El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que, si lidera el Govern, propondrá bajar el salario del presidente de la Generalitat «al sueldo más alto» de un presidente de otra comunidad autónoma, que en este caso es el del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, lo que corresponde a una rebaja del 30%.

«El sueldo del presidente de la Generalitat es tres veces más alto que el del presidente de Italia, casi dos veces el sueldo del presidente de Portugal y España, y superior al del primer ministro del Reino Unido», ha apuntado en el debate celebrado en la Cadena Ser con los candidatos a los comicios del 14 de febrero, salvo el del PP, Alejandro Fernández, porque tenía otra agenda de entrevistas, y el de Vox, Ignacio Garriga.

El sueldo actual del presidente de la Generalitat es de 153.235 euros, y una rebaja del 30% supondría bajar el sueldo del presidente catalán hasta los 107.264 euros.

Según Illa, esto no depende de Madrid, y cree que es un gesto que permite acercarse a la gente y mostrar sensibilidad ante el escenario actual: «¿O no es digno el salario del lehendakari?», ha dicho.

La candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, ha replicado que le propone reducir «los gastos de la Casa Real, no en un 30%, si no en un 100% al ser republicanos», aunque no se ha pronunciado sobre la propuesta de rebajar el sueldo al próximo presidente catalán.

«Dejemos de pagar los gastos del Rey fugado. El sueldo más indigno es del jefe de Estado español», ha sostenido Borràs, que también ha emplazado a pasar página de los que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña, de su gestión, y a acabar con el déficit fiscal.

Ante la propuesta de Illa de mejorar la financiación de Cataluña, Borràs ha preguntado qué pasaría si se destinara todo el dinero que el Estado ha utilizado «para combatir el independentismo a gasto social, porque igual habría una sorpresa al ver todo el dinero que se ha despilfarrado en perseguir a opciones legítimas ideológicas».

CARA A CARA

El cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha defendido una fiscalidad progresiva, y ha reiterado la invitación a Illa para hacer un cara a cara con el objetivo de confrontar los respectivos modelos económicos, y pese a que el candidato socialista no ve inconveniente en ello, ha añadido que hay otros que también querrían participar en este debate.

«Aquí escucho mucha testosterona. Yo ya propuse hacer un trío», ha recordado Borràs, mientras que la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha asegurado que los cara a cara tienen mucho de oligopolio, por lo que emplaza a que en los debates que se hagan se siga contando con la participación de todos.

Sin abandonar el capítulo económico, Chacón ha acusado a Junts de parecerse cada vez más a la CUP, ha comparado el modelo de los anticapitalistas con «Disneylandia» y, tras constatar que Catalunya es un país de pymes, ha advertido de que el sistema económico no será sostenible si no hay actividad económica que genere impuestos.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha apostado por cambiar el sistema de fiscalidad, por perseguir el fraude fiscal y la corrupción, y ha reprochado a los comuns, que forman parte del Gobierno, que «se encubra al mayor corrupto del país, que es el Rey, no se persiga la evasión fiscal y se permita la concentración económica en un pequeño porcentaje de población que es multimillonaria».

Desde los comuns, la candidata Jéssica Albiach ha aprovechado para preguntar a Illa por «la negativa del PSOE a dar ayudar directas» a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, y ha acusado a los socialistas de esconder el borrador de la ley para regular el precio de los alquiler pese a haberse comprometido a ello en el acuerdo de coalición.

Así, ha admitido que tiene diferencias con los socialistas, pese a haberse puesto de acuerdo para hacer un Gobierno de coalición, pero «con Junts hay una línea roja», ha subrayado la candidata morada.

Para el candidata de Cs, Carlos Carrizosa, además de comprometerse a hacer una auditoría si gobiernan, es necesario combatir la corrupción, y ha preguntado a Borràs «si arreglar contratos a un amigo es el modelo de gestión» de Junts en caso de que sea presidenta.

«Junts es la casa grande de la hispanofobia, ERC está por las multas lingüísticas, Podemos dice que Carles Puigdemont es un exiliado, la CUP hace señalamientos totalitarios y hasta agresiones, y el PSC es el salvavidas de una especie de consenso, que no es por la convivencia», ha lamentado Carrizosa, que ha reiterado su apuesta por un Govern constitucionalista después del 14-F.

Después de que Illa haya insistido en que hay que pasar página de lo ocurrido durante los últimos años en Cataluña, Aragonès ha asegurado que ve un enamoramiento entre el PSC y Cs, y ha llamado a elegir entre el modelo de gobernanza de ERC o el de partidos que defienden el 155 «y que no tendrían ninguna duda en hacer lo que hizo Manuel Valls en Barcelona, aceptar los votos de Vox».

VOX

Sabater ha criticado que Junts y ERC votaran en contra de la reforma fiscal que plantearon en su momento, y también ha emplazado a todos los partidos que puedan formar Govern tras las elecciones «a no aceptar, por activa ni por pasiva, el apoyo de Vox para ser presidente de la Generalitat».

«A la extrema derecha ni agua», ha sostenido Aragonès, tras recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está en prisión por la acusación particular de Vox, mientras que Borràs ha expuesto que en el Congreso ya han demostrado su actitud en relación a este partido rechazando sus votos.

Por su parte, Illa ha reiterado que los de Vox le quieren «meter en la cárcel», y Chacón ha asegurado que nunca ayudarán para que sea un actor en la política catalana.

Carrizosa se ha limitado a pedir a Sabater que espera que condene «los destrozos a golpe de martillo que realizaron los cachorros de la CUP, Arran» a la sede de Cs.

La presidenta de Ciudadanos, se ha dirigido este viernes a los catalanes que quieren un cambio «de verdad» en Cataluña y dejar atrás el proceso independentista para pedirles que elijan la opción «segura» de Cs, cuyo objetivo es formar un gobierno «constitucionalista» tras las elecciones del 14 de febrero, y les ha advertido de que el PSC «regalará sus votos» a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pactando con este partido.

«Tenemos dos opciones. O vamos a un voto seguro que sabemos que acaba en un gobierno constitucionalista o nos la jugamos con una fuerza política como el PSC, que ya la ministra Calvo ha reconocido que están dispuestos a pactar con ERC y que si no lo dicen es porque están en campaña», ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Barcelona junto al candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Así se ha referido Arrimadas a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente del PSOE, Carmen Calvo, este jueves en la cadena SER, donde afirmó que en Cataluña no imagina otro escenario que no sea el de la gobernabilidad y que los partidos independentistas no pueden volver a llevar a los ciudadanos a «una situación injusta y alocada».

La líder de la formación naranja ha destacado el alto porcentaje de indecisos y abstencionistas que revelan las encuestas electorales y ha insistido en que el reto ahora es movilizar a quienes anhelan un cambio político, porque «la clave de todo será la participación».

«Si vamos a votar, ganaremos un gobierno constitucionalista y una nueva etapa en Cataluña. Si nos quedamos en casa o damos los votos a un partido constitucionalista que luego regala los votos a Esquerra, estaremos otra vez en esta situación», ha subrayado en alusión al PSOE y recordando también todas las veces que el PP pactó con Convergència.

CREE QUE ILLA ASUME UN GOBIERNO LIDERADO POR ERC

Según Arrimadas, el PSC ya ha reconocido no solo que formara un tripartito con ERC y con En Comú Podem si suman una mayoría parlamentaria suficiente, sino que a la cabeza de ese Govern habrá un independentista, porque en el Congreso los socialistas y Podemos han votado a favor de una moción de ERC para que la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Ejecutivo central y la Generalitat se vuelva a reunir tras los comicios autonómicos.

«Si no, ¿para qué necesitaremos una mesa de estas características? Si (Salvador) Illa creyese que será el presidente y que no pactará con Esquerra, ¿para qué necesitará una mesa de diálogo? Saben que el Govern estará presidido por ERC, lo están reconociendo», ha asegurado, pronosticando que la moción aprobada en la Cámara Baja es «el programa electoral del tripartito».

La líder de Cs ha señalado que ese gobierno supondrá estar «cuatro años más hablando de los temas de siempre, los presos (del ‘procés’), los indultos y el referéndum de secesión». Frente a eso, ha ofrecido un ejecutivo encabezado por Carrizosa, que «pensará en 7,5 millones de personas», no en los nueve políticos independentistas condenados, y se centrará en los problemas de las familias, los autónomos y las empresas, a los que hasta ahora «nadie escucha».

En este sentido, ha afirmado que el 14-F «está todo muy abierto» y que es posible «iniciar una nueva etapa en Cataluña» y mirar al futuro. En vez de volver a tener un gobierno independentista o un nuevo tripartito de izquierdas, ha propuesto «un gobierno de todos» y un presidente como Carrizosa, que «se centrará en los temas sociales y económicos y dejará atrás estos diez años de ‘procés’ tan lamentable y que tanto mal ha hecho a todos».

Respecto a los pactos, ha manifestado: «Nosotros no engañamos a nadie en campaña, queremos sumar con los partidos constitucionalistas para evitar volver atrás, y la única manera de mirar adelante de verdad es con un voto que no engaña, que es fiable, y es el voto a Ciudadanos».

DESLIGAR CATALUÑA DEL ‘PROCÉS’ Y DE LA CORRUPCIÓN

Arrimadas se ha mostrado convencida de que Cataluña es «una tierra de oportunidades» y que si hay una buena gestión política, podrá «volver a levantarse» tras la «decadencia» de la última década. Ha apostado por una Cataluña que «no esté ligada nunca más a la inestabilidad del ‘procés’ y a la corrupción».

Asimismo, ha defendido que la única alternativa para tener un gobierno «limpio» es que esté presidido por Ciudadanos, porque tanto los partidos nacionalistas e independentistas como el PP y el PSOE tienen casos de corrupción. También ha garantizado que si Cs forma parte de un ejecutivo, serán exigentes con sus socios y no dejarán pasar «absolutamente nada de estos comportamientos».

Por último, ha asegurado a los votantes independentistas que respetarán todas las ideologías. «Nunca nadie cuestionaría desde nuestro gobierno ni que son catalanes, ni que son buenas personas, ni nada de todo lo que nos han hecho a nosotros desde el Govern», ha recalcado.

Además, Arrimadas ha indicado que Ciudadanos no trabajará por la independencia de Cataluña y que en este aspecto no va a «mentir», como cree que hicieron Junts per Catalunya, Esquerra y a la CUP con la gente que les votó, al prometer algo que luego no cumplieron.

«Ofrecemos mejores servicios, lucha contra la corrupción, prioridad por las políticas sociales y económicas, bajar impuestos, atraer a las empresas que se han marchado, mejor imagen de Cataluña en el mundo» y «en el resto de España», ha enumerado, añadiendo que todo esto beneficiará a todos los catalanes, independientemente de sus ideas políticas, porque tiene que ver con «problemas reales» de su día a día.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es proclive a la confirmación de las sanciones impuestas a aquellos ciudadanos que no justifican debidamente su incomparencia en la mesa que les corresponde en jornada electoral, y existe jurisprudencia que valida que dicha conducta pueda ser condenada incluso con pena de prisión.

La actual situación de pandemia puede provocar que este tipo de sanciones se multipliquen a raíz de la jornada de elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero, y se cuenta con jurisprudencia del Supremo –la última sentencia, igualmente condenatoria, es de 2016– si bien el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre este asunto, según fuentes jurídicas.

En marzo de 2006, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a una mujer a 14 días de prisión y a una multa de 540 euros por un delito electoral, al estimar un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había impuesto sólo el pago de la cantidad económica.

En este caso, se consideró probado que Leotilde R.S. recibió el 6 de mayo de 2003 notificación de haber sido designada segunda suplente del primer vocal de la Mesa Electoral correspondiente a un distrito de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que debía constituirse el 25 de mayo de 2003 con motivo de las elecciones autonómicas. Sin embargo, la mujer no acudió al colegio electoral ni alegó excusa alguna en justificación de la imposibilidad de acudir.

El artículo 27.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) dice que los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.

La Junta resuelve y comunica la sustitución producida al primer suplente, debiendo motivar las causas de denegación de las excusas alegadas por los electores para no formar parte de las Mesas. En todo caso, se considera causa justificada el concurrir la condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, que contempla entre estas circunstancias las de naturaleza sanitaria.

NO VALE ALEGAR «MIEDO»

Lo que no se ha contemplado por el momento en ninguna de las citas electorales celebradas en democracia es una situación sanitaria como la actual, según los expertos. En todo caso, señalan que a falta de jurisprudencia constitucional las razones médicas deben ser acreditadas, y no se puede alegar simple miedo a las situación sanitaria para eludir la obligación ciudadana de colaborar en el proceso electoral.

En la sentencia mencionada, el fiscal recurrió al entender que el tribunal de instancia no facilitó una alternativa de pena de arresto de siete a quince fines de semana establecida en la ley, antes de la reforma del Código penal de 2003.

Así, el Supremo recuerda que el Pleno de la Sala Segunda adoptó, en noviembre de 2005, que «el arresto de fin de semana, dentro del Código Penal, le son de aplicación el régimen de las Disposiciones Transitorias de este Cuerpo legal».

El alto tribunal apuntaba que la Disposición Transitoria Octava de la ley, que era la que correspondía aplicar entonces, establece que cada arresto de fin de semana se corresponde con dos días de privación de libertad, por lo que la pena de arresto de 7 a 15 fines de semana, equivale a privación de libertad de 14 a 30 días.

En la sentencia más reciente, dictada en 2016 con ponencia del actual magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, se estima el recurso del fiscal y añade a la sanción económica la pena de inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo, «que conforme al art 44 del Código penal priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos» por ser de «preceptiva imposición en los delitos electorales».

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al Govern de desatender la lucha contra la violencia machista por centrarse en su «teorías independentistas absolutamente trasnochadas».

En una conversación telemática con Illa sobre feminismo en el marco de la campaña electoral, Calvo ha asegurado que «Catalunya ha perdido el tiempo» con unas teorías que buscan separar un territorio de un Estado de Europa, en una UE que considera que se está federando y fortaleciendo en la política global del planeta.

Calvo considera que mientras el Govern se ha dedicado en los últimos años al proceso independentista «han bajado la guardia en proteger de la violencia –de la integridad física y moral– a las mujeres».

«Si te dedicas a construir todas esas fantasías que terminan como terminan… Si estás en Waterloo hablando de la Covid en Barcelona, cuando te has largado y no estás aquí, pues te faltan muchos elementos de la realidad. Devuelve a Catalunya al mundo real», ha expresado en referencia al proyecto del expresidente de la Generaltiat, Carles Puigdemont.

Ha asegurado que si el Govern estaba centrado en ese proceso, no podían estar haciendo políticas feministas de verdad sino «de boquilla» y ha afirmado que los fondos que se han usado para la lucha contra la violencia machista eran estatales y no de Catalunya.

En ese sentido, Illa ha reprochado al Govern que, entre 2015 y 2019, solo 91 mujeres recibieron las ayudas previstas para la lucha contra la violencia machista, mientras que hubieron 7.000 sentencias y 60.000 denuncias: «Esto es ir para atrás».

Calvo ha confiado en que Illa sabrá atender a las reivindicaciones feministas y le ha pedido que escuche a las mujeres de Catalunya «que llevan mucho tiempo desatendidas institucionalmente» y que ante los micromachismos haga micropolítica, en sus palabras.

También le ha instado a construir un Govern con unas bases sólidas, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y que eso le permita construir desde abajo algo diferente arriba, un proceso que ha comparado con la tradición de los ‘castellers’.

Para la vicepresidenta, Catalunya ha perdido brillo por culpa de el independentismo y «estas derechas que han trabajado para enfrentar a Catalunya contra España», a quienes ha acusado de usarla como laboratorio para después salir corriendo, ha dicho en referencia velada a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que pese a ganar las elecciones con 36 diputados no optó a la investidura y se trasladó a Madrid para hacerse cargo del partido.

ERC ha presentado este viernes un «decálogo antifascista» que plantea al resto de formaciones políticas para frenar el auge de Vox y, entre otras cuestiones, pide impedir que los votos de este partido condicionen las instituciones catalanas, como una hipotética investidura a la Presidencia de la Generalitat.

En un acto de campaña en el Camp de la Bota de Barcelona, donde centenares de personas fueron fusiladas por la dictadura franquista, el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha explicado que este decálogo es la «concreción del cordón sanitario a la extrema derecha».

«No se pueden aceptar sus votos», y ha acusado al PSC de blanquear la extrema derecha, ya que, según él, el candidato socialista, Salvador Illa, no deja claro si aceptará o no los votos de Vox si los necesita para ser investido presidente de la Generalitat.

Aragonès ha afirmado que el PSC está poniendo «la alfombra roja» para aceptar los votos de Vox para ser investido y evitar un gobierno independentista, y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que Vox tiene sentido de estado por abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos.

DIEZ PUNTOS

El decálogo, que ha presentado la número 4 por Barcelona, Najat Driouech, plantea «confrontar al fascismo sin demonizar su electorado»; enfrentarse al discurso de la extrema derecha y no contemporizar con sus ideas; desmontar sus mentiras sin relativizar la realidad; confrontar sus intenciones desenmascarando su retórica, y alertar de su autoritarismo y sus intenciones antidemocráticas.

También propone no reproducir el mensaje de la extrema derecha, sino combatirlo con datos; construir posturas comunes entre los partidos para hacer frente al extremismo; confrontar también a las formaciones que legitiman la ultraderecha, y reivindicar luchas compartidas frente a «su intolerancia».

El décimo punto subraya la necesidad de confrontar la influencia de Vox impidiendo que decidan en las instituciones: «El fascismo se legitima cuando tiene capacidad de decisión y lo ejerce. Tenemos que articular compromisos y mecanismos compartidos para evitar que nuestras instituciones dependan de los votos de la extrema derecha».

En el acto ha intervenido el exconseller Raül Romeva, que ha reivindicado la tarea de ERC en el Govern sobre memoria histórica y ha explicado que con este decálogo los republicanos invitan al resto de partidos, excepto Vox, a adoptarlo y a llegar a consensos «para blindar derechos y libertades, e impedir que la extrema derecha condicione las instituciones como está haciendo en Murcia, Andalucía y Madrid».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año de prisión y la retirada del carné durante 2 años y 6 meses, lo que conllevaría la pérdida de su vigencia, para el acusado por el atropello mortal ocurrido en el acceso a la estación de esquí de Fuentes de Invierno en enero de 2020 cuando la víctima, Misael García, de 43 años y vecino de Oviedo, se había detenido para poner las cadenas a su coche, según ha informado la Fiscalía.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en el juzgado encargado del procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11.20 horas del día 19 de enero de 2020, el acusado circulaba en dirección Ujo por la carretera AS-112.

Se trata de una carretera sinuosa con doble sentido de circulación con una anchura total de 7 metros, con una pendiente del 7% y que en el momento de ocurrir los hechos se encontraba mojada y totalmente cubierta por nieve, lo que obligaba al acusado a circular con cadenas. Hay una limitación de velocidad de 50 kiloómetros por hora y advertencia previa señalizada de la existencia de intersección con vía a la izquierda.

«Al llegar al kilómetro 42,300, debido a que el acusado conducía a velocidad excesiva para las circunstancias de la circulación, sin poner las cadenas de su vehículo, con los neumáticos del vehículo desgastados y no aptos para el uso en nieve y sin prestar la mínima atención a las circunstancias del tráfico, en la intersección de la carretera con el cruce para la entrada a la estación de esquí de Fuentes de Invierno, el acusado invadió la banda contraria de rodaje y no realizó la curva a la derecha que tenía en su sentido de circulación», sostiene el escrito del Ministerio Público.

En vez de eso, continuó circulando recto hasta colisionar frontalmente contra el lateral anterior izquierdo del vehículo de la víctima, que había estacionado en la explanada existente en la desviación de entrada de la estación de esquí para poner las cadenas.

En ese momento, la víctima las estaba poniendo en la rueda delantera izquierda, cuando fue arrollado violentamente por el vehículo del acusado, en un impacto frontal. A consecuencia de los hechos, Misael García sufrió un politraumatismo que le produjo shock traumático agudo y el fallecimiento en el mismo lugar.

El fallecido, estaba casado y tenía dos hijos menores de edad que se encontraban en el interior del vehículo en el momento del siniestro. Todos los perjudicados personados en las actuaciones han renunciado a las acciones civiles que pudieran corresponderles, al haber sido indemnizados ya por la compañía de seguros. Fue necesaria la intervención de los Servicios de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA), lo que ocasionó unos gastos de 7.248,87 euros, que han sido abonados por la compañía de seguro.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1, párrafos primero y segundo del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años y 6 meses.

De conformidad con el artículo 47 del Código Penal se solicita que, para el caso de imponerse una pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por tiempo superior a 2 años, expresamente se declare que la misma comporta la perdida de la vigencia de la licencia o permiso que habilite para la conducción.

El Fiscal interesa se proceda a notificar la resolución que recaiga en el presente procedimiento a la Dirección Provincial de Tráfico de Asturias a los efectos administrativos correspondientes.

La Audiencia de Sevilla ha fijado para el 19 de marzo el comienzo del nuevo juicio del crimen de ‘las cuñadas’. El proceso judicial se celebrará después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimase parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las tres personas condenadas por la Audiencia por el crimen perpetrado en La Rinconada el 19 de abril de 2016, anulando el juicio con jurado popular celebrado en febrero de 2020 y ordenando repetirlo.

El nuevo juicio se celebrará con un tribunal presidido por un juez distinto a la magistrada que presidió el primero. Tras la anulación del juicio, saldado con la condena de los tres acusados, la Audiencia de Sevilla ordenó poner en libertad a estas tres personas a la espera de la nueva vista oral.

En concreto, tras aquella vista oral del pasado mes de febrero de 2020, el jurado popular encargado del caso declaró que los tres acusados, –dos hermanas y el que era novio de una de ellas–, eran culpables de haber acabado con la vida, tras 24 golpes en la cabeza y 61 cuchilladas, de la que era su cuñada de 26 años de edad en su vivienda de La Rinconada el 19 de abril de 2016, quien había sido pareja de un hermano de éstas fallecido unos meses antes de un ictus y con el que tenía una hija.

El jurado consideró probado que los tres acusados, C.N.S., R.N.S. -hermanas entre sí- y F.J.M.R. -pareja sentimental de una de ellas-, se presentaron en el domicilio de la fallecida, que era viuda desde diciembre de 2015 de un hermano de las acusadas.

Una vez allí, según lo declarado como probado por el jurado, la víctima les franqueó el paso al interior de la vivienda «pese a las pésimas relaciones que la misma tenía con tales cuñadas», tras lo cual los tres encausados, «armados con un objeto romo y de peso y de al menos un cuchillo de cocina, se abalanzaron» sobre la mujer, golpeándola y apuñalándola reiteradamente, causándole un «desmesurado sufrimiento» y provocando su muerte.

El jurado consideró probado que los acusados fueron «conscientes del sufrimiento que ocasionaban a su víctima en la forma de darle muerte», señalando que la fallecida «no tuvo posibilidad alguna de defenderse ante el brutal ataque por sorpresa de que fue objeto por parte de los tres acusados salvo para gritar pidiendo socorro».

LAS CONDENAS

Merced al veredicto del jurado, la Audiencia de Sevilla condenó a cada uno de los tres acusados a la pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, les impuso una indemnización de 546.000 euros en favor de la familia de la víctima.

Frente a ello, los acusados exponían en su recurso de apelación ante el TSJA, que en el juicio se había incurrido en una «vulneración de las garantías procesales y en particular del derecho de defensa, como consecuencia de la decisión de la magistrada presidente del tribunal de no desvelar a los abogados defensores la identidad y domicilio de las testigos protegidos que identificaron a los acusados como las personas a las que vieron salir de la vivienda de la víctima.

La decisión de la magistrada presidente, según los abogados de los acusados, «no ponderó debidamente las razones de protección del testigo con las exigencias del derecho de defensa, dada la relevancia de dichos testigos como prueba sin la que la condena habría quedado huérfana de todo apoyo».

EL PAPEL DE LAS TESTIGOS PROTEGIDAS

A tal efecto, el TSJA considera «rotundamente claro que el único elemento de convicción que merece la consideración de prueba susceptible de soportar o fundamentar una condena por los delitos de asesinato objeto de la acusación fueron las declaraciones de las testigos protegidos T1 y T3». «Sin la combinación de estas dos testificales, no existe nada que pudiera considerarse ‘prueba de la autoría’ por parte de los acusados», considera el TSJA.

Del mismo modo, el Alto tribunal andaluz recuerda que «las defensas solicitaron, no en su escrito de calificación, pero sí al inicio de las sesiones del plenario, la revelación de la identidad y domicilio de las testigos protegidas justificándolo en la necesidad de su conocimiento a fin de valorar la existencia de motivaciones espurias, habida cuenta de que constaba algún incidente entre los vecinos de la calle donde vivía la víctima, y para contrastar lo que manifestaron haber visto y lo que pudieron ver desde su domicilio, donde decían encontrarse», si bien la magistrada «rechazó» tal extremo.

«Las defensas, en efecto, se encontraban con que la suerte de los acusados iba a depender casi exclusivamente de la verosimilitud que el jurado diera a la declaración de las dos testigos protegidas, T1 y T3 y, a falta de una coartada que contase con prueba convincente, no resultaba fácil imaginar una línea de defensa que no consistiera en suscitar dudas sobre la entereza del testimonio, la posibilidad de percepción errónea, la concurrencia de influencias indebidas o de prejuicios, o incluso de motivaciones espurias», razona el TSJA.

«CONTRASTAR LA VERACIDAD» DE LOS TESTIMONIOS

«De nada vale que las defensas pudieran interrogar a los testigos sobre aspectos como el lugar desde el que vieron los hechos, el ángulo de visión desde ese lugar, su relación con las partes, etcétera, si el anonimato de las declarantes les había privado de la posibilidad de una investigación previa que pudiera servir para contrastar la veracidad de sus manifestaciones», agrega el TSJA.

Así, el TSJA concluye que la «conjunción de todas las circunstancias», o sea la «insuficiencia de la motivación del mantenimiento del anonimato de las testigos T1 y T3 durante el plenario incluso respecto de los abogados defensores; la inexistencia de medidas compensatorias para las defensas y la condena basada exclusiva o al menos indispensablemente en las declaraciones de dichas testigos», conducen a «una vulneración del derecho de defensa de los tres acusados, con la consiguiente declaración de nulidad del juicio oral, el veredicto y la sentencia, y la necesidad de repetición de la vista con un nuevo jurado y magistrado, que salvo circunstancias sobrevenidas de suficiente entidad acuerde el levantamiento del anonimato» de las mencionadas testigos.

El líder del PP, Pablo Casado, prepara un gran acto de campaña este domingo con los ‘barones’ territoriales del partido para poner en valor los éxitos de gestión de la formación y dar un impulso a la campaña de Alejandro Fernández, según han adelantado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Casado, que está semana ya viajó a Girona y Lleida, volverá de nuevo este domingo a Cataluña. El PP aún no ha desvelado la provincia en la que tendrá lugar el mitin pero está previsto que los presidentes autonómicos del partido participen de forma telemática, han indicado las fuentes consultadas.

Fernández, que ya contó el sábado pasado en Barcelona con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el lunes recibió el respaldo online del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Ñúñez Feijóo, será arropado este domingo por los presidentes autonómicos de su partido para destacar las políticas del PP basadas en bajadas de impuestos, lucha contra la «okupación» ilegal y «libertad educativa».

Hace una semana, el PP catalán también organizó un acto en Badalona (Barcelona) con Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que se sumaron vía telemática alcaldes del partido en las principales capitales de provincia.

DAR UNA IMAGEN DE UNIDAD TRAS LOS REPROCHES POR LA PANDEMIA

En este acto con los ‘barones’, la dirección del PP también quiere dar una imagen de unidad después de que la semana arrancara con cruces de reproches entre algunos presidentes por la forma en la que cada uno está aplicando las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia.

Así, hace unos días Feijóo dijo en ‘La Vox de Galicia’ que él «no se sentiría responsable» si tuviese que aplicar en su región las medidas aprobadas en la Comunidad de Madrid. Ayuso le respondió que Madrid tiene su «propia estrategia» y que ella no podía entrar en «confrontación» con otros presidentes. La madrileña también recibió críticas por parte del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entre otros.

Además, el PP busca con este acto electoral dejar en un segundo plano la polémica en torno a la confesión del extesorero del partido Luis Bárcenas, que ha protagonizado la escena política estos días tras acusar al expresidente Mariano Rajoy de destruir pruebas sobre la supuesta caja b del PP.

Este viernes, Casado ha defendido en la Cadena Cope la «absoluta ejemplaridad» de su partido y se ha desvinculado por completo de Bárcenas y de cuestiones que son de «hace 20 años». Tras proclamar que «ese PP ya no existe», ha acusado a la Fiscalía que «depende» de Pedro Sánchez de filtrar la confesión del extesorero «a diez días de las elecciones en Cataluña».

UN IMPULSO FRENTE A VOX EN PLENO ECUADOR DE CAMPAÑA

El PP también quiere dar un impuso a la campaña catalana ante los avances de Vox que recogen los sondeos, como el sondeo ‘flash’ del CIS difundido este viernes y que incluso confirma el ‘sorpasso’ del partido de Santiago Abascal en las elecciones del 14 de febrero.

En ‘Génova’ descartan que ese adelantamiento pueda producirse pero no ocultan su inquietud por la posible irrupción con fuerza de Vox en el Parlamento catalán al captar en buena parte votos que en diciembre de 2017 fueron a Ciudadanos.

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha reclamado este viernes impulsar «un blindaje real y efectivo, no retórico» de la inmersión lingüística, así como que el catalán sea hegemónico en los medios públicos.

«Hablamos de un blindaje total, porque la inmersión lingüística es un elemento de cohesión e identidad, y garantiza la convivencia. Y es la única manera que tendremos de garantizar que los estudiantes acabarán su escolarización hablando catalán, castellano e inglés», ha sostenido en una comparecencia telemática, sin preguntas, ante el Barcelona Supercomputing Center de la capital catalana, acompañada de la consellera del ramo, Àngels Ponsa, y del conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

Así, propone aprobar un pacto nacional por la lengua que promueva la presencia y el uso del catalán en todos los ámbitos, también en el digital y el audiovisual.

De hecho, plantea que el catalán sea la «lengua hegemónica» en los medios públicos de Catalunya porque, tal y como recogen sus principios fundacionales, deben poder ser líderes referentes y normalizadores de esta lengua, ha indicado.

Según Borràs, el catalán ha superado «muchos obstáculos, pero ha sobrevivido por la voluntad de los ciudadanos de que la lengua sobreviva, pese a las persecuciones, descalificaciones y prohibiciones que durante demasiado tiempo ha sufrido».

«VIVIR PLENAMENTE EN CATALÁN»

Por ello, ha defendido el derecho a poder «vivir plenamente en catalán», algo que considera que ahora no es posible, y para ello ha reclamado disponer de las herramientas, las actitudes y compromiso para poder revertir esta situación.

Así, ha apelado a actuar en positivo a favor en catalán y del occitano, lo que significa «no actuar en contra de las más de 250 lenguas que se hablan en Cataluña», y ha situado la promoción de la lengua como un objetivo prioritario si es presidenta de la Generalitat.

En su opinión, hay que preservar el catalán como idioma central en todos los ámbitos, como el público, el académico, el digital, el de la administración de justicia y el institucional, y hacerlo «no como un mérito, sino como un requisito».

También ha reclamado la importancia de defender la lengua en Europa y trabajar por el respeto y la no agresión a los derechos lingüísticos de los catalanes».

Además, se ha comprometido a aumentar hasta el 2% el presupuesto de Cultura de la Generalitat, tal y como recoge el programa electoral de Junts, así como impulsar una ley de cultura como derecho universal.

UNICEF España ha mostrado su preocupación por la situación que están viviendo los niños migrantes y solicitantes de asilo en Canarias, motivo por el que instan al Gobierno central a tener planes de contingencia «eficaces» para dar una adecuada atención a los menores inmigrantes.

La ONG se refiere a los «inmensos retos» que está suponiendo la situación para los distintos actores implicados a nivel local, regional y estatal, ya que según los datos aportados por el Gobierno canario el número de niños y adolescentes migrantes no acompañados en el sistema de protección canario «se ha casi quintuplicado en el último año».

Así a finales de enero de 2021 había 2.652 menores en Canarias, principalmente procedentes de Marruecos, Malí y Senegal, de tal forma que a pesar de los «esfuerzos» que se están realizando, la situación actual «evidencia que España y la Unión Europea siguen teniendo por delante unos desafíos incuestionables» de acogida de personas migrantes y solicitantes de asilo, así como de protección de la infancia en las distintas áreas de la Frontera Sur.

Añade, en un comunicado, que «todo ello impacta de forma muy especial» en regiones como Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, de ahí que consideran que deben existir mecanismos «eficaces que garanticen» responsabilidades compartidas.

Asimismo, apunta al Estado en su conjunto –nivel local, autonómico y central– para subrayar que es quien tiene la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por España.

Por ello, considera que España tiene que dotarse de las herramientas de planificación, seguimiento, coordinación, evaluación y presupuestarias para poder hacer frente a este tipo de situaciones «frecuentes» en España, debido a la posición geográfica en el continente europeo. Así, considera que la Unión Europea tiene que apoyar este proceso «en la medida en que la política migratoria europea impacta directamente en los retos»» que España debe abordar en sus fronteras.

En este sentido, desde UNICEF se entiende que España debería contar con planes de contingencia «eficaces para atender rápida y adecuadamente» las necesidades de atención y protección de la infancia migrante en los puntos de entrada al territorio español.

Añade que todos los actores intervinientes deben participar en este plan y desarrollar sus propios planes de manera coordinada. Al hablar de actores se refiere al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el Ministerio del Interior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el Ministerio de Derechos Sociales; el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado; las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno; Salvamento Marítimo; consejerías y direcciones Generales de Infancia Autonómicas; y ayuntamientos, entre otros.

Todo ello para realizar una revisión y preparación con antelación de capacidades técnicas, residenciales y presupuestarias para poder desarrollarlo adecuadamente cuando surja la contingencia. España, indica, tiene que reforzar su preparación ante este tipo de situaciones, asegurando que los derechos de la infancia sean priorizados en los esfuerzos de prevención, mitigación, preparación y respuesta.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

Por otro lado, también pide la adopción de un Plan Nacional de Acción para la atención e integración de los niños y adolescentes migrantes no acompañado coordinado por un órgano de alto nivel político, y que cuente con el respaldo y participación de todos los ministerios implicados y las comunidades autónomas, ya que señalan que la situación actual exige, «tal y como se está haciendo, que se exploren fórmulas que garanticen responsabilidades equilibradas en todo» el territorio, para que Canarias tenga apoyos «suficientes» de otros sistemas de protección de la infancia y cuente con «respaldo político, presupuestario y de coordinación por parte del Gobierno central».

Sin embargo, indican que más allá de las respuestas a corto plazo, que «están dando los primeros resultados, es importante no» perder de vista que se debe caminar hacia un protocolo «eficaz o mecanismo de derivación, que permita, si fuera necesario y en interés superior de cada menor de edad no acompañado, el traslado a otras comunidades».

UNICEF considera «fundamental garantizar una atención de calidad» en los puntos de entrada, así como generar mecanismos y adoptar medidas que garanticen que los niños acogidos por el sistema de protección no llegan a la mayoría de edad sin documentación y permisos de residencia, y que no terminan viviendo en la calle.

Al respecto, entienden un «paso crucial» la intención de reforma del Reglamento de Extranjería anunciado recientemente por la Secretaría de Estado de Migraciones, ya que busca «suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de residencia para estos en el momento en el que acceden a la mayoría de edad».

Finalmente, la ONG asegura que «urge intensificar la prevención y lucha» contra el racismo y xenofobia en Canarias, ya que al igual que en otras zonas de España, los menores migrantes no acompañados «están sufriendo una alarmante estigmatización y son necesarios planes específicos» que cuenten con la implicación de todos los actores implicados y las distintas fuerzas políticas.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo declarará el próximo 12 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón como investigado en tres piezas del caso ‘Tándem’, justo una semana después de haber recibido el alta hospitalaria por el Servicio de Neurología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Según han informado fuentes de la defensa, el comisario jubilado prestará declaración sobre el presunto encargo de Repsol y Caixabank al Grupo Cenyt –bajo el mando de Villarejo– para evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración de la energética (pieza 21); por el presunto encargo de agredir a la doctora Elisa Pinto (pieza 24); y por el supuesto espionaje a la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín (pieza 25).

El abogado Antonio García Cabrera, que defiende a Villarejo, ha emitido este viernes un comunicado en el que informaba de que el policía jubilado fue trasladado la tarde anterior a la prisión de Estremera (Madrid), tras recibir el alta hospitalaria.

No obstante, señala que los síntomas que obligaron a hospitalizarle este martes, una intensa cefalea, sensación de mareo, gran dolor en la cuenca del ojo izquierdo, visión doble, pérdida de la movilidad del ojo izquierdo y caída del párpado izquierdo que sólo puede levantar con ayuda de la mano, persisten aún.

En el escrito, el abogado informa de que, pese a su actual situación física, Villarejo sigue manifestando su voluntad de prestar las tres declaraciones judiciales fijadas para el próximo día 12 de febrero ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, así como de declarar voluntariamente sobre varios temas.

De momento, las fuentes consultadas apuntan que el comisario será interrogado por estas tres piezas. La declaración de la pieza 21 del caso Tándem, relacionada con el denominado ‘proyecto Wine’, tendrá lugar justo un día después de que comparezca por este mismo asunto el que fuera su socio Rafael Redondo.

‘PROYECTO WINE’

Según explica el juez García Castellón en el auto por el que se acordaba la investigación de este proyecto, la empresa de Villarejo llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».

Tras escuchar las declaraciones del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, la del ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y la del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández, también imputados, será el turno de Villarejo y su socio.

A estas comparecencias se han sumado además las realizadas en calidad de testigos de los perjudicados por este ‘encargo’: El expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y el antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo.

LA AGRESIÓN A LA DOCTORA PINTO

La siguiente pieza en cuestión es la relativa al presunto encargo para agredir a la doctora Elisa Pinto, por la que el pasado 18 de enero declaró, también en calidad de investigado, el empresario Javier López Madrid y negó haber contratado y pagado a Villarejo por algún tipo de servicio.

Esta pieza 24 de la macrocausa Tándem no investiga si Villarejo agredió con un bisturí a la dermatóloga, sino si existió un encargo por parte de López Madrid, quien además ha presentado documentación para tratar de desmontar la versión de Pinto.

El asunto sobre las agresiones físicas denunciadas por la doctora está pendiente de enjuiciamiento, después de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid decidiera llevar a juicio tanto a López Madrid como al comisario jubilado. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga la denuncia por acoso presentada por López Madrid contra Elisa Pinto.

‘PROYECTO SAVING’

Por último, Villarejo también declarará sobre el supuesto encargo de espiar a la constructora Martinsa-Fadesa con el objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de una empresa de José Moya Sanabria –también investigado– en relación a un reconocimiento de deuda de la constructora.

El encargo, que fue denominado por Villarejo ‘proyecto Saving’ podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas. Por intermediar presuntamente entre el Grupo Cenyt y el empresario, está imputado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este viernes la «movilización y reagrupación» del constitucionalismo catalán ante las amenazas del nacionalismo y el populismo.

En un acto en Barcelona con el candidato del PP de Cataluña a las elecciones catalanas del 14F, Álvarez de Toledo ha articulado un decálogo de «mandamientos laicos por la política y contra el populismo».

El doceavo mandamiento propuesto por la popular es «no vacilarás a la hora de armar una gran política constitucionalista, la única que todavía no se ha ensayado en Cataluña», ya que la Constitución del 1978, en sus palabras, no ha fracasado, y los catalanes deben mirar la realidad de frente.

Además, en otro de los mandamientos, ha pedido: «Recordarás con gratitud la higiénica actuación de la policía el 1 de octubre, el formidable discurso del Rey y el ingreso de la cúpula golpista en la cárcel: fueron tu baño de realidad, tu gran oportunidad de entrar en la edad adulta».

También, dirigiéndose al PSOE, ha dicho: «No intentarás halagar o apaciguar al votante nacionalista diciendo cosas como ‘aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña’, ‘los tribunales no juzgan sentimientos’ o ‘hay 8 naciones en España, las he contado'», y ha afirmado que ni un constitucionalista es culpable de lo que ha pasado en Cataluña, mientras que el PSOE sí.

«Salvador Illa no es la tercera vía, no es un puente entre unos y otros; es la primera y única vía para que madure el fruto del proceso» independentista, ha zanjado.

ALEJO VIDAL-QUADRAS

Por su parte, el exeurodiputado y expresidente del PP de Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, ha criticado la actitud del Estado frente al nacionalismo, una ideología que ha definido como moralmente aberrante y maligna: «Lo que hemos venido haciendo durante décadas, más transferencias, más dinero, más reconocimiento simbólico, más peloteo… solo alimenta al monstruo».

Vidal-Quadras ha asegurado que la «estrategia pusilánime de volver a intentar pasar página» llevará a una ruptura, seguramente violenta, ha dicho, de la sociedad catalana y a una catástrofe a nivel español.

Por ello, el dirigente ha recetado «combatir sin cuartel en el campo de las ideas y en las urnas» al nacionalismo, hasta conseguir, ha dicho, su completa derrota.

La Policía Local de Santander ha detenido a una conductora de 55 años que se dio a la fuga cuando iba a ser denunciada por ir sin seguro; emprendió una huida a 160 kilómetros por hora en la que embistió al coche policíal que le perseguía y opuso resistencia a la hora de ser detenida, lanzando patadas y puñetazos a los agentes.

La mujer, que además dio positivo en drogas, fue detenida por un supuesto delito de atentado, resistencia y desobediecia a agente de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos de estupefacientes y otro por conducción temeraria.

Según ha informado en un comunicado la Policía Local, los hechos ocurrieron ayer, jueves, a última hora de la tarde en la calle Julio Jaurena, cuando una patrulla comprobó que el vehículo que circulaba delante no tenía seguro y tenía la ITV caducada.

Por ello, indicaron a la conductora que se detuviera, le pidieron la documentación y le informaron que iba a ser denunciada por carecer de seguro y que, por ello, la furgoneta quedaría inmovilizada.

En ese momento, la mujer dijo a los agentes que tenía que irse a su domicilio, fuera de Santander; cerró y bloqueó la puerta y emprendió la huida, iniciándose una persecución, por las autovía S-20, S-30 yS-10, en dirección a Bilbao.

Durante el transcurso de la persecución, en un momento en el que ladotación consiguió ponerse a su altura, la conductora les embistió, golpeándoles en la parte delantera derecha, ocasionando daños materiales en el vehículo policial.

Además, la huida continuó, llegándose a alcanzar una velocidad de 160 km/hora. Finalmente, tras ponerse nuevamente a la par del vehículo implicado y conseguir que tomara la salida hacia la localidad de Solares, se consiguió que detuviera la marcha en la rotonda situada antes de la citada localidad, al bloquearle el paso con los vehículos policiales.

Los agentes, al observar que la conductora tenía intención de continuar la huida, rompieron las ventanillas delanteras con su defensa extensible, para desbloquear las puertas, desabrocharle el cinturón deseguridad y sacarla al exterior, a lo que opuso «una fuerte resistencia, agarrándose fuertemente al volante y lanzándoles patadas y puñetazos, motivo por el cual tuvo que ser reducida».

Posteriormente, se le solicitó en primer lugar, la realización de la prueba de alcoholemia, resultando ésta negativa y seguidamente la prueba de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la cual arrojó un resultado positivo en THC, anfetaminas y metanfetaminas.

Además, a la implicada, se le incautó una bolsita con una sustancia de color blanco, que pudiera ser una sustancia estupefaciente, por lo que será remitida al laboratorio correspondiente para su análisis.

El vehículo, denunciado administrativamente por no tener elseguro obligatorio en vigor y por tener la ITV caducada, fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Uno de los agentes, durante la intervención, se produjo un corte en una mano y una lesión en el antebrazo, siendo asistido en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por personal facultativo.

Poco después, otro conductor también fue detenido en la calle Marqués de la Hermida tras chocar contra un vehículo estacionado en doble fila y cuatriplicar la tasa de alcohol permitida.

NUEVE DENUNCIAS POR INCUMPLIR LAS NOMAS COVID

Por otra parte, en el día de ayer, nueve personas fueron denunciadas por incumplir la normativa Covid.

Concretamente, cinco de ellas fueron denunciadas por saltarse el toque de queda y cuatro por no llevar puesta la mascarilla.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha autorizado este viernes el acercamiento de otros cinco presos de ETA, entre ellos Ignacio Aracama Mendia, alias ‘Makario’, que dejará la cárcel de Sevilla al ir directamente a la de Zaballa (Álava), y Beinat Aguinagalde Ugartemendía, asesino del concejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría.

‘Makario’ cumple condena por siete asesinatos, según ha recordado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que recuerda que ya son 142 los etarras acercados en un total de 163 traslados de prisiones desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018. De ellos, 60 tienen delitos e sangre y 34 han ido directamente a cárceles del País Vasco o Navarra –once de ellos por tercer grado y cinco por enfermedad–.

Ignacio Aracama Mendia dejará el centro penitenciario de Sevilla-II para ir a Zaballa. En 1998 la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del asesinato de Antonio Recio Claver en 1979. También fue condenado a 28 años de cárcel en calidad de cooperador necesario en el asesinato de Jesús Ignacio Velasco Zuazola, marido de una de las fundadoras de la AVT.

En 1999 fue condenado a 30 años por el asesinato en 1980 de Eugenio Lázaro Valle. Además, en 2003 fue condenado a una pena de 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos de Ángel Prado Mella, José Luis Vázquez Platas y Avelino Palma Brioa. También fue condenado en 1998 a 26 años como responsable del atentado que acabó con la vida de Ricardo Tejero Magro. Además, fue condenado a 25 años en 1999 por su participación en el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal, que se produjo en 1983.

CARTAS DE ARREPENTIMIENTOS

Prisiones ha recordado que ‘Makario’ ingresó en prisión el 12 de agosto de hace más de veinte años y cumplió las 3/4 partes de la condena en octubre de 2013. También señala a razones amparadas en la Ley de Protección de Datos para justificar el traslado a propuesta de la Junta de Tratamiento sevillana y previa progresión al segundo grado.

«Ha presentado escrito en el que hace constar su rechazo a la utilización de medios violentos. Reconoce el daño causado y muestra su deseo de atenuar ese dolor», ha añadido Instituciones Penitenciarias en su comunicado informando de los traslados.

Estas cartas fueron cuestionadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para revocar recientemente las redenciones extraordinarias del etarra Sebastián Ecaniz Alcorta, al entender que no suponen un perdón expreso a las víctimas.

ASESINO DE ISAÍAS CARRASCO E IGNACIO URÍA

Prisiones este viernes ha comunicado otros cuatro traslados de presos de ETA. Beinat Aguinagalde Ugartemendía dejará Jaén por el centro penitenciario de Dueñas (Palencia). Fue condenado en 2015 a 32 años de prisión por asesinar al concejal del PSOE en Mondragón Isaías Carrasco en marzo de 2008.

En 2017 fue condenado a 44 años de prisión por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría en diciembre de 2008. También fue condenado a 15 años de prisión por atentar contra la sede del PSE en Lazcano en 2009, según ha recordado la AVT.

De Beinat Aguinagalde Prisiones informa que ha sido progresado al segundo grado y que cumplirá las 3/4 partes de la pena en febrero de 2044. «Acepta la legalidad penitenciaria y ha presentado escrito donde reconoce el daño causado», añade.

Para José María Novoa Arroniz se aprueba el traslado desde Murcia I a la prisión de León. Fue condenado en 2002 a 29 años de prisión por el asesinato de Alfonso Parada Ulloa en 1998. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en junio de 2022 y ha sido progresado al segundo grado.

Hay otros dos presos que van a Zaballa, en Álava. Roberto Lebrero Panizo será trasladado desde Burgos. Fue condenado a 71 años de prisión por la colocación de tres bombas en la discoteca Universal de la localidad navarra de Lacuntza en 2001, y por delitos de estragos, incendios, tenencia de explosivos y colaboración con banda armada.

El último es José Ignacio Armendáriz Izaguirre, que deja Burgos por la prisión alavesa. Ingresó en prisión el 30 de marzo de 1998 y cumple condena de 25 años por los delitos de atentados, asociación ilícita y terrorismo. De ambos dice Prisiones –que los progresa al segundo grado– que han presentado escritos reconociendo el daño y sufrimiento causados, así como rechazando la violencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a nueve años de prisión para el hombre acusado de romper en noviembre de 2018 una orden de alejamiento y prender fuego a la vivienda de su expareja en Las Gabias (Granada), desde donde el incendio se extendió a otras zonas del bloque obligando al desalojo de los vecinos del bloque.

En la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA desestima el recurso que el acusado presentó contra el fallo de la Audiencia de Granada, el cual ahora ha sido confirmado, y que le condena también a indemnizar con 5.000 euros a la víctima por los daños morales causados.

Ella no estaba dentro de la vivienda cuando se produjo el incendio, pero el tribunal fijó esta indemnización ante el «lógico estado de angustia» que sufrió con lo ocurrido y «por las graves molestias causadas al tener que reanudar su vida desde cero en otro domicilio distinto». Tampoco podrá acercarse o comunicarse con ella por ningún medio durante diez años, según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial.

El procesado señaló durante el juicio, celebrado en septiembre del año pasado, que no recordaba nada de aquel día, pues tomaba «pastillas y cerveza» para «evadirse de sus problemas». No obstante, reconoció que solía acercarse con frecuencia a la vivienda de su expareja, saltándose la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, con la que tiene un hijo en común.

Pese a su declaración, el tribunal consideró probado que en la tarde del 6 de noviembre de 2018 acudió al bloque de pisos donde residía su exnovia y, tras forzar la cerradura de la puerta de entrada, accedió al interior.

Con la intención de ocasionar los mayores desperfectos inició tres focos de fuego en el dormitorio sobre elementos fácilmente inflamables, como dos colchones y el armario donde guardaba la ropa.

Esto provocó que rápidamente se extendieran las llamas por el resto de habitaciones de la casa, llegando a calcinar la mayor parte de los elementos tanto estructurales como de adorno de la vivienda.

Una vez que el fuego fue aumentando en vigor, sobrepasó los límites físicos del piso y el humo se extendió hacía las zonas comunes del bloque. No resultaron heridas ninguna de las 15 personas que en ese momento se encontraban en el edificio por la rápida actuación de los servicios de Extinción de Incendios y porque la Guardia Civil desalojó la finca con inmediatez.

La Audiencia Provincial condena al acusado a nueve años de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de allanamiento de morada en concurso con un delito de incendio con peligro para las personas. Además de la pena de cárcel deberá abonar 30.499 euros a la compañía aseguradora que respondió ante el dueño del piso de los desperfectos que ocasionó el incendio, resolución que ahora ha confirmado íntegramente el TSJA.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en la posibilidad de levantar el confinamiento de la comunidad autónoma y de que haya una «apertura perimetral» en España en Semana Santa, extremo «condicionado», eso sí, a que la curva de contagios de coronavirus baje «significativamente» y se haya vacunado para entonces -abril- a cerca de un 20 por ciento de la población.

«Eso es ser prudente, realista y optimista al mismo tiempo», ha considerado el regionalista este viernes, a preguntas de los periodistas sobre las palabras de ayer, jueves, de su vicepresidente, el socialista, Pablo Zuloaga, quien opinó que es «pronto» para tomar decisiones sobre las vacaciones de Pascua y pidió ser «muy prudentes».

Pero el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha insistido en que si la curva de casos Covid desciende «significativamente» -«ahora ni soñarlo», ha apostillado- y en abril están vacunados entre el 15 y 20% de los ciudadanos, «podemos a lo mejor contemplar la posibilidad de una apertura perimetral en España».

Sería, por tanto, un levantamiento del confinamiento «condicionado» a esos dos requisitos: a la bajada de contagios y el aumento de la vacunación, ha remarcado Revilla. «No es que sea optimista, soy realista», ha expresado, antes de añadir que también se considera «prudente».

El presidente cántabro ha reiterado que la pandemia «no se va prolongar eternamente» y, además, «llegará el momento en el que tengamos vacunas y esto empiece a cambiar. Si no -ha reflexionado- sería para no levantarte por la mañana ni seguir todos los días en actos y actos».

Además, Revilla -que ha hecho estas declaraciones en la toma de posesión del nuevo presidente del Puerto de Santander- ha incidido en que el invierno es un factor «propicio» al virus mientras que en verano «prácticamente desaparece», como sucedió el año pasado.

Así, si se tiene en cuenta que en primavera «se puede ir atenuando» la incidencia del Covid y la curva «baje» al tiempo que haya más vacunas, cree que en verano puede haber un «panorama mejor. Eso es ser prudente, realista y optimista al mismo tiempo».

DATOS ESTABILIZADOS EN CANTABRIA

De momento, y por lo que se refiere a Cantabria, el presidente ha corroborado que los datos «están estabilizados», según las cifras de casos los últimos días, aunque ha admitido que la curva de contagios no está bajando «en una proporción muy significativa».

Así, la región está en una línea «parecida» a la conjunto del país, aunque con la «ventaja» de que aquí, gracias a medidas «durísimas» tomadas haces «meses», se ha mantenido «contenida» la incidencia.

De este modo, la acumulada a catorce días no ha sobrepasado «nunca» la barrera de 400 positivos por cien mil habitantes en los últimos 60 días, mientras que la media española se «aproxima» a los mil casos, ha comparado.

Ahora bien, el nivel de Cantabria -360- «todavía es muy alto», por lo que hay que mantener las medidas restrictivas adoptadas mientras se avanza con la inmunización: «la clave está en las vacunas», ha sentenciado.

EUROPA, EN EL FURGÓN DE COLA DE LAS VACUNAS

A este respecto, Revilla ha manifestado que le da «un poco de pena» que Europa esté en el «furgón de cola» de los países desarrollados en lo que a la adquisición de dosis se refiere.

Pero espera que para mediados de marzo y en abril empiecen a llegar varias diferentes y tener así mediados de junio inmunizada a la mitad de la población, ha reiterado para finalizar.

Podemos ha solicitado al juez que investiga el caso Neurona que «rechace de plano» las nuevas acusaciones realizadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona, que ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar a una empleada ‘morada’ como niñera, alegando que tiene una «enemistad manifiesta» con la formación política.

El partido se ha quejado del escrito que Carmona ha enviado al juez Juan José Escalonilla para responder al requerimiento de información que le hizo el propio instructor tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, y que aprovechó también para poner en su conocimiento «algunos hechos investigados internamente» que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.

Podemos ha solicitado a Escalonilla que, dado que el escrito de Carmona «debería tener por único objeto acompañar los documentos que el instructor requirió», «rechace de plano la unión del mismo a las actuaciones, al contener cuestiones ajenas a ese requerimiento, y que únicamente adicione los archivos informáticos que se acompañen al mismo, y siempre que formen parte del requerimiento expresamente realizado».

En su escrito, la organización ‘morada’ ha achacado las acusaciones de Carmona a que «tiene enemistad manifiesta respecto de su empleador y determinadas personas del mismo», recordando a este respecto que demandó a Podemos por su cese, un caso que se tramita en el Juzgado de lo Social Número 1 de Granollers y que está pendiente de sentencia.

«CUESTIONES DE ÍNDOLE PERSONAL»

Se ha quejado particularmente de que Carmona alude a «cuestiones de índole personal que nada tienen que ver con el presente procedimiento», entre ellas que Montero habría usado a Teresa Arévalo, trabajadora del partido y asesora de Igualdad, como niñera para su hija y que Iglesias habría cobrado al menos 7.730 euros en costas procesales de casos que pagó la organización política.

Ha afeado también a Carmona que incluya en su escrito el mensaje de Telegram que envió a Iglesias el 4 de diciembre de 2019 para alertarle de que su despido y el de Calvente eran una «represalia» por «haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional». Según ella, el líder de Podemos lo leyó pero nunca contestó.

En este sentido, Podemos ha recordado que Escalonilla pidió a Carmona que diera al juzgado los expedientes que obraran en su poder sobre las investigaciones que ella y Calvente realizaron sobre las supuestas «irregularidades» que se analizan en esta causa y que el juez rechazó expresamente que incluyera el mensaje de Telegram a Iglesias –sobre el que ella ya había declarado en sede judicial– «al ser ajeno al presente procedimiento».

Así, la formación política ha querido señalar el «escandaloso desprecio» de Carmona a lo acordado por el instructor sobre el mensaje enviado a Iglesias, ya que la ex abogada lo transcribe «íntegramente», a pesar de que el día que declaró Escalonilla ya la advirtió de que «no iba a tener en cuenta cuestiones ajenas al procedimiento».

UNA «AMPLIACIÓN» DE LA DENUNCIA

Asimismo, Podemos ha criticado que Carmona hace «argumentaciones variopintas de índole supuestamente fáctica y jurídica sobre los hechos que están siendo objeto de investigación o que lo estuvieron, habiéndose en estos momentos sobreseído provisionalmente la causa con respectos a la mayoría», como la supuesta ‘Caja B’, los contratos electorales con la consultora política ABD, las obras de la nueva sede o el acceso no consentido a un disco duro de la abogada ‘morada’ Marta Flor.

Escalonilla ya había archivado las otras líneas investigación para centrarse en el contrato firmado por Podemos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que el juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero del partido. Sin embargo, ahora las acusaciones populares sopesan pedir al instructor que indage también en los nuevos hechos mencioados por Carmona, como la niñera o las costas procesales.

Con todo ello, Podemos ha reclamado en su escrito que solamente se incorporen a la causa «los expedientes documentales y no únicamente por mera referencia o transcritos ahora» en lo que considera una «ampliación» de la denuncia presentada por Calvente contra Podemos o «una suerte de escrito de alegaciones más propia de una de las partes personadas y vedado a una testigo».

Mantenerse alejado de los demás reduce las posibilidades de contraer la Covid-19, desde esa perspectiva considerar por el bien común el distanciamiento social durante una pandemia resulta tener el atractivo del beneficio personal, según observa una investigación estadounidense, que ahonda en la idea de que, más allá del beneficio que reporta a la comunidad, mantener esta medida de protección es sobre todo un arma de protección personal.

Los investigadores de la Universidad de Columbus, en el estado de Ohio, presentaron a los participantes del estudio escenarios de comportamiento virtual de varios entornos públicos – una tienda de comestibles, una playa llena de gente, un paso de peatones– y les pidieron que se ubicaran a sí mismos y a personas ficticias en esos contextos, en función de sus preferencias de distanciamiento social. Cuatro meses después, se les preguntó a los participantes si habían dado positivo en la prueba de infección por SARS-CoV-2 o si creían que habían estado enfermos con un caso de COVID-19.

Los análisis estadísticos mostraron que cuanto más participantes demostraron una preferencia por el distanciamiento social en los escenarios, menos probable era que se hubieran enfermado con COVID-19. La implicación del estudio fue clara: lo que era bueno para la sociedad según los consejos de salud pública también era bueno para las personas que querían evitar el virus.

«La evidencia de nuestro trabajo indica que es valioso el distanciamiento social, no solo para reducir la propagación de un virus dentro de una comunidad, sino porque en realidad es beneficioso para el individuo que participa en el distanciamiento social», ha señalado Russell Fazio, autor principal de el estudio y profesor de psicología en la Universidad Estatal de Ohio.

«Hay una noción egoísta en todo esto: ‘Oye, es bueno para mí personalmente. No solo estoy beneficiando a otras personas'», señala el investigador, quien ha publicado este estudio en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Los investigadores pidieron a los participantes que informaran cuánto practicaban el distanciamiento social en la vida real. Pero el equipo agregó un elemento innovador: escenarios virtuales de distanciamiento social en los que los participantes tomaban decisiones «en el momento» sobre cómo reaccionarían en diferentes situaciones. «La medida de comportamiento virtual funcionó mucho mejor como un predictor de enfermedad que la medida de autoinforme, y hay una variedad de explicaciones para eso», señala Fazio.

Por ejemplo, algunas personas pueden exagerar su comportamiento real de auto-distanciamiento para dar una buena impresión a los demás. «Si me gusta verme a mí mismo como alguien muy consciente de la ciencia y que apoya la reducción de la pandemia, eso también está afectando mi proceso de memoria cuando intento participar en esta reconstrucción y proporcionar una calificación que represente cómo es mi pasado», explica el experto.

El laboratorio de Fazio estudia cómo las creencias y actitudes personales influyen en el comportamiento. La aparición de la COVID-19 en los Estados Unidos provocó una oportunidad para tratar de comprender el comportamiento de distanciamiento social. «Todo el grupo del laboratorio llegó a ver la pandemia como un llamado a la acción para los científicos del comportamiento porque, en última instancia, se trataba de una prueba del comportamiento humano. Rara vez se pide a toda una sociedad que cambie su comportamiento», explica Fazio.

DESARROLLO DE UN SEGUNDO ESTUDIO

Los investigadores reclutaron una muestra de 1.885 ciudadanos estadounidenses que representan un rango de edades, ubicaciones geográficas e ideologías políticas. En encuestas separadas realizadas en mayo y junio, se preguntó a los participantes si tenían condiciones de salud preexistentes o trabajos que les obligaran a dejar su hogar, y en qué medida se estaban distanciando socialmente, ya sea en el momento de la encuesta o mirando hacia atrás en tiempo si respondían después de que las economías habían comenzado a abrirse.

Los escenarios de comportamiento virtual, inicialmente creados para un estudio de interacciones con extraños, se ampliaron para esta nueva investigación. El equipo de Fazio señaló a los participantes que los escenarios se utilizarían para evaluar «el comportamiento de las personas en situaciones cotidianas comunes y cómo este comportamiento puede haber cambiado a la luz de la actual pandemia de COVID-19/coronavirus». Los investigadores instruyeron a los participantes para que vieran escenas de situaciones sociales e indicaran cómo ellos personalmente, como individuos, las solucionarían.

Se presentaron diez escenarios. Se evaluaron cuatro situaciones: rutas para caminar que los participantes tomarían a lo largo de una calle o sendero de un parque o en una biblioteca con gente alrededor, y qué asiento elegirían en una cafetería. En seis escenarios interactivos, los participantes movieron un control deslizante para indicar cuánta distancia querrían entre ellos y sus amigos, compradores de comestibles, un extraño que pasaba o varias personas en fila; trazaron el camino que tomarían al cruzar una plaza abarrotada; y colocaron su toalla en una playa concurrida.

Las respuestas se compilaron en una puntuación compuesta para cada participante, con una puntuación más alta que indica más adherencia a las recomendaciones de distanciamiento social. Cuatro meses después, los investigadores preguntaron a los participantes si se habían hecho la prueba de COVID-19 desde que completaron las encuestas y, de ser así, si dieron positivo o negativo. A los que no se habían hecho la prueba se les preguntó si creían que alguna vez habían tenido COVID-19.

En el momento del seguimiento, 199 participantes informaron un resultado positivo de la prueba desde las encuestas iniciales (85 personas) o que creían que habían contraído COVID-19. Los investigadores midieron las relaciones entre las variables de la encuesta (condición de salud preexistente, trabajo fuera del hogar, prácticas de distanciamiento social autoinformadas y puntajes de escenarios virtuales) y la probabilidad de contraer el virus, ya sea basándose en pruebas positivas reales o en las creencias de las personas de que había contraído el virus.

Los análisis estadísticos arrojaron consistentemente los mismos resultados: cuantos más participantes exhibían un comportamiento de distanciamiento social, menos probabilidades tenían de haber contraído COVID-19. La evidencia más sólida de que el distanciamiento social protege a los individuos se encontró en la relación entre una puntuación de comportamiento virtual baja y mayores probabilidades de dar positivo en la prueba de COVID-19.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha tildado de adecuada la medida propuesta por el candidato del PSC, Salvador Illa, de bajar un 30% el sueldo al presidente del Govern: «Celebro que el PSC se acerque a las tesis que Cs lleva defendiendo desde hace años».

El líder naranja ha recordado este viernes que se trata de una propuesta que Cs ha llevado de forma reiterada al Parlament, para que se hiciese «una escala salarial para altos cargos», y reprocha al PSC que, en su momento, votasen en contra y que ahora propongan esta medida.

«A parte del presidente del Govern, también hay otros cargos como la presidencia del consorcio de la Zona Franca, ocupada por un socialista, que cobra casi lo mismo que el presidente de la Generalitat. Por tanto, sí que se tendrían que revisar los salarios», ha añadido.

Por otro lado, Carrizosa ha garantizado a los electores independentistas que él sí que les dará «aquello que no les dan sus líderes separatistas, que dicen que no han venido a gestionar una autonomía».

«Yo sí que gestionaré una autonomía, estoy deseando hacerlo. Y esta será la principal diferencia con respecto de los independentistas», ha dicho, por lo que ha prometido que si es presidente se ocupará de los problemas de los catalanes, como de la lista de espera para operaciones quirúrgicas o de la cola del paro, sean independentistas o no, en sus palabras.

INDEPENDENCIA Y PACTOS

Sobre si cree que existe la posibilidad de que tras alcanzar el 50% de los votos independentistas se declare la DUI como prometen algunas formaciones, Carrizosa ha sido contundente: «Ni 50% ni 51%. Si para modificar una coma del Estatut se necesita 2/3 partes del Paralment, para romper un país eso del 50% queda un poco lejos de la democracia».

Carrizosa ha apostado por que se reactive la «vía 221 que proponía Arrimadas» y que se haga en Cataluña un pacto a la europea, en sus palabras, que uniera a conservadores, socialdemócratas y liberales –representados por PP, PSC y Cs– para formar Govern y acabar con el proceso independentista.

EMPRESAS

En una conferencia de Nueva Economía Fórum, Carrizosa ha apostado por recuperar las empresas que se han marchado –dice– de Cataluña, y que se les brinde un «contexto favorecedor para las transacciones comerciales» y que les dé seguridad jurídica.

«Tenemos que volver a liderar la economía y eso lo haremos dando a las empresas la seguridad de que cuando vayan a vender al resto de España no seremos los antipáticos de la señora (Laura) Borràs, sino que seremos gente que participa de los proyectos nacionales y europeos sin ningún complejo», ha zanjado.