El Consejo de Gobierno ha conocido un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre los avances en los estudios que realiza el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) con el alga 'Rugulopteryx okamurae', conocida comúnmente como 'alga asiática'. Los investigadores prevén iniciar en el próximo mes de abril su proceso de validación como compostaje agrícola, es decir, la transformación de residuos orgánicos (biodegradables) en tierra fértil capaz de aportar nutrientes necesarios a las plantas.

Según ha explicado la Junta en una nota, cuatro investigadores del Centro Ifapa El Toruño, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y uno del ubicado en La Mojonera (Almería) vienen realizando desde hace un año el estudio de esta alga, mientras la Junta de Andalucía, de forma paralela, ha venido reclamando la declaración como especie invasora por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, algo que no ha ocurrido hasta hace un par de semanas.

Uno de los objetivos prioritarios es determinar su viabilidad como biofertilizante. Para ello, se ha iniciado el compostaje en las instalaciones almerienses con material recogido en la costa de Tarifa. La previsión es finalizar este proceso durante el primer trimestre de 2021 y, a partir de entonces, iniciar los ensayos en semilleros para validar el compost obtenido.

Durante este periodo, los científicos ya han completado la caracterización genética de la especie y su identificación taxonómica, lo que ha permitido la diferenciación del alga autóctona 'Dictyota dichotoma', muy similar desde el punto de vista morfológico. Además, se han analizado las muestras proporcionadas por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), procedentes de la campaña de cartografiado por la costa andaluza.

El estudio, que está previsto que se prolongue hasta mayo de 2022, también incluye entre sus objetivos determinar la velocidad con la que el alga capta nutrientes del medio y su respuesta específica de crecimiento en comparación con una especie nativa de características morfológicas similares, así como determinar la caracterización bioquímica de extractos ricos en compuestos funcionales de biomasa del alga asiática procedente de poblaciones fijadas y arribazones.

Por último, se completará un análisis preliminar del potencial de depredadores del alga, tal como equinodermos y peces herbívoros, para el control de poblaciones del alga.

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR PESQUERO

Una vez incluida esta alga en el catálogo español de especies exóticas invasoras, la Consejería prevé publicar en enero una convocatoria de ayudas al sector pesquero con un presupuesto de 1,5 millones de euros, financiados al 100% con fondos propios. La misma podrá realizarse en tan corto espacio de tiempo gracias a que la Dirección General de Pesca adelantó la publicación de sus bases reguladoras el pasado mes de junio. El importe de las subvenciones ascenderá a 100 euros por cada barco y día de pesca.

La habilitación de estas ayudas económicas contrasta con la ausencia de medidas de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta que es un problema que no afecta solo a las flotas de menor tamaño que se dedican a la pesca con artes menores en las cercanías de la costa, sino también a las flotas de mayor tamaño, de competencia del Gobierno de España, como son las que se dedican a la pesca de arrastre de fondo y a la pesca de cerco.

La presencia del alga invasora se detectó por primera vez en Andalucía en 2015. Desde entonces se ha reportado su presencia en numerosas ocasiones, sobre todo en el Estrecho de Gibraltar y su entorno.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a trece años y siete meses de prisión al 'fugitivo de Turieno', el hombre que en julio de 2018 se atrincheró en su casa de la población lebaniega armado con una escopeta con la que disparó durante horas a agentes de la Guardia Civil.

En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia cántabra considera a Luciano José Simón Gómez autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, ya que disparó a menos de cuatro metros contra un efectivo que accedió a la vivienda con un escudo balístico para protegerse. Pero los perdigones rebotaron y le produjeron heridas graves en un pie.

Por este delito, el tribunal ha impuesto una pena de nueve años de prisión, y otros tantos de libertad vigilada, así como la prohibición de comunicar y acercarse al efectivo herido durante diez años.

El 'fugitivo de Turieno' también ha sido condenado por un delito continuado de atentado contra la autoridad a cuatro años de cárcel y por otro de tenencia ilícita de armas a siete meses más.

Y en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar al agente herido en 22.105 euros por las lesiones causadas, y la Guardia Civil en 661 por daños en escudos balísticos.

Al determinar la pena, el tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño -consignó 21.000 euros para el pago de la responsabilidad civil-, pero no así la de alteración psíquica por consumo de drogas y alcohol, o la de arrebato u obcecación, invocadas por la defensa.

LOS HECHOS

Según el relato de hechos, el 17 de julio de 2018, sobre las ocho y media de la tarde, agentes de la guardia civil recibieron la llamada de los hermanos del ahora condenado, porque llevaba dos días sin salir de su habitación, ni comer o atender a sus requerimientos, y les había amenazado con una navaja cuando rompieron el cristal del dormitorio con la intención de cerciorarse de su estado.

Tras esa amenaza, el hombre se dirigió al garaje donde su hermano tenía el vehículo aparcado y comenzó a golpearlo reiteradamente con una maza, tras lo cual avisaron a las autoridades.

Cuando llegaron los primeros agentes, del puesto de Potes, el acusado salió de su habitación "esgrimiendo una navaja y haciendo gestos con la mano de que los iba a atacar" a la vez que les profería expresiones de amenaza. Los efectivos salieron de la casa y pidieron refuerzos. Se personaron otros dos, procedentes de Cabezón de la Sal, pero el implicado siguió ignorando la petición de que se entregara, "sacó una escopeta por una ventana y con ánimo intimidatorio efectuó dos disparos al aire".

Entonces, los cuatro guardias se parapetaron detrás del vehículo oficial y se produjo "un intercambio de disparos durante el cual el acusado, ante el menor movimiento que hacían los agentes parapetados o intentaban convencerle para que se entregase, sacaba la escopeta por la ventana y disparaba contra la fachada del edificio de enfrente y hacia el lugar en el que se encontraban los agentes".

Durante la madrugada, un grupo de agentes logró entrar en la vivienda y, "al percatarse el acusado que se disponían a subir al desván -donde él se encontraba- disparó contra la puerta que daba acceso a la escalera en el momento en que los agentes procedían a abrirla".

Entonces, relata la sentencia, "con intención de acabar con la vida de los agentes e impedir su detención hizo un disparo a través del hueco de la escalera hacia el agente que tenía a menos de cuatro metros, alcanzando el escudo balístico y rebotando el disparo en el pie del agente que lo sostenía, causándole lesiones graves".

Y continúa: "Cuando los compañeros intentaban evacuarlo, el acusado efectuó más disparos desde la ventana, abriendo los agentes fuego de cobertura" para poder sacar de allí al compañero herido.

Durante las tres horas siguientes, el procesado "permaneció atrincherado en la casa, y cada vez que oía algún movimiento de los agentes o estos se dirigían a él les respondía con amenazas y efectuaba disparos, existiendo periodos de tiempo de silencio e inactividad que aprovechó el acusado para huir a través del tejado".

Sobre las siete de la mañana llegaron efectivos del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil y cuando entraron en la vivienda, el hombre había huido al monte. Regresó a la casa sobre las once y media de la noche y fue detenido cuando se encontraba escondido bajo un vehículo.

La Audiencia considera todos estos hechos probados a la luz de los testimonios practicados en el juicio, tanto de los hermanos como de los guardias civiles que intervinieron en el operativo.

Además, la prueba pericial acreditó que el acusado disparó 21 cartuchos, detonados por la misma arma o por dos distintas, y que la categoría de los mismos era la de caza deportiva de especies pequeñas.

Junto a ello, la médico forense acreditó las lesiones del agente herido, al que se le realizaron dos intervenciones quirúrgicas para sacar los perdigones, pese a lo cual, según recoge la sentencia, no se han podido extraer numerosos de estos cuerpos, por lo que es susceptible de ser nuevamente intervenido.

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y ATENTADO A AGENTE DE LA AUTORIDAD

El tribunal constata "la existencia de ánimo de matar", que "se deduce del hecho de disparar desde el desván, por el hueco de las escalera, primero a la puerta tras la cual sabía que estaban los agentes a punto de entrar para subir al desván y, acto seguido, cuando entra un agente que se encontraba a pocos metros del acusado a sabiendas de que disparaba a una persona, pues veía dos focos de luz: de la linterna y del escudo".

El acusado, "al menos a título de dolo eventual, asumió el riesgo que conllevaba su acción y disparó con la escopeta por el hueco de la escalera hacia el agente impactando en el escudo que portaba, que resultó dañado, alcanzándole muchos perdigones en el pie que se alojaron en las partes blandas, hiriéndole de gravedad".

"No hay un propósito meramente lesivo sino homicida, pues teniendo próxima a su víctima le dispara con una escopeta de caza, arma de fuego idónea para causar la muerte si los perdigones con la dispersión de los mismos alcanzan zonas vitales. Además -continúa-, no auxilió a su víctima y siguió disparando y amenazando de muerte a los agentes que tuvieron que hacer fuego de cobertura para poder evacuar al compañero herido y trasladarlo a un centro médico, lo que refuerza que la intención del acusado era acabar con la vida de un agente".

Los hechos, además, constituyen un delito de atentado, pues la víctima era agente de la Guardia Civil, de lo que era consciente el acusado porque a través de la ventana había visto el dispositivo.

Junto a ello, entiende la Audiencia que cometió otro delito continuado de atentado con uso de arma, "que no se agotó ni quedó absorbido por el desvalor del ataque al principio de autoridad que se produjo con el disparo al agente" que resultó herido.

La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado este martes un Real Decreto que da luz verde a la distribución de 262.151.626 euros a las comunidades autónomas para el desarrollo de cinco líneas estratégicas del Plan de Modernización de la Formación Profesional hasta diciembre de 2021.

Esta cantidad se asigna a las comunidades autónomas a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros.

Este Programa diseñado por el Ministerio recoge diversas iniciativas relacionadas tanto con la FP del Sistema Educativo como con la FP para el Empleo. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un sistema de evaluación y acreditación permanente de competencias básicas y profesionales cuyo presupuesto asciende a 126,6 millones de euros.

El objetivo es llegar a alrededor de 500.000 trabajadores hasta diciembre del próximo año que, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, carecen de acreditación profesional, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y mejores condiciones laborales.

El Programa de Cooperación Extraordinario también recoge fondos destinados a ampliar la oferta de plazas de Formación Profesional en 60.290 durante el curso 2020-2021. Para ello, el Ministerio distribuirá 118,9 millones de euros entre las comunidades autónomas.

Asimismo, se destinan 11,6 millones de euros para la conversión de 211 aulas de Formación Profesional en espacios de tecnología aplicada que acercarán al alumnado los recursos tecnológicos ligados con su formación.

El Ministerio también asigna este año otros cerca de 2,5 millones a la creación de casi 500 aulas de emprendimiento, potenciando así los recursos necesarios para que los estudiantes puedan crear sus propios proyectos empresariales facilitándoles una orientación profesional que les ayude a conseguir sus objetivos.

A la quinta línea de actuación, relativa a la formación en digitalización aplicada a los sectores productivos destinada al profesorado de FP, se asignan cerca de 2,5 millones de euros.

A la cantidad aprobada este martes por el Consejo de Ministros, hay que sumar otros 1.638.845 euros destinados a Ceuta y 1.781.528 a Melilla, ya que la gestión educativa en las ciudades autónomas es competencia directa del Ministerio.

De este modo, la cantidad total destinada a desarrollar el Plan de Modernización de la Formación Profesional en 2021 asciende a 265.572.000 euros.

Euskadi ha contabilizado, en las últimas 24 horas, un total de 423 nuevos positivos por coronavirus, 87 más que este pasado domingo, aunque la tasa de positividad ha descendido hasta el 4,8% frente al 6,1% del día precedente.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado lunes, se hicieron 8.853 test diagnósticos, entre PCR y de antígenos, (3.311 más que el domingo) de los que 423 han sido positivos (87 más). La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 307,26, con un número reproductivo básico del 0,91%.

Por territorios, la mayor parte se contabilizaron en Vizcaya, un total de 176 (31 más), territorio con una tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de 263,03 y un número reproductivo básico de 0,93%.

Le siguen Guipúzcoa, con 147 (32 más), --una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 331,29 y un número reproductivo básico del 0,82%-- y Álava, con 95 nuevos infectados (24 más). Su tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes es de 390,89 y el número reproductivo básico del 1,1%.

Cinco de los nuevos positivos registrados este pasado lunes corresponden a personas con residencia fuera de Euskadi, la misma cifra que 24 horas antes.

Sobre la situación de los hospitales, este pasado lunes ingresaron 38 personas por covid en planta, lo que suponen 12 más, y en las UCIs hay actualmente 101 personas con covid, 11 menos.

Por edades, el mayor número de casos infectados se detecta en la franja de entre 40 y 64 años, con 161, seguido de la de 0 a 18 años, con 94 nuevos infectados, y los que tienen entre 19 y 39 años (92 casos más).

En el grupo de edad de 65 a 79 años, se contabilizan 39 positivos y 37 entre quienes tienen más de 80 años. Este colectivo arroja la mayor y tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes, 419,61.

POR ENCIMA DE LOS 500 CASOS

En Vizcaya, diez municipos mantienen una tasa acumulada superior a los 500 casos y son Arakaldo, Arantzazu, Arrigorriaga, Elantxobe, Ermua, Forua, Igorre, Meñaka, Mundaka, Ubide y Zeberio, si bien Igorre ha bajado de esa cifra hasta los 480,42.

En Álava, hay once municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos, que son Añana, Armiñon, Aramaio, Arraia-Maeztu, Elvillar, Legutio, Peñacerrada, Ribera Baja, Zigoitia, Zuia e Iruña de Oca.

Por su parte, en Guipúzcoa se encuentran en esta situación con tasas de incidencia acumulada por encima de los 500 un total de 20 municipios: Aduna, Alegia, Amezketa, Anoeta, Arama, Arrasate, Ataun, Azpeitia, Biliarrain, Beasain, Beizama, Berastegi, Elgeta, Eskoriatza, Ezkio-Itxaso, Gaztelu, Leintz-Gatzaga, Ordizia, Segura y Zaldibia.

La comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes por unanimidad una propuesta de todos los grupos para que la Consejería de Sanidad se coordine con los colegios de farmacéuticos con el fin de que se puedan realizar test de para detectar Covid-19 en las oficinas de farmacia.

La Proposición No de Ley (PNL) también incluye que se pongan a disposición de los ciudadanos para que puedan vacunarse de la gripe en aquellos casos en los que no quieran acudir a los centros de salud.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que esta medida daría "agilidad" a las medidas de prevención del coronavirus, reconociendo que otras comunidades "llevan la delantera" y que en Canarias, si hay luz verde, debe haber coordinación entre las farmacias y las autoridades sanitarias.

Según Ramos, no se trata de que haya "una disputa" con los médicos, pero entiende que este medida es buena para los ciudadanos y ayuda a no "sobrecargar" los centros sanitarios, por lo que no cree que haya "impedimentos" si se cumple la seguridad sanitaria.

María del Río, de Sí Podemos, ha reconocido el "inmenso esfuerzo" de su grupo por apoyar la PNL, pues son defensores de la sanidad pública, que se debe reforzar "en un momento muy delicado", pero creen que ahora "toca sumar" y no se van a oponer si finalmente se desbloquea.

Sandra Domínguez (NC) ha valorado la respuesta "rápida" que necesitan las medidas de control del coronavirus, por lo que apoya que las farmacias puedan realizar test de antígenos, no PCR, si se cumplen las condiciones de seguridad.

Miguel Ángel Ponce, del Grupo Popular, ha valorado el "consenso" alcanzado entre los grupos, reconociendo que las farmacias ayudan a desplegar medidas de control de la salud pública, por lo que espera que se aclaren bien los protocolos en caso de que se detecten positivos, se aporten los materiales de protección y se informe bien a los ciudadanos sobre las pruebas.

José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha comentado que en una crisis sanitaria "hay que utilizar todos los recursos al alcance", apostando por la coordinación entre la Consejería de Sanidad y las farmacias y que así no haya "imposición".

Por el Grupo Socialista, Marcos Hernández ha resaltado el "espíritu de acuerdo" en la Cámara y la voluntad de colaboración de las farmacias por ayudar a combatir el coronavirus en una "situación excepcional", por lo que aboga por protocolos con las autoridades sanitarias

España ha ratificado este martes en Estrasburgo el Convenio de Santiago de Compostela sobre la lucha contra el tráfico de Órganos, en cuyo desarrollo jugó un papel decisivo, ya que se elaboró en respuesta a un estudio promovido conjuntamente por el Consejo de Europa y Naciones Unidas del que fue autora la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y donde se concluía la necesidad de desarrollar un tratado internacional específicamente diseñado para combatir el tráfico de órganos.

El Convenio, firmado en 2015, obliga a los estados a tipificar como delito la extracción ilícita de órganos humanos y su uso para trasplantes o para otros fines, y otras acciones relacionadas. La extracción ilícita de órganos se define como aquella en la que media la compra-venta o en la que no se garantiza el consentimiento válido del donante vivo o los requisitos de autorización para la obtención de órganos de donantes fallecidos que marca la legislación nacional.

Además, incluye medidas para la protección de las víctimas y para la prevención del delito, como la necesidad de asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante y el acceso equitativo a esta terapia. También incorpora disposiciones para el fomento de la cooperación internacional y representa la oportunidad de lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales.

La ratificación de este Convenio por parte de España está precedida de la modificación del Código Penal español en 2019. Nuestro Código Penal, en su artículo 156 bis, tipifica el tráfico de órganos como delito y se alinea con las disposiciones del Convenio de Santiago de Compostela. Recoge que "el tráfico de órganos humanos será castigado con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida".

Cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo, de acuerdo con los datos que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento de estos trasplantes resultan del tráfico de órganos.

Este delito ocurre normalmente en el contexto del turismo de trasplante, en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población. Pero ningún país está libre del tráfico de órganos. Es un problema de dimensión global que viola derechos humanos fundamentales y supone una grave amenaza para la salud individual y para la salud pública.

Andalucía suma este martes 15 de diciembre 478 casos por coronavirus Covid-19, 240 menos que el lunes y 44 más que hace una semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 49 muertes, 36 más que el lunes, 16 más que hace siete días.

Además, la comunidad rebaja esta jornada cinco puntos su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 139,7, pese a que a nivel nacional ha empezado a subir tras el fin de semana. Concretamente, en el conjunto de España se sitúa a fecha del lunes en 193, frente a 189 del viernes. Asimismo, el dato andaluz se sitúa lejos del umbral de 250 que el Ministerio de Sanidad califica como "riesgo muy alto".

Por encima de la media de la región se encuentran Jaén con 219,1, Huelva con 194,8, Cádiz con 184,2, Almería con 178,7 y Córdoba con 152,2, mientras que por debajo de la media figuran Granada con 118,2, Málaga con 102,4 y Sevilla con 93,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas 49 muertes suponen la cifra más alta desde el jueves 10, cuando se contabilizaron 56 fallecidos. Por provincias, Granada es la que más suma con 17, seguida de Málaga con diez, Almería con ocho, Sevilla y Jaén con cinco cada una, y Cádiz y Córdoba con dos cada una, mientras que Huelva no registra ninguna.

Este martes se registran 478 casos, más que los 434 del de la semana pasada. Entre medias ha habido 718 el lunes, 1.053 el domingo, 1.359 el sábado, 1.162 el viernes, 544 el jueves y 366 el miércoles.

En esta jornada, Cádiz lidera el dato diario de contagios con 120, seguida de Málaga con 93, Jaén con 72, Almería con 51, Córdoba con 47, Granada con 44, Sevilla con 28 y Huelva con 23.

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS POR SEGUNDO DÍA

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 han subido este martes por segundo día seguido hasta un total de 1.363, 14 más que la víspera y 183 menos que el martes pasado, de los que 284 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), seis menos que el lunes y 56 menos que hace siete días.

Por provincias, Granada continúa como la provincia con más hospitalizados con 251 y 65 de ellos en UCI, seguida de Cádiz con 234 y 40 en UCI; Málaga con 198 y 29 en UCI; Sevilla con 200 y 50 en UCI; Jaén con 163 y 30 en UCI; Córdoba con 124 y 24 en UCI; Almería con 112 y 33 en UCI; y Huelva con 81 y 13 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 245.729 casos confirmados --478 de ellos en las últimas 24 horas-- y ha alcanzado las 4.660 muertes tras sumar 49. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 22.385, 101 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 2.114, tras sumar ocho en la última jornada, y el número de curados es de 184.654 después de sumar 5.235.

HUELVA, LA ÚNICA QUE NO SUMA FALLECIDOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 4.660 muertos desde el inicio de la pandemia --49 más en 24 horas--, Sevilla con 1.032 --cinco más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos, seguida por Granada con 961 --17 más--, Málaga con 744 --diez más--, Jaén con 563 --cinco más--, Córdoba con 495 --dos más--, Cádiz con 493 --dos más--, Almería con 255 --ocho más-- y Huelva con 117.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 245.729 desde el inicio de la pandemia --478 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 57.073 casos --28 más--, seguida de Granada con 45.042 casos --44 más--, Málaga con 36.021 --93 más--, Cádiz con 28.810 --120 más--, Córdoba con 24.281 --47 más--, Jaén con 24.333 --72 más--, Almería con 19.482 --51 más-- y Huelva con 10.687 --23 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 22.385 --101 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 5.160 --26 más--, seguida por Granada con 4.000 --21 más--, Málaga con 3.880 --diez más--, Jaén con 2.593 --22 más--, Córdoba con 2.344 --uno más--, Cádiz con 2.198 --cinco más--, Almería con 1.405 --17 más-- y Huelva con 805 --uno menos, corregido por un desfase en los datos--.

De ellos, 2.114 han pasado por la UCI en Andalucía, ocho más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 478, seguida de Granada con 374 --cinco más--, Málaga con 344, Córdoba con 243, Cádiz con 215 --uno más--, Jaén con 217 --dos más--, Almería con 201 --uno más-- y Huelva con 42 --uno menos, corregido por un desfase en los datos--.

MÁS DE 180.000 CURADOS EN LA PANDEMIA

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 184.654 en toda la región, 5.235 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 43.821 --1.252 más--, seguida de Granada con 34.000 --1.441 más--, Málaga con 29.612 --512 más--, Córdoba con 18.824 --447 más--, Cádiz con 19.039 --608 más--, Jaén con 18.122 --442 más--, Almería con 14.842 --256 más-- y Huelva con 6.394 --277 más--.

De las 343 residencias de mayores con las que cuenta Castilla-La Mancha, 291 están libres de COVID-19, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

Ha sido este martes cuando el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que las personas mayores que viven en residencias de Castilla-La Mancha podrán salir de ellas para pasar las fechas navideñas con sus familiares, concretamente entre el 23 y el 31 de diciembre, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como que los propios centros estén libres de COVID-19 y estas personas no tengan sintomatología compatible con el coronavirus.

Actualmente, son 52 las residencias de Castilla-La Mancha afectadas por coronavirus y casi la mitad de ellas se encuentran en la provincia de Toledo, concretamente, 26.

Para poder salir de las residencias en Navidad, los centros deberán estar libres de COVID-19 y no haber tenido ningún caso positivo en los últimos 14 días, así como que el residente no deberá tener clínica sospechosa del virus. Además, tendrán que cumplir otros requisitos como pasar toda su estancia fuera de la residencia en un solo domicilio y que en su entorno no haya personas sospechosas de haber contraído la enfermedad o que se encuentren bajo confinamiento.

En cuanto al regreso, el consejero ha explicado que se ha fechado en el 7 de enero para tener en cuenta un "periodo ventana mínimo" de siete días. Las condiciones para la vuelta serán similares a las de la partida, debiendo la residencia continuar libre de COVID, que la persona residente no tenga clínica sospechosa y que, además, se haga una prueba PCR en las 48 horas inmediatas a su regreso al centro. Además, una vez en la propia residencia, deberá cumplir un periodo de aislamiento.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado al PSOE su "campaña" contra el PP por pagar los 245.000 euros de multa por su condena en el 'caso Gürtel' y ha recalcado que los socialistas no pueden dar "lecciones" tras su condena por el caso de los ERE en Andalucía o anteriormente en el llamado 'caso Filesa'. Según ha dicho, "su historia" está "vinculada a la corrupción".

En concreto, el PP ha abonado los 245.492,80 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de las actividades que la trama Gürtel llevó a cabo en lo que se denominó la 'primera época' (1999-2005) en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El pago se realizó el pasado 12 de noviembre, un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en mayo de 2018.

El PSOE se ha hecho eco de ese pago del PP con mensajes en redes sociales. "En democracia, así se reconocen y se asumen los delitos: Pagando. Ya pagaron políticamente el precio con una moción de censura necesaria por decencia. Esto es el PP: Corrupción", señalan los socialistas en el tuit fijado en su cuenta oficial de Twitter.

MUESTRA PORTADAS CON CONDENAS AL PSOE POR LOS ERE

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha echado en cara al PSOE su "campaña contra el PP" y ha recordado a los socialistas "su historia" porque, según ha subrayado, está "vinculada a la corrupción" en España.

En este sentido, ha afirmado que el PSOE es el "único partido que ha sido condenado por sentencia firme" y ha mostrado algunas portadas de periódico que recogían la condena por el caso de los ERE de 679 millones de euros, "la mayor condena por corrupción en la democracia".

El partido en Europa condenado por mayor cuantía por corrupción se llama Partido Socialista", ha aseverado, para añadir que en ese caso "están condenados dos expresidentes del PSOE", en alusión a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que estuvieron al frente de la Junta de Andalucía.

Tras insistir en que los ERE es el "mayor caso de corrupción de la democracia" española, Gamarra ha recordado que tres actuales ministros de Pedro Sánchez formaban parte de los consejos de Gobierno de Chaves y Griñán: Carmen Calvo, Luis Planas y María Jesús Montero.

"Para hablar de corrupción tendrían que pedir una comparecencia extraordinaria en el propio Congreso la vicepresidenta Calvo y los ministros Planas y Montero y explicar todo aquello que conocen en relación a la corrupción que se ha producido en España en los últimos 40 años", ha apostillado.

Además, ha aludido al 'caso Filesa' que afectó al PSOE en los años 90 y la trama de expresas (Filesa, Malesa y Time-Export) que se creó vinculada a una financiación ilegal. "Podremos hablar de Filesa, Malesa o Time-Export y de otros muchos casos de la historia de la corrupción en España, que tiene su nombre, apellido y DNI que firma el Partido Socialista Obrero Español", ha abundado.

Es más, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha hecho mención a las informaciones que se están publicando estos días sobre la empresa Isofotón y la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.

"Por tanto, le decimos al PSOE que lecciones ninguna y si quiere hablar de corrupción puede convocar un Pleno monográfico para que los ministros que estaban en esos consejos de gobierno de Chaves y Griñán expliquen qué ha pasado en Andalucía cuando robaban el dinero de los parados", ha zanjado.

MAROTO TAMBIÉN RESPONDE AL PSOE

De la misma manera, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha respondido al mensaje del PSOE tras el pago del Partido Popular de la multa por Gürtel y ha hecho alusión también a los casos que han afectado a los socialistas.

"Este tuit lo ha debido escribir el que enseñó a robar a Chaves y Griñán. Perdón. El que montó lo de Timesport. Perdón. El consejero socialista imputado en Asturias. Perdón. El de la trama de Isofoton.. Uf!! Economía aprenden en tres tardes pero a robar...lleváis toda la vida!!", ha enfatizado Maroto.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha destacado este martes que los datos de la Comunidad en cuanto al número de contagios por COVID-19 mejoran aunque ha advertido de una "ralentización" en esta caída que podría ser consecuencia del puente de diciembre, por lo que ha apelado a la responsabilidad individual para afrontar la Navidad porque una tercera ola podría comprometer el servicio sanitario.

En la rueda de prensa semanal en la que Casado analiza la evolución del virus en la Comunidad ha insistido en pedir a los ciudadanos que, ante las fechas que se aproximan, intenten evitar encuentros "innecesarios" y ha puesto como ejemplo la situación vivida en EEUU tras la celebración de Acción de Gracias, cuando se han registrado los mayores picos de contagios de toda la pandemia.

"Si no somos precavidos podemos terminar contagiados y poniendo en riesgo la desescalada, nos jugamos la salud y la vida, el virus no entiende de calendarios", ha advertido Casado.

Con respecto a la posibilidad de que se endurezcan las medidas planteadas como ya ocurre en otros países de la UE, Casado ha garantizado que si se produce un incremento de contagios será necesario volver a adoptar restriccciones de acuerdo con el "semáforo" marcado con niveles y acordado en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, por lo que se podría procudir un retroceso en la desescalada en algunas zonas.

"Una tercera ola podría poner en riesgo el sistema sanitario", ha garantizado Casado, quien ha recordado que actualmente las UCIs todavía tienen un gran volumen de pacientes COVID por lo que la situación de partida no es buena.

"Partiríamos de una situación con muchos pacientes ingresados, lo que puede conllevar que el sistema se vea sobrepasado", ha advertido Casado, quien ha asegurado que desde Sanidad ya se han elaborado planes de contingencia para todos los hospitales, aunque ha confiado en no tener que congelar las vacaciones de los sanitarios para afrontar enero con un descanso "tanto físico como psicológico".

En cuanto a la situación de las provincias la consejera ha reiterado que Salamanca se ha unido a Segovia en el Nivel 3 de alerta, al tiempo que ha señalado que Soria también va por buen camino. Además, Burgos capital ya podrá pasar a la Fase 4 sin medidas excepcionales y abrir el interior de la hostelería con un aforo del 33 por ciento, así como gimnasios y centros comerciales el próximo viernes.

Castilla y León a nivel estatal ocupa ahora el puesto número 12 en cuanto a número de casos por 100.000 habitantes con 193, por debajo de la media de España, un descenso que se produce "a buena velocidad". "Tenemos que seguir y nos preocupa la Navidad", ha aseverado la consejera, quien ha insistido en que la velocidad de descenso ha bajado.

Así, León, Soria, Valladolid y Zamora siguen estando en riesgo algo, mientras que Ávila, Salamanca y Segovia ya alcanzan el riesgo medio. No obstante, preocupa la incidencia de Aranda y Miranda (Burgos) y de Palencia, donde ha crecido el número de brotes en zonas "muy concretas".

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Fundació iSocial han identificado en un estudio nuevas necesidades sociales a raíz de la pandemia del coronavirus y han analizado su impacto en los servicios sociales en Catalunya.

En el acto de presentación de los resultados del proyecto 'INSESS-Covid19' han participado la catedrática del Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC y responsable del estudio, Karina Gibert, el director de la Fundación iSocial, Toni Codina, y las directoras generales de Servicios Sociales y Igualdad de la Generalitat, Meritxell Benedí y Mireia Mata.

El estudio, enfocado a aportar elementos de decisión que permitan que las 104 Áreas Básicas de Servicios Sociales de Catalunya hagan frente a la crisis, ha constatado un "impacto doble" de la pandemia en los usuarios de los servicios sociales, que suman nuevas problemáticas a las surgidas tras la crisis del 2008, en palabras de Codina.

MAYOR IMPACTO EN MUJERES

Además de dificultades como el acceso al trabajo, el poder adquisitivo o la pobreza energética, que ya estaban presentes antes del Covid-19, el confinamiento y la crisis sanitaria han hecho aflorar dificultades de conciliación familiar, brecha digital, violencia intrafamiliar o soledad.

El estudio indica también que la pandemia ha sido especialmente dura para las mujeres, que son el 58% de los beneficiarios de servicios sociales, según el informe, y que han sufrido violencia de género, mayor paro y más sobrecarga en las labores de cura: "La necesidad tiene nombre de mujer", ha afirmado Gibert.

Un 6% de los encuestados en el informe han asegurado ser víctimas de algún tipo de violencia, siendo el 72% de éstos mujeres; un 17% de ellas con formación universitaria y el 15% marcando hasta tres perfiles diferentes de agresores: "Si queremos hacer políticas públicas no podemos obviar la mirada de género", ha afirmado Mata.

En el ámbito de las curas, muy feminizado, se ha constatado un aumento del 40% de cuidadores, y un 29% más de horas dedicadas a estas labores de atención a la dependencia; a lo que se ha sumado un empeoramiento general de las condiciones a causa de la pandemia y los meses de confinamiento generalizado.

MÁS NECESIDADES

Las personas de clase trabajadora también han sufrido especialmente la crisis: según el estudio ha crecido un 50% el número de personas que no trabajan y no reciben ninguna prestación, un 78% los despidos y un 110% las personas que tenían un negocio y han cesado la actividad o han quebrado.

Entre las familias, se ha detectado un 62% de los participantes que manifiestan haber necesitado algún tipo de ayuda social, un 46% que ha necesitado ayuda para la alimentación, un 12% que han tenido que pedir la Renta Garantizada de Ciudadanía, y un 16% que ha solicitado ayuda psicológica.

En cuanto a la brecha digital, un 48% de los encuestados asegura no tener ordenador, un 77% no tiene tablet, un 28% no tiene wifi y un 4% no tiene móvil; además el 19% de los que sufren brecha digital es por falta de competencias, mientras que hay un 15% que es por falta de acceso a los dispositivos.

Gibert ha explicado que el estudio se ha hecho en base a 1.000 entrevistas mediante talleres o entrevistas telefónicas en toda Catalunya, y que se han utilizado técnicas de análisis semántico e inteligencia artificial para obtener los resultados, que se ha mostrado convencida que ayudarán a adaptar los servicios sociales a la nueva situación.

Por su parte, Codina ha valorado el trabajo realizado por los servicios sociales durante la pandemia, ha afirmado que el informe puede ayudar a mejorarlos y ha recordado que la atención a los colectivos vulnerables no sólo puede depender de los servicios sociales.

"No es el camión escoba de las problemáticas más complicadas de la sociedad. Si se hace así, como en la anterior crisis, no conseguiremos atender todas las necesidades", ha afirmado el director de iSocial, que ha pedido hacer extensibles las necesidades a otras ramas de la administración y la sociedad civil.

España ha depositado este martes el instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos, firmado en Santiago de Compostela en 2015, con lo que pretende dar un paso más en su lucha contra este delito y contra el turismo de trasplantes, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

España fue, junto a otros 14 países, uno de los primeros firmantes y tuvo un papel decisivo en la elaboración del documento. De hecho, el Convenio se elaboró en respuesta a un Estudio promovidoconjuntamente por el Consejo de Europa y Naciones Unidas del que fueautora la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y donde seconcluía la necesidad de desarrollar un tratado internacionalespecíficamente diseñado para combatir el tráfico de órganos.

El Convenio obliga a los estados a tipificar como delito la extracción ilícita de órganos humanos y su uso para trasplantes o para otros fines y acciones relacionadas. La extracción ilícita se define como aquella en la que hay compraventa o en la que no se garantiza el consentimiento válido del donante vivo o los requisitos de autorización para la obtención de órganos de donantes fallecidos que marca la legislación nacional.

Además, incluye medidas para la protección de las víctimas y para la prevención del delito, como la necesidad de asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante y el acceso equitativo a esta terapia. También incluye disposiciones para el fomento de la cooperación internacional y brinda una oportunidad de armonización de las legislaciones nacionales.

La ratificación hoy de este Convenio por parte de España está precedida de la modificación del Código Penal español en 2019. Nuestro Código Penal, en su artículo 156 bis, tipifica el tráfico de órganos como delito y se alinea con las disposiciones del Convenio de Santiago de Compostela.

Recoge que "el tráfico de órganos humanos será castigado con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida".

Cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo, de acuerdo con los datos que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento de estos trasplantes resultan del tráfico de órganos.

Exteriores explica que este delito ocurre normalmente en el contexto del 'turismo de trasplante', en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población, pero que ningún país está libre de este delito. "Es un problema de dimensión global que viola derechos humanos fundamentales y supone una grave amenaza para la salud individual y para la salud pública", subraya.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ONT

Por otro lado, ha destacado que España está implicada desde hace tiempo en multitud de iniciativas internacioales "para combatir esta forma de esclavitud del siglo XXI". Así, la ONT colabora con países de los cinco continentes difundiendo el Modelo Español de Donación y Trasplante, su fórmula de éxito para asegurar el acceso de los pacientes a la terapia del trasplante y, por ende, para abordar la causa raíz del tráfico de órganos.

España también ha participado activamente en el desarrollo dedocumentos clave en la lucha internacional contra este delito, como la Resolución de Madrid para el logro de la autosuficiencia en trasplante, la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, la Resolución 73/189 de Naciones Unidas para reforzar y promover medidas efectivas y la Declaración sobre la Responsabilidad de los médicos en la prevención y la lucha contra los delitos relacionados con los trasplantes, recientemente adoptada por la Asamblea Médica Mundial.

El cómputo total de mayores de residencias de Galicia infectados por coronavirus ha descendido este martes hasta los 228, tras producirse en las últimas horas un fallecimiento en el centro Soremay de Pontevedra --ya notificado en la tarde del lunes-- y haber recibido el alta 24 ancianos.

En concreto, según figura en el balance diario de la Consellería de Política Social, actualizado a última hora de este lunes, se han curado de la covid 17 usuarios del Asilo Vilalba (Lugo), cuatro en DomusVi Ribadumia (Pontevedra), dos en los Apartamentos Tutelados San Antonio de Beariz (Ourene) y uno en Nosa Señora dos Miragres de Barbadás (Ourense), que ya no cuenta con ningún anciano contagiado.

Así a todo, la residencia Vila do Conde de Gondomar continúa este martes como la que tiene más casos activos de coronavirus, con un total de 66 infectados. En segundo lugar se encuentra la Soremay de Pontevedra, con 39; en tercero, ahora está la residencia Pontevedra de Vilaboa, con 31.

También cuentan con grupos de mayores con covid-19 la Residencia Cesantes de Redondela (17), el Asilo Vilalba (15), la San José de Narón (12), DomusVi Vigo (10), la San Salvador de Guntín (10), el CRAPD Vigo II (9), la Vivenda Comunitaria de Castrelo de Miño (8) y la San Antonio de Beariz (8).

Asimismo, hay cuatro ancianos con en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume y uno, respectivamente, en la Servisenior de Brión, en la San Cibrao de Cervo, en DomusVi Ribadumia y en el CRAPD Vigo I.

TRABAJADORES DE RESIDENCIAS

Con respecto a los trabajadores de centros geriátricos, el cómputo global ha descendido entre el lunes y este martes en siete, hasta situarse en los 155. En concreto, han recibido el alta tres empleados de DomusVi Ribadumia, uno en Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, uno en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, otro en DomusVi Chantada y otro en la residencia de A Veiga, en Láncara.

Así, el Asilo Vilalba continúa este lunes como el centro con la plantilla más afectada con un total de 29 positivos. Le siguen las residencia Soremay de Pontevedra y DoralResidencias de Mos, ambas con 15.

Otros 14 trabajadores tienen la covid en la residencia Pontevedra de Vilaboa, mientras que el resto de centros que figuran en el parte de Política Social se mantienen por debajo de la decena.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su parte, los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia no han registrado variaciones en el balance de este martes. Por lo tanto, el único brote de usuarios en activo es el del CAPD de Sarria, con un total de seis infectados.

En cuanto a las plantillas de estas instalaciones, siguen con coronavirus un total de siete trabajadores: uno en el propio centro de Sarria y el resto están la Chapela de Redondela, DoralResidencia de Mos, dos en Hogar San Rafael de vigo, uno en Souto de Leixa y otro en San Vicente de Paúl de Lugo.

Un total de 664 efectivos personales y 164 vehículos se encargarán de despejar las carreteras y accesos a los 205 municipios del territorio valenciano con riesgo medio o alto de quedarse incomunicados por la nieve.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, han presentado este martes en Segorbe (Castellón) el dispositivo de la Generalitat para afrontar nevadas durante el invierno 2020-2021.

Bravo ha destacado que el papel de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias será la de coordinar y canalizar la ayuda "para que nadie se quede incomunicado" y más aún en un año "tan complicado como este porque la pandemia lo hace todo más difícil". Por ello, ha insistido, además, en la necesidad de insistir en la labor de "difusión y comunicación" a la ciudadanía ante cualquier emergencia.

Por su parte, Arcadi España ha explicado que "la buena coordinación entre la Diputación de Castellón y la Generalitat nos permitirá afrontar con seguridad situaciones meteorológicas complicadas este invierno". Para garantizar la conexión de los municipios de interior, este dispositivo "cuenta con 200 toneladas de sal preparadas en la provincia de Castellón", ha destacado el conseller, que también ha agradecido el trabajo del personal que vela por la seguridad en las carreteras.

De los 164 vehículos previstos, 97 son máquinas quitanieves. Este año la Generalitat ha adquirido dos nuevas palas que operarán desde el Rincón de Ademuz y Planes. Además, se han activado otros 67 vehículos auxiliares que ya se han desplegado de manera preventiva para actuar ante el primer episodio de nevadas.

Un total de 664 profesionales actuarán de forma preventiva y para despejar las carreteras y accesos de los municipios con mayor riesgo de quedarse aislados. De ellos, 365 efectivos pertenecen al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat; 215 a las brigadas de carreteras de las tres diputaciones provinciales y 84 a la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas así como del Ministerio de Fomento. Si hubiera que afrontar temporales extraordinarios, también se reforzarían con recursos de otras zonas.

De los 204 municipios susceptibles de quedarse aislados por la nieve, 82 presentan un riesgo alto y 122 un riesgo medio. La mayoría pertenecen a la provincia de Castellón, que comprende 42 localidades que se encuentran en una cota de entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, por lo que entraña un alto riesgo de sufrir nevadas fuertes. Por ello, en las comarcas de Castellón se han dispuesto 284 efectivos y 56 vehículos.

En la provincia de Valencia, con 26 municipios en riesgo alto, están preparados 223 efectivos, 49 vehículos quitanieves y otros 26 auxiliares.

Por último, el despliegue en la provincia de Alicante, con 14 localidades con riesgo alto, se completa con 157 personas, 17 máquinas quitanieves y otros 16 vehículos auxiliares más.

En cuanto a los 122 municipios que presentan un riesgo medio de quedarse incomunicados, situados en una cota de entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, 36 pertenecen a Castellón, 34 a Valencia y 52 a Alicante.

Para toda la Comunitat Valenciana se han planificado 151 rutas de limpieza (87 en Alicante, 51 en Valencia y 34 en Castellón) y 42 puntos de almacenamiento de sal y salmuera (8, 26 y 8 respectivamente).

COORDINACIÓN

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) es la encargada de coordinar los trabajos para mantener limpias de hielo y nieve las vías pertenecientes a la red de carreteras de la Generalitat, así como las que dependen de las diputaciones provinciales y del Estado, recuerdan desde el Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, la AVSRE también informa a los ayuntamientos afectados sobre la manera de proceder ante una emergencia y sobre las medidas de autoprotección destinadas a la población en general.

Todo el dispositivo está regulado en el Procedimiento de Actuación ante Nevadas que se actualiza cada invierno y que implica, entre otras medidas, la actualización de los recursos de intervención que aporta cada administración y su coordinación, así como establecer las diferentes rutas de limpieza de hielo y nieve.

También establece la constitución del Centro de Coordinación de Carreteras, que es el organismo encargado de la gestión de las diferentes tareas de limpieza de viales. En él se integran representantes de las diferentes administraciones con competencias en carreteras (Administración general del Estado, Administración autonómica y diputaciones provinciales) y prevé la integración de otras unidades básicas (Intervención, Sanitaria, Abastecimiento) si la emergencia lo requiriere.

La Cámara de Diputados de México votará este martes la reforma sobre la Ley del Banco de México, por la que se plantea que solo billetes y monedas extranjeras podrán ser parte de las reservas internacionales, mientras que las divisas internacionales excedentes que no puedan repatriarse a su país de origen serán compradas por el banco central.

En concreto, el Senado mexicano aprobó la reforma de los artículos 20 y 34 de dicha ley, a los que añadió los artículos 20 Bis y 20 Ter en materia de captación de moneda extranjera en efectivo. Así, las divisas que podrán ser parte de la reserva será el dinero en metálico extranjero (captado por las instituciones de crédito) que no pueda ser repatriado a su país de origen.

La reforma aprobada por el Senado hizo que el instituto emisor se pronunciara al respecto, criticando que la intención del Ejecutivo es imponer al banco la compra del dinero en metálico, lo que ocasionaría "impactos y riesgos sustanciales" sin llegar a cumplir el objetivo de la iniciativa.

De hecho, el comunicado emitido por el Banco de México advertía de que las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de dinero coincidían en el impacto que el proyecto ocasionaría "en los estándares que el sistema financiero debe establecer al operar con billetes y monedas extranjeros, que son considerados de alto riesgos, así como el contagio de dichos riesgos al banco central".

En esta línea, la agencia calificadora de 'ratings' Moody's ha manifestado esta madrugada que en caso de que la reforma se apruebe sería negativo para la nota crediticia de México, ya que infringiría directamente en la autonomía del banco central.

Además, al igual que el Banco de México la firma ha señalado que la medida propuesta por la formación política Morena podría debilitar el cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, lo que supondría implicaciones negativas para el sistema financiero.

"En los dos últimos años, otras reformas que han sido presentadas en el Congreso podrían haber tenido un impacto negativo en las condiciones macroeconómicas. Esta última destaca porque, además de la interferencia en la independencia del banco central, se ha aprobado de manera rápida por el Senado, mientras que anteriores reformas nunca fueron aprobadas por otras Cámaras del Congreso", ha apostillado la firma.

El proyecto, según sus impulsores, pretende beneficiar a la población que recibe billetes y monedas extranjeros, sobre todo de aquellos que se dedican a actividades turísticas o que reciben remesas en efectivo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha determinado que España violó el derecho de una pareja formada por una finlandesa y un gambiano residentes en Málaga a ser escuchados por un tribunal, por no notificarles correctamente un procedimiento de desahucio en su contra, lo cual les impidió participar en el mismo exponiendo sus argumentos, por lo que ha ordenado al Estado pagarles unos 11.000 euros en concepto de daños no pecuniarios y costas.

El TEDH ha admitido la demanda presentada por la finlandesa Katarina Kirsi Kristiina Karesvaara y el gambiano Sulayman Njie el 3 de diciembre de 2015 contra España por una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme al cual "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones".

La corte de Estrasburgo ha considerado que, tal y como planteaban los demandantes, las autoridades españolas no hicieron los esfuerzos suficientes para asegurarse de que a la pareja se le comunicaba efectivamente la puesta en marcha de un procedimiento de desahucio en su contra por un apartamento situado en la Avenida de Mijas de Fuengirola que alquilaron en julio de 2010 a la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Entre otras cosas, el TEDH ha citado una serie de sentencias del Tribunal Constitucional en las que se concluye que el hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establezca la dirección de la casa alquilada como dirección por defecto para enviar documentos ello no exime a los juzgados y tribunales de su obligación de informar a los afectados por los procedimientos de desahucio.

En consecuencia, ha declarado que se violó el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha ordenado a España pagar a los demandantes 2.400 euros en concepto de daños no pecuniarios y 8.417,50 euros por costas y gastos, rebajando así las expectativas de la pareja, que había pedido 20.840 euros en daños pecuniarios --algo que el TEDH no ha apreciado--, otros 20.000 en daños no pecuniarios y 10.532,50 en costas y gastos.

NOTIFICACIONES QUE NUNCA LLEGARON

La disputa se remonta a mayo de 2011, cuando el banco empezó a contar atrasos en los pagos relativos a dicho apartamento. En enero de 2012, la compañía aseguradora de la entidad financiera envió un burofax a esa dirección para reclamar a la pareja 3.950,80 euros y, al no poder entregárselo en mano, se les dejó un avisó en el buzón de la casa para que fueran a recogerlo a la oficina de correos en el plazo de un mes, algo que no hicieron.

En abril de 2012, la Caja de Ahorros del Mediterráneo inició el procedimiento de desahucio ante el juzgado de primera instancia número 2 de Fuengirola, reclamando ya una cantidad de 6.215,44 euros, y designó esa misma dirección para las notificaciones judiciales. Un oficial del juzgado acudió a la vivienda para entregarles la citación pero no encontró a la pareja, de modo que les dejó un aviso en el buzón, a pesar de que observó que en él figuraban los nombres de otras personas. Tampoco recogieron la citación.

Así las cosas, el juzgado de primera instancia ordenó que se hiciera un anuncio público a través del boletín judicial y, una vez expirado el plazo para que se presentaran en la sede jurisdiccional sin que lo hicieran, ordenó ejecutar el desahucio y hacerles responsables de los pagos atrasados. El desahucio se fijó para el 5 de marzo de 2013.

Tras una primera suspensión, la Caja de Ahorros del Mediterráneo comenzó en septiembre de ese año el procedimiento para ejecutar la orden judicial, pidiendo ya 15.840,16 euros en pagos atrasados y 5.000 euros en costas y gastos. De nuevo, volvió a señalar el apartamento de la Avenida de Mijas como dirección para las notificaciones judiciales.

PRIMERA NOTICIA

Sin la pareja localizada, el juzgado de primera instancia les dio diez días para manifestarse y al mismo tiempo ordenó embargar sus activos, los cuales identificó --después de una pequeña búsqueda en registros públicos-- como una casa en la calle Las Viñas (Fuengirola) y otros bienes muebles e inmuebles, además de una cuenta bancaria con 864,76 euros que fueron transferidos a la cuenta del juzgado.

Njie tuvo noticia por primera vez de las reclamaciones del banco y del procedimiento judicial por este trasvase de dinero. Entonces, intentaron anular la orden de desahucio, alegando que en mayo de 2011 abandonaron la casa y entregaron las llaves al banco, e indicando que de hecho desde octubre de 2011 estaban censados junto a sus hijos en la localidad malagueña de Mijas.

El juzgado de primera instancia rechazó sus pretensiones, reprochándoles que en vez de intentar parar la orden de ejecución intentaran anular la de desahucio y afirmando que las notificaciones se habían hecho conforme a la ley. La pareja acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, que también fue rechazado porque el TC consideró que el caso no tenía la "especial relevancia constitucional" que se requiere.

Por ello, acudieron al TEDH, donde alegaron que tras no poder notificarles la primera vez las autoridades no llevaron a cabo una mínima investigación para encontrar una dirección alternativa, a pesar de que en el contrato de alquiler con opción a compra que firmaron en 2010 por la casa de la Avenida de Mijas (Fuengirola) figuraba otra dirección, la de la vivienda ubicada en la calle Las Viñas (Fuengirola). Según ellos, esta negligencia les impidió defenderse en el procedimiento judicial de desahucio.

España, por su parte, se defendió esgrimiendo que el procedimiento se había desarrollado conforme a la ley y a la dirección que se especificaba expresamente en el contrato de alquiler para cualquier comunicación. Además, señaló que los demandantes no aportaron ninguna prueba de que hubieran entregado las llaves al banco en mayo de 2011, lo cual cree que habría sido fácil de probar, por lo que les achaca a ellos la falta de diligencia.

LAS AUTORIDADES "NO FUERON DILIGENTES"

El TEDH se ha alineado con la pareja al considerar que "la violación de derechos tuvo lugar en el marco del procedimiento de desahucio", siendo el posterior procedimiento de ejecución una "consecuencia" del mismo. En este sentido, ha destacado que el oficial del juzgado que acudió a entregarles una notificación se dio cuenta de que en el buzón de la casa de la Avenida de Mijas había otros nombres.

"A pesar de este descubrimiento, el juzgado de primera instancia no consideró la posibilidad de enviar las notificaciones a los demandantes a una dirección alternativa ni la buscó en los sistemas de información internos", ha criticado, recordando que conforme a la LEC y a la doctrina del constitucional antes de proceder al anuncio público hay que hacer esa investigación mínima.

Así, ha determinado que las autoridades españolas no actuaron como "legítima y razonablemente" cabía esperar. "No fueron diligentes a la hora de informar a los demandantes sobre los procedimientos de desahucio y, en último termino, no les dieron una oportunidad razonable de participar en los procedimientos contra ellos", ha concluido.

Las mujeres embarazadas vulnerables en España reciben una ayuda media de menos de 6 euros al año (5,96), según el Mapa de la Maternidad, elaborado por la Fundación REDMADRE con la colaboración del Grupo de investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid y de la ONG Acción Familiar.

El informe, que recoge datos de 2018 y diferencia las ayudas durante el embarazo de las ayudas por hijo nacido, revela que el conjunto de las Administraciones Públicas en España destinan 2,77 millones de euros para las mujeres embarazadas que necesitan apoyo, frente a otros países, como Alemania, donde se invierten 96 millones de euros.

"Hay un abandono y una invisibilidad de las mujeres embarazadas. A nuestros políticos no les interesan las mujeres embarazadas y, por lo tanto, no les importamos las mujeres", ha señalado la directora general de REDMADRE, Amaya Azcona, este martes 15 de diciembre durante la presentación del informe en rueda de prensa.

Por comunidades autónomas, el estudio revela que algunas dedican cero euros a ayudas a las embarazadas vulnerables, como son: Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, País Vasco, Navarra, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Entre aquellas que sí destinan algunas ayudas se encuentran a la cabeza: La Rioja, con 96,69 euros anuales y Galicia, con 81,94 euros. Les siguen: Castilla-La Mancha, con 10,59 euros; Castilla y León, con 6,38 euros; Madrid, con 5,95 euros, y Baleares, con 5,29 euros. Con cantidades inferiores se sitúan: Extremadura (2,75 euros); Cantabria (1,96 euros); Asturias (0,43); Cataluña (0,32) y Andalucía (0,26).

Por diputaciones, de los datos se desprende que "sólo 3 de las 55", Guadalajara, León y Salamanca, ofrecen ayudas. Atendiendo a los ayuntamientos de capital de provincia, indica que "sólo 7 ayudan a la mujer embarazada". De ellos, Guadalajara es la capital más implicada con un gasto de 100.000 euros.

250 EUROS AL MES HASTA DAR A LUZ

REDMADRE también destaca el caso de Boadilla del Monte que repite como el municipio que más ayuda da a la mujer gestante en situación de vulnerabilidad, con 250 euros mensuales desde las 14 semanas hasta que da a luz.

Pese a estos ejemplos, el estudio pone de relieve que entre 2016 y 2018 el gasto en ayudas a mujeres embarazadas se ha reducido un 40,5%. "La mujer embarazada es invisible para las administraciones públicas en un país con un problema demográfico tan grande", ha lamentado el patrono de la Fundación REDMADRE, Benigno Blanco.

Asimismo, el informe indica que una de cada cinco embarazadas en España aborta (el 20,22% en 2018), algo a lo que "muchas no recurriría si fueran ayudadas", según Amaya Azcona, quien ha señalado que 9 de cada 10 mujeres que acuden a su fundación en busca de ayuda, deciden continuar con el embarazo.

En concreto, de los datos del Mapa se desprende que las comunidades autónomas invierten hasta "35 millones de euros" para ayudas a la interrupción del embarazo, frente a los 2,7 millones de ayudas a las embarazadas. "Se gasta diez veces más en abortos", ha indicado la directora de REDMADRE.

Por ello, reclama que el presupuesto para apoyar a las mujeres durante su embarazo se incremente "al menos" hasta 35 millones de euros. También reclaman una Ley de apoyo a la maternidad y la elaboración de un Plan de Apoyo a la Mujer Embarazada en situación de vulnerabilidad similar al que desde hace años se aplica en Alemania.

Sobre las estadísticas, la investigadora de la Universidad Complutense, Teresa López, ha explicado que con este estudio han constatado que "no existe un dato directo en el Instituto Nacional de Estadística (INE)" que indique el número de mujeres madres en España ni el de embarazadas.

Con estimaciones a partir de microdatos, el equipo investigador ha estimado que en España había en 2018 más de 9 millones de mujeres madres y 250.000 mujeres embarazadas. López ha alertado de la falta de datos en este sentido y ha abogado por incluir una partida presupuestaria de ayudas para las mujeres embarazadas vulnerables porque "lo que no está en los Presupuestos Generales del Estado, no existe".

La organización ecologista WWF ha denunciado que no se puede esperar más tiempo para cerrar las más de 30 granjas de visones americanos que existen en España, principalmente en Galicia, porque "son una bomba biológica" debido a que pueden ser una fuente de propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19) y además son "una de las especies más invasoras que existen".

Según la responsable del programa de especies de WWF España, Gemma Rodríguez, cada vez son más los países que ordenan el cierre de este tipo de granjas, como Holanda, que ha sido el último país que ha adelantado el cierre a 2021, y se suma a otros como Austria, Croacia o Reino Unido, sin embargo, España "se está quedando atrás", lo que pone en riesgo la salud humana y la del medioambiente.

"El visón americano es una especie salvaje y de alto riesgo que ya se sabía que podía contraer y contagiar enfermedades como la del coronavirus. Se trata de una especie invasora que escapa de las granjas en las que viven hacinados junto a otros ejemplares de la misma especie o diferente", ha asegurado Gemma Rodríguez.

El grupo WWF cuenta con la campaña 'Cierre de las granjas de visón ¡ya¡' debido a que "sobran los motivos" para realizar esta petición por su "alto impacto ecológico". Esta especie también es capaz de desplazar a especies autóctonas, como ha ocurrido en España con el visón europeo, la rata de agua o la trucha común, especies ligadas a cursos de agua.

En la actualidad, tal y como ha recordado Gemma Rodríguez, el visón americano está presente en un tercio del territorio español y debido a su interés peletero ya ha sido introducida en varios países del mundo, por lo que ya tiene presencia en tres de los cinco continentes.

Durante la rueda de prensa on-line, que se ha celebrado este martes WWF, la organización ha contado con dos científicos especializados en sanidad animal como son el investigador en Epidemiología Veterinaria, Ignacio de Blas, y la viróloga veterinaria del centro de investigación en sanidad animal (NINA-CISA), Elisa Pérez Rodríguez.

Por su parte, Ignacio de Blas, ha ofrecido los datos que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha difundido durante estos últimos meses para confirmar que el 60 por ciento de las enfermedades humanas infecciones son zoonóticas y de cinco enfermedades nuevas humanas que aparecen cada año, de Blas ha reconocido que tres son de origen animal.

Al mismo tiempo, ha recordado que la actual pandemia no ha sido el primer coronavirus que se desarrolla en la historia y ha destacado coronavirus relacionados con caballos, porcinos, bovinos o "modelos muy similares al SARS-CoV-2".

"Explotaciones intensivas como las granjas de visón americano, donde hay decenas de miles de animales hacinados en jaulas pequeñas, son un lugar perfecto para que se desarrollen y prosperen estos virus y otros patógenos", ha señalado Ignacio de Blas.

Por último, Elisa Pérez, ha explicado que los visones americanos son "muy susceptibles" a virus respiratorios humanos y se ha demostrado que excretan altas cantidades del virus en la saliva y en las heces, por lo que "el virus en ellos se extiende de una manera muy rápida", y ha apuntado la viróloga que, de los ochos principales países productores de pieles de visón, siete han tenido algún caso de COVID-19 en algún ejemplar.

Los casos más llamativos se han dado en Dinamarca (290 brotes) y Holanda (70 brotes), que en este último caso, son más de la mitad del total de granjas en el país (120) y se ha estudiado que el 68 por ciento de los trabajadores de las granjas se han infectado.

"El comportamiento del virus en las granjas de visón americano ha demostrado ser muy preocupante, ya que se han detectado brotes en 398 granjas en las que el coronavirus ha afectado a miles de animales. Esta ha resultado ser la única especie animal que ha sido capaz de contagiar a las personas", ha advertido Elisa Pérez.

Por ello, ha aclarado que lo que se debe hacer es una vigilancia activa, con el estudio de PCRs periódicas, así como tener un gran control de trabajadores y visitantes además de una bioseguridad estricta.

El Ministerio de Defensa ha detectado un total de 556 contagios por coronavirus en las academias militares desde que comenzó el curso el pasado mes de septiembre. Se trata del 6,75 por ciento de los alumnos que están recibiendo formación para ingresar o promocionar en las Fuerzas Armadas.

El inicio del año lectivo fue un reto para el Ministerio de Defensa debido a las medidas a adoptar para prevenir la aparición de grandes focos de contagio en las academias militares. En ellas los alumnos no solo reciben formación teórica y práctica, sino que además es su lugar habitual de alojamiento.

Por ello, se aprobó un protocolo de actuación y se realizaron pruebas de test rápido preventivamente, además de medidas que impedían la salida de los estudiantes de los centros militares o el aislamiento en caso de la detección de síntomas o aparición de casos positivos.

Pese a todo, Defensa apunta en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, que desde el comienzo del curso 2020/21 se han detectado 556 contagios de coronavirus en los centros docentes militares de formación, que cuentan con un total de 8.225 alumnos.

De estos contagios detectados, 327 habían dado resultado negativo en las pruebas de test rápido realizadas preventivamente. Esto supone que un 58,8 por ciento de los positivos no habían sido detectados por estas pruebas previas.

¿TEST RECHAZADOS POR SANIDAD?

El Departamento dirigido por Margarita Robles no da información sin embargo sobre la procedencia de esos test rápidos como requería el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, que en su pregunta apuntaba que carecían de la fiabilidad necesaria.

Gutiérrez señala que esos test rápidos corresponden a marcas que habían sido rechazadas por Sanidad por considerarse "poco fiables". "Estos test fueron sin embargo rescatados y distribuidos por el Ministerio de Defensa para chequear preventivamente la salud de los aspirantes cadetes de los centros de formación militar", denuncia.

Pero además, el diputado 'naranja' señala que las normas para hacer frente al coronavirus "difieren" de unos centros a otros sin que existan unos criterios homogéneos de actuación. El Ministerio de Defensa desmiente esta hipótesis en su respuesta asegurando que en todos los centros docentes militares se están siguiendo protocolos homogéneos de actuación.

En ellos, según explica, se regula la gestión de casos, contactos y brotes de la COVID-19, los criterios para la utilización de técnicas diagnósticas y las pautas a seguir ante casos sospechosos, probables o confirmados.

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) entra en una nueva era coincidiendo con su XX aniversario y ha cambiado su identidad por Club Abierto de Editores (CLABE) tal y como se ha anunciado este martes en el evento de presentación, según ha informado la asociación.

El presidente de Club Abierto de Editores, Arsenio Escolar, ha destacado que "el editorial es un sector esencial en la sociedad, un sector clave que es la mejor garantía de veracidad, en la vanguardia contra las fake news".

"Estamos en una nueva etapa de cambio de nombre, de imagen y de gestión, queremos tener una posición de liderazgo en la recuperación del sector de medios, junto a otras asociaciones con la que hemos aunado fuerzas en una plataforma de editores en la que ya están CLABE, ARI, CONEQTIA y ARCE y a la que invitamos a todas las organizaciones del sector", ha señalado Escolar.

La asociación presentó al Gobierno un plan de choque con 25 medidas estratégicas para la recuperación del sector a finales de marzo pasado.

El plan parte de la consideración de los medios de comunicación como un sector de actividad esencial para mantener la cohesión social y el pulso en las sociedades democráticas. Entre las medidas ya aprobadas se cuenta el IVA digital, aunque, según ha indicado Escolar, "queda mucho por hacer".

Además, desde CLABE siguen trabajando y pidiendo al Gobierno y a las administraciones públicas que "se haga una trasposición de la directiva de propiedad intelectual de forma que los editores tengan poder de negociación sobre sus contenidos".

Por otro lado, también consideran fundamental, y así se va a solicitar, que el sector editorial sea una de las prioridades en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y en la distribución del Fondo de Recuperación Next Generation EU.

En el acto online retransmitido por la nueva web de CLABE, han participado protagonistas de la vida social, económica y política; representantes del Gobierno, de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales y sindicales, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de quienes forman parte de la asociación de editores más relevantes de España por número de grupos empresariales y cabeceras representadas.

Entre los participantes destacan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero; el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente del PP, Pablo Casado; o la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

La reina Letizia fue una de las primeras personalidades en conocer el pasado 12 de noviembre la nueva imagen de CLABE, cuando recibió a una representación de la junta directiva de la asociación, encabezada por su presidente.

Los editores representados en CLABE trasladaron a Letizia la preocupación por el futuro del sector de los medios de comunicación. "Estamos teniendo una serie de reuniones con el Gobierno y distintos agentes sociales para garantizar la supervivencia del sector. Porque entramos en una nueva era para la comunicación y los medios informativos van a ser aún más determinantes", dice Escolar.

La Mesa del Congreso ha decidido reactivar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, que está pendiente desde 2018, y ha acordado examinar en enero a los 93 profesionales que se presentaron al concurso público de 2018. Entre ellos, los grupos propondrán nombres al Pleno del Congreso para elegir a los seis vocales que le corresponden.

Caducado en 2018 el mandato del último Consejo, el Gobierno socialista propuso a Rosa María Mateo como administradora única provisional de la Corporación y la renovación se fió a un concurso público en el que los profesionales pudieran presentarse para optar a la Presidencia y al Consejo la Corporación. Un Comité de Expertos, seleccionado por los grupos parlamentarios, se encargó de escoger a los 20 más idóneos conforme a un sistema de puntos con el que se valoró tanto el currículum como un proyecto para RTVE que debían entregar.

Pero hace ya dos años, una vez que el comité de expertos hizo pública la lista con los 20 preseleccionados, el proceso se bloqueó, las Cortes se disolvieron por las elecciones de 2019 y se presentaron recursos contra la preselección. Y, por medio, la mejor puntuada, la periodista Alicia G. Montano, falleció.

Tras un informe de los letrados del actual Senado, el proceso se desbloqueó en noviembre resolviendo los recursos pendientes y pasando 'la pelota' al Congreso para empezar ya con la cobertura de las seis vacantes que le corresponden.

ACUERDO POR UNANIMIDAD

En ese contexto, y después de estudiar un informe de los servicios jurídicos, la Mesa del Congreso ha aceptado por unanimidad la propuesta de la presidenta, Meritxell Batet, de convocar a todos los candidatos para ser examinados ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, si mantienen su candidatura al Consejo.

Siguiendo el criterio de los letrados, al que tuvo acceso Europa Press, el Congreso ha optado por dar derecho a la comparecencia a a todos los aspirantes que cumplieron los requisitos exigidos en el concurso público, que son casi un centenar, y no sólo a los que obtuvieron la mejor nota en la selección del Comité de Expertos, ya que sólo con estos 19 no sería posible cumplir con el requisito legal de la paridad.

Estas comparecencias se celebrarán en el mes de enero, para lo cual la presidenta ha pedido a los grupos parlamentarios que soliciten a tal efecto la celebración de sesiones extraordinarias que se necesiten.

Y una vez examinados, los grupos parlamentarios propondrán nombres al Pleno para elegir a los seis vocales del Congreso. Después el proceso se trasladará al Senado, que debe seleccionar a los otros cuatro consejeros, y finalmente el tema volverá al Congreso para celebrar una nueva votación entre los diez consejeros elegirdos con el fin de adjudicar la Presidencia de RTVE.

El PP ha pedido una comisión de investigación en Les Corts sobre la utilización del procedimiento de emergencia en la contratación pública, en particular sobre los hospitales de campaña y el gasto de la Generalitat en los aviones con material sanitario fletados por un empresario.

Así lo ha anunciado la portavoz 'popular' adjunta, Elena Bastidas, advirtiendo que los tres hospitales de campaña "no están siendo utilizados para ningún uso que se sepa" en Valencia, Alicante y Castelló.

"Los hospitales de campaña son un 'fake' que demuestran el fracaso de Ximo Puig --'president' de la Generalitat y líder del PSPV-- que podrían haber supuesto un coste de hasta 16 millones para infraestructuras ruinosas que pagan de su bolsillo quienes no llegan a final de mes", ha denunciado en la rueda de prensa tras la junta de síndics.

Respecto a la operación 'Ruta de la seda', con material sanitario desde China, la diputada del PP ha alertado que hay envíos de material frente al Covid por 39 millones de euros, en vuelos fletados por un empresario chino que han generado "muchas dudas".

Más allá de la pandemia, el PP ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau (Podem), para que aclare las ayudas a los ayuntamientos "de forma discrecional, después de la preocupación de muchos consistorios".

Por otro lado, la 'popular' ha rechazado una conferencia que "impulsa el 'president' de Les Corts", Enric Morera, sobre lenguas minoritarias y en la que "en nombre de la lengua valenciana intervendrá el colectivo Ovidi Montllor, que recientemente daba su premio más significado a Jordi Cuixart, un condenado por el proceso independentista catalán". Se trata del evento 'La diversidad cultural y Lingüística en los fondos europeos de reconstrucción y la agenda de la cultura europea.

"En el PP creemos que hay representantes y entidades que generan menos tensión e indignación", ha defendido, con lo que ha urgido a Morera (Compromís) a explicar "en qué está y por qué con dinero público se le ofrece la plataforma de Les Corts a una entidad que ha sido tristemente conocida por premiar a quienes participaron en el 1-O". También ha denunciado su "selección" al "excluir a los representantes gallegos de este encuentro al contrario de lo que ha hecho con otros navarros y vascos".

Un total de 66.234 espectadores vieron 151 películas procedentes de 50 países en la 68 edición del Festival de San Sebastián, celebrado el pasado mes de septiembre, en el que se acreditaron 2.626 profesionales, entre ellos 689 periodistas de 376 medios de comunicación y 1.185 profesionales de la industria cinematográfica (de los que 487 participaron de forma online).

Desde el Zinemaldia, han recordado que en la memoria del año pasado "se hacía referencia a records de asistencia de público (178.687 espectadoras en 2019) y número de acreditaciones (4.319 en 2019)".

En este sentido, han apuntado que, "entonces, se advertía de que era complicado crecer más y que el Festival de San Sebastián llevaba años aproximándose a su techo de crecimiento".

Las mismas fuentes han señalado que "era imposible prever que los porcentajes se reducirían entre un 30 y un 70% en la 68 edición y, aun menos, que estas cifras se considerarían positivas", pero la edición de este año ha estado marcada por la pandemia de la covid-19.

En este contexto, desde el Festival han explicado que sus objetivos se concentraron en que "fuera una edición segura para todas y todos los que participaron en ella; proteger la esencia del concepto de Festival, es decir, que el mejor lugar para proyectar una película es una sala de cine; y, por último, conseguir una edición económicamente viable".

Al respecto, han destacado que, además de "no registrar contagios y atraer el interés de más de 1.000 profesionales de la industria cinematográfica o casi 700 periodistas de 376 medios de comunicación", Zinemaldia ha realizado "cambios estructurales de los que ha salido airoso, y ha profundizado en su faceta online".

Por ello, espera que, "vistos el resultado y la acogida de las medidas, algunas de estas novedades, como las localidades preasignadas o el carácter online y presencial a un mismo tiempo de las actividades dirigidas a la industria cinematográfica, se mantengan, también cuando el tiempo de la pandemia haya terminado".

Existe una percepción general de que la celebración del Festival ha sido muy importante para la industria cinematográfica española en general, la vasca en particular, y también la internacional", ha subrayado la organización del certamen.

Finalmente, ha apuntado que la pandemia "sigue sumiendo en la incertidumbre a los festivales de cine en 2021" y, entre los retos del de San Sebastián, está su "apuesta convencida por los nuevos talentos, que da frutos antes de lo esperado en los cruces entre participantes en el Foro de Coproducción, en Nest, New Directors o la Sección Oficial, residentes de Ikusmira Berriak o estudiantes de Elías Querejeta Zine Eskola; la creación del área de Pensamiento y Debate, su compromiso con el informe de identificación de género, al que ahora sumará un proyecto de sostenibilidad"; y también "la reafirmación en su configuración como Festival de todo el año, que intensificará con su presencia en y con la comunidad de Tabakalera" en el próximo ejercicio.

Las personas mayores que viven en residencias de Castilla-La Mancha podrán salir de ellas para pasar las fechas navideñas con sus familiares, concretamente entre el 23 y el 31 de diciembre, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como que los propios centros estén libres de COVID-19 y estas personas no tengan sintomatología compatible con el coronavirus.

Así lo ha explicado este martes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en rueda de prensa, en la que ha comentado también que los mayores que salgan de las residencias no podrán regresar a ellas hasta el día 7 de enero.

Fernández Sanz ha detallado que, para poder salir de las residencias en Navidad, los centros deberán estar libres de COVID-19 y no haber tenido ningún caso positivo en los últimos 14 días, así como que el residente no deberá tener clínica sospechosa del virus. Además, tendrán que cumplir otros requisitos como pasar toda su estancia fuera de la residencia en un solo domicilio y que en su entorno no haya personas sospechosas de haber contraído la enfermedad o que se encuentren bajo confinamiento.

En cuanto al regreso, el consejero ha explicado que se ha fechado en el 7 de enero para tener en cuenta un "periodo ventana mínimo" de siete días. Las condiciones para la vuelta serán similares a las de la partida, debiendo la residencia continuar libre de COVID, que la persona residente no tenga clínica sospechosa y que, además, se haga una prueba PCR en las 48 horas inmediatas a su regreso al centro. Además, una vez en la propia residencia, deberá cumplir un periodo de aislamiento.

Jesús Fernández Sanz ha comentado que esta decisión se ha tomado para permitir a los mayores que "puedan disfrutar de la familia". "Pero queremos cuidarlos muchísimo, no queremos que vuelvan a ser el foco tan tremendamente duro de la primera ola", ha añadido, por lo que ha incidido en que es responsabilidad de las autoridades sanitarias y de todas las personas el mantenerlos libres de contagio.

APERTURA DE LAS LIMITACIONES EN NAVIDAD

Por otra parte, el responsable de la Sanidad regional ha desgranado las limitaciones que imperarán en la Comunidad Autónoma durante el periodo navideño, que ya fueron detalladas este lunes por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro.

Entre ellas resaltan que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se podrá entrar y salir de la región para desplazarse a visitar a familiares y allegados o que en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero las reuniones para las comidas y cenas navideñas podrán reunir hasta diez personas, aunque ha rogado que estos encuentros no se hagan "abriendo muchas burbujas" de convivientes.

También ha recordado que la movilidad nocturna estará menos restringida en las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, estableciéndose el toque de queda a las 1.30 horas. Para el resto de días, las limitaciones serán las vigentes actualmente.

En cualquier caso, el consejero ha desvelado que en la Consejería se celebrarán reuniones cada tres días para revisar los datos y decidir si hay que "dar marcha atrás" en algunas de las medidas especiales para la Navidad. "No nos puede pasar lo mismo que en la primera ola, vamos a ser muy cautos y muy responsables", ha concluido.

En este sentido, ha detallado que para dar marcha atrás en estas medidas tendría que haber entre un 30% y un 40% de los municipios por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes (actualmente hay un 3,5% de municipios con medidas de nivel 3), que las camas UCI ocupadas por pacientes con coronavirus alcanzase el 35% (el porcentaje actual es del 21%) y que el de camas ocupadas se situase entre el 25% y el 28% (actualmente está en el 10%).