El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que su partido ofrece «otra vez» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un ‘plan b jurídico’ para que esté aprobado antes de que acabe la prórroga del estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que el Gobierno no cambiará la ley para afrontar el fin del estado de alarma porque ya hay instrumentos suficientes, al tiempo que ha avisado de que las comunidades autónomas deberán cumplir lo que decida el Consejo Interterritorial.
«Ofrecemos otra vez un plan B jurídico para aprobarlo antes del fin del estado de alarma. Para salvar vidas sin arruinar empleos», ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
El jefe de la oposición ha asegurado que, «tras 100.000 muertos» por coronavirus en España, el presidente del Gobierno «sigue rechazado la ley del PP contra pandemias» y «prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías».
LAS LEYES QUE EL PP PLANTEA REFORMAR
El PP considera que hay dos reformas que se podrían abordar para limitar la movilidad sin estado de alarma. En primer lugar, el artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 cuya redacción habilita de un modo genérico al Gobierno a tomar «las medidas que sean necesarias» para el control de enfermos o para limitar las entradas o salidas de las zonas afectadas y controlar o limitar el movimiento.
En segundo lugar, el PP plantea una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para «garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales». Según añade, de esa forma las resoluciones de CCAA o el Gobierno que limiten derechos «serán autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo respectivamente».
El propio vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recordado este miércoles en TVE que Casado lleva un año haciendo esta propuesta de buscar una alternativa jurídica al estado de alarma que pueda dar «seguridad y estabilidad» a las autonomías. De hecho, el Grupo Popular lo llevó el pasado mes de noviembre al Congreso pero no recibió apoyos suficientes para que se aprobara.
Montesinos ha señalado que el PP sigue «tendiendo la mano» a Pedro Sánchez para acordar ese ‘plan b jurídico’ y ha criticado que el Gobierno no ofrezca «alternativas» a las autonomías tras el 9 de mayo. A su entender, el problema de fondo es que Sánchez «no habla» con el PP de «cuestiones importantes para España».
«IMPROVISACIÓN» DE SÁNCHEZ
Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha indicado hoy en la Cope que si el 9 de mayo cesa el estado de alarma se encontrará con que no tiene un instrumento jurídico que permita seguir tomando medidas tanto al Estado como a las comunidades.
En este punto, ha señalado que con la modificación de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, se pueden ampliar las competencias del Gobierno que, a su juicio, pretende eludir su responsabilidad con la cogobernanza cuando el reglamento sanitario internacional dicta que es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.
La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha recordado a través de Twitter que el PP ya llevó en noviembre su ‘plan jurídico’ y ha reiterado en ofrecer esa alternativa jurídica. «Hoy Sánchez sigue empeñado en gobernar a golpe de improvisación y propaganda», ha afirmado.
