El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que no es nuevo que el PP intente atraer a cargos, militantes y votantes de Cs, pero ha subrayado que son dos partidos «netamente diferenciados» y solo uno de ellos se puede describir como «de centro, liberal, progresista» y sin casos de corrupción.

Así se ha referido a las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha arremetido contra Ciudadanos por romper los gobiernos de coalición con los ‘populares’ en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad al presentar sendas mociones de censura junto al PSOE y ha afirmado que las puertas del PP están abiertas para los afiliados, simpatizantes y dirigentes de Cs que se sienten «defraudados» por Inés Arrimadas y su equipo.

«No me sorprende absolutamente nada lo que ha dicho», ha comentado Bal en declaraciones a laSexta, recordando que hace tiempo que los medios de comunicación están contando que el PP pretende hacer una «OPA» a la formación naranja.

Pero Bal ha subrayado que el PP y Ciudadanos son «proyectos políticos netamente diferenciados» porque el primero es una formación «de derecha o de centroderecha» y el segundo es un partido «de centro, liberal, progresista y limpio», porque no tiene «ningún caso de corrupción».

En el mismo sentido se ha pronunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en una entrevista en esRadio, al defender que «Cs es distinto al PP» y que deben continuar siendo partidos diferentes aunque puedan ponerse de acuerdo para gobernar juntos.

Sobre el llamamiento de García Egea, Villacís ha resaltado que «todos los gobiernos» que tiene actualmente el PP salvo el de Galicia dependen de Ciudadanos. Y tengo que escucharle decir que se vaya la gente de Cs y que se vaya al PP. Me parece tan irresponsable», ha lamentado.

SE «ESPECULA» SOBRE CARGOS DE Cs QUE QUIEREN IRSE AL PP

En cuanto a las informaciones según las cuales ya hay cargos del partido de Inés Arrimadas que han solicitado integrarse en el PP, la vicealcaldesa ha respondido que no está al corriente de si esto está ocurriendo o no, pero que ella no forma parte de esa corriente. «También se ha especulado mucho, yo he tenido que ver en las noticias cómo a mí se me adjudicaba una marcha al PP que no es verdad», ha agregado.

Por su parte, Bal ha señalado que la corrupción del PP en Murcia es lo que ha motivado las mociones de censura, ya que este partido «ha faltado a los acuerdos» de gobierno que firmó con Cs.

«Hemos puesto encima de la mesa presuntos casos de corrupción y ellos se han dedicado a taparlos, no han dado la información, no han querido ser transparentes», ha indicado sobre el escándalo de los cargos políticos que se vacunaron contra el coronavirus cuando aún no les tocaba y sobre la negativa del PP a aclarar las irregularidades en contratos municipales detectadas por el teniente de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs), y la querella que luego interpuso contra él.

NO SE PODÍA PREVER QUE AYUSO CONVOCARÍA ELECCIONES

Respecto a la consecuencia que los acontecimientos de Murcia han tenido en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta autonómica, la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, ha roto el gobierno de coalición con Ciudadanos y ha convocado elecciones anticipadas, Bal ha dicho que no podían haber «previsto con una bola de cristal» que Ayuso iba a ser «la única que no ha entendido» que ese movimiento se circunscribía a Murcia y no tenía por qué afectar a otros gobiernos de coalición de Cs con el PP.

El diputado ha destacado que la propia Arrimadas llamó por teléfono al presidente del PP, Pablo Casado, para informarle de las mociones de censura en Murcia y dejar claro que la intención de la formación naranja era mantener el resto de los gobiernos.

Y mientras los gobernantes del PP y Cs en Andalucía, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid expresan públicamente su compromiso con las coaliciones que encabezan, la «irresponsable» de Díaz Ayuso «rompe unilateralmente» con Ciudadanos y anuncia un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid buscando «obtener una ventaja electoral», ha criticado.

Bal cree que Díaz Ayuso quería hacer esto desde hace tiempo y ahora, con la situación en Murcia, «ha encontrado la excusa perfecta». «Ha tenido tanta prisa» por presentar el decreto de convocatoria de elecciones que ha generado «un galimatías jurídico», ha manifestado sobre las dudas acerca de si prevalece esa convocatoria o las mociones de censura registradas el mismo miércoles en la Asamblea por el PSOE y Más Madrid.

MOCIONES DE CENSURA EN MADRID

En relación con las mociones, considera que esos dos partidos han actuado de una forma tan «oportunista» como la presidenta madrileña. Sobre la posibilidad de que Cs presente su propia moción con Ignacio Aguado como candidato a la Presidencia, ha apuntado que en este momento sería «imposible desde el punto de vista técnico jurídico» poder registrarla. «La perspectiva es la de celebrar elecciones y ya veremos qué dice la Justicia», ha añadido.

Villacís ha reconocido que, al coincidir con Casado en el acto por las víctimas de los atentados terroristas del 11-M, celebrado en el parque de El Retiro, le ha reprochado que el PP haya roto el pacto de gobierno con Cs en la Comunidad de Madrid. «Le he dicho que al Ayuntamiento nos fastidia mucho porque compromete muchos de los proyectos que tenemos en común» y que ahora están «totalmente bloqueados», ha explicado.

Además, la dirigente de Ciudadanos ha expresado su temor ante la «amenaza» de que la comunidad acabe gobernada por los partidos de izquierdas, pues cree que esto agravaría la situación política en un país que, a su juicio, ya tiene «el peor gobierno posible» en la Moncloa con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

«No merecía la pena en ningún caso asumir ese riesgo», ha señalado, argumentando que en este momento «quien haga por destruir los puentes entre el PP y cs no está haciéndole un servicio al país». Villacís ha manifestado que por su parte y por la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está garantizada la estabilidad de la coalición en el Ayuntamiento.

La dirección de Junts ha apostado finalmente por que la que su candidata a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero, Laura Borràs, sea el nombre que presentan para presidir el Parlament, por lo que este viernes será investida por la Cámara catalana.

Así lo han explicado fuentes cercanas, que aseguran que Borràs ha aceptado finalmente ocupar este puesto, pese a que era reticente a ello porque prefería asumir responsabilidades en el Govern como vicepresidenta.

Todo ello llega a falta de menos de 24 horas para el pleno de constitución del Parlament, y tras el acuerdo alcanzando entre los independentistas para que Junts lo presida, ERC tenga una Vicepresidencia y la CUP una de las cuatro Secretarías de la Mesa.

ERC se ha comprometido a apoyar el nombre que propusiera Junts, mientras que la CUP cuestionan el perfil de Borràs por la investigación que tiene abierta por parte del Tribunal Supremo por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y que ahora pasará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además, los anticapitalistas estaban dispuestos a presidir el Parlament, y de hecho propusieron el nombre de Pau Juvillà, pero finalmente Junts se ha impuesto en su reclamación de ocupar dicho puesto y no necesitan los votos de los ‘cupaires’ para que Borràs sea investida presidenta.

En un comunicado posterior, Junts ha asegurado que la Ejecutiva del partido ha aprobado por «aclamación unánime» el nombre de Borràs y que propondrán que Jaume Alonso-Cuevillas ocupe una de las Secretarías de la Mesa.

También aseguran que la reunión de la dirección se ha celebrado tras cuatro semanas de trabajo conjunto con ERC para lograr una Mesa del Parlament «con mayoría independentista y presidencia de Junts».

«ERC y Junts se conjuran a seguir los trabajos iniciados que deben permitir cerrar las bases estratégicas de la legislatura del 52% independentista, las grandes prioridades para elaborar el plan y la estructura de Govern, para culminar con la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat dentro del plazo fijado» para la celebración del debate de investidura, previsto para el 26 de marzo, destacan.

¿ARTADI, VICEPRESIDENTA?

Con la decisión de Borràs de presidir el Parlament, se descarta que pueda formar parte del futuro Govern, por lo que toma aún más fuerza la posibilidad de situar a la vicepresidenta del partido, Elsa Artadi, como vicepresidenta económica del futuro Govern.

Artadi es una persona de confianza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y forma parte del equipo negociador de Junts.

El Congreso ha aprobado este jueves, con el único voto en contra de Vox, dos iniciativas pactadas por PSOE, Unidas Podemos y BNG instando a convocar la Comisión Mixta entre los gobiernos central y gallego para acelerar el traspaso de competencias pendientes y analizar asuntos de la llamada agenda gallega.

Se trata de enmiendas del PSOE a sendas proposiciones no de ley del BNG y de Galicia en Común que han sido aprobadas en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso con el apoyo del PP, el rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos.

El portavoz de Galicia en Común, Antonio Gómez-Reino ha manifestado la necesidad de que la Cámara Baja ponga en marcha «cuanto antes» el diálogo entre ambas administraciones para poder hacer efectivas estas transferencias después de que, según ha asegurado, hayan pasado más de diez años sin que el Gobierno haya transferido competencias a Galicia.

Además de la AP-9, Gómez-Reino también ha mencionado otras competencias como salvamento marítimo o tráfico y ha insistido en que «lo mínimo que se puede pedir a un Gobierno es que ejerza sus competencias» y que «precisamente» hay que reclamarlo cuando son cuestiones que tienen un «amplísimo consenso en Galicia».

En esta misma línea, el diputado del BNG Néstor Rego ha reprochado que las últimas transferencias se hicieron efectivas fueron negociadas por el BNG y que, por lo tanto, se trata de un «balance desolador» el hecho de que un Gobierno «renuncia a las capacidades que tiene para decidir sobre sus propios asuntos».

Tras la enmienda del PSOE, la iniciativa de Gómez-Reino insta al Gobierno a «proceder, de común acuerdo con la Xunta de Galicia y de conformidad con las previsiones legales existentes, a la activación de la Comisión Mixta Bilateral».

De igual modo, la propuesta del BNG, tras aceptar la enmienda del PSOE, llama a «mantener» los contactos y negociaciones con la Xunta de Galicia para la convocatoria de la comisión mixta que impulse las transferencias, empezando por las que existan acuerdos parlamentarios.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha pedido explicaciones este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la adquisición de una cinta de correr. «Es absolutamente indignante que en plena pandemia los políticos den tan poco ejemplo», ha denunciado el diputado naranja Edmundo Bal.

«Marlaska tiene que aclarar ya mismo si el presupuesto del Ministerio del Interior ha costeado la compra de una cinta de correr y dar las explicaciones pertinentes», ha pedido Bal en su cuenta de Twitter, enlazando a un pregunta por escrito registrada en el Congreso.

En dicha pregunta, el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero cuestiona por «poco ético» el gasto de casi 2.800 euros «en un bien de uso privado de un miembro del Gobierno en su vivienda particular, en un país que atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de su historia reciente, con más de cinco millones de parados, entre otros dramas».

«¿Puede el Gobierno justificar que no se trata de un coste estrictamente personal? Si no es así, ¿cuál es el motivo por el que el Ministro no ha sufragado este coste de su propio bolsillo?», señala Ciudadanos.

En concreto, Interior acordó el pasado 22 de febrero destinar 2.770,90 euros a la compra de la citada cinta de correr, según el anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que publicó esta semana el diario ‘El Independiente’.

Fuentes del departamento que dirige Marlaska han recalcado que ya había una cinta de correr cuando el ministro se instaló en la vivienda y que lo que se ha hecho es «sustituirla» por contrato y sin que «en ningún momento» participara el ministro en el proceso. Recalcan, además, que esa compra se llevó a cabo por «motivos de seguridad» dada la «dificultad» que tiene Marlaska para realizar deporte al aire libre.

La compra de esta cinta de correr ha motivado las críticas también desde las filas del PP. «Usan las instituciones como un cortijo y utilizan el dinero como si no fuera de nadie», ha denunciado la portavoz ‘popular’ de Interior en el Congreso, Ana Belén Vázquez.

Al Senado ya ha llegado esta cuestión de la mano del senador de Compromís, Carles Mulet, quien pide a Interior que desvele el color de la cinta de correr, si es de uso exclusivo del ministro o si dejará los contribuyentes «usarla por turnos».

También la que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha criticado en Twitter la compra de la cinta de correr y ha cargado contra Marlaska, del que cuestiona su vergüenza. «Le hemos comprado una cinta de correr al ministro del Interior. Grande tu desvergüenza, inmensa, Marlaska», ha comentado.

La Ejecutiva del PSOE-M se reunirá este viernes para analizar la situación actual de la Comunidad de Madrid tras el decreto para convocar elecciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la moción de censura que ha registrado contra ella el Grupo Parlamentario Socialista, han informado fuentes del partido.

Esta reunión será telemática sobre las 11 horas, aunque en ella no podrán tomar ninguna decisión clara al respecto debido a que este asunto estará judicializado, después de que la Mesa de la Asamblea vaya a presentar mañana un recurso al decreto de convocatoria de elecciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y medidas cautelarísimas por la disolución de la Asamblea.

El máximo órgano parlamentario ha acordado recurrir al TSJM el decreto de convocatoria electoral, al entender que hay dos mociones de censura en trámite. Toda la actividad parlamentaria, incluidas las mociones, queda suspendida y los acuerdos decaen, quedando a la espera de la decisión del TSJM, informaron fuentes parlamentarias.

Estas mismas fuentes han explicado que antes de presentar el recurso tienen que pasar 24 horas desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOCM). Por eso, la Mesa no puede emprender estas acciones hasta mañana.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado esta mañana que está centrado en la moción de censura presentada por su Grupo en la Asamblea de Madrid y en «cómo lograr una mayoría transversal» antes que en ser un posible candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a asegurar hoy que «el compromiso y el encargo»que ella tiene del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el de ser ministra de Defensa, al ser preguntada sobre si le gustaría ser la candidata del PSOE en esas posibles elecciones autonómicas, ya que su nombre es uno de los que más fuerte suena para ocupar este puesto.

La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, ha circunscrito también la moción de censura de su partido a Murcia y ha rechazado que la formación naranja tuviese intención de hacer lo mismo en Madrid, como ya aseguró también la presidenta de su partido, Inés Arrimadas.

Así, ha defendido que lo que hicieron sus compañeros en Murcia está ligado a la lucha contra la «corrupción» de la que su partido ha hecho gala siempre y, por ello, ha lamentado lo que ha calificado de «suicidio» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Esradio, Beatriz Pino ha remarcado que la actuación de su partido forma parte de su trabajo y «de seguir demostrando lo que siempre ha hecho» que son «implacables contra la corrupción». «Eso es lo que estamos haciendo», ha aseverado la portavoz de la formación naranja en Galicia y miembro de la dirección de Cs.

Beatriz Pino ha destacado que en Murcia «tuvimos que asistir de forma vergonzosa a que más de 450 altos cargos del PP se vacunasen por delante de los que tenían derecho». «No lo vamos a permitir», ha aseverado la dirigente naranja, quien ha enfatizado que «tienen que saber que Cs no va a permitir» ninguna situación de este tipo: «Vamos a denunciar la corrupción».

Beatriz Pino ha apuntado ha remitido a la propia Ayuso para conocer las razones de convocar elecciones. «Supongo que hay que preguntar por qué tomó una decisión tan suicida, que no comparten los madrileños, convocar a las urnas con la que está cayendo», ha manifestado Beatriz Pino, quien indicó que se trató de una «decisión de los compañeros de Murcia, que se comenta a la ejecutiva permanente y va adelante, siempre teniendo clara la lucha contra la corrupción».

«CONCRETA Y LOCALIZADA»

Por ello, la líder de Cs en Galicia ha defendido que se trata de una moción de censura «concreta y localizada». «Y si alguien quiere ver un efecto dominó y le sirve de excusa para (acabar con) un gobierno estable y que estaba funcionando perfectamente en Madrid, hay que preguntarle a esa persona», ha agregado.

Beatriz Pino ha recordado, asimismo, que Cs no ha apoyado ninguna otra moción de censura registrada en las últimas horas (Madrid y Castilla y León). «No vamos a dar cobertura a ninguna que no esté presentada por nosotros, no lo vemos necesario. La de Murcia está circunscrita a Murcia», ha sentenciado.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que el acuerdo que cerraron con Ciudadanos el martes sólo contemplaba la presentación de una moción de censura en Murcia y que no había nada más preparado, aunque ha reconocido que «evidentemente siempre se prevén reacciones en una situación así».

En declaraciones a los medios tras participar en el acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Ábalos ha señalado que cuando una alianza de gobierno entre dos partidos, en este caso, PP y Ciudadanos, «se quiebra en un lugar, es normal que se produzcan movimientos en el resto».

No obstante, ha insistido en que aunque eran conscientes de ello, no habían hablado con Ciudadanos sobre la posibilidad de presentar también una moción de censura en la Comunidad Madrid, como después acabó haciendo el PSOE en solitario tras anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que iba a disolver la Asamblea y adelantar las elecciones para mayo.

ASEGURA QUE EL PP «HUMILLA» A CIUDADANOS

«Todos sabemos lo que puede ocurrir, sobre todo en las relaciones entre esta forma de gobierno», ha afirmado Ábalos, antes de criticar que el PP «se había acostumbrado a que Ciudadanos fuera un proyecto sin autonomía» e incluso lo «humillaba en algunos espacios».

En este sentido, ha asegurado que el PP pensaba que Ciudadanos «no tenía ningún otro margen» ni «soberanía política» pero que, «como todo partido», el de Inés Arrimadas también tiene «un margen de autonomía». «Sobre todo un partido que se reivindica centrista es evidente que tiene más margen de autonomía política», ha apostillado.

«NO HABÍA UN PLAN» SINO UN PROBLEMA «MUY LOCAL»

Preguntado sobre si ahora Ciudadanos se convierte en un socio preferente del Gobierno y del PSOE, Ábalos ha respondido que «es un socio en Murcia», tras insistir en varias ocasiones en que la negociación que culminó el miércoles con la presentación de la moción de censura en esta región se produce por una cuestión «muy local»: la mala relación de Ciudadanos y el PP en el Gobierno autonómico y su inestabilidad.

«Lo que ocurre es que las circunstancias que se dieron en Murcia no tienen que ver con otras circunstancias, no había plan, lo que había era situación en Murcia muy complicada entre socios de gobierno, y la situación de una forma o de otra se iba a resolver así», ha ahondado.

«El problema es que ese gobierno no funcionaba, y todos eran conscientes», ha proseguido, para añadir que incluso «se daban gritos». «Evidentemente reacciones siempre se prevén en una situación así, pero no había nada preparado al respecto, porque era una cuestión muy local y no afectaba a otros porque en este caso donde tenían el problema era en Murcia», ha insistido, reconociendo, no obstante, que contemplaban la posibilidad de que la ruptura en Murcia entre Ciudadanos y el PP se extendiera a otras regiones.

A este respecto, ha asegurado que «para nada» la reacción de Ayuso de convocar elecciones anticipadas ha pillado al PSOE desprevenido, aunque ha reconocido que no habían negociado con Ciudadanos la presentación de una moción de censura también en Madrid porque el partido naranja consideraba que «no se daban las circunstancias».

«Donde se lo plantea fue donde se procedió. Imagino que Ciudadanos no se esperaba a reacción de Ayuso porque eran socios, pero hay que recordar como surgieron estos pactos: fueron pactos de perdedores, por cierto, hechos en los despachos. En las urnas ganó el PSOE», ha recordado.

Por ello, ha reivindicado la decisión del PSOE de presentar una la moción de censura en Madrid para evitar el adelanto electora, y ha asegurado que debería prosperar porque, según ha defendido, entró en la Mesa de la Asamblea antes que la convocatoria de elecciones de Ayuso.

«Esto ya se ha convertido en una disquisición política muy contaminada por intereses políticos», ha lamentado, para añadir que ahora debe resolverse en la vía judicial. Además, ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer hacer «una interpretación de subordinación de la Asamblea al Ejecutivo». «Y eso no parece muy razonable en un sistema parlamentario donde se residencia la soberanía nacional en esta cámara», ha apuntado.

SI HAY ELECCIONES, «SE PONE EN MARCHA TODO»

Y mientras no se resuelva el embrollo judicial, Ábalos ha asegurado que el candidato del PSOE en esa moción es el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y ha rechazado hablar de otros candidatos para las posibles elecciones que esperan que no se celebren. «Primero, que haya elecciones, y cuando haya elecciones, ya se pone en marcha todo», ha señalado.

«En Madrid, si hay moción, el líder sigue siendo Gabilondo», ha recalcado, al ser preguntado sobre si están pensando en Robles para encabezar la candidatura del PSOE en las eventuales elecciones. «Está en la moción de censura el candidato», ha insistido, dejando claro que el escenario por el que ahora apuesta el PSOE es el de la moción.

El Congreso ha aprobado este jueves, con la única oposición de Vox, una solicitud del PSOE y Unidas Podemos para crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que estudie cambios en la ley electoral más allá de la eliminación del voto rogado, entre los que figura la rebaja de la edad de voto a los 16 años o medidas para evitar el transfugismo. Ahora el Pleno de la Cámara debe ratificar su puesta en marcha.

En el Congreso ya está en tramitación la proposición de ley promovida por los dos socios de Gobierno para reformar la ley electoral con el fin de derogar el ruego del voto que desde 2011 se exige a los españoles emigrados. Su toma en consideración se aprobó por unanimidad en el Pleno del pasado 23 de febrero y actualmente está en fase de presentación de enmiendas.

Pero, un día después, el PSOE y Unidas Podemos también registraron una solicitud para crear una subcomisión con el fin de estudiar reformas en otros aspectos del procedimiento electoral, lo que permitiría continuar el trabajo de análisis iniciado hace dos legislaturas y que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019.

SÓLO HAY UN INTERÉS «PARTIDISTA»

Todos los intervinientes, además de los promotores, han defendido la conveniencia de abrir esta subcomisión, salvo Vox que ha votado en contra porque cree que el PSOE y Unidas Podemos quieren «imponer» reformas en la LOREG por un interés «partidista» que «disfrazan» con un «supuesto consenso».

En Ciudadanos, su diputado Miguel Gutiérrez ha dicho estar «encantado» de hablar «sin líneas rojas» en esa futura subcomisión pero ha mostrado sus dudas de que ésta acabe siendo «un ejercicio infructuoso».

José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, es partidario de hablar de todas las reformas pendientes de la Ley Electoral en la citada subcomisión, incluida la derogación del voto rogado, por lo que ha pedido frenar, de momento, la tramitación de la iniciativa lanzada por los grupos del Gobierno sobre esta cuestión.

Se trata, según ha defendido, de una reforma de «enorme trascendencia» que requiere conocer, entre otras, la opinión de la Junta Electoral Central y analizarse sosegadamente para conseguir la mayor seguridad jurídica.

Ello no impedirá, a su juicio, estudiar otras reformas electorales, como la que plantean el PSOE y Unidas Podemos para evitar el transfugismo, un asunto que ha cuestionado que los socialistas defiendan cuando su líder en Castilla y León, Luis Tudanca, está buscando «tránsfugas» en Ciudadanos para que su moción de censura en esa comunidad prospere. «A eso se le llama predicar con el ejemplo. Lamentable», ha dicho.

Estas palabras han provocado que el diputado del PSOE en la Comisión Constitucional Odón Elorza pidiera la palabra al presidente de este órgano, Patxi López, para desmentir una acusación que ha tachado de «grave» y «fuera de lugar».

TEMAS A TRATAR

En concreto, según el texto aprobado la subcomisión estudiará algunas reformas electorales que son «perentorias», como la de regular la moción de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfuguismo.

Pero también otras para, entre otras cuestiones, regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

Los proponentes recalcan que las tres últimas vienen recogidas expresamente en el acuerdo de Gobierno y, singularmente, la relativa a la rebaja de la edad de voto es una ‘vieja’ reivindicación de Esquerra Republicana (ERC) y una de las solicitudes que también viene reclamando Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón.

De hecho, ésta fue la primera iniciativa que ERC registró tanto en el Congreso como en el Senado al inicio de la presente legislatura. En el Senado, donde debatió el pasado octubre, la propuesta se rechazó con el voto, entre otros, del PSOE, que acusó a los independentistas catalanes de haber presentado esta propuesta a las puertas de las elecciones catalanas.

La exconsellera Meritxell Serret (ERC) cruzó el miércoles por la noche en coche la frontera de Francia a España a través del País Vasco en su regreso desde Bruselas para entregarse este jueves por la mañana ante el Tribunal Supremo, han explicado fuentes republicanas.

Al tener sus documentos de identidad caducados desde hacía tiempo –llevaba en Bélgica desde 2017–, Serret viajó desde Bruselas en coche acompañada y cruzó la frontera por la noche y este jueves por la mañana ha llegado a Madrid para personarse ante el Supremo, donde ha sido puesta en libertad y ha sido citada para el próximo 8 de abril.

Según las fuentes ya citadas, pocas personas sabían que Serret volvería para minimizar el riesgo de que pudiera ser detenida, ya que consideran que era una decisión arriesgada, especialmente el trayecto desde la frontera hasta el Supremo.

De hecho, su familia se ha enterado este jueves por la mañana y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas en el extranjero también.

Las mismas fuentes han asegurado que la decisión de volver ha sido «personal» de Serret tras barajarlo durante los últimos meses y el haber resultado elegida como diputada en las elecciones catalanas del 14 de febrero aceleró esta posibilidad, ya que prevé asistir este viernes al pleno de constitución del Parlament para tomar posesión de su acta de diputada de la nueva legislatura.

Además, hace unos meses Serret cambió su abogado, que hasta ahora era Gonzalo Boye, por Iñigo Iruin, que definen como un experto en el retorno de miembros de ETA a España y que la ha asesorado en todo el proceso y en la decisión de regresar desde Bruselas, por lo que ha sido otro factor determinante.

SITUACIÓN JUDICIAL

La situación judicial de la exconsellera era diferente de la del resto de dirigentes independentistas en el extranjero desde la sentencia del juicio del 1-O, ya que el juez del Supremo Pablo Llarena no la incluyó en las nuevas euroórdenes.

Según las fuentes citadas, esa sentencia dejaba claro que a Serret no se la podía acusar por malversación, por lo que entienden que quedaba en una situación equiparable a la de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs, que fueron condenados por desobediencia y evitaron entrar en la cárcel.

Por eso, defienden que en su declaración del 8 de abril debería quedar en libertad y eludir la cárcel hasta que se celebre el juicio, aunque admiten que no tienen «ninguna certeza» y que hay riesgo de que le pidan medidas cautelares.

También consideran que la debería juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el Supremo, y esgrimen como argumentos el hecho de ser diputada del Parlament y de que, en principio, la acusación de rebelión debería caer, por lo que sería acusada solo por desobediencia.

Asimismo, las fuentes republicanas han reivindicado que ha sido una decisión arriesgada pero que puede servir para «abrir camino» al resto de líderes independentistas que están en el extranjero, especialmente del exconseller Lluís Puig y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, aunque recalcan que tienen situaciones diferentes.

PAPEL DE SERRET

Ahora está por ver qué papel y qué responsabilidades tendrá Serret en la nueva legislatura, después de que este viernes se convierta en diputada de la Cámara catalana.

Las fuentes de ERC han descartado que pueda volver a ser consellera pero no cierran la puerta a que pueda tener un papel destacado en el grupo parlamentario de los republicanos.

El Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa del PSOE que aboga por adaptar el Reglamento de la Cámara para potenciar el trabajo telemático de los diputados ante un escenario similar al de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La propuesta de los socialistas ha cosechado el rechazo de Vox y la abstención del PP y Ciudadanos.

En su proposición no de ley, debatida en la Comisión Constitucional, el PSOE pone en valor que el Congreso haya logrado combinar «razonablemente bien» las actividades presenciales y telemáticas desde el inicio del confinamiento hasta la actualidad, pero aún así, cree que se deberían regular fórmulas de funcionamiento a seguir ante situaciones análogas para que la Cámara pueda continuar cumpliendo en el futuro con la expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.

En concreto, proponen adaptar las normas del Congreso a un modelo de funcionamiento con medidas operativas y fórmulas de trabajo que garanticen el mantenimiento de las actividades parlamentarias imprescindibles, y que establezcan las condiciones para el desarrollo de las sesiones de Pleno y comisiones, así como para el ejercicio de las diferentes iniciativas parlamentarias.

Además, el plan debería dejar claro el papel que en cada actividad desarrollarán los sistemas tecnológicos y telemáticos, y fijar los servicios mínimos de la Cámara para el cumplimiento de las funciones de la institución y de los diputados.

CON ESTE GOBIERNO NO SE PUEDE CERRAR EL CONGRESO

La posición del PSOE la comparte su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Su diputada Pilar Garrido también sostiene que la Cámara se ha ido adaptando a la evolución de la crisis sanitaria pero apunta que para el futuro habría que modificar el Reglamento para que exista más seguridad jurídica.

Las críticas han venido de la mano del PP, Vox y Ciudadanos, quienes han denunciado que el Congreso estuvo parado durante casi un mes, coincidiendo con el comienzo del estado de alarma derivado del coronavirus.

Desde el PP, Vicente Tirado ha criticado que las crisis sanitarias como el Covid no pueden suponer el cierre del Congreso o la suspensión del control al Gobierno, sobre todo cuando éste «no es de fiar, miente y desprecia» a la sede de la soberanía popular, como, a su juicio, hace el Ejecutivo de socialistas y morados.

En la misma línea, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha criticado que no haya habido un funcionamiento «normal» de la institución durante el último año y ha censurado en concreto su cierre al inicio de la crisis sanitaria, un parón que su partido tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Desde Ciudadanos, el diputado Miguel Gutiérrez ha dicho que le parece «bien» que el PSOE busque cambiar el Reglamento para adaptar los instrumentos tecnológicos y técnicos del Congreso, pero se ha quejado de que tumbara todas las peticiones para garantizar el trabajo telemático tanto en Pleno como en comisiones que hizo su partido desde el principio de la pandemia.

EXTENDER EL USO DEL VOTO TELEMÁTICO

Singularmente, el texto aprobado reconoce como «bueno» el funcionamiento del sistema de votación telemática que se ha llevado a cabo en estos meses en el Pleno, pero aboga por analizar la conveniencia de extender su uso a la celebración de comisiones en posibles situaciones de confinamiento, algo que han venido reclamando otros grupos parlamentarios.

También sugiere, entre otras medidas, que el Reglamento contemple un sistema de teletrabajo de los diputados con rendición de cuentas, el campo de utilización del voto telemático en los Plenos, el alcance de las aplicaciones de videoconferencia para celebrar reuniones y comisiones, así como la vía de presentación y desarrollo de las diferentes iniciativas parlamentarias y los plazos de las tramitaciones.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado este jueves la «acertada» decisión del Ejecutivo de fijar finalmente un importe de 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, dentro del paquete global de 11.000 millones que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

«Esto no va de quién pierde o quién gana dentro del gobierno. Con esta acertada decisión, gana el gobierno de coalición en su conjunto, gana la hostelería, el pequeño comercio y los sectores económicos más afectados por las restricciones y gana el país», ha apuntado en Twitter.

Con ello aludía al planteamiento que Unidas Podemos, a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, remitió a la vicepresidenta y titular, Nadia Calviño, para reclamar que las ayudas directas alcanzaran los 8.000 millones de euros.

Finalmente los 7.000 millones consignados es una cantidad inferior a la demandada por Unidas Podemos, pero fuentes de la formación morada han expresado su satisfacción ante el resultado final del decreto que se aprobará el viernes, pues se acerca a sus pretensiones.

El fondo será gestionado por las comunidades autónomas pero desde un marco común para todo el país. El plan de 11.000 millones de euros se dirige fundamentalmente para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, según han confirmado fuentes gubernamentales..

La medida estaba prevista que recibiera ‘luz verde’ el pasado martes tras ultimar los últimos detalles en el fin de semana, pero tras las exigencias de Unidas Podemos de incrementar las ayudas directas y ante la necesidad de perfilar los últimos flecos técnicos, se ha retrasado su aprobación hasta este viernes.

Además de la gestión autonómica, la Agencia Tributaria controlará los requisitos para obtener las prestaciones y Baleares y Canarias tendrán una partida especial por el impacto en el sector turístico.

El pasado lunes el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, subrayó que llevaban trasladando desde hace semanas propuestas en el seno de la coalición para lograr un «plan ambicioso» de ayudas directas a las empresas y apuntaba «era urgente hace semanas».

DOCUMENTO DE UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos planteó, dentro de este plan de 11.000 millones, una dotación de al menos 8.000 millones en ayudas directas a las empresas golpeadas por el Covid-19 mientras que la vía de reestructuración de las deudas del ICO debería tener un papel «más secundario».

La medida ya fue reclamado por la formación morada en febrero, mediante sendas cartas enviadas a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

«Las ayudas directas deben ser accesibles para todas las empresas, al margen del sector en el que se encuentra, y la condición para acceder debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30%-40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019», destacaba el documento de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Por otro lado, destaca que las ayudas directas a empresas deben de quedar enteramente reguladas en una norma estatal y ser «homogéneas» en todo el territorio. Para evitar «abusos» por parte de las empresas y «casos de mala utilización» de los fondos públicos, Unidas Podemos apostaba por condicionarlas a ciertos objetivos de políticas públicas. El principal, propiciar el mantenimiento del empleo.

ACS ha señalado este jueves, en relación a la posible demanda que podría estar preparando Iberdrola contra la constructora por posibles filtraciones en el marco de la causa ‘Tándem’, que nunca han comunicado a ningún medio digital que prepararan cualquier tipo de acción en contra de la eléctrica. Sostienen que el anuncio de la demanda de Iberdrola puede responder a «una simple maniobra de distracción» para tratar de diluir sus responsabilidades» en la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

En un comunicado de la constructora, se explica que lo que ha hecho el presidente de ACS, Florentino Pérez, hasta ahora es personarse como perjudicado en la pieza 17 del caso ‘Tándem’ en la Audiencia Nacional. Causa en la que se indaga sobre los encargos de la eléctrica a Villarejo.

Explican que la razón de su personación es la existencia de unos audios que se han hecho públicos en los que un directivo de Iberdrola, el responsable de Seguridad, le dijo al comisario ante la propuesta que éste le hace de actuaciones contra Florentino Pérez, que «sería más fácil hacer un montaje con un niño o hacerle desparecer simulando un accidente».

Esta propuesta es «repugnante», dicen, y califica por si sola «a quien la hace y a la compañía que le ampara despidiéndole con una más que generosa indemnización». Se refiere al que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.

ACS informa asimismo de que tanto el comunicado emitido este jueves como la noticia de la que trae causa, publicada también hoy en un diario de tirada nacional, serán puestos en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye el caso.

LA COMPRA DE PARTICIPACIONES

Fue en noviembre de 2019 cuando el presidente de ACS, Florentino Pérez, decidió personarse en calidad de acusación particular en esta pieza separada. Lo hacía para «ejercitar acciones penales y civiles» contra los que resultaran responsables, y ya entonces apuntaba al presidente de Iberdrola y a la gente de su entorno que hubiera participado, así como el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hubieran podido servir de instrumento a esa «actividad delictiva.

Así lo indicaba ACS en un comunicado en referencia a la información que se publicó en esas fechas por ‘El Confidencial‘, según la cual Iberdrola supuestamente habría recurrido al comisario Villarejo en 2009 para impedir que ACS tomara el control de la eléctrica tras entrar en su capital.

La negativa que entonces mostró la eléctrica a que ACS entrara en su consejo de administración derivó en los tribunales y llegó incluso al Supremo, si bien la constructora finalmente deshizo la posición de hasta un 20% que llegó a alcanzar en la compañía eléctrica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que «no es el mejor momento» para celebrar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que lo que tiene que pasar es que prospere la moción de censura presentada por el PSOE, con el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato.

Asimismo, Robles ha vuelto a asegurar que «el compromiso y el encargo» que ella tiene del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el de ser ministra de Defensa, al ser preguntada sobre si le gustaría ser la candidata del PSOE en esas posibles elecciones autonómicas, ya que su nombre es uno de los que más fuerte suena para ocupar este puesto.

«ESTOY ENCANTADA SIENDO MINISTRA»

«Estoy encantada siendo ministra de Defensa, muy orgullosa de serlo, tengo un gran trabajo», ha asegurado en declaraciones a los medios tras el acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, antes de insistir en que no es el momento de celebrar elecciones en Madrid.

Así, ha defendido que «es el momento de que Gabilondo se presente a esa moción», sobre todo porque fue él quien ganó las elecciones hace dos años, tal y como ha recordado. Así, ha subrayado que con esta moción encabezada por Gabilondo podrá «darse respuesta a la voluntad popular» que se expresó en las urnas en las autonómicas de 2019, como la del PSOE fue la lista más votada, pero no logró formar gobierno.

Además, Robles ha criticado que «para salvar una moción se vaya a una convocatoria anticipada de elecciones» porque se «genera una situación muy complicada y difícil» en un momento de pandemia como el que atraviesa el país. «Supone gastar mucho dinero, cuando los ciudadanos lo que piden es estabilidad, no nuevas elecciones», ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que mientras una moción de censura es «un trámite ordinario dentro de una legislatura», la convocatoria electoral «supone una campaña electoral y mayor dilatación en el tiempo». «No se puede comparar una cosa con la otra», ha sentenciado.

«Francamente, me sorprende, en un momento en que deberíamos tratar de dar la mayor tranquilidad a los ciudadanos, de repente que haya una convulsión así, con una convocatoria electoral, para que en un año y medio o dos años, que lo único que genera es más inestabilidad todavía», ha denunciado.

«No creo que esta convocatoria electoral responda a una necesidad de los ciudadanos sino a otras necesidades políticas. No es el mejor momento», ha zanjado.

El Ministerio de Justicia está dispuesto a que colectivos de prensa hagan sus aportaciones en las reformas legales que afecten a la libertad de expresión, según le ha trasladado a Media Freedom Rapid Response (MFRR) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en una reunión celebrada este jueves.

Ambas organizaciones, dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, han manifestado al ministro, Juan Carlos Campo, y a los expertos de Justicia que han participado en el encuentro, su interés por los asuntos que afectan a este derecho y, en concreto, han hecho sugerencias sobre los llamados «delitos de expresión».

Campo se ha mostrado sensible a las sugerencias de MFRR y PDLI, y ha ratificado el compromiso de su Ministerio de revisar el ordenamiento jurídico para reforzar y mejorar la garantía de los derechos fundamentales, según ha informado el departamento que dirige en un comunicado.

«Estos temas nos preocupan y nos ocupan, al Gobierno, al Ministerio y a este ministro cada día», ha dicho, subrayando que «la libertad de expresión e información juegan un papel fundamental en la construcción de las democracias».

Por otro lado, los representantes del Ministerio han manifestado que comparten la necesidad de que las futuras reformas se realicen a través de un proceso participativo en el que los colectivos de prensa y los defensores de la libertad de expresión puedan hacer sus aportaciones.

ESTÁNDARES EUROPEOS

Además, ambas partes han coincidido en la conveniencia de seguir adaptando las leyes españolas a los estándares europeos e internacionales. Una «misión internacional«, ha explicado Campo, que «tiene una gran importancia sobre el papel de los derechos fundamentales» como la libertad de expresión.

Por último, el ministro ha deseado «el mayor éxito» a ambas organizaciones y les ha asegurado que las conclusiones de sus respectivos informes «serán tenidas en cuenta en la preparación de varios procesos normativos» previstos.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dado por hecho que la moción de censura presentada saldrá adelante porque «la han firmado todos los diputados de Cs con los del PSOE y Podemos ya ha dicho que la va a apoyar». Incluso, ha recordado que en el Ayuntamiento de Murcia «ya hay un tripartito».

«A los hechos me remito», ha señalado López Miras al ser preguntado por los medios de comunicación sobre las posibilidades de que la moción prospere.

López Miras ha insistido en que la información de la moción le llegó a través del conocido de un concejal de Cs a medianoche del martes. Desde que «urdieron» esa moción, no ha tenido contacto con «nadie de Ciudadanos», tal y como ha reconocido.

«Evidentemente, no se pasaba por mi cabeza que, mientras yo estaba centrado en la gestión de la pandemia, en aprobar planes de rescate a la hostelería y de ayudas a sectores económicos importantes y en implementar medidas que salven vidas, alguien estuviese por la noche pactando un intercambio de sillones en función de una ambición personal y de intereses partidistas», ha reprochado.

Al ser preguntado por los motivos por los que no ha cesado a los también consejeros de Ciudadanos Isabel Franco y Miguel Motas, cree que «no tenía ningún sentido». A este respecto, ha destacado que él ha «creído» en el Gobierno de la Región y ha hecho «esfuerzos» por «garantizar la estabilidad del Ejecutivo» y la colaboración de todos los miembros del Consejo de Gobierno.

Con respecto a las destituciones de Ana Martínez Vidal y José Gabriel Sánchez Torregrosa, López Miras cree que, «evidentemente, a dos personas que ocupan un puesto de responsabilidad orgánica y que han estado urdiendo junto con el vicesecretario general de Ciudadanos Carlos, Carlos Cuadrado, la noche de antes esa moción de censura no tiene ningún sentido que continúen en el Consejo de Gobierno».

Ha asegurado que no recibió en «ningún momento» un intento de Cs para evitar esta moción de censura. Al contrario, ha recordado que ambos partidos han estado trabajando «de la mano» y «colaborando». De hecho, recuerda que el lunes estuvieron en el Comité Covid.

«Nada nos dijeron y, desde luego, las declaraciones del PSOE agravan mucho más la situación, porque no es que fuera ya una noche de despachos durante la madrugada con nocturnidad en la que urdieron esta moción, sino que llevaban un mes en secreto en los despachos del PSOE urdiendo la moción», ha subrayado.

Todo ello, añade, «mientras que el resto de los españoles estábamos preocupados por una pandemia que estaba costando muchas vidas. Y los que tenemos labores de gobierno y responsabilidad estábamos centrados en gestionar esa pandemia y que no llegara la cuarta ola». Mientras tanto, lamenta que PSOE y Cs «estaban en los despachos de Madrid urdiendo la moción de censura en la Región de Murcia».

Ha admitido que «en ningún momento se le pasó la cabeza que alguien podía llegar por un mero reparto de sillones a generar la inestabilidad que se ha generado» porque él está «acostumbrado a tratar con personas serias y que tienen responsabilidades de Gobierno y que anteponen el interés general a sus intereses particulares».

Al ser preguntado por las razones alegadas por Cs a la hora de presentar la moción, cree que «no podemos poner excusas para algo que se ha urdido en Madrid por ambiciones personales de algunos y por el declive a nivel nacional de otro partido».

Asimismo, ha pedido que no se ponga de excusa «algo que pasó en enero y sobre lo que se depuraron responsabilidades» y, sobre todo, pide «no poner algo tan serio como la corrupción como excusa cuando no hay ni un solo miembro del Gobierno de la Región que tenga ninguna causa o que esté investigado; y sin embargo firman la moción con el secretario general del PSRM, que está imputado formalmente por prevaricación».

Al ser preguntado por si opta a liderar la oposición, ha señalado que, ahora mismo, su único afán es trabajar hasta que el BOE disponga que es presidente de la Región «porque la pandemia no permite la dejación de funciones por parte de alguien que tenga responsabilidades públicas».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ministerio del Interior si piensa imponer medidas sancionadoras contra Vox tras el acto protagonizado este jueves en Murcia por el presidente de esta formación, Santiago Abascal, al entender que se han incumplido de forma «flagrante» las restricciones de la región ante el coronavirus.

Así lo traslada mediante una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso, en la que se hace eco de las imágenes difundidas en redes y medios con la multitud de simpatizantes de Vox congregados en el evento.

Según relata Errejón en la iniciativa, Abascal ha acudido a Murcia para realizar una rueda de prensa a la que convocó a militantes de Vox para expresar la posición ante la una moción de censura conjunta del PSOE y Ciudadanos en Murcia.

«El argumento de la convocatoria de una rueda de prensa no fue otra cosa sino la excusa para la convocatoria de un acto público de Vox con su militancia y simpatizantes, en el que tanto Abascal como la dirección regional de su partido se han saltado todas las normas fijadas en función de las restricciones establecidas en la región de Murcia, de acuerdo con el nivel de alerta sanitaria por Covid-19″, señala.

DIFUSIÓN DEL ACTO POR REDES SOCIALES

El diputado de Más País detalla que la convocatoria del acto se hizo pública «con urgencia» mediante una nota ayer miércoles, «pasadas las22.00 horas», en la que informaba que su líder celebraría una rueda de prensa en la plaza del Cardenal Belluga de la ciudad.

Paralelamente critica que, a través de sus redes sociales personales y las del partido, Vox convocaba a su militancia a la misma hora en un acto para el que «no consta» que hubieran pedido «ningún tipo de permiso, ni recibido ningún tipo de autorización».

En consecuencia, ha cuestionado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sobre qué piensa hacer el Ministerio «para garantizar el cumplimiento de la ley ante la vulneración flagrante de la misma por parte del partido político Vox y de su líder Abascal», así como las medidas sancionadoras prevista en para casos semejantes.

El presidente nacional de Vox ha acusado este jueves a Ciudadanos de haber «traicionado» a los murcianos por la moción de censura en Murcia. Declaraciones que ha realizado ante cientos de personas –un millar, según la organización– en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado este jueves su compromiso de reforzar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) a lo largo de la legislatura y, además, potenciar la existencia de una «Unión Europea de la salud».

Darias se ha pronunciado así en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados a la que ha acudido, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento ministerial.

«La principal prioridad que va a tener este Ministerio a lo largo de la legislatura va a ser la de reforzar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo al progreso social y económico del país y, además, al desarrollo humano expresado en el Objetivo 3 de la ONU para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas», ha detallado.

Y es que, a juicio de la ministra de Sanidad, la actual legislatura será «decisiva» para fortalecer los cimientos del SNS y potenciarlos a hacia una «Unión Europea de la salud». «Queremos reforzar la capacidad asistencial, preventiva, la capacidad de equidad y cohesión, de desarrollo profesional, de inteligencia sanitaria y de adaptación y resiliencia, con el fin de tener un SNS más fuerte, resiliente y proactivo», ha enfatizado.

Algunas de las líneas que Darias ha destacado que va a llevar a cabo son, y al igual que las marcadas por su antecesor en el cargo, Salvador Illa, la potenciación y fortalecimiento de la Atención Primaria, por ser el «eje vertebrador» del SNS y el «pilar básico» para garantizar una atención «cercana y equitativa».

«Vamos a priorizar el impulso de una Atención Primaria que fortalezca al SNS ante las crisis de salud y sociales que puedan surgir en el futuro y, además, lo haremos junto a las comunidades y ciudades autónomas», ha asegurado la ministra.

El abordaje a la cronicidad va a ser otro de los aspectos que, según ha informado la ministra, va a centrar el trabajo de su departamento ministerial. Así, Darias se ha comprometido a adaptar los recursos a los distintos niveles de complejidad de las personas con patologías crónicas; fomentar los programas de atención domiciliaria; impulsar la red de escuelas de salud para la ciudadanía; y garantizar la coordinación entre la atención social y sanitaria.

Asimismo, a lo largo de la legislatura se va a poner en marcha una estrategia de salud mental, así como un plan de reordenación y consolidación de los CSUR y un plan de inversión de equipos de alta tecnología médica en el SNS.

LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO, OBESIDAD Y ALCOHOL EN MENORES

Por otro lado, la ministra ha subrayado la importancia de mejorar la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Salud con el fin de evitar la aparición de enfermedades, promover «de forma accesible y equitativa» estilos de vida y entornos saludables y, por ende, mejorar la calidad de vida de la población.

En este sentido, Darias ha informado de que va a trabajar en la lucha contra el tabaquismo, elaborando un plan integral de prevención y control del mismo, el cual se articulará a través de una modificación normativa que incluye una ampliación de espacios libres de humo, la equiparación de los nuevos productos del tabaco a los cigarrillos convencionales e impulsando el empaquetado neutro.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad va a adoptar medidas para prevenir el consumo de alcohol entre menores, así como para reducir los índices de obesidad. En este último caso, Darias ha detallado que se va a reforzar la acción intersectoral en salud promoviendo estilos de vida saludable en centros educativos, reforzando el urbanismo saludable, promoviendo la alimentación sana y la práctica de actividad física y deporte.

Dicho esto, la ministra de Sanidad ha explicado su intención de reforzar la equidad y cohesión del sistema sanitario, para lo cual se va a avanzar en el acceso universal en el Sistema Nacional de Salud; aumentar la cartera de servicios y prestaciones, como por ejemplo incorporando la salud bucodental u homogeneizando la atención temprana; y reforzar y afianzar la cogobernanza del SNS.

Al respecto, Darias ha señalado su intención de reforzar el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el fin de que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas se han responsables de las decisiones adoptadas de manera «compartida» y, «siempre», respetando las competencias.

«España es un país fuertemente descentralizado, en el que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en el sistema sanitario, lo que es una fortaleza que se ha hecho más evidente en la pandemia», ha apostillado.

La mejora de la capacidad profesional en el ámbito sanitario es otro de los ejes que Darias va a priorizar al frente del Ministerio de Sanidad, dado que, tal y como ha recordado, es necesario «reforzar» las plantillas, por lo que ha asegurado que aumentarán las plazas de formación sanitaria especializada, incorporarán nuevos perfiles profesionales sanitarios, impulsarán el registro estatal de profesionales sanitarios, un plan estratégico en formación, entre otras medidas.

«La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene que el sistema sanitario cuente con un número adecuado de profesionales para atender las necesidades de salud de la población con garantías de seguridad y calidad. Las condiciones de empleo de los profesionales son mejorables y por eso estamos trabajando en proyectos que permitan una estabilización de empleo y una reducción de contratos temporales», ha detallado la ministra.

Por otra parte, la ministra de Sanidad ha subrayado la importancia de la transformación digital de la salud para garantizar más seguridad y cercanía, así como de incorporar innovaciones en el sistema sanitario como, por ejemplo, la medicina personalizada de precisión.

Además, se ha comprometido a seguir impulsando la salud digital y la interoperabilidad del SNS y en el ámbito de la Unión Europea; mejorar la red de vigilancia epidemiológica y de salud pública, así como del sistema de salud pública; crear un depósito estratégico de medicamentos críticos; consolidar los informes de posicionamiento terapéutico; entre otras medidas.

El que fuera encargado de llevar la caja del PP ha afirmado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ de la sede nacional del partido que el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas era la persona que le entregaba los donativos anónimos y le daba instrucciones para que hiciera «tres o cuatro ingresos» de esa cantidad.

Así lo ha dicho en calidad de testigo Luis Molero, quien se ha ocupado de gestionar la caja del PP hasta el pasado mes de enero cuando se jubiló. El cajero ha afirmado que Bárcenas, tanto siendo gerente como tesorero, era quien autorizaba todos los tipos de pagos, al igual que algunos ingresos.

Sobre lo último, ha explicado que Bárcenas le llamaba al despacho, a veces al de su predecesor en el cargo de tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, para entregarle cantidades que procedían de donantes anónimos, a quienes en ningún caso vio. «Podía entregarme de 50.000 a 100.000 euros», ha dicho Molero, al tiempo que ha destacado que nunca cuestionó ninguna instrucción sobre el ingreso de estas cantidades ni sospechó de que estas entregas de dinero fueran ilegales.

Sólo se limitó a «preguntar cómo tenía que ingresar el dinero porque no sabía de cuántos donantes era» y que entonces Bárcenas le indicaba si había que distribuir las cantidades en «tres o cuatro ingresos», ha añadido el cajero del PP, para enfatizar que tampoco pensó que este sistema buscaba burlar la ley.

LOS RESGUARDOS DE LOS INGRESOS ANÓNIMOS SE LOS QUEDABA BÁRCENAS

También ha constatado que los resguardos de estos ingresos no se entregaba al departamento de Contabilidad, como sí se hacía con los donativos nominativos, sino que iban dirigidos directamente a Bárcenas, quien al parecer, después escribía a mano el nombre de los donantes a quien pudiera corresponder esa cantidad, tal y como ha indicado el testigo tras reconocer que la letra de algunos de esos documentos se «parece» a la del extesorero ‘popular’.

El departamento de Contabilidad tenía constancia de estos donativos anónimos una vez que se les pasaba el extracto bancario, ha indicado Molero, así como la exresponsable de dicha sección María Milagros Puentes, que también ha comparecido este jueves en calidad de testigo.

Asimismo, ha apuntado que Bárcenas cuando ascendió a la Tesorería general del PP asumió más competencias que las que tenía Álvaro Lapuerta en el mismo cargo. Un extremo que ha confirmado la que fuera secretaria del primero, Estrella Domínguez, que en su declaración como testigo ha recordado que su jefe siguió asumiendo las mismas tareas que ocupaba en la Gerencia, ratificando así lo que dijo el exgerente del PP Cristóbal Páez, acusado en este juicio.

Molero también ha sido preguntado por si alguna vez Bárcenas le pidió la retirada de grandes fondos de la caja oficial sin justificación previa para posteriormente reintegrar esas cantidades. En este sentido, el que ha sido responsable de llevar su gestión desde la década de los 80 ha negado «taxativamente» que se sacaran elevadas sumas de dinero porque no contaba con mucho dinero en metálico.

RETIRADAS DE DINERO DE METÁLICO

«Es posible que me pidiera una cantidad y después justificarla o reintegrarla y me podía pedir 30.000, 40.000 o 50.000 pesetas», ha dicho para seguidamente apostillar que estas retiradas normalmente se hacían para costear los gastos de «viajes» de trabajo o para alguna necesidad del partido.

Así lo ha dicho también otro de los testigos, el jefe del departamento de Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca Bigniani, quien no ha dado credibilidad a la versión que manifestó Bárcenas en su declaración como acusado –la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de prisión– sobre que suplía la falta de fondos de la caja ‘b’ acudiendo a la caja oficial.

La caja se utilizaba para adelantar dinero a gente que hacía viajes a provincias de duración breve. A lo mejor un adelanto de este tipo. Posteriormente, se reintegra, se justifica el asunto y se cierra. Ha habido préstamos personales pero siempre ha sido por cuentas bancarias. La caja no tiene ese volumen (…) y cada vez es menor porque los anticipos se hacen vía transferencia bancaria», ha recalcado Bigniani.

Así las cosas, además de subrayar que «físicamente es imposible hacer un pago cuando no hay dinero», ha hecho hincapié que es «Una aberración» decir que una contabilidad «opaca» que puede «nutrir de unos fondos de la contabilidad oficial». «Deja de ser opaca, es imposible», ha dicho.

«El señor Bárcenas seguía las reglas de funcionamiento del partido más que nadie, precisamente por el puesto que ocupaba», ha aseverado. El auditor ha zanjado el tema diciendo que «con la información contable que tiene» el extesorero se «atreve a decir» que nunca utilizó ese sistema de financiación, aunque no sabe si desarrollo otro «modus operandi».

DONATIVOS ANÓNIMOS SIN RASTRO

Bigniani también ha hablado de los donativos anónimos y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’. Sobre el primero ha insistido en que es difícil llevar un control de los mismos porque «no aparecen en ningún papel del PP, pero ha puntualizado que siempre se han hecho sujetos a la legalidad vigente.

Para explicar esto ha puesto como ejemplo la entrega al gerente de un «maletín con un millón de pesetas» tras manifestar la voluntad de no figurar en ningún lado. Esta cantidad se puede ingresar en el banco «de golpe, dividido en tres, a final de mes o esperar a que lleguen más», ha explicado insistiendo que la «ley lo permitía».

En cuanto a los manuscritos del extesorero ‘popular’, Bigniani ha precisado que jamás ha analizado si hay una correlación con los apuntes y la contabilidad del partido. Según ha destacado, en primer lugar, los ‘papeles de Bárcenas’ no tiene ninguna «base documental» y, en segundo lugar, no hay suficiente material para hacer una auditoría, pues tal y como marca la ley, como mínimo hay que guardar los datos contables de hace 10 años. «Una auditoría es una cosa más complicada de lo que la gente se cree. No puedo imaginar ni inventar», ha remarcado.

Entre los testigos también ha comparecido el cuñado de Bárcenas y exresponsable de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, quien ha asegurado que su intervención en la reforma de la sede del partido era controlar que la ejecución de las obras se hacían tal y como estaba previsto.

Ha explicado que se coordinaba con el exgerente del PP Cristóbal Páez, que era el otro encargado de estas tareas, pero que nunca llevó tema económico y desconoce cómo se hicieron los pagos. Preguntado si revisó y firmó facturas o certificaciones, De la Fuente ha admitido esta función, pero siempre ceñida a comprobar que lo que los servicios prestados que se ponían en dichos documentos se correspondían con la realidad y sin fijarse en el coste de los mismos.

OTRAS CAJAS FUERTES

Ha añadido que después se las pasaba a Páez, quien era su superior jerárquico y que éste se lo hacía llegar a Bárcenas, que era quien tenía la última palabra. Con todo ello, De la Fuente ha concluido indicado, a preguntas de la letrada de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida, que, además de en el despacho del gerente, había más cajas fuertes en el departamento de Caja, en el despacho del tesorero y en el del «secretario general», sin precisar ningún nombre.

También han comparecido ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el exdiputado del PP y abogado Jorge Trias; el que fuera subordinado de Molero, Antonio José Ortiz; y la que fuera secretaria de Lapuerta, Rosa María López Merinero.

El tribunal retomara el juicio el próximo lunes 15 de marzo, cuando comparecerá, entre otros, el exsecretario general del PP Ángel Acebes.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una moción consecuencia de interpelación propuesta por Foro Asturias a la que se sumaron PP y Vox y que finalmente obtuvo también los votos favorables de UPN. La iniciativa instaba al Gobierno a no incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de especial protección (LESPRE) y, además que este pudiera cazarse no solo al norte sino también al sur del Duero.

La iniciativa ha sido rechazada con los 166 votos contrarios de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias y las 38 abstenciones de ERC, JxCat, PNV, CUP y Cs, frente a los 143 votos favorables que sumaban los proponentes.

La iniciativa es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida este martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas a la misma por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo, no sólo no incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero en el LESPRE, sino revertir esta protección que ya reciben actualmente las poblaciones al sur del Duero, que no se pueden cazar.

Concretamente, en el texto pactado el Congreso pretendía declarar su apoyo incondicional a la ganadería extensiva de especial trascendencia para la supervivencia del mundo rural y la protección de las actividades socioeconómicas que deben convivir con el lobo e insta al Gobierno a reconsiderar la decisión de incluir a la especie en el LESPRE, ya que esta medida podría poner en grave riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y la pervivencia del mundo rural.

Asimismo, pedía al Gobierno renunciar a dictar la orden ministerial para la inclusión de toda la población del lobo en el LESPRE, y mantener por tanto el estatus actual de protección y gestión de la especie.

Igualmente, reclamaba recuperar la voluntad de consenso institucional entre la Administración del Estado y los representantes de las comunidades autónomas en la Comisión de Patrimonio Natural, que el pasado 4 de febrero decidió la modificación del estatus sobre el lobo en una apretada votación que contó con el rechazo de las regiones que cuentan con el 95 por ciento de las poblaciones de lobo: Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria.

También exigía que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, y singularmente de las mencionadas, y elaborar de común acuerdo los cambios en la estrategia de gestión y conservación del lobo.

Asimismo, instaba a abrir inmediatamente un espacio de diálogo con los sindicatos y organizaciones representativas del sector agroganadero y del medio rural para tratar de alcanzar puntos de entendimiento en materia preventiva de los ataques del lobo e indemnizaciones, con una financiación específica adicional que no detraiga fondos del sector primario.

También solicitaba trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, que sustituya la vigente de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados: Administraciones, ganaderos, propietarios de terrenos, expertos, conservacionistas y científicos.

A la vez, quería que se defendieran los valores culturales, científicos y ecológicos del lobo, y hacerlos compatibles con el actual estatus legal de la especie. «Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las comunidades autónomas», se aseguraba en la iniciativa rechazada.

Y, finalmente, buscaba requerir al Gobierno a retomar las negociaciones que había venido desarrollando el Gobierno del PP en Europa en el sentido de reinterpretar la Directiva Hábitat para unificar la gestión y protección de toda la población del lobo español como en el norte del Duero, es decir, con gestión cinegética, «única garantía demostrada de compatibilidad y supervivencia tanto del lobo, como del ganado, en todo el territorio nacional. A su vez, pedía al Ejecutivo promover la modificación de esta directiva para permitir el control cinegético del lobo al sur del río Duero.

Esta mañana se ha presentado el Comité Asesor de Vida Silver (www.vidasilver.com), la iniciativa organizada por Ifema junto a Adolfo Ramírez, que reúne todos los contenidos, actividades y temas de interés para la población sénior, ha informado los organizadores de la iniciativa.

Vida Silver es una iniciativa organizada por Ifema y promovida por Adolfo Ramírez, emprendedor experto en transformación digital, cuyo objetivo es construir un espacio de encuentro físico-digital para todas las personas, instituciones y empresas que tengan interés en participar y contribuir en el desarrollo de esta nueva generación sénior.

Este encuentro virtual ha sido presentado por Eduardo López-Puertas, director general de la entidad ferial, y moderado por el co-promotor de Vida Silver, Adolfo Ramírez, experto en transformación digital.

El Comité Asesor de Vida Silver está conformado por una serie de profesionales expertos en la Economía Silver y en los intereses y comportamientos de esta generación, que asesorarán al equipo de trabajo en el diseño tanto de la Plataforma como del evento presencial que se celebrará el próximo otoño.

Procedentes de diferentes sectores de la cultura, la empresa y el emprendimiento, estos profesionales han debatido sobre diversos aspectos de interés como el emprendimiento en la generación Silver, el papel de la mujer en puestos directivos y su invisibilidad a partir de cierta edad, y sobre las diferentes inquietudes culturales que tiene esta generación, que conforma más de un tercio de la población española.

COMITÉ DE ASESORES

Seis son los nombres que conforman, de momento, el Comité Asesor de Vida Silver, junto a su co-promotor Adolfo Ramírez, pero en las próximas semanas se irán uniendo otras figuras relevantes de la sociedad.

Una de ellas es la escritora Carmen Posadas (67 años). Es autora de más de quince libros infantiles así como doce novelas, dos biografías y varios guiones de cine y televisión. En 1998 ganó el premio Planeta, su obra ha sido traducida a 23 idiomas y en 2003 la revista Newsweek la señaló como una de las autoras más relevantes de su generación. Hace unos meses publicaba su última novela ‘La leyenda de la peregrina’ y es una fiel defensora de las cualidades que aporta la edad y la experiencia.

Iñaki Ortega (48) es director de Deusto Business School. Doctor en economía, ejerce como profesor universitario desde hace más de 25 años. Reconocido como uno de los mayores expertos en emprendimiento corporativo en España. Desde hace seis años ha sido pionero en la investigación y divulgación de la economía del envejecimiento. En 2018 publico ‘La Revolución de las Canas’ que va por la octava edición y se ha traducido a inglés y portugués.

Rosa García (56), es matemática y consejera. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su carrera en el sector de las Tecnologías de la Información y las Infraestructuras. Tras una larga carrera en Microsoft, donde llegó a ser presidenta ejecutiva de la compañía en España, y más tarde vicepresidenta de consumo de Microsoft Western Europe, en 2011 se incorporó a Siemens como presidenta ejecutiva en España y presidenta de Siemens Gamesa. Actualmente es consejera independiente de Mapfre, Tubacex y Sener.

Jaqueline van Paassen (50 años) es experta en la transformación organizacional, el liderazgo de alto rendimiento y el coaching ejecutivo. Durante más de una década, ha sido reconocida por ayudar a las personas a incrementar la capacidad y agilidad de su liderazgo y el bienestar, lo que se traduce en un mayor rendimiento empresarial tanto a nivel individual como organizativo.

Usando técnicas probadas de lo último en investigación cognitiva del cerebro, psicología conductual y tecnología, trabaja con los equipos de alta dirección y les ayuda a impulsar la transformación, el cambio cultural y la diversidad cultural y de género.

Carlos Urroz (54 años) es experto en dirección y gestión cultural. Exdirector de ARCOmadrid y director de TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, cuenta con una amplísima trayectoria en el sector del arte contemporáneo. Conoce en profundidad el mundo de las galerías, nacionales e internacionales, gracias a su paso por la Galería Helga de Alvear y su intensa labor como gestor cultural independiente y empresario experto en comunicación cultural.

Tras dejar la dirección de ARCO en 2019, fue nombrado director de TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la fundación creada por la coleccionista Francesca Thyssen-Bornemisza, hija del barón Thyssen.

El último miembro es Carlos Barrabés (50 años), emprendedor y empresario. Es una de las voces más influyentes en materia de innovación y startups. Pionero en el comercio electrónico en España, gracias a Internet convirtió una pequeña tienda familiar en Benasque (Huesca), Barrabés, en un referente internacional en la venta de material de montaña. Actualmente es el alma mater de un grupo empresarial cuyas actividades incluyen la consultoría estratégica y en innovación abierta, soluciones de marketing digital y la internacionalización de startups.

La jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia, ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa ‘Tándem’ que tras saltar a la opinión pública los encargos supuestamente ilícitos realizados por el comisario José Manuel Villarejo para la entidad, se recopiló toda la información con la que se contaba y que incluía tanto contratos como facturas. Según fuentes que han asistido a la declaración, el fiscal Anticorrupción ha mostrado su sorpresa porque algunos de esos documentos podrían no estar aportados a la causa por el banco.

Esas fuentes explican que por parte del Ministerio Público ha interesado que se aporte toda esa recopilación de facturas y contratos a la causa. Díaz Ochagavía, que ha declarado durante tres horas ante el magistrado Manuel García-Castellón, y que deberá proseguir este viernes, ha relatado que ella personalmente creó un documento de ‘excel’ –una hoja de cálculo– con todas las facturas relacionadas con Villarejo y escaneó todos los contratos con las empresas del comisario, y ha asegurado que ese dossier aun lo tiene en su poder.

Dado que desde Anticorrupción mantienen que algunos de esos contratos y facturas pueden no estar incluidas en la causa, han solicitado tener acceso, algo a lo que el BBVA se ha mostrado dispuesto, siempre según varias de las fuentes presentes en el interrogatorio, del que señalan que ha sido muy incisivo por parte del Ministerio Público.

Fuentes de BBVA consultadas matizan que si bien ese proceso de recopilación de documentación se realiza en mayo de 2018, todo «ha formado parte de la investigación posterior realizada por la entidad y se ha aportado a la causa».

Se da la circunstancia de que un reciente informe de la Unidad de Asuntos Internos, indagaba en el camino que siguieron esos fondos que abonó el BBVA al comisario, y revelaba que realizó operaciones como la adquisición de participaciones en sociedades mercantiles que no habría podido haber acometido «sin la concurrencia necesaria de los fondos abonados a CENYT por BBVA».

EL GRUPO DE TRABAJO EN EL SENO DE BBVA

Durante el interrogatorio de este jueves, Díaz Ochagavia ha explicado que el grupo de trabajo que se creó para analizar la situación era dirigido por el responsable de Comunicación Paul Tobin y el que fuera jefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu. Y ha puntualizado que Tobin fue el responsable de hacer un relato de los hechos.

Además, la actual jefa de Seguridad ha explicado que su antecesor en el cargo, el también imputado Julio Corrochano, dependía del que era el director de recursos y medios, Ricardo Forcano, que a su vez despachaba con el que entonces era consejero delegado, el actual presidente del BBVA, Carlos Torres.

También ha explicado que tras su llegada al departamento, suspendió cualquier tipo de dádiva o regalo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que contrató una aplicación americana que les aportaba la misma información que podrían recabar gracias a los servicios de Villarejo.

LOS POLICÍAS NO SABÍAN QUE TRABAJABAN PARA VILLAREJO

Por otro lado, los cuatro mandos policiales que declaraban este jueves también en el marco de la pieza 9 en calidad de investigados por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho, han coincidido al afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.

Así, han indicado que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Según fuentes consultadas, han apuntado que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.

En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado a la petición de reunión de los líderes de los partidos de la oposición, Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG), para convocarlos a una reunión el próximo 26 de marzo, aunque no ha concretado el formato del encuentro.

De hecho fuentes han indicado que en la carta el presidente señala que serán los respectivos gabinetes los que se pondrán de acuerdo en el formato del encuentro, si bien señala el 26 como fecha para que se produzca la foto.

Los representantes de la oposición llevan varias semanas solicitando un encuentro con el máximo mandatario autonómico para abordar la situación de Galicia y su reconstrucción económica y social por la crisis sanitaria, coincidiendo también con el final de los trabajos ‘de campo’ de la comisión de reactivación que se pactó en la Cámara autonómica.

Así, el secretario xeral del PSdeG lanzó en rueda de prensa esta petición, una solicitud que sí formalizó a través de una carta a primeros del mes de marzo la portavoz nacional del BNG y a la que ahora se da respuesta conjunta también a través de una misiva.

El pasado martes, el presidente de la Xunta defendió posponer la reunión con los líderes de BNG y del PSdeG hasta que avancese y se cerrase la comisión de reactivación económica y social, con el fin de no alterar un «formato» ya acordado ni «faltar al respeto a los 49 comparecientes» que pasaron por la misma.

Precisamente, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de Xunta, Feijóo ha insistido en que le «gustaría» mantener este encuentro una vez hayan alcanzado un «acuerdo o desacuerdo» en la comisión de reactivación.

«Lo que pido a los partidos, empezando por el mío, es que se respeten las instituciones», ha incidido el máximo mandatario autonómico, que ha confiado en que a lo largo del mes de marzo se avance en este órgano parlamentario y que por ello emplaza a los líderes del BNG y del PSdeG a reunirse en esa fecha.

Además, cuestionado sobre si recibirá a Ana Pontón y a Gonzalo Caballero por separado o si será una reunión a tres bandas, Feijóo ha emplazado a los dirigentes de la oposición a ponerse de acuerdo. «Si se ponen de acuerdo será juntos y, sino, tendrá que ser por separado», ha apuntado.

PONTÓN PIDE QUE EL ENCUENTRO SEA BILATERAL

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado ya por escrito al jefe del Ejecutivo gallego su disponibilidad para mantener en esa fecha un encuentro «bilateral» entre el presidente de la Xunta y la líder de la oposición.

Con esta contestación, la líder de los nacionalistas gallegos traslada también su disposición a abordar todos los asuntos que se consideran clave para Galicia en el actual momento de crisis, tanto los recogidos en la carta remitida por la nacionalista el pasado día 1 de marzo «como los que el presidente de la Xunta considere oportuno incluir en la agenda.

En este sentido, conforme ha apuntado el BNG, Pontón ha trasladado que entre los temas a abordar figuran los fondos europeos de recuperación, un nuevo modelo de cuidados que coloque a las personas en el centro y garantice el derecho a una vejez digna, o la estrategia de vacunación que permita administrar el antídoto covid con la mayor eficacia posible, una vez se acaben los problemas de suministro.

GONZALO CABALLERO CONFIRMA SU ASISTENCIA

Por su parte, en otro comunicado, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha confirmado que acudirá con «espíritu constructivo a favor de Galicia» a la reunión convocada por Feijóo para el 26 de marzo y ha subrayado que es «el momento del diálogo por la reactivación» y de «defender propuestas para proteger a los gallegos frente a la crisis».

«El diálogo es necesario para enfrontar la mayor crisis que vivió el país», ha remarcado el socialista, que considera que «lo importante no es el formato de la reunión». «Lo que toca ahora no es pensar en la foto ni en protagonismos individuales, sino en compartir ideas y propuestas que nos refuercen para salir de esta crisis», subraya.

De este modo, ha avanzado que llevará a la cita un compromiso claro para reforzar el sistema sanitario público después de más de una década de recortes, también con la vista puesta en la necesidad de agilizar el sistema de vacunación a medida que vayan llegando las dosis a Galicia.

Del mismo modo, ha señalado que incidirá en la reactivación económica de Galicia y pondrá sobre la mesa líneas de acción para el empleo, la modernización de la economía y la lucha contra la desigualdad. Además, señala la necesidad de proteger a los sectores más damnificados por las restricciones –como la hostelería, el comercio, la cultura y el deporte–, como vía para que la economía gallega resista y para luchar contra el desempleo.

Además de hacer hincapié en la necesidad de medidas para que «nadie quede atrás» tras el paso de la covid, Gonzalo Caballero abordará la situación de las nuevas generaciones que «ahora mismo no visualizan futuro en Galicia».

«La sanidad, la economía y el bienestar social son los principales ejes de preocupación del PSdeG, y así lo trasladaremos al presidente de la Xunta», ha manifestado Gonzalo Caballero, que celebra que Feijóo que «se abra por fin al diálogo y a buscar sinergias y acuerdos.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que recoge las medidas necesarias para paliar las consecuencias de la pandemia sufridas por las víctimas de esta lacra.

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han ratificado los cambios realizados durante la tramitación en el Senado de este texto que procede del decreto ley aprobado por el Ejecutivo hace casi un año con el objetivo de convertir los servicios de atención a estas mujeres en esenciales durante el estado alarma por la crisis sanitaria.

La norma incluye medidas destinadas a garantizar la prestación de los servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencia género en el marco del estado de alarma. Además, se insta a las administraciones competentes a establecer alternativas a la atención telefónica, a través de medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Del mismo modo, se incluyen servicios de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados y alojamientos seguros. Además, se prevé disponer de hoteles, en caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma y se mantendrán con normalidad los servicios de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.

La ley recoge también medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por las comunidades autónomas.

CARENCIAS

A pesar del apoyo obtenido, el texto final ha generado algunas críticas desde algunos grupos. La portavoz de ERC en este debate, María Carvalho, ha denunciado que no se hayan aceptado sus enmiendas para cambiar la redacción de la norma y, en lugar de hablar de violencia de género, que a su juicio es un término ya obsoleto, se hablara de violencias machistas o contra la mujer y se abarcaran todas ellas.

Además, ha lamentado que no se haya tratado en este debate la situación de las mujeres trans. Para Carvalho, deberían estar nombradas de forma específica en la norma.

También Unidas Podemos, a través de su diputada por En Comú Mar García Puig, se han referido a este tema, señalando que, en la actualidad están siendo «blanco de la transfobia» mientras esperan una ley que les ampare. «El feminismo también es la cada de las mujeres trans», ha indicado.

EL PP VE «FALTA DE AMBICIÓN»

Pero la más crítica ha sido la representante del PP en materia de violencia de género, Beatriz Fanjul, que criticó a los socios de Gobierno por «falta de ambición» en esta norma.

Según ha explicado, temas como la atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual, la mejora de la protección en el ámbito rural y a mujeres con discapacidad o las condiciones laborales victimas incluidas en ERTES, están en esta ley gracias a las enmiendas de los ‘populares’.

Pero, además, ha criticado que no se hayan aceptado otras medidas que ellos proponen en materia de violencia digital o ciberacoso, así como el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género.

VOX, ÚNICO EN CONTRA

La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha valorado los acuerdos alcanzados en la negociación de esta norma por la que se han logrado medidas como que algunas asistencias se mantenga «más allá del estado de alarma». También ha celebrado el avance en protección a las víctimas de trata y ha señalado que «esta debe ser la legislación de la abolición de la prostitución». Algunas otras medidas sobre inclusión, ha apuntado, son a su juicio, «redundantes», aunque se han incluido finalmente.

Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado que su partido estará siempre al lado de las propuesta «que promuevan la defensa de las víctimas de la violencia de género» y, especialmente, «frente a aquellos que quieren negar esta forma específica de violencia».

El único grupo que ha votado en contra de la norma ha sido Vox. Su portavoz en este debate, Carla Toscano, ha criticado en su discurso al «consenso progre» que, a su juicio, discrimina a hombres, niños y homosexuales a quienes no incluye en las cifras de víctimas. En su intervención ha lamentado que, desde 2013, 138 niños hayan sido asesinados por violencia intrafamiliar y 93 hombres a manos de sus parejas.

En este sentido, ha criticado que no se dedique un minuto de silencio a estas víctimas y sí se haga con aquellas que lo son por violencia contra la mujer. Toscano ha defendido que Vox es el «único» partido que defiende la igualdad de trato mientras, ha denunciado, el Gobierno «sangra en impuestos» a los españoles para conseguir un objetivo de violencia cero que, a su juicio, es «irrealizable».