacerlo con mejores zapatillas de deporte, lleguen a la meta cuanto antes. Por ello, ha destacado que la nueva ley educativa «procura proveer a todos para que puedan, conforme a sus ritmos, llegar cada uno al máximo del desarrollo de su talento, de su potencial».

La LOMLOE, según ha añadido la ministra, se fundamenta en «la filosofía de la excelencia, la promoción del talento al máximo, y en la equidad». «La tarea es aportar todas las oportunidades al alumnado para que puedan llegar a la meta», ha dicho.

Entre las cuestiones que trata la nueva reforma educativa, Celaá ha resaltado «limitar privilegios, eliminar guettos y devolver la educación pública al lugar del que nunca debió ser desviada». «No nace para matar a la concertada. Impulsa un debate sobre la calidad de la prestación del servicio público, esto es lo que hace esta ley», ha precisado.

En la misma línea, ha señalado que la ley desvela las «debilidades» del sistema educativo español y les da tratamiento. En su opinión, «si algo ha puesto en evidencia la pandemia han sido estas debilidades».

Asimismo, ha explicado que es una ley que «atiende a los principales problemas del sistema, al índice de abandono escolar temprano, al mayor índice de repeticiones o a la necesidad de trabajar sobre la carrera profesional de los docentes». Es una ley que pone inversión, pone recursos económicos sobre la mesa», ha concretado.

LA DERECHA, INSTALADA EN UN «NO» PERMANENTE Y EN «DIVULGAR BULOS»

Por su parte, la secretara de Educación y Universidades del PSOE, Mª Luz Martínez Seijo, ha criticado la oposición de una derecha que «lejos de intentar construir el proyecto educativo han estado instalados en un ‘no’ permanente, en la confrontación, en la falsedad, en divulgar bulos y fakes que generan desconfianza en el sistema educativo».

Por ello, ha explicado que la LOMLOE introduce el derecho de todos los estudiantes a recibir enseñanzas en castellano y en la lengua cooficial. «Mejoramos que cualquier alumno que se le haya detectado algún tipo de carencia en alguna de las dos lenguas le pueda ser corregido», ha afirmado.

Además, ha destacado que la nueva reforma educativa «no pretende acabar con el modelo de la educación concertada», una opinión que, a su juicio, «implica un desconocimiento de la Constitución española».

«La libertad de enseñanza no está en juego. Lo que hace esta ley es limitar una serie de derechos y privilegios que permitían un tipo de concertada basada en fines lucrativos más que fines sociales», ha apuntado la socialista, al tiempo que ha recalcado que «la libertad no es solo para los que tienen recursos, es para todos los alumnos».

Por último, Martínez Seijo ha asegurado que la LOMLOE «no tiene el objetivo de acabar con la educación especial», algo que le parece «la mentira más inmoral», sino que impulsa un modelo de inclusión educativa y «garantiza que las familias tengan la libertad de poder escolarizar a sus hijos de la forma más inclusiva posible». «En esta ley se garantiza la educación de calidad para todos», ha sentenciado.

La Ertzaintza ha culminado la operación ‘Erasoak’ que ha permitido identificar a tres varones que captaban a mujeres menores de edad de Álava y Guipúzcoa para realizar sesiones de pornografía online. A estas tres personas, residentes en Madrid, Málaga y A Coruña, se les han abierto diligencias como investigadas por delitos contra la libertad sexual.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las primeras informaciones se recibieron en la comisaría de Hernani, siendo asumida la investigación en el mes de febrero por parte de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información de la Ertzaintza.

La Policía vasca identificó así a personas que estaban captando, a través de internet, a mujeres menores de edad a las que ofrecían dinero o ropa de marca a cambio de realizar conexiones pornográficas online ante usuarios desconocidos. Asimismo, con esas sesiones generaban material audiovisual para adultos, que vendían como paquetes de vídeo e imágenes.

Si bien hasta el momento han sido localizadas cuatro víctimas, todas ellas menores de edad, de entre 12 y 15 años, residentes en diferentes localidades de Guipúzcoa y Álava, la investigación continúa abierta, ya que se sospecha que hay más personas afectadas.

Las diligencias han sido tramitadas al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián y a la Fiscalía de Menores de la capital guipuzcoana, al ser dos de los presuntos autores menores de edad.

Desde ese órgano judicial se ha coordinado la operación ‘Erasoak’, culminada durante los meses de octubre y noviembre, que ha llevado a la acusación de los tres principales investigados y la práctica de entradas y registros en sus domicilios, apoyados por recursos de la Guardia Civil. Los tres investigados residen en Madrid, Málaga y A Coruña.

Durante esas inspecciones se han intervenido un número elevado de aparatos de telefonía e informática, y archivos audiovisuales relacionados con el delito.

MODUS OPERANDI

Aunque los investigados no se conocían personalmente, se cree que habían coincidido en diferentes foros de internet creados para el intercambio de todo tipo de archivos entre usuarios y, entre ellos, ficheros de contenido sexual, siempre a cambio de dinero.

Todos los investigados empleaban la misma forma de operar. En un primer momento, contactaban aleatoriamente con chicas jóvenes que contaban con perfiles abiertos en redes sociales.

Así, les enviaban mensajes privados en los que prometían dinero, ropas de marca, móviles, seguidores para sus perfiles de redes sociales y otras compensaciones a cambio de que realizaran conexiones en directo de contenido sexual ante un elevado número de usuarios.

En la investigación se comprobó que los delincuentes buscaban especialmente menores de edad para aumentar su lucro. Si las chicas que recibían los mensajes aceptaban la proposición, los investigados pasaban a controlar su actividad mediática.

En primer lugar, intentando ocultar su rastro, ordenaban a las propias víctimas que crearan un perfil en una red social. A su vez, ellos publicitaban el evento a través de diferentes grupos y foros de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

De este modo, a uno de los grupos donde se promocionaban estas actividades delictivas, en tan sólo un mes de actividad se unieron 4.891 usuarios de un total de 43 países diferentes.

Una vez finalizada la sesión, era común que los usuarios que habían asistido como espectadores contactaran con los investigados para solicitar que las menores se conectaran con ellos mediante una videollamada privada, en la que les solicitaban de nuevo actos de índole sexual.

El usuario pagaba por el servicio directamente a los investigados quienes, en ocasiones, compartían parte de las ganancias con las víctimas.

Finalmente, toda esta actividad sexual de las menores era capturada en vídeos y fotografías que, posteriormente, eran publicitados para su venta a través de los mismos foros y grupos de redes sociales en los que se convocaban las sesiones online.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que se identifique a más personas que pudieran haber participado en diferentes grados en la comisión de estos hechos delictivos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la trama ‘Kitchen’, ha citado mañana como testigo a dos personas cercanas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, investigado por su presunta participación en el operativo parapolicial organizado entorno al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se trata de la que fuera su asistente, Icíar Castro, y del cura Silverio Nieto, cuyas declaraciones estaban previstas para octubre y fueron suspendidas.

Nieto será preguntado por los mensajes que le envió el que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior y que reenvió al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, con quien precisamente se encontraba en el momento que este comisario fue detenido en julio de 2018 el marco de la ‘operación Tándem’.

El juez se interesa por tres ‘whatsapps’ que García Castaño, investigado también en la pieza número 7 de esta causa conocida como caso Villarejo, mostró y leyó voluntariamente en su declaración como investigado en marzo de 2019.

Según consta en el auto del pasado 30 de septiembre en el que el magistrado instructor cita a Nieto, Francisco Martínez comentaba en ellos que, según le había indicado su abogado, debía «entregar en el juzgado unas actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013-2014, con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ‘operativos policiales’ de las que trata todo esto», en referencia a la ‘Kitchen’.

Apuntaba Martínez que la legalidad del operativo «siempre» le pareció clarísima, «y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy». Por ello, el magistrado considera necesario que el sacerdote esclarezca qué sabe del operativo parapolicial montado para sustraer la información sensible que guardaba Bárcenas del PP, con el objetivo de que ésta no llegara a la Audiencia Nacional.

«PROFUNDIZAR» EN EL PAPEL QUE JUGÓ FRANCISCO MARTÍNEZ

Con esta testifical, el juez quiere «profundizar» en el papel que jugó Martínez en esta operación, ya que «al parecer y de las diligencias practicadas, éste pudiera haber tenido una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha de la operación investigada».

Con este fin, también ha citado a declarar como testigo a Icíar Castro Álvarez, quien fuera asistente del exscretario de Estado de Seguridad. El instructor le interrogará por una conversación que mantuvo con su jefe en febrero de 2019, en la que Castro le dice que sabe que no es un delincuente y que le han engañado.

Martínez le responde que estuvieron «en una piscina de tiburones», que ha sido «un pringao» y reprocha ante ella que Fernández Díaz sostenga que no sabía nada, según señala el auto de citación.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que el desahucio debe ser siempre «la última opción», especialmente durante una crisis sanitaria y económica como la que vive el país, aunque pidió que se respeten también «los intereses legítimos del propietario».

«Lo primero», quiso dejar claro el presidente en el transcurso de una entrevista concedida a Europa Press, «es que se han arbitrado mecanismos durante la pandemia, por ejemplo, asumiendo las instituciones públicas el pago de alquiler de las viviendas sociales para, justamente, poder dar una respuesta a quienes no tenían ninguna».

Y es que, mantuvo, «de no haberse hecho» tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el central «hoy si tendríamos muchísimas personas que tendrían que abandonar ese derecho constitucional que es el derecho a la vivienda».

«Por tanto, el desahucio en una época de crisis debe ser la última opción y eso lo tienen que tener bien claro tanto los empresarios como los poderes políticos», explicó.

Eso sí, reconoció que «en estos momentos se está negociando una propuesta que tampoco es sencilla» porque hay que «arbitrar mecanismos» que se conjuguen «los intereses, también legítimos, del propietario junto a los derechos constitucionales de quien vive en una vivienda y contextualizarlo en el año 2021 y en la mayor crisis económica que haya podido tener nuestro país».

«Yo confío en que se pueda llegar a una solución porque, si no, lo que estaríamos haciendo es marginando a una gran parte de la sociedad que no tiene otro recurso del que tirar que lo público. Esta es la crisis, creo que la única, en la que todos han tirado, tiran y van a seguir tirando de lo público. Porque se ha cerrado lo privado. Hemos estado meses sin actividad económica y han tocado la puerta de las administraciones, quienes han tenido que cerrar sus negocios, diciendo que sin la ayuda pública es imposible subsistir, permanecer, caminar», declaró el presidente.

Por ello, concluyó, «la crisis provocada por la pandemia ha terminado demostrando que el poder público y los fondos públicos, el endeudamiento público, la capacidad que tienen los países desde lo público a ayudar a la sociedad es la salida ante una situación de esta envergadura».

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, recordó que «el empuje, fuerza y tirón» de los Juegos de Barcelona de 1992 fue clave para que hace 25 años se pusieran en marcha, y deseó que «el compromiso» que se acuñó entonces reflejado en la canción ‘Amigos para siempre’ «no se rompa nunca», mientras que reconoció que lo más difícil fue romper «las barrera mentales» y que «el movimiento es imparable» cuando suman todas las partes implicadas.

«Arrancamos hace cuarto de siglo gracias al empuje y fuerza que nos dio Barcelona’92, que fueron unos grandes Juegos, tanto que aún hay compañeros de otros países que cuando vamos a competir a otros nos siguen recordando aquella maravillosa experiencia, que fue un antes y un después, porque había Juegos, pero no se parecían a nada lo que hay hoy», señaló Carballeda en una entrevista a Europa Press.

Para el dirigente, ese cambio tan significativo «lo produjo la apuesta» por aquella cita. «Y la compartimos todos: el Gobierno, la Familia Real, el Govern y la ONCE, que ayudó a que se celebraran los mejores Juegos de la historia. Todos acuñamos ese compromiso de ‘Amigos para siempre’, que espero que no se rompa nunca, porque es muy importante», subrayó en relación a la popular canción del grupo ‘Los Manolos’, que fue una de las protagonistas de Barcelona’92.

El mandatario tiene claro que el deporte paralímpico y para personas con discapacidad «ha cambiado muchísimo» desde entonces, aunque «costó» mucho el «poder convencer a las administraciones, organizaciones y diferentes federaciones» que había que crear el Comité Paralímpico «como en otros países».

«Fuimos rompiendo barreras, las mentales que son las peores. La gente decía: ¿cómo se va a hacer un comité de deportistas con discapacidad? Pero era algo que se hacía en muchos países y ahí nos ayudó mucho el tirón de Barcelona, porque la sociedad se dio cuenta de que era posible que las personas con discapacidad teníamos el nivel, las ganas, la fuerza y la valentía para asumir esa responsabilidad», añadió.

Ahora, cree que en estos 25 años han recorrido «un camino que ha venido a demostrar que España es una potencia en el deporte paralímpico», un dato que refuerza una encuesta realizada por el Comité Paralímpico Internacional «en todo el mundo» para ver cuánto conoce la sociedad de un país al deporte paralímpico y en la que «sólo está por delante Japón, que atiende a sus personas con discapacidad de una forma exquisita. «Esta segunda posición será por algo, por el trabajo también del Comité y sus deportistas, pero también porque la sociedad está ya implicada y confían lo que estamos haciendo», indicó.

Este aniversario del CPE llega justo semanas después de que el propio Carballeda haya sido reelegido al frente del organismo, «un reto ilusionante» y «un compromiso serio e importante» para el gallego, que recibió un total apoyo para un nuevo ciclo, algo que «siempre da seguridad y confianza».

El pontevedrés, que accedió al cargo presidencial por primera vez en 2003, se refirió al trabajo de las federaciones que ya han incluido a los deportistas con discapacidad en sus estructuras como la de ciclismo o tenis de mesa. «Poder hablar de inclusión nos da una nueva dimensión, es una oportunidad y un ejemplo positivo para nuestros deportistas que se sientes más integrados y para los que no tienen una discapacidad que tienen un ejemplo que les ayuda a superarse», aseveró.

De todos modos, dado que esta responsabilidad «es vocacional», también ha hecho que, «a veces», se haya pensado continuar, tras tener que afrontar momentos complicados, como el actual con el coronavirus. En este sentido, alabó al «pequeño equipo de profesionales» con el que cuenta y a aquellos exdeportistas que «son los hacen el trabajo diario».

«SALDREMOS ADELANTE CON LA FUERZA DE TODOS»

«Afortunadamente, el crédito que tienen nuestros deportistas, técnicos, federaciones y clubs es muy importante, pero también quiero resaltar el apoyo del CSD y de Irene (Lozano, su presidenta) porque es vital, y el de los mejores patrocinadores, empresas de las más importantes y que han dado un paso adelante al conceder parte de sus dividendos a la responsabilidad social en estos momentos tan difíciles. Cuando sumamos todo, el movimiento es imparable», advirtió.

El presidente del CPE, que también tuvo que afrontar lo delicado de la crisis económica de inicios de esta década, no olvida lo duro de la actual porque «se ha llevado a gente». «Ojalá la vacuna nos dé una solución y que podamos acudir a Tokio con todas las garantías», deseó. «Pero superaremos estos porque somos paralímpicos y eso significa superación. Saldremos adelante con la fuerza de todos, la sociedad necesita ejemplos de mujeres y hombres que sean capaces», remarcó.

De cara a Tokyo 2020, sabe que los organizadores tendrán que «cambiar muchas cosas, no les queda más remedio», a causa de la pandemia. «Tenemos el poso del miedo y hay que tomar todas las precauciones, pero el hecho de volver a competir da vida porque la vida es un poco mejor si tenemos un poco de amor y deporte», afirmó.

«¿Quién dijo miedo? Teniendo buena gente a tu lado y una buena meta, lucharemos. Hay otros países que trabajan muy bien, pero España no le tiene miedo a ninguno, hacemos un trabajo entre todos y nuestros chicos y chicas están dispuestos a ganar a cualquiera, no vamos a bajar la guardia», agregó de cara a la cita de la capital japonesa.

Finalmente, Miguel Carballeda valoró los proyectos de Promesas que apoyan AXA (natación), Liberty Seguros (Atletismo), Cofidis (Ciclismo) o la Federación Española de Triatlón. «Es la forma de sacar adelante a la cantera. Varios de estos deportistas irán a Tokio y alguno seguro que da una sorpresa positiva, y eso es gracia al compromiso de esas empresas sociales a una parte que más necesita ese apoyo porque para las promesas son importantes para tener garantías de futuro», sentenció.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al activista Adrián Sas a tres años, seis meses y un día de prisión por una agresión a dos agentes de los Mossos d’Esquadra durante una protesta en 2018 por el primer aniversario del 1-O.

Lo han explicado en un comunicado el grupo de apoyo Sas absolució, Xarxa Baula y Alerta Solidària, después de que el juicio se celebrara el pasado 17 de noviembre con la Generalitat como acusación particular.

Las plataformas sostienen que en el proceso no se respetó el derecho a la presunción de inocencia del acusado, que ha sido condenado con pruebas en las que aseguran que tampoco «se respetó la cadena de custodia».

Han asegurado que la sentencia es política, y «estaba escrita antes del juicio», y han anunciado que la recurrirán.

También han convocado una manifestación en protesta por la misma para el próximo lunes 30 de noviembre ante los Juzgados de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

REPROCHES A LA GENERALITAT

Las tres plataformas acusan a al Govern de haber «traicionado» Sas al ser acusación particular en defensa de los agentes implicados: uno de ellos es el inspector de los Mossos y actual jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), Jordi Arasa, condenado por su papel en los desalojos del 15M.

Han sostenido textualmente que ERC y JxCat han humillado al acusado y han mantenido que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha estado «mintiendo y justificando su deslealtad».

Además, han dicho que el posicionamiento del Govern evidencia que la presión de los cuerpos policiales dicta, en sus palabras, las acciones de la Conselleria de Interior, «que es títere de los lobbies de poder de los Mossos d’Esquadra».

LA CUP Y OTRAS ENTIDADES

La CUP también ha criticado la sentencia en un tuit recogido por Europa Press en el que asegura que «la lucha de Adrián no termina aquí» y en el que culpa a la Generalitat por no haber retirado la acusación.

El diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran ha tachado de «especialmente avergonzante» la sentencia y ha acusado al Govern de haberse doblegado ante lo que considera corporativismo policial.

En varios apuntes en Twitter, también han lamentado la condena la ANC, el SEPC y los comuns de Vilafranca del Penedès –su municipio–, que ven la sentencia «indiscutiblemente exagerada».

La Mesa del Congreso aprobará este lunes los trámites administrativos necesarios para crear la Oficina de Conflicto de Intereses de la Cortes Generales y dará de plazo hasta finales de enero de 2020 para que los diputados presenten sus declaraciones de intereses económicos, en aplicación del Código de Conducta que rige para ambas Cámara desde el pasado mes de octubre.

Este código ético diputados y senadores, que fue aprobado con el voto en contra de Vox, extiende al Senado el grueso de las normas que ya se aprobaron para el Congreso en febrero de 2019, bajo la presidencia de la ‘popular’ Ana Pastor, aunque nunca se llegaron a aplicar.

La mayor parte de su contenido entró en vigor el pasado 8 de octubre, pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, será este lunes cuando la Mesa del Congreso apruebe la modificación de la plantilla orgánica de la Secretaría General para la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes.

Esta oficina tendrá su sede en el Congreso y estará encabezada por un letrado con experiencia en esta materia que será nombrado por las Mesas de ambas Cámara con rango de director general. Su labor será resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas.

Tendrá que actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación».

NO SE COMPROBARÁ LA VERACIDAD

Aunque la Oficina de Conflicto de Intereses que se debía haber creado en el Congreso tras la aprobación del Código de 2019 tenía competencias para comprobar «la veracidad del contenido» de las declaraciones de intereses que rellenaran sus señorías, la nueva oficina única no las tendrá. De hecho, el código especifica que las Cámaras «sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios».

Además, en cada una de las Cámaras se va a crear un Registro de Intereses que dependerá directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.

En ese registro se custodiarán las declaraciones de intereses económicos que sus señorías tienen que presentar antes del 1 de febrero de 2021, cuando arrancará el próximo periodo de sesiones. Estas declaraciones podrán ser consultadas por la ciudadanía a través de las páginas webs de ambas Cámaras, donde también están publicadas las declaraciones de patrimoniales y las relativas a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores.

CONSIGNAR TRABAJOS Y EMPLEADORES ANTERIORES

En esa declaración de intereses económicos cada parlamentario deberá consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos». Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

También deberán informar en la declaración de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Sus señorías tendrán que comunicar, asimismo, las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, «tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general».

POSIBLES SANCIONES

El documento también deja claro que «no existirá conflicto de intereses cuando se obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas».

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar del mismo a la Presidencia del órgano correspondiente antes del inicio del debate del asunto que le afecte. Si duda de que exista o no, podrá dirigirse, «con carácter confidencial«, a la Mesa de la Cámara para que resuelva lo que proceda, pudiendo pedir un informe a la Comisión sobre el Estatuto de los Diputados o a la de Incompatibilidades del Senado.

La Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, podrá solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código por parte de un parlamentario, especialmente en el caso de conflicto de intereses.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán en recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses correspondiente.

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

NO ACEPTAR REGALOS SUPERIORES A 150 EUROS

El Código de Conducta también subraya que los parlamentarios no podrán aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios. Tendrán que rechazar, en todo caso, presentes o beneficios que tengan un valor estimado superior a 150 euros.

Los obsequios que reciban en los viajes oficiales de las Cámaras o cuando actúen en representación de éstas deberán ser entregados a la Secretaría General de la Cámara correspondiente siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Todos se publicarán en la página web del Congreso o del Senado.

También se publicará en estas páginas una breve reseña de los datos biográficos personales, académicos y profesionales de los miembros de las Cortes Generales y se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el mismo parlamentario considere relevantes.

Asimismo, los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

La posibilidad de que PSOE y PP limen asperezas y lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se cumplan dos años del término del mandato de sus vocales -el 4 de diciembre de 2018-, encuentra un difícil obstáculo en el actual «escenario político», según fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por Europa Press, lo que podría incluso alejar la posibilidad de una solución hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, fijadas para el próximo 14 de febrero.

El encontronazo cada vez en frentes más diversos entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición contrasta con el estado real de las negociaciones sobre este asunto, que no parece haber variado desde el pasado verano, cuando PSOE y PP cerraron prácticamente un acuerdo en el que cada uno de ellos aceptaba designar a diez de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El consenso alcanza no solo a los doce vocales de origen judicial -designados por mayoría cualificada en las Cámaras entre un listado que aportan asociaciones judiciales y magistrados avalados por sus compañeros– sino también a los ocho que deben elegirse entre juristas de reconocido prestigio.

De este grupo, el acuerdo inicial, que parece mantenerse según las mismas fuentes, sería el de designar a cinco de los vocales con corte progresista mientras los tres restantes se reservarían a las propuestas que realice el PP.

Ello permitiría un «reparto» que todavía no se descarta del todo para las próximas semanas, en el que el PSOE conserva la opción de proponer presidente, un puesto para el que gana fuerza la magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Teso.

Se trata de una profesional muy respetada en la carrera, de perfil progresista pero moderado y que no tendría problema en conseguir el aval del principal partido de la oposición, ya que se la considera una persona dialogante. Según las mismas fuentes, sería una candidata asumible por el PP frente a otras propuestas que ya se han puesto sobre la mesa y han sido rechazadas.

Teso no salió elegida hace unas semanas como presidenta de la Sala Tercera del alto tribunal –cargo que consiguió su compañero César Tolosa–, pese a ser la favorita para el cargo, lo que ha sido interpretado en diversos ámbitos de la Carrera como un mantenimiento de esta magistrada en la reserva de cara a la renovación del CGPJ.

En las últimas renovaciones distintas mujeres han ganado fuerza en las «quinielas» de aspirantes al más alto cargo de la justicia en España, y junto a Teso venía sonando la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, si bien su nombre parece haber cedido paso al de la magistrada Teso.

Se da la circunstancia de que Roca, junto con el magistrado Andrés Ollero y el actual presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, siguen formando parte de este órgano gracias a una prórroga de su mandato, que concluyó el noviembre pasado.

ACUERDO TAMBIÉN PARA EL TC

Por ello no sería extraño que la renovación del CGPJ fuera a la par que la del TC, teniendo en cuenta además que esos tres magistrados (más Fernando Valdés, quien renunció hace unos días debido a la causa por maltrato que se ha abierto contra él en el Supremo) corresponden al turno de miembros de este órgano que tienen que ser renovados por el Congreso.

Por esta razón, una renovación conjunta de ambos órganos permitiría dejar libres a Roca y a González Rivas, para presidir el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas que señalan que para este órgano ya se habría hablado también de algunos nombres concretos, dos aportados por el PSOE y otros dos por el PP .

El nombre González Rivas, de corte conservador, habría sido puesto sobre la mesa en las negociaciones para presidente del CGPJ por parte del PP, si bien no habría sido aceptado por el partido en el Gobierno.

CRECEN LOS OBSTÁCULOS

Toda esta negociación, sin embargo, se está encontrando con varios obstáculos en las últimas semanas, relativos al escenario político que enfrenta al Gobierno con el principal partido de la oposición, y al que se ha sumado en último término el acuerdo con Bildu y el polémico anuncio sobre la necesidad de ir hacia una «armonización fiscal» que evite desigualdades entre las comunidades autónomas.

En el último Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, volvió a insistir sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo 4 de diciembre cumplirán dos años en funciones. «La no renovación no es una alternativa constitucionalmente aceptable», señaló.

Para el ministro de Justicia, en alusión al PP «no es admisible» no cumplir la Constitución por un lado mientras que se exige el cumplimiento de otros aspectos de la norma, si bien se ha mostrado convencido de que «en poco tiempo tendremos buenas noticias» al respecto.

Esta confianza mostrada por Campo contrasta con las manifestaciones públicas del presidente del PP, Pablo Casado, que esta misma semana negó que el pacto para la renovación del CGPJ esté prácticamente cerrado e insistió en las condiciones que pone su formación para negociar.

Según Casado, si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces tiene que retirar de una vez la proposición de ley de reforma judicial que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso (que rebaja la mayoría necesaria para elegir a los vocales en el Parlamento) y excluir al partido morado de este proceso.

La tramitación parlamentaria de la reforma fue anunciada por el propio Sánchez, si bien hasta el momento el proyecto no se ha retirado y la situación parece seguir enquistada.

La Audiencia Nacional iniciará el lunes el juicio contra el mauritano Yeslem Taleb Oumar, un presunto yihadista para el que la Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel por un presunto delito de autoadoctrinamiento terrorista, debido a su «incesante actividad en Internet» para obtener material yihadista, incluido un vídeo en el que se amenaza al titular del juzgado de instrucción número 5, José de la Mata.

La Fiscalía pide imponer la pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo de diez años y una medida de libertad vigilada de tres años.

De acuerdo con el escrito de acusación, al menos desde mediados de 2018 y hasta finales de 2019, Taleb Oumar tuvo «una incesante actividad en Internet para obtener y examinar numeroso material de naturaleza yihadista, consumiendo contenidos de tipo religioso sobre el islam» y sobre las actividades terroristas de Estado Islámico y Al Qaeda en Siria e Irak.

Participaba en numerosos grupos de WhatsApp y Telegram en los que se compartía ese contenido y también hizo sus propias búsquedas por Internet y llegó a almacenar parte del material, conforme a los resultados del registro efectuado el 22 de noviembre de 2019 en su casa de Tenerife, donde fueron incautados un teléfono móvil, un ordenador portátil y un pendrive.

Entre el material visionado por Taleb Oumar destaca un comunicado con amenazas directas a De la Mata y su mujer e hijos bajo el título ‘Vigilar y dar caza’ con el siguiente llamamiento: «Vigila, coloca tu explosivo debajo de su coche, apuñálale, intenta matar como puedas». También hay un vídeo con un mensaje similar dirigido al magistrado: «Morirás con una bomba lapa».

Asimismo, hay una imagen en la que se apunta al Papa Francisco con una pistola y en la muñeca del que empuña el arma se observa la pulsera con el anagrama utilizado por el Estado Islámico. La inscripción en árabe dice: «No se crean ustedes que se van a quedar al margen».

Además, hay numerosos archivos que hacen referencia a líderes terroristas como Usama bin Laden y Abú Bakr al Baghdadi, a ejecuciones de «infieles» y sobre cómo fabricar materiales explosivos y cómo atentar.

IDEAS PARA ATENTAR

En concreto, uno de los materiales que forman parte de la causa es un PDF de siete páginas donde, en castellano y bajo el título ‘Tácticas de Terror Justo-Ataque con camión’, Estado Islámico «imparte instrucciones para la elección del vehículo ideal para atentar mediante atropello contra aglomeraciones de ‘infieles’ (no musulmanes)».

En otro vídeo aparecen ejecuciones realizadas por niños con un mensaje de uno de los llamados ‘cachorros del califato’, «una advertencia a todas las naciones de infieles en donde comenta que ya no van a jugar más, ahora jugaran con las cabezas de los infieles».

Hay también un vídeo con la imagen de Al Baghdadi seguida de un ‘nasheed’, música vocal musulmana cuya letra son diferentes interpretaciones del Corán con diferentes ritmos. «Este término», explica el Ministerio Público, «se ha popularizado en los medios occidentales a raíz del uso de este género musical como herramientas de propaganda yihadista».

Todo ello, según la Fiscalía, «con la finalidad de su próxima incorporación a la actividad yihadista terrorista en nuestro país». En el teléfono móvil de Taleb Oumar se encontró un archivo de graduación de ‘muyahidines’ de Estado Islámico, una ‘baya’ o juramento de lealtad a Al Baghdadi y manuales para fabricar explosivos.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que tanto el posicionamiento de Coalición Canaria (CC) respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a los que presentó una enmienda a la totalidad, como la apelación de su diputada en el Congreso al grupo independentista violento del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) son un «craso error».

«Creo que citar al movimiento por la autodeterminación y la independencia de Canarias, el MPAIAC, en el Congreso de los Diputados es un craso error. Es un caso error porque fue un movimiento independentista que también generó violencia y atentados», indicó Torres en una entrevista concedida a Europa Press.

Es algo, reconoció el presidente, «que forma parte de la historia» de Canarias: «Pero nosotros caminamos hacia un modelo de convivencia, de convivencia pacífica y, por tanto, cualquier alusión a quienes utilizaban la violencia para fines políticos es un error. Canarias no quiere ser el MPAIAC por mucho que Ana Oramas lo diga», sentenció.

En segundo lugar, el presidente regional consideró que «presentar como ha hecho CC una enmienda a la totalidad» de los PGE «junto a la derecha y partidos independentistas para no dejar caminar un presupuesto como el del año 2021 es otro crasísimo error».

Y es que, de haber prosperado, «hubiésemos tenido cita electoral y otra vez inestabilidad política», sostuvo el presidente canario. «Estos presupuestos son buenos y son mejorables a través de las enmiendas parciales», remarcó.

Sobre las declaraciones de Oramas el jueves envueltas también en polémica, Torres dijo que será «ella quien tiene que defenderlas». «Creo que son bastante desacertadas, pero repito, cada cual ante lo que pronuncia tendrá que defenderse. Tengo buena relación con ella, creo que es bueno que tengamos buena relación los partidos políticos, aunque defendamos cosas casi opuestas», indicó.

«Conozco a Ana Oramas desde hace muchísimos años. Compartimos alcaldía ella en La Laguna (Tenerife) y yo en Arucas (Gran Canaria), entre 2003 y 2007, incluso tuvimos muchas reuniones dentro de la Federación Canaria de Municipios. Compartimos también una etapa en el Congreso y cada uno tiene su estilo. Ella tiene el suyo, el mío creo que es absolutamente distinto», culminó.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cree en una España unida pero que permita la «convivencia entre los territorios», para lo que defendió una reforma de la Constitución porque «las cosas han cambiado» desde los años 80 o 90.

«La Constitución española se ha modificado desde su nacimiento, durante décadas y siglos y hoy debe ser modificada. ¿Hacia dónde? Hacia un concepto de país, que es uno solo, que es España, que tiene una realidad distinta según en qué comunidades se vive; se tiene un pasado y se camina hacia un futuro», defendió el barón socialista durante una entrevista concedida a Europa Press.

A ese respecto, consideró que el debate hay que «abrirlo» porque «no es nada malo». «Aquellos que se oponen son los que dicen que eso es fragmentar el país porque lo que quieren es imponer sus ideas, aplastándoselas a otro. Eso ocurrió en otra etapa; no fue en etapa democrática», sentenció.

Para Torres, las directrices deben ser «el diálogo permanente, el respeto de las tradiciones, caminar hacia las idiosincrasias de cada lugar» y el «saber las características que tiene cada sitio». «No tiene nada que ver, nada que ver –insistió–, lo que se vive en el País Vasco que lo que se vive en Canarias», continuó.

TORRES:»EL PSOE ES SOCIALISTA, OBRERO Y ESPAÑOL. Y ASÍ SEGUIRÁ SIENDO»

«El PSOE es un partido de estructura federal que tiene un solo nombre, aunque pueda tener sus siglas en las distintas CCAA. Es un partido que es socialista, que es obrero y que es español. Y así va a seguir siendo», apeló.

Para el dirigente socialista y presidente regional, «la situación actual no tiene nada que ver con las autonomías de los años ochenta o noventa». «Las cosas han cambiado. Hay que reformar la Constitución y adaptarla a los tiempos presentes, a la pluralidad de nuestro país, a las circunstancias de la convivencia entre los territorios. Y eso no es malo, es justamente todo lo contrario, es evolucionar, ¿o es que somos los mismos que había en el año 78 o 79, cuando se redactaba y se aplicaba la constitución de entonces?», reflexionó.

En esta dirección, puso encima de la mesa el caso de Canarias, de la que dijo «solo no» tiene su «propia lengua». «Nos hubiese gustado tenerla. Fue sepultada por una invasión, porque así fue, en la que por distintas razones pasamos a formar parte de otro Reino y nos quedamos nada más que con cuatro o cinco palabras, sin gramática, sin posibilidad de articular nuestra lengua», indicó.

«¿Pero no seríamos mejores si tuviésemos una lengua propia?, ¿no crece en pluralidad y en conocimiento la sociedad que es plural?, ¿no es mejor una persona que es amante del curiosear, de aprender, de saber más? ¿O tenemos que quedarnos con los mensajes singulares, exclusivos, individualizados de que España es una sola, que decían que era libre cuando lo que no era es ser libre? Eso es lo que algunos pretenden lanzar. No engañan a la mayoría», concluyó.

LO IMPORTANTE DE LOS PGE ES QUE SON «MUY BUENOS PRESUPUESTOS»

Sobre la polémica al respecto de los apoyos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Torres mantuvo que lo más importante es que «son unos muy buenos presupuestos para la crisis» porque «inyectan fondos en el aspecto social» y apuestan por el Ingreso Mínimo Vital.

Son una «apuesta clara de un Gobierno de izquierdas»: «¿Qué sería de nuestro país sin eso? Los ERTE, que la derecha en su momento criticaba y que algunos lo veían como una especie de imposición desde el sector empresarial, hoy la demandan para la supervivencia de las empresas. Pero cuestan al Estado miles de millones de euros, han costado y cuestan, aún, y por tanto esto está también en esos presupuestos», incidió.

Lo mismo ocurre en el caso de Canarias, que «precisa presupuesto porque desde el año 2018» no tiene cuentas ordinarias. «Serán unos buenos presupuestos. Habrá debate y podrán ser siempre mejorables, seguro, y en eso se está en estos momentos, pero es importante que lo podamos tener».

TORRES: «AQUÍ SE ESTÁN APOYANDO UNOS PRESUPUESTOS, NO OTRA COSA»

Estrictamente sobre los apoyos a las cuentas estatales, Torres dijo que «lo que se están apoyando son unos presupuestos» y no «otra cosa». «Distinto sería que estuviésemos abordando otra cosa. Aquí se tan apoyando unos presupuestos que consiguen un número determinado para seguir su trámite y que son presupuestos necesarios», argumentó.

Necesarios para canalizar «fondos europeos» o para impulsar «aspectos sociales claves para el año 2021». «Si estuviésemos discutiendo otra cosa hablaríamos de otra cosa, pero creo que criminalizar el que haya partidos que apoyen el presupuesto que presenta un Gobierno, del mismo modo que endiosar a quienes se oponen a un presupuesto necesario es trivializar la política», abogó.

DICE QUE EL PP «DE ENTRADA RECHAZA» LOS PGE

«Cuando un Gobierno presenta una propuesta de presupuesto, un proyecto de presupuestos, de entrada lo negocia con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Sobre esto hay que preguntarle al PP ¿por qué de entrada ya los rechaza?, ¿por qué lo hace de entrada Coalición Canaria?, ¿por qué lo hacen otros partidos independentistas con enmiendas a la totalidad? Y luego, ¿por qué criminalizas a quien lo apoya? Cuando lo que están apoyando esos partidos políticos es un presupuesto», mantuvo.

Al respecto de las críticas de antiguos dirigentes, Torres dijo que el PSOE «tiene sus mecanismos de control y de debate para todas estas cosas» y dijo que «no es un partido en que decide uno». «Nunca ha sido así; seguramente es el partido de mayor debate crítico interno que existe en nuestro país y también en esto», dijo.

En su opinión, «un partido que gobierna o un Gobierno que presenta un presupuesto tienen la obligación de intentar conseguir el mayor número de apoyos posible para su presupuesto»: «Eso es lo que yo también intentó en Canarias, el mayor consenso, que es también lo que hace el Gobierno central».

APOYO A LA LEY CELAÁ Y CULPA A LA OPOSICIÓN DE LA FALTA DE CONSENSO

El presidente de Canarias mostró su apoyo a la ley educativa socialista, conocida como Ley Celaá por la ministra del ramo, Isabel Celaá, aunque se mostró decepcionado por la falta de consenso, de la que culpó a la oposición.

«Este país merece que la educación quede fuera del debate político y que igual que hay un Pacto de Toledo para ponernos de acuerdo sobre las pensiones se debe alguna vez conseguir que tengamos un gran pacto educativo para que un cambio de Gobierno no lleve consigo un cambio de modelo», incidió.

Pero, precisó, «lamentablemente» a causa de que «la oposición en estos momentos está absolutamente radicalizada en posturas de intentar tumbar a un Gobierno» no se va a poder lograr. «Y es una propuesta que se adapta al tiempo presente, que lo que hace es trasladar la apuesta clara por la enseñanza pública y los controles pertinentes que se tienen para una u otra enseñanza, sea pública o concertada, de manera totalmente transparente, como demanda la sociedad actual», defendió.

El Papa ha advertido a los nuevos cardenales del afán por el dinero, la fama o el éxito al tiempo que les ha invitado a permanecer «vigilantes» para no caer en el error que supone «perderse en mil cosas» y distraerse con los propios intereses y las «vanidades» que impiden percatarse de la presencia de Dios.

«Y si nos esperan en el Cielo, ¿por qué vivir con pretensiones terrenales? ¿Por qué afanarse en conseguir dinero, fama o éxito, todas ellas cosas pasajeras? ¿Por qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día?», se ha preguntado el Papa en la misa que ha concelebrado desde el altar del Baldaquino de Gian Lorenzo Bernini, en la basílica de San Pedro con los pupurados presentes en Roma.

«¿Por qué buscar padrinos para ir hacia arriba y hacer carrera?», ha agregado. Las palabras del pontífice se enmarcan en un contexto difícil en la Curia Romana después de la destitución del ex Prefecto de las Causas de los Santos, Angelo Becciu, que fue obligado a dimitir el pasado 24 de septiembre y a renunciar a sus derechos como cardenal tras haberse visto implicado en un caso de malversación de fondos investigado por el tribunal del Vaticano. Su cargo al frente de este organismo del Vaticano lo ha ocupado uno de los nuevos cardenales, Monseñor Marcello Semeraro.

Así, en la homilía de este domingo, que coincide además con el primer domingo de Adviento, el Papa ha alertado del «error» que supone «perderse en mil cosas y no percatarse de Dios». «Atraídos por nuestros intereses y distraídos por las vanidades corremos el riesgo de perder lo esencial», ha destacado.

El Papa ha alertado a su vez del «sueño peligroso» que supone «la mediocridad». Y ha especificado: «Llega cuando olvidamos nuestro primer amor y seguimos adelante por inercia, preocupándonos sólo por tener una vida tranquila».

De este modo, ha dejado claro que «sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad», los hombres se vuelven «mediocres, tibios, mundanos». Y esto carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad: es el ardiente deseo de Dios, es la valentía perseverante para convertirse, es valor para amar, es salir siempre adelante», ha destacado.

Por eso ha reivindicado como antídoto la oración, que «despierta de la tibieza de una vida horizontal» y eleva la mirada «hacia lo alto». Y ha añadido a este respecto: «No necesitamos adoradores».

En otro momento ha advertido también ante «el sueño de la indiferencia», que se pone en práctica cuando «se ve todo igual, como de noche, y no le importa quién está cerca».

Así, ha incidido: «Cuando sólo giramos alrededor de nosotros mismos y de nuestras necesidades, indiferentes a las de los demás, la noche cae en el corazón». Por eso ha alertado del peligro de quejarse «de todo» que hace a las personas sentirse «víctimas de los otros» y al final se hacen «complots de todo».

UN CONSISTORIO MARCADO POR LA PANDEMIA

El Papa creó este sábado a 13 nuevos cardenales, pero solo once de ellos pudieron estar presentes en la basílica de San Pedro debido a las restricciones en los viajes por la pandemia. Los dos restantes siguieron la ceremonia a través de la plataforma digital Zoom, marcando un hito tecnológico en la logística del Vaticano. La ceremonia estuvo marcada por las disposiciones sanitarias ante la pandemia: solo participaron cerca de un centenar de fieles, todos ellos con mascarillas.

Con este gesto elevó hasta 229 los miembros del colegio cardenalicio, de los que solo 128 tienen menos de 80 años y, por tanto, según la ley aprobada por Pablo VI, pueden votar en un cónclave. En total, 73 han sido creados por Francisco; 39 por Benedicto XVI, y 16 por Juan Pablo II.

Los nuevos purpurados que tendrán derecho a voto en un hipotético conclave son el obispo maltés Mario Grech nuevo Secretario General del Sínodo de Obispos; Monseñor Marcello Semeraro, nuevo Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos; Monseñor Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali (Uganda); Wilton Daniel Gregory, arzobispo de Washington (EEUU); Monseñor José Advíncula, Arzobispo de Capiz (Filipinas); Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de chile; Monseñor Cornelius Sim, obispo de Puzia de Numidia, vicario apostólico de Brunei; Monsignor Augusto Paolo Lojudice, arzobispo de Siena, Colle di Val d’Elsa – Montalcino; Mauro Gambetti, custodio del convento de Asís (Italia). Los dos primeros, Grech y Semeraro, pertenecen a la Curia cardenalicia.

El Papa también creará otros cuatro cardenales mayores de 80 años y, por tanto, sin participación en un eventual cónclave. Su nombramiento será una distinción honorífica por su servicio a la Iglesia: Felipe Arizmendi, obispo «emérito» de San Cristóbal de Las Casas; Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia; Monseñor Enrico Feroci, sacerdote de la Parroquia de Santa Maria del Divino Amor en Castel di Leva (Italia) y ex director de Caritas (Roma) y Silvano Tomassi, ex nuncio y observador del Vaticano en la ONU.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a catorce mujeres prostituidas en una macrooperación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual desarrollada en Murcia, Alicante, Almería y Valencia, según ha informado la Dirección General de Policía.

La investigación ha permitido desarticular la organización criminal y detener a los 20 integrantes de la misma, nueve de los cuales han ingresado en prisión.

Además, se han llevado a cabo doce registros en los que han intervenido 90.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, tres escopetas de caza, dos armas de fuego simuladas, así como cocaína y marihuana preparada para su venta.

Las víctimas eran obligadas a trabajar doce horas todos los días y, en el caso de enfermar y no poder trabajar, eran penalizadas económicamente. Los horarios eran tan estrictos que, en el caso de querer descansar o ducharse, eran multadas con hasta 200 euros, y los responsables de los clubes llegaban incluso a denegarles la asistencia sanitaria, inventando en contraprestación un sistema de multas. Dicho método se ponía en funcionamiento en caso de no poder ejercer la prostitución, por ejemplo debido a enfermedad.

Las multas oscilaban entre los 300 y 400 euros, y algunas de las mujeres habían acumulado una deuda que superaba los 4.000 euros. Tanto las mujeres como sus familias eran amenazadas y presionadas para que abonaran la deuda contraída.

La organización se quedaba con gran parte del porcentaje de los servicios sexuales, de cuyo abuso se lucraba. Los investigados obligaban a sus víctimas a trabajar todos los días de la semana y a consumir sustancias estupefacientes con los clientes, además de someterlas a una estrecha vigilancia y control.

A pesar de la situación de crisis sanitaria, los clubes han mantenido su actividad al margen de la ley, con el riesgo añadido de posible contagio para sus víctimas.

A los investigados se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los agentes han realizado doce registros simultáneos en la Región de Murcia (7), Alicante (2), Almería (2) y Valencia (1), en diferentes domicilios de varios miembros de la organización y en los clubes en los que alojaban y explotaban a sus víctimas.

Fruto de dichos registros intervinieron 90.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, tres escopetas de caza, dos armas de fuego simuladas, unos 300 gramos de cocaína y marihuana perfectamente preparados para su venta, así como documentación y dispositivos relacionados con la investigación.

La operación ha culminado con el ingreso en prisión de nueve de los 20 detenidos, el cierre cautelar de los seis establecimientos en los que llevaban a cabo las actividades de explotación sexual, así como la liberación y asistencia de 14 mujeres víctimas de esta organización.

El presidente del PP, Pablo Casado, prepara una ofensiva con sus comunidades autónomas contra la reforma educativa, bautizada como ‘Ley Celáa’, y la subida de impuestos que, a su juicio, plantea el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Además, este frente territorial como «contrapeso» a las políticas de Pedro Sánchez también se visualizará en los Presupuestos, la caza y los fondos europeos.

«Vamos a hacer de dique de contención del sanchismo. Allá donde ellos suban impuestos, nosotros intentaremos bajarlos. Allá donde ataquen la libertad a la concertada y los centros de educación especial, trataremos de legislar con decretos u órdenes autonómicas para descafeinar la ley educativa», ha avanzado a Europa Press el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha confirmado que Casado va a «gestionar desde los gobiernos autonómicos del PP la oposición» al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. «Pero no es la oposición porque sí, sino para garantizar la libertad educativa y la baja fiscalidad en las comunidades donde gobernamos», ha apostillado.

CENTRADOS EN LA BATALLA CONTRA ‘LA LEY CELAÁ’

Esta ofensiva territorial de Casado ya ha empezado a materializarse. El pasado martes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y González Terol se reunieron con consejeros de Presidencia de las cinco CCAA en las que gobiernan (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León) para empezar a trabajar en respuestas coordinadas contra diversas materias, entre ellas la reforma educativa.

El PP ultima varias líneas de actuación contra la ‘Ley Celaá’ porque, aparte de acudir a Europa y presentar un recurso al Tribunal Constitucional cuando la norma esté definitivamente aprobada, quiere que sus autonomías actúen para frenar los «aspectos lesivos» de la norma y «blindar» la educación concertada y los centros de educación especial.

«Iremos donde tengamos que ir para defender la libertad de elección de centro educativo y garantizar que la educación pública sea de máxima calidad, pero que no se ataque ni a la concertada ni a la educación especial, así como que se defienda el castellano como lengua vehicular en el conjunto de España», ha subrayado González Terol, para añadir que ahora está centrados especialmente en «hacer frente» a esta reforma educativa.

CITA CON LOS CONSEJEROS DE HACIENDA POR LA FISCALIDAD

Además, ha confirmado que la fiscalidad será otro de los ejes de actuación del PP y sus gobiernos autonómicos, en medio del debate sobre la armonización fiscal que quiere impulsar Sánchez tras el acuerdo con ERC en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

Según el responsable de Política Territorial del PP, en las CCAA del PP se han bajado impuestos y se ha comprobado que teniendo los ciudadanos «más dinero en sus bolsillos se han garantizado la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos».

En este punto, ha adelantado que el PP prevé reunir en breve a los consejeros del ramo para coordinar la estrategia en materia de impuestos. Casado ha asegurado que una armonización fiscal como la que quiere Sánchez es «ilegal» porque la ley permite a las comunidades bajar o subir impuestos, e «inconstitucional» porque la Carta Magna reconoce regímenes fiscales diferenciados, como el concierto vasco.

ACCIÓN COORDINADA EN MATERIA CINEGÉTICA

Además, González Terol ha señalado que el PP quiere actuar de forma coordinada en materia cinegética y ha recordado que esta semana ya mantuvo una reunión con los consejeros y portavoces del PP de este área para analizar de qué manera «pueden legislar» y tener un «control poblacional de determinadas especies como el jabalí y el conejo, hablando de caza mayor y caza menor respectivamente, que provocan destrozos» en el campo.

«Se trata de controlar las poblaciones, permitir la circulación de los cazadores para realizar la actividad cinegética solo en el caso de control de poblaciones de determinadas especies muy concretas en cada CCAA para proteger la agricultura y la ganadería», ha abundado, para añadir que el PP quiere además «blindar un sector económico que es fundamental en la España despoblada como es la caza».

El PP también buscará coordinar acciones con sus CCAA ante los fondos europeos y reunirá también a sus consejeros de Hacienda para actuar conjuntamente en este frente. «Nosotros lo que propusimos es que hubiese una agencia independiente que pudiese ayudar con esos fondos, para presentar ahí los proyectos para pedir esos fondos», ha manifestado González Terol.

En este punto, ha señalado que el PP creará «grupos de trabajo para poder gestionar esos proyectos que, a lo mejor pueden ser comunes en varias comunidades» con el fin de generar «proyectos que ayuden a crear empleo y a sectores como los autónomos».

Unidas Podemos peleará para romper «las paredes de opacidad» que envuelven a la Casa Real y reprocha al PSOE, socios de Gobierno en coalición, que opte siempre por «proteger a los Borbones» ante las peticiones para crear una comisión de investigación en el Congreso, máxime cuando las investigaciones en torno al rey emérito Juan Carlos I sugieren «casi a una trama familiar».

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, quien asegura que Juan Carlos I «era un corrupto» y por eso ha tenido que irse del país ante las «evidencias claras, no ya rumores» de delitos.

«No puede ser que nuestros socios del PSOE, entre proteger a los Borbones y proteger las instituciones, acaben decidiéndose por proteger a los Borbones (…) es algo que tiene que ver con la esencia misma de la democracia», ha lamentado.

Para el diputado, las informaciones sobre irregularidades que envuelven a la Casa Real dejan «más que evidente» que no se está «ante un caso personal» de Juan Carlos I sino que «casi vincula a toda la familia», pudiéndose hablar de «trama familiar.

Tras resaltar que su objetivo es el republicanismo, pues lo democrático es elegir al Jefe del Estado, Mena ha asegurado que van a seguir llevando iniciativas al Congreso y a todas las instituciones para arrojar transparencia sobre la Casa Real.

«Como mínimo la Casa Real tiene que pasar por el filtro de la transparencia y la fiscalización», ha desgranado para recalcar que el Congreso «no puede mirar para otro lado» ante estos escándalos. Por tanto, el dirigente de En Comú Podem ha insistido en que su deber es «tirar las paredes de la opacidad que protegen de la Casa Real.

COALICIÓN SÓLIDA

En cuanto a las discrepancias en el seno de la coalición del Gobierno, Mena ha dicho que es algo «normal» entre dos fuerzas políticas diferentes y que el balance del Ejecutivo es positivo, con compromisos cumplidos y otros por abordar, como la reforma laboral.

Por ello, ha descartado posibles cambios en el Consejo de Ministros, algo que «desmintió el propio presidente del Gobierno», dado que la coalición tiene «claro su rumbo», es «sólida» y lo será más con la suma de fuerzas progresistas y plurinacionales.

LOGRAR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DEL PROCÉS

Preguntado sobre si el apoyo de ERC a los Presupuestos contribuye a solventar el denominado conflicto en Cataluña, ha destacado que abordar los problemas de los catalanes con unas nuevas cuentas públicas ayuda junto a la vía de la mesa de diálogo, que algunos tratan de «boicotear por activa y por pasiva».

Pero sin duda un elemento que contribuirá es lograr que los presos del ‘procés’ puedan «estar en la calle», para lo cual ya han planteado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, una reforma del delito de sedición para lograrlo «más pronto que tarde». En este sentido Mena apuntó a su salida de prisión antes de los comicios catalanes del 14 de febrero.

Añadió que además de la vía del indulto, también la reforma del Código Penal es una propuesta que la mayoría parlamentaria «avala» y permite, además, evitar «disparates» como que «un sindicalista esté en la cárcel por protestar o que un activista acabe de la misma manera». Por tanto, estiman que en tres o cuatro meses la revisión del delito de sedición esté al final de tramitación.

Mena ha subrayado que «la judicialización de la política», que desplegó el expresidente Mariano Rajoy, fracasó «estrepitosamente» pues «encona más» el problema. «Espero que en un ejercicio de transparencia y sinceridad política el PP reconozca que se equivocó», ha emplazado.

EL MODELO ERC-JUNTS ESTÁ AGOTADO

Sobre los próximos comicios en Cataluña, Mena ha confiado en que estas elecciones sirvan para propiciar un «cambio político importante» ante el «gobierno agotado» de ERC y Junts, marcado por las «discrepancias internas y discusiones». «Es el peor gobierno posible en el peor momento posible», ha remachado.

A su juicio, el futuro de Cataluña pasa por «una mayoría y un gobierno progresista», que «cambie el rumbo» y recupere «los grandes consensos del catalanismo que se han perdido en los últimos tiempos». Y es que Cataluña no se puede «quedar anclada en el pasado de Junts y Convergencia».