Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado dos nuevos proyectos de investigación en Tecnologías Accesibles que han dado lugar a una solución destinada a facilitar la lectura a personas con discapacidad intelectual y a una app capaz de predecir crisis en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), gracias al apoyo de Indra y Fundación Universia.

Ambos proyectos, denominados ‘Easier’ y ‘Petra’, resultaron ganadores en la III Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Tecnologías Accesibles que Indra y Fundación Universia celebran anualmente, con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren la calidad de vida y la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Su viabilidad y utilidad en un entorno real de inclusión laboral, fueron dos de los aspectos que se tuvieron en cuenta para su elección como beneficiarios de las ayudas, en una edición en la que participaron más de un centenar de proyectos de grupos de investigación de universidades públicas y privadas españolas, como detallan los impulsores.

El equipo de investigación multidisciplinar del Grupo Human Language and Accessibility Technologies Group (HULAT) del Departamento de Informática de la UC3M ha desarrollado un sistema ‘open source’ (código abierto) que ayuda a las personas, principalmente a aquellas con discapacidad intelectual, a comprender mejor los textos.

La novedosa herramienta proporciona una simplificación léxica de los textos en español, ofreciendo distintas ayudas a la comprensión de acuerdo a la aptitud de asimilación de cada individuo. Asimismo, detecta las palabras complejas del texto y ayuda al usuario a mejorar la lectura y comprensión del texto con sinónimos sencillos, una definición y un pictograma para cada palabra compleja detectada.

Para el desarrollo y evaluación de esta solución se han utilizado métodos innovadores de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y de aprendizaje automático, así como recursos de Lectura Fácil y LenguajeSencillo (Plain Language). La plataforma ofrece una interfaz de usuario sencilla y fácil de manejar, siguiendo criterios de accesibilidad cognitiva. Además, en su puesta en marcha han participado personas con discapacidad intelectual que han evaluado la accesibilidad cognitiva de la interfaz y la idoneidad de la funcionalidad del sistema.

«Sin la participación de las personas en el proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios no se consigue un impacto social real», señala Lourdes Moreno, investigadora del grupo HULAT de la UC3M y responsable del proyecto.

Por su parte, el proyecto ‘Petra’, desarrollado por un equipo investigador del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M, trata de paliar las dificultades de comunicación que tienen algunas de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estas personas tienen habilidades de interacción con los demás distintas de las habituales y presentan ciertas alteraciones en la comunicación (verbal y no verbal), así como limitaciones para entender las emociones e intenciones del resto.

Para mejorar sus relaciones con el entorno social, el proyecto ha desarrollado una aplicación móvil gratuita, denominada cuidaTEA, capaz de estudiar el comportamiento de estas personas, identificar patrones personalizados y detectar cambios que permitan predecir episodios de crisis asociados a trastornos de ansiedad, de conducta o de sueño, entre otros.

Para ello, la aplicación móvil cuidaTEA utiliza diversas fuentes de información provenientes del dispositivo móvil (pasos, uso de apps o tiempo de uso), que se procesan mediante algoritmos de inteligencia artificial.

«De esta forma, tratamos de paliar las deficiencias en las habilidades de comunicación de estos pacientes mediante un sistema que genere, de forma automática y en tiempo real, una alerta directa a los teléfonos móviles de sus cuidadores, para que sepan cómo se encuentran», explica Pablo Martínez Olmos, profesor del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad y responsable científico del proyecto.

La aplicación ya está disponible tanto en iOS como en Android y, actualmente, está en fase experimental dentro de estudios clínicos, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha tachado hoy de «despropósito» que la Consejería de Sanidad «discrimine» al personal de las guarderías y jardines de infancia privados y de los centros de educación especial de la región.

Según ha denunciado en un comunicado, estos trabajadores quedan excluidos y no están contemplados en el plan de vacunación contra la COVID-19 por pertenecer al sector privado, cuando sí que se ha comenzado ya a administrar vacunas a sus homólogos de los centros públicos que realizan las mismas funciones.

El sindicato ha lamentado que no se considere a las guarderías privadas servicio esencial cuando de su funcionamiento depende, entre otras cosas, que muchos padres y madres puedan ir a trabajar, favoreciendo así la conciliación.

Y ha recalcado que no se trata de espacios donde los niños solo van de manera ocasional sino de centros con una labor diaria y con las mismas funciones que los públicos de características idénticas.

Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, «es un problema muy gordo» que se excluya al personal de guarderías privadas, y también a los psicólogos o logopedas particulares de la estrategia de vacunación, porque son profesionales que tratan con menores, con niños que no llevan mascarilla y pueden ser «grandes vectores de contagio».

«Si de lo que se trata es de atajar cualquier transmisión posible nos parece una temeridad que no se vacune a estos profesionales cuando sí se ha comenzado ya la vacunación del personal de los centros públicos», ha subrayado.

CCOO ha advertido que luchará para acabar con lo que consideran una «discriminación en toda regla». Así, remitirá un escrito a la Dirección General de Salud Pública para exigir que se dé solución a unos profesionales «que están en el limbo porque no pertenecen a la Consejería de Educación aunque su labor sí es educativa».

Para el sindicato, los trabajadores de las guarderías privadas así como los profesionales particulares y los centros de educación especial deberían incluirse en el grupo 6 de la estrategia de vacunación contra la COVID-19 del Gobierno de España, en el que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas y el personal docente no universitario.

«La estrategia no discrimina entre centros públicos y privados y habla del colectivo. Es una vergüenza que estén desamparados», ha añadido Sánchez, para quien esta situación puede suponer incluso «una vulneración de los derechos laborales» de estos trabajadores y contra el derecho a la salud, por lo que CCOO consultará la situación a sus servicios jurídicos y no descarta emprender acciones legales.

«Es una tomadura de pelo, una mala gestión que puede traer consecuencias dramáticas. ¿

La fiscal que ha ejercido la acusación pública por el fuego que en febrero de 2019 arrasó la Sierra de la Alcomba, en Ramales de la Victoria, no tiene «dudas» de que fue intencionado y de que su autor es el entonces jefe de los voluntarios de Protección Civil del municipio.

Y además cree que el acusado lo provocó para participar en la extinción y «satisfacer su ego personal», ya que tenía «afán de protagonismo». Así lo ha expuesto la representante del ministerio este viernes en la última sesión del juicio contra el excoordinador de la agrupación, para el que mantiene los cuatro años de cárcel solicitados por un delito de incendio forestal agravado, por la extensión de superficie afectada -más de 144 hectáreas- y por las condiciones meteorológicas y del terreno.

Por su parte, el abogado del procesado ha insistido en la libre absolución de su cliente, al considerar que la imputación se basa en una prueba «preconstituida y fabricada», por lo que ha denunciado la vulneración del derecho fundamental a la defensa.

Este letrado ha admitido la posibilidad de una falta de profesionalidad del implicado, incluso «grave», así como el hecho de que el incendio fuera provocado, pero no considera que haya quedado acreditado «ni con mucho» la participación de su representado en los hechos.

Entre otras cosas cree «prácticamente imposible» prender fuego en los siete puntos determinados -a lo largo de 65 metros- en el tiempo «tan breve» establecido por la investigación.

Ambas partes han expuesto sus informes en la última sesión del plenario, celebrado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y que ha quedado vista para sentencia. En la misma también han intervenido la letrada del Gobierno de Cantabria -que se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía- y el de Álvarez Forestal, que ejerce la acusación particular por los daños en una parcela de esta empresa afectada por las llamas.

ACREDITADOS EL DELITO Y LA AUTORÍA

En la sesión, que ha concluido sin que el acusado, Luis Trueba, ejerciera su derecho a la última palabra, la fiscal ha reafirmado que tras el interrogatorio y practicadas las pruebas testifical y pericial ha quedado acreditado tanto el delito como su autoría.

Ha insistido en que fue un incendio «provocado» o «intencionado», en un lugar «idóneo» para su desarrollo -una ladera con pendiente, a lo que se sumó la meteorología del momento en que se originó, en torno a la medianoche del 17 al 18 de febrero- y así «hacer daño». Y también era un sitio donde resultaba «muy difícil ser visto».

Además, esta acusación cree que aunque el informe de las muestras tomadas en el terreno días después no fue «concluyente» acerca del uso de algún acelerante -como gasolina-, sí se empleó para favorecer la propagación del fuego, que tuvo «gran virulencia».

E igualmente cree que «no hay lugar a dudas» de la autoría del incendio, pues hay pruebas «claras y rotundas». Así, por ejemplo, el GPS del vehículo oficial que conducía el acusado le sitúa en la zona de los hechos en el momento aproximado en que se produjeron.

A ello se suma el comportamiento «extraño» que tuvo ese día, según revelaron sus compañeros de la agrupación, que manifestaron que estaba «con ansias de fuego», llegando a compararle con un drogadicto cuando tiene ‘mono’. Y además, uno aseguró que le vio tratando de ocultar una garrafa con gasolina cuando regresaba del lugar de los focos, en la que luego comprobaron que faltaban unos 2 litros.

Y frente a las versiones coincidentes de los testigos, la fiscal ha contrapuesto el testimonio del procesado, que «entra en contradicciones continuamente», más si se compara con declaraciones anteriores, cuando fue detenido y en fase de instrucción.

Así, considera «sorprendente» algunas explicaciones a su modo de proceder, como cuando le sorprendieron bajándose del vehículo con la garrafa, y tacha de «absurdo» que dijera que también se disponía a llevar junto a la gasolina una motosierra cuando esta herramienta «nunca» se usa en labores de extinción en Cantabria.

«Es un despropósito», ha resumido la representante de la Fiscalía sobre la declaración del imputado y que a sus ojos «no es creíble». Por todo ello, se ha opuesto de la atenuante de reparación del daño interesada por la defensa de forma alternativa, en el hipotético supuesto de una condena, que conllevaría una rebaja de las responsabilidades penal -hasta entre año y medio y tres de prisión- y civil.

La fiscal ha argumentado por un lado que el sospechoso no ha tenido una conducta «efectiva y eficaz» orientada a reparar el daño, ni cuando se produjeron los hechos -con su participación en la extinción del incendio no buscaba «aminorar» el perjuicio causado, sino «satisfacer su ego» pues le gustaba «ser protagonista»- ni tampoco después, al haber consignado una cantidad «más que escasa e insignificante» -4.000 euros- en proporción a las pérdidas -valoradas «a la baja» en más de 200.000 euros- y «dos o tres días» antes del juicio además.

Y no ha reconocido los hechos ni ha perdido perdón, extremos que ha puesto también de relieve la letrada del Ejecutivo, que cree igualmente que el exjefe de los voluntarios ramaliegos no contribuyó tras el incendio a «minimizar» los daños, sino que fue quien los causó para estar él «en primera línea del fuego».

De su lado, la acusación particular ha apreciado durante la vista un «cúmulo de circunstancias probatorias», empezando por la «ilógica» y «absurda» versión del procesado en torno al incendio, que fue «intencionado» y en el que «intervino de alguna manera».

Este abogado cree que esa noche tuvo una conducta «más que errática», sobre todo desde que se sintió «sorprendido» por sus compañeros, que han mantenido una versión «coherente y firme» frente a explicaciones «bastante endebles» de su entonces superior.

Y ha tachado de «irrisoria» la cantidad aportada por el procesado, que está en paro, si se compara con los daños del fuego en la parcela de Álvarez Forestal, que en un peritaje «de mínimos» se establecieron en cerca de 16.700 euros cuando superaron los 79.000, después de que fuera «todo arrasado. No quedó nada».

La defensa ha aludido a la vulneración de este derecho fundamental en el proceso, al entender que existía una conclusión antes de las diligencias. Se ha referido así a la «sorprendente» aportación por parte del Ayuntamiento -del que depende la agrupación- de los datos del GPS del vehículo oficial que condujo el acusado la noche de los hechos a la Guardia Civil sin haber sido requeridos esos datos.

Cree que no ha habido una investigación «neutra» y el procedimiento no se ha llevado a cabo con las «garantías» requeridas, algo que esta parte no ha puesto de manifiesto en el momento oportuno para hacerlo -cuestiones previas, justo antes de iniciarse la vista- porque no ha tenido conocimiento de ello hasta el desarrollo de la vista.

Este letrado ha opinado que «nadie» usa para la comisión de un delito un coche oficial y dotado con sistema de geolocalización además.

Y atendiendo a la velocidad del mismo en el intervalo de tiempo en el que empezaron los focos y las paradas efectuadas, puestas en relación también con llamadas de teléfono realizadas y recibidas en el terminal corporativo, la defensa considera «prácticamente imposible» recorrer en «un tiempo tan breve» la distancia establecida. Y más, ha agregado, bajándose del vehículo, cargando con una garrafa de diez litros y prendiendo fuego a lo largo de 165 metros en siete puntos diferentes, separados entre sí 65 metros.

La defensa cree que el fuego se produjo antes de que llegara al lugar su cliente, que igual -ha dicho- actuó con «falta de profesionalidad» pero a su juicio no está acreditada la autoría de los hechos.

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de la etarra Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, que fue entregada en noviembre de 2020 por las autoridades belgas, por su implicación en el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, rechazando que el delito haya prescrito.

En un auto, que ha adelantado El Mundo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha ratificado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5, que confirmó el procesamiento que acordó en diciembre de 2005 por los presuntos delitos de asesinato terrorista y atentado terrorista, descartando la alegación Jáuregui de que estos hechos estuvieran prescritos.

Se trata de un argumento recurrente de la defensa de la etarra, que no ha sido acogido en ninguna ocasión. Alegó la prescripción del delito tras conocer el procesamiento y durante la comparecencia de Jáuregui en noviembre de 2020 ante el hasta hace poco juez instructor José de la Mata, cuando le tomó declaración tras ser entregada por Bélgica.

El magistrado, en ambas ocasiones rechazó este punto de vista, pues, por un lado, desestimó el recurso presentado contra el auto de procesamiento, y el pasado mes de noviembre acordó el ingreso en prisión de la etarra por riesgo de fuga, a la espera de que se celebre el juicio.

Fue entonces cuando la defensa de Jáuregui recurrió en apelación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que ha confirmado el criterio del magistrado instructor. Otra de las veces que la defensa aludió a la prescripción fue en relación al procesamiento de ‘Pepona’ por otro atentado perpetrado también en 1981 en Bilbao, en el que murió el policía Nacional Francisco Francés, si bien la Audiencia Nacional tampoco le dio la razón.

La Sala afirma que si de verdad hubiera sido «manifiesta, palmaria e indiscutible la extinción de la responsabilidad criminal» por prescripción del delito, habría sido «sin duda» y «de oficio» el propio juez instructor el que lo hubiese reflejado en su auto de procesamiento, como hizo con otros dos investigados.

En cualquier caso, la Sección Tercera recuerda que el momento procesal oportuno para plantear la cuestión de la prescripción del delito es el de la proposición de los artículos de previo pronunciamiento –trámite que se realiza ante el tribunal previo al enjuiciamiento de un procedimiento– y no mediante la impugnación de un auto de procesamiento.

Jáuregui, en prisión, está procesada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en Bilbao el 19 marzo de 1981, cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, a causa de los disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del ‘comando Vizcaya’ Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, actualmente fallecido.

HUIDA A FRANCIA Y MÉXICO Y VUELTA A EUROPA

‘Pepona’ huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando ‘Iskulin’. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro ‘liberado’, del comando ‘Vizcaya’, participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte, entre ellos el atentado para cuyo enjuiciamiento es ahora objeto de entrega a España.

Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde Gaztelumendi.

Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

EUROORDEN REACTIVADA TRAS ESTRASBURGO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reactivó la Orden Europea de Dentención y Entrega (OEDE) en octubre de 2019 después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la etarra.

Estrasburgo concluyó que las autoridades belgas no cumplieron con la «obligación de cooperar» con España para investigar y juzgar su posible participación en el asesinato del teniente coronel Romeo, porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes.

La entrega se hizo efectiva después de que el Tribunal de Casación belga confirmara un mes después, el 17 de noviembre de 2020, una primera sentencia del Tribunal de Apelación de Gante que ordenaba la entrega de Jáuregui a España, momento a partir del cual empezó a correr el plazo de diez días para que Bélgica ejecutara la orden.

La Comisión Europea ha admitido este viernes que la compañía farmacéutica AstraZeneca tiene que hacer «esfuerzos adicionales» para cumplir con las entregas prometidas de su vacuna contra la COVID-19 a los países del bloque durante el primer y el segundo trimestre de este año, mientras la empresa sigue sin resolver los problemas de producción que le impiden distribuir las unidades pactadas.

«Está absolutamente claro que son necesarios más esfuerzos por parte de la compañía para que pueda entregar a la UE lo que ha sido acordado. No voy a hablar de cifras concretas, pero está absolutamente claro que son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir con los objetivos», ha expresado en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer.

La farmacéutica anglosueca sigue teniendo más problemas está teniendo para entregar a los Estados miembros de la UE las dosis de la vacuna que había prometido. De hecho, en el primer trimestre distribuirá apenas un tercios de los cien millones de unidades que contempla el contrato firmado con Bruselas.

Además, según ha publicado Bloomberg, citando las proyecciones de entregas de un Estado miembro de la UE (que no identifica), AstraZeneca planea entregar sólo la mitad de las dosis pactadas para el segundo trimestre del año. Es decir, unas 76 millones de las 180 millones previstas.

En este contexto, el portavoz comunitario ha preferido no dar «cifras específicas» pero ha enfatizado que es «responsabilidad» de la empresa organizar su producción y su calendario de entregas de forma que pueda distribuir a tiempo las dosis prometidas a los Estados miembros «sea cual sea su origen». Así ha respondido Mamer tras ser preguntado si Bruselas ha sugerido a la farmacéutica la posibilidad de enviar unidades de su vacuna desde Estados Unidos.

«No vamos a detallar aquí las peticiones específicas que hacemos. Es responsabilidad de la empresa organizarse para entregarnos las dosis acordadas sea cual sea el origen de esas dosis», ha añadido Mamer, que ha recordado que el contrato con el laboratorio prevé como «base» la entrega desde una de las cuatro plantas que la sociedad tiene en la UE.

En la misma línea, ha defendido que el Ejecutivo comunitario trabaja con todas las farmacéuticas a las que ha adquirido dosis de sus vacunas y «particularmente con AstraZeneca» para resolver los problemas de producción a los que puedan enfrentarse.

En este sentido, el portavoz ha recordado que el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, está en contacto con todas ellas y «ha dejado claro» a los máximos responsables de AstraZeneca que «les corresponde a ellos pensar soluciones».

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, han reclamado una reunión de la Ejecutiva nacional de Cs tras los acontecimientos en Murcia, donde la formación naranja se alió con el PSOE para presentar una moción de censura contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que ahora parece que va a fracasar.

Durante una visita a Palos de la Frontera (Huelva), Marín ha dicho que si se confirma que hay un acuerdo entre el PP y tres diputados de Cs en la Asamblea de Murcia para que éstos no apoyen la moción de censura y no prospere, pedirá «de forma inmediata» una reunión de la Ejecutiva del partido «para evaluar esta nueva situación».

Por su parte, Villacís considera que en este momento «se hace más necesaria que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo». «Cs nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate, ni a las explicaciones. Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Cantó también ha pedido que se celebre ese encuentro, que, a su juicio, ya «está tardando», según ha declarado a los periodistas en Castellón. Es en ese foro donde quiere expresar su opinión sobre los últimos acontecimientos políticos, pues cree que «lo leal y lo que toca es hablar allí en primer lugar y escuchar».

Algunos cargos de Ciudadanos manifestaron estupor esta semana ante la decisión de la dirección encabezada por Inés Arrimadas de aliarse con el PSOE para impulsar sendas mociones de censura en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad contra el PP, partido con el cual el partido naranja ha estado gobernando en coalición hasta ahora, mientras que otros apoyaron públicamente este movimiento.

Esta operación en Murcia desencadenó que en la Comunidad de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), rompiese su acuerdo de gobierno con Cs y convocase elecciones anticipadas el mismo miércoles. La formación naranja, por su parte, ha asegurado en todo momento que su intención siempre ha sido mantener los gobiernos con los ‘populares’ en Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Cantó es el único miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos que, tras la presentación de las mociones de censura en Murcia, antes de que se supiese que la de la Región de Murcia iba a fracasar, defendió públicamente que este órgano se tenía que reunir.

Fuentes de la dirección nacional dijeron entonces que habría un encuentro de la Ejecutiva este mes de marzo, pero descartaban que fuera la próxima semana. La última reunión de este órgano, que se desarrolló de manera presencial en la sede del partido en Madrid, fue el pasado 15 de febrero, un día después del hundimiento en las elecciones de Cataluña.

El Ayuntamiento de Gijón ha acogido este viernes la recepción a la 17 delegación asturiana para la verificación de los derechos humanos en Colombia, que viajará durante la segunda mitad de este mes al país andino.

Según una nota de prensa de Codopa, su recorrido coincide con el Tribunal Permanente de los Pueblos (de carácter ético), que se celebrará en Bogotá los próximos días 26 y 27 de marzo sobre genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz.

Por décimo séptimo año consecutivo y con el objetivo de elaborar un informe que será presentado a los parlamentos asturiano, español y europeo, la delegación asturiana se reunirá con diversas autoridades civiles y militares de diferentes departamentos del país en un momento clave.

Esta delegación, compuesta por siete personas, la integran representantes del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados, de Ingeniería Sin Fronteras, de Asamblea Moza d*Asturies y de Soldepaz Pachakuti.

Javier Arjona, miembro de Soldepaz, ha puesto de relieve que «la prioridad este año es la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de las personas defensoras de los derechos humanos».

También ha destacado la sistematicidad y la persistencia en el acompañamiento histórico que se realiza desde Asturias, «ya que esta delegación está directamente relacionada con el Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia (PAV)», ha comentado.

La recepción en el Ayuntamiento ha estado presidida por la alcaldesa de Gijón, Ana González. Esta ha recalcado qué importante es verificar los Derechos Humanos y que estos no son intercambiables, no se pueden reducir ni jugar con ellos de ninguna manera.

La regidora gijonesa ha lamentado que, en la actualidad, parece que hay un intento de romper con los Derechos Humanos, de poner, desde el marco conceptual, la validez de los Derechos Humanos y cómo deben ser estos.

A su juicio, cuando se vulnera la línea de los Derechos Humanos quedamos «en la más absoluta indefensión», ha advertido, al tiempo que ha destacado la labor de esta delegación.

Desde Soldepaz Pachakuti se ha recordado que Gijón aporta vivienda a las personas protegidas por el PAV. También se ha resaltado que el Ayuntamiento haya decidido reactivar, tras dos años de paralización, dos de las comisiones adscritas al Consejo Local de Cooperación.

Se trata de la Comisión de Refugio (destinada principalmente a labores de sensibilización) y de la Comisión de seguimiento del Plan Director, cuya prioridad para este año será la implementación de este plan, así como la revisión y la actualización de las bases de convocatoria pública de proyectos de cooperación.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior ha autorizado este viernes otros seis acercamientos de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra, sumando ya 160 etarras trasladados de prisión por el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el 81% de los 197 que cumplen condena por delitos de terrorismo.

«Ni el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo frena los acercamientos de terroristas etarras», ha lamentado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en referencia al acto de estado de este jueves en los jardines del Palacio Real contando con los Reyes, el presidente del Ejecutivo y autoridades europeas.

Los seis presos de ETA acercados por decisión de Instituciones Penitenciarias ha informado de la decisión favorable para los presos de ETA Harriet Iragui Gurruchaga, Íñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxebarría Caballero, Jurdan Martitegi Lizaso, Asier Badiola Lasarte y Jon Joseba Troitiño Ciria, todos previamente clasificados en segundo grado a propuesta de las juntas de tratamiento.

ASESINOS DE MARTÍN CARPENA, PORTERO O CARIÑANOS

Harriet Iragui Gurruchaga dejará la cárcel de Castellón-II para ir a Logroño. Fue condenado en 2001 por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión como autor del asesinato de José Martín Carpena.

En 2002 fue condenado a 45 años como autor del asesinato de Luis Portero García. En 2002 también fue condenado a 53 años de prisión como responsable del atentado que acabó con la vida de Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, según ha recordado la AVT.

Jurdan Martitegi Lizaso, por su parte, dejará Soto del Real en Madrid por la prisión de Martutene (San Sebastián). En marzo de 2014 fue condenado a 139 años prisión por su participación en el atentado con coche bomba contra la casa cuartel de Calahorra (La Rioja) el 21 de marzo de 2008, en el que resultaron heridas ocho personas, dos de ellas guardias civiles. Además, fue condenado a otro delito de tenencia de explosivos.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Fuentes penitenciarias han señalado que entre los acercados están una pareja de etarras Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarría Caballero, condenados en 2013 por la Audiencia Nacional a 485 años como autores del atentado que asesinó a Luis Conde de la Cruz y a 45 años por el asesinato de Eduardo Antonio Puelles García.

Ambos dejarán la cárcel de Aranjuez para ir a El Dueso (Cantabria) debido a una decisión para «facilitar la reagrupación familiar», ya que los etarras tienen una hija común de tres años que ya no puede seguir por normativa interna en el módulo de la prisión madrileña. Su caso había sido denunciado por el entorno de los presos de ETA.

Asier Badiola Lasarte dejará Valencia por la cárcel de El Dueso (Cantabria). En 2013 la Audiencia Nacional le condenó a penas que suman 299 años de cárcel por la colocación de un coche bomba en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa el 21 de septiembre de 2008.

Jon Joseba Troitiño Ciria, por último, saldrá de Murcia-II para ir a Logroño. En 2011 la Audiencia Nacional le condenó a 268 años de prisión por su participación en los atentados contra los hoteles Bahía de Alicante y Nadal de Benidorm, perpetrados el 23 de junio de 2003 y que ocasionaron catorce heridos.

«Por razones organizativas», además, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto el cambio de destino de un séptimo etarra, Asier Carrera Arenzana, que en la actualidad se encuentra en el centro palentino de Dueñas. Tenía como destino la cárcel de Álava pero finalmente será trasladado a San Sebastián.

La Comisión de Interior del Congreso ha exigido al Gobierno que en las negociaciones relacionadas con la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) rechace políticas migratorias que impliquen detenciones o procesos acelerados en frontera.

Lo ha hecho a través de una proposición no de ley impulsada por ERC y transaccionada con el PSOE, que también ha apoyado Unidas Podemos, y que incluye media docena de medidas relacionadas con este tema.

Así, la iniciativa llama al Ejecutivo a apoyar la petición de responsabilidad compartida y justa y el desarrollo de un mecanismo solidario que supere el principio de primera entrada, que establece que el primer país de llegada de los solicitantes de asilo es el responsable de su asistencia y protección. Además, les llama a promover la reunificación familiar y los vínculos estrechos de los solicitantes de asilo con determinados Estados miembros.

El texto recoge también una petición para que el Gobierno apueste «por un modelo de política migratoria a nivel de la UE» priorizando «las vías legales y seguras y la rendición de cuentas a través de mecanismos de supervisión de las violaciones de derechos humanos en todo el territorio español».

Adoptar de manera proactiva políticas de salvamento y rescate, facilitando la participación de ONG; revisar la legislación para garantizar que los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado son ágiles, eficientes y justos; garantizar una acogida adecuada a todas las personas desde el primer momento de la solicitud o garantizar la libre circulación por el territorio español de quienes hayan realizado una solicitud de asilo, son otras de las medidas reclamadas.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

La portavoz de ERC en materia migratoria, María Carvalho, ha señalado la necesidad de legislar y trabajar en políticas de «derechos humanos» para «proteger a las personas de la violencia» que sufren a su llegada a Europa.

También el PSOE ha defendido aquellas políticas destinadas a evitar la detención de los migrantes. Además, tal como ha explicado la portavoz socialista en este debate, María Gemma Araújo, han planteado modificaciones en la iniciativa inicial porque incluía medidas que no afectan solo al Ministerio del Interior, sino también al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tanto PP como Vox han votado en contra de esta proposició no de ley. Los de Pablo Casado, según ha indicado su portavoz en la comisión, Teresa Jiménez Becerril, porque las propuestas de la izquierda se realizan desde la «demagogia arriesgada». A su juicio, no se puede pedir a los migrantes que vengan a Europa «para que caigan en manos de las mafias y la pobreza».

Los de Santiago Abascal, por su parte, han acusado, a través de su portavoz en el debate, Luis Gestoso, de llevar a cabo políticas que «favorecen la invasión de ilegales» en las costas españolas «con total impunidad» y ha defendido la utilización de medios económicos para dotar «de medios policiales y antidusturbios» a Policía y Guardia Civil, así como para «ampliar» los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que los migrantes sean «interceptados, detenidos e inmediatamente deportados».

El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Alicante ha rechazado un nuevo ofrecimiento, en esta ocasión por parte de Compromís, para formar una gobierno «alternativo» al actual formado por el PP y los ‘naranjas’ en la institución, tras la moción de censura en Murcia y la convocatoria de elecciones en Madrid.

Este viernes, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha aprovechado el pleno extraordinario para lanzar un ofrecimiento a Cs de celebrar una reunión el próximo lunes para la redacción de un pacto por la «regeneración» de la institución.

Si bien en el pleno Fullana se ha dirigido al diputado y portavoz de Cs en la institución, Javier Gutiérrez, para hacer dicho ofrecimiento, la coalición lo ha hecho extensivo posteriormente, en un comunicado, al PSPV.

«Compromís ha enviado sendas invitaciones a PSPV y Cs para reunirse el lunes que viene y plantear una agenda de regeneración en la Diputación de Alicante, una vez se ha conocido el diseño exclusivo para el PP para disculpar su actuación fraudulenta en la justificación del gasto de casi medio de euros entre 2015 y 2017 de su subvención como grupo político», en relación a la auditoría externa para fiscalizar las cuentas de los grupos que la institución ha aprobado este viernes, detalla la coalición en dicho comunicado.

Como respuesta, Gutiérrez (Cs) ha respondido que consultarán «la agenda» y que no habían recibido ninguna notificación al respecto, al tiempo que le ha acusado de «cambiar sillas». No obstante, fuentes de la formación aseguran que «no se van a sentar» con Compromís para un «hipotético» nuevo acuerdo de gobierno.

En su intervención, Fullana ha emplazado a Cs a formar un gobierno de regeneración para «sacar al PP después de 30 años gobernando del tirón»: «Les proponemos un pacto de futuro e ideas y no contra-ideas, un pacto de caras nuevas para una institución que necesita un cambio, porque queremos dejar de hablar de corruptelas con un gobierno que sitúe por delante a las personas que a las banderas y pasar a hablar de ideas y gestión».

No sería descabellado que ustedes presidieran la Diputación para ejecutar ese pacto, de ninguna manera, porque acabaríamos de hablar de las corruptelas del PP, de los jetas que se han vacunado cuando no les tocaba y continúan en su asiento sin que pase nada, dejaríamos de hablar de la inoperancia en la gestión y no tendríamos a gente haciendo comentarios racistas sin venir a cuento en el gobierno», ha aseverado, en lugar de las caras viejas que llevan 30 años avergonzando a Alicante.

El de Compromís ha pedido así a Cs que acepten su propuesta de reunión para el lunes, una oferta que está «por escrito», con el objetivo de empezar a diseñar ese pacto de regeneración: «No queremos hablar de votaciones ni de repartos, queremos hablar de regenerar la política y la gestión de los pueblos en la provincia de Alicante. Está sobre la mesa: banderas y corrupción o nuevas ideas y gestión».

En su respuesta, el diputado ‘naranja’ ha asegurado que no habían recibido esa citación y ha recriminado a Fullana pretender formar un nuevo pacto de gobierno en el que él sea «abogado, juez y fiscal para llamar jetas a los vacunados». También ha denunciado que la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSPV), sigue en su puesto pese a ser una «vacunada VIP» en un ayuntamiento en el que Compromís forma parte del gobierno.

«Habla de inoperancia en la gestión, pero quiere que Cs, que gobierna ahora en la Diputación, encabece otro posible equipo de gobierno, pues tan mal no lo estaremos haciendo», ha subrayado, reprochando a Compromís que hable de gobiernos «de personas antes que de banderas cuando está enrollado todo el día en la bandera».

Por ello, el diputado de Cs ha acusado a la coalición de querer cambiar las sillas y no las caras: «Aquí se pactó un equipo de gobierno con unos objetivos que se están cumpliendo bajo el sello de la transparencia».

PSPV: «NO SE TRATA DE SILLONES»

Por su parte, el portavoz del PSPV, Toni Francés, ha indicado en declaraciones sobre el ofrecimiento de Compromís a Cs que «no se trata de sillones» sino de regenerar el gobierno de la Diputación.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de asociados en la carreja judicial, se ha mostrado muy crítica con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados que limita la atribución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones, como es el caso, tras la finalización del mandato de los vocales en diciembre de 2018.

«Qué habría pasado en muchos tribunales donde se juzgan asuntos muy importantes para los ciudadanos, como por ejemplo las cláusulas abusivas, si esos mismos tribunales se quedan durante varios años sin cubrir las plazas de quienes deben resolver dichos asuntos hasta que algunos políticos se pongan de acuerdo para seguir repartiéndose ese mismo órgano. Es sencillamente un disparate», se señala desde la asociación de jueces.

AJFV recuerda que «no es la primera vez ni será la última» que el CGPJ permanece en funciones durante varios años, pues ya entre 2006 y 2008 ocurrió lo mismo y, mientras se mantenga el sistema «por el cual todo el órgano de gobierno de los jueces depende sólo de que se lo repartan PSOE y PP, los bloqueos prolongados volverán a repetirse, con el agravante de que, la próxima vez que ocurra, la paralización afectará no sólo al propio CGPJ, sino que se extenderá a todos los tribunales que no podrán renovarse por la reforma aprobada ayer hasta que los políticos se pongan de acuerdo, lo cual puede tardar varios años, como ha ocurrido ya varias veces».

También denuncia que esta maniobra impulsada por el actual Gobierno «es un paso más en la deriva de deterioro institucional en la que los principales partidos políticos, fundamentalmente PSOE y PP, han sumido a la Justicia española» y advierte de que, «con ser bastante grave lo ocurrido ayer, es sólo el paso previo para allanar el camino a la reforma para elegir a todos los vocales del CGPJ por la mayoría que apoye al Gobierno de turno en cada momento, lo cual ya es la politización total y descarada de este órgano clave para el correcto funcionamiento de la Justicia».

TOMAR POR IDIOTAS A LOS ESPAÑOLES

El portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha explicado que estas reformas impulsadas por los partidos del Gobierno, tanto la iniciada ayer como la amenaza de rebajar la mayoría para renovar el CGPJ, «demuestran la voluntad de muchos dirigentes de pisotear las garantías de nuestro sistema de libertades con tal de llevarse su parte del botín» y añade que «de nuevo PSOE y Podemos dan la espalda a Europa sobre los estándares del Estado de Derecho», en relación a las numerosas y continuas advertencias de instituciones europeas instando a España a que los políticos dejen de interferir en el órgano de gobierno de los jueces.

«Desde Europa nos advierten de que el gran problema de la Justicia española es que los ciudadanos perciben que está politizada porque los políticos se reparten todo el CGPJ y ahora nos quieren vender que la solución pasa por que el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Soria o de Valencia esté supeditado a que dos señores de PP y PSOE se pongan de acuerdo por ‘Whatsapp’ o en un despacho de Madrid: eso es tomar por idiotas a todos los españoles», concluye el portavoz nacional de AJFV.

Varios candidatos llamados por el Senado para exponer sus credenciales para ser miembros del nuevo Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) han comparecido este viernes en la Cámara Alta, donde han expresado su «malestar» ante el desarrollo del proceso de renovación del órgano, tras conocerse que los partidos políticos ya han acordado quienes serán los miembros del mismo, y han apelado a su «responsabilidad».

El pasado 25 de febrero, el PSOE y el PP anunciaron que habían cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Este anuncio se producía antes de que el Congreso votase a los seis vocales que le corresponde designar ese mismo jueves.

Aunque el proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado, el PSOE y PP ya dieron a conocer que el presidente será José Manuel Pérez Tornero y los consejeros Ramón Colom, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín, Carmen Sastre, Jenaro Castro, María Consuelo Aparicio y Juan José Baños Loinaz.

En este proceso este viernes han comparecido en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, presidida por la socialista Cristina Narbona, los aspirantes Paco Lobatón, Roberto Lakidaín, Roberto Mendès Barbudo, Laureano García, Ramón Colom y Miguel Ángel Sacaluga, quien ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el proceso de elección.

El primero en intervenir ha sido Lobatón, quien ha mostrado su «perplejidad por la propia convocatoria, que sigue a una información difundida públicamente según la cual se había dado por terminado el proceso de este concurso en la resolución adoptada en el Pleno del Congreso».

«Señores senadores, está en sus manos lo que todavía pueda hacerse para restituir lo más significativo de la convocatoria del concurso, del valor que supuso. Está todavía en sus manos», ha dicho Paco Lobatón a los miembros de la Comisión.

Para Lobatón, entre los noventa candidatos «hay un caudal de propuestas, de conocimientos y de experiencias puestos sobre la mesa y al servicio del futuro de la radiotelevisión pública, como nunca ha habido en la historia». «¿Cómo puede desaprovecharse eso? Pensando que estamos a tiempo, creo que no debería desaprovecharse», ha subrayado.

Roberto Mendès Barbudo ha agradecido la oportunidad de comparecer ante la Cámara Alta y ha asegurado que su «afán es completamente colaborativo, lo que no quita que también tenga una opinión crítica respecto algunos elementos que ya se han manifestado anteriormente por otros comparecientes».

Se ha manifestado ya el malestar de los convocados, al que me sumo, ante lo insólito de esta situación en la que se nos convoca para que expongamos ante sus señorías, cosa que hacemos con gusto, como digo, un proyecto que no va a ser tenido en cuenta para una elección que, según los medios de comunicación, ya está decidida en una comparecencia pública ante esta Comisión de Nombramientos que, por otra parte, como ustedes han manifestado, cumple estrictamente con lo reflejado en el Reglamento de este Senado. Lamento que la principal razón de esta comparecencia sea una razón burocrática», ha declarado.

Laureano García ha explicado que comparece en esta Comisión por «responsabilidad, por respeto a la Cámara». «Pero dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado el proceloso concurso entenderán que lo haga con un entusiasmo perfectamente descriptible», ha afirmado, al tiempo que ha añadido que «los partidos mayoritarios parece que ya han decidido» por los senadores «después de unos poco edificantes repartos de cromos».

A su juicio, los aspirantes y senadores están para «salvar la legalidad formal de una decisión que les han servido ya cocinada». No obstante, ha apelado «a su dignidad y responsabilidad personal, y a la autonomía de los grupos parlamentarios del Senado para que tomen la decisión que entiendan justa y de razón después de escuchar a los candidatos».

«Después de lo publicado estos días sobre la marcha de este proceso, confieso mi absoluta y definitiva confusión y perplejidad. Entiendo que sería una falta de respeto a esta Cámara, a la Corporación y a los candidatos no acudir, y por eso estoy aquí defendiendo mi proyecto, el que siempre he defendido dentro y fuera, con las lógicas actualizaciones», ha asegurado Sacaluga.

Respecto al recurso de amparo presentado ante el Constitucional, el candidato ha manifestado que no se ha respetado su derecho a acceder a un cargo público de acuerdo con las previsiones del artículo 23.2 de la Constitución ni su derecho a la tutela efectiva de los tribunales de justicia (ar.24), «quedando en situación de indefensión. «Situación que espero y deseo que corrija el Tribunal Constitucional», ha zanjado.

Por su partes, Roberto Lakidaín y Ramón Colom –en la lista de nuevos consejeros anunciada por los partidos políticos– han evitado hacer referencias al desarrollo del proceso de renovación de la Corporación pública y se han limitado ha presentar sus proyectos.

Como ya ocurriese en la primera sesión, este viernes han participado únicamente los portavoces del PSOE y el PP, mientras que se han ausentado los del Grupo Parlamentario Vasco, ERC, Adelante Andalucía, Ciudadanos y Junts per Cataluña.

El guineano Reginaldo Carlos Mguema, un joven albino que ha sido intervenido por la Fundación de Pedro Cavadas de un extenso cáncer de piel en la cara, ha destacado ante los medios en Valencia: «He recuperado la vida que pensé que había perdido».

Por su parte, el doctor Pedro Cavadas ha explicado en rueda de prensa el caso de este joven que, de no haberse intervenido, habría fallecido probablemente en menos de un año «de forma miserable». Reginaldo se ha salvado gracias a su tenacidad ya que fue él mismo quien consiguió los recursos para comprase el billete de avión y se presentó en la Fundación sin cita.

El joven es albino, un trastorno genético heterogéneo que produce una reducción o ausencia total del pigmento melánico, el protector endógeno del cuerpo frente a la radiación solar, lo que supone en países del África subsahariana un «grave problema» por la gran cantidad de horas de luz. «Ser albino en España no pasa nada, en el norte de Europa ni se nota, pero en el África subsahariana no es ninguna broma, es muy serio porque equivale cáncer de piel y problemas asociados muy importantes», ha constatado el doctor Cavadas.

De hecho, ha explicado que Reginaldo Carlos Mguema sufría de cánceres múltiples de piel, uno de ellos muy extenso en la cara que le había afectado al nervio y al esqueleto facial y que le llegaba incluso dentro de la boca y que hubo que reconstruir con microcirugía compleja, incluyendo una transferencia de piel, para dejar las mínimas secuelas.

El joven ha relatado que ha vivido toda su vida con esta enfermedad sin saber qué la causaba, pensando que eran cosas que «salían así por azar». Cuando fue diagnosticado de cáncer fue intervenido hasta tres veces en su país hasta que le dijeron que «no había maquinaria» para volverle a operar. Entonces, ha relatado, se quedó «fuera del mundo, ya no tenía que pensar».

Sin embargo, Reginaldo, de familia pobre ya que perdió a su padres a los tres años y tiene muchos hermanos, comenzó a pedir ayuda por las redes sociales y los ministerios de su país y con lo que recaudó gracias a la gente «bienintencionada» pudo comprar un billete de avión y conseguir el visado en la embajada. «Cuando subí al avión se me llenó todo de esperanzas, recuperé la vida que pensé había pedido», ha recalcado.

Una mujer que había conocido su caso por las redes le acogió al llegar al aeropuerto de Madrid y le trasladó a València. «Me presenté en la Fundación sin cita, era un riesgo que corría, pero todo salió bien», ha contado emocionado.

Reginaldo se sometió a una primera intervención el 28 de diciembre y dos más en enero. «Les agradezco mucho todo lo que han hecho por mí, ahora más que nunca sé que ya no estoy solo y a todas las personas que tienen un problema igual al mío les digo que se animen, que sean valientes porque la valentía es muy importante en la vida del ser humano, sobre todo cuando eres pobre y de un país con pocos recursos de sanidad y alimentos», ha recalcado.

Ahora su objetivo es concluir los estudios de pedagogía que el cáncer le obligó a interrumpir. «Me siento bien y muy animado, esta experiencia me ha llevado a pensar que cualquier problema que surja en la vida puede tener solución cuando tú mismo lo decides», ha señalado.

Por su parte, el dermatólogo Luis Hueso ha señalado que a partir de ahora se le realizará un seguimiento para detectar y poder tratar las lesiones que seguro que se le reproducirán pero en su inicio para que con este diagnóstico precoz evitar que tenga que volver a ser intervenido de cirugías tan grandes.

«UNA NUEVA VIDA»

Por su parte, el doctor Cavadas ha recalcado: «Le hemos regalado una vida que será bastante más larga que la que iba a tener». Al respecto, ha recordado que conocía de su caso porque se había mensajeado, pero que un día se presentó en su clínica sin aviso previo. «Hola soy yo y estoy aquí», les dijo. «Pero a Reginaldo le permitimos eso y más porque es el mejor, nunca se ha quejado de todas las barrabasadas que le hemos hecho», le ha aplaudido y confiado en que su caso sirva para dar visibilidad a los problema de los albinos en África.

Por otro lado, ha explicado que debido a la pandemia la Fundación no puede seguir con su programa de intervenciones en Tanzania y en el Chad y ahora se centra en operar en València casos de todos el mundo. No obstante, ha señalado que una intervención en España supone el mismo coste que unas cien intervenciones en África, por lo que debe escoger bien los casos, que tengan solución y que muestren un verdadero interés.

La Comisaría Provincial de Ourense de la Policía Nacional alerta de «SMS maliciosos» tras haber detectado «un incremento notable» de estos mensajes «fraudulentos haciéndose pasar por diferentes empresas de envío de paquetería».

Así lo ha informado la Policía Nacional en un comunicado, en el que explica que «el teléfono móvil tiene y ofrece muchísimas más ventajas que inconvenientes» pero, en el marco de estos últimos, avisa de «las numerosas estafas que se vienen produciendo a través de las nuevas tecnologías».

«Y es que se podría afirmar que una cifra muy por encima del 50% de los delitos padecidos por los ciudadanos son estafas en las que el uso del teléfono móvil es uno de los vectores que facilita al delincuente el acceso a nuestras cuentas bancarias y en definitiva a nuestro dinero», avisa.

Por parte de la Comisaría de Ourense se resalta que recientemente se ha producido en el ámbito nacional «un envío masivo de mensajes de texto (SMS), cuyo remitente se hace pasar por diferentes empresas de envío y recepción de paquetería como Fedex, Correos o DHL».

«El objetivo de estos SMS es que sus destinatarios hagan clic en el enlace del supuesto remitente de paquetería. Al pinchar en el enlace, y de forma automática, una aplicación móvil (troyano) se descarga en el terminal móvil facilitando de este modo el acceso a los datos del usuario, entre los que se pueden encontrar los datos y claves bancarias», señala.

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre esta nueva forma de estafa relacionada con el envío masivo de mensajes de texto (SMS) conocida como ‘smishing’.

PREVENIR

De este modo, con el objetivo de prevenir y evitar este tipo de estafas la Policía Nacional hace una serie de recomendaciones entre las que se encuentra primero en desconfiar y llamar a la empresa, banco, etc., que supuestamente le envía el mensaje, y preguntar sobre él.

«Para eso, busque el teléfono de atención al cliente en Internet, nunca pinche en el enlace que viene en el propio mensaje ni llame al teléfono que le indiquen en él. Si puede, haga una captura de la pantalla, y borre el mensaje. Por supuesto, bloquee al remitente y márquelo como spam», aconseja la Policía.

Con todo, la Policía apela al uso de «la lógica». «Si no ha pedido nada, ninguna empresa de mensajería le va a mandar ningún paquete», ha apostillado, para añadir que «si lo ha pedido el banco no le va a solicitar jamás ningún dato por teléfono ni por mensaje».

Por ello, la Policía Nacional recuerda «una máxima de nuestros abuelos: Nadie regala duros a peseta, o dicho con mayor actualidad, nadie da euros a céntimo».