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CEAR denuncia la «incoherencia» de España sobre la política migratoria de la UE

CEAR ha denunciado la «incoherencia» del Gobierno de España al rechazar la política de asilo y migración de la Unión Europea y aplicarla en Canarias «bloqueando» ‘sine die’ a los migrantes en las islas en contra de su voluntad.

«Canarias no puede convertirse en el nuevo escenario de la política de contención migratoria en islas reteniendo a personas como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como principal y casi única estrategia de gestión migratoria», dijo la directora de CEAR, Estrella Galán durante, la presentación del informe ‘Migración en Canarias, la emergencia previsible’.

Durante el acto, que contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, y el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, Galán resaltó que lo que se está llevando a cabo «no es una gestión de política migratoria, es gestión de control de fronteras y blindaje del territorio europeo haciendo de nosotros de parapeto de Europa».

En este sentido, Galán recordó que en su momento, España dijo que no iba a aceptar que la gestión de las migraciones en el continente no se hiciera de una manera global y oponiéndose a la propuesta que la UE hacía sobre la creación de grandes campos de retención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos y convirtiéndolos en lugares de identificación para la expulsión inmediata de los que no sean susceptibles de recibir protección internacional.

«En aquel momento –continuó–, Pedro Sánchez calificó la propuesta de inaceptable; sin embargo, nos encontramos una incoherencia absoluta. Vemos que en Canarias se están poniendo en marcha esa misma política que desde España nos habíamos negado a asumir en la UE dificultando y bloqueando internamente en nuestro territorio y en nuestras islas a personas sine die, sin ninguna expectativa, contra su voluntad en un territorio aislado, ultraperiférico y alejado del continente europeo. Esa es la clave».

Para la directora, con estas prácticas se pone en evidencia la falta de coherencia de España entre lo que plantea de cara a Europa y lo que aplica en sus propio territorio, «impidiendo lo que siempre había sido algo viable y que no había generando ningún problema», que son los traslados a la península para acoger a las personas en un sistema de acogida estable.

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Mientras, desde CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo lamentó que se hayan vulnerado los derechos de las personas migrantes tanto en el sistema jurídico como en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

Aquí, insistió en que el llamado ‘Plan Canarias’ se ha llevado a cabo sin la participación de los principales actores institucionales y sociales sobre los que recae su despliegue e implementación, lo que la Comisión entiende propicia que haya una respuesta «insuficiente» a estas personas.

Ante la situación de la crisis migratoria en el archipiélago, CEAR pide garantizar los derechos de los migrantes; redimensionar el programa de acogida humanitaria dotándole de una mayor estructura estable y flexible; y activar y promover una política de traslados ágil, transparente y sistematizada a la península.

De igual modo, solicita modificar los protocolos de atención a los menores llegados de manera irregular; instar a la Comisión Europea y al resto de países de la UE a fomentar un reparto solidario de las plazas de acogida; y ampliar el alcance del ‘Plan Canarias’.

CEAR reclama también crear un foro interterritorial e interministerial para dar respuesta al fenómeno; generar un espacio de coordinación política de los fenómenos migratorios; desarrollar un espacio de trabajo para la coordinación entre instituciones y sociedad civil; tener una línea de comunicación que neutralice el «discurso del odio»; impulsar políticas de convivencia e integración de los migrantes; y profundizar y desarrollar estrategias que favorezca la migración regular.

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que Canarias ha recibido más de 30.000 migrantes de manera irregular desde que comenzara la crisis migratoria a finales de 2019 –más de 23.000 sólo durante 2020–, una cifra que, señaló, no son inabarcables para un país del tamaño de España.

CANARIAS COMO ISLAS CÁRCEL

«Pero el Gobierno ha preferido utilizar Canarias como islas cárcel –continuó– violando sistemáticamente derechos humanos en una estrategia análoga a la seguida por la UE en Lesbos o Lampedusa».

Para Morales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado ‘de facto’ una frontera entre Canarias y el resto del territorio español al llevar a cabo controles por «perfil racial» en puertos y aeropuertos para «impedir» viajar a la península a personas documentadas que se costeaban el viaje por sus propios medios.

El presidente insular hizo especial hincapié en que esta situación se corresponde con el intento de consolidar una política europea que daría cobertura legal a la utilización de las islas «como espacios de retención de personas y como una frontera interior para impedirles continuar a los migrantes con su viaje».

Finalmente, no quiso dejar pasar la oportunidad para comentar que el abandono de muchos migrantes de los centros en los que están, un número que si bien no está cuantificada supera el centenar de migrantes, están en las calles de diferentes ciudades de las islas sin recursos y dependiendo de la solidaridad para poder subsistir.