WWF ha felicitado a las administraciones de Andalucía y Castilla-La Mancha por el respaldo que han recibido en sus respectivos tribunales superiores de justicia en su esfuerzo de perseguir el uso ilegal del veneno, con sanciones por casos de veneno impuestas a titulares cinegéticos en Córdoba y Toledo.
Para la ONG esas sentencias reafirman el «papel» que juegan las comunidades autónomas en la persecución legal del uso de veneno para que estos delitos e infracciones contra la fauna no queden impunes.
En las dos sentencias se juzgaba el incumplimiento de las obligaciones de vigilancia de los titulares cinegéticos para evitar la existencia de cebos envenenados en sus terrenos de caza. La organización subraya que se trata de una obligación incluida en las respectivas leyes regionales de Conservación de la Naturaleza. Los sancionados recurrieron en vía contenciosa las resoluciones que han sido ahora confirmadas por los tribunales.
En el envenenamiento de Córdoba, el Tribunal ha confirmado los 12.000 euros de multa y la suspensión del aprovechamiento cinegético por un año y seis meses, y ha confirmado la legalidad del hecho de que la administración hubiera tenido en cuenta los antecedentes de envenenamiento ocurridos en el mismo coto, situado en el término de Priego de Córdoba.
En el caso de Toledo, ocurrido en un coto del municipio de Arcicollar, se impuso una sanción de 25.001 euros, más 141.600 euros por los daños a especies envenenadas encontradas y la suspensión de la caza por una temporada cinegética completa, con el fin de aumentar las poblaciones de especies presa y facilitar la supervivencia y tranquilidad de las especies amenazadas en la zona. Se localizaron cebos envenenados y más de veinte ejemplares de distintas aves rapaces, entre ellas, ocho milanos reales, especie catalogada en peligro de extinción.
La responsable del programa de especies de WWF España, Gema Rodríguez, ha manifestado que las «sanciones en casos de delitos o infracciones contra la fauna son de vital importancia para que estos crímenes no queden impunes».
«En estos casos es importante el reconocimiento en las sentencias de la obligación legal de vigilancia por los cotos de caza para evitar el uso de veneno, así como las medidas de suspensión de caza temporal con fines reparadores de las especies».
La ONG celebra las señales «claras» que está dando Andalucía para mantener su trayectoria de liderazgo en la lucha contra el veneno en España, como muestra una decisión tan importante como la recuperación de la segunda unidad canina especializada en detección de veneno, que se había perdido hace diez años en la región.
«Esto supone un paso adelante en el compromiso de la nueva administración autonómica contra una de las mayores amenazas para las especies de fauna, en España y en Europa», elogia la organización.
No obstante, recomienda a la Consejería andaluza que estudie subir a infracción grave la omisión del deber de vigilancia de los titulares de los terrenos, para impedir la existencia o colocación de cebos envenenados en condiciones de dañar a la fauna silvestre.
Este cambio, a pesar de que la omisión ya está recogida en la Ley (8/2003) de flora y fauna silvestres de Andalucía, permitiría equiparar dicha infracción con lo establecido en Castilla-La Mancha y tendría una mayor efectividad.
En cuanto a Castilla-La Mancha, WWF pide «mayor compromiso» a la administración en la lucha contra el veneno. Para ello, la ONG ha presentado alegaciones a la revisión del Plan regional de lucha contra el veneno. En dichas alegaciones, la organización ha resaltado la necesidad de mantener e impulsar el trabajo especializado de Agentes de medio ambiente, no solo en las provincias de Ciudad Real y Toledo -donde el Plan las reconoce-, sino también en todas las provincias de la región, así como incluir una mejora en la redacción del apartado legal.
Por último, añade que es necesario «reforzar» la aplicación del Plan, concretamente los medios humanos para su ejecución, ya que en los últimos años no se han llevado a cabo tareas muy importantes, como la formación de Agentes medioambientales y SEPRONA o la formación de servicios jurídicos para una más frecuente y eficaz aplicación de la normativa.
