El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha confrontado la labor del Gobierno de coalición con el PSOE para desdeñar las voces que defienden la hipótesis de geometría variable con Ciudadanos, tras lo acontecido con la moción de censura en Murcia.

«Ciudadanos, ese partido fiable en el que debería apoyarse Pedro Sánchez según algunos genios del análisis político», ha lanzado en Twitter Echenique para destacar, en varios comentarios posteriores, que las formaciones de «(ultra)derecha» se están dedicando a la «compraventa de diputados» y a «apuñalamientos» en Murcia o Madrid.

Frente a ello, ha destacado por ejemplo la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros de un plan de 11.000 millones de euros en ayudas para la hostelería y otros sectores afectados por las restricciones. Dentro de este importe global habrá 7.000 millones de ayudas a pymes y autónomos, medida que surge también «gracias al trabajo de Unidas Podemos».

Ayer el propio Echenique reivindicaba la estabilidad del Gobierno de coalición mientras «estallaban por los aires» los ejecutivos autonómicos de PP y Cs en Murcia y Madrid.

El coordinador autonómico de Podemos en Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ya había apuntado a esta línea esta mañana en declaraciones, al manifestar que la decisión de tres diputados de Cs de no respaldar la moción de censura previamente suscrita, al entrar en el Ejecutivo liderado por el popular Fernando López Miras, revelaba que este partido «no es de fiar».

De hecho, destacaba que esta maniobra debía ilustrar al PSOE que debía dejarse de «giros centristas» y dedicarse a afianzar las relaciones con fuerzas de izquierda. En este sentido aludía a nivel nacional al denominado ‘bloque de investidura’ y los socios parlamentarios que apoyan al Ejecutivo de coalición como la mejor fórmula para dar estabilidad.

Existe la opinión en la formación morada de que Ciudadanos es un partido «roto». «La operación ‘reflotar a Cs’ acaba matando a Cs», bromeaba en redes la coportavoz de Podemos, Isa Serra, sobre el caso murciano.

RECHAZO A DAR INFLUENCIA A CS

Además, ha rechazado siempre aproximaciones de su socio de coalición a Ciudadanos, que relacionan con la «foto de Colón» (es decir, próximo a PP y Ciudadanos). No obstante, diferenciaban el plano estatal del contexto propio de autonomías como Madrid, Murcia o Castilla y León, en la que entendían que el PSOE fraguara pactos con los naranja si ello propiciaba desbancar a PP y terminar con la influencia de Vox. Por ello, Podemos avanzó su apoyo a las mociones pero sin entrar en la gobernabilidad.

Esa postura reacia quedó patente en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, con la constante negativa de los morados a que Cs pudiera tener algún tipo de papel en las cuentas públicas para este año, pese a que en verano el PSOE no descartaba esa vía.

Por tanto, tienen la convicción de que acercarse a fórmulas de geometría variable con el partido liderado por Inés Arrimadas es impedimento a la hora de cumplir el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desdeñado en alguna ocasión esa opción.

Y es que además en el socio minoritario exponen que la posibilidad de acercamientos de PSOE y Ciudadanos numéricamente no sirve en el Congreso, por lo que otorgarle influencia es contraproducente para el despliegue de un programa progresista y de mayoría social.

Frente a ello, tratan de tejer complicidades con los socios de investidura, al entender que es la garantía de estabilidad para toda la legislatura, además de sumar a formaciones como ERC y EH Bldu en la dirección de estado, como ya ha apuntado en alguna ocasión el propio Iglesias. Además, Unidas Podemos ha fraguado posiciones comunes con socios de investidura en aspectos que han generado tensión con el PSOE, como las medidas para prohibir desahucios o la regulación del precio del alquiler.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado habilitar con carácter de urgencia este sábado y este domingo para la tramitación y resolución del recurso interpuesto por la Asamblea de Madrid contra el Decreto con el que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acordó este miércoles disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en la Comunidad de Madrid, han informado fuentes jurídicas.

Estaba previsto que la deliberación de los magistrados tuviera de plazo hasta el próximo martes al contar solo los dos días hábiles una vez presentado el recurso para deliberar conforme a lo que marca el artículo 135 de la Ley que regula la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero finalmente se decidirá sobre las cautelarísimas este fin de semana al ser habilitado con carácter urgente.

En el recurso, se expone que los recurrentes consideran el Decreto de Ayuso «contrario a Derecho» y recuerdan que «el Parlamento autonómico ostenta legitimación en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo por tener interés directo en la medida en que el Decreto de disolución determina la imposibilidad del ejercicio de las funciones parlamentarias previstas en el artículo 9 y siguientes del Estatuto de Autonomía».

ESPECIAL URGENCIA

Así, señala que el Decreto impugnado por la Mesa se sitúa dentro del «ámbito de conocimiento» de dicha jurisdicción por cuanto se trata de «una disposición de carácter general».

Sin embargo, apunta el recurso, el Decreto se considera «un acto y se encontraría igualmente dentro de este mismo ámbito por cuanto se trataría de «un acto sujeto a elementos reglados como son tanto la necesidad de publicación del mismo como la imposibilidad de acordar dicho Decreto cuando se tramite una moción de censura», aludiendo al artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el recurso, se incluye la solicitud de suspensión cautelar y cautelarísima del Decreto mencionado por la concurrencia de «circunstancias de especial urgencia en el caso» teniendo en cuenta que ya se ha producido el cese de las funciones estatutarias del Parlamento; legislativa, presupuestaria y de control del Gobierno.

Esgrimen al respecto que concurren dichas circunstancias dado que «sin duda alguna la disolución de la Cámara impide el ejercicio de las funciones que como institución ostenta la propia Asamblea de Madrid, incluyendo «el ejercicio de la función de control y exigencia de responsabilidad política al Gobierno mediante la presentación de dos mociones de censura en tramitación en el momento de la publicación del Decreto».

OTROS DERECHOS LESIONADOS

También hablan los recurrentes de los diputados integrantes de la Asamblea que han visto suspendido su derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y en fin, de «todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que igualmente tienen reconocido el derecho a la participación en asuntos públicos por medio de sus representantes en virtud del artículo 23.1 de la Constitución, que se vería vulnerado con una disolución contraria a lo establecido en el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía».

Igualmente, señala la Mesa de la Asamblea de Madrid en su recurso que serían también lesionados «irremediablemente» otros derechos y facultades que integran el ejercicio de la funciones parlamentarias, agregando que no hay que olvidar que «en la Asamblea de Madrid hay actualmente iniciativas legislativas en tramitación, comisiones de investigación e iniciativas parlamentarias».

Por tanto, insta a suspender dicho Decreto al existir «una concurrencia evidente de circunstancias de especial urgencia al impedir la tramitación de la totalidad de las iniciativas parlamentarias y especialmente las dos mociones de censura presentadas en la Cámara no solo con anterioridad a la publicación del Decreto sino también a la comunicación formal y al registro de la firma de Decreto».

El PP que dirige Pablo Casado asegura mantener una «calma absoluta» y no le inquieta que Ciudadanos tantee ahora a diputados de Vox para lograr apoyos a su moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras, según han señalado fuentes de la cúpula del partido.

Ciudadanos se han puesto este viernes en contacto con el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia para presentarle su propuesta y que le apoyen en la moción de censura que han presentado. En concreto, se han reunido con los diputados expulsados de Vox pero que continúan en el grupo: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

Aunque ‘Génova’ es conocedora desde hace horas de esos movimientos que capitanea Ana Martínez Vidal, la dirigente de Cs propuesta para presidir el Gobierno murciano si prospera moción, fuentes del PP aseguran que no están preocupados y añaden que esos diputados de Vox «tienen una relación excelente con el equipo de gobierno». «Calma absoluta», han añadido otras fuentes de la dirección nacional del partido.

En la dirección del partido critican duramente que el PSOE y Ciudadanos acusen al PP de «transfuguismo», «tamayazo» y «compra de tres personas» cuando, según recalcan, son ellos los que han impulsado una operación para desbancar a Fernando López Miras.

EL PP PIDE A LASTRA QUE «NO HAGA MÁS EL RIDÍCULO»

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha arremetido contra la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, quien ha afirmado que lo que están viendo en Murcia no es hacer política sino corromper la política y «corrupción sistémica» del PP. «Recomiendo a la señora Lastra, que está acusándonos de no sé que cosas, que no haga más el ridículo», ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

Montesinos ha subrayado que hoy se ha evitado que Murcia tenga una copia del Gobierno de Sánchez e Iglesias y ha solicitado a Martínez Vidal que, «en lugar de celebrar reuniones a la desesperada», retire la «automoción» de censura que presentó junto al PSOE.

Además, en otra entrevista en La Sexta, el vicesecretario de Comunicación del PP se ha preguntado «qué hizo el PSOE en la penumbra y que nadie ha explicado para que los señores de Ciudadanos quisieran romper un Gobierno en la región de Murcia».

DICE QUE LO EMPEZARON SÁNCHEZ Y ARRIMADAS «EN DESPACHOS OSCUROS»

«Esto no lo ha empezado el PP y creo que esto lo entiende todo el mundo. Esto lo comenzaron en los despachos oscuros, en la penumbra, los señores Sánchez y Arrimadas. Ellos lo empezaron todo y serán ellos los que tendrán que dar explicaciones», ha declarado Montesinos en una entrevista en La Sexta.

Según ha añadido, lo que ha hecho el Partido Popular es, «con tres representantes de Ciudadanos, con los mismos actores de hace dos años en ese pacto de gobernabilidad, devolver la estabilidad a la Región de Murcia».

La ACE (Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento) y la Premier League han celebrado la operación policial que desmanteló una infraestructura de emisión ilegal de contenidos audiovisuales que contaba con más de 100.000.000 descargas, a través de la llamada aplicación ‘Mobdro’, y que, según la Policía, habría producido un lucro ilícito superior a los 5 millones de euros.

La investigación se inició en octubre de 2018 precisamente a raíz de las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por la ACE, la Liga de Fútbol Profesional y la Premier League por emisión no autorizada de contenidos audiovisuales, sujetos a derechos de autor, a través de una aplicación denominada ‘Mobdro’.

En un comunicado, la ACE –que cuenta entre sus miembros con Amazon, Canal+ Group, Channel 5, Discovery, Fox, HBO, Netflix, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment o Walt Disney Studios Motion Pictures y Warner Bros. Entertainment Inc, entre otros– avisa de que «la piratería de contenidos en línea es la mayor amenaza para la comunidad audiovisual mundial» y que perjudica «a las películas, a las empresas locales y extranjeras, amenaza los puestos de trabajo, socava la inversión, reduce las contribuciones fiscales a los gobiernos y ahoga la creatividad».

«Trasladamos nuestras felicitaciones a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional española y a Europol», asegura Charles Rivkin, presidente y CEO de la Motion PictureAssociation, en un comunicado. «Este tipo de colaboraciones entre creadores de contenidos y autoridades locales son esenciales para proteger los intereses de nuestros miembros en todo el mundo», añade.

A su vez, el director de los servicios jurídicos de la Premier League, Kevin Plumb, asegura que «la acción criminal de Mobdro suponía un robo a gran escala sostenido en el tiempo». «La protección de nuestros derechos de autor es tremendamente importante para la Premier League y nuestros socios de retransmisión, así como para la salud del fútbol inglés en el futuro», afirma.

La operación, que se llevó a cabo en colaboración con las Policías de Andorra y Portugal, EUROPOL, INTERPOL y EUROJUST, tuvo como resultado la detención de una persona y tres registros, dos de ellos en Murcia y otro en el Principado de Andorra.

Según explicó la Policía, la emisión de contenidos se realizaba a través de una aplicación denominada ‘Mobdro’, y sus titulares se lucraban de los ingresos que generaba la publicidad insertada –tanto en la aplicación como en la página de descarga–, así como del cobro de una suscripción en la versión Premium.

Los agentes observaron otra fuente de obtención de beneficios consistente en la cesión de los recursos de conexión de sus millones de usuarios a una empresa de anonimización a cambio de un acceso libre de publicidad a los contenidos de la plataforma. Además, estiman que el lucro ilícito supera los 5.000.0000 de euros.

EMISIÓN ILEGAL A TRAVÉS DE ‘MOBDRO’

Tras varias gestiones policiales, los agentes constataron que la emisión de contenidos se realizaba a través de una aplicación disponible para Android y accesible en diversos dominios. Asimismo, determinaron que sus titulares se estaban lucrando, por un parte, de los ingresos obtenidos de la publicidad insertada tanto en la aplicación como en la página de descarga de la misma y, por otra, del cobro de una suscripción en la versión Premium.

Con el avance de las pesquisas, los agentes identificaron otra fuente de obtención de beneficios que consistía en la cesión de los recursos de conexión de sus millones de usuarios a una empresa de anonimización a cambio de un acceso libre de publicidad a los contenidos de la plataforma.

PÁGINAS GESTIONADAS DESDE ESPAÑA Y ANDORRA

En un primer momento, los investigadores identificaron a un ciudadano español como creador de la aplicación y único receptor de los beneficios económicos, generados a través de una sociedad de la que solo él era administrador.

Además, durante el transcurso de la investigación este individuo trasladó su lugar de residencia, así como la gestión de la aplicación, al Principado de Andorra. Sin embargo, posteriormente detectaron que había otras tres personas implicadas que, presuntamente, estarían manteniendo la actividad delictiva de la aplicación en España mediante la promoción de la misma en distintos dominios web.

Por estos motivos, el pasado mes de febrero se realizaron tres registros simultáneos, dos en Murcia y un tercero en Andorra, bajo la coordinación de EUROPOL Y EUROJUST.

Gracias a los registros practicados en Murcia, los agentes determinaron que no existía una verdadera conexión entre las páginas gestionadas desde España y las gestionadas desde Andorra, concluyendo que en realidad la variante española aprovechaba sus contenidos mediante la creación de una página con el mismo nombre (‘Mobdro’) y diferente extensión.

Hecho esto, posicionaban su página mejor que la original en los distintos buscadores de Internet y, de esta forma, el usuario que quería utilizar la aplicación tenía que pasar necesariamente por esta página antes de ser redirigido a la original. En este sentido, los creadores de la página «copiada» cobraban por el tráfico y la publicidad, al tiempo que el titular de la página original continuaba lucrándose gracias a las descargas de la aplicación y a la cesión de recursos a la empresa anonimizadora.

BLOQUEADOS MÁS DE 20 DOMINIOS

La investigación ha permitido bloquear el acceso desde España a más de 20 dominios relacionados con la aplicación, así como el bloqueo de los servidores que alojaban el contenido ilícito. Por otra parte, los agentes también han retirado la aplicación de las plataformas donde se encontraba en España y en Portugal.

El registro realizado en Andorra permitió obtener abundante documentación sobre el modo de monetizar la página para obtener el lucro ilícito, en concreto sobre la relación financiera con la compañía anonimizadora.

Asimismo, se solicitó el bloqueo judicial de nueve cuentas bancarias y se intervinieron numerosos dispositivos informáticos, móviles y sistemas de almacenamiento, además de dos vehículos y una finca en el Principado de Andorra (valorados en 450.000 euros).

El PSOE ha acusado este viernes al PP de haber perpetrado un «tamayazo» en Murcia y de «comprar» a tres diputados de Ciudadanos para frustrar la moción de censura de los socialistas y los ‘naranjas’ contra el presidente ‘popular’, Fernando López Miras. Eso sí, en Ferraz creen que si este movimiento de los ‘populares’ ha tenido éxito, tiene también que ver con que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no controla su partido, según reconocen fuentes de la dirección socialista.

De este modo, el PSOE trata ahora de desvincularse por completo del fracaso de la operación en Murcia y responsabiliza, por un lado, al PP, por comportarse de manera «mafiosa» y «corrupta» y, por otro, a Arrimadas, por no tener control sobre sus diputados ni autoridad suficiente para impedir que aceptaran la oferta de los de Pablo Casado.

Por ello, la formación que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantienen a la espera de que Ciudadanos ponga orden interno, y asegura que la pelota está en el tejado de Arrimadas. En este sentido, los socialistas no tienen intención de contactar con los naranjas por el momento, según explican las fuentes consultadas, y mucho menos, Sánchez de telefonear a Arrimadas.

Además, avisan de que el comportamiento del PP es, a su juicio, un claro caso de «transfuguismo», que han bautizado como «el tamayazo murciano» –en alusión al caso de transfuguismo de Madrid en 2003–, en el que todavía no se sabe si a los ya ex diputados de Ciudadanos que votarán contra la moción se les ha ofrecido «algo más» que sillones en el nuevo Ejecutivo de López Miras.

EL NÚCLEO DURO DE SÁNCHEZ EN FERRAZ Y MONCLOA NEGOCIÓ CON CS

Esta operación en Murcia que ahora se ha frustrado por el desmarque de esos tres diputados ‘naranjas’ llevaba fraguándose desde hace un mes, y en ella han estado implicados no sólo los principales dirigentes del PSOE y de Ciudadanos, sino también el núcleo duro de Sánchez en Moncloa.

En concreto, el pacto se cerró la medianoche del martes al miércoles con el visto bueno personal, por parte del PSOE, del secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos; su mano derecha en Ferraz, el coordinador territorial, Santos Cerdán; y el secretario general de la Presidencia el Gobierno y persona de la máxima confianza de Sánchez, Félix Bolaños.

Por parte de Ciudadanos, la negociación corrió a cargo de los tres principales colaboradores de Arrimadas: el vicesecretario general primero, Carlos Cuadrado; el vicesecretario general adjunto, José María Espejo; y la secretaria general, Marina Bravo.

Y este movimiento, que culminó el miércoles con el registro de la moción de censura en Murcia, desató en pocas horas todo un terremoto político en España, cuando la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó anunciando su decisión de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad y de expulsar a Ciudadanos de su gobierno.

El anuncio del adelanto electoral desencadenó a su vez la presentación de hasta tres mociones de censura: dos en Madrid, de Más Madrid y del PSOE, para intentar frenar la convocatoria electoral, y que han derivado en una disputa en los tribunales; y otra en Castilla y León por parte del PSOE, para intentar que también Ciudadanos rompa su gobierno con el PP en esta comunidad.

El PSOE ha insistido estos días en que el plan negociado con Ciudadanos no iba más allá de Murcia, aunque el propio Ábalos reconoció que siempre se prevén «reacciones» cuando se dan situaciones como la de Murcia –en la que dos formaciones rompen su coalición de gobierno–.

LLAMAMIENTO A CIUDADANOS A ROMPER CON EL PP Y ACERCARSE AL PSOE

Además, los socialistas han admitido públicamente su deseo de que este giro de Ciudadanos en Murcia se tradujera en un alejamiento del PP también a nivel nacional y en un acercamiento al PSOE, que les permita ampliar sus alianzas parlamentarias –y no depender tanto de sus socios de investidura–.

«Es la oportunidad y el momento de replantearse cuál debe ser el papel de Ciudadanos, si no quiere ser engullido como le ha pasado en Cataluña; un papel bisagra que le permita pactar a la izquierda y a la derecha, dependiendo de la situación», defendió el jueves la portavoz del Gobierno y dirigente socialista, María Jesús Montero en una entrevista en TVE.

Ese terremoto político que se produjo el miércoles, y que dibujó un escenario que ahora se enrevesa aún más, llevó a Sánchez a convocar a los principales dirigentes del PSOE a una reunión de urgencia en Ferraz, en la que participaron Ábalos, Cerdán y también la vicesecretaria general, Adriana Lastra, además del líder del partido en Madrid, José Manuel Franco.

El encuentro sirvió para analizar ese nuevo escenario y, en concreto, la contienda abierta en Madrid, que pilló al PSOE sin un candidato claro en la Comunidad, habida cuenta de que todos daban por hecho que su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, acabaría siendo nombrado en algún momento Defensor del Pueblo cuando lograran cerrar con el PP un pacto para renovar los órganos constitucionales.

Finalmente Gabilondo ha sido confirmado este viernes como candidato del PSOE para las elecciones autonómicas previstas para el próximo 4 de mayo, que se celebrarán si la justicia da la razón a Ayuso y rechaza que se debatan las mociones de censura, al entender que llegaron después de la convocatoria electoral.

El exministro, que ganó las elecciones autonómicas en 2019 pero no logró formar gobierno, ya había sido postulado el miércoles como candidato de esa moción de censura presentada de urgencia por el PSOE para frenar la convocatoria electoral de Ayuso.

No obstante, en estos dos días que se han sucedido desde entonces se habían puesto sobre la mesa varios nombres como posibles cabezas de lista para competir contra Ayuso; nombres que ahora quedan descartados, como el que sonaba con más fuerza: el de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La jefa de Seguridad del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, ha informado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que finalmente no entregará toda la documentación que recopiló sobre los encargos realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo a la que hizo referencia en su declaración previa. Por su parte, la defensa del banco insiste en que toda esta información ya está aportada a la causa y pondrá de nuevo todos los documentos a disposición del juzgado y de los fiscales Anticorrupción.

Díaz Ochagavia, comenzó a declarar, a petición propia, este jueves en calidad de investigada en el caso ‘Tándem’, cuando comunicó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de que aún tiene en su poder un dossier que cuenta con un documento de ‘excel’ –una hoja de cálculo– con todas las facturas relacionadas con Villarejo y con todos los contratos escaneados firmados con las empresas del comisario.

Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal insistió en tener acceso a toda esa documentación para comprobar si hay contratos o facturas que no estén incluidas en el sumario de la pieza 9 del caso ‘Tándem’.

No obstante, la directora de Seguridad del banco, que ha vuelto este viernes a la Audiencia Nacional para continuar con su declaración, ha informado al juez García Castellón y a los fiscales de que, por recomendación de su defensa, finalmente no aportará dicha documentación a la que hizo referencia, según han indicado fuentes presentes en la declaración.

Fuentes del BBVA han señalado que la entidad va a presentar un escrito a la mayor brevedad posible con la información contenida en el dossier que ha mencionado Díaz Ochagavia, aclarando que esa documentación ya había sido aportada a la causa por parte del banco.

Estas fuentes precisan además que dicha carpeta se creó a raíz de unas noticias aparecidas en mayo de 2018 con el objetivo de recopilar documentación sobre la contratación y los servicios prestados por Cenyt, tal y como ha manifestado la entidad desde el inicio del caso.

Díaz Ochagavia explicó al juez en su primera comparecencia que el grupo de trabajo que se creó para analizar la situación era dirigido por el responsable de Comunicación Paul Tobin y el que fuera jefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu. Y puntualizó que Tobin fue el responsable de hacer un relato de los hechos, indicaron las fuentes jurídicas consultadas.

En la declaración de este viernes, a la que sólo ha contestado al Ministerio Público y su defensa, ha matizado que Tobin fue el encargado de iniciar la búsqueda de la información relativa a los encargos con la empresa del comisario jubilado.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, mantendrá al español Alberto Navarro como embajador de la UE en Cuba después de que en su reunión personal reconociera que fue un error la carta que envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que retire el embargo económico a la isla.

Según ha confirmado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, el Alto Representante ha decidido que el diplomático español termine su mandato como representante de la UE en La Habana, que acaba este verano, y así lo ha expresado en una carta a los eurodiputados del PP y liberales que reclamaron el cese de Navarro.

De esta forma, Borrell aceptó las disculpas de Navarro tras admitir éste sus errores y ser «debidamente reprendido», según ha informado la portavoz. El jefe de la diplomacia comunitaria entiende, de esta forma, que «la reacción es proporcionada a la gravedad de los hechos», por lo que da el asunto por cerrado.

Tras la polémica generada por la misiva a Washington, el embajador fue convocado en Bruselas para dar explicaciones sobre el caso a varios dirigentes del Servicio de Acción Exterior de la UE y mantuvo una larga reunión con el propio Borrell el pasado domingo.

Bruselas ha tenido en cuenta el historial diplomático de Navarro, de más de cuarenta años, y que entonara el mea culpa tras la controversia generada por la iniciativa sobre el embargo. Fuentes europeas señalan que el embajador admitió que sumarse a la petición destinada al líder norteamericano fue una «mala decisión política».

EXPLICACIÓN A EURODIPUTADOS

En su explicación a los eurodiputados, Borrell da por «aclaradas» las quejas, apuntando que Navarro ha reconocido que se extralimitó en sus funciones al enviar la carta a Biden, si bien ha querido recordar que el contenido de la polémica misiva iba en línea con la posición que mantiene la UE, que también reclama el fin del embargo estadounidense.

Los eurodiputados se habían hecho eco igualmente de las quejas de la Dama de Blanco Berta Soler, que criticaba la falta de atención de la Embajada europea. Según Borrell, Navarro le ha trasladado que la disidente ha sido recibida siempre que ha querido y hay un «contacto regular» a través del teléfono, ya que «sus aportaciones son muy valiosas en la preparación de los diálogos de Derechos Humanos con las autoridades cubanas».

El jefe de la diplomacia de la UE reconoce que las relaciones con Cuba son «complejas», pero sostiene que la política fijada en 2017, cuando se eliminó la Posición Comíun de 1996, sigue siendo el camino a seguir para «promover valores e intereses de la UE en su relación con la isla», como ha avalado el propio Parlamento Europeo.

«Servir a la Unión Europea y representarla en el extranjero es una gran responsabilidad y debemos esperar y pedir lo mejor de nuestros diplomáicos. También debemos tener en cuenta las difíciles circunstancias a las que muchos de ellos se enfrentan diariamente y actuar de una manera proporcionada y justa cuando cometen errores», añade, en un llamamiento a la comprensión.

El copríncipe episcopal, Joan Enric Vives, ha destacado el compromiso de Andorra con el multilateralismo y la Agenda 2030 en el acto de recepción de cartas credenciales de 25 embajadores acreditados en Andorra.

El acto, que se ha adaptado a la situación de pandemia haciendo una recepción conjunta en vez de las reuniones individuales habituales, se ha celebrado en el Palacio Episcopal de la Seu de Urgell (Lleida), que se considera territorio andorrano.

Vives ha destacado que «Andorra asume decididamente la implementación de la Agenda 2030 como parte central de su acción política internacional», señalando a la vez el compromiso con el desarrollo sostenible, la promoción de una educación de calidad para todos, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El jefe de Estado también ha hablado de la importancia de las negociaciones con la Unión Europea y el trabajo transfronterizo que se mantiene con España y Francia.

Así mismo, ha recordado el trabajo realizado en el marco de la presidencia andorrana de la Conferencia Iberoamericana, destacando la idoneidad del lema escogido para la XXVII Cumbre Iberoamericana: «Innovación para el desarrollo sostenible-Iberoamerica frente al reto del coronavirus».

«A pesar de esta grave y extraordinaria situación, ha quedado constancia de que el lema escogido en su día por Andorra sigue igual o incluso más vigente en este nuevo escenario», ha dicho el obispo.

Vives ha añadido: «Los retos a los que nos enfrentamos son los mismos, pero todavía más intensos, y la herramienta de la innovación, tanto como resultado científico o tecnológico como en su aportación para el cambio de conductas, es ahora más necesario que nunca».

25 EMBAJADORES

El copríncipe episcopal ha agradecido a los embajadores su presencia en el acto «a pesar de la pandemia y de las medidas de sanidad obligatorias en nuestros países, y construir, de esta manera corajosa, los puentes para el diálogo y la paz entre nuestros pueblos y naciones».

El jefe de Estado ha recibido las cartas credenciales de los embajadores de Israel, Bélgica, Chile, Qatar, Mauritania, Australia, Albania, Armenia, México, Islandia, Suiza, Camboya, Corea, Arabia Saudí, El Salvador, Letonia, Argentina, Benín, Hungría, Uruguay, Honduras, Chipre, Guatemala, Argelia, y la República Dominicana.

En el acto de recepción de las cartas credenciales también ha participado la ministra de Asuntos Exteriores andorrana, Maria Ubach.

El padre de Desirée, la niña de siete años que apareció muerta en la casa de la madre en Muimenta, en el municipio de Cospeito (Lugo), el 3 de mayo de 2019 con signos de haber sido asfixiada, reclama ante el juzgado de Vilalba –el número uno es el que llevó la investigación– que se haga una «reconstrucción de los hechos».

Esta semana el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la mujer acusada de matar a su hija en Muimenta. La jueza apunta a asesinato con alevosía, pero con atenuante de alteración psíquica, en un caso que tendrá jurado popular.

José Manuel Leal reivindica esta reconstrucción tras de lo que considera un «brutal asesinato». Asegura que «se tenía que haber hecho de oficio» y no tener que pedirlo él o el resto de acusaciones.

Además, requiere que se «facilite toda la documentación volcada de los terminales incautados a la presunta asesina», la madre de Desirée, que se encuentra encarcelada en la prisión de Teixeiro desde poco después del suceso. «Tienen la obligación de dar a las partes el volcado completo», clama José Manuel Leal.

La asfixia es lo que determina la instrucción como la causa de la muerte en las diligencias ya trasladadas a la Audiencia Provincial de Lugo. El hombre sostiene que la presunta asesina empleó «toda su fuerza» de una persona de 40 años sobre la niña, que «llevaba restos de sangre en las uñas al intentar defenderse».

«Había restos de sangre en un calcetín y en los tenis, y no se buscó el otro par (de calcetín)», ha censurado. A su juicio, «se cometieron muchas negligencias», entre otras ha enumerado que «no se precintara el domicilio» donde apareció el cuerpo de la menor. De ello responsabiliza a la jueza que instruyó el caso al inicio.

«Se ve que se trató de un crimen brutal, yo vi las fotos. Quiero saber toda la verdad», afirma en las inmediaciones de los juzgados de Vilalba, este hombre que ahora vive con sus padres en una parroquia de Xermade. A raíz de estos hechos tuvo que dejar el trabajo como guardia de seguridad y se vio obligado a jubilarse.

También apunta a «varios indicios de limpieza del cuerpo» de Desirée, según acredita el 061, expone. Leal quiere «saber» quién limpió el cadáver y «quién estaba en casa en ese momento». «Una amiga se encontraba en el domicilio, el abuelo y la abuela materna», agrega.

«Está claro que mi niña no se limpió después de haber sido asesinada; y sufriendo, se defendió muchísimo», concluye José Manuel Leal, quien como acusación particular pide la pena de prisión permanente revisable para su exmujer, al igual que la acusación popular de la Fundación Amigos de Galicia y la fiscalía.

Antonio Gómez Cantero toma posesión este sábado como obispo coadjutor de Almería cuya Catedral acogerá a continuación la misa estacional que servirá para presentarlo y que será presidida por el obispo de la diócesis, Adolfo González Montes.

La Santa Sede hizo público en enero el nombramiento de Gómez Cantero, quien era hasta ahora el obispo de Teruel y Albarracín, para dar respuesta a la petición de González Montes de contar con un coadjutor, que pasará automáticamente a ser obispo de la diócesis almeriense cuando este puesto quede vacante.

El Obispado ha comunicado que, en atención a la situación de la pandemia de covid-19, con la ciudad en nivel de alerta 3, el aforo permitido por las autoridades sanitarias en la Catedral es de 250 personas, que deberán estar sentadas.

Los fieles que deseen asistir accederán al tempo por la puerta de los Perdones hasta completar aforo a partir de las 11,00 horas.

En una carta remitida tras hacerse público su nombramiento, Gómez Cantero aseguró que llega a la diócesis almeriense, «del mismo modo que llegó a Teruel, a conoceros, comprenderos y amaros».

«Soy la respuesta a la petición de nuestro obispo Adolfo, de tener una ayuda para aliviarse de todos sus tareas y misiones. Estaré, como no puede ser de otra manera, dispuesto a lo que él me pida. Seré para él su hermano pequeño, y él para mí, mi hermano mayor», señala.

Concluyó asegurando ir de «peregrino a esa ya soñada tierra almeriense, con los ojos despiertos y el corazón en ascuas, como los discípulos de Emaús». «Sé que me está esperando con los brazos abiertos y yo trabajaré con empeño, junto a Adolfo, con todas las comunidades y las distintas vocaciones de la diócesis», finalizó.

Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín desde 2017, nació en Quijas (Cantabria) el 31 de mayo de 1956. Cursó estudios de bachillerato en el seminario menor de Carrión de los Condes y eclesiásticos en el seminario mayor de San José de Palencia. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981.

Obtuvo la licenciatura en Teología Sistemática-Bíblica en el Instituto Católico de París, en 1995. El 17 de noviembre de 2016 el papa Francisco hace público su nombramiento como obispo de Teruel y Albarracín. Recibió la ordenación episcopal el 21 de enero de 2017.

En el momento de su nombramiento episcopal era vicario general y moderador de curia (2008-2017) de la diócesis de Palencia, de la que fue administrador diocesano del 8 de mayo de 2015 hasta el 18 de junio de 2016.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020 y Consiliario de la Acción Católica Española desde octubre de 2018.

Adolfo González Montes tomó posesión de la diócesis de Almería el 7 de julio de 2002, procedente de la diócesis de Ávila, en la que fue consagrado obispo en 1997.

En la Conferencia Episcopal Española preside la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo interreligioso desde marzo de 2020.

El obispo de Almería nació el 13 de noviembre de 1946 en Salamanca, diócesis en la que se ordenó sacerdote en 1972.

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, de Ciudadanos (Cs), ha reconocido que «es evidente que la política no está dando su mejor imagen», por lo que ha pedido a su partido que «tome las decisiones necesarias» en la reunión de la Ejecutiva Nacional de este lunes» tras lo ocurrido en Murcia, al tiempo que ha aclarado que en Castilla y León «nadie está en venta».

Igea ha comparecido en una rueda de prensa convocada de forma urgente en la tarde de este viernes junto al resto de procuradores del grupo parlamentario de Cs en las Cortes para trasladar un mensaje de «tranquilidad». De forma presencial, han arropado al vicepresidente y portavoz de la Junta el presidente de las Cortes, Luis Fuentes; el portavoz, David Castaño, y los procuradores Miguel Ángel González, Alba Bermejo, Marta Sanz y María Montero. Mientras que, de forma telemática, lo han hecho Inmaculada Gómez, Blanca Negrete, Francisco Javier Panizo y María Teresa Gago.

Además, tanto Igea como Castaño han recordado al único de los integrantes que no ha podido estar presente, José Ignacio Delgado, quien continúa ingresado en el Hospital de Burgos, donde supera «con éxito» el coronavirus.

«Estos 12 procuradores representamos lo mejor de la política que ha venido a cambiar las cosas, no a servirse y nadie está en venta aquí», ha aclarado Igea, quien ha insistido en que no puede estar «más orgulloso» del grupo parlamentario, de los militantes y de los cargos de Cs en la Comunidad porque, según ha recordado, se está cumpliendo el pacto de gobierno, están «satisfechos» y ha recalcado que «nada de lo que ocurra fuera va a cambiar esta decisión».

Igea ha insistido en que el equipo de Cs en Castilla y León está conformado por «gente de palabra» y ha lamentado dirigirse al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, para reiterar que el voto ‘naranja’ en la moción de censura va a ser negativo. «No tenemos por costumbre censurarnos a nosotros mismos», ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que la actitud de Tudanca «empieza a resultar patética», pues ha apuntado que «esto es la realidad» y «uno no puede confundirla con sus anhelos personales». Por ello, ha advertido de que será el líder socialista quien tenga que explicar sus declaraciones de estos últimos días. «Nosotros estamos hoy aquí y no nos escondemos», ha afirmado.

En este sentido, ha aclarado que el de Castilla y León «no es el gobierno del PP ni es el gobierno de Cs», sino que «es el gobierno de la Comunidad» y está conformado por dos partidos «leales» a los ciudadanos, a quienes prometieron que harían cumplir un acuerdo que, según ha garantizado Igea, se extenderá hasta el final de la legislatura.

Además, de cara a la reunión de la Ejecutiva Nacional del lunes, ha pedido a Cs «que tome las decisiones necesarias para conseguir que el partido sea más grande, esté más unido, sea más fuerte y represente aquello para lo que miles de ciudadanos votaron y para lo que miles de personas se unieron con ilusión, entrega y ganas de cambiar la sociedad». «Los que estamos aquí no la hemos perdido y esperamos que el partido tome las decisiones adecuadas», ha incidido, decisiones que espera que «hagan honor» a su llamamiento.

Así, Igea ha apuntado que la imagen del partido va a depender de lo que este haga a partir de ahora y de cómo sean capaces de defender este momento, al tiempo que ha invitado a aprovechar las oportunidades que brindan las crisis y ha resaltado las personas «capaces» y «todo lo bueno» que tiene Cs, un partido «necesario» que tiene que conseguir ser «más grande, cohesionado, tolerante y con menos problemas internos».

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este viernes, sobre el recurso anunciado por el Gobierno regional contra el cierre perimetral en San José y Semana Santa, que «esa batalla hay que darla».

Según ha explicado el consejero en una entrevista en ‘Onda Madrid’, la principal causa del recurso contra la medida es que «todas las veces que ha tenido que perimetrar Madrid por decisión del Ministerio ha ido en contra de la reducción de los contagios», y «en segundo lugar, por una cuestión jurídica».

En este sentido, ha reiterado que, bajo el Real decreto del estado de alarma, «quien tiene la competencia es el presidente autonómico», y que el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «que no es una decisión tomada por consenso», puesto que Madrid estaba en contra, «no es válido para tener que aplicarlo».

«En cualquier caso, nosotros ahora vamos a aplicar lo que nos obliga el Ministerio pero creo que esa batalla hay que darla», ha apostillado.

Escudero ha defendido además que las decisiones no pueden ser «de carácter puntual», sino que «esto requiere una estrategia temporal», y «definida por criterios científico técnicos».

A la pregunta de si cree que el 70 por ciento de la población madrileña podría estar vacunada en verano, ha respondido que lo ve «complicado» por el ritmo actual de vacunación.

A este respecto, ha señalado que con la pauta de las dos dosis, tendrían que llegar a Madrid 9,2 millones de dosis, cuando todavía no ha llegado al millón de dosis recibidas.

A su juicio, queda «poco tiempo» para conseguir que en verano el 70% de la población esté inmunizada, aunque «todas las farmacéuticas tienen el compromiso de acelerar esa producción», lo que, según sus estimaciones, se notará más en mayo o junio.

No obstante, considera que, con la población que se va inmunizando y la que tiene «inmunidad natural», va a haber «un efecto claro sobre la reducción de los contagios».

«Eso no significa que haya que rebajar en ningún momento las medidas de protección individual, mascarilla, distancia, lavado de manos», ha advertido.

La Ejecutiva de Ciudadanos se reunirá finalmente el próximo lunes, después de que varios dirigentes del partido lo solicitaran para analizar la situación tras los acontecimientos en Murcia, donde la formación naranja se alió con el PSOE para presentar una moción de censura contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que ahora parece que va a fracasar.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas ha convocado el encuentro para el lunes aunque inicialmente no estaba previsto que se celebrara en esta fecha. Los miembros de la Ejecutiva que han pedido públicamente esta reunión son el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó; y la ya exconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera.

Algunos cargos de Ciudadanos manifestaron estupor esta semana ante la decisión de la dirección del partido de aliarse con el PSOE para impulsar sendas mociones de censura en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad contra el PP, partido con el cual el partido naranja ha estado gobernando en coalición hasta ahora, mientras que otros apoyaron públicamente este movimiento.

Esta operación en Murcia desencadenó que en la Comunidad de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), rompiese su acuerdo de gobierno con Cs y convocase elecciones anticipadas el mismo miércoles. La formación naranja, por su parte, ha asegurado en todo momento que su intención siempre ha sido mantener los gobiernos con los ‘populares’ en Madrid, Castilla y León y Andalucía.

ARRIMADAS NO ESPERABA LA NEGATIVA DE TRES DIPUTADOS

Este viernes se ha conocido que la moción de censura en la Región de Murcia no prosperará porque, según ha anunciado López Miras, tres diputados de Ciudadanos –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, presentes junto a él en la rueda de prensa– votarán en contra.

Previamente, Arrimadas había recordado que todos los representantes de Cs pusieron sus firmas para la moción de censura contra el PP, por lo que esperaba que, llegado el momento de votarla en la Asamblea, los seis diputados actuaran «en consecuencia» y la apoyaran.

Durante una visita a Palos de la Frontera (Huelva), Marín ha dicho que si se confirmaba que la moción de censura se frustraba por un pacto entre el PP y tres diputados de Cs, pediría «de forma inmediata» una reunión de la Ejecutiva del partido «para evaluar esta nueva situación».

PEDIRÁN EXPLICACIONES A LA DIRECCIÓN

Por su parte, Villacís ha afirmado que en este momento se hacía «más necesaria que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo». «Cs nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate, ni a las explicaciones. Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Cantó también ha pedido que se celebre ese encuentro, que, a su juicio, ya estaba «tardando», según ha declarado a los periodistas en Castellón. Es en ese foro donde quiere expresar su opinión sobre los últimos acontecimientos políticos, pues cree que «lo leal y lo que toca es hablar allí en primer lugar y escuchar».

Marta Rivera, una de las personas perjudicadas por los efectos de lo ocurido en Murcia –al ser destituida por Díaz Ayuso junto a los demás consejeros de Cs en Madrid–, había solicitado igualmente la convocatoria «inmediata» de una reunión de la Ejecutiva «para que se dé cuenta de lo sucedido» en la Región. «Todo lo acontecido es de una gravedad extrema y es necesario que se ofrezcan explicaciones», ha manifestado.

En el caso de Sofía Miranda, concejal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y titular del Área Delegada de Deporte, cree que se debería reunir el Consejo General, el máximo órgano del partido entre congresos.

«No me afilié a Ciudadanos por un sillón o un sueldo. Lo hice en base a los valores que el partido defendía. En base a ellos es necesario que se convoque de forma extraordinaria al Consejo General para que expliquen lo acaecido estos días», ha argumentado Miranda, que no forma parte de la Ejecutiva.

La posibilidad de articular una candidatura de unidad entre formaciones de izquierda ante la opción de adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, que esbozó recientemente IU Madrid, ha sido recibida con frialdad por el resto de formaciones de este espacio política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó el pasado miércoles el decreto de convocatoria electoral mientras que PSOE y Más Madrid presentaron sendas mociones de censura en la Asamblea de Madrid.

La concurrencia de las dos iniciativas ha generado una situación jurídica enrevesada, dado que la Mesa de la Asamblea de Madrid calificó las dos iniciativas ese mismo día. Ayer aceptó su disolución, tras la publicación oficial del decreto de la presidenta madrileña, pero avanzó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar las elecciones anticipadas.

Ahora serán los tribunales los que determinen cuáles de las iniciativas son válidas: la llamada a las urnas el 4 de mayo o las mociones presentadas por los dos grupos de la oposición.

NO HAY DEBATE ANTE MOCIONES DE CENSURA

En Más Madrid argumentan que la opción de una lista de confluencia entre partidos de izquierda no está en el debate político, al defender que el adelanto electoral de Ayuso no es válido y finalmente habrá moción de censura. Por tanto, remiten que su candidata para reemplazar a Ayuso es Mónica García. Además, relatan que la izquierda ya fue a los pasados comicios autonómicos con tres candidaturas, al igual que las formaciones de derechas.

Mientras, Podemos también traslada que se debatirán, y prosperarán, las mociones de censura y se desbancará al PP del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la portavoz de la formación morada, Isa Serra, manifestó que no tienen tampoco miedo a nuevas elecciones. En Podemos mantienen de momento prudencia y están a la espera de ver la evolución de los acontecimientos en Madrid.

El PSOE apuesta también por la moción de censura con su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para sustituir a Ayuso, que hoy mismo ha sido confirmado como futuro candidato ante las eventuales elecciones autonómicas, rompiendo así el ‘ruido’ sobre otros posibles nombres como la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien a su vez ha dejado claro que está centrado en sus actuales responsabilidades dentro del Ejecutivo.

IU Y EDILES ESCINDIDOS DE MÁS MADRID PIDEN EXPLORAR ESA FÓRMULA

IU Madrid, que concurrió con Podemos bajo la coalición Unidas Podemos en las anteriores elecciones, hizo el miércoles un llamamiento a aunar fuerzas en caso de haber adelanto electoral en caso de no prosperar las mociones de censura contra Ayuso, conscientes de que «no es un trabajo sencillo» y se han cometido «errores».

Un confluencia de fuerzas que también esbozaron los cuatro ediles en el Ayuntamiento de la capital y agrupados en la plataforma Recupera Madrid, escindidos de Más Madrid. A su juicio, la ruptura entre Podemos y la nueva formación con los partidarios de Íñigo Errejón fue un error e incluso deslizaron la opción de sumar al PSOE.

También ha exhortado a esta fórmula en rede sociales el exsecretario general de Podemos Madrid Ramón Espinar y la exnúmero dos de Más Madrid en las pasadas elecciones Clara Serra. «Una cosa es que la unidad de la izquierda no sea una regla sagrada y otra cosa es no entender que las peleas de los últimos años en Madrid han producido hastío, desapego y cansancio y que para movilizar al electorado hay que revertir por completo la lógica de la que venimos», desgranó en Twitter.

La coalición Unidas Podemos obtuvo un 5,5% de los votos en los comicios de 2019, con un total de siete diputados en la región, y Más Madrid se situó en el 14,6% y un saldo de 20 parlamentarios.

Las 80 sociedades científicas que promueven el II Congreso Nacional COVID-19 valoran positivamente los acuerdos alcanzados sobre la Semana Santa en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, si bien hubieran considerado deseable la total unanimidad y siguen echando en falta una mayor despolitización tanto de la gestión como de la comunicación de esta crisis sanitaria.

En este sentido, en nombre de los más de 200.000 profesionales a los que representan, han pedido a las administraciones despolitizar la gestión del tramo final de la pandemia, y trabajar por el «consenso político y territorial». Asimismo, demandan celeridad y prioridad para los colectivos más vulnerables en los planes de vacunación y, en este sentido, consideran acertado que se les haya otorgado consideración preferente a los pacientes oncológicos, en diálisis y trasplantados.

Los profesionales sanitarios piden asimismo «memoria» para recordar «las duras lecciones aprendidas» durante esta crisis sanitaria, «y que no se pierda un solo día tras la pandemia en incorporarlas a las políticas públicas con medidas e inversiones concretas». En este sentido, demandan mayor esfuerzo e inversión de las administraciones en políticas de salud pública, refuerzo de la Atención Primaria, coordinación socio-sanitaria e investigación científica.

«Si algo ha demostrado esta pandemia es que la ciencia no puede ser nunca más la cenicienta de los presupuestos públicos, hay que dotar adecuadamente las estructuras de investigación y situar a España donde le corresponde en su apuesta por el I+D», explica el presidente del Comité Científico del Congreso y del Área TIR de la Sociedad Española Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), David de la Rosa.

De todas estas cuestiones relacionadas con el día después de la pandemia se debatirá en el II Congreso Nacional COVID-19, durante el que los profesionales sanitarios de estas sociedades científicas compartirán la evidencia científica alcanzada hasta el momento sobre el SARS-CoV-2. «A pesar de que la sensación es la de que aún queda mucho por saber de la COVID-19, lo cierto es que es mucho lo que hemos aprendido y en muy poco tiempo», explica De la Rosa.

Este encuentro se celebrará de forma ‘on line’ entre el 12 y el 16 de abril y, como la primera edición, será de acceso gratuito con el objetivo de promover un mejor conocimiento común sobre la pandemia desde un intercambio multidisciplinar de experiencias y conocimientos.

«Superado lo peor de la tercera oleada y más de un año después de los primeros casos, no puede caber la menor duda de que esta enfermedad representa la más importante emergencia sanitaria padecida en el mundo desde hace más de un siglo, y esta es una razón de peso para seguir investigando y seguir poniendo en común todo el conocimiento y experiencia acumulados», explica el presidente del Congreso, doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz y Presidente de la SEPAR, sociedad científica promotora de este II Congreso.

El Congreso acogerá 380 ponentes en casi 90 sesiones, entre simposios, mesas redondas y conferencias magistrales, que serán emitidas de forma simultánea a través de cinco canales. En ellas se abordarán la gran mayoría de disciplinas, especialidades y áreas de gestión en las que el SARS-CoV2 ha tenido impacto, incluyendo temas de tanta relevancia como la puesta al día de los factores pronósticos, la seguridad de las vacunas, el impacto biopsicosocial de la pandemia, la evidencia científica acumulada sobre la transmisión por COVID-19, los nuevos modelos asistenciales a raíz de la pandemia, la relación entre obesidad/desnutrición y COVID-19, el impacto en la salud de la mujer y el recién nacido, o las ventajas e inconvenientes de la infodemia sobre el coronavirus, entre otras cuestiones.

A este respecto, el presidente del Comité Organizador, Juan Antonio Riesco, incide en el carácter multidisciplinar de este encuentro, agradeciendo la implicación de las cerca de ochenta sociedades científicas participantes.

«Pretendemos que este encuentro sirva como foro científico desde el que poder compartir las experiencias de las diferentes disciplinas y especialidades en lo relativo al manejo y a la repercusión que ha tenido la pandemia en sus respectivos ámbitos de actuación, y por ello su enfoque es integrador del mayor número de disciplinas y especialidades posibles y está abierto a cualquier profesional sanitario con interés en actualizar sus conocimientos sobre esta enfermedad o divulgar los resultados de su actividad durante estos meses de pandemia», afirma.

Un abogado ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, y el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, por presuntos delitos de injurias y calumnias contra la Corona por unos mensajes de Twitter sobre el actual Rey y el emérito.

La querella, presentada el 5 de marzo, se dirige contra Asens por un ‘tweet’ publicado el día 2 en el que alude a las acciones emprendidas por la Fiscalía de Cataluña contra el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la cámara catalana por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por tramitar dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se cargaba contra el Rey.

«Dicen que es una democracia plena cuando la monarquía puede delinquir impunemente y se persigue a quien lo denuncia o quien permite un debate sobre ella en el Parlament», escribió Asens en la red social.

Para el abogado, Esteban Gómez, «la propia manifestación ‘prima facie’ es ya injuriosa y es un ataque que no se puede ni debe consentir». A su juicio, «cuando se acusa directamente a la monarquía, por un diputado del Congreso cuyo partido forma parte del Gobierno, de ‘delinquir impunemente’, se está acusando a la Corona de cometer delitos, debiendo referirse a quién y demostrarlo, incurriendo en su caso en un delito de calumnia».

La querella, aprovecha para ampliar otra del pasado 6 de octubre, contra Rufián. Inicialmente, el abogado se querelló contra el dirigente de ERC por un delito continuado de injurias al Rey por unas declaraciones que hizo el 30 de septiembre en el Congreso de los Diputados en las que dijo: «Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela».

El querellante sostiene que «dichas declaraciones son injuriosas y ofensivas contra el Rey, como lo serían si se hubiera imputado a un juez una adscripción determinada a un partido político, ataque rufianesco (según la primera acepción de la RAE de lo que es un rufián) que, aunque sea permitido por la Presidenta del Congreso, no es ni justo ni humano, ni siquiera conveniente, en el Estado Social y Democrático de Derecho».

También denunció un tuit publicado el 3 de octubre por Rufián en el que manifestó: «Hoy hace 3 años del primer discurso oficial de Vox», en alusión al pronunciado por el Rey, Felipe VI, a raíz del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. «Ni a palos pudisteis ni a palos podréis», remachó el diputado catalán.

Ya en la ampliación de la querella, el abogado ha echado en cara a Rufián otro tuit del 4 de marzo sobre una iniciativa parlamentaria «para que expliquen a la ciudadanía porqué hay una familia que por su simple apellido puede vivir, robar y vacunarse impunemente». El abogado entiende que con ello «la crítica se abandona para entrar dentro de la calumnia» y por eso se querella también contra el portavoz de ECR por un delito de calumnias.

EL ACTO EN LA ESCUELA JUDICIAL

En esa primera querella, el abogado se dirigió asimismo contra los ministros de Justicia y Consumo, Juan Carlos Campo y Alberto Garzón, respectivamente, por pronunciamientos y actuaciones relativos a la Corona.

A Campo le atribuye un presunto delito de coacciones por, supuestamente, impedir que Felipe VI fuera a la entrega de despachos judiciales que se celebró el 25 de septiembre en la Escuela Judicial de Barcelona, en lo que interpreta como una intervención excesiva del Gobierno en las funciones de la Corona y «sin justificación alguna».

A este respecto, el abogado defiende que impedir la presencia del monarca en dicho acto solo estaría justificado por razones de seguridad que en este caso no se dieron. Así, relata que «a la Escuela judicial solo se puede llegar por un desvío en un camino que (…) está rodeado de frondoso bosque». «En tan bello paisaje hemos divisado una ardilla que no creemos hubiera suscitado el temor del excelentísimo señor ministro», ha apostillado con sorna.

Para el querellante, esta presunta injerencia en las funciones reales «se basa en un interés político concreto: demostrar al independentismo catalán que el Rey no ejercitará su labor, asumiendo que el garante de las libertades y derechos de todos los catalanes con su sola presencia ‘provoca'».

En cuanto a Garzón, le acusa de delitos de injurias y calumnias al Rey por un ‘tweet’ del 25 de septiembre en el que afirmó: «La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible».

La querella estima que Garzón «está acusando al Rey de cometer un acto contra el orden constitucional y, por tanto, de un incumplimiento palmario de su función constitucional, lo que es una notable injuria». «Podemos colegir también que un ministro del Gobierno de la nación ha acusado al Rey de pergeñar un golpe de Estado, gravísima calumnia», ha apuntado. Al igual que a Asens, el abogado insta a Garzón a «matizar» a qué se refiere cuando habla de «maniobrar» contra el Ejecutivo.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja ‘b’ ha convocado a los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy el próximo 24 de marzo para que declaren como testigos en esta vista oral, a petición de algunas acusaciones populares.

Así consta en la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, en el que comunica el calendario previsto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hasta el próximo 14 de abril para escuchar a todos los testigos propuestos por las partes.

La fase de testificales arrancó este jueves, cuando el tribunal escuchó a los primeros 10 testigos. Asimismo, ya tiene citados a una veintena para las dos sesiones previstas la semana que viene, convocando el próximo lunes 15 de marzo al ex secretario general del PP Ángel Acebes y a empresarios que aparecen como donantes en los conocidos como los ‘papeles de Bárcenas’.

Entre el centenar de testigos que han propuesto las partes se encuentran los ex jefes del Ejecutivo y ex presidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo.

EXPECTACIÓN TRAS LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS

La expectación de sus testificales ha aumentado después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas afirmara en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción semanas antes de que se iniciara el juicio y en su declaración como acusado que todos ellos, excepto Aznar, cobraron ‘sobresueldos’ procedentes de la contabilidad paralela. Es más, acusó directamente a Rajoy de conocer perfectamente la existencia de una caja ‘b’.

Según el calendario previsto, Jaime Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal tendrán que acudir a la Audiencia Nacional el 23 de marzo, día en el que también están citados el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez.

Un día después, será el turno de José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes están citados a partir de las 12.00 horas, junto al ex ministro José María Michavila. Ellos darán paso a Rodrigo Rato, Federico Trillo, que declararán como testigos un día después.

Para ese 25 de marzo, también están citados el ex ‘número dos’ de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo –en prisión por la red corrupta–, el empresario Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

Tras el parón por la Semana Santa, el tribunal retomará la vista oral el 6 de abril para escuchar entre otros a los empresarios como José Mayor Oreja (expresidente de FCC), Luis del Rivero (expresidente de Sacyr Vallehermoso) o Rafael Palencia (expresidente de Degremont).

El 7 de abril será el turno de más empresarios como Joaquín Molpeceres o Luis Gálvez, que aparecen en los apuntes manuscritos de Bárcenas, así como el de la ex tesorera general del PP Carmen Navarro. Al día siguiente entre los citados a declarar como testigos se encuentra el marido de María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro; la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa –estos dos últimos en prisión–.

En cuanto a los periodistas Francisco Mercado, María Luisa Bernal, Ernesto Ekaizer y Eduardo Inda, propuestos por la defensa de Bárcenas para corroborar la existencia de grabaciones que demostrarían que Mariano Rajoy era conocedor de la existencia de una contabilidad opaca en el partido, la Sala les ha convocado el próximo 13 de abril.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Será la primera vez que Aznar –cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)– comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los ‘populares.

Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que «no existe ninguna caja b» en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos «ilegales» a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

Quienes sí han testificado ya sobre esto en la Audiencia Nacional fueron algunos de sus ministros, como Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, quienes declararon en el juicio por la primera época de la trama Gürtel que no sabían cómo se financiaba el PP, pues era, según ellos, un tema de la tesorería, que entonces llevaba el Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad en este caso ha quedado extinguida tras su fallecimiento.

LA SEGUNDA VEZ DE RAJOY ANTE UN TRIBUNAL

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que «jamás» supo nada de la presunta caja ‘B’ del PP porque su responsabilidad en el partido eran «políticas», no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política , lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

El obispo de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández Sola, celebrará el viernes, 19 de marzo, los diez años de su ordenación episcopal, que tuvo lugar en el Monasterio de Veruela, mientras que el 29 de enero de ese mismo año fue nombrado obispo de la Diócesis de Tarazona por el Papa Benedicto XVI.

Con motivo de este aniversario y de la festividad de San José, la Iglesia de la Catedral de Tarazona acogerá el viernes que viene una eucaristía, a las 19.00 horas, que estará presidida por el prelado y será retransmitida por las redes sociales, ha informado la diócesis en una nota de prensa.

Ha recordado que 2021 ha sido declarado por el Papa Francisco como el año de San José, figura «destacada» en la vida del obispo de la Diócesis de Tarazona al ser patrón de la orden a la que pertenece, los Agustinos Recoletos.

«San José es una figura cercana a mi vida y por ello decidí celebrar el día de mi ordenación episcopal en su festividad, el 19 de marzo, así como confiarme a quien cuidó de María y de Jesús para que me acompañase en mi vida pastoral; ha sido providencial que el Santo Padre haya querido dedicar este año precisamente a San José», ha expuesto monseñor Hernández Sola.

El obispo de Tarazona ha calificado estos diez años de obispado como «muy positivos y enriquecedores» ya que «siempre me he sentido muy apoyado y acogido por mis hermanos sacerdotes». «Todos me recibieron con mucho cariño y seguimos manteniendo unas relaciones de gran cordialidad», ha explicado.

Igualmente, ha dicho estar «muy a gusto con ellos y siempre los siento cercanos y colaboradores, lo cual ha facilitado mucho mis tareas pastorales». Además, las personas de la diócesis «son buenas, sencillas, cercanas y muy acogedoras» y por eso «puedo decir que están siendo años que han llenado mi vida sacerdotal, en los que he conocido más de cerca la misión pastoral, más en profundidad la vida de los sacerdotes diocesanos y el mundo rural en el que vive gran parte de la diócesis», ha glosado el prelado.

El obispo ha agregado que tras estos años al frente de la diócesis «amo un poco más la Iglesia que peregrina por el mundo sencillo de los pueblos y a sus gentes» y «doy gracias a Dios por todos estos grandes dones que me ha regalado en estos últimos diez años, que se ven ahora empañados duramente por la tragedia de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2; mi corazón llora de tristeza por tanto dolor, sufrimiento y muerte», ha declarado.

PAPA FRANCISCO

El obispo de Tarazona ha destacado la ayuda que le han brindado las ideas magisteriales del Papa Francisco. «En mi servicio pastoral, en mi trabajo él, me ilumina, me da alas para poder hacer ciertas propuestas» y «me está inspirando y motivando muchísimo en todas las decisiones que estoy tomando en mi vida pastoral, así como en mis reflexiones y comentarios que ofrezco en mis escritos, cartas y homilías; también es mi maestro para saber tratar a mis sacerdotes y al Pueblo de Dios».

Monseñor Hernández ha recordado que en 2021 también se cumplen diez años de la reapertura de la Catedral de Tarazona, un acontecimiento «que llenó de inmensa alegría» a la localidad y «ha sido uno de los momentos más bellos para todos: para la ciudad, para la diócesis, porque a una diócesis sin catedral le falta la iglesia madre de todas las comunidades parroquiales, centro de la vida sacramental y magisterial, punto de convergencia, templo que expresa, unifica y pone en relación a todas las iglesias de la diócesis».

El prelado acaba de publicar un libro con motivo del décimo aniversario de su episcopado, titulado con la frase de San Agustín ‘Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo’, una «especie de legado para cuando deje la diócesis», ha precisado.

Asimismo, ha comentado que en 2021 se cumplirán dos años de la presentación de su renuncia como obispo al Papa «y en algún momento tendré que dejar de ocupar este cargo».

Por este motivo, ha querido transmitir una carta pastoral «que reflexionase sobre dos temas esenciales para los sacerdotes: la Eucaristía y la Virgen, ya que ambas constituyen el fundamento, la base de nuestra vida sacerdotal». El libro incluye también la reflexión que el obispo realizó con motivo del retiro de Adviento de 2020, ‘María, Madre del Adviento’ y otra sobre la caridad en la pandemia.

TRABAJO EN EL VATICANO

El obispo de Tarazona trabajó durante 35 años en el Vaticano, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Asimismo, pertenece a la Comisión de la Vida Consagrada y a la Comisión de Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Además, en 2019, el Papa Francisco confirmó su nombramiento como miembro de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano.

Desde 2018, es presidente del Instituto Pontificio CLAUNE, un instituto eclesiástico de derecho Pontificio que intenta acompañar y a ayudar en sus necesidades formativas y económicas a los monasterios de vida contemplativa de España.

El exdirigente de Ciudadanos y exdiputado en el Congreso Marcos de Quinto ha afirmado este viernes que no se puede llamar «tránsfugas» a los tres diputados de Cs en la Asamblea de Murcia que, a su juicio, se mantienen «fieles a lo prometido al votante» al negarse a apoyar una moción de censura contra el PP en la Región, y que en todo caso quien merece ese calificativo es la dirección del partido.

«Cuando la soberbia de los dirigentes les lleva a hacer y deshacer, ignorando a sus cuadros, la integridad de estos últimos puede llevarles a desobedecerles. Cuando el tránsfuga es ‘el partido’, no se puede culpar al diputado de mantenerse fiel a lo prometido al votante», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Así ha reaccionado De Quinto a los acontecimientos en Murcia, donde Cs y el PSOE presentaron el pasado miércoles sendas mociones de censura en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad.

Ahora se ha sabido que la operación contra el presidente autonómico, Fernando López-Miras (PP), no saldrá adelante porque ha llegado a un acuerdo con tres diputados de Cs –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez– que votarán en contra de la moción, impidiendo que prospere.

La operación en Murcia desencadenó que en la Comunidad de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), rompiese su acuerdo de gobierno con Ciudadanos y convocase elecciones anticipadas el mismo miércoles.

La formación liberal, por su parte, ha asegurado que su intención siempre ha sido mantener los gobiernos con los ‘populares’ en Madrid, Castilla y León y Andalucía y que el problema lo tenían únicamente en Murcia, por el escándalo de los cargos de Sanidad que se vacunaron contra el coronavirus y la querella que el PP interpuso contra el teniende de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs), después de que éste denunciara irregularidades en contratos municipales.

ENFRENTAMIENTO ENTRE ISABEL FRANCO Y ANA MARTÍNEZ

Ante el resultado que han tenido los movimientos realizados esta semana por Ciudadanos, De Quinto no ha sido el único que ha arremetido contra la dirección encabezada por Inés Arrimadas, que también ha sido criticada por otros antiguos de Cs.

Entre ellos, Xavier Pericay, exdirigente del partido y exportavoz en el Parlamento de Baleares, que ha señalado que el «esperpento murciano» tiene como principales protagonistas a dos mujeres que están «enfrentadas» y que forman parte de la Ejecutiva nacional, Isabel Franco y Ana Martínez Vidal.

Esta última era la portavoz del Ejecutivo murciano de López Miras y, tras la moción de censura, esperaba convertirse en presidenta del futuro gobierno de Cs y PSOE, mientras que Franco era la vicepresidenta y ahora, tras el acuerdo con el PP, se mantendrá en el Gobierno.

Pericay ha dicho que no sabe si en Murcia habrá fallado «la táctica o la estrategia» por parte de Ciudadanos, pero que «no parece que la cosa estuviera muy atada». Arrimadas había indicado este viernes que todos los representantes de Cs pusieron sus firmas para la moción de censura contra el PP, por lo que esperaba que, llegado el momento de votarla en la Asamblea, los seis diputados actuaran «en consecuencia» y la apoyaran.

«RIDÍCULO EN MURCIA Y PERDER MADRID»

También se ha pronunciado la exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en el Ayuntamiento de Barcelona Carina Mejías, que cree que la operación en Murcia «se estudiará en el anuario de fiascos políticos». «Ridículo en Murcia y perder Madrid. ¡Qué jugada!», ha concluido.

Para el exportavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, que el año pasado se dio de baja como afiliado y ahora es concejal no adscrito, lo ocurrido estos días «es la prueba evidente de la descomposición de Ciudadanos y de la nula fiabilidad que tiene como partido».

«Están a punto de desaparecer y no hay rumbo ni dirección. Menudo espectáculo nacional están ofreciendo, en plena pandemia y con siete millones de parados», ha manifestado.

El comentario de Rodrigo Gómez, exdiputado en el Congreso por Zaragoza, ha sido que «en política se puede hacer de todo menos el ridículo».

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha recalcado este viernes la necesidad de que «el fomento de la igualdad sea transversal a las distintas carreras universitarias», apostando por la «inteligencia feminista y la ambición».

Una cuestión imprescindible sobre todo en un tiempo en el que «han cambiado todos los paradigmas» en la manera de vivir e interpretar el mundo y en que la pandemia «ha levantado el velo de una aparente igualdad que no era del todo cierta». «Nos enfrentamos a nuevos retos con nuevos techos de cristal, que se manifiestan de otras formas; lo positivo es que ahora tenemos más herramientas para detectarlos y romperlos».

La presidenta de la Cámara Alta ha hecho esta reflexión en la clausura del seminario ‘Transversalidad de género en el ámbito universitario’, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Allí ha destacado la figura de Rosario Valpuesta, primera rectora de esta universidad y de Andalucía, y cuarta en la Historia de España. Surelevo lo representa, a juicio de Llop, Francisco Oliva, el nuevo rector de esta universidad «a la vanguardia académica de los estudios» de igualdad género. «Sois pioneros en la implantación de planes de igualdad».

Pilar Llop ha apostado por compartir el progreso con la juventud. Ha animado a las estudiantes a sentir «la fuerza de quienes abrieroncamino y estuvieron antes que nosotras» para alcanzar la igualdad realy a que sigan esa labor en todos los campos. Y entre ellos, a que seanlíderes en la vanguardia tecnológica, donde hoy las barreras a laigualdad se construyen de algoritmos.

«En España las mujeres representan sólo el 21 por ciento de los cargos de investigación de primer nivel en la universidad pública. Y el 25 por ciento en los Organismos Públicos de Investigación. Necesitamos mujeres educadas en el ámbito de la Ciencia, laTecnología, Ingeniería y Matemáticas», ha señalado.

«Los derechos humanos tienen que ser el marco referencial para el desarrollo de la inteligencia artificial», subraya Llop, que apuesta por introducir perspectiva de género y formar a los programadores en cuestiones de igualdad. De otra forma, advierte, «los estereotipos se reproducirán en el mundo del futuro por muchos cursos y muchas formaciones de género que demos. O se incluyen los elementos neutralizadores del sexismo, en suma, de ética porque la igualdad esética, o no avanzaremos ni un ápice, sino que por el contrario retrocederemos».

El futuro postpandemia, cree la presidenta, ha de afrontarse desde la cogobernanza, el diálogo entre territorios y el «liderazgo feminista» porque «dirigir, organizar, con dimensión de igualdad, es un tesoro que enriquece la sociedad». «El feminismo sigue siendo esencial para comprender la realidad que nos rodea y seguir aspirando a cumplir nuestros objetivos. Como lo hizo la generación de la rectoraValpuesta».

MESA REDONDA

En la mesa redonda previa a la conferencia, el rector de la UPO, Francisco Oliva, y la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Lina Gálvez, con la moderación de la delegada del Rector para la Igualdad de Género en la UPO, Mónica Domínguez, han abordado la transversalidad de género en las políticas universitarias centrándose en dos bloques: por qué es necesaria estatransversalidad y cómo se puede avanzar para conseguirla.

En este sentido, Lina Gálvez ha recalcado la importancia de construir un conocimiento plural y no androcéntrico, que es la «visión única» que se ido construyendo y que se ha hecho pasar por universal. «Necesitamos más pluralidad, construir otro conocimiento», ha insistido, poniendo en valor el papel de las universidades: «Hay que transformar la sociedad desde la Universidad y la UPO tiene un gran potencial para poder hacerlo», ha subrayado.

Por su parte, Francisco Oliva ha insistido en la necesaria toma deconciencia sobre la existencia de esta brecha de género y segregaciónen los estudios, desigualdad en la carrera investigadora, brecha salarial y brecha en la gestión de los campus universitarios. Específicamente, ha puesto el acento en la necesidad de trabajar para evitar «una sociedad de algoritmos masculina y realizada por hombres blancos y de clase media». Actualmente, en la UPO, ha señalado, solo un 11% de mujeres estudian Ingeniería Informática.

«Es muy importante que la cultura de igualdad, con políticas transversales, penetre en todos los ámbitos de la institución. Las universidades tenemos que ser ejemplo y vanguardia en materia de igualdad. Y estoy absolutamente convencido de que vamos a serlo desde la Universidad Pablo de Olavide», ha concluido.

Philipp Meissner, experto en reforma penitenciaria en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, por sus siglas en inglés), ha señalado que las estimaciones apuntan que que hay más de 527.000 presos que se han infectado de COVID-19 en 122 países y que más de 3.800 han muerto en 47 de esos países.

«Los sistemas penitenciarios y los más de once millones de presos que hay en el mundo se han visto golpeados de manera desproporcionada por la pandemia», ha lamentado Meissner con motivo del XIV Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal para debatir el impacto del COVID-19 en los entornos penitenciarios, que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Kioto.

Sin embargo, el experto advierte de que, dada la «capacidad de prueba limitada en muchas jurisdicciones y la situación en rápida evolución», el número real de presos contagiados «puede ser mucho mayor». «También debe reconocerse que debido a su interacción cercana y regular con los reclusos, los funcionarios de prisiones, los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en las prisiones, también enfrentan un mayor riesgo de infección. Sin duda, las cárceles son entornos de alto riesgo de COVID-19 para quienes viven y trabajan allí», ha insistido.

Meissner resalta que «incluso los sistemas penales con recursos relativamente buenos se enfrentan a serios desafíos para mitigar el impacto de la pandemia en las prisiones». «Las consecuencias son particularmente graves en los sistemas penitenciarios sobrecargados por razones que incluyen la negligencia sistémica, la falta de personal y otros recursos. Eso ha llevado a condiciones carcelarias malas o insuficientes en los servicios de saneamiento, higiene y salud», ha denunciado.

De la misma forma, ha narrado que el hacinamiento en las cárceles, que continúa afectando a «la mayoría de los países», aumenta «exponencialmente los desafíos planteados por la COVID-19 y la viabilidad real de introducir medidas significativas de prevención y control de infecciones».

Sobre las dificultades para combatir la pandemia en los entornos penitenciarios, el experto de la ONU advierte de que «muchas prisiones no tienen suficiente espacio, alimentación y agua potable, acceso a artículos e instalaciones sanitarias decentes, ni ventilación adecuada en el alojamiento y las áreas de trabajo». «Además, el acceso a equipos de protección personal, termómetros infrarrojos o capacidades de prueba específicas de COVID-19 es un desafío. Estos factores son más graves dado el perfil de salud típicamente más débil de la población carcelaria, que a menudo registra mayor incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles», indica.

En este sentido, alerta de que «la atmósfera en las cárceles se ha vuelto tensa en muchos países y se ha exacerbado por la ansiedad, el miedo y la incertidumbre entre los presos y los funcionarios de esos centros». «Los disturbios en las cárceles y otros incidentes de seguridad en cerca de 50 países han demostrado la importancia de dar información transparente sobre la COVID-19 y, en la medida de lo posible, con la participación de los presos», ha instado.

En cualquier caso, ha censurado que las medidas adoptadas en muchos países «han endurecido los regímenes penitenciarios». «Por ejemplo, se han suspendido las visitas y el acceso a los programas de rehabilitación y otras actividades constructivas fuera de las zonas de alojamiento es muy restringido, si es que lo hay. No poder ver a las familias y los niños durante periodos prolongados tiene un grave impacto en la salud mental y el bienestar de los presos y agrava el sufrimiento inherente a una situación de encarcelamiento», ha denunciado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha propuesto nuevos nombramientos en la cúpula fiscal, entre ellos el de María Ángeles Sánchez Conde como fiscal de Sala del Tribunal Supremo (TS) para el orden penal y el de José Martínez Jiménez como fiscal de la sección penal del Ministerio Público en ese mismo tribunal.

El Consejo Fiscal ha celebrado este viernes un Pleno en el que ha dirimido los informes para elevar la propuesta de nombramientos de siete nuevos cargos discrecionales en la carrera fiscal que ha hecho Delgado, según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE).

Destaca entre estas designaciones la de Sánchez Conde, que desde 2009 ejerce de fiscal de sala jefa de la Fiscalía en el Tribunal Constitucional (TC). Para otorgarle plaza en el TS, se ha valorado su experiencia de más de una década «en una de las más altas magistraturas de la carrera fiscal y su profundo conocimiento del derecho constitucional».

«Su bagaje profesional, con la permanente asunción de puestos de responsabilidad, su brillante currículum, liderazgo y capacidad de trabajo, resultan sobresalientes para asumir el reto de codirigir una de las dos Secciones Penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo», ha afirmado el Ministerio Público en un comunicado.

Martínez Jiménez, hasta ahora fiscal superior de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, ha sido propuesto para la Sección Penal de la Fiscalía del TS. En su caso, la FGE ha valorado que desde que en 2008 accedió al cargo de fiscal superior lo ha desempeñado con «solvencia y dedicación».

Delgado también ha recomendado para el Supremo a Pilar Martín Nájera, que actualmente dirige la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer en la FGE, una «etapa profesional sumamente fructífera que ha desempeñado con gran sensibilidad y en la que ha fomentado permanentemente la coordinación con la Sección Civil de la Fiscalía del TS», razón por la cual la postula como fiscal de Sala del TS para el orden civil.

«Su magnífico currículum y su plan de actuación, en el que plasma su voluntad de fomentar el trabajo en equipo, modernizar y digitalizar la Sección, coordinar todas las Secciones Civiles de las Fiscalías territoriales, promover la coordinación con otras Unidades especializadas y fomentar las relaciones con la Sala Primera del Tribunal Supremo, la convierten en la persona idónea para este cargo», ha esgrimido la FGE.

Para la plaza de fiscal de la Sección Civil de la Fiscalía del TS, Delgado ha propuesto a Adrián Zarzosa Hernández, que desde noviembre estaba destacado en dicha sección y desde 2015 se dedica a asuntos relativos a la protección de los consumidores y usuarios, con demandas sobre cláusulas suelo, gastos hipotecarios o publicidad ilícita, entre otras.

FISCALÍA ANTIDROGA

Asimismo, se ha señalado a María Jesús Armesto Rodríguez para la Fiscalía Especial Antidroga en comisión de servicios, donde lleva desde marzo de 2019. Anteriormente, ha sido fiscal delegada Antidroga en Madrid.

Por otro lado, se ha designado a Eduardo Esteban Rincón, ahora en la Fiscalía del TC, como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Protección y Reforma de Menores de la Fiscalía General del Estado.

De Estaban Rincón, la FGE ha resaltado «su talante y disposición para generar sinergias positivas, y el conocimiento y sensibilidad en una materia tan especial, que ha plasmado en su brillante plan de actuación», así como su «extensa experiencia en materia de protección de derechos fundamentales».

Por último, también se ha propuesto para la Inspección Fiscal a José María García Atienza, fiscal de la sección de Delitos Económicos y fiscal delegado en materia de seguridad vial.