La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido este miércoles adelantar las elecciones en Madrid tras la moción de censura presentada en Murcia por el PSOE y Cs para desalojar al PP del poder en la región. Sin embargo, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León que lideran Juanma Moreno y Alfonso Fernández-Mañueco, respectivamente, han descartado ir a las urnas y han apelado a la estabilidad en este momento de pandemia.

La ruptura de PP y Cs en Murcia ha abierto una crisis a nivel nacional entre ambos partidos, que gobiernan en coalición en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid. ‘Génova’ ha arremetido contra la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, a la que ha acusado de «romper su palabra» con la moción de censura en Murcia porque firmó un pacto para cuatro años.

Fuentes ‘populares’ han señalado que el movimiento de Arrimadas en Murcia les hace pensar que Cs ya «no es un socio fiable» y, por lo tanto, no pueden quedarse parados. Y por eso, según añaden, Ayuso ha decidido adelantarse a una posible moción de censura en Madrid y ha convocado elecciones anticipadas, que se celebrarán el 4 de mayo.

El PP de Madrid ha justificado la decisión de Ayuso asegurando que so se presenta una moción se quedaría sin margen para convocar elecciones en la región. La noticia llegaba prácticamente a la vez que el registro en la Asamblea de Madrid de dos mociones de censura, una por parte del Grupo Parlamentario de PSOE y otra por Más Madrid.

LOS GOBIERNOS DE MORENO Y MAÑUECO DESCARTAN ELECCIONES

Aunque la moción de censura de Cs en Murcia ha agitado el tablero político en la Comunidad de Madrid, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León –las otras dos CCAA en las que sellaron un pacto PP y Ciudadanos– han descartado unas elecciones anticipadas en este momento.

«En estos tiempos de grave crisis sanitaria, social y económica necesitamos gobiernos estables», ha asegurado el presidente andaluz, Juanma Moreno tras conocer la decisión de Cs de presentar una moción en Murcia contra el ‘popular’ Fernando López Miras.

Según Moreno, «lo más razonable es que todos estemos centrados en lo urgente: superar la pandemia, apoyar a los sectores afectados y avanzar en la recuperación». «Es lo que esperan los ciudadanos», ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

EL PP NO LO «EXTRAPOLABLE» LO OCURRIDO EN MURCIA A CyL

En Castilla y León también han descartado los comicios el PP y Cs, cuyos portavoces han comparecido conjuntamente en las Cortes. Así, David Castaño, de Cs, ha dicho que no sería comprensible un adelanto de elecciones mientras que el ‘popular’ Raúl de la Hoz, ha recordado que es potestad de Mañueco y que a él no le ha transmitido nada al respecto.

En parecidos términos se ha expresado la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, quien ha asegurado que las razones que ha dado Ciudadanos en Murcia para presentar una moción de censura «no son extrapolables» a otros territorios. A su entender, con este acto Inés Arrimadas «ha cometido un error» y viene a demostrar que «la única opción de centro derecha moderada capaz de ser alternativa a Pedro Sánchez es el Partido Popular».

El vicario general del Obispado de Barbastro-Monzón y director del museo diocesano, Ángel Noguero, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Felipe Faci, han expresado su satisfacción por el regreso, este miércoles, 10 de marzo, de los últimos 41 bienes de arte religioso del total de 111 pertenecientes a 43 parroquias aragonesas que estaban en depósito en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida. «Por fin, podemos decir que están donde tienen que estar», han remarcado tanto Faci, como Noguero.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha comentado que la llegada de todas las piezas ha culminado tres semanas después de la fecha límite del 15 de febrero fijada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro para la ejecución provisional de la sentencia que reconoce la propiedad de las 43 parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón sobre estas obras, tras la demanda civil presentada por este obispado, en su nombre, frente al de Lérida y al Consorcio del Museo Diocesano y Comarca ilerdense, donde se encontraban en depósito.

El vicario general de Barbastro-Monzón, Ángel Noguero, ha reconocido que éste es «uno de los mejores días» para el obispado y su territorio por la llegada de unos bienes «que simboliza que cada cosa tiene que volver a su sitio». En este caso, a una diócesis que está formada «por muchos pueblos, pocos habitantes, pero rica en arte», no solo por estas 111 obras, «sino por las que ya teníamos», así como «por las personas que lo habitan, que son quienes nos han empujado para llevar a cabo este trabajo y que nos devolviesen lo que era nuestro».

Noguero ha esgrimido que el museo «no solo es cultura, sino que simboliza lo cultural», y ha advertido de que si bien «todos querríamos poder ver expuestas mañana las obras, tenemos que seguir un protocolo» para su adaptación «a la temperatura y humedad», por lo que su desembalaje se producirá en los próximos días, cuando se comprobará su estado y si requieren de algún tipo de tratamiento, contando con la ayuda de los peritos del Gobierno de Aragón, además de los del museo, por lo que ha pedido «paciencia» antes de poder contemplarlas.

No obstante, no ha descartado la organización de una pequeña exposición temporal que permita a todos los aragoneses contemplar la importancia y calidad de las obras recuperadas.

LARGO PROCESO

El consejero Faci ha remarcado que es un día «importante para Aragón, sus ciudadanos y el patrimonio; esperemos que éste sea el fin de este largo proceso». Además, ha sostenido que el museo diocesano de Barbastro-Monzón «está preparado para albergar estas obras», espacio en el que la Administración aragonesa ha invertido diez millones de euros para que los bienes retornados dispongan de un lugar «digno y totalmente equipado para mostrar a toda la ciudadanía estas obras de arte».

Felipe Faci ha señalado que el Gobierno de Aragón seguirá apoyando a la diócesis en las necesidades que tenga y ha querido reconocer la labor de los técnicos y de la dirección general de Patrimonio Cultural, así como de la dirección de este museo en esta causa, con un trabajo «apasionado para recuperar algo que nunca debió salir de Aragón.

Igualmente, ha resaltado la intervención «de todas aquellas personas que desde los diferentes Gobiernos autonómicos han colaborado y contribuido para que esto sea una realidad», en el marco de la obligación del Ejecutivo de recuperar y conservar el patrimonio, como indica el Estatuto de Autonomía de Aragón, motivo por el que se ha actuado en esta causa como coadyuvantes al Obispado, y como se hizo para el regreso de las obras del Monasterio de Sijena en representación de la orden sanjuanista.

«Hemos cumplido una tarea que nos han encomendado los aragoneses», y ha agradecido el «esfuerzo y tenacidad» del Obispado del Barbastro-Monzón y su titular, monseñor Ángel Pérez, que no ha podido estar presente por estar predicando unos ejercicios espirituales en Almería, pero que sí recibió los primeros 23 bienes que llegaron el 15 de febrero, junto con el consejero.

El consejero también ha querido transmitir como la «constancia» sin duda «nos lleva a conseguir los objetivos por muy difíciles que sean y aunque sean a largo plazo, como en este caso».

41 OBRAS

La directora general de Patrimonio Cultura del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, ha explicado que han llegado 41 obras, más una tabla que estaba pendiente del lote que Lérida entregó el viernes pasado.

«El listado que nos han proporcionado completa del todo las piezas que faltaban», esas 41 hasta llegar a las 111, tras las 23 que regresaron el 15 de febrero, otras cinco el día 22 del mismo mes y 42 el viernes pasado, 5 de marzo.

La tabla que ha llegado este miércoles, además de los 41 bienes, forma parte de un grupo de tres, de las que dos estaban en la reserva del museo y llegaron el viernes y ésta se encontraba expuesta y ha venido ahora, junto al grupo de piezas «más valoradas, no las mas valiosa», ya que en la entrega anterior ya hubo bienes «de primera categoría».

Entre las que han regresado esta jornada, se encuentran las 17 que se exponían en el museo, más dos de las que se exhibían en la iglesia de San Lorenzo, adscrita al museo y situada junto al mismo. La directora general ha mencionado como piezas «de excepcional valor» los frontales de altar de Sant Hilari de Buira y de San Vicente Treserra y la Virgen María con el Niño de Zaidín.

RECUERDO

El vicario general de Barbastro-Monzón y director del museo ha querido recodar a quienes se han preocupado en esta diócesis por la recuperación y conservación del patrimonio y a quienes han impulsado este proceso desde sus orígenes, como Santos Lalueza, que recopiló obras de arte sacro tras la Guerra Civil «para que no se perdiese» y su sucesor, Manuel Iglesias, «que inició este movimiento de recuperar obras» y evidenciar «la riqueza que tenemos en nuestra diócesis, especialmente románica».

Ha mencionado, igualmente, al expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias, sobrino del anterior y presente en el acto, «porque sin él este museo no existiría», a Enrique Calvera, y a los obispos diocesano «que han estado empujando y animando para llegar a este momento», los monseñores Damián Iguacen, Ambrosio Echevarría, Juan José Omella, Alfonso Milián y Ángel Pérez, «que ha sido ha dado el golpe definitivo».

El abogado de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, ha manifestado que ésta es una jornada «de gran memoria», tras la que a los letrados toca «desaparecer de la escena», después de «un largo episodio jurídico».

Ahora, ha continuado, «es el momento del museo, del aprovechamiento de estas piezas tan importantes, que hasta ahora han estado tan lejos de las parroquias a las que pertenecían y de los aragoneses que han estado interesados». También es momento, ha añadido, «de dar las gracias a todos los que han colaborado con nosotros», en un proceso «con tantas aristas».

El letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, Alberto Gimeno, ha mostrado, igualmente, su satisfacción y ha agradecido «este escenario que se ha dado esta vez», con un «buen hacer por parte de los ejecutados», que en esta ocasión «han contribuido a que se resuelva de manera más rápida, pacífica y satisfactoria para todas las partes» la devolución de las obras.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su aprobación y su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.

Se espera que los grupos parlamentarios sigan la estela de sus votaciones en la Comisión de Justicia y que el Pleno dé luz verde a la proposición de ley. Eso sí, al tratarse de una ley orgánica el PSOE y Unidas Podemos necesitarán reunir mayoría absoluta, 176 diputados.

Después el texto pasará a Senado donde, también se intentará acelerar la tramitación para que la reforma pueda quedar aprobada en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

LA REBAJA DE LAS MAYORÍAS, EN LA NEVERA

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como una forma alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía ‘vivas’.

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».

Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».

En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.

Desde PP, Vox y Ciudadanos ven esta proposición de ley como un ataque al Poder Judicial y, en el caso de los ‘populares’, advirtieron en el último debate parlamentario que no accederían a lo que consideran un «chantaje», mientras que los otros dos partidos abogaron por sus respectivas propuestas de que los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces.

A LA ESPERA DEL ACUERDO

PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el CGPJ pero encallaron por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.

Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, el mismo jueves escuchará a la primera decena de candidatos a ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego y que fueron convocadas el pasado 4 de febrero.

Y, en el Pleno extraordinario de la semana pasada, hubo suficiente consenso en el CGOJ para realizar seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales después de que decidiera inicialmente no hacerlo para dar una oportunidad a la negociación entre PP y PSOE.

Dados los plazos parlamentarios, fuentes del CGPJ han señalado que en el Pleno ordinario programado para el 25 de marzo aún podrían realizarse una serie de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.

Un joven ha denunciado que sufrió una agresión homófoba el pasado domingo en el Metro de Madrid por parte de un pasajero; mientras que otro joven ha denunciado que fue engañado para quedar en un descampado, donde sufrió una paliza por parte de dos personas.

El primer caso ocurrió el pasado domingo en la línea 5 del suburbano, en dirección a la Casa de Campo. Un chico gay, A.S., de 23 años, se encontraba sentado en un vagón cuando otro usuario pasajero se le puso enfrente y se le quedó mirando. Tras gritarle «maricón» e «hijo de puta» le propinó un fuerte puñetazo en la cara, que provocó la fractura de sus gafas y causó varios cortes en su pómulo y mejilla.

Después de este primer puñetazo le dio otro puñetazo en la cara, aunque la víctima consiguió poner el brazo amortiguando el segundo impacto. Tras estos dos puñetazos, la víctima pidió auxilio y nadie del vagón del metro se lo prestó, ha detallado la asociación Arcópoli.

El agresor bajó en la siguiente estación. La víctima se apeó en Aluche y allí se acercó a unos vigilantes de seguridad de Metro quienes rápidamente llamaron a los servicios de emergencia, que atendieron a la víctima.

Además, acudió al lugar una patrulla de la Policía Nacional y la víctima interpuso una denuncia. Acudió más tarde al hospital de Alcorcón donde tuvieron que darle varios puntos de sutura en el pómulo. Al díasiguiente tuvo que acudir de nuevo al centro de salud, donde se le dieron dos puntos más. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia denunciará esta agresión como delito de odio ante la Fiscalía especializada de Madrid.

«La LGTBfobia sigue presente en Madrid. Que seamos gais sigue molestando a una parte de la sociedad hasta el extremo de golpearnos por el mero hecho de creer que lo somos. Por eso la educación en el respeto es fundamental para erradicar estos comportamientos», ha indicado Rubén López director del Observatorio, que ha registrado en lo que llevamos de 2021 23 incidentes de odio por LGTBIfobia.

PALIZA CON PUÑO AMERICANO TRAS ENCERRONA

La otra agresión homófoba denunciada tuvo lugar la tarde del 24 de febrero en la calle de las Islas Auletianas 1, en el madrileño barrio de Peñagrande. Según ha explicado en ‘Telemadrid’ la víctima, Luis Martínez, un amigo y un conocido de este le invitaron a un bar de la zona y luego le convencieron para que bajara a un descampado.

Allí ambos le empezaron a golpear con una porra extensible y le dieron patadas y puñetazos por todo el cuerpo, incluso le hicieron una brecha en la cabeza en la que le tuvieron que dar cinco puntos de sutura. Todo entre gritos de «maricón de mierda» y «un maricón menos».

Martínez señaló en la entrevista que sus agresores intentaron ir al coche a por cinta americana porque su intención era «atarle y meterle en el vehículo para llevarle a otro sitio», pero consiguió zafarse arrastrándose como pudo y llamando a varios vecinos, que avisaron a los servicios de emergencia. La víctima ha denunciado los hechos ante la Policía y pide que se haga justicia.

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para adelantar a marzo la entrega a los países de la UE de cuatro millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, cuya distribución estaba inicialmente prevista en una fase posterior del año, según ha anunciado la institución en un comunicado.

Bruselas ha explicado que estas dosis serán repartidas entre los Estados miembros durante las próximas dos semanas en función de su población, por lo que a España le corresponden unas 400.000 dosis sólo de este lote (aproximadamente un 10% del total).

No obstante, fuentes comunitarias consultadas precisan que no se trata de un contrato con nuevas dosis, sino que ya están recogidas en los acuerdos ya existentes que van a ser distribuidas «más rápido» de lo previsto. Es decir, forman parte de los 500 millones de unidades que ha adquirido hasta ahora el bloque (con la posibilidad de adquirir otros 100 millones más).

En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que este acuerdo para elevar el suministro de vacunas de Pfizer antes de que acabe este mes «es el resultado de la exitosa expansión de la capacidad de producción» de la compañía en Europa que fue completada a mediados de febrero.

La Comisión Europea inició conversaciones con la firma estadounidense porque «a pesar de la reducción actual del número de fallecimientos en la UE, gracias a la vacunación de la población mayor y más vulnerable», está «preocupada» por el aumento de contagios en algunos puntos del bloque que explica por la propagación de nuevas variantes del virus.

Bruselas pone el foco, en particular, en las regiones de Tirol en Austria, Niza y Mosela en Francia y Bolzano en Italia, así como el algunas zonas de Baviera y Sajonia en Alemania, lo que ha llevado a algunos países a «adoptar restricciones e incluso en algunos casos a imponer nuevos controles fronterizos».

«Esto ayudará a los Estados miembros en sus esfuerzos para tener bajo control la propagación de nuevas variantes del virus. Estas dosis también ayudarán a recuperar la circulación de bienes y ciudadanos a través de un uso que esté dirigido a los que más lo necesitan», ha subrayado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, ha aclarado posteriormente en una rueda de prensa que Bruselas no dará orientaciones específicas a los Estados miembros sobre la utilización de estas dosis y serán las capitales quienes decidan a qué grupos de población las suministran.

El PP-A ha querido dejar claro este miércoles que no hay motivos para anticipar las elecciones andaluzas porque hay «una enorme estabilidad» con el Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs), y ha considerado que Vox, que ha solicitado ese adelanto electoral, sólo está instalado en su «interés particular», lo que le puede «perjudicar electoralmente» porque los andaluces «no son tontos».

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, tras ser preguntado sobre esa petición de Vox sobre la convocatoria inmediata de elecciones en Andalucía tras conocerse la ruptura del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos en la región de Murcia.

Nieto ha recalcado que la estabilidad del Gobierno andaluz «afortunadamente está garantizada» porque se está haciendo un buen trabajo y hay una «colaboración muy estrecha» de todos los consejeros, con independencia del partido al que pertenezcan. «Creo que en Andalucía hay Gobierno para rato, porque se trata de un Gobierno leal, unido y estable», según ha sentenciado.

Respecto a Cs, Nieto ha señalado que ese partido está teniendo un «comportamiento ejemplar», de manera que no cree que se vaya a producir ningún problema similar al de Murcia, y ha insistido en la «enorme estabilidad» que existe en Andalucía. Sobre las manifestaciones emitidas por algunos consejeros de Cs, como la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliacion, Rocío Ruiz, ha dicho que serán ellos los que tendrán que explicarlas.

En cuanto a Vox, ha considerado que ese partido está una actitud «que le va a acabar perjudicando electoralmente», de forma importante, porque los andaluces «no son tontos»: «Prioriza lo que considera que es su interés particular, fomentar la inestabilidad, bloquear la posibilidad de acuerdos y generar incertidumbre», precisamente en el momento que más falta hace la estabilidad a raíz de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia.

«Vox busca su beneficio propio», según ha dicho el portavoz del PP-A, quien ha insistido en que la formación de Santiago Abascal está en la estrategia de «me da igual quien pierda si yo gano, y eso al final nunca da resultados»: «Eso va a ser bastante negativo para los intereses electorales de esa formación política».

«En este momento a Andalucía no le interesa ningún proceso electoral, sino que lo que necesita más que nunca es estabilidad, que es lo que le ofrece el Gobierno de Juanma Moreno», ha dicho Nieto.

Ha defendido la sintonía de las direcciones nacional y andaluza del PP a este respecto: Quieren un «gobierno establece de centro derecho en Andalucía y sobre pilares orgánicos sólidos y fuertes», ha apuntado en relación con el proceso de congresos provinciales del PP, que han puesto de manifiesto diferencias entre ambas direcciones.

Ha criticado que cuando en un partido de izquierdas hay distintas posiciones eso se califique de pluralidad y de debate, mientras que si eso ocurre en el PP es que hay un «caos».

«Nadie puede calificar de crisis la situación que vive el PP», según el portavoz popular, quien ha querido dejar claro que este partido vive un debate interno lógico, que se va a resolverse haciendo más fuerte al PP en España y en Andalucía.

PIN PARENTAL

De otro lado, sobre el debate acerca del llamado «pin parental», ha indicado que Vox está en su derecho a calificarlo así, pero la postura del Gobierno andaluz es clara: Que las familias se impliquen lo más activamente posible en el proceso educativo de sus hijos, que conozcan las asignaturas y los contenidos que van a recibir, que les ayuden en el desarrollo formativo, y que se impliquen en la realidad cotidiana de los colegios.

Según ha recalcado, eso es lo que firmó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con Vox, y eso es lo que «vincula» al Gobierno andaluz.

Ha lamentado que tanto por parte de los partidos de la izquierda, como PSOE-A y Adelante Andalucía, como por parte de Vox se estén lanzando mensajes que no contribuyen a mejorar la situación de la educación.

Así, ha pedido a Vox que deje «acusar de forma abstracta a un sistema educativo que demuestra con creces su responsabilidad», particularmente en estos momentos de pandemia, y lo ha instado a que haga público si conoce «un solo caso de adoctrinamiento o de utilización inadecuada de los contenidos educativos». «Llevamos dos años de gobierno y no ha dicho ni ‘mú’, que dejen de hacer especulaciones abstractas y vacías», ha dicho sobre Vox.

Asimismo, ha pedido a PSOE-A y Adelante que dejen de «manosear» ese asunto y de hablar de privatizaciones o de eliminación de derechos, porque nada de eso ha existido.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha tachado a la hasta ahora presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de «irresponsable» y ha calificado de «capricho» la convocatoria de elecciones anticipadas «en mitad de la pandemia del Covid-19».

«Nos hemos encontrado con un capricho de Ayuso que ha intentado justificar con lo ocurrido en Murcia, que nada tiene que ver con lo que sucede en Madrid, para conseguir no se si unos cuantos diputados más o gobernar con un partido que le parece más apetecible o cómodo que nosotros», ha lanzado el portavoz en los pasillos de la Cámara regional.

Esta mañana se conocía una doble moción de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia, tanto a nivel regional como en su capital, lo que desbancaría al actual presidente y al alcalde, ambos del PP sustentados por Cs.

Zafra ha incidido en que los ‘naranjas’ estaban actualmente intentando llegar a un acuerdo para los presupuestos regionales de 2021, acordados entre los hasta ahora socios de Gobierno y para los que debían contar con el apoyo de Vox. Estas cuentas buscaban «ayudar a millones de personas en la Comunidad y dar ayudas a hosteleros, pymes y autónomos».

Respecto a las mociones de censura presentadas esta mañana por partidos de la izquierda en la Asamblea de Madrid, el portavoz ha indicado que al haberse convocado las elecciones anticipadas estas «no tendrían validez».

Por último, al ser preguntado por cómo afrontarán esos comicios, ha indicado que saldrán «a ganar con más razón que nunca». «Visto lo visto hemos sido los únicos con sentido común, preocupados pro los ciudadanos y todo lo demás lo acabamos de ver ha sido caprichos políticos, irresponsabilidades y un afán por intentar conseguir el poder personal. Nosotros vamos a salir a ganar y a demostrar que en Madrid se puede gobernar mejor y no a preocuparse por si van a ser presidentes, si van a ganar la presidencia nacional del partido… Nosotros hemos venido a cambiar las cosas y lo haremos», ha zanjado.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) critica las medidas que prepara tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como el de Universidades, que afectan al personal investigador postdoctoral, ya que a su juicio, «no sólo no permiten solventar los problemas de precariedad laboral que afectan a este sector y al buen desarrollo de la ciencia y la investigación en nuestro país, sino que además, de implementarse, agravarían aún más la situación».

En concreto, las medidas que critican, y que califican de «cortoplacistas», son: la propuesta de reestructuración de la carrera investigadora en España por parte del Ministerio de Ciencia, el Pacto por la Ciencia impulsado por el Ministerio de Ciencia y la propuesta de contratación de personal investigador postdoctoral por parte del Ministerio de Universidades (ayudas María Zambrano y Margarita Salas).

Según FJI/Precarios, estas medidas «no ponen solución a las principales demandas del colectivo postdoctoral», que son, según la asociación, la existencia de una carrera investigadora digna, la actualización de los salarios y eliminación de desigualdad salarial entre convocatorias, la creación de un Estatuto de Personal Investigador que blinde y armonice los derechos laborales del personal investigador y técnico de universidades y OPIs, y que se cumpla el Pacto por la Ciencia firmado por todos los grupos políticos en octubre de 2019, en el que se comprometieron a aumentar la inversión en investigación y ciencia al 2% del PIB durante la presente legislatura.

En particular, FJI/Precarios critica la propuesta de reestructuración de la carrera investigadora en España por parte del Ministerio de Ciencia porque, según ellos, es una iniciativa «restrictiva», ya que sólo se aplica a Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y no a universidades, aumentando así «la brecha entre la realidad laboral de los investigadores de ambos tipos de institución».

También denuncian la subida salarial de la última convocatoria de ayudas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal (Ministerio de Ciencia), por una parte, y el anuncio de las ayudas-espejo de éstas (ayudas Margarita Salas y María Zambrano, del Ministerio de Universidades).

«Van a crear un problema de disparidad salarial inminente, ya que investigadores postdoctorales con la misma antigüedad van a percibir diferentes salarios: en el caso de las Juan de la Cierva, los de la convocatoria 2020 cobrarán un 5% más que los postdocs de años anteriores teniendo estos últimos más experiencia, y en el caso de las ayudas del Ministerio de Universidades, cobrarán el doble de salario en comparación con sus compañeros de las Juan de la Cierva pese a que se pide la misma experiencia, antigüedad y requisitos para solicitar ambas», dice la asociación, que considera esto «denigrante», «vergonzoso» e «injusto».

Asimismo, critican el Pacto por la Ciencia presentado por el ministro Pedro Duque, ya que consideran que «está prácticamente vacío», pues «no tiene medidas concretas» y no incluye ninguna de las propuestas ofrecidas por los investigadores predoctorales y postdoctorales con carácter urgente desde hace años.

Desde FJI/Precarios afirman estar sorprendidos por que se planteen tales cambios para el personal investigador sin contar con el propio colectivo, por lo que emplazan al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Ministerio de Universidades a que acepten su propuesta de trabajar conjuntamente para analizar cuál debe ser el futuro de los jóvenes investigadores, con el objetivo así de «esbozar propuestas conjuntas que presentar al Gobierno para dignificar la carrera investigadora en España».

La coordinadora autonómica de Ciudadanos y candidata a la Presidencia del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha destacado que la moción de censura presentada por su partido y el PSOE responde a una decisión «difícil pero muy meditada» ante una situación «límite» generada, sobre todo, por el denominado ‘vacunagate’ y por la «querella criminal» presentada por el PP contra el concejal de Cs en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez.

Así lo ha hecho saber la hasta ahora consejera de Empresa, Industria y Portavocía del Ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañada por Gómez para explicar las razones que han llevado a la formación naranja a presentar esta moción con la que desalojarían del poder al PP, con el que han gobernado en coalición desde el inicio de la legislatura.

Martínez Vidal Se ha mostrado decepcionada con el Pp de la Región, con el que dice que Cs ha intentado con todas sus «fuerzas» continuar dentro del Gobierno de coalición. «Hemos sido durante toda esta legislatura y somos un partido leal, que ha cumplido íntegramente con nuestro acuerdo de gobierno», según la coordinadora, quien ha reprochado que el PP de la Región ha empujado a Cs a esta situación «tras muchos meses de inestabilidad y ante una situación límite».

«Cs siempre ha sido y será una garantía de transparencia, y con el PP regional os ha resultado totalmente imposible ante las continuas trabas en nuestra gestión», según la coordinadora, quien ha criticado que los ‘populares’ han demostrado que «solo saben gobernar con mayorías absolutas y no en coalición».

A su juicio, «no podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios, de una pésima imagen de nuestra Región que trasciende a nivel nacional». Ha remarcado que la confianza que Cs ha ido ganando «centímetro a centímetro» se a ido perdiendo «metro a metro» con el PP en la Región.

Ha reivindicado que Cs fue el único partido que inició una comisión de investigación dentro de su propio Gobierno, sobre el proceso de las vacunas, y recuerda que la formación naranja lleva semanas solicitando la lista ‘VIP’ de altos cargos vacunados desde la Consejería de Transparencia, y le ha resultado «totalmente imposible» acceder a esta información, algo que considera «inadmisible» como socio de gobierno.

Ha defendido que los murcianos «no se merecen un ‘vacunagate’ ni más escándalos mediáticos diarios, ni esta inestabilidad en plena crisis sanitaria, ni que el PP regional esté obstaculizando la gestión de este Gobierno».

Por todo ello, reconoce que Cs ha hablado con la primera fuerza política en las últimas elecciones regionales, el PSOE, y los dos partidos están convencidos de que es «necesario e imprescindible» un cambio en la Región y que, además, «va a traer estabilidad y prosperidad» a la Comunidad.

Igualmente, ha transmitido un mensaje de «tranquilidad, confianza y esperanza» a todos los murcianos, porque Cs «ha demostrado y va a seguir demostrando que la transparencia en las instituciones es posible».

AFECTA A LA REGIÓN Y AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Al ser preguntada por si este movimiento se limita a Murcia o si hay otras mociones previstas en otras comunidades, Martínez Vidal ha indicado que esta moción presentada al Gobierno de la Región y al Ayuntamiento de Murcia «se circunscribe exclusivamente al Ejecutivo autonómico y al Consistorio».

«Únicamente hemos tenido que actuar de esta manera tras las incesantes trabas, los escándalos mediáticos y tras la querella que ha interpuesto el PP regional contra un concejal de nuestro partido», Mario Gómez, que les ha llevado a una situación «límite», ha advertido.

Martínez Vidal reconoce que Cs ha intentado solucionar estas «diferencias» en el seno de la coalición, pero ha advertido que se trata de la «pérdida de confianza de los murcianos en las instituciones» y la formación naranja «no puede ser cómplice de esta situación».

En cualquier caso, ha desmentido que esta situación y el cambio de gobierno pueda afectar hasta a cinco municipios de la Región. «No es cierto en ningún caso, no ha habido ninguna conversación con el PSOE que no sea exclusivamente relativa al Gobierno de la región y al Ayuntamiento de Murcia», ha aseverado.

Al ser preguntada por lo que ha cambiado desde que se anunció la modificación de la Ley del Presidente para permitir a López Miras volver a presentarse al cargo, Martínez Vidal ha recordado que esa reforma es una de las medidas que Cs va a adoptar dentro de la Consejería de Transparencia.

«Lo hemos hecho con el PP y lo haremos con el PSOE», según la coordinadora, quien ha asegurado que continuará apoyando esa modificación porque cree fírmemente en que «es necesaria la limitación a 8 años tanto del presidente como de los consejeros».

En cuanto a lo que ha cambiado desde entonces, ha recordado que Cs lleva aguantando esta situación «desde hace muchos meses», tanto por las vacunasciones «irregulares» como por la «inestabilidad que ha provocado la dimisión forzada por Cs de la Consejería de Salud y del SMS, incluyendo un consejero».

«Hemos sido la única comunidad de España que ha presentado un descontrol total en el proceso de vacunación, lo que supuso un punto de inflexión», según Martínez Vidal, quien afirma que los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento «han dificultado muchísimo las relaciones» de los dos partidos y ha «quebrado» su confianza.

«Nosotros no podemos gobernar con un partido que contrata espías o que interpone querellas contra su socio de gobierno», según la coordinadora de Cs.

Respecto al momento en el que comenzaron las negociaciones con el PSOE, Martínez Vidal recuerda que ellos han hablado esta última semana. «En cualquier caso, es una decisión que se ha consensuado también con la dirección nacional de Cs», según Martínez Vidal, quien recuerda que la formación naranja lleva «meses» trasladando esta situación de «obstaculización permanente» tanto en el Gobierno regional como en el Ayuntamiento de Murcia.

«Ha llegado esta situación límite, sobre todo por la interposición de una querella criminal» contra Gómez, ha indicado Martínez Vidal, a quien le consta que el cese del concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, «responde exclusivamente a un pacto entre el PP y VOX para sacar adelante los Presupuestos» de la Comunidad.

Ha recordado que cs más de 40 días pidiendo el cese de este concejal, lo que a su juicio «demuestra que hay una falta de lealtad por parte del PP».

Ha justificado la moción, precisamente, en que «estamos en plena pandemia y se ha producido una inestabilidad en el gobierno que es totalmente inaceptable dada la situación de crisis sanitaria». En esta tesitura, cuando se trata de «comprometer vidas humanas con el ‘vacunagate’ y otros muchos casos, no nos podemos permitir contar con un socio de gobierno que no nos permite gestionar con libertad».

Ha recordado que Cs es un partido de «gobierno» y que ya está gobernando. «Lo fácil para nosotros hubiera sido guiarnos por la inercia y continuar con este PP que lleva 26 años gobernando, que ha demostrado que no sabe gobernar en coalición», según Martínez Vidal, quien aclara que «no se trata de presidencias ni de vicepresidencias», sino de que sus políticas «se puedan llevar a cabo sin obstrucción».

COMPOSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

Al ser preguntada por si la actual vicepresidenta y compañera en Cs, Isabel Franco, mantendrá el cargo en el nuevo Gobierno regional, Martínez Vidal ha avanzado que quedan 5 días para negociar las condiciones de este nuevo Ejecutivo con el PSOE. «Tenemos que ver en qué términos y de qué manera», ha añadido la coordinadora, quien ha asegurado que su prioridad será anteponer el interés de los murcianos.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este miércoles, día en el que se cumple un año de la suspensión de las Fallas por la pandemia de la Covid-19, que está «muy satisfecho de la gestión» de esta medida y de la «colaboración muy positiva» que se ha mantenido «con el mundo fallero» a partir de ella.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa en la que se ha presentado el Plan de Agriculturas Urbanas, preguntado por el primer aniversario de la decisión que interrumpió las Fallas de 2020 como consecuencia de la Covid-19 y que ha dejado sin fecha a las de 2021.

«Lo primero que hay que decir es que ha sido un año en el que la colaboración entre el Ayuntamiento y el mundo fallero ha funcionado de una forma muy adecuada», ha afirmado, al tiempo que ha valorado el «nivel de comunicación muy alto» que se ha mantenido y el «nivel de colaboración» existente también a la hora de «tomar las decisiones».

El responsable municipal ha considerado que las medidas respecto a las Fallas y ante la pandemia se han tomado «de forma acertada». «La noche del 10 –de marzo de 2020– nos reunimos con el mundo fallero y sacamos una serie de conclusiones. Inicialmente, se optó por retrasar –las Fallas– y después vimos que no tenía sentido retrasar y lo que se hizo fue suprimir» las fiestas, ha recordado.

Igualmente, Joan Ribó ha resaltado «las ayudas a todos los sectores falleros» habilitadas por el consistorio tras la suspensión de sus celebraciones. «El Ayuntamiento se ha preocupado mucho también a nivel económico del mundo de las Fallas», ha asegurado.

Así, ha expuesto que «a pesar de la pésima situación y sensación» del sector y «los sentimientos de frustración» que se hayan podido producir por «no tener Fallas el año pasado y por no tener de momento este año tampoco», todo se ha resuelto «de manera muy positiva».

«CONTINUAR VIVIENDO»

«Desde el Ayuntamiento hemos insistido. El año pasado se ayudó a las comisiones falleras. Se gastó todo el presupuesto de la pirotecnia, 300.000 euros, porque entendíamos que todos estos elementos igual que muchos otros implicados en el mundo fallero tenían que continuar viviendo», ha agregado.

El alcalde, que ha recordado que los monumentos falleros de 2020 se siguen guardando en Feria Valencia y en La Marina en espera de poder quemados, ha reiterado que aunque se esté en «un mal momento» por la ausencia de Fallas hay que valorar el modo en que se ha gestionado todo esto. «Estoy muy satisfecho de la gestión y de la colaboración muy positiva con todo el mundo fallero», ha insistido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha censurado este miércoles el anuncio del adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, un movimiento que, a su juicio, evidencia que a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, «le importan más los votos que la salud de los madrileños».

Errejón ha convocado una rueda de prensa en el Congreso para animar a Ciudadanos a extender a Madrid, Castilla y León y Andalucía la moción de censura que ha presentado en Murcia para sacar al PP de Gobierno y ha ofrecido su colaboración para que esa operación pudiera triunfar en la Comunidad madrileña.

Sin embargo, prácticamente a la vez que Errejón hacía estas declaraciones en el Congreso, se anunciaba que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas al mes de mayo, lo que, una vez registrado el decreto de disolución de la Asamblea y de convocatoria de esos comicios, frenaría en seco la posibilidad de que le pudieran presentar una moción de censura.

Minutos después de su rueda de prensa, el propio Errejón anunciaba en su cuenta de Twitter el registro de una moción de censura contra Ayuso con la diputada de Más Madrid, Mónica García, como candidata a la Presidencia.

NO LE FUE BIEN COMO COMPARSA DE VOX

Errejón ha defendido que si la formación de Inés Arrimadas ha activado la moción de censura en Murcia contra su hasta ahora socio de gobierno «por principios» y no «por cálculos electorales», esos mismos «principios» deberían llevarle a hacer lo mismo en el resto de comunidades en las que gobierna con el PP.

A su juicio, Ciudadanos se ha dado cuenta de que no acertó al convertirse en «comparsa de Vox» y en «perpetuar» al PP en instituciones en las que han hecho «mucho daño a la democracia» con la «corrupción». «Eso le ha ido mal no sólo a la ciudadanía de esos territorios, sino también al propio partido», ha incidido el diputado de Más País.

Errejón ha recordado que Más Madrid ya empezó a trabajar en la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Díaz Ayuso cuando ésta llegó al cargo y que incluso renunció a estar en el gobierno que debería haber surgido de la misma, pero finalmente la operación no cuajó.

«Estábamos dispuestos a facilitar un cambio de alternativa y regeneración democrática y lo estamos ahora», ha dicho, proclamando que Más Madrid es la alternativa en la comunidad y el ayuntamiento capitalino, pero sin descartar la posibilidad de que apoyaran una candidatura de Ciudadanos para la Presidencia.

Finalmente, Más Madrid ha presentado su propia moción de censura para desalojar a, según Errejón, el «peor gobierno que se recuerda» en la gestión de la pandemia del coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversó esta mañana con el líder del PP, Pablo Casado, sobre el adelanto electoral en Madrid tras conocer el movimiento de Cs de presentar una moción de censura con el PSOE en Murcia, una charla en la que el presidente de los ‘populares’ le expresó su respaldo.

El anuncio de elecciones anticipadas el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid se ha producido apenas unas horas después de la crisis abierta en Murcia. Con este paso Ayuso ha buscado frenar la posibilidad de que el partido naranja que lidera Inés Arrimadas pueda plantearse sumar sus votos a PSOE y Podemos para echar al PP de la Puerta del Sol.

Sin embargo, las mociones de censura presentadas también esta mañana por el Grupo Socialista y Más Madrid y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Asamblea de Madrid, abren un horizonte de incertidumbre jurídica y todo apunta a que la decisión podría quedar al final en manos de los tribunales.

CASADO ESTABA AL TANTO Y EXPRESÓ SU RESPALDO A AYUSO

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que Casado estaba al tanto de la decisión de Ayuso de convocar elecciones anticipadas. Ambos hablaron esta mañana «antes de que se tomara la decisión» y el presidente del PP le expresó su respaldo, según han añadido las mismas fuentes.

De la misma manera, fuentes del PP madrileño han indicado a Europa Press que Ayuso y Casado mantuvieron esa conversación «antes de la decisión» y han explicado que la presidenta madrileña ha disuelto la Asamblea de Madrid y ha convocado elecciones para frenar una moción de censura en la región.

La propia Ayuso ha asegurado públicamente que si no convocaba elecciones, el PSOE y Cs habrían presentado una moción de censura de la que venían hablando hace tiempo, causando «el desastre» en la Comunidad de Madrid. Según ha recalcado, ha dado este paso «por el bien de Madrid y de España» y ahora serán los madrileños los que elijan «entre socialismo o libertad».

ENFADO DE ‘GÉNOVA’ CON ARRIMADAS

Tras la crisis abierta con Ciudadanos en Murcia y en Madrid, el presidente del PP ha expresado su respaldo a López Miras y a Ayuso y ha recalcado –en un mensaje en su cuenta de Twitter– que «la unidad del centroderecha en torno al Partido Popular es la única solución para España».

La moción de censura que han registrado Ciudadanos en Murcia junto al PSOE para desbancar al ‘popular’ Fernando López Miras ha sido el detonante del adelanto electoral en Madrid. Nada más conocerse ese movimiento del partido naranja, la dirección nacional del PP ha visualizado su enfado con Inés Arrimadas, a la que ha acusado de «romper su palabra» al haber firmado un acuerdo en esa región para cuatro años.

Según Génova, esa moción en Murcia supone una «gran irresponsabilidad» que traerá «inestabilidad» a Murcia en plena pandemia. En parecidos términos se ha expresado López Miras, que ha tildado la actuación de Cs como un «acto de traición» y «deslealtad».

EN EL PP DICEN QUE ACTÚAN PORQUE CS YA NO ES UN «SOCIO FIABLE»

La ruptura de PP y Cs en Murcia ha abierto una crisis entre ambos partidos, que gobiernan juntos en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid. Fuentes ‘populares’ consultadas por Europa Press han señalado que el movimiento de Arrimadas en Murcia les hace pensar que Cs ya «no es un socio fiable» y, por lo tanto, no podían quedarse parados en Madrid.

En este momento, cargos de PP y Ciudadanos han descartado un posible adelanto electoral tanto en Andalucía como Madrid. «En estos tiempos de grave crisis sanitaria, social y económica necesitamos gobiernos estables», ha asegurado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Poco después, y tras el terremoto político que se ha creado en Murcia y Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que su «única preocupación» es proteger a las personas y trabajar por el futuro de la Comunidad Autónoma.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles «evidente» que, en la Región de Murcia, Ciudadanos (Cs) «se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina», pero ha advertido de que los socialistas andaluces «no están en cábalas electorales» en esta comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la también expresidenta de la Junta en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A y a preguntas de los periodistas acerca de si una moción de censura como la que el PSOE y Cs han presentado este miércoles en la Región de Murcia podría ser «extrapolable» en Andalucía, donde PP y Cs gobiernan también en coalición, como en dicha comunidad, sin contar con mayoría absoluta y con el apoyo externo de Vox.

Susana Díaz ha respondido que los socialistas andaluces «estamos aquí en la pandemia, a lo que tenemos que estar, a la situación que están atravesando los andaluces», y no «en cábalas electorales a dos años de unas elecciones» autonómicas como las que en Andalucía deberían celebrarse en 2022, y en una situación como la actual con «un millón de parados, con miles de negocios sufriendo, gente que teme contagiarse y perder su empleo» por culpa de los efectos de la Covid-19.

La dirigente socialista ha dicho desconocer los «detalles» de lo ocurrido en Murcia, pero ha argumentado que «es evidente que Cs allí se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina, y el trágala permanente a lo que le dice la ultraderecha lo está llevando a una situación absolutamente insostenible, y eso habrá hecho que Cs mueva ficha y piense que no es lo que en estos momentos quiere el conjunto de la ciudadanía y especialmente sus votantes».

«Que Arrimadas se haya dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina es más que evidente, cuando se toman decisiones que van en sentido contrario a lo que haría un gobierno progresista», ha abundado.

A MORENO «NO LE SALEN LAS CUENTAS»

De igual modo, ha opinado que también «es evidente» que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «no le salen las cuentas», y «hoy se lo ha vuelto a recordar la ultraderecha» de Vox, que «desde el principio de la legislatura le ha dicho que quien manda aquí son ellos», que es «a los que» el líder ‘popular’ «le debe la Presidencia» del Gobierno andaluz, según ha remarcado.

Susana Díaz ha apostillado que no sabe si Moreno está en «cábalas electorales», pero ha advertido de que, «si él está en eso» es que «no está en lo que a la gente le preocupa y necesita», y eso «demuestra falta de sensibilidad y mucha falta de humanidad con lo que Andalucía merece de sus gobernantes», según ha sostenido la secretaria general del PSOE-A.

En esa línea, ha emplazado a Moreno a que «acabe con las crisis en las que está inmerso y se dedique a los problemas de los andaluces», porque, «con un millón de parados, Andalucía no puede estar en ‘stand by’ sin saber qué piensa hacer el Gobierno de Andalucía para salvar negocios, comercios, hostelería, para dar un horizonte a ese más de un millón de parados, con una incertidumbre grande en el empleo».

Susana Díaz ha insistido en que, en ese contexto, Moreno no debe estar «liado que si en sus cuestiones internas, que si en problemas internos de su socio, en líos por un lado y por otro, en lugar de estar donde verdaderamente debe estar».

EL ACTA DE SENADOR DE ARENAS

También ha insistido en reclamar al presidente de la Junta y del PP-A que le pida al ex líder del PP-A Javier Arenas «el acta» de senador por designación autonómica «que representa a los andaluces», y ha apuntado que si Moreno «no lo ha hecho todavía es que algo temerá».

Para la dirigente socialista, «no es de recibo que siga siendo un senador en nombre de la comunidad autónoma de Andalucía», que fue elegido para ello por el Parlamento andaluz, alguien de quien «estamos conociendo las noticias que estamos conociendo a través del proceso judicial» que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta ‘caja b’ del PP y los sobresueldos que se pagarían con ella a dirigentes como el propio Arenas.

Susana Díaz ha añadido que le «sorprende muchísimo que Ciudadanos esté callado en ese tema». «No entiendo cómo no ha tomado cartas en el asunto y no le ha exigido a su socio de gobierno que, cuanto antes, entregue el acta Arenas», porque «si Moreno no le pide el acta es porque algo teme, y si Ciudadanos calla es porque el entreguismo» al PP «ya es excesivo», según ha añadido.

En esa línea, Susana Díaz ha criticado el «entreguismo» de Cs al PP dentro del Ejecutivo andaluz, que hace «lo contrario a lo que haría un gobierno progresista en una situación como ésta, que sería proteger el empleo, a las personas, los comercios», así como promover «muchísima transparencia en la defensa de los derechos y libertades», y «no se estarían poniendo sobre la mesa recortes en la lucha contra la violencia machista».

La dirigente socialista ha concluido señalando que el PSOE-A es «un partido dialogante que habla con todo el mundo, excepto con la ultraderecha, con la que no compartimos absolutamente nada», y ha querido dejar claro que «siempre vamos a hacer lo que la gente espera de sus políticos, que es que dialoguen». «Lo triste es que dialogar sea noticia en estos tiempos», ha apostillado para finalizar.

El Papa ha clamado contra la guerra, que ha definido como un»monstruo» que se va transformando y continúa «devorando a la humanidad» tras afirmar que nunca la respuesta a las armas debe ser «otras armas».

«La guerra siempre es el monstruo que, con el cambio de épocas, se transforma y continúa devorando a la humanidad. Pero la respuesta a la guerra no es otra guerra; la respuesta a las armas no son otras armas. La respuesta es la fraternidad», ha señalado el Pontífice durante la audiencia general de este miércoles.

Francisco ha hecho una valoración de su reciente viaje a Irak que ha señalado como un «signo de esperanza» para el país donde en apenas tres días, además de Bagdad, recorrió las ciudades de Erbil, Mosul, Qaraqosh, en el norte del país, y la llanura de Ur, donde la Biblia sitúa el nacimiento de Abraham, padre de las tres religiones monoteístas: islam, judaísmo y cristianismo.

«Nunca un Papa había estado en la tierra de Abraham; la Providencia ha querido que esto sucediera ahora, como signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo y durante una dura pandemia», ha dicho el Papa.

En su alocución, también ha citado su histórico encuentro con elgran ayatolá Ali Al Sistani, principal líder religioso de los chííes. Francisco ha dicho que fue «una reunión inolvidable en su casa en Nayaf» y que sintió «con fuerza el sentido penitencial de esta peregrinación»

«No podía acercarme a ese pueblo atormentado, a esa Iglesia mártir, sin tomar sobre mí, en nombre de la Iglesia católica, la cruz que ellos llevan desde hace años; una cruz grande, como esa colocada en la entrada de Qaraqosh», ha subrayado.

El Papa ha apuntado que durante el viaje a Irak pudo ver la «heridas todavía abiertas de la destrucción, y más todavía encontrando y escuchando a los testigos supervivientes de la violencia, la persecución, el exilio…». Por ello, ha clamado que el pueblo iraquí tiene derecho a «vivir en paz, tiene derecho a encontrar la dignidad que le pertenece».

Además, el Papa ha apostado por facilitar el retorno a sus hogares de los cristianos y yazidíes que fueron expulsados del territorio por la guerra y sobre todo por la persecución del Estado Islámico en condiciones de seguridad: «Los musulmanes invitan a los cristianos a volver y juntos restauran iglesias y mezquitas. Y sigamos, por favor, rezando por estos hermanos y hermanas nuestros tan comprometidos, para que tengan la fuerza de volver a empezar», ha dicho.

Para el Papa, este «es el desafío» no solo para Irak, sino «para tantas regiones de conflicto y, en definitiva, para el mundo entero». «¡Que Dios, que es paz, conceda un futuro de fraternidad a Irak, a Oriente Medio y al mundo entero!», ha dicho finalmente el pontífice.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este miércoles en el Congreso de las «insinuaciones miserables» de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox por «traicionar» su anterior función como juez y «humillar» a las víctimas con el acercamiento de presos de ETA. En este sentido, ha desafiado en varias ocasiones a estos grupos para que acudan a los tribunales si consideran que está vulnerando la ley.

En una sesión de control al Gobierno con constante intercambio de descalificaciones, Grande-Marlaska ha censurado las «insinuaciones miserables» realizadas por PP, Cs y Vox, entendiendo que con todo ello lo que hacen estos grupos es poner en duda la supervisión de jueces, fiscales y trabajadores penitenciarios. El ministro ha respondido a dos preguntas y dos interpelaciones urgentes de Vox y Cs, que ha justificado la iniciativa «antes de que no quedan etarras por acercar».

«No debería presentar una iniciativa parlamentaria, debería llevarlo al juzgado», ha comentado Grande-Marlaska en respuesta a la interpelación defendida por el diputado de Cs Pablo Cambronero, al que ha acusado de incurrir en «falsedades, calumnias y mentiras» de forma «patética e incluso miserable» no sólo hacia él como ministro sino al «conjunto de instituciones». Antes ha acusado de «mala fe» a la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, afeándole que dijera que ETA no ha sido derrotada.

Grande-Marlaska ha defendido la «neutralidad» de las actuaciones en política penitenciaria a la hora de decidir traslados de presos de ETA y ha negado un pacto con EH Bildu al ser censurado por la elección de cinco etarras cada viernes para ser acercados al País Vasco. «Un pacto así implicaría una grave quiebra del Estado de Derecho», ha señalado antes de darle la vuelta al argumento de Cs para pedirle que se disculpara ante los funcionarios públicos.

NO HACE FALTA PERDÓN PARA ACERCAR A ETARRAS

El titular del Interior ha negado que para el acercamiento de presos sea necesario antes que los etarras pidan perdón y colaboren con la Justicia, recordando que esto es exigencia para la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad. «Cumplimos la ley», ha repetido, quejándose de los «bulos y calumnias» de quienes «no reconocen que la democracia venció al terrorismo».

El ministro del Interior ha señalado, también ante las críticas en la interpelación de Vox defendida por Francisco José Alcaraz, que los acercamientos de presos de ETA se enmarcan en la «política penitenciaria que establece el Gobierno en términos de legalidad», ya que para velar por esto están «jueces, fiscales y juntas de tratamiento».

Sobre la gestión de prisiones al País Vasco, ha añadido que se cumple el Estatuto y la Constitución. «No confunda, se cede la gestión, no la política penitenciaria», ha dicho. También ha repetido en varias ocasiones que la política penitenciaria persigue la reinserción social, pero matizando que no hay decisiones colectivas sino individualizadas en el caso de los presos de ETA.

PIN PARENTAL Y ENALTECIMIENTO

En respuesta a Vox, que le ha pedido que desclasifique las actas de negociación con ETA y ha prometido que aplicará la Ley de Partidos para sacar del Parlamento a EH Bildu, Grande-Marlaska ha subrayado su «compromiso» con las víctimas del terrorismo al recordar iniciativas como las unidades didácticas para llevar el testimonio de quienes se enfrentaron a ETA a los centros educativos.

«¿Van a aplicar aquí el pin parental?», ha preguntado Grande-Marlaska a Vox, añadiendo una crítica velada por el veto de la Comunidad de Madrid a una charla en un instituto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, coincidiendo con el Día de la Mujer. «Ustedes pueden ir a los institutos, los demás no pueden ir para dar valores democráticos», se ha quejado.

Grande-Marlaska ha incluido en su intervención una alusión a su plan, expuesto con anterioridad en sede parlamentaria, para evitar los actos de homenaje a etarras al entender que «endurecer» el Código Penal con el delito de enaltecimiento del terrorismo no está dando los resultados esperados.

Para ello, ha recordado que su apuesta es modificar la ley de víctimas para imponer sanciones por la vía administrativa, algo que «no exploró el PP» cuando estaba en el Gobierno y que demandan algunas asociaciones, de ahí que haya subrayado la necesidad de alcanzar el consenso con los afectados y con los grupos parlamentarios.

PLANTE DE VOX Y MENSAJE FINAL

Los diputados de Vox han decidido dejar plantado al ministro cuando hacía uso de su último turno, levantándose de sus escaños para abandonar el hemiciclo y, luego, desde el pasillo, aplaudir la intervención del diputado Alcaraz, hermano de una víctima de ETA, lo que ha obligado a la presidencia a pedir que respetaran las normas.

El ministro, en su último turno, ha vuelto a acusar a Vox de representar la «extrema derecha» que antes estaba en el PP. Ante el plante, Grande-Marlaska ha recordado su salida del País Vasco junto a su marido, una decisión en la que «perdieron en lo personal y profesional». «No vinimos a fundaciones», ha dicho, en referencia velada al líder de Vox, Santiago Abascal.

Según ha recordado, desde su llegada a Madrid y como juez en la Audiencia Nacional no sólo trabajó contra ETA, sino que también fue objetivo de ETA. «Hubo varios planes de atentado, uno muy desarrollado», ha señalado, reconociendo que se siente «casi culpable» por aquellos otros atentados que sí acabaron con víctimas mortales, de ahí que haya defendido que su compromiso sigue siendo hoy a favor de «luchar contra todas las formas de terrorismo y de violencia».

«Eso no se olvida. ¿Cómo el Gobierno al que pertenezco va a humillar a las víctimas del terrorismo?», se ha preguntado antes de arrancar el aplauso de la bancada socialista, que ha devuelto el ministro del Interior en pie ya desde su escaño.

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha creado la Unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia (Usav, por las iniciales en catalán) activable a través de una aplicación móvil que canalizará las denuncias de conductas violentas en el entorno escolar.

En rueda de prensa, el conseller Josep Bargalló y la directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich, han presentado esta medida, enmarcada en el plan ‘Les Escoles Lliures de Violències’ (Lelv), dotado con 34,7 millones de euros hasta 2026.

«El plan quiere acabar con la invisibilidad, los silencios y la endogamia que a veces favorece estos silencios. Quiere terminar con el miedo de la víctima que no se siente acompañada y no denuncia», ha asegurado Bargalló, que ha descrito el plan como la herramienta más potente que nunca ha tenido el departamento para combatir la violencia escolar.

La iniciativa perseguirá el maltrato, la negligencia, la violencia sexual, el acoso escolar, las ciberviolencias, las conductas de odio o discriminación, la violencia machista, la LGTBIfobia y, en cualquier caso, todo lo que un alumno haya considerado como violencia.

Pese a que la puesta en marcha de la aplicación pretende ganar tiempo y evitar que la víctima tenga que explicar muchas veces su caso (la llamada doble victimización), existirá una red de referentes, ordenados de forma piramidal, que irán distribuyendo la información.

Las denuncias activarán la unidad que se ha creado, que contará con 8 profesionales del derecho, la pedagogía, las políticas de igualdad y gestión de casos, además de 120 educadores sociales que harán tareas de proximidad; ya ha empezado a funcionar con 4 personas –una psicóloga, una responsable de políticas transversales de género y dos técnicas docentes–.

La unidad gestionará todos los casos que lleguen a través de la app pero también los que se detecten a través de las redes sociales o los medios de comunicación; funcionará, según Bargalló, con «confidencialidad y discreción» para que las personas que no escojan el camino de la denuncia formal ante el centro, los Mossos o la Fiscalía puedan poner el caso en conocimiento del departamento.

El plan también comporta la obligación de la Conselleria de personarse en cualquier denuncia por violencias sexuales en el ámbito educativo y de ejercer la acción popular en los procedimientos penales por maltrato físico o sexual.

La aplicación todavía no tiene nombre público a indicación de los servicios de seguridad informática de la Generalitat, que están trabajando para blindarla frente a posibles ataques de ‘hackers’.

La puesta en marcha del plan se complementará con el ya existente teléfono ‘Infància respon’, y la inspección educativa será la encargada de velar por el cumplimiento y el correcto funcionamiento.

ESTUDIO DE 95 DENUNCIAS

Bargalló ha explicado que en el presente curso escolar la inspección educativa ha estudiado 95 denuncias por todo este tipo de conductas, de los cuales han llegado 30 a los servicios centrales del departamento.

Aymerich ha revelado, como ejemplo, que la unidad integrada de abordaje del abuso sexual de Tarragona ha atendido 137 casos desde su inauguración en julio.

El declive de la tórtola común se ha estabilizado e incluso se ha registrado un «moderado incremento» entre los años 2013 y 2018, según asegura la Fundación Artemisan que destaca el trabajo «fundamental» realizado por cazadores y gestores en favor de su conservación, y considera que la defensa de su gestión junto con su caza sostenible son algunas de las «mejores herramientas» para la recuperación de la especie.

Fundación Artemisan asegura que el «esfuerzo» realizado por los cazadores ya está viendose reflejado en los datos que apuntan a una estabilización e incluso un moderado incremento de la especie desde 2013 y hasta 2018, según los datos recogidos por el programa SACRE, de SEO-BirdlLife.

Así, cita los proyectos en los que cazadores, gestores y administraciones trabajan como el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea (PIRTE) y el Observatorio Cinegético entre otras iniciativas que «demuestran el compromiso del sector cinegético con la especie».

En 2019 la fundación junto con la Real Federación Española de Caza y Bineo Consulting, y con el patrocinio de Hornady, Hart y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, puso en marcha el proyecto de ciencia ciudadana ‘Observatorio Cinegético.

Este observatorio recibe datos de cazadores y gestores sobre la presencia y abundancia de especies cinegéticas para construir un sistema de monitorización de fauna a escala nacional.

En concreto, respecto a la tórtola, la Fundación Artemisan señala que pese a la pandemia, en primavera y en verano de 2020 realizaron 191 itinerarios de censo de tórtolas en 131 cuadrículas diferentes repartidas por 11 comunidades autónomas distintas, si bien la mayoría de censos se concentraron en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En esta última comunidad ha sido posible hacer un estudio completo. Además, la Federación Catalana de Caza impulsó el año pasado la monitorización de las tórtolas en Cataluña, a través también de una aplicación móvil.

Por otro lado, los cazadores y la administración han promovido el ajuste de los períodos hábiles a las fechas aceptadas en la última actualización del documento KCD, comenzando a partir del 20 de agosto en todos los territorios.

Asimismo, añade que la gran mayoría de comunidades autónomas ha reducido el número de días hábiles y capturas, con un máximo de 2-5 días de caza y un cupo de 2-10 tórtolas en función del territorio, incluyendo algunas de ellas nueva normativa que aboga porque la caza se practique en aquellos cotos en los que existan medidas de gestión del hábitat. La entidad estima que estos esfuerzos se han traducido en una reducción de las capturas de tórtola a menos de 500.000 ejemplares, cifra un 47 por ciento menor que la que se producía en 2015.

La entidad destaca las iniciativas promovidas por distintas administraciones y federaciones de caza en proyectos concretos, como los realizados en Cataluña, Islas Baleares y Extremadura.

En esta última, se ha realizado por segundo año consecutivo el PIRTE (Plan Internacional de Recuperación de Tórtola Europea), financiado por la Junta de Extremadura, y en el que participan Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza.

A través de este proyecto se han realizado censos de tórtolas en toda la región y se han analizado las poblaciones de tórtolas y su gestión en las comarcas de Monfragüe (Cáceres) y La Siberia (Badajoz).

Durante 2019 y 2020, se ha desarrollado el concepto de «unidades de gestión», lugares en los que se realiza gestión del hábitat (incluyendo aporte de alimento y agua), se llevan a cabo censos de tórtolas mediante escucha de machos en la época reproductiva, y en los que, en su caso, puede plantearse una caza sostenible.

La propuesta de «unidades de gestión» fue presentada en un taller internacional de trabajo, dentro del plan de caza adaptativa en el que participa como socio la Fundación Artemisan. «Seguiremos trabajando por la conservación de esta especie y por la defensa de la gestión y la caza sostenible como las mejores herramientas para su recuperación», concluye la fundación en un comunicado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una condena de dos años de prisión y cinco de libertad vigilada a un exayudante de disciplina del formador (distributario) del Seminario Diocesano de Tenerife, como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Según la Sala, el delito fue consumado en la persona de un joven nacido en 2003 y que entre 2016 y 2018 cursaba estudios en el centro en régimen de interno.

El ahora condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros, no podrá acercarse a ella ni contactar por ningún medio durante dos años y estará inhabilitado durante tres años para cualquier profesión u oficio «retribuido o no» que conlleve contacto regular y directo con menores, recoge la sentencia hecha pública este miércoles.

El fallo absuelve al acusado de otros dos delitos que le venía imputando el Ministerio Fiscal en referencia a otros dos seminaristas.

Condenan a dos años de cárcel a un exayudante del Seminario de Tenerife por abuso sexual a un menor

El fallo cuenta con el voto particular del magistrado presidente de la Sala, favorable a que el acusado fuera condenado por los tres delitos.

Sus compañeros de tribunal, mayoritariamente, han considerado que en el juicio sólo se logró probar la comisión de un único delito.

Según la sentencia, el acusado coincidió en el Seminario menor durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 con un interno nacido en 2003 que cursaba estudios en el seminario y contaba con 13, 14 o 15 años, según los casos.

«Aprovechando momentos en el que ambos se encontraban a solas, como en el dormitorio de alguno de ellos o en el office», relata la resolución judicial, le decía «que en el Evangelio había pasajes que defendían la homosexualidad, que la practica homosexual era normal y buena, y que en el Seminario otros internos mantenían relaciones sexuales».

Agrega la resolución que, en octubre de 2017, cuando la víctima contaba con 14 años, con ocasión de las fiestas de la Parroquia del Barrio de Machado en las fiestas del Rosario, el procesado «realizó caricias en la espalda del menor, y, al regreso al seminario, le preguntó si quería darle un beso, comoquiera que le besó en la mejilla, el procesado le dijo, yo me esperaba otra cosa».

A partir de ese día, siempre según la Sala, el distributario «envió al menor, de forma reiterada, mensajes a través de notas dentro de un libro, en mano o por debajo de la puerta, preguntándole si quería mantener sexo oral con él, a lo que el menor siempre se negó».

MENSAJES POR MESSENGER

En una ocasión, el menor acompañó en horas nocturnas al acusado a la lavandería del centro, haciéndole pasar el acusado a una sacristía ubicada al lado, «donde agarró una mano del menor y la colocó sobre el pene erecto del acusado, por encima de la ropa; el procesado, a la vez, intentó tocar los genitales del menor, si bien este se apartó», expone el fallo.

Agrega que, entre el 23 o 24 de julio de 2018, el distributario envió por Messenger a la víctima «una foto de sus genitales, acompañada de una insinuación para que le hiciera una felación a lo que el menor se negó».

Los hechos fueron investigados por el rector del Seminario, que expulsó al condenado, y fue el propio Obispado quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, destaca la resolución.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Gobierno enviará este mismo miércoles a su Equipo Médico de Emergencias (START) a Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial, con el fin de apoyar al sistema sanitario del país en su respuesta tras las devastadoras explosiones registradas el domingo y que dejaron más de un centenar de muertos y más de 600 heridos.

En esta ocasión, el START estará compuesto por catorce integrantes, entre sanitarios del sistema público de salud y expertos en ayuda humanitaria, y estará coordinado por la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El personal sanitario está compuesto por tres cirujanos, dos médicos de emergencias y cinco enfermeros que se encargarán de dar apoyo a los centros hospitalarios que están atendiendo a los heridos por las explosiones, ha explicado AECID en un comunicado.

Todos ellos son voluntarios y su salida ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.

Además, el equipo ha sido aprobado por la Orga OMS y forma parte de la respuesta coordinada de la Unión Europea bajo la iniciativa conjunta Team Europe.

El martes, AECID ya procedió al envío de un cargamento de ayuda humanitaria con medicamentos y material sanitario a Bata, cuya llegada este prevista para esta jornada.

Con ambas iniciativas, ha explicado la agencia de cooperación, «España responde al llamamiento de ayuda emitido el pasado domingo por las autoridades ecuatoguineanas y a las necesidades expresadas en el mismo para hacer frente a esta crisis».

Esta será la segunda operación humanitaria en la que participa el START, tras su labor durante la emergencia ocasionada por el paso del ciclón ‘Idai’ en 2019 por el norte de Mozambique.

El equipo está compuesto principalmente por personal sanitario del sistema de salud pública, personal logista y experto en acción humanitaria y diseñado para desplegarse en menos de 72 horas con un hospital de campaña con zona hospitalaria y un quirófano, si bien esto último no será necesario en esta ocasión.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, que la moción de censura en Murcia para «desbancar al PP y Vox» es una «buenísima noticia», pero reclama «valentía» para extenderla también a Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Así lo ha indicado tras conocer que PP y Cs han registrado una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de Murcia tras 26 años al frente de esta comunidad, dado que los dos partidos suman mayoría absoluta. También se trabaja para presentarla en el consistorio de la ciudad.

«Nos parece una buenísima noticia desbancar a Vox y al PP de las instituciones, desde luego que lo pensamos. Esperamos que suceda en el resto de comunidades autónomas (donde hay pactos) porque no se entendería que se haga en Murcia y no en Andalucía», ha desgranado durante una comparecencia de prensa ante los medios.

Con ello, la dirigente de la formación morada ha apuntado que no es suficiente este movimiento y se debe trasladar también a los gobiernos autonómicos y municipales de autonomías como Madrid, Castilla y León y Andalucía.

La también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha apelado concretamente a la formación naranja en esta autonomía para sumarse a sus compañeros murcianos, pues la población madrileña necesita «acciones» y que Cs muestre que está a favor de trabajar por avanzar en sus derechos.

De momento, desde las filas de Cs han indicado sobre el caso madrileño que «no han modificado su posición» respecto a la alianza con el PP en esta comunidad.

AGUADO «NO HACE OTRA COSA QUE DEFENDER A AYUSO»

Y es que Serra ha lamentado que lo que han visto hasta ahora del vicepresidente regional y líder de Cs Madrid, Ignacio Aguado, es que «no hace otra cosa que defender» a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante su «irresponsabilidad» en la pandemia del coronavirus y en el «deterioro» de los servicios públicos.

Concretamente, ha aludido a que hace dos días votó en la Mesa de la Asamblea contra el dictamen aprobado en la comisión de investigación de Avalmadrid, en el que se señala que Ayuso se «benefició» de un trato de favor por parte de la entidad.

Serra también ha reprochado que la pasada legislatura han visto como la formación que dirige a nivel nacional Inés Arrimadas «no ha hecho otra cosa que sostener la corrupción del PP». Por tanto, ahora es el turno de que «sean valientes» y cambien su postura.

Preguntada sobre si Podemos en Murcia iba a respaldar la moción de censura, Serra ha manifestado que es una decisión que deben tomar los compañeros de esta región pero valora que el respaldo a la iniciativa «es la línea en la que se tiene que ir».

En el seno de la formación morada entienden que el PSOE abra horizontes de colaboración con Cs si eso deriva en desalojar al PP y a Vox de ejecutivos locales y autonómicos.

El Arzobispado de Barcelona ha firmado un acuerdo con el Hospital Clínic para ceder los terrenos que actualmente ocupa la Parroquia de Sant Isidor en la calle Comte d’Urgell de Barcelona para la construcción de un nuevo centro de investigación sanitaria y tecnológica: el Clinical Advanced Technologies Institute (CATI).

Está previsto que los fieles de Sant Isidor –cuyo edificio se derruirá– sean acogidos en la vecina iglesia de Sant Josep Oriol, de manera que «todas las personas que lo deseen puedan participar de la actividad celebrativa y pastoral» en esta otra parroquia, ha informado la archidiócesis en un comunicado este miércoles.

El terreno que dejará libre la parroquia se cede al Hospital Clínic con un derecho de superficie de 75 años y a cambio de un canon anual; y en él se construirá un nuevo edificio que tendrá, en principio, cerca de 8.000 metros cuadrados –5.000 de los cuales dedicados a investigación– con 8 plantas y 2 sótanos.

CENTRO DE REFERENCIA

Se pretende que el nuevo equipamiento sea «referente nacional e internacional» en investigación sanitaria, que ponga en valor el conocimiento y la emprendeduría local, y que acoja centros de investigación y desarrollo de grandes compañías referentes del sector sanitario y tecnológico, según ha señalado el Arzobispado.

Para llevar a cabo el nuevo proyecto, el Clínic contará con la colaboración del centro tecnológico Leitat, cuya misión es gestionar tecnologías «para crear y transferir valor social, medioambiental, económico e industrial sostenible en las empresas y entidades», a través de la investigación y los procesos tecnológicos.

El centro estará acreditado por la Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat y reconocido por el Ministerio de Economía y Competitividad; y también contará con la participación de la Universitat de Barcelona (UB), el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).

En un comunicado, el Hospital Clínic ha precisado que las nuevas instalaciones supondrán una inversión de 21,7 millones de euros para la construcción del nuevo edificio, así como 32 millones de euros más para equipar y dinamizar el centro, que procederán principalmente de fondos europeos.

SINERGIAS

El director general del Clínic, Josep Maria Campistol, ha afirmado que el CATI será una «gran oportunidad para coordinar proyectos entre multinacionales, empresas locales y emprendeduría para generar tecnología conjunta y nuevos modelos de negocio».

Ha destacado «la facilidad de haber llegado a un acuerdo con el arzobispado para poder construir un centro muy cerca de la actual ubicación del Clínic y de los edificios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y del Idibaps».

«Esto nos permite tener concentradas en un mismo espacio la innovación, la investigación, la asistencia y la docencia y continuar haciendo de la Esquerra de l’Eixample uno de los polos más importantes de la Salud en el sur de Europa«, ha añadido Campistol.

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos han logrado sacar adelante una Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de las Cortes a través de la que exigen al Gobierno que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el reparto «injusto» de los Fondos React-EU que «lastra» a la Comunidad.

La iniciativa ha contado con los votos en contra de PSOE y Podemos, la abstención de UPL ha contado con el respaldo del resto de partidos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido la iniciativa y ha recordado que España es el país en el que más ha caído la economía como consecuencia de la crisis generada por el Covid.

Así, ha insistido en que, pese a esta situación, el Ejecutivo central «vuelve a castigar» a Castilla y León después de haberle «hurtado» 100 millones de euros de los fondos no reembolsables ahora resta 257 millones de euros de los fondos de la UE.

«Castilla y León es la región más perjudicada en el reparto de estos fondos con 25 euros por habitante», ha lamentado De la Hoz, quien ha insistido en el reparto «injusto» y una «vergonzante discriminación».

De este modo, ha afeado al PSOE que no defienda los intereses de Castilla y León frente un un Gobierno que «sistematicamente vuelve a castigar a la Comunidad».

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González ha respaldado la argumentación del PP al aseverar que el sistema de reparto «perjudica» a Castilla y León, al tiempo que ha tildado de «lamentable» que no haya existido un criterio «objetivo y transparente» en el reparto.

«Es lamentable que el Gobierno haga política partidista ante una situación tan grave», ha señalado tras lo que ha exigido la necesidad de que haya una agencia independiente que evalúe los proyectos y asegure la transparencia.

Frente a estos argumentos, la procuradora socialista Nuria Rubio ha recordado que España es el país que más recibe de toda la UE y ha insistido en que los criterios de reparto de los fondos ha sido dictados desde la UE y han tenido en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB, el paro y el desempleo juvenil y las ayudas a regiones ultraperiféricas.

«Son criterios impuestos desde la UE a España y desde España para todas las comunidades para que el criterio sea adecuado», ha defendido, tras lo que ha recordado que la Comunidad se sitúa como la novena en cuanto a recursos porque el impacto de la crisis en el PIB es menor y el nivel de desempleo es más bajo «porque Castilla y León se está despoblando».

«Su demagogia no tiene límites, no nos hagan perder el tiempo y trabajen», ha aseverado.

Para cerrar el debate, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha señalado que igual que la Junta exige un reparto equitativo al Gobierno de España se «autoimpongan» este criterio la Junta a la hora de gobernar y de repartir entre provincias.

Finalmente las Cortes han aprobado pedir al Gobierno de España que se convoque el CPFF para replantearse los criterios de reparto de los Fondos REACT-EU, y aplique criterios «objetivos y consensuados» con las comunidades autónomas.

También se reclama que se cree una agencia independiente de reconstrucción y reformas que garantice una ejecución transparente, eficiente, equilibrada y despolitizada de todos los recursos procedentes de la UE dentro del marco de las ayudas del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a destinar una parte de los fondos REACT-EU del ejercicio 2021, a los sectores productivos que más se están viendo afectados por la crisis del Covid -19 y en especial a Pymes y autónomos y resolver la concesión de las ayudas con la mayor agilidad durante el verano de 2021.