El Ayuntamiento de Valencia ha dado apoyo a la reapertura de Aula Grial, un centro de interpretación del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, considerada la copa que utilizó Jesucristo para oficiar la última cena con sus apóstoles, por el año jubilar.

El Aula Grial es "un espacio cultural diseñado para acoger a los peregrinos interesados en conocer una de las reliquias más importantes de la cristiandad", según ha destacado el concejal de Turismo, Emiliano García, mediante un comunicado.

La cooperación entre el Ayuntamiento, Visit Valencia y la asociación cultural 'El Camino del Santo Grial' "ha permitido la reapertura del local ahora que se celebra el segundo año jubilar del Santo Grial", ha indicado el regidor de Turismo.

El acto inaugural del centro se ha reducido al mínimo debido a las condiciones sanitarias actuales. La directora de contenidos de Aula Grial, Alicia Palazón, ha ejercido como anfitriona y han asistido el edil Emiliano García, la presidenta de la asociación cultural El Camino del Santo Grial, Ana Mafé, y el custodio celador del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, Álvaro Almenar.

"La idea es que sea un centro de interpretación durante todo el año jubilar y que el peregrino encuentre aquí su lugar de acogida", ha destacado Emiliano García. "El Ayuntamiento apoya el centro de interpretación porque lo considera una apuesta estratégica a la hora de atraer al tipo de turista que se puede sentir interpelado por la reliquia", ha agregado.

Por su parte, Ana Mafé, autora de la primera tesis doctoral sobre el Santo Cáliz, ha documentado el periplo de la reliquia y ha trazado un camino del Santo Grial. El Aula Grial busca ofrecer a peregrinos, curiosos, visitantes y a los propios vecinos de Valencia la oportunidad de conocer la historia de esta sagrada reliquia.

Mafé ha subrayado el tipo de "turismo familiar" que atrae el Santo Cáliz, es "una opción a considerar en los difíciles tiempos de pandemia que atravesamos". La historiadora sostiene que la ruta del Santo Grial "se extiende como un proyecto de ámbito europeo que incluye albergues, señalización, actividades culturales y constituye una oportunidad para la ciudad de Valencia".

LA HISTORIA DEL CÁLIZ

La tradición sostiene que el vaso de ágata datado en el siglo I que descansa en la capilla del Santo Cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y lo conservaron los sucesivos papas hasta Sixto II cuando, por mediación de su diácono san Lorenzo, oriundo de España, fue enviado a Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución desatada por el emperador romano Valeriano.

Durante la ocupación musulmana de España permaneció oculto en la región del Pirineo y, finalmente, en el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. La reliquia fue entregada en 1399 al rey de Aragón Martín el Humano. Su sucesor, Alfonso V el Magnànim, entregó el cáliz a la Catedral de Valencia en 1437 cuando partió hacia Nápoles.

El Comité Técnico del proyecto ALERT ha mantenido este martes una sesión para analizar y trabajar el protocolo de cooperación operativa transfronteriza en emergencias, que tiene como objetivo "identificar situaciones de riesgo, reducir los tiempos de respuesta y lograr una mayor eficiencia en las intervenciones operativas que tengan lugar en la zona transfronteriza".

La sesión iba a celebrarse en la Comunidad foral, pero por la pandemia de Covid-19 se ha desarrollado por videoconferencia, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

El Gobierno de Navarra, junto con los bomberos del Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Aragón y la Diputación Foral de Guipúzcoa, forma parte de esta iniciativa transfronteriza, cuyo objetivo es "promover el intercambio de prácticas en el conjunto de los Pirineos, un territorio sujeto a riesgos tanto naturales como relacionados con la actividad humana".

El protocolo, en el que los socios del proyecto llevan trabajando desde hace meses, también tiene como objetivos priorizar el tiempo de respuesta de socorro a un incidente específico localizado en la zona transfronteriza (cualquiera que sea el territorio), definir las modalidades de comunicación y de información que permiten la transmisión de la alerta y de los datos relativos a la intervención, o facilitar el cruce por la frontera de los servicios de rescate.

En consecuencia, el plan definirá la dimensión humana y material de las respuestas aportadas, el sistema y procedimiento de alerta y de información entre países, o la organización del socorro durante la intervención. De forma previsible, la firma del protocolo tendrá lugar próximamente.

El proyecto ALERT tiene como objetivos estratégicos mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios en ambos lados de la frontera. En este sentido, a nivel operativo, los socios del proyecto apuestan por avanzar en el intercambio de información entre los centros de coordinación, y por desarrollar herramientas de intercomunicación operativa y una metodología operacional común.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha criticado este martes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deja ese cargo "en pleno incendio" de la pandemia, y ha urgido a la persona que lo sustituya al frente de dicho departamento que dote a las comunidades autónomas de "las herramientas oportunas para apagar este inmenso fuego".

Así lo ha trasladado Elías Bendodo en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, donde ha sostenido que las comunidades autónomas están "luchando contra el virus" que causa la Covid-19 "con una mano atada a la espalda" porque el Ejecutivo central "no ayuda".

En esa línea, ha aseverado que el Gobierno de España "tiene que darse cuenta de que estamos en situación de máxima gravedad" actualmente, de acuerdo al "semáforo" que planteó el propio Ejecutivo con los niveles de alerta en relación a la pandemia, que tildaba de "muy grave" la situación cuando se acumulaba una incidencia de 250 casos por 100.000 habitantes, según ha relatado.

Bendodo ha puesto de relieve que la incidencia actual de casos acumulados en España por 100.000 habitantes "multiplica por cuatro" ese nivel de los 250, por lo que "el Gobierno de España se ha saltado cuatro veces su propio semáforo en rojo del coronavirus".

ELECCIONES CATALANAS COMO "PRIORIDAD" DEL GOBIERNO

El consejero de la Presidencia ha sentenciado que "la situación sanitaria exige que el Gobierno de España deje de hacer cálculos con las elecciones catalanas", porque "no hay elecciones ni encuestas que justifiquen mirar para otro lado con la pandemia".

"La prioridad ahora del Gobierno es salvar las elecciones catalanas", al igual que "en la primera ola era salvar el 8M", según ha advertido Bendodo, que ha atribuido así al Ejecutivo de Pedro Sánchez una "actitud irresponsable", porque "la prioridad siempre tiene que ser la lucha contra el Covid y salvar vidas", y así "se lo ha dicho también la Comisión Europea, que he pedido a los países miembros que cerremos zonas con más de 500 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes", según ha remarcado.

Desde la Junta desean a Salvador Illa "lo mejor en su nuevo cometido" como candidato del PSC en las elecciones catalanas, pero subrayan que "se va" del cargo de ministro de Sanidad "en pleno incendio, sin dar explicaciones".

RECLAMACIONES AL RELEVO DE ILLA EN SANIDAD

"Se va en el peor momento, y eso no dice mucho" de Illa, que "abandona el barco en el peor momento de la tormenta", según ha subrayado Bendodo, quien ha considerado que quien lo releve "tiene que dar a las comunidades autónomas de manera inminente las herramientas oportunas para apagar este inmenso fuego".

En concreto, ha explicado que desde el Gobierno andaluz van a exigir al nuevo ministro o ministra de Sanidad "tres cosas", que es "que autorice a las comunidades autónomas adelantar el toque de queda y, puntualmente, confinamientos domiciliarios allá donde sea necesario"; que "garantice a las comunidades el suministro suficiente de vacunas para inmunizar a la población" frente al Covid, y que "establezca de manera clara un protocolo de vacunación para todo el país que no se aplique de 17 formas distintas" según las autonomías.

Bendodo ha sostenido que "si el Ministerio (de Sanidad) no cumple su obligación, estará claro que responderá a una estrategia del presidente del Gobierno, del PSOE, para tratar de alcanzar el poder en Cataluña poniendo en riesgo la salud de todos los españoles.

RESTRICCIONES Y COMITÉ DE EXPERTOS

Por otro lado, el consejero portavoz ha aclarado, a preguntas de los periodistas, que "de momento" no hay previstas nuevas reuniones del conocido como comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia después de la última en la que se acordaron las restricciones actualmente en vigor en Andalucía, y que se actualizan de forma "automática" conforme los municipios superan la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días --y entonces quedan cerrados perimetralmente-- o sobrepasan la tasa de 1.000 contagios en el mismo periodo de tiempo, lo que implica el cierre de la actividad económica no esencial.

Bendodo, en todo caso, ha explicado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, preside casi diariamente "reuniones con los expertos sanitarios para valorar la evolución de la pandemia e ir tomando decisiones".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el jefe del Ejecutivo mantiene un contacto habitual con los líderes autonómicos, aunque no haya vuelto a convocar desde el 26 de octubre la Conferencia de Presidentes; un órgano que durante la primera ola de la pandemia del coronavirus se reunía cada domingo y que tras la desescalada en verano se comprometió a celebrar una vez al mes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre cuándo tiene previsto Sánchez volver a convocarla, Montero ha afirmado que "seguro que en breve", aunque ha defendido que mientras tanto sigue en contacto con los presidentes de las comunidades.

Prueba de ello es, a su juicio, la reunión que mantuvo este lunes en Moncloa con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la que va a tener con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el viernes; dos encuentros que estaban pendientes de celebrarse desde que los dos mandatarios volvieron a formar gobierno en verano tras ganar las respectivas elecciones autonómicas en julio.

"COMPROMISO" DE TODO EL GOBIERNO DE DIÁLOGO "CONTINUO"

Asimismo, ha explicado que la Conferencia de Presidentes se convocará "en los términos y en el momento en los que los temas a abordar sean temas de mutuo interés", y ha recalcado que el "compromiso" es que el diálogo entre el Gobierno y las comunidades "sea continuo".

En este sentido, ha apostillado que ese compromiso "no solo se deposita en la iniciativa del Presidencia del Gobierno", sino que "el conjunto de departamentos y Ministerios" también están teniendo en estos primeros días de enero reuniones de conferencias sectoriales "donde se están materializando cuestiones tan importantes como el mecanismo de recuperación y resiliencia".

"Seguro que en breve se convocará, cuando esa relación de temas adquiera cuerpo suficiente, a la Conferencia de Presidentes para debatir, trasladar o comentar cualquier cuestión que pueda resultar de interés, de la misma manera que se ha venido haciendo en el periodo previo", ha enfatizado.

Montero ha aprovechado en este punto para reivindicar que ese periodo "ha sido el más intenso de reuniones de las Conferencias de Presientes que ha habido a lo largo de toda la democracia".

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el hasta ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa, por no actuar ante la "insoportable" situación del Covid-19 en España para "no perjudicar" al PSC en la campaña catalana. Tras recalcar que España atraviesa "el peor momento de toda la pandemia", ha pedido medidas "rápidas y eficaces" y no estar "ocupándose" de los votos ante los comicios del 14 de febrero.

"Pido responsabilidad. Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables y pedimos que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable", ha declarado Casado desde Mataró (Cataluña) tras visitar la Nau Gaudí de Mataró, primera obra construida por el arquitecto.

A tres días de que arranque oficialmente la campaña catalana, Casado continúa así con su intensa presencia en Cataluña, comunidad que ha visitado ya 14 veces desde primeros de noviembre. A partir del jueves viajará otras siete veces antes de los comicios del 14 de febrero, según han confirmado fuentes del partido.

DICE QUE NO SE ACTÚA PARA "NO PERJUDICAR" AL PSC

El presidente del PP ha solicitado al Gobierno que tome medidas "de inmediato" ante los datos de Covid y ha afirmado que Sánchez "no puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas". A su entender, hay que tomar "medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de los españoles.

Casado ha dicho que el PP "no entiende" las decisión de Pedro Sánchez de proponer como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat al "peor ministro de Sanidad de Europa". "Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas", ha enfatizado.

Tras asegurar que el Gobierno no actúe para "no perjudicar electoralmente" la campaña del PSC, ha recordado que a finales de diciembre, cuando Illa fue designado candidato la incidencia de contagios era de 260 casos por 100.000 habitantes y ahora está alrededor de "900 casos por 100.000 habitantes, tres veces más".

"Y Europa está diciendo que hay que cerrar las localidades que tengan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, la mitad de lo que tenemos", ha subrayado, para pedir "responsabilidad" al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"LA SITUACIÓN SE LES HA IDO DE LAS MANOS"

Por todo ello, el líder del PP ha insistido en que el presidente del Gobierno no puede permanecer sin adoptar medidas para "no perjudicar electoralmente una campaña, que debería ser lo de menos", ya que, según ha destacado, los hospitales están "colapsados", el "virus desbocado" y el paro ya es "demasiado elevado".

"Hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus de una vez", ha manifestado Casado, que ha criticado al Gobierno por decir que el virus estaba bajo control "cuando lo que querían controlar eran unas elecciones".

A su juicio, la situación "se les ha ido de las manos" y los catalanes "no quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista". En este punto, ha dicho que "espera que vuelva la cordura" a Ministerio de Sanidad sea la persona que sustituya a Illa y que, según ha dicho, "a poco lo hará mejor de quien deja su puesto con dos millones de contagiados y casi 90.000 fallecidos en esta pandemia".

UN FONDO DE 50.000 MILLONES PARA LAS EMPRESAS

En clave económica, Casado ha defendido su plan de choque económico y ha señalado que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso para inyectar directamente a las empresas en dificultades 50.000 millones de euros, en lugar de créditos y avales.

Finalmente, el presidente del PP ha elogiado la labor de la Fundación Carmen y Luis Bassat en la ciudad de Mataró, con el legado de Gaudí y el arte contemporáneo de una Cataluña "cosmopolita, abierta y mediterránea". "Es muy de agradecer ese legado y este impulso a los nuevos talentos", ha concluido.

El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes por unanimidad el decreto ley del Gobierno de Canarias que modifica la normativa de atención a la infancia para que los menores migrantes --más de 2.600 bajo tutela de la comunidad autónoma-- puedan ser atendidos en albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar, y además sin limitación de número --estaba fijado en 20-- salvo que se superen las condiciones de aforo.

La portavoz del Grupo Mixto (Cs), Vidina Espino, ha apuntado que Pedro Sánchez quiere convertir a Canarias en "una cárcel" de Europa a semejanza de lo que ocurre en Lesbos (Grecia) por lo que ha pedido al Gobierno regional que "se plante ante sus jefes y diga así no".

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que hay un "incremento constante" en la llegada de menores migrantes a las islas --más de 2.000 en el último año--, lo que ha generado una "sobrecarga" en la red de atención, por encima incluso de la 'crisis los cayucos' de 2006.

Ha comentado que la modificación legal permite incluir nuevos espacios de atención, como albergues, residencias juveniles o establecimientos turísticos, algo necesario para mejorar las condiciones de acogida.

María del Río, de Sí Podemos, ha reconocido que la "alta incidencia" en la llegada de menores migrantes ha "mermado" la capacidad de acogida de las islas, y cree que esta modificación atiende a la defensa de sus intereses y derechos.

Ha solicitado una "distribución solidaria" de migrantes por toda España, especialmente con los menores, subrayando que Canarias solo tiene una "capacidad óptima" de acogida de unos 400 cuando tiene actualmente más de 2.600, por lo que es "urgente" que se acometan derivaciones. Necesitamos más recursos y que sean trasladados a la Península y Europa", ha indicado.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha indicado que este decreto trata de dar una "respuesta adecuada" a la acogida de los menores migrantes porque "no se va a dejar a nadie abandonado", si bien ha reconocido que el archipiélago está "desbordado".

Ha señalado que el Gobierno de Canarias ha respondido a esta crisis migratoria de forma "diligente" pero "no es suficiente", subrayando también que no se trata de dar "solo un techo" sino ofrecer una estrategia de integración en la sociedad isleña.

Campos ha pedido más solidaridad a otros territorios pues es "injusto" que la carga recaiga exclusivamente en zonas fronterizas.

Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha comentado que hay un "verdadero caos" en la gestión de los menores no acompañados debido a la alta afluencia en la llegada y la pandemia, reconociendo que no hay tiempo para organizar una estructura fija y estable.

No obstante, y aunque ha ofrecido el apoyo de su grupo, ha señalado que alojarlos en los hoteles "no es lo más adecuado", lo mismo que en residencias de estudiantes, ya que cuando se logre recuperar la normalidad seguirá la "avalancha" en la llegada de cayucos y pateras.

"Este decreto es un parche", ha indicado, por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que planifique un plan de protección a medio plazo.

Por el Grupo Nacionalista, Cristina Valido, ha comentado que hay una "emergencia evidente" con más de 2.600 menores bajo la tutela de la comunidad autónoma "y cada día llegan más", con centros de menores desbordados "y la única salida" es un decreto para modificar la norma.

CC-PNC CRITICA LOS MACROCENTROS

Aún así, ha apuntado que no convalida el decreto "con gusto" porque prefieren centros más pequeños, que son más eficientes para dar un trato y una educación digna, de ahí que inste al Estado y la UE que busquen soluciones. "La solidaridad no es para nosotros, es para los niños y los adolescentes", ha destacado.

Además, ha pedido al Ejecutivo que fije un plazo temporal porque es una situación "coyuntural" y no se deben "normalizar" los grandes centros que tienden a la masificación.

Teresa Cruz, del Grupo Socialista, ha valorado que el Gobierno quiera "respetar la ley" y no vulnerar los derechos de los menores, por lo que el decreto ley permite habilitar espacios con carácter excepcional ante la "sobreocupación" de la red.

Al igual que CC-PNC, ha mostrado su deseo de que la nueva ley del menor de Canarias regule la atención a los menores no acompañados

La Comisión Europea ha respondido este martes a Ciudadanos que el Gobierno de coalición debe evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea "vulnerable a la politización", en relación a la intención del Ejecutivo de reformar el órgano de gobierno de los jueces. Además apunta la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.

En respuesta a una carta de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua en la que denunció en octubre el riesgo para el Estado de Derecho que suponía la reforma del CGPJ que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta de Valores de la Comisión, Vera Jourova, ha reiterado que Bruselas ha pedido a las autoridades españolas que garanticen que el CGPJ no es percibido como "vulnerable a la politización".

En la misiva, Jourova recuerda que cualquier futura reforma debe tener en cuenta los estándares europeos en aras de la independencia judicial. Y reitera que cualquier reforma se haga contando con la oposición y actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Además desliza la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.

La Comisión Europea señala que está al tanto de los últimos acontecimientos en España e indica que está siguiendo el caso, después de que el Gobierno descartara la propuesta inicial y haya optado por limitar la reforma a reducir las competencias del CGPJ cuando se encuentre en funciones.

En este sentido, Bruselas recalca que, en términos generales, estará en contacto con las autoridades españolas para hacer seguimiento de las conclusiones sobre Estado de Derecho indicadas en el informe comunitario del pasado otoño, que apremiaba a renovar el CGPJ y pedía que, en todo caso, no se viera como vulnerable a la politización.

"Puede estar segura de que la Comisión continúa comprometida con la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los estados miembros y continuará la situación de cerca", concluye la carta de la comisaria checa.

La respuesta por escrito de Jourova coincide con la videoconferencia que mantuvo con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre este mismo tema este lunes. Fuentes comunitarias aseguran que la vicepresidenta escuchó atentamente las peticiones de Ciudadanos y subrayó que la Comisión sigue de cerca la nominación de los miembros del CGPJ, algo que ya mencionó el informe comunitario sobre Estado de Derecho, en su capítulo sobre España.

AVISOS DE BRUSELAS

Desde que Sánchez anunció hace meses su intención de reformar el CGPJ para designar a sus miembros sin contar con el PP, el Ejecutivo europeo ha seguido de cerca el tema y ha lanzado varios avisos, apuntando a que cualquier reforma judicial debe pactarse con los actores políticos relevantes y la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales.

Más recientemente, la última iniciativa para limitar los cambios a las competencias en funciones del CGPJ ha sido igualmente respondida por el Gobierno europeo, quien ha insistido a España que cualquier nueva reforma debe consultarse con la oposición.

A raíz de la primera propuesta presentada por el PSOE y Podemos el pasado octubre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, habló primero con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y, ya en noviembre, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para pedir información detallada sobre la situación.

El sector de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT CLM ha denunciado que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha "no está respetando la formas y los procedimientos establecidos para modificar el calendario escolar".

En este sentido, critica que la Junta de Comunidades ya haya dado "por buena" en los medios de comunicación la propuesta de las asociaciones de padres y madres de los alumnos de establecer como lectivos el 15 y 16 de febrero --marcados en el calendario como festivos debido a la Semana Blanca-- sin haber consultado con los representantes de los docentes ni con las organizaciones sindicales.

El temporal de frío y nieve de principios del mes de enero obligó a cerrar los centros educativos durante más de una semana, sin que estos tuviesen actividad lectiva los días 8, 11 y 12 de enero, una actividad lectiva que se retomó de manera online a partir del 13 de enero, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Para UGT CLM "el primer error" se cometió en el diseño del calendario escolar ya que en su momento consideraron inadecuado plantear para un viernes (8 de enero) la vuelta a las clases después de las vacaciones de Navidad. También considera "un error" que desde el principio, desde ese mismo viernes, no se activara el protocolo de enseñanza a distancia para no perder tres días.

En opinión de la FeSP UGT CLM la Consejería de Educación "no está utilizando correctamente esta herramienta que ella misma diseñó a raíz de la pandemia del coronavirus y que podría haber sido empleada para hacer frente al temporal de nieve".

Manuel Amigo, responsable de Enseñanza de FeSP UGT CLM, afirma que la Consejería de Educación, más preocupada que otra cosa por escenificar que es prioritario recuperar estos tres días, "está sobreactuando". Le insta a que tenga en cuenta otros aspectos que también son muy relevantes en el plano educativo, como son la activación de la enseñanza a distancia cuando la extensión de la pandemia lo requiera; medidores de CO2 en las aulas para garantizar la correcta ventilación/climatización; la contratación de profesorado para erradicar el modelo semipresencial impuesto para muchos alumnos durante todo el curso; la realización de tests de antígenos en los centros de localidades con una alta incidencia acumulada; y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para cuidar a menores en cuarentena.

Alertan de que la situación de la pandemia en Castilla-La Mancha es "de extrema gravedad", ya que es de las comunidades autónomas donde la incidencia acumulada es mayor y, sin embargo, en el ámbito educativo "no se están tomando las medidas necesarias para proteger la salud de alumnado y profesorado".

La Generalitat Valenciana y las universidades han acordado que durante el próximo mes de febrero haya la "mínima presencialidad" posible, una situación que se irá revisando en función de la evolución de la pandemia de Covid.

Así lo ha anunciado la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, tras mantener este martes una nueva reunión de coordinación por videoconferencia con las rectoras y los rectores de las universidades públicas valencianas.

Pascual ha manifestado que "la Conselleria y las universidades han acordado la mínima presencialidad en las aulas durante febrero, situación que se irá evaluando en función de la evolución de la pandemia".

"Esto quiere decir --ha precisado-- que serán en formato online los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas".

MEDIDA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA

La titular de Universidad ha recordado que esta medida "estaba así contemplada en los planes de contingencia que cada una de las universidades está implementando".

Asimismo, ha apuntado que, en el plazo dado, ambas partes continuarán coordinándose y evaluando los posibles escenarios a los que se irán enfrentando de acuerdo a los datos que ofrezca la pandemia de coronavirus.

El objetivo, ha remarcado Carolina Pascual, es "tomar las decisiones adecuadas" para poder ofrecer "una docencia de calidad y la seguridad y la salud de toda la comunidad universitaria.

Finalmente, Carolina Pascual ha destacado que los exámenes que se están realizando de forma presencial se están desarrollando "sin incidencias" y ha animado a las universidades a que "se hagan online aquellas pruebas que se puedan adaptar a este formato".

"DISMINUIR LA MOVILIDAD EN LOS CAMPUS"

Desde las cinco universidades públicas de la Comunitat recalcan que, aunque "continúan evidenciándose como espacios seguros", la medida acordada tiene por objetivo "disminuir la movilidad de la población estudiantil en los campus contribuyendo así al cumplimiento" de las restricciones adoptadas recientemente por la Generalitat para combatir la expansión de la Covid-19.

En este contexto, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana (CRUPV) ha alcanzado un acuerdo con la Generalitat para reducir la presencialidad al mínimo durante el mes de febrero, cuando se producirá el inicio del segundo semestre de este curso.

"A diferencia de los exámenes, en los que la concentración de personas está acotada en el tiempo y en el volumen de personas presentes en los campus universitarios, la docencia implica un mayor volumen de desplazamientos", argumentan.

En ese sentido, reiteran que el acuerdo alcanzado "permitirá reducir los desplazamientos y la presencia de estudiantes en los campus universitarios·.

Y agregan: "El Sistema Universitario Público Valenciano contribuye, así, al cumplimiento de las medidas de reducción de movilidad adoptadas recientemente por la Generalitat Valenciana para la contención de la propagación de la pandemia".

La Junta de Andalucía prevé que "antes del fin de semana" se supere el umbral de los 4.500 hospitalizados en la comunidad por Covid-19 --ya hay 4.119, de ellos 570 en UCI-- y, por tanto, se active automáticamente el Plan 7.500 para hacer frente a la tercera ola "explosiva" del coronavirus en la comunidad.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Con este plan se aumentan las camas hospitalarias desde las 13.532 hasta las 15.384 y de 1.462 a las 2.622 en las unidades de cuidados intensivos (incluyendo 534 quirófanos sin actividad quirúrgica), además de preveer la necesidad de recursos adicionales en las provincias de Cádiz y Málaga, desde donde se podrían incluso trasladar pacientes a las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada.

Este plan también conlleva la activación de todos los planes de contingencia hospitalarios, así como un cese de la actividad asistencial normal en función de las instrucciones recogidas en los planes de contingencia de cada hospital.

Además, la Consejería de Salud asume que entre el 10 y el 15 por ciento de las hospitalizaciones se ubicarán en centros privados. Este plan también potencia la hospitalización domiciliaria para aquellos pacientes, sobre todo pluripatológicos, crónicos o con alguna insuficiencia, que "no se benefician de su estancia en el hospital", de ahí que se le realice el seguimiento en su domicilio ya sea desde Atención Primaria o personal hospitalario que se desplaza.

PREVISIÓN POR PROVINCIAS

Respecto a la previsión por provincias en un escenario de 7.500 hospitalizaciones en la comunidad, en Almería, se pasaría de 1.179 camas convencionales y 158 de UCI disponibles en la actualidad a un total de 1.417 camas convencionales y 168 de UCI. Por otro lado, con el 8,91% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Almería a día de hoy, en un escenario de 7.500, se contabilizarían 668 hospitalizaciones, de los que 100 pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales.

En Cádiz, se pasaría de 1.800 camas convencionales y 153 de UCI disponibles en la actualidad a un total de 1.857 camas convencionales y 224 de UCI. Por otro lado, con el 19,17% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Cádiz a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 1.438 hospitalizaciones, de los que 216 pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario y teniendo en cuenta la variabilidad de la ocupación no Covid, es necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales, habilitándose las camas de hospitalización del Hospital San Carlos como centro de referencia para evacuación y complementadas con los recursos de hospitalización privada.

En Córdoba, se pasaría de 1.315 camas convencionales y 136 de UCI disponibles hoy a un total de 1.554 camas convencionales y 164 de UCI. Por otro lado, con el 8,41% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Córdoba actualmente, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 631 hospitalizaciones de los que 95 pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado a dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales externos; además, la provincia tendría capacidad para recibir a pacientes de otras provincias.

En Granada, se pasaría de 1.877 camas convencionales y 224 de UCI disponibles en la actualidad a un total de 1.977 camas convencionales y 259 de UCI. Por otro lado, con el 12,52% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Granada a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 939 hospitalizaciones, de los que 141pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado a dicho escenario no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales, pudiendo recibir pacientes de otras provincias.

En Huelva, se pasaría de 955 camas convencionales y 68 de UCI disponibles en la actualidad a un total de 1.013 camas convencionales y 107 de UCI. Por otro lado, con el 5,84% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Huelva a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 438 hospitalizaciones, de los que 66 pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales.

En Jaén, se pasaría de 1.241 camas convencionales y 144 de UCI disponibles hoy a un total de 1.442 camas convencionales y 159 de UCI. Por otro lado, con el 7,38% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Jaén a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 554 hospitalizaciones, de los que 83 pacientes estarían en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales alternativos, pero no tendría capacidad para recibir posibles pacientes de otras provincias.

En Málaga, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de 2.243 camas convencionales y 281 de UCI disponibles hoy a un total de 2.506 camas convencionales y 441 de UCI. Por otro lado, con el 21,49% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Málaga a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 1.612 hospitalizaciones con 242 pacientes en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales.

Por último, en Sevilla, se pasaría de 2.922 camas convencionales y 298 de UCI disponibles a día de hoy a un total de 3.618 camas convencionales y 566 de UCI. Por otro lado, con el 16,28% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Sevilla actualmente, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 1.220 hospitalizaciones, con 183 pacientes en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales y, además, la provincia tendría capacidad para acoger pacientes de otras provincias.

RECURSOS ASISTENCIALES ALTERNATIVOS

El Plan contempla la habilitación de otros recursos asistenciales si es necesario. Estos cuentan con características clínicas aprobadas por distintos comités provinciales de evaluación y suponen un total de 5.421 camas adicionales para toda Andalucía.

Almería dispondría de 739 camas adicionales ubicadas en el Hotel AR Almerimar (El Eijido) y la Residencia de Tiempo Libre Aguadulce; mientras que en Cádiz dispondría de 847 camas adicionales ubicadas en los albergues Inturjoven de Chipiona y El Bosque, y en la Residencia de Tiempo Libre de la Línea de la Concepción.

La provincia de Córdoba dispondría de 400 camas adicionales ubicadas en Centro de Andalucía (Lucena) y la de Granada dispondría de 500 camas adicionales ubicadas en el Antiguo Hospital San Cecilio.Huelva dispondría de 763 camas adicionales ubicadas en el Albergue Inturjoven Punta Umbría y en el Apartahotel Leo Punta Umbría.

Por su parte, Jaén dispondría de 354 camas adicionales ubicadas en el Edificio Puerta de Andalucía, el Hospital Doctor Sagaz, en la Residencia de Andújar y en la Residencia de Tiempo Libre de Siles. En el caso de Málaga, esta provincia dispondría de 1.146 camas adicionales ubicadas en el Hospital de Campaña Ciudad Polideportiva de Carranque, donde hay 165 camas más 10 de UCI con capacidad de ampliar hasta 400 camas, y en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella.

Por último, en Sevilla se dispondría de 672 camas adicionales ubicadas en el hotel Exe Macarena, en el Albergue Inturjoven Constantina y en el Hotel Ciudad del Sol Pirula (Écija).

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha rechazado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y la Generalitat Valenciana y ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el expresidente Francisco Camps y otros cargos --entre ellos el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero-- por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

Así consta en un auto, en el que la instructora desestima ambos recursos y confirma íntegramente el auto que dictó el pasado 10 de diciembre en el que sobreseía provisionamente la causa, en la que también figuraban como investigados cargos de la Fundación; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí y Enrique Pérez Boada, comisionado de la visita de Benedicto XVI. Contra este auto cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia, que ya avanzó con carácter subsidiario el ministerio fiscal y al que da trámite.

La magistrada sostiene que, del examen de los argumentos contenidos en el recurso del fiscal, "no ofrece datos o alegaciones que desmonten o desvirtúen el contenido de la resolución impugnada". El ministerio público había alegado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva aunque, de acuerdo con la jueza, no se entiende este argumento ya que se ha admitió tanto la denuncia inicial como las posteriores ampliaciones presentadas y además se han practicado "todas cuantas diligencias de investigación ha solicitado".

En este sentido, añade que "nada consta que no hubiera sido ya alegado con anterioridad y que no se hubiera tenido en cuenta a la hora de resolver sobre las razones por las que entiende que la FVEMF era una fundación pública a la hora de realizar los once contratos investigados, hecho este esencial para incardinar las conductas denunciadas en el tipo penal de la prevaricación".

Por otra parte, y en relación con el recurso de la Generalitat, sostiene que el hecho de que en la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de noviembre del pasado año --que condenó a la trama Gürtel y a directivos de la entonces RTVV por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita de Benedicto XVI-- se haga alusión a la naturaleza pública de la fundación, "no puede afectar al presente procedimiento, ni constituir cosa juzgada", según alegaba la administración.

INTERPRETACIÓN DIFERENTE

Así, señala que si bien en esa sentencia, que recalca que no es firme, se tuvo en cuenta la legislación aplicable a la Fundación en el momento de su constitución y de llevar a cabo las contrataciones de los años 2005 y 2006, como se hizo en el auto recurrido, la interpretación realizada de esas normas es "diferente" y, pese a lo manifestado, "en ningún caso puede vincular aquella interpretación para la resolución de este procedimiento".

Para la magistrada instrutora, "nada consta sobre en qué pudiera afectar a la resolución de aquella causa la naturaleza que pudiera tener la fundación, ni consta que fueran las mismas las partes allíacusadas, ni tampoco los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento, pues, de haber sido, así la conexidad habría determinado que se vieran ambas causas en un solo procedimiento para evitar resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos".

El juzgado investigaba desde 2016 si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en los contratos suscritos entre diversas mercantiles y la FVEMF para la visita del pontífice a la capital del Turia en 2006.

Concluida la instrucción, las defensas de los investigados solicitaron el archivo de la causa, mientras que la Generalitat Valenciana pidió la incoación de procedimiento abreviado. El Fiscal demandó seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos y Enrique Pérez Boada, de un lado, y monseñor Escudero, Antonio Corbí Copoví y Francisco Javier Jiménez, de otro, y abogó por el sobreseimiento provisional para Henar Molinero.

La jueza, que analizó los contratos de la FVEMF con once empresas, la aportación de dos millones de euros por parte de la Generalitat en 2010 en concepto de dotación fundacional y la asunción de deudas en el año 2014 por importe de 1.306.897 euros, decidió archivar al entender que la FVEMF "no tenía naturaleza pública por cuanto que no estaba adscrita a ninguna administración pública, hecho que no se produce hasta el año 2010".

Tampoco vio, en esa resolución que ahora confirma, "indicio alguno" de concertación en los investigados "para constituir una Fundación con el fin de delinquir", de "eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer así a las mismas, favorecimiento del que no existe el mas mínimo rastro durante la instrucción".

El alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll, ha asegurado este martes que, "de momento, no dimitirá" como primer edil de la localidad después de que él, y la primera edil de Els Poblets, Carolina Vives --ambos del PSPV y matrimonio-- se vacunaran contra la Covid-19 sin pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios.

Coll ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras la celebración de un pleno extraordinario en el consistorio solicitado por la oposición --PP y Compromís-- en el que los grupos han pedido su dimisión como único punto en el orden del día.

"No tengo nada más que decir, ya he pedido disculpas por si alguien no había entendido o no se le había explicado que las dosis no eran para nadie más que para los sanitarios y los motivos por lo que se nos llamó para vacunarnos, así que de momento no voy a dimitir", ha explicado Coll.

Sobre la posibilidad de que no reciba la segunda dosis, tal y como ha expresado públicamente el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde ha afirmado que no sabe "nada": "No sé lo que va a pasar, no puedo decir mucho más".

Igualmente, durante el pleno, Coll ha recordado que tanto él como su mujer recibieron una llamada del centro de salud "porque sobraban dosis", que actuó con "buena fe" y que "no se ha cometido ninguna irregularidad desde el punto de vista político, ético y moral.

Además, ha acusado a la oposición de tener sus "cinco minutos de gloria" y de "querer asaltar la alcaldía con una cuestión menor". "Reitero que no tuve ningún trato de favor y que he actuado siguiendo el protocolo, porque la coordinación de los centros de salud piden que no se desperdicien las dosis sobrantes puesto que tienen una vida útil muy corta", ha explicado.

Por su parte, tanto Compromís como Partido Popular han instado al primer edil a que "asuma responsabilidades" y han pedido que dimita de su cargo, a lo que Coll ha respondido: "No voy a dimitir". Por ello, ambas formaciones han confirmado que no descartan presentar una moción de censura si el regidor no renuncia.

"HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO"

Al término de la sesión, el portavoz de Compromís en El Verger, Basilio Salort, ha declarado que,, "por responsabilidad el alcalde debería dimitir" y ha acusado al PSPV de "falta de valentía" al "perder una oportunidad" de decirle a Coll "hasta aquí hemos llegado".

"El alcalde ha dicho que si el expediente de su partido resuelve que debe dimitir, lo hará, así que ahora queda todo a la espera, si no lo hace, no descartamos presentar una moción de censura, aunque vamos a darle una oportunidad al PSPV para que haga cambios porque son la fuerza mayoritaria", ha indicado.

Asimismo, el edil de la coalición ha lamentado que la "figura" del alcalde haya "quedado dañada" después de lo ocurrido. "La persona es la que da prestigio al cargo y no el cargo a la persona", ha afirmado Salort, quien ha reclamado "respeto" a lo que supone asumir el "cargo".

Por su parte, la concejala 'popular', Adela María Moncho, ha indicado que la conclusión era "traer la voz del pueblo al pleno" para que Coll "diera un paso al lado". "Ahora se abre otro momento, el de buscar otras vías, para ver qué ocurre con la Alcaldía del pueblo".

"Yo esperaba que sí iba a dimitir, pero finalmente la responsabilidad no ha imperado este día y vemos que no ha sido posible", ha añadido la edil.

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha pedido este martes "refundar y relanzar" la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para conseguir un servicio público audiovisual sostenible, viable, de calidad y que continúe siendo referencia para la ciudadanía.

Lo ha dicho al participar en la conferencia del manager de Media Intelligence Service de la European Broadcasting Union (EBU), David Fernández Quijano, dentro del 42 Forum de la Comunicació del CAC, informa el CAC en un comunicado.

Fernández Quijano ha dicho que la manera de hacerlo se explicó en el 'Llibre blanc de l'audiovisual' del CAC y consiste en asegurar una financiación adecuada a los medios públicos, así como destinar nuevos recursos a producir una oferta de contenidos competitiva dirigida a públicos estratégicos como los jóvenes: "Contenidos dirigidos a atraer grandes audiencias".

Loppacher ha dicho que debe ir acompañada de una "necesaria y urgente" modificación de la normativa audiovisual para adaptarla a la nueva Directiva europea y al nuevo parorama audiovisual, y ha urgido a un nuevo marco normativo para promover la oferta y producción audiovisual en catalán, al tiempo que se regulen los servicios audiovisuales a demanda y las plataformas de intercambio de vídeos.

El presidente del CAC ha destacado que los medios públicos son garantía de calidad democrática, de pluralismo político y social, y de cohesión social, pero que también lo son de "rigor informativo y de pluralidad de voces en el ámbito digital ante la amenaza de informaciones falsas".

Ha dicho que en momentos como el actual disponer de información "rigurosa, experta y contrastada" es vital para hacer frente a la pandemia, y ha dicho que la mayoría de medios, y especiamente los públicos, están cumpliendo una función indispensable de servicio público.

NO EVALUAR POR SU AUDIENCIA

Fernández Quijano ha afirmado que es necesario evaluar a los medios públicos europeos por la difusión de valores útiles para la ciudadanía y no por la audiencia, y ha reclamado una mejor financiación para el sector público audiovisual, que le permita una planificación a medio y largo plazo.

El jefe de la unidad de investigación de mercados de la EBU ha señalado que el mercado audiovisual está sumido en una transformación sin precedentes por la digitalización: "Estamos en un momento en que el aumento de la competencia ha sido brutal", ha recalcado, por lo que es normal que hayan bajado las audiencias.

"El problema que nos encontramos a la hora de legitimar el gasto en el sector público es que se da demasiado importancia a la cuota de pantalla que obtienen", ha dicho, y para él lo importante es saber si el sector público tiene un rol y un impacto en la vida de las personas.

Fernández Quijano ha señalado que países como Italia, Alemania y Suiza preguntan a la ciudadanía si los servicios públicos cumplen o no con los objetivos, y que esta evaluación es relativamente sencilla porque se basa en encuestas.

"PERDIENDO LA CARRERA"

Ha explicado que el servicio público no debe entender a los prestadores nacionales privados como el enemigo a batir, sino que el verdadero competidor son las grandes empresas de contenidos de alcance mundial: "Creo que Europa está perdiendo esta carrera".

Fernández Quijano ha reclamado un cambio en el marco financiero del sector público, que debe ser estable y no de dependa de los presupuestos, para poder hacer una planificación a medio y largo plazo y garantizar la independencia de poderes económicos y políticos.

Preguntado por la opción de colaboración entre servicios públicos europeos para hacer frente a las plataformas estadounidenses, ha dicho que "históricamente las coproducciones europeas no han funcionado demasiado bien" y que se sigue con productos locales, mientras que Estados Unidos tienen un mercado mundial.

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este martes que no se arrepiente de haber esperado hasta ahora, en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, para dejar su cargo en el Ministerio, en vez de haber dimitido antes.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho, dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento", ha declarado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras participar por última vez en el Consejo de Ministros.

Illa ha indicado que a partir de ahora se volcará "al 101%" en su candidatura para las elecciones autonómicas catalanas igual que hasta este momento estaba concentrado "al 101%" en sus funciones como ministro de Sanidad.

Además, ha señalado que en el Ministerio de Sanidad, así como en los distintos gobiernos autonómicos, se realiza un trabajo "colectivo" en la lucha contra el Covid-19, y se ha mostrado convencido que, tras su dimisión, los profesionales que trabajan en este departamento "van a seguir haciendo un trabajo magnífico". "La tercera ola va a ser derrotada igual que derrotamos la primera y la segunda porque tenemos los instrumentos para ello", ha asegurado.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán pondrá "todas las herramientas necesarias" para que sea seguro votar en las elecciones del 14 de febrero pese a la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, ha insistido en que el Govern está trabajando para incorporar las "medidas adicionales" a los protocolos ya aprobados para celebrar los comicios, como que se hagan PCR o un test de antígenos rápido a los miembros de las mesas electorales, y que lleven equipos de protección individual (EPIs) en la franja horaria destinada al voto de las personas confinadas.

Budó ha expresado su preocupación por que la participación electoral pueda bajar por miedo a la pandemia y ha exigido "máxima celeridad" al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para resolver de forma definitiva sobre los recursos contra el aplazamiento de las elecciones.

La consellera de Presidencia ha recalcado que el Govern decidió posponer las elecciones al 30 de mayo con un acuerdo mayoritario de los partidos catalanes y ha explicado la Generalitat defenderá ante el TSJC sus argumentos para aplazar los comicios.

Sin embargo, a la espera de que el TSJC resuelva de forma definitiva, ha afirmado que el Govern está trabajando para garantizar que las elecciones se celebren con "total seguridad".

"De aquí al 14 de febrero el Govern no parará para velar por la seguridad en estas elecciones", y ha dicho que el Ejecutivo no dudará en aplicar las medidas adicionales si lo ve necesario, aunque no ha concretado cuáles podrían ser.

La portavoz del Ejecutivo catalán ha apuntado que todavía se está estudiando qué tipo de test hacer a los miembros de las mesas electorales y ha llamado a la "responsabilidad" de la población ante la posibilidad de que algunas personas escogidas no acudan al colegio electoral y esto pueda provocar problemas para constituir las mesas electorales.

Ha afirmado que formar parte de las mesas electorales es un "deber" y ha explicado que todas las personas vulnerables pueden alegar y recurrir su elección como miembros de estas mesas, pero ve importante que la ciudadanía actúe con la máxima responsabilidad para que las elecciones se puedan celebrar con normalidad.

RESTRICCIONES

Preguntada por si el Govern se plantea aumentar las restricciones ante la pandemia, lo que podría dar más argumentos a la Generalitat ante el TSJC para aplazar las elecciones, Budó ha explicado que las medidas vigentes terminan el 7 de febrero, por lo que la próxima semana el Procicat decidirá si ya son suficientes o hace falta modificarlas.

Pese a que considera que la situación sanitaria es complicada y está aumentando la ocupación de las UCIs por casos de coronavirus, ha destacado que las medidas "están funcionando" porque han conseguido que no crezca más la curva y ahora está por ver si se puede doblar.

CONTRACTOS PARA EL 14F

Budó ha anunciado que el Govern ha contratado el alquiler del Pavellón 1 de Fira de Barcelona, que acogerá el centro de recogida de datos y el escrutinio para las elecciones del 14 de febrero, y también ha tramitado el contrato de suministro de impresos electorales con un presupuesto de 65.450 euros, que ha adjudicado a la empresa Pharma Prospect SL.

Ha recordado que el presupuesto para estos comicios es de 37,4 millones de euros: 6,2 millones para contrataciones de obras, servicios y suministros imprescindibles para la celebración electoral; 5,2 para el 'mailing' único de sobres y papeletas; 4,1 en anticipos a los ayuntamientos: 1,75 en dietas para el personal involucrado en las elecciones, y 11,6 en subvenciones para los partidos, y en estos comicios se prevé un incremento de 8 millones por las medidas ante el coronavirus.

'Patria', la producción de HBO basada en el libro homónimo de Fernando Aramburu, lidera las nominaciones a la VIII Edición de los Premios MiM Series, correspondiente a la temporada 2019-2020.

Así lo ha dado a conocer la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores audiovisuales, DAMA, que impulsa estos galardones para reconocer la creación televisiva española.

La ficción creada por Aitor Gabilondo, con cinco nominaciones, parte como gran favorita, seguida de 'Hache' (Netflix), 'La Unidad' y 'Vida perfecta', ambas de Movistar+, con cuatro candidaturas cada una.

Al Premio MiM a Mejor Guión optan Verónica Fernández, Antonio Mercero, Carlos López y Almudena Ocaña por 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Julián de Tavira, María Jaén, Amaya Muruzabal, Curro Royo por 'Hernán' (Dopamine, Onza Entertainment) - Amazon Prime Video; Michel Gaztambide y Alejandro Hernández con la colaboración de Mariano Barroso, inspirada en una idea original de Abel García Roure por 'La línea invisible' (Movistar+, Sentido Films, Corte y Confección de Películas) - Movistar+.

A este mismo galardón aspiran Aitor Gabilondo por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; y Leticia Dolera y Manuel Burque por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+.

Respecto al Premio MiM a Mejor Dirección, los nominados son Dani de la Torre por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+, Óscar Pedraza, Félix Viscarret por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; Jorge Dorado por 'The Head' (HBO Asia, Hulu, The Mediapro Studio) - Orange TV; Víctor García León, Borja Cobeaga y Javier Cámara por 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; y Javier Ambrossi y Javier Calvo por 'Veneno' (Atresmedia Studios, Suma Latina) - Atresplayer Premium y Antena 3.

Sobre el Premio MiM a Mejor Actor de Comedia, los candidatos son Antonio Pagudo por 'Benidorm' (Atresmedia, Plano a Plano) - Atresplayer Premium; Enric Auquer por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; Fernando Tejero por 'La que se avecina' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; Miguel Ángel Tirado por 'El último show' (El último show aie) - Aragón TV; y Raúl Fernández por 'El pueblo' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco .

Asimismo, los aspirantes a lograr el Premio MiM a Mejor Actor de Drama son Daniel Grao por 'Hit' (RTVE, Grupo Ganga) - TVE; Luis Zahera por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; Javier Rey por 'hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Juan Echanove por 'Desaparecidos' (Mediaset España, Plano a Plano) - Amazon Prime Video; Unax Ugalde por 'La valla' (Atresmedia, Good Mood Productions) - Antena 3.

A alzarse con el Premio MiM a Mejor Actriz de Comedia aspiran Aixa Villagrán por 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; Diana Gómez por 'Valeria' (Netflix, Plano a Plano) - Netflix; María Pujalte por 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; Paz Padilla por 'La que se avecina' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; y Saida Benzal por 'Por h o por b' (HBO Europe, Globomedia, Lacoproductora) - HBO.

Las candidatas al Premio MiM a Mejor Actriz de Drama son Adriana Ugarte por 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; Ane Gabarain por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España; Belén Rueda por 'Madres: amor y vida' (Mediaset España, Alea Media ) - Telecinco; Nathalie Poza por 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; y Elena Irureta por 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España.

En relación con el Premio Dama a Mejor Serie Diaria, los nominados son la novena temporada de 'Amar es para siempre' (Atresmedia, Diagonal TV) - Antena 3; la duodécima temporada de 'El secreto de puente viejo' (Atresmedia, Boomerang TV) - Antena 3; la segunda temporada de 'Mercado central' (RTVE, Diagonal TV) - TVE; y la quinta temporada de 'Servir y proteger' (RTVE, Plano a Plano) - TVE.

'Días de Navidad' (Netflix, Filmax) - Netflix; 'Hernán' (Dopamine, Onza Entertainment) - Amazon Prime Video; 'Inés del alma mía' (RTVE, Boomerang TV, Chilevisión) - TVE; 'La línea invisible' (Movistar+, Sentido Films, Corte y Confección de Películas) - Movistar+; y 'Patria' (Alea Media para HBO Europe) - HBO España son las candidatas al Premio Dama a Mejor Miniserie.

Las aspirantes al Premio Dama a Mejor Serie de Comedia son la temporada dos de 'Gente hablando' (Atresmedia TV, Set Magic Audiovisual) - Atresplayer Premium; la primera de 'El pueblo' (Mediaset España, Contubernio Films) - Telecinco; la primera entrega de 'El vecino' (Netflix, Zeta Audiovisual) - Netflix; la primera temporada de 'Vamos Juan' (100 balas - The Mediapro Studio, Warner Media) - TNT; y la primera entrega de 'Vida perfecta' (Movistar+, Corte y Confección de Películas) - Movistar+-

Finalmente, las candidatas al Premio Dama a Mejor Serie de Drama son la primera temporada de 'Desaparecidos' (Mediaset España, Plano a Plano) - Amazon Prime Video; 'Hache' (Netflix, Weekend Studio) - Netflix; 'Hit' (RTVE, Grupo Ganga) - TVE; 'La unidad' (Movistar+, Vaca Films) - Movistar+; 'Veneno' (Atresmedia Studios, Suma Latina) - Atresplayer Premium y Antena 3.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este martes que el FMI no ha tenido en cuenta los datos del cuarto trimestre de 2020 de la economía española a la hora de rebajar sus previsiones de crecimiento al 5,8% para este año, al tiempo que ha destacado que España crece "por encima de otros países de la zona euro".

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre las últimas previsiones del FMI, que apuntan a una contracción económica de España del 11,1% en 2020, frente al 12,8% que estimaba en octubre, mientras que para este año augura un crecimiento del 5,9%, con una corrección de 1,3 puntos a la baja respecto a la estimación anterior. El Gobierno pronostica un crecimiento del 7,2% este año, que alcanzaría el 9,8% con los fondos europeos.

Montero ha indicado que la previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre del año pasado de la economía española, que publicará el INE este viernes y, en todo caso, ha resaltado que España "va a tener un crecimiento superior al del resto de la zona euro para 2021".

Asimismo, ha apuntado que el grado de "incertidumbre" que acompaña a estas previsiones se tendrá que ir ajustando en función de los datos concretos que se vayan conociendo trimestralmente.

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado que el contexto actual, con tantos cambios, las previsiones económicas tienen una utilidad "limitada" sobre horizontes largos al estar sometidas a "constantes revisiones".

"No les daría mucho peso, tenemos que ir aprendiendo que la nueva información que nos va llegando y aprender de los errores de previsión", ha añadido Escrivá, quien ha subrayado que pronto habrá información "muy relevante", como la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre o los datos de afiliación y paro en enero de la Seguridad Social y del SEPE.

Por ello, ha instado a hacer un seguimiento con los datos que se vayan actualizando y ha recordado que las revisiones que se han producido hasta la fecha han ido "sorprendiendo al alza" respecto a las estimaciones iniciales.

"Las previsiones y horizontes a medio plazo tienen una enorme dificultad técnica a medio plazo y están sometidas a un error de revisión considerable", ha agregado.