La Xunta entiende que los desplazamientos entre Galicia y Portugal estarán limitados a causas justificadas a partir de este sábado, cuando quedará reabierta la frontera con el norte del país luso, una cuestión anunciada en la noche del jueves por el primer ministro portugués, Antonio Costa, y que la Administración autonómica dice haber conocido a través de los medios de comunicación.

Así lo ha manifestado el número 'dos' del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que, en declaraciones a los medios este viernes, ha lamentado la ausencia de comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre este asunto, que afecta a "una de las fronteras más largas de una comunidad autónoma y, desde luego, la más permeable y con más tráfico".

"Ese modelo de cogobernanza del que siempre habla el Gobierno central vuelve una vez más a demostrarse que no es así. A día de hoy no tenemos información y no sabemos cuáles son los efectos de esta apertura de la frontera", ha asegurado el vicepresidente primero de la Xunta.

En todo caso, la Adminstración autonómica interpreta que el hecho de que Galicia continúe cerrada perimetralmente supondrá que los movimientos entre el sur gallego y el norte de Portugal quedarán "circunscritos a razones justificadas", aunque Rueda ha emplazado a que el Ejecutivo central clarifique esta cuestión.

AECT RÍO MIÑO

Por su parte, también en declaraciones a los medios este viernes tras conocerse la decisión del Gobierno portugués, la AECT Río Miño ha saludado la apertura de la frontera, pero considera que tampoco supone "un día para conmemorar, sino para reivindicar" que los afectados por el cierre prolongado durante cuatro meses reciban compensaciones económicas.

"Siempre es mejor abrir un día antes que un día después", ha señalado el vicedirector de la agrupación de localidades a un lado y otro de la frontera, Uxío Benítez, que ha incidido en que es necesario "señalar" que "en esta historia hay personas que fueron directamente perjudicadas y también hubo un daño indirecto al territorio".

En este sentido, Benítez ha subrayado que, a partir de este sábado, "se abre un tiempo nuevo, el de la justicia y la reivindicación" para compensar "los daños" que ha supuesto el período de cierre de los pasos fronterizos y que, para la AECT, deben contar con compensaciones económicas que partan de los fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea para el escenario post-pandemia.

CARMELA SILVA

También ha mostrado su satisfacción por la reapertura de la frontera la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha recordado la relación que existe entre las poblaciones de ambos lados de la Raya.

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que es "insólito" que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acuda a la manifestación del 1 de mayo cuando, según ha recalcado, en esta convocatoria los trabajadores saldrán "contra el Gobierno del paro".

Así se ha pronunciado Rodríguez, en un acto electoral por las elecciones del 4 de mayo, tras conocer que Yolanda Díaz estará en esa manifestación del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Se trata de la primera vez que un ministro de Trabajo asiste a esa convocatoria de los sindicatos.

La dirigente del PP ha mostrado su sorpresa por que la ministra de Trabajo, tras las "muy malas" cifras del paro, vaya a acudir a esa manifestación. Según ha recalcado, el principal problema que tienen los españoles es el paro y "los datos y las noticias que llegan no son nada buenas".

"Mañana es el Día del Trabajo y saldrán los trabajadores a la calle contra un Gobierno del paro. Quizá por eso nos ha anunciado la ministra que va a encabezar la manifestación", ha declarado Rodríguez que ha calificado este hecho de "insólito" porque "siempre habían sido los sindicatos los que habían sido libres de decir lo que quisieran".

Además, Elvira Rodríguez ha contrapuesto los datos de empleo de Madrid con las cifras nacionales y ha recalcado que las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han dado resultado.

"En cuatro días los madrileños nos jugamos mucho, sobre todo lanzar una señal clara de cómo se tienen que hacer las cosas", ha afirmado, para insistir en que los datos de la EPA publicados este jueves confirman que el empleo "se portó mucho mejor" en Madrid que la media nacional.

"UN GOBIERNO OSCURANTISTA QUE NO DIALOGA"

La exministra de Medio Ambiente ha señalado además que el Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación y se ha quejado de que lo sigan "sin conocer", ya que, según ha agregado, los "resúmenes" que hicieron llegar hace tres semanas "no explicaban cuáles son las reformas" que se van a realizar.

"No sabemos qué va a pasar con nuestros impuesto, con nuestro sistema de pensiones ni qué va a pasar con nuestro mercado de trabajo. En fin, más de lo mismo con un Gobierno oscurantista que no dialoga, que no pacta y que ha hecho un plan a largo plazo de España por su cuenta y riesgo", ha advertido en un acto junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Finalmente, la vicesecretaria de Sectorial del PP ha criticado que, con las malas cifras económicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente hoy unas estimaciones optimistas en comparación con las que presentan otros organismos como el Banco de España.

Andalucía ha registrado este viernes 30 de abril 1.604 casos de coronavirus, inferiores a los 1.698 positivos del jueves y a los 2.070 de hace siete días, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 13 fallecidos, dato superior a los nueve decesos de la víspera, pero notablemente por debajo de los 33 del viernes pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por undécima jornada consecutiva hasta 220,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,8 puntos menos que el jueves y 28,2 menos que el viernes pasado (249,1).

Los 1.604 contagios de este viernes se registran tras contabilizarse 1.698 el jueves, 1.484 el miércoles, 1.44 el martes, 1.785 el lunes, 1.839 el sábado y 2.070 el viernes pasado.

Por provincias, Sevilla ha sumado nuevamente la mayor cifra de contagios con 423, seguida de Granada con 312 y Málaga con 237. El resto de provincias han contabilizado menos de 200 casos: Jaén con 153, Cádiz con 138, Almería con 128, Huelva con 122 y Córdoba con 98.

Cádiz y Granada son las provincias que más decesos han contabilizado en esta jornada, con tres en cada una, seguidas de Sevilla y Jaén con dos, y Almería, Córdoba y Málaga con uno. Huelva no suma fallecidos.

SEGUNDA BAJADA CONSECUTIVA DE HOSPITALIZADOS

Andalucía ha registrado este viernes la segunda bajada consecutiva de hospitalizados por coronavirus hasta 1.423, 27 menos que el jueves y 78 menos que hace siete días, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído después de tres días en aumento hasta 346, cinco menos en 24 horas, pero 28 más que el viernes pasado.

Granada es la provincia con más hospitalizados con 343 y 98 de ellos en UCI --provincia con más pacientes en estas unidades--, seguida de Sevilla con 323 y 84 de ellos en UCI; Málaga con 159 y 26 en UCI; Jaén con 143 y 18 en UCI; Cádiz con 129 y 33 en UCI; Almería con 124 y 42 en UCI; Córdoba con 119 y 37 en UCI; y Huelva con 83 y ocho en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 548.856 casos confirmados --1.604 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 9.733 muertes tras sumar 13. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 44.702, 118 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.833, tras sumar 34, y el número de curados es de 476.062 después de añadir 3.007.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.733 fallecidos desde el inicio de la pandemia --13 más--, Sevilla con 1.924 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.686 --tres más--; Málaga con 1.622 --una más--; Cádiz con 1.443 --tres más--; Jaén con 953 --dos más--; Córdoba con 938 --una más--; Almería con 804 --uno más-- y Huelva con 363.

SEVILLA VUELVE A SUMAR MÁS DE 400 POSITIVOS EN UN DÍA

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 548.856 desde el inicio de la pandemia --1.604 más--, liderados por Sevilla con 118.012 casos --423 más--, seguida de Málaga con 94.364 --237 más--, Granada con 81.490 --312 más--, Cádiz con 78.325 --138 más--, Almería con 52.831 --128 más--, Córdoba con 49.605 --91 más--, Jaén con 46.027 --153 más-- y Huelva con 28.202 --122 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 44.702 --118 más--, con Sevilla a la cabeza con 9.758 --13 más--, seguida por Málaga con 7.751 --15 más--; Granada con 7.411 --31 más--; Cádiz con 5.435 --14 más--; Jaén con 4.321 --diez más--; Córdoba con 4.299 --once más--; Almería con 3.681 --once más-- y Huelva con 2.046 --13 más--.

De ellos, 4.833 han pasado por la UCI en Andalucía --34 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 942 --doce más--, seguida de Granada con 905 --seis más--; Málaga con 720 --dos más--; Cádiz con 605 --dos más--; Almería con 604 --cinco más--; Córdoba con 524 --uno más--; Jaén con 394 --cinco más-- y Huelva con 139 --uno más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 476.062 en toda la región, 3.007 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 99.214 --701 más--, seguida de Málaga con 86.678 --474 más--; Cádiz con 69.816 --293 más--; Granada con 67.033 --657 más--; Almería con 47.537 --334 más--; Córdoba con 42.167 --253 más--; Jaén con 39.940 --206 más-- y Huelva con 23.677 --89 más--.

GRANADA BAJA SU TASA HASTA 395,1

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 220,9 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 395,1. Detrás se sitúan Jaén con 288,1; Sevilla con 247,6; Huelva con 245,5; Almería con 219,9; Córdoba 186,6; Cádiz con 148,8 y Málaga con 132.

POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Andalucía ha registrado 18.671 casos en los últimos 14 días con una tasa de 220,58 cada 100.000 habitantes --inferior a la media nacional de 229,20--, y 8.067 en los últimos siete días con una tasa de 95,30, inferior a la nacional de 104,86.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.398 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 7,71% de camas, algo por encima de la media nacional, situada en el 7,69%, y 349 en UCI, que registran una ocupación del 18,33% de las camas, inferior a la media nacional del 22,92%. Además, registra 158 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 212 altas.

Cada una de las 19 sedes en las que se celebrarán las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año contará con un responsable Covid que actuará si se detecta alguna persona con síntomas compatibles con la Covid-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa.

Si se da el caso, el responsable Covid, que será el delegado de cada sede, llevará a la persona con síntomas sospechosos del virus a un espacio separado -una sala individual elegida previamente- y se le facilitará una mascarilla homologada y otra para la persona que cuide de él/ella y se avisará a la familia, que deberá contactar con su centro de salud para que evalúe su estado.

Si se detecta que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

Aunque se mantiene el mismo número de sedes que el año pasado, tres de ellas han cambiado de lugar, dentro de la misma localidad, con el fin de disponer de más espacio y tener la máxima distancia interpersonal posible.

Así, el protocolo establece que la distancia mínima entre el alumnado será de 1,5 metros, en las sedes no se podrá superar el 40 por ciento del aforo, éstas contarán con vías de entrada y salida diferentes y, Además, se accederá a ellas de forma escalonada.

Las nuevas sedes son FEVAL, en Don Benito, el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia y el Recinto Ferial de Zafra, ha apuntado el Ejecutivo regional.

El resto de sedes son las mismas que el pasado año, en concreto, las facultades de Empresariales, Educación y la Escuela de Industriales, en Badajoz; las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela Politécnica, en Cáceres y el Centro Universitario y los IES Santa Eulalia y Sáez de Buruaga, en Mérida.

Así como el Palacio del Vino, en Almendralejo; el Centro Universitario, en Plasencia; el IES Zurbarán, en Navalmoral de la Mata; el IES Luis Chamizo, en Don Benito; el IES Pedro de Valdivia, en Villanueva de la Serena; el IES Suárez de Figueroa, en Zafra; y el IES Llerena, en dicha localidad.

La prueba de la EBAU, que se prevé realicen entre 5.500 y 6.000 estudiantes, se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 6, 7 y 8 de julio, en convocatoria extraordinaria.

No obstante, se ha diseñado un plazo excepcional, que comprende hasta 10 días después del último examen de cada convocatoria, en el que podrán examinarse los estudiantes que no puedan hacer la prueba en los días fijados por encontrarse en confinamiento obligatorio.

En cuanto a los modelos de pruebas, se mantienen los aprobados el curso pasado, una única propuesta de examen con diferentes opciones a elegir, con el fin de garantizar que el acceso a la Universidad se realice en términos de equidad y justicia para todo el alumnado. Los exámenes del año pasado ya incorporaban novedades para adaptarlos a las dificultades que tuvieron los alumnos al no tener clases presenciales durante las semanas previas a la EBAU debido a la pandemia.

El secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, ha querido subrayar "con absoluta contundencia y claridad" que los fondos europeos de recuperación "van a llegar y poner dudas sobre eso no ayuda a nadie".

Así se ha pronunciado este viernes, en Huesca, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, y el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe, encuentro en el que también han participado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría.

Francos ha abundado al señalar que el dinero de los fondos europeos "se va a repartir en breve", con 600 millones de euros para que las comunidades autónomas modernicen y digitalicen la Administración y 400 para el mismo fin destinados a ayuntamientos y diputaciones provinciales, financiación que empezará a llegar directamente en 2021 a las capitales de provincia.

Sobre uno de los proyectos que ha conocido en Huesca para optar a estos fondos, destinado a rehabilitar el edificio del antiguo Seminario y darle usos vinculados a la universidad, el secretario de Estado ha dicho que es un "buen proyecto de futuro" que quiere "revitalizar la ciudad".

Víctor Francos ha explicado a colación que el objetivo de estos fondos es que se dediquen a proyectos "de transformación, de conocimiento y de larga mirada", evitando "hacer hoy una cosa que mañana ya no tenga vigencia", y "no hay nada de más larga mirada que la universidad, no hay nada más importante para el futuro de una ciudad que su formación y, en este caso, la formación universitaria".

VISITA A LA ZONA

El secretario de Estado ha visitado la zona del antiguo Seminario de Huesca, cuyo proyecto incluye también la recuperación del entorno, con la creación de nuevas zonas verdes y públicas, convirtiéndolo en un nuevo foco de atracción turística, además de destinar el edificio para servicios públicos, educativos y científicos.

Este proyecto está valorado en 14 millones de euros y en el también participan el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y la Universidad de Zaragoza. Es uno de los que ha presentado el Ayuntamiento oscense, que ha optado a ocho líneas de interés para recibir fondos europeos, con actuaciones que tienen un coste total estimado de 75 millones de euros.

Francos ha dado la enhorabuena a las institución implicadas. "No dudéis en que vamos a ayudar en todo lo que podamos para que para que llegue ese deseado dinero", ha asegurado, además de mostrar la disponibilidad del Gobierno de España para colaborar con la administración autonómica y local "en todo aquello en lo que podamos ser útiles" porque "estamos para intentar resolver problemas".

El secretario de Estado ha recordado también que ha visitado en los dos últimos días las tres capitales aragonesas, donde ha conocido proyectos para recibir estos fondos. Según ha dicho, "podéis estar orgullosos de vuestra tierra" porque "lo que he visto tanto en Teruel, como en Zaragoza, como en Huesca es dinamismo y ganas de sacar adelante el futuro para esta comunidad", para subrayar que el futuro "se construye con realidad, pero con optimismo".

Por su parte, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha hecho un alegato a la necesidad de "impulsar la coordinación y la colaboración entre administraciones" ante la situación de pandemia que se vive en la actualidad. "Solos no somos capaces de resolver todas las expectativas y los problemas que plantea el territorio", ha afirmado.

Tras agradecer al secretario de Estado su "cercanía y compromiso con los problemas del territorio", Mayte Pérez ha calificado la reunión mantenida en Huesca como "muy productiva" y ha indicado que el Ejecutivo autonómico está, por su parte, "canalizando propuestas y articulando mecanismos para que Aragón esté en la mejor situación de partida en el momento en que surjan las convocatorias".

Asimismo, ha querido trasladar "a la sociedad aragonesa que hay músculo público y privado en la comunidad" ante esta importante etapa. Sobre la intervención en el Seminario oscense, ha considerado que se trata de "un proyecto estratégico para la ciudad" y ha comunicado el "compromiso" del Ejecutivo autonómico con la iniciativa.

GESTIÓN DIRECTA

Asimismo, tanto el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, como el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han expresado al secretario de Estado el interés de la administración local en participar directamente en la gestión de los fondos europeos para poder rentabilizar la inversión en aquellas cuestiones que de verdad interesan y conocen los ayuntamientos de primera mano, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

Miguel Gracia ha detallado que las entidades locales españolas han aportado más de 4.000 manifestaciones de interés al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "La administración local quiere que se le escuche en la toma de decisiones y ejecución de estos fondos", ha enfatizado.

Por su parte, el alcalde, Luis Felipe, ha destacado que los ayuntamientos han contribuido de una forma fundamental en la atención directa y gestión de los problemas de los municipios derivados de la pandemia del coronavirus y por eso "es necesario, fundamental y eficiente contar e implicarlos en la gestión de estos fondos".

Durante la reunión, también se han puesto de manifiesto las líneas fundamentales en las que están interesados los ayuntamientos para destinar la financiación de la UE, como son servicios básicos, desarrollo de energías renovables, rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, conectividad y movilidad eficiente y sostenible.

En este punto, Miguel Gracia ha recalcado que los ayuntamientos, y sobre todo los más pequeños, requieren solucionar los problemas diarios a los que se enfrentan cuando tienen que dar respuesta a servicios o equipamientos que no son de competencia municipal, como colegios, centros de salud, patrimonio o cuarteles de la Guardia Civil, entre otros, pero que son de interés para el día a día de los ciudadanos.

En el encuentro han participado también la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, la Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, la concejala del Ayuntamiento de Huesca, Cristina de la Hera, el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero, y la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha presentado una denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados contra los integrantes de un presunto chat policial en redes sociales en el que vierten insultos y amenazas contra él y su entorno familiar.

En la denuncia, se dirige contra los participantes del grupo en Facebook 'Primavera Española del CENEPE' y que estaría compuesto, según relata en su escrito, por 15.000 miembros, todos ellos presuntamente integrantes de las Fuerzas y Seguridad del Estado.

Concretamente, se recogen insultos como 'hijo de la gran puta, escoria, rata basura... No digo lo que haría contigo porque voy abrochado, cerdo', 'Pues yo follaría a su mujer', 'Y siempre será el parásito amigo de terroristas' o 'Quien siembra vientos recoge tempestades'.

También recoge otros mensajes como 'Se las ha mandado a la que pintó la sede de Podemos (...) No saben qué hacer para rascar más votos y crispar a la gente, son basura.

Tras tener conocimiento de estos hechos, Iglesias ha interpuesto una denuncia en la Comisaría para que se investiguen a los integrantes de este grupo, que ya habrían sido investigados en otras ocasiones, por su presunto "carácter organizado" para "realizar amenazas y apología del terrorismo".

Además, alude a que estos comentarios podrían incurrir en un delito de injurias, amenazas y calumnias especialmente graves por proceder de presuntos agentes de la autoridad policial.

FOMENTAN ODIO Y VIOLENCIA

También plantea que las "graves comentarios y amenazas" contra su entorno proceden de un "gran número de integrantes" y están dirigidos "para que públicamente fomenten, promuevan o inciten de manera directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia" por "razones de ideología o posicionamiento político, en una escala de agresividad que rebasa ya la vulneración de los derechos contra el honor".

Sobre todo por personas que ostentan la autoridad policial y pueden suponer un "riesgo de quiebra de los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" previsto en la actual ley orgánica que regula su actuación.

Finalmente, solicita que se practiquen las diligencias necesarias para abrir una investigación que esclarezca la posible comisión de delitos, se identifiquen a los autores de estos comentarios y se dé traslado de la denuncia también a la Fiscalía.

La app Hospifun, desarrollada por cinco estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) para acompañar a menores hospitalizados, ha ganado la IX edición del 'Programa e2: Estudiante x Emprendedor', una iniciativa impulsada por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) en la UC, con el apoyo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

El proyecto ganador, dotado con un premio de 2.000 euros, consiste en una aplicación móvil para acompañar a niños hospitalizados que les permite sociabilizar con otros niños en su misma situación a través de videollamadas o juegos didácticos en línea, y brinda un acompañamiento continuo que les ayuda a mejorar su calidad de vida durante la estancia en el hospital; y sirve de soporte al personal médico para monitorizar el estado anímico de los menores.

Durante el evento online en el que se dieron a conocer los ganadores del programa, el vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la UC, Daniel Pérez, recordó que en las nueve ediciones de e2 se han formado más de 500 universitarios junto a 80 empresarios que los han acompañado en el desarrollo de sus proyectos, ha explicado la UC en un comunicado.

Por su parte, el director de Estrategia y Relaciones Institucionales del CISE, Federico Gutiérrez-Solana, destacó la "creatividad y esfuerzo" de los universitarios que trabajaron hasta lograr desarrollar un proyecto real, y subrayó que esta experiencia tiene "reconocimiento a efectos de empleabilidad en un futuro".

La estudiante de Grado en Ingeniería Informática y miembro del equipo que diseñó Hospifun, Carmen Marcos, explicó que en e2 han podido aplicar su creatividad, junto con todo lo que sabían de sus carreras, poniendo todos sus conocimientos en común y empezando un proyecto de cero.

Además, resaltó el papel de su mentora en el desarrollo del proyecto, que puso a su disposición conocimientos empresariales que no tienen.

La fundadora de TIM Consulting, Teresa Iglesias, ha conseguido desarrollar un proyecto "de gran impacto social", junto a David Iglesias (graduado en Física), Pablo Jaime (cursando el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), Savannah Casillas (doble Grado en Relaciones Laborales y ADE), Daniel Postigo (Grado en Ingeniería Informática).

Los accésits, dotados con 500 euros cada uno, han recaído en el proyectp 'On The Roads' sobre autocaravanas domotizadas de alta gama y en 'E-Conforu', una herramienta para la regulación automática de la temperatura de grandes superficies a través del registro de la sensación térmica de los usuarios.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los próximos 5 y 6 de mayo a P.N., un acusado para el que piden cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual hacia una mujer en la capital ciudadrealeña.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2018 cuando el acusado y la víctima --A.-- empezaron a hablar en el bar, situado en Ciudad Real, volviendo a hacerlo varias veces durante la noche.

En el transcurso de ese tiempo el acusado invitó a A. a dos cerveza. Esa noche la víctima consumió en torno a tres o cuatro cervezas, dos vinos y un chupito de un licor.

Cantidad de alcohol que, según el Ministerio Público, en otras ocasiones había consumido y le permitía ser plenamente consciente de sus actos. A lo que añade que se fumó también menos de un porro.

Así, prosigue que cuando A. se disponía a regresar a su domicilio, dirigiéndose por la calle a coger un taxi en la parada de la calle de la Mata, el procesado la siguió dándole alcance.

A partir de ese momento, continúa, la víctima perdió la conciencia de los actos que posteriormente se desarrollaron, de modo que viajaron en el taxi ella y el procesado hasta el hotel donde P.N. se había registrado la tarde anterior con otro nombre.

Una vez en la cama de la habitación del hotel, el procesado, aprovechó el estado en que se encontraba A. para abusar sexualmente de ella pese a que le dijo en reiteradas ocasiones que no quería mantener relaciones con él.

En este sentido, el fiscal señala que la víctima trató de quitarse al procesado de encima, apartándolo de su pelvis, si bien el estado en el que se encontraba le dificultaba las acciones defensivas, a la vez que le repetía que la dejase.

MIEDO A LA REDACCIÓN

Sin embargo, apunta, "por miedo a la reacción de éste, no se resistió, esperando que terminase para poder marcharse". A lo que añade que cuando terminó, A. perdió la consciencia, encontrándose aturdida, sensación y dolencia que nunca había sentido con anterioridad.

Por lo expuesto, el Ministerio Público concluye que A. presenta sintomatología congruente con haber sido víctima de un delito de abuso sexual y seguía recibiendo en 2020 asistencia psicológica debido a la ansiedad que le provoca tener noticias en cuanto al procedimiento judicial, aunque la sintomatología que ha ido presentando se ve disminuida y progresa favorablemente.

Por auto de 19 del 12 de 2018 se prohibió al acusado acercarse a A., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que sea el lugar en que la misma se encuentre a una distancia mínima de 200 metros y establecer con ésta cualquier tipo de comunicación directa o indirecta durante la sustanciación del presente procedimiento.

El fiscal pide imponer la pena de 5 años de prisión al acusado, natural de Gambia y en situación irregular en España, que será sustituida conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal por su expulsión del territorio español, no pudiendo regresar a España en un plazo de 8 años contados desde la fecha de su expulsión.

También pide la prohibición de acercarse a A., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera que sea el lugar en que la misma se encuentre a una distancia mínima de 200 metros y establecer con ésta cualquier tipo de comunicación directa o indirecta durante 8 años.

La Fiscalía ha mantenido al final del juicio a un antidisturbios de Mossos d'Esquadra acusado de presuntamente agredir y lesionar al periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez que el agente le persiguió por la calle "sin justificación, muy avanzado a la línea policial", antes de golpearlo con la porra mientras informaba sobre el desalojo del 'Banc Expropiat' de Gràcia, en Barcelona.

"Uno de los agentes persigue a un ciudadano que está yéndose, que no estaba teniendo ningún tipo de actitud violenta, de provocación, ni siquiera de resistencia activa o pasiva que justificase tal grado de violencia", ha relatado la fiscal en su informe final en base a los vídeos de la jornada, y ha dicho que fue una actuación desproporcionada.

Durante el juicio en la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, la defensa del policía ha cuestionado que el acusado sea el mosso de las imágenes, sosteniendo que las grabaciones corresponden a dos momentos distintos: uno en el que se ve el número de identificación del policía y otro que muestra la agresión con la que se fracturó un dedo al periodista.

Sin embargo, en su informe final la fiscal ha rechazado esta tesis: "Es la misma carga, no otra carga u otra avanzada. Si se ven los vídeos completos, ocurren los mismos eventos y están las mismas personas".

También se ha referido a la declaración de Rodríguez y a las de otros periodistas que cubrían la protesta, de las que ha dicho que todas coinciden con las imágenes que se han mostrado en el juicio.

HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL

La acusación particular, que ejerce Irídia representando al periodista, ha rebajado de cinco a cuatro años de prisión su petición de condena, añadiendo el atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del procedimiento judicial.

En el mismo sentido, la Fiscalía ha añadido el mismo atenuante, por lo que finalmente reclama una pena de dos años de prisión para el policía.

Por su parte, la defensa ha pedido a los magistrados eximir de responsabilidad al agente por tratarse de unos hechos en ejercicio de su empleo, y por haber actuado "para evitar un mal propio o ajeno".

El experto en Salud Pública y ex asesor del presidente de EE.UU. Barack Obama, Rafael Bengoa, cree que en Euskadi se ha ido creando "la tormenta perfecta" con la pandemia de la covid-19 en "franca expansión comunitaria", y ha reclamado más restricciones.

Además, ha señalado que la alta tasa de contagios que ha experimentado la Comunidad Autónoma Vasca durante la que se ha denominado 'cuarta ola', obedece a que las restricciones impuestas son "bastante light", y que las que existen no se aplican "bien".

En su opinión, la suma de estos y otros factores han ido creando "la tormenta perfecta" y el virus se encuentra "en franca expansión comunitaria", por lo que ha pedido la adopción de restricciones.

En declaraciones, Bengoa ha asegurado que, aunque a veces la ciudadanía vasca no tenga esa impresión, "está todo prácticamente abierto", a lo que, a su entender, hay que sumar que no se aplican bien las (medidas) que existen, por lo que se van creando las condiciones favorables para que suba la incidencia.

A todo ello, ha añadido que su "impresión" es que Euskadi continúa sin la capacidad "de rastreo" que necesita para seguir con eficacia todos los casos que pudiera haber, e ir controlando los brotes que puedan suceder. "Y se nos ha pasado otra vez una incidencia acumulada muy alta", ha indicado.

A su entender, es "prácticamente imposible" saber a qué obedece este incremento de contagios, como se ha achacado a la movilidad de Semana Santa o las aglomeraciones debidas a las finales de la Copa del Rey, aunque ha manifestado que se trataría "prácticamente de la suma de todos".

Por todo ello, el experto en Salud Pública ha enfatizado que en Euskadi se vuelve a estar "en el punto de inicio otra vez, y habrá que tomar decisiones bastante importantes estos días".

Llegado a este punto, el que fuera consejero vasco de Sanidad, ha dicho que habría que "volver atrás" en la decisión que tomó en su día el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que levantó restricciones en la hostelería "en contra de lo que estaba diciendo el propio Gobierno Vasco", y seguir prohibiendo también, "obviamente, cualquier evento multitudinario, que son hipercontagiadores 'per sé', y seguir acelerando el proceso de vacunación".

El control de la "cuarta ola", ha seguido exponiendo, depende, no tanto de la vacunación como del comportamiento de los vascos. "Eso lo veremos dentro de un mes. Lo hemos visto en la mortalidad de la gente mayor, pero en el resto, donde se está contagiando todo el mundo, sobre todo en el ámbito joven, esa incidencia sigue subiendo, y hace falta hacer algunas restricciones", ha aseverado.

ESTADO DE ALARMA

Rafael Bengoa ha sido especialmente crítico con el levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo, que ha considerado que es "jugar con fuego". Aunque cree que finalmente se va a "reconsiderar" esa decisión", ha dicho que es "importante" que se piense "otra vez bajo un prisma puramente de salud pública, no bajo un prisma político".

"Bajo el punto de vista de Salud Pública conviene seguir con esta alarma, y la señal para mí sería muy muy positiva para la población, que está empezando a estar bastante harta de las disonancias que hay entre partidos políticos cuando hay un virus enfrente", ha dicho.

Por ello, cree que "sería interesante que, por primera vez en un año, todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo para continuar con el estado de alarma". "El Parlamento dice que sí, va a durar dos meses más, ya habrán impactado las vacunas y podemos tener un verano civilizado", ha aclarado.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha expresado este viernes su apoyo a la madre que ha denunciado en Tenerife la desaparición de sus dos hijas cuando estaban junto a su padre. En este sentido, ha pedido que se deje trabajar a los agentes al cargo de la investigación.

En una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, el 'número dos' del Ministerio del Interior no ha querido dar detalles sobre el hallazgo de una sillita flotando en el mar o el registro del domicilio del padre de las niñas.

"Desde el momento que se recibió la denuncia por parte de la madre se han puesto a trabajar los mejores profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil", ha señalado, matizando que están a la espera de cualquier "avance" en la investigación que se pueda comunicar.

Rafael Pérez ha mostrado su apoyo a los familiares de las niñas en estos "duros momentos" y ha evitado contestar si se han hallado restos biológicos por parte de los investigadores. "Cualquier prueba será objeto del análisis de los profesionales de la Guardia Civil", ha indicado, pidiendo respeto por la investigación en curso.

PERIODISTAS FALLECIDOS EN BURKINA FASO

El alto cargo del Ministerio del Interior ha trasladado igualmente su pésame a los familiares de los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, cuyos féretros han sido repatriados este viernes en un avión del Ejército del Aire desde Uagadugú, la capital burkinesa.

Pérez ha comentado que los "especialistas en terrorismo" de la Guardia Civil y la Policía Nacional que están presentes en la zona del Sahel, señalada de máxima prioridad por su inseguridad, están desde el primer momento tratando de obtener el "máximo de pruebas para la investigación".

Esta labor, ha dicho, se está llevando a cabo de forma "diaria" con el Centro de Inteligencia Nacional (CNI), dentro de la investigación abierta por la Fiscalía y el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Como en el anterior caso, Rafael Pérez ha evitado "avanzar cuestiones que puedan afectar al trabajo conjunto" que hacen los diferentes servicios de Información. En su opinión, no es el momento de realizar un "análisis específico" sobre estas muertes ocurridas en el sur de Burkina Faso, en un lugar de "especial importancia por las acciones terroristas".

La consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, ha avanzado que el comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) avalará la apertura continuada de la restauración hasta las 23 horas a partir del 9 de mayo en una nueva flexibilización de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Lo ha explicado en rueda de prensa junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, y el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, en la que ha concretado que las medidas actuales se prorrogarán una semana más, entrarán en vigor el próximo lunes hasta el 9 de mayo a las 00.00 horas.

A partir del 9 de mayo también podrán reabrir los parques y ferias de atracciones en Cataluña, según ha anunciado Vergés, que ha asegurado que la resolución que entre en vigor dentro de una semana incorporará estos dos compromisos: "Lo damos por hecho".

Respecto a la prórroga de las restricciones actuales, Vergés ha apuntillado que incluye dos medidas nuevas: decae el cierre de parques infantiles de titularidad pública a las 20 horas y se permite realizar asambleas deportivas con una limitación del 50% de aforo y un máximo de 500 personas o hasta 1000 personas si la ventilación lo permite.

La consellera ha argumentado que esta prórroga de las restricciones actuales obedece a "perseverar en la campaña de vacunación" dirigida a los colectivos más vulnerables al virus para iniciar la reapertura de la restauración y de los parques y ferias de atracciones con un volumen mayor de población inmunizada.

SE MANTIENEN

Así, este será el primer fin de semana sin confinamiento comarcal y la ciudadanía podrá circular libremente por todo el perímetro catalán sin estar sujeta a un número concreto de burbujas de convivencia, aunque sí que se mantiene el confinamiento perimetral de Cataluña.

También siguen vigentes la restricción de las reuniones sociales a un máximo de seis personas, el toque de queda desde las 22 hasta las 6 horas y la limitación horaria de la restauración de 7.30 a 17 horas y, en el ámbito del comercio, el aforo al 30%.

VACUNACIÓN

Sobre la llegada de vacunas, Vergés ha destacado que entre este viernes y la próxima semana Cataluña recibirá 550.000 dosis de vacuna con las que se alcanzará un "porcentaje alto de inmunidad" entre las franjas de edad más vulnerables al virus.

En concreto, ha asegurado que el 9 de mayo Cataluña habrá vacunado en segunda dosis a más del 85% de las personas de más de 80 años, a más del 80% en primera dosis del colectivo de 70 a 79 años y a más del 80% en primera dosis del colectivo de 60 a 69 años.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Respecto a la situación epidemiológica, la consellera ha precisado que se mantiene estable en 10.500 casos semanales y, aunque está estancada, ha alertado de que "son muchos"; así como el nivel de ingresos hospitalarios convencionales y en camas de críticos, que a su juicio sigue siendo alto.

Argimon ha lamentado que Cataluña no consigue descender en número de casos semanales pero ha celebrado que tampoco crece porque hay "un número importante" de personas que han recibido la vacuna y también la gente que tiene inmunidad natural porque ha pasado la enfermedad.

Castilla-La Mancha registró en la última semana epidemiológica --semana 16, del 19 al 25 de abril-- un total de casos de 2.011 nuevos positivos por coronavirus, 375 menos que en la pasada semana --del 12 al 18 de abril--, lo que supone un descenso del 15,71%. El periodo de siete días notifica una tasa de 98 casos por cada 100.000 habitantes, con una bajada en este indicador, pues a 14 días, se registró una incidencia de 117 casos en la anterior semana.

Según la última entrega de la evolución de datos por municipios ofrecida por el Sescam, los nuevos casos descendieron en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y aumentaron en las provincias de Albacete y Toledo.

A pesar de la subida, la provincia con una mejor tasa de incidencia acumulada es la de Albacete, con 26,79 casos por cada 100.000 habitantes a siete días; seguida de Cuenca, con 79,03; Ciudad Real, con 91,51; Toledo, con 123,34; y Guadalajara, con 164,51 casos.

POR LOCALIDADES

En cuanto a las cerca de 40 localidades castellanomanchegas con más de 10.000 habitantes, en Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara predominan los descensos mientras que la mayoría de las grandes localidades albaceteñas permanecen con números estables y los de la provincia de Toledo registran subidas y bajadas a partes iguales, aunque permanece estable en Toledo y desciende en Talavera de la Reina.

Así, en Albacete capital se ha pasado de 42 a 44 casos; Hellín de 1 a 2; La Roda de 9 a 10, mientras que Almansa sube de 10 a 11 y Villarrobledo cae de 9 a 5.

En la provincia de Ciudad Real, Socuéllamos pasa de 46 a 21, Tomelloso de 25 a 20, Ciudad Real de 20 a 29, Manzanares de 19 a 13 y Puertollano de 75 a 65. Valdepeñas experimentó un descenso de 126 a 112 casos, Bolaños de Calatrava se mantiene estable en 6 casos, Alcázar de San Juan también permanece con 17, Campo de Criptana baja de 22 a 15 y La Solana de 18 a 15.

La capital conquense, de su lado, ha reducido de 53 a 44; al igual que Tarancón, que pasa de 32 a 26. En la provincia de Guadalajara, Alovera reduce sus casos de 50 a 22, El Casar baja de 15 a 8 sus positivos, la capital pasa de los 315 a los 170, Azuqueca desciende de los 76 a los 56 y Cabanillas pasa de 26 a 10.

Por último, en la provincia de Toledo, Toledo capital pasa de 96 a 95, Ocaña de 18 a 32, Quintanar de la Orden de 18 a 12, Torrijos de 20 a 16, Bargas de 12 a 10, Madridejos de 5 a 6, Talavera de la Reina desciende de 145 a 113, Mora cae de 31 a 6 y Sonseca pasa de 12 a 16.

El Partido Socialista de Galicia ha instado este viernes al Partido Popular a rectificar su voto en contra de la modificación de la Ley de Cambio Climático al considerar que "elimina toda sombra de duda" y deja claro que no habrá efecto retroactivo en el plazo de concesiones.

Así lo han reclamado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega el coordinador de la Interparlamentaria del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y el viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Pablo Arangüena.

Leiceaga, que ha recordado que tras la incorporación de las enmiendas la ley pasará al Congreso para su voto final, ha explicado que el nuevo texto cambia la expresión "actos dictados" por "actos que se dicten", siguiendo la línea sugerida por el Consejo de Estado y eliminando cualquier tipo de duda sorbe su irretroactividad sobre las concesiones de actividad en la costa.

Ante ello, el socialista ha considerado que el Gobierno gallego "debe de estar mucho más tranquilo" tras la campaña de presión contra este artículo 18.3 de la ley. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que "después de haber amenazado con un recurso de inconstitucionalidad" para alcanzar esta modificación, el propio PP votase en contra.

"Tienen la opción de rectificar y votar a favor" en el debate que se producirá a continuación en el Congreso para ratificar la enmienda, ha explicado Leiceaga.

Por su parte, Pablo Arangüena ha señalado que, "si el PP decía que el problema de la ley era la retroactividad y la enmienda despeja cualquier duda sobre la misma, es incomprensible que haya votado en contra". "El problema no es un artículo ni tres palabras en la Ley de Cambio Climático, sino la irresponsabilidad del Gobierno gallego, que juega con las cosas de comer para obtener rédito político", ha dicho.

En este sentido, ha criticado la "estrategia de confrontación" a cualquier precio por parte de la Xunta que "pone en riesgo a todo un sector" al generar una "profecía autocumplida", ya que "desincentiva la inversión y provoca que el capital huya.

CRÍTICAS DE LA APDR

Por otra parte, en un comunicado remitido a los medios, la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha acusado al Partido Socialista de "ceder a las exigencias de Ence y de la Xunta" al permitir que se aprobasen las modificaciones de la ley que afectan a los plazos y a la permanencia de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

"Aceptan la formulación exigida para el artículo" y "aceptan también que los 75 años de plazo máximo para las concesiones empiecen a contar desde el momento en el que se inicia el funcionamiento de la actividad y no --como fija la legislación de Costas y mantenía este proyecto-- desde la fecha de concesión", afirma la asociación.

La APDR asegura que esto supone, en el caso de Ence, que ese plazo no se finalice en el año 2033, sino en el 2037.

Con todo, en referencia a esta cuestión, el propio Leiceaga ha recordado que la prórroga de Ence está recurrida judicialmente. "Y esto no se va a decidir en sede parlamentaria ni se va a decidir por el Gobierno, se va a decidir por los tribunales de justicia", ha señalado para incidir en que el cambio "no afecta en absoluto" a este.

La futura ley de atención residencial de Castilla y León, que afecta tanto a mayores como a personas con discapacidad, eliminará las sujeciones físicas y biológicas salvo en casos extremos, establecerá un profesional de referencia y el gestor de caso y evaluaciones periódicas para vigilar la calidad de los centros y la atención, algo que irá concatenado con las inspecciones que se realizan.

Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha presentado el texto de la futura ley, que se somete a información pública desde este viernes durante el doble de plazo que el resto de textos en el Gobierno Abierto de la Junta, durante 20 días.

La consejera ha señalado que la ley se sustenta en tres ejes principales como son el de carácter ético por la protección de los más vulnerables que viven en estos centros (más de 41.500 personas) y el respeto a su propia proyecto de vida; la modernización e innovación con la adaptación a las nuevas tecnologías; y el hecho de que mire al futuro, ya que pretende ser novedosa y pionera, al ser la primera de de España, por lo que se ha hablado con el Gobierno central para que sirva de referencia.

El texto se basa en cuatro pilares principales que se concretan en el reconocimiento a la dignidad de la persona, la arquitectura y la organización de los centros, la calidad y la innovación y los profesionales.

El primer pilar, ha explicado la consejera, se centra en la persona, en que sea ella la que elija qué quiere hacer de manera autónoma y con qué apoyos quiere contar mediante su proyecto de vida. Para ello, en la elaboración del borrador, además de contar con grupos de trabajo y los diferentes interlocutores relacionados con el sector, se ha tenido en cuenta la experiencia del programa 'En mi casa', además de la experiencia en otros países como los nórdicos.

En este pilar se atiende también a la perspectiva ética, con la eliminación de sujeciones salvo en casos de extrema necesidad en que haya peligro para la integridad de la propia persona.

ORGANIZACIÓN

El segundo de los aspectos en los que se basa el texto es la arquitectura y la organización de los centros, que deberán distribuir sus estancias en tres áreas. La primera, de unidades de convivencia, contará con habitaciones -siempre individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble- y zonas comunes -para cocina, comedor y sala de estar-. Estos 'minihogares' no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas, lo que permitirá gestionar posibles contingencias como la ocurrida con la COVID-19 pero también con cualquier otra que pudiera surgir.

A este respecto, la consejera ha incidido en que en Castilla y León ya están implantadas 200 unidades de convivencia (168 totalmente y 32 que lo harán próximamente), de las que una cuarta parte están en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales.

La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración. La tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.

Además, en el ámbito de la organización, se establece cómo deben ser su estructura y los programas de intervención, la atención sanitaria a través del sistema público de Castilla y León sin perjuicio de que pueda existir un médico en función de las ratio que se marquen en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que trabajará en esta materia y también definirá los tipos de profesionales y su cualificación, ha explicado Blanco.

NUEVAS FIGURAS

Un tercer pilar se refiere al ámbito del personal y los profesionales con los que deberán contar las residencias y crea dos nuevas figuras como son el profesional de referencia de atención residencial y el gestor de caso.

El primero de ellos es el encargado de garantizar la ejecución del proyecto de vida, de manera los residentes tengan siempre la misma persona de referencia, ha explicado la consejera, quien ha enmarcado esta figura en las unidades de referencia, en las que se pretende evitar la rotación actual de profesionales.

Por su parte, el gestor de caso tendrá como función principal optimizar la coordinación entre residentes, familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar las actividades en la comunidad.

Otro de los pilares es el de la calidad y la innovación, ha explicado Blanco Llamas, quien ha concretado que se implantará un sistema de obligado cumplimiento que permitirá hacer una evaluación permanente en la que se tendrán en cuenta diferentes parámetros como las ratio o la percepción de los usuarios.

Además, ha añadido que se hará un informe anual sobre la situación de todos los centros y se clasificarán con una baremación y se podrá conocer cuál es el más valorado, lo que será un "factor determinante" para elegir centro a la hora de acceder al mismo por parte de los usuarios pero también a la hora de concertar plazas.

Esto, ha aclarado la consejera, será un "complemento" a la inspección, que continuará con sus funciones habituales pero en el que también se avanzará mediante la innovación, ya que se apoyará en un sistema de información que recogerá datos en tiempo real y a distancia de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones, organización de los servicios o documentación obligatoria, entre otros aspectos.

A este tipo de innovaciones se sumarán otras iniciativas como el proyecto piloto para implantar robots en los centros residenciales para ayudar a los cuidados o un sistema de telemonitorización para conocer el estado de salud de los residentes en tiempo real.

La consejera ha señalado que tras la presentación de posibles alegaciones a través del Gobierno Abierto, las mismas se estudiarán y se incorporarán las que se consideren para después continuar los trámites con los informes perceptivos, tras lo que se baraja que la ley pueda aprobarse en el Consejo de Gobierno de la Junta a finales de año o principios de 2022 y después ir a las Cortes.

La ley, que llevará acompañada una memoria económica, establecerá plazos para la adaptación de las residencias, ya que muchas de ellas tendrán que hacerlo tanto desde el punto de vista arquitectónico como organizativo.

Navarra detectó en la jornada de este jueves 145 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.584 pruebas (1.551 pruebas PCR y 1.033 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 5,6%.

Por otro lado, 199 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cinco menos que el día anterior. Ayer se produjeron 12 ingresos relacionados con el coronavirus, tres de ellos en la UCI, y se registró el fallecimiento de una mujer de 94 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.164.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos positivos, en el área de Estella, el 10% y en el área de Tudela, el 7%. Los demás positivos (34%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 15 años, con un 32%, y el de 30 a 44 años, con el 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años, con el 19%, y el de 45 a 59 años, con un 17%. Finalmente, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con un 7%, y el de mayores de 75 años, con el 3% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 30,5 años. Con respecto al género, el 59% de los casos son hombres y el 41% restante, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 199 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (cinco menos que ayer), 39 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que ayer) y otras 12 en hospitalización domiciliaria (dos menos que ayer). Los demás, 143 pacientes, están en planta (dos menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 59.544 casos confirmados.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reivindicado que solo la firmeza de su espacio político conseguirá que el PSOE opte por el "camino correcto" en lugar del "fácil", pues es la única vía de movilización para "mandar a la oposición" a la derecha y "al fascismo".

En consecuencia, ha defendido que su determinación "despeja ya las incógnitas" y ha advertido de que "no van a tragar" ante la intención de los socialistas de no acometer una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas tras el 4 de mayo y posponerla a las siguientes elecciones.

Así lo ha trasladado durante un mitin electoral en el distrito de Usera junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y varios miembros de su candidatura como Sol Sánchez, Vanessa Lillo, Serigne Mbaye y Carolina Alonso.

En un discurso centrado en animar a la participación, Iglesias ha destacado que la trayectoria de Unidas Podemos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo de coalición estatal, es lo que "marca la diferencia" para desplegar políticas de izquierda y, precisamente por ello, Ayuso y la derecha arremeten contra su candidatura.

¿Pensáis que vamos a tragar con que no haya reforma fiscal en Madrid que dentro de dos años ya veremos (...) que no vamos a hacer lo necesario para que entren 10.000 profesores en educación? (...) Sabemos que para llegar a acuerdos es necesario ser firmes", ha sentenciado Iglesias.

El exvicepresidente ha confesado que, durante estos años, ha aprendido que la "dureza y agresividad" es el precio a pagar por "cambiar las cosas" aunque se les dijera que era "imposible".

SU LABOR ES GARANTÍA DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA

Por ejemplo, ha rememorado que algunos, con "arrogancia", les dijeron al movimiento 15M que para lograr sus reivindicaciones tenían que montar un partido y ahora "se arrepienten" de ver a ministros de Unidas Podemos como Irene Montero, Alberto Garzón, Ione Belarra o Manuel Castells.

También ha aludido a que decían que no había forma de un gobierno alternativo al PP pero demostraron lograr los apoyos suficientes para que el socialista, Pedro Sánchez, fuera presidente del Ejecutivo, pese a tener que escuchar que se le llamaba "amigo de independentistas.

En esta línea, ha reivindicado que volvieron a desoír a aquellos que les invitaban por la senda "fácil" y que apoyaran un acuerdo programático pero sin entrar en el Gobierno, el "decir a 'yo a tu izquierda pero gobierna tú'". Pero Iglesias ha ensalzado que la respuesta de su espacio político fue lograr el primer gobierno de coalición en 80 años pese a frases como "no puedo dormir si tú estás en el gobierno", en alusión a unas declaraciones del propio Sánchez,

Y esa senda ha llevado también a tener a la "mejor ministra de Trabajo de la historia", Yolanda Díaz, que logró que 3,5 millones de trabajadores no perdieran su empleo al activar el mecanismo de protección de los ERTE o impulsar la ley del 'Solo sí es sí' cuando la sociedad "tembló" ante la sentencia de 'la manada' para que ningún juez diga "que no hay violación cuando hay violación".

También ha ensalzado que hicieron lo "correcto" al llegar a un acuerdo con el PSOE para regular los alquileres aunque "no fue nada fácil" que Sánchez rubricara su firma en ese acuerdo y ahora cueste que se aplique en la nueva Ley de Vivienda ante la presión de la patronal inmobiliaria.

EL PSOE "YA NO SE ATREVE" A MIRAR A LA DERECHA

Pero Iglesias ha dejado claro al PSOE que "o se cumple lo firmado" o la Ley de Vivienda no sale con sus votos en caso de no regular el alquiler. "Tendrían que hacerlo con la derecha pero eso ahora no se atreven ya", ha exclamado Iglesias para detallar que su presencia impide que los socialistas no ve muevan de los planteamientos de izquierda.

También ha loado el papel de Unidas Podemos al conformar un bloque de investidura a raíz de los Presupuestos Generales del Estado cuando el pasado verano se abrió la "carrera" por lograr los apoyos de la izquierda o de Ciudadanos.

El resultado fue "no dejar ni una posibilidad a que en el futuro el PSOE se equivocara de lado" con una correlación de fuerzas que, a su juicio, hace que den números para que la izquierda gobierne entre 15 o 20 años el país.

"Ahora ya no pueden elegir (...) les hemos quitado el camino fácil. Ha costado mucho pero ya no hay opción", ha sentenciado el exvicepresidente para recalcar que todo el mundo "tiene la suficiente madurez" para saber que si a sus aliados se les ofrece el camino fácil, "no son como Unidas Podemos".

De hecho, Iglesias ha insistido que a Ayuso tampoco se le derrota por la senda fácil y que, pese a que digan que "están acabados", la gente sabe que "marcan la diferencia" para fraguar políticas de izquierda.

ACABAR CON EL "MALDITO CLASISMO" DE LA DERECHA

Luego ha arremetido contra esa noción de la "cultura del esfuerzo" que defiende la derecha cuando al líder del PP, Pablo Casado, "le regalaron la carrera y el máster" y el presidente de Vox, Santiago Abascal, "no puede competir en su hoja laboral con nadie" de Usera al vivir de "los chiringuitos de Esperanza Aguirre.

"¡Qué esfuerzo tuvieron los que tuvieron que irse de Cuba por explotar a los trabajadores!", ha espetado en clara referencia a la candidata de Vox a estos comicios, Rocío Monasterio.

También ha ironizado con la concepción de libertad para Ayuso, que a su juicio es "poder irse de cañas" o "no encontrarse a su ex", llegando a bromear que si eso ocurriera podía pensar que "han llegado los comunistas al Gobierno".

Frente a ello, ha reivindicado que la libertad está ligada a la igualdad de oportunidades y para ello se requiere una educación "con los mejores maestros" para que los hijos de las clases populares.

Además, ha asegurado que la derecha y los privilegiados "odian" que haya una ministra que es hija de un líder sindical, como Díaz, o que también lo sea una mujer que sacó matrículas de honor en su carrera y "trabajó de cajera", en alusión a Montero al pensar que "son puestos reservados para ellos".

Por tanto, ha reclamado una movilización de los barrios humildes para vencer a su "maldito clasismo" y que no soportan que "el hijo de una abogada de comisiones obreras que se crió en Vallecas pueda comprarse con su dinero la casa que le dé la gana en lugar que se la regale Kike Sarasola", ha lanzado para exigir luego a Ayuso que muestre la factura del apartahotel en el que estuvo residiendo en la primera ola.

Los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hallado restos de ADN y huellas dactilares en las tres primeras cartas con amenazas enviadas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el exvicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE.

El 'número dos' de Grande-Marlaska ha pedido dejar trabajar a los especialistas de criminalística para dar con el autor o los autores de las cartas con balas en su interior del calibre 7,62 mm y las amenazas remitidas a diferentes cargos públicos.

"Lo que sí podría adelantarle en este momento sería que se han encontrado restos tanto de ADN como de unas huellas dactilares", ha señalado con respecto a las primeras cartas, sin detallar si estas evidencias son las mismas en todos los sobres.

En este sentido, ha solicitado que "ahora toca dejar trabajar a criminalística para ver si estas huellas y restos de ADN pueden arrojar algún tipo de resultado".

Previamente, había hablado de que las primeras cartas remitidas al Ministerio del Interior --la de Grande-Marlaska e Iglesias-- y a la Dirección General de la Guardia Civil --en el caso de Gámez-- eran "manuscritas pero habiendo utilizado una regla hueca".

En lo relativo a las balas, Pérez ha indicado que se ha detectado a la empresa que las fabricaba en España y el tiempo de fabricación. "Parece que se corresponde con los años 80", ha señalado, confirmando que es munición que ya está en desuso. En cuanto a los sobres, la investigación ha permitido determinar que la "empresa fabricante, en principio, no sería una española, pero sí la distribuidora en España".

POSIBLE EFECTO CONTAGIO

Las primeras cartas a Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez se conocieron el pasado 22 de abril, en medio de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. Luego se han conocido otros envíos, de nuevo al líder de Unidas Podemos y candidato a estos comicios y, además, a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, en este caso interceptada por Correos en Sant Cugat (Barcelona).

Al ser preguntado por un posible efecto contagio, Rafael Pérez ha señalado que su opinión como secretario de Estado de Seguridad es que desde el Ministerio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen obligación de investigar y perseguir cualquier tipo de delito, sobre todo aquellos que podemos considerar que tienen una cierta gravedad y entidad".

Esto es así para poder "neutralizar cualquier tipo de amenaza que se pueda producir contra un cargo público o cualquier ciudadano". "Tenemos que proteger a la totalidad de ciudadanía y neutralizar a aquellos que quieran amenazar a otros, y garantizar que nos podemos desenvolver libres en esta democracia que nos hemos dado".

DENUNCIA DE IGLESIAS POR CHAT POLICIAL

El 'número dos' del Ministerio del Interior también se ha referido a una denuncia de este mismo viernes de Pablo Iglesias por un presunto chat de policías que vertían insultos y amenazas contra él en un grupo de la red social Facebook.

"Parece ser", ha respondido, "que la denuncia se ha interpuesto en la comisaría del Congreso de los Diputados y el hecho de que se haya acudido, precisamente, a la comisaría del Congreso de los Diputados demuestra ya confianza del propio denunciante en la Policía Nacional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, confianza y apoyo que tienen también desde la Secretaría de Estado de Seguridad".

En este sentido, ha repetido un mensaje habitual del ministro Fernando Grande-Marlaska: "Nuestros policías nacionales y guardias civiles cuando se visten de uniforme se visten con el uniforme de los valores constitucionales y actuando siempre con la mayor de las neutralidades".

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha iniciado una campaña en toda España para reclamar al Gobierno que modifique la legislación para que "se deje de considerar a las enfermeras como profesionales de segunda categoría" y se les incluya en el Grupo profesional A1, en lugar del A2 actual.

La carrera de Enfermería es, desde 2008, un Grado Universitario de cuatro años, un tiempo durante el cual quienes optan por esta profesión cursan 240 créditos de formación, lo mismo que otras carreras como Derecho, Psicología, Periodismo, Biología o Economía. Sin embargo, la diferencia es que las enfermeras cuando consiguen una plaza en la Administración Pública acceden al grupo A2 en lugar de al A1.

Por el contrario, abogados, economistas, físicos, biólogos, psicólogos o periodistas, por ejemplo, están adscritos al grupo A1 con una titulación idéntica. "Esta injusticia histórica representa una evidente discriminación hacia una profesión mayoritariamente de mujeres, que durante la pandemia que sufrimos ha trabajado sin descanso y ha dedicado su esfuerzo y su salud, en algunos casos hasta dejarse incluso la vida. El nivel profesional viene determinado por la titulación, la misma que la de profesiones que sí están dentro del A1, y el nivel de responsabilidad, que en las enfermeras está fuera de toda duda, pues qué mayor responsabilidad es cuidar de la salud de la población o la de una vida humana que está en sus manos", argumenta el CGE en un comunicado.

Sobre las consecuencias de esta degradación, los enfermeros apuntan que afecta al "desarrollo profesional y el salario que reciben, impidiendo, por ejemplo, el acceso a determinados puestos dentro del ámbito sanitario". "Así, mientras que un economista, un abogado, un físico o un psicólogo pueden ser gerente de un hospital, una enfermera tiene vetado ese puesto, pese a estar preparada para ocupar el cargo, tener competencias en gestión y tener un título universitario absolutamente equiparable a todos estos", esgrimen.

"REGULACIÓN OBSOLETA"

Así, el CGE insta a "luchar contra la incoherencia de una normativa obsoleta". "En esta pandemia ha quedado más que claro si cabe, que la responsabilidad y competencia de las enfermeras de nuestro país está fuera de toda duda. Llevan más de un año cuidando enfermos, salvando vidas y ahora, siendo las responsables de la campaña de vacunación más importante a la que se ha enfrentado el mundo entero. Se han puesto en riesgo por sus pacientes y ha sido la profesión sanitaria que más contagios ha sufrido al tener que trabajar muchos meses sin la protección adecuada. Han dedicado sudor y lágrimas para paliar el efecto del virus y, aun así, llevan más de 13 años sin ser consideradas como se merecen. Los ciudadanos que aplaudían desde los balcones y que reconocen el valor de las enfermeras son conscientes de que no merecemos este agravio comparativo", ha explicado su presidente, Florentino Pérez Raya.

A través de la web www.enfermerA1.com, cualquier ciudadano podrá expresar su apoyo a esta reivindicación y conocer en profundidad el origen de esta discriminación y sus consecuencias en el día a día de las 316.000 enfermeras de nuestro país.

Carteles, vídeos, puestos informativos a pie de calle y una gran campaña informativa en medios y en redes sociales pretenden revertir esta "situación injusta y anacrónica". De la misma forma, todos los responsables de la Organización Colegial de Enfermería van a trasladar a los grupos políticos a nivel nacional, autonómico y local el "malestar de toda una profesión, pilar fundamental del Estado del Bienestar, del propio sistema sanitario y garante de la asistencia a toda la población en todas las etapas de la vida".

"La Administración Pública se ha quedado anclada en el pasado, no ha adaptado su organización interna a la realidad actual. Hasta 2008, las enfermeras tenían un título de diplomado universitario, una situación que ya de por sí era muy injusta puesto que el número de horas totales que pasábamos en la universidad en tres años sumando clases y prácticas superaba al de muchos licenciados en cinco, como es el caso de Derecho, por ejemplo. Han pasado ya casi 15 años, y mientras que la sociedad reconoce nuestra excelencia y profesionalidad, la Administración Pública vive a espaldas de la realidad y nos considera profesionales de segunda y no lo vamos a tolerar ni un minuto más. No pedimos más que lo que es justo y lo que ya tienen otras carreras con misma, o menos, responsabilidad", concluye el presidente del Consejo General de Enfermería.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado que el toque de queda, como todas las medidas, depende de la evolución de los índices epidemiológicos, y ha expresado que están estudiando se mantenerlo o reducirlo a partir del 9 de mayo --día en que previsiblemente se acaba el estado de alarma--.

Lo ha dicho en una rueda de prensa junto con la consellera de Salud, Alba Vergés; el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, el comisario de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, y la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé.

Ha explicado que desde la Generalitat se están dotando de "los instrumentos necesarios jurídicos para poder hacer uso si es necesario", y que tienen la esperanza de que empiece a bajar la tendencia a los hospitales y a las Unidades de Curas Intensivas (UCI).

"Desde la administración tenemos que tener elementos para poder proteger a la ciudadanía. Este martes el decreto ley irá al Ejecutivo y quizás pediremos otro instrumento si fuera necesario, aunque la intención es no utilizarlo", ha añadido.

El conseller ha pedido "no hacer una relación directa entre las 23 horas del próximo cierre de la restauración y el confinamiento nocturno, porque se podría seguir con el confinamiento nocturno a las 22 horas y que los restaurantes cerraran a las 23 horas porque han servido cenas hasta las 21.30 o las 22".

Sàmper ha explicado que la voluntad del Govern es "poder avanzar con la reapertura y la desescalada, y explicarlo con tiempo para que los sectores afectados puedan afrontarlo", pero ha recordado la necesidad de seguir viviendo con las medidas de distancia, manos, mascarilla y ventilación.

VERGÉS

Por su parte, Vergés ha pedido "días para pensar" en el confinamiento perimetral y el toque de queda hasta el 9 de mayo, y ha asegurado que están trabajando para tener elementos normativos para ayudar al Govern a tomar las decisiones.

"Tenemos que seguir con la prevención y disminución de riesgos: la transmisión va de persona en persona. Protegernos a nosotros y al resto de personas continúa estando vigente hasta que podamos decir que hemos acabado con esta pandemia", ha advertido.

Agentes de la Guardia Civil de León han detenido a un varón con domicilio en Burgos, como presunto autor de un delito por conducir un vehículo a motor sin tener el permiso de conducción, por no haberlo obtenido nunca, y por otro delito de apropiación indebida del vehículo en el que circulaba.

Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, se da la circunstancia de que el conductor contaba con una orden requisitoria de detención y traslado al Juzgado.

Los hechos se produjeron en la tarde del domingo 25 de abril en las proximidades de la localidad de Valdelafuente, cuando un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico fue requerido por el empleado de un establecimiento comercial de la zona, debido a que uno de los clientes había dejado pendiente de realizar un pago en metálico, al haber ocurrido un fallo en la lectura de la tarjeta de crédito.

Debido a esto, como prenda de la transacción pendiente, el empleado había anotado la filiación de la tarjeta de extranjería de la persona y de la matrícula del vehículo que conducía. Este se había comprometido a regresar en breve a abonar las cantidades pendientes, pero había pasado ya bastante tiempo sin que se hubiera presentado para efectuarlo.

La patrulla realizó la comprobación del vehículo y el conductor y se comprobó que el turismo figuraba sustraído y sobre el conductor recaía una orden judicial de detención y carecía de permiso de conducción.

Además, comprobaron que contaba con numerosos antecedentes de estafa, mediante transferencias simuladas, similar al procedimiento de actuación que parece que pretendía llevar a cabo en el establecimiento comercial, por lo que se dio aviso a la Policía Local de León y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a las Unidades de la Guardia Civil próximas, con el objeto de tratar de localizarlo.

La Policía Local de León realizó un control que permitió detener al hombre en la localidad de Valdelafuente.

La instrucción de las diligencias ha recaído en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León y las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de León.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado este viernes su "respeto" a los derechos de manifestación y huelga de los trabajadores de IB3 y ha defendido que desde el Ejecutivo se han hecho modificaciones presupuestarias para mejorar las condiciones de los trabajadores del ente.

Preguntada por la huelga que llevan a cabo este viernes los trabajadores de informativos, Armengol ha sostenido que los encuentros y reuniones de representantes del Govern y de los trabajadores de la radiotelevisión pública son permanentes. Además, ha confiado en poder llegar a acuerdos.

La presidenta ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto de Reactivación, un acto en el que ha sido recibida con pancartas y silbatos por parte de los trabajadores concentrados en la calle.

Por su parte, los representantes sindicales de CCOO y UGT, presentes en la reunión del pacto han coincidido en el apoyo a las reivindicaciones así como en la defensa de los derechos de los trabajadores.

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha reclamado que se mantengan las negociaciones para mejorar las condiciones de los trabajadores del ente. El secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, ha reivindicado que las cuestiones públicas, como IB3, deben gestionarse con personal público.

PARTICIPACIÓN DEL 95%

El comité de empresa de los servicios informativos de IB3 ha cifrado en un 95 por ciento la participación en la huelga convocada este viernes para reclamar la internalización del servicio.

En detalle, el comité estima que la participación ha sido total en la radio y del 95 por ciento en la televisión: en Ibiza del 92 por ciento, en Menorca del 85 por ciento y en Formentera del 50 por ciento.

Además de la protesta en Ca'n Oleo, los trabajadores han realizado una concentración a las 11.00 horas ante el Consolat de Mar, y se han celebrado concentraciones en las delegaciones de Menorca e Ibiza.

PIDEN LA INTERNALIZACIÓN

El servicio de informativos de IB3 está adjudicado actualmente a la empresa Dalton Audiovisual. Los trabajadores reclaman una internalización para pasar a ser reconocidos como empleados de la cadena pública; sostienen que llevan años trabajando bajo la marca de IB3, en las instalaciones de la corporación, pero sin ser considerados empleados del ente.

La huelga también se ha convocado para protestar por un manual de organización que consideran "conflictivo" porque "impide el normal funcionamiento de la radiotelevisión". También solicitan aplicar a todo el personal la subida salarial del 10 por ciento prometida por el Govern.

PENDIENTES DE SENTENCIA

Al margen de estas acciones de protesta, los trabajadores también iniciaron hace meses acciones legales con el objetivo de que sean los tribunales quienes obliguen al ente a reconocerlos como empleados del ente.

Lo hicieron con el precedente de la televisión municipal de Barcelona (BTV), en el que un juzgado catalán dio la razón a los trabajadores y consideró que el régimen de contratas constituía un subterfugio de la sociedad municipal para evitar aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían.

En el caso de IB3, el juicio se celebró en noviembre, con la anterior concesionaria, Liquid Media. Todavía está pendiente de sentencia.

La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral a partir del próximo lunes en cinco zonas básicas de salud nuevas y las levantará en seis, quedando bajo restricciones de movilidad un total de 16 zonas básicas de salud y dos municipios.

En concreto, durante 14 días a partir del lunes, las limitaciones se extienden a las zonas básicas de salud (ZBS) de Madrid capital de Vicente Muzas, en el distrito de Hortaleza, y la de Daroca, en el de Ciudad Lineal; la de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, Las Ciudades en Getafe, y la de Las Rozas en Las Rozas.

Desde el día 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, las medidas tendrán que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según ha aclarado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial, junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Se levantan las restricciones en las ZBS de Madrid capital de Eloy Gonzalo (Chamberí), y las de Quinta de los Molinos y Rejas (distrito de San Blas Canillejas); la de Barcelona, en Móstoles; y la de Villanueva del Pardillo, así como en la localidad de Moralzarzal.

Por el contrario, se prorrogan hasta el 9 de mayo en las zonas básicas del municipio de Madrid de Castelló (Salamanca), Villa de Vallecas (Villa de Vallecas), Barajas (Barajas), Silvano (Hortaleza), Chopera (Arganzuela), y en Majadahonda, la zona básica de Majadahonda; en Mostoles, La Princesa; y en Getafe, Las Margaritas, así como en el municipio de Manzanares el Real.

Además, se mantienen en las zonas básicas del municipio de Madrid de Gandhi (Ciudad Lineal) y General Fanjul (Latina), así como en Alcalde Bartolomé González (Móstoles) y San Agustín de Guadalix.

Los criterios que ha establecido la Dirección General de Salud Pública para las limitaciones en estos núcleos de población son el umbral de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días, la tendencia creciente y la transmisión comunitaria.

En estos núcleos de población viven 451.949 ciudadanos, el 6,7% del total de la región y concentran el 8,5% de los casos de los últimos 14 días.

MEDIDAS PARA TODA LA REGIÓN HASTA EL 9 DE MAYO La Comunidad de Madrid mantiene también hasta las 00:00 horas del 9 de mayo (fecha prevista para la finalización del Estado de alarma), la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables).

En este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que el 80% de los contagios de COVID-19 se produce en el ámbito familiar y domiciliario.

También continúa la limitación de movilidad nocturna desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y que el sector de la hostelería y de la restauración puedan permanecer abiertos hasta las 23:00 horas, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22:00 horas.

La Consejería de Sanidad recuerda que sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, asegurar la ventilación adecuada y permanente de los establecimientos; separación entre los grupos de mesas; que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos, y que está prohibido el consumo en barra.

Asimismo, reitera la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en terrazas, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

Por su parte, Zapatero, tras recordar que "el Gobierno de España no ha tomado ninguna decisión en relación con medida legislativa alguna que facilite la gestión de la pandemia", ha constatado que "hay una serie de medidas que afectan a los derechos fundamentales y otra serie de medidas que no afectan a los derechos fundamentales, por tanto las que no afectan a derechos fundamentales podrán adoptarse sin necesidad de ratificación judicial, y las que afectan a derechos fundamentales precisan autorización judicial".

Andradas ha defendido que seguirán tomando las medidas "adecuadas en función de la situación de la evolución epidemiológica y en función de la capacidad asistencial y demás parámetros", y ha precisado que las que afectan a los derechos fundamentales tienen que ver con la movilidad y el límite de personas que se pueden agrupar.

En su caso, sobre la base de informes técnicos que contemplan los datos de situación, tanto epidemiológicos como de capacidad asistencial, y el impacto esperado de las medidas, solicitarán la ratificación del TSJM, como hacían durante los meses de septiembre y parte de octubre, hasta la publicación del Real Decreto de estado de alarma, ha explicado Andradas, quien ha señalado que ya se está preparando la información técnica.

Un total de 211.151 ciudadanos madrileños ya han enviado su voto por correo para las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo, lo que supone un 47% más que en las anteriores elecciones. De ellos, 167.495 lo han depositado en las oficinas de Correos y 43.656 lo han entregado directamente en sus domicilios.

A estos votos se sumarán los que se admitan hasta mañana, 1 de mayo, como máximo hasta las 14 horas, en las oficinas de Correos de la Comunidad de Madrid, plazo límite establecido por la Junta Electoral Central para depositar el voto por correspondencia, según ha recordado Correos en un comunicado.

Correos ha trasladado que ha realizado "el máximo esfuerzo" para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España sean entregados el próximo martes en la mesa electoral correspondiente.

Para la jornada electoral del 4 de mayo, la empresa postal pública tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales. Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 2.195 trabajadores, entre personal de reparto y de oficinas, y movilizará todos los vehículos de su flota necesarios, 427 de ellos solo en la Comunidad de Madrid.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de trabajadores de la empresa postal entregará los votos en custodia en las 7.265 mesas electorales distribuidas en los 1.084 locales electorales de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Otro grupo de trabajadores hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, otro equipo de trabajadores recogerá el denominado "tercer sobre" de las mesas electorales de todos los colegios electorales de la Comunidad de Madrid con el resultado final del escrutinio.

TARJETAS CENSALES Y PROPAGANDA ELECTORAL

La colaboración de Correos en las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además del envío a los ayuntamientos de la lista del censo.

La Sociedad Estatal ha distribuido 4.783.145 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el próximo martes, 4 de mayo, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio electoral y la mesa de votación que les corresponde.

Además, durante el periodo de la campaña electoral, Correos está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios.

Para acometer su función, la empresa postal ha realizado 970 contratos de refuerzo y ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en el proceso.

Correos ha aplicado también las medidas extraordinarias aprobadas por la Junta Electoral Central con motivo de la pandemia del Covid-19 para proteger la salud del personal de la Sociedad Estatal y de los electores.

Entre las medidas aplicadas se encuentra la admisión por parte del personal de reparto de Correos del voto por correspondencia de aquellos electores que han optado por entregar su voto en el momento de recibir la documentación electoral, evitándose su desplazamiento a la oficina postal.

Por último, ha recordado que se han aplicado otras medidas como la ampliación de horarios y la apertura en sábados para agilizar la gestión del voto por correo.

Los dos tripulantes del buque ro-ro 'Prometheus Leader' que ingresaron en el hospital vigués Vithas tras dar positivo en Covid-19 continúan en planta del centro sanitario evolucionando "sin cambios significativos", según han confirmado fuentes sanitarias.

El barco permanece atracado en el Muelle de Trasatlánticos del puerto olívico en cuarentena, ya que se detectaron otros cuatro casos positivos, aunque asintomáticos o con síntomas leves. Fuentes sanitarias han precisado que la cuarentena se inició horas antes de que el 'Prometheus Leader', con bandera de Singapur, atracase en Vigo, por lo que los tripulantes no llegaron a desembarcar, salvo los que fueron hospitalizados, dos varones de 28 y 67 años de edad.

De los 6 casos positivos detectados, el Sergas está realizando la secuenciación genómica de las muestras obtenidas de cinco de ellos, ya que se trata de personas procedentes de India. El objetivo del estudio es determinar si están contagiados por la variante india de este coronavirus, aunque los resultados no se conocerán hasta la próxima semana, según Sanidade.

Este barco, procedente de Southampton (Reino Unido), es un habitual del puerto de Vigo, donde carga y descarga vehículos, y pasó hace tres meses una inspección, que certificó que cumple con la legislación sanitaria. Para el embarque de la tripulación se siguió el protocolo habitual, por el que se realizó a todos los marineros una PCR que en aquel momento dio negativa.

En una rueda de prensa, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, ha señalado que este organismo está coordinado con Sanidad Exterior y que los marineros que se encuentran aislados a bordo "están bien". Asimismo, ha precisado que "dependerá del armador" el tiempo que el barco permanezca atracado, ya que podría quedarse en Vigo hasta finalizar la cuarentena o bien realizar un cambio de tripulación para seguir su ruta.

El Papa ha derogado la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y ha decretado que a partir de ahora puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.

Así lo ha decretado en un Motu Proprio publicado este viernes. De esta manera, los cardenales o los obispos de la Curia Romana podrán comparecer en primera instancia ante el Tribunal de la Ciudad del Vaticano, que también está integrado por jueces laicos.

Por tanto, queda derogado el artículo 24 de la mencionada ley regula el sistema judicial del Estado pontificio: "La Corte de Casación es la única competente para juzgar, previo consentimiento del Sumo Pontífice, a los cardenales y obispos en las causas penales".

Además, se modifica el artículo 6 para asignar a la justicia ordinaria los procesos a cardenales y obispos "previo asentimiento del Sumo Pontífice". En todo caso, se establecen una serie de excepciones, recogidas en el artículo 1.401 del Código de Derecho Canónico: "Las causas que se refieren a cosas espirituales o inherentes a ellas" o "la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado".

Hasta ahora solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, junto con el Papa.

"La exigencia prioritaria es que, también con oportunos cambios normativos, del sistema procesal vigente emerja la igualdad de todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad y posición, sin privilegios que se remontan en el tiempo y que ya no son consonantes con las responsabilidades de cada uno en la aedificatio Ecclesiae (construcción de la Iglesia), defiende el Pontífice en el texto.

La imposibilidad de ser juzgados por la justicia ordinaria, ha determinado que en el pasado los cardenales no hayan sido procesados. Durante el juicio contra los directivos del hospital pediátrico Bambin Gesù, procesados por el tribunal del Vaticano por haber desviado dinero de los fondos de manera ilegal para sufragar la reforma del ático en el que vivía el ex secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. En aquel caso el purpurado acabó pagando 150.000 al hospital, pero nunca fue imputado en el caso.

Esta nueva disposición podría abrir la puerta a que el cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fuera procesado por su implicación en la compra opaca de un inmueble en Londres, que provocó un agujero millonario en las cuentas del Vaticano. Hasta ahora, por su condición de miembro del colegio cardenalicio, Becciu no podría ser investigado por la justicia ordinaria.

Tal y como explica el motu proprio, en la actualidad "se advierte la exigencia" de modificar el ordenamiento jurídico del Estado vaticano para "asegurar a todos un juicio articulado en más grados" y "en línea" con los sistemas judiciales internacionales "más avanzados".

Un total de 778.721 vacunas contra la covid-19 han sido administradas hasta el momento en Euskadi, de las cuales 216.052 corresponden a segundas dosis o dosis únicas y, por tanto, a personas que han completado la pauta de vacunación. Más del 97% de las personas de más de 90 años y el 73% de la población de 80 a 89 años ha recibido ya la segunda dosis, mientras que se ha inoculado la primera dosis al 69% de la franja de edad de 70 a 79 años y al 40% de las personas de 60 a 69 años.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este viernes, se han inoculado 534.838 dosis de Pfizer/Biontech (189.807 de ellas en segunda dosis y 726 en dosis únicas), 49.545 de Moderna (11.846 de ellas segundas dosis y 515 en dosis únicas), 183.532 de AstraZeneca (2.352 de ellas dosis únicas) y 10.806 de Janssen (dosis únicas).

De esta forma, son 216.052 los vascos inmunizados, entre los que se incluyen las 3.593 personas que han recibido una dosis única de Pfizer, Moderna o AstraZeneca al haber pasado ya la enfermedad.

El 100% de residentes y profesionales de centros sociosanitarios ha recibido ya la segunda dosis, porcentaje que es del 97,3% en el caso de los profesionales de Osakidetza y del 73,4% en el ámbito de los centros privados de salud y transporte sanitario, colectivo que ha recibido la primera dosis en un porcentaje del 91,9%.

Por su parte, el 100% de los agentes de la Ertzaintza menores de 55 años ha recibido la primera dosis de la vacuna y también el 100% de profesionales y usuarios de otros servicios sociosanitarios menores de esa edad, al igual que el 100% en el ámbito de la educación no universitaria con menos de 55 años.

TASAS DE VACUNACIÓN DE LOS MAYORES

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 100% de los mayores de 100 años y de entre 90 y 99 años, así como el 99,6% del colectivo de 80 a 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 68,9% y entre la población de 60 a 69 años es del 39,9%.

La tasa de personas que han recibido la segunda dosis alcanza ya el 98,4% entre los centenarios y el 97,3% de las personas de entre 90 y 99 años, mientras que es del 73,2% de los mayores de 80 a 89 años. El porcentaje baja al 7,4% y al 5,2% para las franjas de 70 a 79 años y de 60 a 69 años, respectivamente.

Euskadi ha recibido hasta ahora 888.530 vacunas, de las que 624.780 son de Pfizer, 81.200 de Moderna y 175.700 de AstraZeneca, además de 6.850 de Janssen. El número de antídotos reservados para la segunda dosis es de 26.400 en el caso de Pfizer y 23.720 de Moderna.

La previsión, según la planificación semanal de la vacunación entre el 28 de abril y el 4 de mayo, es inocular 90.830 vacunas de Pfizer, 12.385 de Moderna, 3.619 de AstraZeneka y 354 de Janssen, lo que hace un total de 107.188.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido este viernes que se deje trabajara a la Junta Electoral de Madrid para que esa este órgano el que decida si la denuncia del PP contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) "tiene fondo" o, por el contrario, no toma ninguna medida.

Eso sí, ha defendido que el PSOE siempre está a favor de que la Junta Electoral vele "por que las elecciones se hagan de forma limpia", y ha recordado que la que tiene ya varios expedientes abiertos por usar su cargo institucional para hacer propaganda es la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

"Me alegro de que la Junta Electoral Central haya denunciado ese uso partidista de las instituciones", ha afirmado en declaraciones ante los medios de comunicación, antes de reunirse con representantes de Netflix en España en su sede de producción y estudios en la Ciudad de la Tele deTres Cantos.

A continuación, ha asegurado que ella, como ministra, trata siempre de "separar lo que es acción de Gobierno de las elecciones". "Estamos en campaña, pero es importante diferenciar y no confundir a los madrileños, utilizando instituciones de manera partidista, como hace siempre el PP", ha denunciado.

De este modo, la que será vicepresidenta económica de Madrid si el candidato socialista, Ángel Gabilondo, logra formar gobierno, ha asegurado que hay que dejar trabajar a la Junta Electoral, pero ha denunciado que quien "siempre" usa las instituciones de forma partidista es el PP y Díaz Ayuso. "Lo hacen siempre, estamos acostumbrados", ha recalcado.

"La Junta Electoral es la que tiene que analizar esas denuncias. Quiero recordar que a la señora Ayuso la acaban de denunciar por usar su cargo de presidenta de la Comunidad para desarrollar propaganda relativa a las elecciones. Dejemos trabajar a la Junta Electoral, para eso está, para velar por que las elecciones se hagan de forma limpia, como nos gusta al PSOE", ha afirmado.

El PP reclamó este jueves a la Junta Electoral Provincial de Madrid que tome "las medidas necesarias para comprobar" que el Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando encuestas, aunque no sean "para publicar antes del 4 de mayo", y ha exigido que se le entreguen los resultados de las mismas de forma "inmediata".