La posibilidad de que PSOE y PP limen asperezas y lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se cumplan dos años del término del mandato de sus vocales -el 4 de diciembre de 2018-, encuentra un difícil obstáculo en el actual «escenario político», según fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por Europa Press, lo que podría incluso alejar la posibilidad de una solución hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, fijadas para el próximo 14 de febrero.
El encontronazo cada vez en frentes más diversos entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición contrasta con el estado real de las negociaciones sobre este asunto, que no parece haber variado desde el pasado verano, cuando PSOE y PP cerraron prácticamente un acuerdo en el que cada uno de ellos aceptaba designar a diez de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El consenso alcanza no solo a los doce vocales de origen judicial -designados por mayoría cualificada en las Cámaras entre un listado que aportan asociaciones judiciales y magistrados avalados por sus compañeros– sino también a los ocho que deben elegirse entre juristas de reconocido prestigio.
De este grupo, el acuerdo inicial, que parece mantenerse según las mismas fuentes, sería el de designar a cinco de los vocales con corte progresista mientras los tres restantes se reservarían a las propuestas que realice el PP.
Ello permitiría un «reparto» que todavía no se descarta del todo para las próximas semanas, en el que el PSOE conserva la opción de proponer presidente, un puesto para el que gana fuerza la magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Teso.
Se trata de una profesional muy respetada en la carrera, de perfil progresista pero moderado y que no tendría problema en conseguir el aval del principal partido de la oposición, ya que se la considera una persona dialogante. Según las mismas fuentes, sería una candidata asumible por el PP frente a otras propuestas que ya se han puesto sobre la mesa y han sido rechazadas.
Teso no salió elegida hace unas semanas como presidenta de la Sala Tercera del alto tribunal –cargo que consiguió su compañero César Tolosa–, pese a ser la favorita para el cargo, lo que ha sido interpretado en diversos ámbitos de la Carrera como un mantenimiento de esta magistrada en la reserva de cara a la renovación del CGPJ.
En las últimas renovaciones distintas mujeres han ganado fuerza en las «quinielas» de aspirantes al más alto cargo de la justicia en España, y junto a Teso venía sonando la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, si bien su nombre parece haber cedido paso al de la magistrada Teso.
Se da la circunstancia de que Roca, junto con el magistrado Andrés Ollero y el actual presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, siguen formando parte de este órgano gracias a una prórroga de su mandato, que concluyó el noviembre pasado.
ACUERDO TAMBIÉN PARA EL TC
Por ello no sería extraño que la renovación del CGPJ fuera a la par que la del TC, teniendo en cuenta además que esos tres magistrados (más Fernando Valdés, quien renunció hace unos días debido a la causa por maltrato que se ha abierto contra él en el Supremo) corresponden al turno de miembros de este órgano que tienen que ser renovados por el Congreso.
Por esta razón, una renovación conjunta de ambos órganos permitiría dejar libres a Roca y a González Rivas, para presidir el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas que señalan que para este órgano ya se habría hablado también de algunos nombres concretos, dos aportados por el PSOE y otros dos por el PP .
El nombre González Rivas, de corte conservador, habría sido puesto sobre la mesa en las negociaciones para presidente del CGPJ por parte del PP, si bien no habría sido aceptado por el partido en el Gobierno.
CRECEN LOS OBSTÁCULOS
Toda esta negociación, sin embargo, se está encontrando con varios obstáculos en las últimas semanas, relativos al escenario político que enfrenta al Gobierno con el principal partido de la oposición, y al que se ha sumado en último término el acuerdo con Bildu y el polémico anuncio sobre la necesidad de ir hacia una «armonización fiscal» que evite desigualdades entre las comunidades autónomas.
En el último Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, volvió a insistir sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo 4 de diciembre cumplirán dos años en funciones. «La no renovación no es una alternativa constitucionalmente aceptable», señaló.
Para el ministro de Justicia, en alusión al PP «no es admisible» no cumplir la Constitución por un lado mientras que se exige el cumplimiento de otros aspectos de la norma, si bien se ha mostrado convencido de que «en poco tiempo tendremos buenas noticias» al respecto.
Esta confianza mostrada por Campo contrasta con las manifestaciones públicas del presidente del PP, Pablo Casado, que esta misma semana negó que el pacto para la renovación del CGPJ esté prácticamente cerrado e insistió en las condiciones que pone su formación para negociar.
Según Casado, si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces tiene que retirar de una vez la proposición de ley de reforma judicial que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso (que rebaja la mayoría necesaria para elegir a los vocales en el Parlamento) y excluir al partido morado de este proceso.
La tramitación parlamentaria de la reforma fue anunciada por el propio Sánchez, si bien hasta el momento el proyecto no se ha retirado y la situación parece seguir enquistada.
