El Ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo ha aprobado este martes, en Comisión Informativa de Alcaldía, una declaración institucional para condenar el asesinato en Colombia de Juana María Perea, empresaria y líder ambientalista de origen vasco. El texto ha sido aprobado con el voto favorable de todos los partidos presentes: PNV, PSE, Elkarrekin Barakaldo y EH Bildu.
La declaración institucional recuerda que Colombia «lleva sufriendo una situación de violencia sostenida desde hace décadas, que ha generado un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos».
Además, añade que, «a pesar de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el proceso de paz no termina de implementarse y algunos acuerdos son incumplidos constantemente».
Así, indica que «parte de los antiguos combatientes de las Farc han vuelto a las armas, y desde los inicios de los diálogos de paz en 2012, alrededor de mil líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados por bandas paramilitares y agentes armados».
En este contexto de «persecución sistemática de líderes sociales», destaca que el pasado 29 de octubre fue asesinada en Nuquí, Departamento del Chocó, Juana María Perea, «empresaria y lideresa ambientalista de origen vasco», nieta de Andrés Perea Gallaga, primer delegado del Gobierno Vasco en Colombia.
Ante la «constatación del clima de violencia y violaciones de los derechos humanos» en Colombia, el Ayuntamiento de Barakaldo declara su «preocupación» por «el agravamiento de la violencia contra defensores de derechos humanos en estos últimos meses».
Además, manifiesta su condena por «el asesinato de Juana María Perea», e insta a las autoridades colombianas a «la investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento total de los hechos», así como a «la localización, detención y enjuiciamiento de los culpables, tanto materiales como intelectuales».
En el texto aprobado se reitera el compromiso del Consistorio fabril «con el pueblo de Colombia, con la defensa de los derechos humanos y del proceso de paz en aquel país», y se insta al Gobierno vasco a «seguir manteniendo y reforzando la cooperación con estos objetivos».
Por último, se solicita a las instituciones colombianas «reforzar el compromiso con la protección a activistas y ciudadanos amenazados, poniendo los medios necesarios para terminar con la violencia y la impunidad que la acompaña».
