La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha tachado hoy de «despropósito» que la Consejería de Sanidad «discrimine» al personal de las guarderías y jardines de infancia privados y de los centros de educación especial de la región.
Según ha denunciado en un comunicado, estos trabajadores quedan excluidos y no están contemplados en el plan de vacunación contra la COVID-19 por pertenecer al sector privado, cuando sí que se ha comenzado ya a administrar vacunas a sus homólogos de los centros públicos que realizan las mismas funciones.
El sindicato ha lamentado que no se considere a las guarderías privadas servicio esencial cuando de su funcionamiento depende, entre otras cosas, que muchos padres y madres puedan ir a trabajar, favoreciendo así la conciliación.
Y ha recalcado que no se trata de espacios donde los niños solo van de manera ocasional sino de centros con una labor diaria y con las mismas funciones que los públicos de características idénticas.
Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, «es un problema muy gordo» que se excluya al personal de guarderías privadas, y también a los psicólogos o logopedas particulares de la estrategia de vacunación, porque son profesionales que tratan con menores, con niños que no llevan mascarilla y pueden ser «grandes vectores de contagio».
«Si de lo que se trata es de atajar cualquier transmisión posible nos parece una temeridad que no se vacune a estos profesionales cuando sí se ha comenzado ya la vacunación del personal de los centros públicos», ha subrayado.
CCOO ha advertido que luchará para acabar con lo que consideran una «discriminación en toda regla». Así, remitirá un escrito a la Dirección General de Salud Pública para exigir que se dé solución a unos profesionales «que están en el limbo porque no pertenecen a la Consejería de Educación aunque su labor sí es educativa».
Para el sindicato, los trabajadores de las guarderías privadas así como los profesionales particulares y los centros de educación especial deberían incluirse en el grupo 6 de la estrategia de vacunación contra la COVID-19 del Gobierno de España, en el que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas y el personal docente no universitario.
«La estrategia no discrimina entre centros públicos y privados y habla del colectivo. Es una vergüenza que estén desamparados», ha añadido Sánchez, para quien esta situación puede suponer incluso «una vulneración de los derechos laborales» de estos trabajadores y contra el derecho a la salud, por lo que CCOO consultará la situación a sus servicios jurídicos y no descarta emprender acciones legales.
«Es una tomadura de pelo, una mala gestión que puede traer consecuencias dramáticas. ¿Por qué si se está ya vacunando al personal de los centros públicos no se hace lo propio con la gente de las guarderías privadas, que trabajan mano a mano con niños de 0 a 3 años y reciben una atención mucho más personalizada?», se ha preguntado.
