La exconsellera Meritxell Serret (ERC) cruzó el miércoles por la noche en coche la frontera de Francia a España a través del País Vasco en su regreso desde Bruselas para entregarse este jueves por la mañana ante el Tribunal Supremo, han explicado fuentes republicanas.
Al tener sus documentos de identidad caducados desde hacía tiempo –llevaba en Bélgica desde 2017–, Serret viajó desde Bruselas en coche acompañada y cruzó la frontera por la noche y este jueves por la mañana ha llegado a Madrid para personarse ante el Supremo, donde ha sido puesta en libertad y ha sido citada para el próximo 8 de abril.
Según las fuentes ya citadas, pocas personas sabían que Serret volvería para minimizar el riesgo de que pudiera ser detenida, ya que consideran que era una decisión arriesgada, especialmente el trayecto desde la frontera hasta el Supremo.
De hecho, su familia se ha enterado este jueves por la mañana y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas en el extranjero también.
Las mismas fuentes han asegurado que la decisión de volver ha sido «personal» de Serret tras barajarlo durante los últimos meses y el haber resultado elegida como diputada en las elecciones catalanas del 14 de febrero aceleró esta posibilidad, ya que prevé asistir este viernes al pleno de constitución del Parlament para tomar posesión de su acta de diputada de la nueva legislatura.
Además, hace unos meses Serret cambió su abogado, que hasta ahora era Gonzalo Boye, por Iñigo Iruin, que definen como un experto en el retorno de miembros de ETA a España y que la ha asesorado en todo el proceso y en la decisión de regresar desde Bruselas, por lo que ha sido otro factor determinante.
SITUACIÓN JUDICIAL
La situación judicial de la exconsellera era diferente de la del resto de dirigentes independentistas en el extranjero desde la sentencia del juicio del 1-O, ya que el juez del Supremo Pablo Llarena no la incluyó en las nuevas euroórdenes.
Según las fuentes citadas, esa sentencia dejaba claro que a Serret no se la podía acusar por malversación, por lo que entienden que quedaba en una situación equiparable a la de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs, que fueron condenados por desobediencia y evitaron entrar en la cárcel.
Por eso, defienden que en su declaración del 8 de abril debería quedar en libertad y eludir la cárcel hasta que se celebre el juicio, aunque admiten que no tienen «ninguna certeza» y que hay riesgo de que le pidan medidas cautelares.
También consideran que la debería juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el Supremo, y esgrimen como argumentos el hecho de ser diputada del Parlament y de que, en principio, la acusación de rebelión debería caer, por lo que sería acusada solo por desobediencia.
Asimismo, las fuentes republicanas han reivindicado que ha sido una decisión arriesgada pero que puede servir para «abrir camino» al resto de líderes independentistas que están en el extranjero, especialmente del exconseller Lluís Puig y de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, aunque recalcan que tienen situaciones diferentes.
PAPEL DE SERRET
Ahora está por ver qué papel y qué responsabilidades tendrá Serret en la nueva legislatura, después de que este viernes se convierta en diputada de la Cámara catalana.
Las fuentes de ERC han descartado que pueda volver a ser consellera pero no cierran la puerta a que pueda tener un papel destacado en el grupo parlamentario de los republicanos.
