Organizaciones en representación del colectivo de mujeres con discapacidad y mujeres rurales han exigido, este lunes, en el Senado su aparición en las estadísticas sobre violencia machista, con el objetivo de que su realidad y sus especificidades sean visibilizadas.

Así lo ha defendido la secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Marta Valencia, así como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López, en sus comparecencias ante la Comisión que controla en la Cámara alta el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Valencia ha denunciado que, a fecha de hoy, España no sabe "cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas" por su parejas o exparejas, por la ausencia de datos oficiales desglosados. Esta situación, ha indicado, impide poner rostro a los datos que sí se han registrado en la macroencuesta sobre violencias machistas realizada por el Ministerio de Igualdad.

En este estudio, recuerda la secretaria de organización de COCEMFE, se recoge que el 23,4% de estas mujeres consideran que su discapacidad es el motivo por el que sufren agresiones físicas o sexuales.

Valencia critica, así, que los datos desglosados por discapacidad, entre otras muchas otras áreas, no estén presentes, por ejemplo, en los boletines mensuales de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

UNA VISIÓN DESDE LA RURALIDAD

En referencia a otra de esas posibles áreas a desglosar, FADEMUR llama a incorporar "la ruralidad". A su juicio, se podrían desglosar los datos recogidos teniendo en cuenta a las víctimas o casos que se producen en localidades de menos de 5.000. 10.000 o 20.000 habitantes, por ejemplo. "La realidad en el mundo rural está muy oculta", ha reconocido.

López ha explicado que, además de las dimensiones de la localidad, en materia de violencia contra la mujer en el rural es también muy importante estudiar otros agravantes de la situación, como la edad de las víctimas (jóvenes o mayores) o si son o no migrantes. "Si se hacen estudios y estadísticas sin diferenciar no hay una foro real y será difícil investigar las circunstancias de las víctimas", ha apuntado la presidenta de FADEMUR.

En su opinión, la situación actual de estas mujeres reclama una actuación "ágil y urgente" y "una intervención" que, según ha indicado, especialmente tras la pandemia, debe pasar por una mayor dotación de recursos y de profesionales.

López también ha pedido fondos y partidas específicas para luchar contra esta lacra, teniendo en cuenta el tamaño de los municipios, además, de campañas de información y sensibilización adaptadas a esta realidad o que se acelere la puesta en marcha de los acordado por el Parlamento en el Pacto de Estado.

JURISTAS ALERTAN ANTE LA COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD

Mientras que la representante de COCEMFE ha puesto sobre la mesa, otras peticiones como la ampliación del concepto de violencia de género a violencias contra las mujeres, teniendo en cuenta de que algunas de estas víctimas lo son de sus cuidadores; garantizar un mejor acceso a la denuncia de las víctimas con discapacidad; realizar protocolos socio-sanitarios que tengan en cuenta esta situación específica; o reformular el Código Penal para incluir la reincidencia en delitos de violencia de género.

En la misma sesión ha comparecido ante los portavoces de la comisión la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María de los Ángeles Jaime de Pablo, quien ha hecho un repaso de los principales ejes del pacto y poniendo el foco en medidas que, a su juicio, los legisladores deben tener en cuenta.

En su intervención, también llama a una mejor y mayor recaudación de datos sobre violencia de género en materia judicial; pero también propone cambiar el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar su propuesta de revisar las órdenes de protección de las víctimas cada 3 meses, para no generar "angustia" a las mujeres; se ha mostrado a favor de un abordaje de la Educación afectivo-sexual; y ha llamado a poner en marcha la ley contra la trata y la prostitución anunciada por el Gobierno.

Del mismo modo, ha señalado que la Ley contra la Violencia en la Infancia, en la actualidad en tramitación en el Senado tras ser aprobada por el Congreso, recoge bien las medidas para proteger a los niños víctimas de violencias machistas o sexuales. Aún así, ha advertido de la violencia económica, que hace poco ha sido reconocida en una sentencia por los tribunales (cuando un padre no pasa la pensión a sus hijos), o el peligro de la coordinación de parentalidad que se usa en algunas comunidades autónomas dentro del proceso de divorcio.

Jaime de Pablo alerta de que hay muchas mujeres que recurren a la separación para huir de las situaciones de violencia de género sin tener que denunciar y que los profesionales que median en este procedimiento no están formados o capacitados para reconocer la situación o cómo tratarla. En este sentido, también ha llamado a los representantes autonómicos en el Senado a rechazar el llamado síndrome de alienación parental que, ha recordado, no tiene respaldo científico.

La Fiscalía ha elevado al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que indaga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, y pide continuar las actuaciones por presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico.

Así lo ha señalado en un escrito contra José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de hecho de dicha sociedad; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.

En paralelo, y a través de este escrito fechado el pasado 12 de abril, la Fiscalía no ve "acreditada" la participación en el supuesto delito contra la salud pública en el caso de los investigados Antonio Martínez León y su hermano Domingo como administradores solidarios de la empresa comercial bautizada con sus apellidos; de Federico Rodríguez Jurado como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de David Martín Muñiz como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José Ojeda Barrera y del arquitecto Sergio Lorencio Gómez, contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.

Al arquitecto, eso sí, le achaca no obstante un presunto delito de falsedad en documento oficial junto con José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, a cuenta de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento.

Dado el caso, la fiscal ha pedido continuar las diligencias contra los primeros investigados, es decir los responsables de Magrudis y sus familiares; y el "sobreseimiento provisional" respecto a Antonio Martínez León y su hermano Domingo, Federico Rodríguez Jurado, David Martín Muñiz, María José Ojeda Barrera y Sergio Lorencio Gómez, aunque sólo parcialmente en este último caso porque se le atribuye el mencionado delito de falsedad en documento oficial, como ha sido indicado.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

En paralelo, la Fiscalía pide "seguir el procedimiento para determinar la responsabilidad civil" no sólo contra las personas físicas contra las que reclama continuar las actuaciones por los presuntos delitos señalados, sino contra las empresas Magrudis y su derivada Cárnicos Mario, contra sus empresas aseguradoras y contra el Ayuntamiento hispalense "por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público", dado el "deficiente control sanitario y de la licencia de actividad".

Todo ello por el mencionado brote empidémico del verano de 2019, que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.

Para la fiscal, "queda acreditado que los responsables de Magrudis conocían que realizaban un proceso de elaboración (de productos cárnicos) con deficiencias sanitarias riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercialización", señalando expresamente el caso de un lote de productos "que dio positivo en Listeria monocytogenes el 22 de febrero de 2019 y había llevado Sandro José Marín a analizar como consecuencia de una intoxicación".

"LO OCULTARON DE FORMA DELIBERADA"

"No existe constancia de que los responsables de Magrudis retiraran el lote del mercado (...), manteniendo de esta forma su ocultación", expone la Fiscalía, según la cual los citados investigados "no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada".

Los informes técnicos, según la Fiscalía, reflejan que en las instalaciones compartidas entre Magrudis y Cárnicos Mario, así como en productos de las mismas como carne mechada, chicharrones, lomo al pimentón o lomo al jerez, fue "detectada la bacteria monocytogenes".

En el caso de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento, la Fiscalía expone que la actuación del servicio en el que trabaja la misma "fue sin duda deficiente", precisando que la exención de responsabilidad que se solicita para la misma "deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla".

"Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria", indica la Fiscalía.

No consta que ella ni el arquitecto contratado por Magrudis, según la Fiscalía, conocieran "la presencia de positivo en Listeria ya en febrero de 2019, ni en los resultados que finalmente se produjeron", en alusión a las muertes y los abortos.

Respecto al arquitecto, eso sí, la fiscal señala que la declaración responsable que elaboró para la regularización de la actividad de Magrudis frente al Ayuntamiento contiene "multitud de deficiencias" más allá de "meros errores técnicos", porque planteaba "la situación más favorable para la legalización de la actividad a través" de dicho método que no implica control previo, cuando era "conocedor de que no procedía" tal mecanismo.

La Comunidad de Madrid ha notificado 524 casos nuevos de coronavirus, de los que 321 corresponden a las últimas 24 horas, y 13 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del domingo.

En la jornada precedente, con datos correspondientes al sábado, se notificaron 935 casos nuevos, entre ellos 405 de las últimas 24 horas, y 23 fallecidos.

El número de hospitalizados se sitúa en 2.255 en planta --110 más-- y 576 en UCI --13 más--, mientras que 51 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 6.942 --1.430 más--.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 684.590 positivos, un total de 108.935 casos han requerido hospitalización, 10.886 han necesitado UCI y 94.902 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado seguimiento domiciliario de 784.962 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 23.671, de los cuales 5.066 han sido en centros sociosanitarios, 17.230 en hospitales, 1.345 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia a 14 días es de 393,97 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en el quinto puesto superada por Melilla (437,55) y País Vasco (527,18).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 1.927.758 dosis de las 2.034.715 recibidas, con 474.605 segundas dosis, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 7%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos, el porcentaje de inmunizados con la pauta completa asciende al 8,5 por ciento.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 19.852 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 2.160 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 21.071 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.488.469 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 235,59, frente a 235,51 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 111.789 positivos.

De los 2.160 positivos de ayer, 93 se han producido en Andalucía, 138 en Aragón, 84 en Asturias, 16 en Baleares, 88 en Canarias, 72 en Cantabria, 10 en Castilla-La Mancha, 175 en Castilla y León, 91 en Cataluña, tres en Ceuta, 79 en Comunidad Valenciana, 42 en Extremadura, 62 en Galicia, 321 en Madrid, 14 en Melilla, 17 en Murcia, 128 en Navarra, 719 en País Vasco y ocho en La Rioja.

En el informe de este lunes se han añadido 147 nuevos fallecimientos, en comparación con 121 el lunes pasado. Hasta 77.738 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

FALLECIDOS E INGRESADOS

En la última semana han fallecido 241 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España: 48 en Andalucía, 16 en Aragón, nueve en Asturias, uno en Baleares, siete en Canarias, uno en Cantabria, 12 en Castilla-La Mancha, 21 en Castilla y León, 16 en Cataluña, dos en Ceuta, cuatro en Comunidad Valenciana, siete en Extremadura, siete en Galicia, 64 en Madrid, dos en Melilla, dos en Murcia, 13 en Navarra, nueve en País Vasco y ninguna en La Rioja.

Actualmente, hay 10.380 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (9.989 el viernes) y 2.356 en UCI (2.297 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 839 ingresos (1.186 el viernes) y 435 altas (1.156 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 8,26 por ciento (7,93% el viernes) y en las UCI en el 23,35 por ciento (22,80% el viernes).

Entre el 16 y el 22 de abril, las comunidades autónomas han realizado 841.862 pruebas diagnósticas, de las cuales 554.410 han sido PCR y 287.452 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.790,20. La tasa total de positividad se sitúa en el 7,40 por ciento, frente al 7,46 por ciento del viernes.

La procuradora no adscrita de las Cortes, la salmantina María Montero, ha reconocido este lunes que dejó Ciudadanos (Cs) partido al que perteneció hasta el pasado 19 de marzo, porque no compartía el sentido del voto de esta formación a la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de coalición en la Junta de PP y Cs, y que se debatió en el Parlamento regional tres días más tarde.

Así lo ha explicado Montero en una entrevista concedida a la emisora Onda Cero Castilla y León, donde ha aseverado que el hecho de que como despacho, la Mesa de las Cortes le haya asignado una mesa en la biblioteca del Parlamento regional "es más un castigo que otra cosa", ya que su baja de Cs provocó que la coalición de Gobierno perdiese la mayoría absoluta.

A pesar de que no tiene intención "por el momento" de entregar su acta de procuradora y de no compartir el sentido del voto de Cs, Montero ha explicado que se abstuvo en la votación porque no está de acuerdo "al cien por cien con la gestión de la Junta ni con que Alfonso Fernández Mañueco sea su presidente" pero sabía que la moción no iba a prosperar y Luis Tudanca no iba a ser elegido presidente por lo que entendió que su abstención era "lo más lógico y sensato".

Asimismo, ha explicado que cuando se afilió a Cs, en 2015, era un partido socialdemócrata, aunque está formación después se definió como liberal y decidió seguir en Ciudadanos "porque era la mejor opción que había" en ese momento, aunque la procuradora salmantina se ha definido "más al lado de la izquierda", al tiempo que ha recordado que durante toda la campaña electoral la formación naranja "vendió cambio" pero cuando llegó el momento de votar la investidura se apoyó a Alfonso Fernández Mañueco.

"He estado casi dos años no cómoda del todo, defendiendo a la Junta, porque era mi papel, yo pertenecía a Ciudadanos, pero sin estar al cien por cien de acuerdo" con la gestión del Gobierno regional, ha explicado Montero, quien ha votado iniciativas con las que no estaba de acuerdo pero "por disciplina de voto" votaba lo que decidía el partido, por lo que cuando se planteó la moción de censura, como no estaba "cómoda" con su partido, decidió que no podía seguir en Ciudadanos.

Aunque su intención es seguir como procuradora en las Cortes, no sabe "lo que pasará dentro de seis meses" pero tiene claro que "hoy por hoy" su intención es no entregar el acta, al tiempo que ha reconocido que no le afecta que le llamen "transfuga", porque no se siente así ya que no ha dejado Cs para irse a otra formación.

María Montero ha negado que desde el Grupo Socialista se le ofreciese algo a cambio de votar a favor de la moción de censura, y ha asegurado que los días previos al debate habló con gente de Cs, del PP y de PSOE porque tiene relaciones con muchos procuradores, a lo que ha añadido que "mucha gente del PSOE" sabe como piensa pero nunca ha llegado "a un acuerdo de votar esto a cambio de esto.

Asimismo, María Montero no se arrepiente de la decisión que tomó de darse de baja de Cs aunque si se lo ha pensado por su familia, por evitarles a ellos "sufrimiento" ya que ha vivido "momentos duros" porque, según ha relatado, se dijeron cosas de ella en los medios "que no son ciertas, noticias manipuladas" que su familia leyó.

No sabe cuál será su futuro y si seguirá en la política, de momento, Montero, que reconoce que está viviendo "un momento convulso" se adaptando a su nueva situación de procuradora no adscrita, quien mantiene una "relación cordial" con sus ex compañeros de Cs, mientras que con la gente que tenía buena relación sigue esa "buena relación".

Asimismo, ha asegurado que "siempre" votará a favor de lo que considere que es lo mejor para los castellanoleoneses y ya ha adelantado que votará en contra de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero votará a favor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este lunes esperar que el Gobierno de la Nación envíe la comunidad autónoma "más vacunas" contra el covid-19, ya que en Andalucía la eficacia de su programa de vacunación ha hecho que "el 99,5 por ciento" de las vacunas recibidas están puestas.

En este sentido y durante su intervención en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz reunido en Córdoba, Moreno ha felicitado al consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, "por el esfuerzo que se está haciendo con la vacunación en Andalucía", donde la "obsesión" del Gobierno andaluz que preside Moreno, es que "todas las vacunas que nos lleguen" por parte del Ministerio de Sanidad sean puestas "rápidamente" y en base a "los protocolos que hemos establecido".

Ello, según ha subrayado, implica el mantenimiento de "un amplio dispositivo humano y tecnológico", y el resultado del mismo es que, de "las dosis recibidas hasta el 21 de abril, que han sido casi 2.550.000", se han administrado "2.538.125, lo que supone que el 99,5 por ciento" de las vacunas recibidas están puestas.

"Eso significa --ha resaltado-- que el dispositivo que ha puesto en marcha la Consejería de Salud está funcionando", y lo está haciendo "francamente bien", porque, "vacuna que nos llega a Andalucía, vacuna que ponemos" y se hace, además, "de una manera eficiente y ejemplar, en función de los propios protocolos".

Por eso, según ha dicho Moreno, le gustaría que llegarán a Andalucía "más vacunas", porque "necesitamos más vacunas en Andalucía y, por tanto esperamos que el Gobierno de España nos mande más vacunas, para poder suministrarlas al conjunto de los ciudadanos de Andalucía".

En cuanto al detalle de cómo va la vacunación en la comunidad autónoma, Moreno ha resaltado que "prácticamente el 23 por ciento de la población andaluza ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna, con lo cual ya tienen un cierto nivel de inmunidad", y "estamos también por encima del ocho por ciento, con casi un nueve por ciento de personas inmunizadas en Andalucía", es decir, que son más de "700.000 personas" las "están completamente inmunizadas con las dos dosis".

Además, los andaluces han demostrado su "responsabilidad y sentido común, asumiendo la vacuna como el principal referente en la lucha contra la pandemia", de manera que "solo se han negado a ponérsela un 1,12 por ciento de la población, aproximadamente 28.000 personas", frente a "las cientos de miles" que sí se la han puesto, con lo que, según ha insistido, "solo nos faltan más vacunas, para llegar lo antes posible a esa inmunidad colectiva".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que se está valorando "si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir" de India ante su gran incremento de contagios de COVID-19, pero ha precisado que no tiene vuelos directos con España.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha instado a valorar "con prudencia" los más de 300.000 positivos diarios en India, ya que "hay que ponerlo en su contexto". "300.000 casos en un país con 1.400 millones de habitantes es proporcionalmente menos que los 30.000 casos que está notificando Argentina, por ejemplo", ha esgrimido.

En cualquier caso, Simón ha admitido que "los sistemas de detección que usan en la India no nos dan la confianza suficiente de que la incidencia sea la real". "Probablemente sea más alta de lo que están detectando", ha apuntado.

A pesar de las grandes cifras de casos, Simón ha resaltado que "la mayor parte de la población infectada en India son una personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada". "Aún así, España no tiene vuelos directos con este país, por lo tanto no puede prohibirlos", ha recordado.

En el caso concreto de las variantes del virus surgidas en India, que podrían ser más transmisibles al poseer dos mutaciones clave, Simón ha señalado que "hasta ahora no se ha demostrado ningún factor especialmente de riesgo asociado". "No se puede descartar dadas las mutaciones que tiene, que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad. Pero, por el momento, los datos no indican que estén ocupando mayor espacio fuera de India", ha argumentado.

Simón ha explicado que España no ha detectado aún ningún caso de esta variante india. "La variante fundamental en toda España, con alrededor del 94 por ciento de los casos, es la británica. De la sudafricana y la brasileña hay un número de casos pequeño", ha remachado.

El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha solicitado este lunes una homogeneización de la normativa que afecta a ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personas (VMP) en toda España.

Así se ha expresado Bartolomé Vargas durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

En su intervención, Vargas ha explicado su propuesta que pasa por que bien la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial bien la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte sistematicen las normas sobre ciclistas, peatones y patinetes, que son colectivos "esenciales en el nuevo diseño de ciudad".

De este modo, el Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial reclama que tengan "un régimen normativo y no estar en preceptos aislados, sino sistematizados". En este punto, ha apuntado que las ordenanzas municipales son las que regulan esta cuestión, pero "tienen que someterse a la legislación estatal".

"Con lo cual, yo veo imprescindible que en una ley o en otra se aborde una homogeneización de la normativa sobre ciclistas, peatones y vehículos de movilidad personal que ofrezca seguridad jurídica y se complemente con las ordenanzas municipales", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que esto "mejorará, a buen seguro, la seguridad vial y la movilidad sostenible".

LAS VÍCTIMAS, LO MÁS IMPORTANTE

Durante su comparecencia, el fiscal ha vuelto a reiterar que lo más importante en materia de seguridad vial son las víctimas de los siniestros, por lo que ha recordado el reciente oficio que ha remitido a todas las policías judiciales de tráfico de España para que levanten más atestados de siniestros viales y así aumenten las causas penales que den mayor protección a las víctimas.

"El año pasado, esta pandemia de la siniestralidad vial género 1,35 millones de fallecidos, el Covid, 1,8 millones. A lo mejor ya este año va a haber más fallecidos por siniestralidad vial que por Covid. Estos son los datos de tras de los cuales no nos podemos olvidar", ha apuntado, para después añadir que las víctimas de accidentes de tráfico se quejan "con razón" de que no reciben la atención "jurídica y moral debida" en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención a las víctimas.

Además, el fiscal ha hecho hincapié en que "es el número más elevado de víctimas por infracciones penales del país, pero pasan desapercibidas" y son "invisibles", porque "no hay suficiente conciencia vial", porque "no se ve tanto el delito" y no hay "suficiente reproche moral a estos comportamientos", a pesar de que las condenas son "muy elevadas". Así, ha agregado que se trata de una cuestión "principalísima" aún por resolver.

También en relación con las víctimas, Vargas ha detallado que trabaja en un protocolo con la Dirección General de Seguros, compañías aseguradoras, el Consejo General de la Abogacía, víctimas de accidente de tráfico, consorcio del seguro, para que las instrucciones antes mencionadas se complemente con "un acuerdo de todos para eliminar las malas praxis y consolidar las buenas", y que "sea un circuito económico transparente" y el dinero "vaya donde tenga que ir", a los profesionales y a las víctimas "en las cantidades en las que legalmente les corresponden".

Por otro lado, el fiscal ha apuntado que la Unión Europea sostiene que distintas investigaciones indican que disminuir de 25 a 15 minutos el tiempo entre el accidente y la llegada de los servicios médicos de urgencias reduce un tercio las muertes. Así, ha anunciado que la Fiscalía trabaja en un protocolo en este momento de coordinación con la Dirección General de Tráfico, policías, servicios sanitarios, emergencias, etc. para lograr esta rebaja y evitar el incremento de fallecidos en las carreteras.

El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Seguridad Vial también ha adelantado que en junio publicará un dictamen para fiscales y un oficio para las policías a fin de impulsar la aplicación del Artículo 385 Bis del Código Penal que establece que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a 40 días, el que originare un grave riesgo para la circulación "no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo". Así, ha indicado que irá acompañado de una mejora del catálogo de puntos negros y "un esfuerzo de todas las autoridades coordinadas".

En la sesión de este lunes, el portavoz de Seguridad Vial del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Gamazo, ha denunciado la "intolerable" ausencia del Gobierno, cuya presencia estaba prevista para contestar a las preguntas que habían sido formuladas por escrito y que, al no haberlas contestado en el plazo establecido, debía responder oralmente en la Comisión. Para el portavoz 'popular', esta ausencia es "un desprecio al GPP, a todos los grupos y a la labor que realizan".

El religioso Nicesio Pérez del Palomar Quincoces, de la Congregación del Santísimo Redentor, natural de la localidad alavesa de Tuesta y asesinado en 1936 durante la Guerra Civil, ha sido declarado Beato por el Papa Francisco este pasado sábado junto a otros once religiosos.

En un comunicado, la Diócesis de Vitoria ha comunicado este lunes que tras varios estudios por parte historiadores a petición de la Congregación para las Causas de los Santos, la Santa Sede, por medio de un decreto del Papa Francisco, ha autorizado proclamar Beato al alavés Nicesio Pérez del Palomar Quincoces.

Según ha destacado, este religioso de la Congregación del Santísimo Redentor fue asesinado en Madrid en 1936 "a consecuencia de la persecución contra religiosos y religiosas por profesar la fe católica".

El departamento vaticano analizó las conclusiones de varios historiadores expertos en la Guerra Civil española sobre la vida de este alavés natural de Tuesta, perteneciente al municipio de Valdegovía, y de otros once sacerdotes pertenecientes a la misma orden religiosa.

Nicesio nació el 2 de abril de 1859, mismo día que fue bautizado en la pila bautismal de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Tuesta que aún se conserva dentro del templo. También allí recibió su Primera Comunión y se confirmó en el pueblo de Espejo con 16 años de edad.

Con 25 años, en 1884, ingresó como fraile redentorista, tras pasar como aspirante por El Espino (Burgos), por Astorga (León) y por Nava del Rey (Valladolid), donde se formó en las áreas de carpintería y construcción.

En octubre de 1891 se instaló en la localidad francesa de Les Contamines, en la frontera con Suiza e Italia, para aprender técnicas de horticultura y apicultura para poder desarrollarla luego en España. Con estas dos facetas -maestro de obra y hortelano- inicia decenas de obras y huertas en Madrid, León, Navarra, Granada, Cuenca, Santander y Valencia.

"Los testimonios de quienes le conocieron le definían como una persona muy trabajadora e inteligente, donde cada día se entregaba a la oración y quien celebraba misa con gran devoción", ha destacado la Diócesis.

Cuando comenzó la Guerra Civil, Nicesio tenía 77 años. Durante los primeros días, junto a los once sacerdotes que formaban el grupo de Hermanos frailes, se refugiaron en varios lugares distintos en Madrid después de abandonar el convento donde vivían.

Tras esconderse en varias ubicaciones, en agosto de 1936 el fraile alavés fue delatado y asesinado. En julio de 1940 se procedió a la exhumación e identificación de sus cuerpos, arrojados a una fosa común y trasladados al Panteón de los Redentoristas en el Cementerio de la Almudena de Madrid, donde reposan actualmente.

Este pasado sábado, 24 de abril de 2021, el Papa Francisco aprobó la promulgación del decreto sobre su martirio y declaró Beatos al alavés Nicesio Pérez del Palomar y a once religiosos más, todos redentoristas asesinados en Madrid al inicio de la Guerra Civil.

La Abogacía del Estado ha presentado el recurso en representación del Ministerio del Interior contra la sentencia que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un escrito en el que niega "desviación de poder" y mantiene que la Audiencia Nacional "elimina" la posibilidad de destituir del cargo a un oficial de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

"Entiende esta parte que la sentencia apelada ha superado los límites del control jurisdiccional en actos de esta naturaleza, eliminando cualquier espacio posible al juicio de confianza que el superior jerárquico puede y debe realizar con ocasión del nombramiento o cese de un subordinado en un puesto de libre designación y que no puede ser objeto de control jurisdiccional", señala el recurso.

El recurso responde a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional que anulaba el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid, coincidiendo con la investigación --luego archivada-- de una juez de Madrid que pidió máxima reserva por la imputación del delegado del Gobierno ante la posible relación entre la manifestación del 8M y el inicio de la pandemia de coronavirus.

El escrito de apelación presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradice el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostiene.

En este sentido, revela que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta una videoconferencia con la magistrada para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se queja Interior.

La Abogacía continúa defendiendo la "inexistencia de desviación de poder", añadiendo que la motivación para el cese del coronel fue "real y legal", motivada en la "pérdida de confianza y el control jurisdiccional" de las investigaciones.

"Tampoco se ha buscado promocionar fraudulentamente a una persona que careciera de méritos suficientes u obtener del demandante una información 'de la que no podía disponer' por ser ello ilícito. De hecho, en este último caso, lo lógico habría sido que se hubiese acreditado, aunque fuera mínimamente, la petición ilegal de información que se habría desatendido, algo imposible de probar ya que no existió petición alguna", recoge el escrito.

Estamos hablando", prosigue, "de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento --entre ellas, el Delegado del Gobierno-- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación.

SE INFORMÓ DE CUATRO INCIDENCIAS

El recurso expone de manera "clara y concisa" cuáles son los hechos relevantes que han resultado acreditados de la prueba practicada, empezando por el auto de 23 de marzo de 2020 del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que incoa diligencias previas por la posible comisión de un delito "únicamente frente al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo".

Citan en este punto la petición de la juez instructora de "guardar rigurosa reserva sobre la evolución" de la investigación, pese a lo cual la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid comunicó a la cadena de mando del Ministerio del Interior, a través del coronel Pérez de los Cobos, "incidencias de diversa índole hasta en cuatro ocasiones, nunca referidas al contenido de la investigación que se estaba llevando a cabo".

"La naturaleza de la investigación no implicaba que no pudieran recibir información alguna de esa investigación judicial", insiste. La decisión de cesar al coronel se adopta a partir del 22 de mayo de 2020, cuando apareció publicada una noticia en 'El Confidencial' sobre las diligencias llevadas a cabo por la Policía Judicial, "apuntándose, entre otros extremos, a la posible responsabilidad de otros cargos como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El 24 de mayo, según el recurso, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, realizó una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, "a fin de aclarar si él era conocedor de que se habían entregado las diligencias referentes a la investigación". A través del Mando de Operaciones, se requirió explicaciones a Pérez de los Cobos que contesta que "ni conocía ni debía conocer nada".

La contestación no satisfizo al Ministerio del Interior, según detalla el recurso: "Esta fue la única respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relación con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital 'El Confidencial".

"El mismo día 24 de mayo de 2020, el órgano competente acordó el cese del demandante por pérdida de confianza, que le fue notificado el día 25 de mayo de 2020", añade en su cronología de hechos en base a la versión de Interior.

CESE DE OTRO MANDO

La Abogacía se apoya en la jurisprudencia y el cese de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alega.

La destitución se justifica en que en la Guardia Civil "radican los principios de disciplina y operatividad" y que dichos principios son defendidos en resoluciones como la del Tribunal Constitucional 323/1996, por lo que "siguen vigentes a día de hoy". "No nos encontramos ante un cese por falta de idoneidad, regulado en el artículo 83.3 de la Ley 29/2014, sino ante un cese por pérdida de confianza, regulado en el artículo 83.1 de la citada Ley. Debe así motivarse únicamente la competencia de la autoridad que adopta el cese", añade.

También rebate la supuesta desviación de poder: "No se ha hecho uso de la potestad administrativa para un fin distinto del legalmente previsto, sino como consecuencia de la disconformidad con el proceder del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha motivado la pérdida de confianza de la directora de la Guardia Civil, del secretario de Estado de Seguridad y del ministro del Interior".

"Ni la motivación recogida en la propuesta de cese y la resolución del recurso de alzada es intrínsecamente ilegal, ni los hechos acreditados y la legislación y jurisprudencia aplicables en materia de Policía Judicial nos permiten concluir que se haya exigido o esperado un comportamiento que habría sido ilegal", concluye.

El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido de que el PSOE volverá a superar el umbral del 30 por ciento de los votos que alcanzó con él en las próximas elecciones, al tiempo que ha reivindicado el diálogo y el acuerdo para la resolución de problemas.

Zapatero ha recordado que el PSOE no es solo el partido más veterano de España sino el que "más elecciones ha ganado en periodo democrático y el que más años ha gobernado" y por ello, al margen de los ciclos y la llegada del multipartidismo, se ha mostrado convencido de que el PSOE "va a pasar otra vez el listón del 30 por ciento en los próximos comicios".

En opinión del expresidente, los socialistas gozarán de "una mayor capacidad para tener la posición más fuerte en la autonomía para gobernar", si bien ha reconocido que aún queda mucho para las próximas elecciones.

Esto será así, ha dicho, porque los españoles apoyan "con mucho peso" al PSOE cuando el partido "está en forma y con brío" y porque saben que ha sido "la columna básica de las instituciones democráticas y el que ha promovido las leyes modernizadoras y quien hace la política en el mundo que más corresponde a los valores de los españoles" que son pacíficos y de una puesta por el diálogo y la cooperación.

Zapatero, que ha participado junto al que fuera su ministro de Exteriores Miguel Angel Moratinos y la actual jefa de la diplomacia, Arancha González Laya, en la presentación de un libro sobre la política exterior de su Gobierno, ha sostenido que "lo de dañar la imagen de España pasa más cuando la derecha está en la oposición y la izquierda está en el gobierno".

LAYA: "SOMOS NUESTRO PEOR ENEMIGO"

También se ha referido a esta cuestión González Laya, quien ha subrayado que la imagen de España es mucho mejor fuera que dentro. "Somos nuestro peor enemigo", ha lamentado, apostando por sacar determinadas cuestiones, como la pandemia, "de la batalla política nacional".

Esto no significa que todas las fuerzas políticas tengan que estar de acuerdo, ha añadido, ya que España es un país democrático, sino que "determinadas cuestiones no deben estar en la lucha partidista" porque "dañan al país".

Así las cosas, ha afeado que desde la oposición siempre se le pregunte por la imagen de España en el mundo cuando acude a Congreso o Senado, y ha pedido "trabajar de una forma un poco más leal". Para González Laya, la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid es "una muestra flagrante de esta terrible tendencia a segarnos la hierba bajo nuestros propios pies".

Por otra parte, Zapatero ha subrayado que todas las experiencias positivas que ha tenido en su trayectoria tanto nacional como internacional han sido resultado del "diálogo no por confrontación. "Cuando alguien niega el diálogo o intenta no dialogar tiene una debilidad intelectual sobre sus posiciones", ha valorado, insistiendo en que "los mejores avances se van a hacer por ahí" no fue para tanto osbrellevé muy bien que no quisiea recibirme, tampoco yo qusie recibirle.

RELACIÓN CON BUSH

Asimismo, ha reivindicado su decisión de sacar las tropas de Irak tras llegar al Gobierno y se ha referido a la complicada relación mantenida con la Administración de George W. Bush. "No fue para tanto. Yo sobrellevé muy bien que no quisiera recibirme en todo el mandato, yo tampoco le quise recibir a él", ha destacado.

Zapatero ha hablado también del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, mostrándose optimista en cuanto a su gestión y el papel que parece quiere jugar a nivel internacional, y sobre Rusia, país que según él aún tiene que definir su papel en el mundo tras la caída de la Unión Soviética.

El expresidente, Moratinos y González Laya han participado en la presentación del libro 'España y la doctrina del multilateralismo eficaz: Globalización, diplomacia y seguridad en la era Zapatero', obra del historiador danés Morten Heiberg.

El autor ha resaltado el modo en que la política exterior española, con su apuesta por el multilateralismo, influenció en la Administración de Barack Obama y sobre todo el "papel importantísimo" que jugó España en el acercamiento entre el presidente estadounidense y el mandatario cubano, Raúl Castro.

Asimismo, ha sostenido que en lugar de romper con la política exterior anterior, lo que hizo el Gobierno de Zapatero fue "reequilibrar los intereses de España", apostando por Europa y el multilateralismo como habían hecho todos los gobiernos desde la transición hasta el segundo mandato de José María Aznar.

A este respecto, Moratinos ha coincidido en que Aznar había apostado por el "unilateralismo atlántico" y lo que hizo el Gobierno socilista fue "recolocar al país en los grandes vectores del siglo XXI". Asimismo, ha tenido palabras de elogio para Zapatero, igual que este para el que fuera su ministro.

"Ambos coincidíamos en que diálogo es el instrumento básico en diplomacia, política, e intercambio social y humano, lo practicamos y lo pusimos en marcha y nos podemos sentir relativamente satisfechos", ha comentado el antiguo jefe de la diplomacia.

La Policía ha remitido a un juzgado la investigación por el sobre que contenía una navaja en su interior y que fue recibido este lunes por la ministra de Industria, Reyes Maroto. En las últimas horas la Policía ha identificado al presunto autor del envío de esta carta, el cual es un vecino de El Escorial (Madrid) con graves problemas de salud mental, según confirmaron fuentes policiales.

La Policía ha llegado a él con facilidad ya que el remite del sobre se correspondía con la identidad real y el domicilio de la persona identificada. Fuentes del Ministerio de Interior se han limitado a informar sobre las 17.00 horas de que el caso por el envío del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada había quedado judicializado, por lo que desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se remitían a la autoridad judicial para "cualquier novedad".

Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que la Policía ha dado traslado de su atestado a los juzgados madrileños, precisando que en estos momentos el caso está a la espera de que la oficina de reparto decida sobre qué juez debe recaer el caso.

La propia Reyes Maroto, fichaje del candidato socialista, Ángel Gabilondo, para las elecciones a la Comunidad de Madrid, ha explicado a la prensa esta mañana que su carta es diferente a la recibida la semana pasada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias.

En su caso, además de contener el sobre con una navaja --en vez de balas como las otras tres--, sí figuraba un remitente con una dirección de El Escorial (Madrid) que la Policía estaba investigando para saber si es el autor de la amenaza.

"Eso hace que sea más fácil, pero claro, tenemos que ver si esa persona que aparece como remitente existe y que es la persona que me ha mandado la carta", apostilló Maroto tras denunciar los hechos en la comisaría del Congreso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha requerido a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional a que "remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte" la vacunación contra el coronavirus de todo el personal médico que ejerce la actividad privada en la comunidad autónoma, "sea cual sea su vínculo" y "sin dilación, discriminación o demora alguna".

Así lo ordena el TSJC en un auto, de la Sala Contencioso-Administrativo, dictado y difundido este mismo lunes y en el que acuerda la medida cautelar solicitada en marzo por el Colegio de Médicos e insta al Ejecutivo a vacunar a todos los profesionales, con independencia del ámbito en el que desempeñen su labor.

La entidad colegial había reclamado en vía judicial esa vacunación a principios de marzo, y a finales de mes el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santander se declaró incompetente para resolver la solicitud de medidas cautelarísimas formulada. Así, la titular de este órgano, Ana Rosa Araujo, acordó remitir la causa a la citada sala del alto tribunal cántabro.

Ahora, el TSJC ha acordado la media cautelar interesada y requiere, bajo los apercibimientos legales, al Ejecutivo autonómico y al departamento que dirige Miguel Rodríguez para que "remueva cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación contra el COVID-19 de todo el personal médico que ejerce la actividad privada en la comunidad autónoma de Cantabria, sea cual sea su vínculo, sin dilación, discriminación o demora alguna".

"En ningún caso, del análisis de lo alegado por la parte solicitante de la tutela cautelar se concluye la falta de razonabilidad, la inidoneidad o la desproporción de la medida que se solicita", señala el auto, para añadir que, "de accederse a la medida solicitada, sería de conformidad con la estrategia de vacunación existente y actualizada al momento de la misma, y sin que procediera discriminación alguna".

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante la misma sala del TSJC en el plazo de cinco días desde su notificación.

Pero el Colegio de Médicos de Cantabria ha informado en un comunicado que ya ha recibido la llamada de la Dirección General de Salud Pública anunciando que va proceder a citar a los médicos cántabros en activo aún sin inmunizar para administrarles la vacuna contra el Covid-19.

El PSOE ha registrado una reforma del Reglamento del Congreso que prevé la imposición de sanciones a los diputados que mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la Cámara, una medida que podría llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.

En la iniciativa, los socialistas proponen también la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijan cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso, así como con los empleados de los grupos parlamentarios.

El grupo que capitanea Adriana Lastra tipifica las "infracciones" que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los 'lobbies'.

OMISIÓN DE DATOS

Pero también incurrirán en "infracción" quienes den datos "falsos" en sus declaraciones patrimoniales, en las que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerará infracción "la no presentación" de estas tres declaraciones o la omisión de información obligatoria en las mismas.

La proposición de ley de reforma del Reglamento registrada por el PSOE detalla un procedimiento sancionador para los diputados y los grupos que incurran en estas infracciones. El incumplimiento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, "aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador".

CÓDIGO DE CONDUCTA

La comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, "podrá proponer las sancione que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputados o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales" del infractor, "exceptuando los establecidos constitucionalmente", es decir, el 'sueldo base' de diputado. La sanción deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara.

El grueso de la iniciativa del PSOE versa sobre los denominados lobbies o grupos de interés y su influencia en las iniciativas parlamentarias. Así, defiende la creación de código de conducta para los lobbistas, que deberán seguir principios de integridad, respeto a la ley, transparencia y veracidad de la informació.

En este contexto, abogan por crear un registro de estos grupos, que tendrá carácter público a través de la web del Congreso. Los inscritos en el mismo podrán interlocutar con los diputados y los empleados de los grupos parlamentarios y éstos deberán comunicar el contenido de sus contactos con los 'lobbies', difundiéndose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas.

HUELLA LEGISLATIVA

Otro de los puntos de esta reforma reglamentaria prevé la elaboración de un informe de 'huella legislativa' donde consten todos los cambios que sufre una iniciativa durante su tramitación. Los diputados y grupos deberán concretar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés --adjuntando los documentos-- y que hayan sido utilizados en la tramitación. Además, al registrar sus propias iniciativas deberán informar si tienen su origen en un grupo de interés.

Ese informe, que será publicado en la web de la Cámara, recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido del voto de cada uno de los parlamentarios que hayan intervenido.

La propuesta recoge también una serie de infracciones de los grupos de interés de carácter leve, grave o muy grave. Entre estas últimas destaca la difusión de información falsa a los diputados de forma reiterada, mentir sobre el interés al que representan o directamente ocultarlo, mantener reuniones sin estar inscritos en el registro e incurrir en un conflicto de interés o valerse de uno en el que pueda incurrir un miembro del Congreso.

Estas infracciones muy graves podrán recibir las siguientes sanciones: apercibimiento, suspensión de inscripción en el registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de inscribirse en él.

VETO A EXDIPUTADOS Y EXALTOS CARGOS

Además, el PSOE plantea que no puedan formar parte de grupos de interés quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores o quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público.

No tendrán que registrarse como grupos de interés las entidades que integran la organización territorial del Estado, las corporaciones de derecho público, las embajadas, los sindicatos más representativos, la CEOE ni la CEPYME.

La Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), que agrupa a 84 sociedades que representan a más de 42.000 científicos, considera que el borrador presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para reformar la Ley de la Ciencia de 2011 "va en contra de la excelencia científica, dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere con las políticas autonómicas más avanzadas como la de Cataluña, Madrid y País Vasco".

Asimismo, la COSCE critica que la reforma planteada por el Departamento que dirige Pedro Duque "no recoge ninguna de las propuestas realizadas por la COSCE en el ámbito de los recursos humanos en investigación".

Las críticas de las sociedades científicas hacia el borrador han sido plasmadas en un documento, 'Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la meritocracia científica', que han enviado este lunes al Ministerio.

El texto recoge que el planteamiento actual del Ministerio será de difícil aceptación en las universidades, en los institutos hospitalarios y centros de investigación regionales.

Igualmente, el informe critica la eliminación del programa Ramón y Cajal, un programa que según la COSCE goza de "éxito, prestigio y buen funcionamiento" a la hora de atraer y retener talento en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, destacando además que la reforma no ofrece "una mejor alternativa.

Por consiguiente, la Confederación rechaza su eliminación en el borrador de reforma de la Ley y su sustitución por la figura de un "contrato laboral fijo de incorporación" con la "excusa", según la COSCE, de que se acabará la temporalidad y rebajará la edad de estabilización.

Para la Confederación, la propuesta de reforma "no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento" en cuanto que también elimina la figura de Científico Titular de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de la Administración General del Estado.

El texto resalta que los nuevos contratados se asumirán desde las instituciones contratantes, que ofertarán las plazas conforme a la tasa de reposición, por lo que no habrá incremento del número de puestos estables y se fomentará la endogamia, acabando con la atracción de talento basado en la meritocracia y evaluaciones externas.

El informe concluye que el resultado de la reforma de la Ley en el ámbito de los recursos humanos creará una bolsa creciente de contratados con dudosa capacidad de estabilización.

LA CIENCIA, UN ASUNTO DE ESTADO

El pasado 12 de abril, la COSCE ya envió otro documento ('Informe de urgencia ante una inmediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia') al Ministerio donde se insistía en la refundación del sistema de ciencia, tecnología e innovación basadas en las propuestas de la comunidad científica española.

Según este informe, la ciencia debe ser tratada como un asunto de Estado, destacando que la modificación de la flexibilidad y adecuación normativa de los recursos humanos en investigación son prioritarios.

El principal investigado por el espionaje que sufrió el fundador de Wikileaks Julian Assange durante su estancia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, David Morales, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no es cierto que saliera de España en marzo en dirección a Lisboa saltándose así las medidas cautelares que pesan sobre él.

Fuentes jurídicas indican no obstante que desde la Audiencia Nacional se ha deducido testimonio para saber si Morales ha incurrido en un delito por quebrantamiento de esas medidas cautelares, toda vez que tiene prohibido salir del territorio nacional.

La declaración de Morales se producía después de que este domingo se conociera que el 8 de marzo habría sido interceptado por la policía lusa cuando intentaba llegar a Lisboa, según avanzaba El Mundo.

Pero su comparecencia de este lunes, que se ha realizado por videoconferencia, tenía relación con la ampliación de la querella de una de las partes perjudicadas. En la misma, el fiscal del caso ha solicitado que Morales acuda a firmar al juzgado con mayor frecuencia, mientras que la acusación ha interesado prisión provisional.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, que heredó la causa del anterior instructor José de la Mata, ha decidido mantener las comparecencias 'apud acta' tal y como estaban previstas, por lo que el investigado deberá seguir acudiendo al juzgado con una periodicidad mensual.

UNDERCOVER GLOBAL

Morales es el propietario de la empresa Undercover Global, adjudicataria del contrato para gestionar la seguridad de esa legación consular ecuatoriana entre 2015 y 2018 y que, según la querella presentada por Assange contra él, habría aprovechado esa circunstancia para espiarle y vender la información a servicios de inteligencia estadounidenses y ecuatorianos.

En concreto, el juez investiga si Morales habría "invadido la intimidad" de Assange mediante "la instalación de micrófonos ocultos y otros medios", como convertir el circuito cerrado de cámaras de seguridad en dispositivos de captación de imagen y audio, tal y como apuntaría la documentación de la empresa que la defensa del activista ha aportado a la Audiencia Nacional.

Tras admitir a trámite la querella, la Audiencia Nacional acordó en septiembre de 2019 la detención de Morales, que tras pasar a disposición del magistrado fue puesto en libertad con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer en sede judicial dos veces por semana. Esa medida cautelar se relajó más adelante.

Está imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo de capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas. En el registro de su domicilio se intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.

El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los Ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.

En concreto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido a todos los departamentos ministeriales que estudien qué medidas de las que han aprobado durante los últimos seis meses de estado de alarma tienen su fecha de caducidad ligada a este instrumento, para hacer una selección y prorrogar las necesarias, según informan fuentes gubernamentales.

Así, la idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.

QUE LOS SANITARIOS JUBILADOS PUEDAN SEGUIR AYUDANDO

Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.

Esto se suma al anuncio que ya realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas de que iba prorrogar hasta agosto la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas, y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler; medidas que también estaban sujetas a la finalización del estado de alarma.

Ahora son los diferentes departamentos ministeriales los que están en fase de estudio, analizando cuáles de las iniciativas que han impulsado estos últimos seis están en riesgo con el fin del estado de alarma, ya que "la intención del Gobierno" es levantar esta herramienta el 9 de mayo, tal y como reafirmó Sánchez el pasado miércoles.

A este respecto, el presidente apostó por abrir una nueva fase, gracias al avance de la vacunación, y dejó claro que con el fin del estado de alarma acabarán también las restricciones que implican limitación de los derechos fundamentales, que solo se pueden desarrollar bajo el paraguas de este instrumento, como la limitación de la movilidad nocturna, más conocida como el toque de queda.

Y en cuanto a los cierres perimetrales, el jefe del Ejecutivo defendió que deben ser los tribunales los que se pronuncien sobre el alcance que deben tener, en el caso de que las comunidades decidan seguir manteniendo este tipo de restricciones a la movilidad en un determinado territorio.

En todo caso, el Ejecutivo mantiene que no hace falta reformar la legislación sanitaria para afrontar la nueva fase de la pandemia que se abre tras el estado de alarma, a pesar de que se lo está reclamando no solo el PP, sino también varios gobiernos autonómicos e incluso algunos de sus socios parlamentarios, para poder hacer frente a la pandemia más allá del 9 de mayo.

Sin embargo, el Gobierno sí ha comenzado a trabajar en un plan para garantizar que las medidas de tipo social y económico que han ido aprobando los Ministerios durante la pandemia bajo el amparo del estado de alarma puedan seguir en vigor, si se determina que son necesarias.

La Federación madrileña de familias numerosas (Fedma) ha acusado al exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales y actual candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, de ser "el impulsor del acoso y derribo hacia la familia" a través de la ley de diversidad familiar que prepara el que antes era su Ministerio.

"Es el impulsor del acoso y derribo de la familia y en particular de la familia numerosa con la pretensión de elaborar una modificación o reforma de la Ley de protección a las familias numerosas. Una reforma que ya tiene nombre, ley de Diversidad Familiar, y cuya principal línea estratégica es la de establecer el criterio de la renta para decidir qué familias o modelos de convivencia se integrarían en esta ley", critica la asociación en una nota.

Según una consulta lanzada por la asociación y contestada por 1.748 hogares, el 95,9% de las familias numerosas madrileñas está en contra de una ley de diversidad familiar donde la renta sea un criterio para ser familia numerosa, y no solo el número de hijos.

En concreto, desde la Federación rechazan que la nueva ley "eliminaría como criterio prioritario el número de hijos, que es precisamente la esencia y naturaleza de las familias numerosas" y proponen establecer "otros cauces para ayudar y sostener a familias vulnerables".

"No vamos a caer en la trampa de la reforma cuando lo que realmente quieren es deshacer la ley de familias numerosas para darle una nueva estructura llamándola ley de diversidad familiar", ha apuntado la vicepresidenta de la Fedma, María Menéndez.

Además, Menéndez ha precisado que esta ley de diversidad familiar "se está preparando fuera de España" y que "se ha solicitado financiación y apoyo técnico y jurídico a un organismo de la Unión Europea (UE) llamado Reformas Estructurales".

"¿Por qué no se ha propuesto como Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, donde reside la legitimidad para legislar?, ¿por qué no se quiere abrir el debate?", pregunta la asociación dirigiéndose a la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Las lluvias y chubascos, algunos acompañados de tormentas fuertes afectarán este martes a buena parte de la Península y en particular a Andalucía y al interior de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha avisado por riesgo de lluvias y tormentas a Cádiz y Málaga.

El aviso amarillo en estas provincias se debe a que se podrán acumular de 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Si bien, las precipitaciones podrán afectar a casi toda la Península, que sigue bajo el influjo de una extensa área de bajas presiones que provocará una inestabilidad casi generalizada, con cielos nubosos, chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en el centro de Andalucía, en el Estrecho así como en el interior de Castellón.

En cambio, las precipitaciones serán menos probables y más débiles en todo el litoral del este peninsular y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. En Melilla los cielos estarán poco nubosos o con algún intervalo nuboso.

Por otro lado, en Canarias se esperan intervalos nubosos y habrá probabilidad de lluvias y chubascos ocasionales en las islas de más relieve. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de unos 2.000 metros de altura en Pirineos y a partir de 2.500 metros en el resto del país.

Respecto a las temperaturas, la AEMET ha pronosticado que las diurnas descenderán en el norte de Galicia, en el Cantábrico y Baleares, mientras que por el contrario ascenderán en Aragón y en la zona de Levante. En el resto se esperan pocos cambios, igual que las nocturnas, que apenas experimentarán variaciones.

Por último, la AEMET indica que los vientos soplarán de componente norte en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, este de Baleares y Canarias, con algunos intervalos de fuerte en el litoral noroeste de Galicia. En Andalucía y en los litorales del sureste peninsular el viento llegará desde el suroeste y se prevén algunos intervalos de carácter fuerte en el litoral de Almería. En el resto los vientos serán flojos variables.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha solicitado al Gobierno central que adopte "decisiones urgentes" ante la nueva variante india del coronavirus, en concreto, insta al Ejecutivo de la nación a "establecer restricciones para viajeros procedentes de la India", así como "hacer controles efectivos en el aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez".

Así lo ha trasladado Escudero en una carta enviada a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que alerta de que esta cepa "ha llegado ya a Europa", y destaca su presencia en Reino Unido, con más de cien casos, Suiza o Grecia.

En la misiva, Escudero transmite la "preocupación" de la Comunidad de Madrid ante la nueva variante india del coronavirus y solicita a Darias "que el Gobierno de España actúe con celeridad ante esta situación, como ya han hecho otros países".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que esta cepa, denominada B.1.617, se califica como doble mutante, al haberse encontrado dos mutaciones del SARS-CoV-2", señala el consejero madrileño, haciendo alusión a la E484Q y la L452R, la primera, "similar a la sudafricana y brasileña", y la segunda, "a la cepa de California".

El consejero madrileño advierte de que "aunque aún no se conocen los efectos de esta nueva variante, sí se sabe que ambas mutaciones confieren mayor riesgo de transmisibilidad y menos actividad neutralizante de anticuerpos por vacunas y sueros de convalecientes en las cepas sudafricana (B.1.351) y californiana (B.1.427)", y señala que esto les parece "importante".

Según expone Escudero, "la relevancia de esta situación" les obliga a solicitar al Gobierno de España la necesidad de adoptar decisiones urgentes, en concreto, establecer restricciones para viajeros procedentes de la India", así como "hacer controles efectivos en el aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez".

"Todo con un fin común para ambas administraciones, proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener la mayor propagación del coronavirus", agrega.

la Fundación Cajasol, por sexto año consecutivo, ha sido elegida por World Press Photo como primera sede mundial donde se exponen lasimágenes que componen la muestra del concurso de fotografía más prestigioso del mundo y que este año se celebra su 64 edición.

En este sentido, tal y como ha explicado en un comunicado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, es un "privilegio ofrecer, un año más, este estreno mundial en nuestra ciudad ycontribuir de esta forma a dotar de contenidos culturales de primer nivel a nuestra industria turística y de ocio en un momento tan crítico para la economía y para este sector en particular".

Bajo el lema, conectando al mundo con las historias que importan, se han presentado 74.470 fotografías de 4.315 fotógrafos provenientes de 130 países. Entre los premiados hay tres españoles: el barcelonés residente en Kenia Luis Tato, con una fotografía sobre la mayor plaga de langostas del desierto keniano en los últimos 70 años; el vasco Aitor Garmendia, nominado en la categoría de medio ambiente, y el extremeño Jaime Culebras en la categoría de naturaleza.

Para el concurso de este año, el 19 por ciento de los participantes se identifican como mujeres, esto equivale a un 15 por ciento más desde 2015, cuando se dieron a conocer por primera vez los datos de los participantes para llamar la atención sobre la necesidad de una mayor diversidad. De los nominados de este año, once fotógrafas son mujeres (24 por ciento), "un dato que ha mejorado considerablemente, doblando lacantidad de 2020, pero que evidencia que aún queda trabajo por hacer para atraer a más participantes femeninas y aumentar el número de mujeres ganadoras".

Un jurado independiente compuesto por 28 profesionales de la fotografía, presidido por NayanTara Gurung Kakshapati, seleccionó las mejores imágenes e historias de 2020. En un año sin precedentes marcado por la pandemia y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los ganadores comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas ante estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas transgénero y los conflictos territoriales.

El jurado del concurso de fotografía de 2021 seleccionó la fotografía de Mads Nissen The First Embrace como la foto del año de World Press Photo y Habibi de Antonio Faccilongo como la historia del año de World Press Photo.

En la imagen ganadora, Rosa Luzia Lunardi (85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, São Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020. Nissen dijo sobre su imagen que se trataba de una historia sobre la esperanza y el amor en los momentos más difíciles. "Cuando me enteré de la crisis en Brasil y del pobre liderazgo del presidente Bolsonaro, que ha estado descuidando este virus desde el principio, sentí la necesidad de hacer algo al respecto".

Kevin WY Lee, fotógrafo, director creativo y miembro del jurado del concurso de fotografía 2021 describe la fotografía ganadora como una imagen "icónica" del Covid-19. "Conmemora el momento más extraordinario de nuestras vidas, en todas partes. Leí vulnerabilidad, seres queridos, pérdida y separación, desaparición, pero, lo que es más importante, también supervivencia, todo en una imagen gráfica".

La historia del año es del fotógrafo italiano de documentales AntonioFaccilongo, que relató desde el punto de vista humano una historia de amor ambientada en uno de los conflictos más largos y complicados de la historia, la uerra israelí-palestina. Este trabajo ha sido definido como "una obra maestra y una historia de lucha humana en el siglo XXI", en palabras de Ahmed Najm, miembro del jurado, quien consideró que muestra "otro lado del largo conflicto contemporáneo entre Israel yPalestina".

El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) se ha sumado a las exigencias formuladas por otras asociaciones al Ministerio de Justicia para que cuente "todavía más" con este cuerpo de funcionarios, en el marco de la tramitación del anteproyecto de la nueva ley de Eficiencia Organizativa, que transformará la oficina judicial.

"Nuestra organización, sin perjuicio de poner en valor la labor que el actual equipo ministerial está desarrollando, cree que el Ministerio debe contar con nuestro cuerpo todavía más de lo que se hace", ha dicho la asociación de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en un comunicado difundido este lunes acerca de la reunión celebrada el viernes en Justicia sobre dicho anteproyecto.

Antes de ese encuentro, las asociaciones CNLAJ, UPSJ y AINLAJ enviaron una carta conjunta al ministro, Juan Carlos Campo, para expresarle su "profundo malestar" por el "trato insensible" que --según afirman-- han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una "escucha activa", amenazando con buscar "fórmulas alternativas" de comunicación con el Ministerio.

Su principal queja era que Justicia les convocó el 16 de abril a una reunión para el día 23, indicándoles que con carácter previo recibirían la documentación necesaria para poder discutir el borrador de la ley de Eficiencia Organizativa, y les llegó directamente en forma de anteproyecto el mismo día que fue aprobado por el Consejo de Ministros, tres días antes de la cita.

Al igual que las otras asociaciones, SISEJ ha planteado críticas concretas al anteproyecto de ley. En primer lugar, ha señalado que, "con carácter general", "no varía un ápice las funciones del LAJ en la Ley Orgánica del Poder Judicial, condenado así a continuar siendo visto principalmente como un simple fedatario público cuando está sobradamente capacitado para el ejercicio de funciones".

A este respecto, ha recordado que "ya se ha visto con la posibilidad brindada por la Ley del Registro Civil de ser encargados del mismo", abogando además por la posibilidad de que, "con el curso de formación puente preceptivo", los letrados de la administración de justicia puedan pasar a ser miembros de las carreras judicial y fiscal.

Asimismo, SISEJ ha calificado como "un claro retroceso" la desaparición del servicio común de ordenación del procedimiento en la oficina judicial ideada por la nueva ley. "Hace que el diseño de ésta se resienta y existe el riesgo de que en las unidades de tramitación nuestras facultades de dirección del proceso se vean mermadas y, con ello, la necesaria homogeneidad en aspectos puramente adjetivos", ha advertido.

Por contra, ha valorado "de forma muy positiva" la creación de las oficinas de justicia en los municipios, "por entender que supondrán una gran mejora en el servicio público de justicia sin ahondar en los problemas de la 'España vaciada' que podría haber supuesto la desaparición de los juzgados de paz".

"Estas oficinas deben ser, de un lado, vías de salvar en el ámbito judicial la brecha digital que afecta a una gran parte de la ciudadanía y, de otro lado, puntos que faciliten la inmediación telemática en los actos procesales", ha sostenido.

DISPUESTOS A COLABORAR CON JUSTICIA

SISEJ, que estuvo representado en la reunión por su secretario, Raúl Asensio, "agradece la convocatoria y valora positivamente el comienzo de los trabajos para dar forma a esta ley absolutamente trascendental para alcanzar el objetivo de definir un servicio público de Justicia de calidad acorde a nuestros tiempos".

Así, aunque apunta que "los tiempos de implantación que se manejan son muy apretados", entiende que "se debe dar el impulso definitivo al cambio para evitar que nuevamente pueda quedar postergado".

Con todo, ha declarado, "el Ministerio de Justicia puede contar con nuestra participación no solo en esta fase de creación de la norma jurídica, sino también en la de implantación de los largamente reivindicados tribunales de instancia", que nacerán con la nueva ley.

Igualmente, ha manifestado que espera con "con gran ilusión" lo que ha definido como "el siguiente hito en el camino de la definición de una nueva justicia en este país: la ley de eficiencia digital", que Campo auguró que podría llegar al Consejo de Ministros hacia verano.

"LIMAR ASPEREZAS"

Según un comunicado del Ministerio emitido tras la reunión del viernes, Justicia ofreció a las asociaciones de LAJ trabajar de manera conjunta para mejorar dicho borrador y ellas realizaron una serie de aportaciones iniciales que se comprometieron a ir completando a lo largo del proceso de tramitación del anteproyecto de ley.

Tanto el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara, como el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Francisco Aguilar, confirmaron este extremo. Lara estimó que en ese sentido la reunión había sido "constructiva". "Ha servido para limar asperezas", coincidió Aguilar.

Pese a ello, trasladaron sus quejas al departamento de Campo, reclamando mayor presencia de los LAJ en la elaboración de las leyes que les afecten, y planteando sus objeciones a este texto porque creen que no contribuirá a dotar de mayor eficiencia a la administración de justicia, sino a generar "confusión" al no deslindar claramente las competencias que tendrán los distintos profesionales que trabajarán en los nuevos tribunales de instancia y en las oficinas judiciales.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha subrayado que el secretario general del movimiento, Brahim Ghali, fue trasladado por razones "estrictamente humanitarias" y que, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez actuó de forma "coherente" con su política de acogida, a pesar del "ruido mediático" que le atribuye ahora a Marruecos.

Ghali fue evacuado desde Argelia la semana pasada, después de que su estado de salud empeorase tras contagiarse de coronavirus y ser ingresado inicialmente en un hospital argelino. Llegó a España a bordo de una avión medicalizado y con pasaporte diplomático de Argelia, un aspecto este último que Arabi considera "obvio".

El delegado saharaui explica en una entrevista que el líder del Polisario sigue "mejorando", si bien evita entrar en detalles sobre sus circunstancias por cuestiones de privacidad.

El Gobierno marroquí convocó el fin de semana al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para trasladar su "decepción" por el traslado y pedir "explicaciones". Sin embargo, Arabi insiste en que la evacuación se basa en cuestiones "estrictamente humanitarias" e insta a dejar de lado lecturas políticas.

"Estamos enfrascados en una guerra de desinformación por parte de Marruecos", afirma Arabi, que acusa a Rabat de intentar "instrumentalizar" el caso. "Marruecos no debe confundirse en tratar las relaciones bilaterales en España e intentar dictar lo que tiene que hacer"", añade.

El líder del Polisario en España, que dice tener una "interlocución fluida" con el Gobierno de Sánchez, aclara que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con la delegación saharaui tras la polémica de los últimos días --"ni creo que debería hacerlo", apunta--.

En el terreno judicial, ve poco recorrido a la petición de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) para que la Audiencia Nacional valore volver a citar a Ghali, quien en 2016 fue convocado por supuestos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Arabi no contempla que Ghali pueda quedar bloqueado en España, argumentando que una cosa es "el impacto mediático" y otra la "realidad". "Creemos que ese caso no tiene ningún recorrido jurídico", alega, confiado en que el líder podrá abandonar sin problemas territorio español y "retomar sus funciones".

"RESPONSABILIDAD EN EL CONFLICTO"

El delegado saharaui recuerda que España, como antigua metrópoli, "tiene una responsabilidad en el conflicto" que sigue abierto en el Sáhara Occidental, donde el Frente Polisario le reclama un "papel activo" en la búsqueda de una solución que se resiste desde hace décadas.

La situación se volvió especialmente tensa en noviembre, a raíz del desalojo por parte de Marruecos del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania y amparado por el alto el fuego firmado en 1991, y las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) hablan abiertamente de "guerra" para describir el estado actual sobre el terreno.

Arabi teme un "escalada militar" porque considera que el pueblo saharaui está "más decidido que nunca a continuar su lucha". No obstante, defiende también que el Polisario siempre estará abierto a negociar, en busca de una autodeterminación que Rabat siempre ha rechazado de plano.

Sobre la ausencia de un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, el representante del Frente Polisario en España subraya que el posible nombramiento "no es un fin en sí mismo", sino que debe ser "un medio para llevar a las partes a las negociaciones", como logró en su día el expresidente alemán Horst Koehler, dimitido en mayo de 2019.

El Polisario no pone nombres a posibles aspirantes y se limita a reclamar un enviado "de renombre", con "honestidad" y con una "imparcialidad total", después de que fuentes diplomáticas citadas la semana pasada por la agencia oficial marroquí, la MAP, recriminasen los supuestos vetos al ex primer ministro rumano Petre Roman y al exministro de Exteriores portugués Luis Amado.

El borrador del planteamiento de un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo miércoles en Pleno Extraordinario solicita pedir expresamente a las Cortes Generales que "se deje sin efecto la supresión de competencias constitucionales" que se han visto afectadas por la reciente reforma aplicable a este órgano, que se encuentra en funciones. La reforma produce "un menoscabo en una de lasprincipales competencias que la Constitución le encomienda", que es la de nombramientos.

Así se señala en el texto, que de aprobarse se remitirá al Congreso de los Diputados tal y como exige la tramitación del mencionado conflicto de competencias. De no obtenerse satisfacción, según prevé este tipo de recursos, el conflicto se plantearía ya formalmente al Tribunal Constitucional (TC).

El borrador tiene 16 páginas y fue incluido como anexo en la carta de petición de convocatoria de Pleno por los ocho vocales que han obligado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a celebrar esta reunión el próximo miércoles.

De aprobarse tal y como ha sido redactado, el texto trasladará al Congreso de los Diputados que su reforma, al privar al CGPJ de una competencia --que le atribuye expresa y de manera exclusiva y excluyente la Constitución en el artículo 122.2 para nombramientos y para propuesta de nombramientos en el artículo 159.1--, está "menoscabando al Consejo competencias que la Constitución le confiere".

Añade que la reforma "ahonda en una concepción parlamentarista del CGPJ, viendo en él un reflejo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en un ámbito que debe ser ajeno a ello, todo lo cual provoca un enorme daño a la imagen de la Justicia en España".

En cuanto a la reforma en sí, el borrador plantea que no secomprende por qué razón se distingue un "haz de competencias yatribuciones que legítimamente han de corresponder al Consejo entrante orenovado y no al saliente", salvo que se considere que la composición del Consejo debe ser reflejo de la del Parlamento, cuestión que la Constitución precisamente trata de evitar, recuerdan, estableciendo periodos de mandato diferentes para la Cortes Generales y para el órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta que llevará este texto a debate supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un Pleno y la firman Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, todos ellos designados a petición del PP.

REIVINDICACIÓN DE SU INDEPENDENCIA

Lo que estos vocales pretenden mediante el ejercicio del denominado conflicto de atribuciones es recordar a los diputados que el CGPJ tiene como principal misión la de defender la independencia justicia, y que para ello la Constitución le dota de competencias específicas quela Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) desarrolla, entre ellas los nombramientos.

"El menoscabo de competencias que realiza la ley se compadece mal con la percepción de independencia judicial en un Estado de Derecho al quedar incorporada la acción legislativa en un contexto de bloqueos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial -añade el texto que se discutirá el jueves-. En suma, se está privando al Consejo General del Poder Judicial por parte del poder legislativo de una competencia que le atribuye expresa y de manera exclusiva y excluyente la Constitución en el artículo 122.2".

Estas dudas competenciales y con incidencia en el funcionamiento de los poderes del Estado son en sí mismas, añaden, "factores indeseables y requieren una decisión, llegado el caso, por el Tribunal Constitucional".

Para los proponentes, "resulta imprescindible desde el más alto nivel constitucional" clarificar qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no, porque "las lesiones que se están produciendo ante las incertidumbres en el ejercicio de competencias derivadas de la entrada en vigor de la reforma legal, son reales y efectivas".

Añaden que no se puede comparar la situación del Gobierno en funciones con la de un CGPJ en la que ha expirado el mandato, una situación que entienden también se podría aplicar con la misma justificación que se da para el CGPJ con relación a otros órganos constitucionales cuyo mandato ha vencido, como sucede conel Defensor del Pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES "INVASORES"

Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicándose antes al "órgano invasor" -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.

Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados indebidamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inadmitido una querella contra el vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que presentó un particular por el decreto con el que la Generalitat trató de aplazar elecciones catalanas del 14 de febrero.

El auto, rechaza esta querella que se presentó por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y falsedad documental.

En diciembre, Aragonès convocó las elecciones para el 14 de febrero después de la disolución automática del Parlament, y en enero firmó un decreto para dejar sin efecto esa convocatoria a causa de la crisis sanitaria.

El denunciante recurrió ese decreto que aplazaba las elecciones sin nueva fecha, y otra Sala del TSJC revocó de forma cautelar el decreto que suspendía el 14F, por lo que las elecciones finalmente se celebraron en la fecha inicialmente prevista.

La querella que ahora rechaza la Sala Civil y Penal supone la continuación de la petición de medidas cautelares con las que el denunciante logró el aval de la Sala Contenciosa del TSJC para revocar el decreto que aplazaba el 14F.

PODÍA APLAZAR LAS ELECCIONES

Según el denunciante, Aragonès no tenía competencias para suspender las elecciones, aunque el tribunal señala que tenía "capacidad ejecutiva" para aplazarlas.

El auto del TSJC apela a tener en cuenta las circunstancias de lo ocurrido y no considera que haya los "elementos necesarios" para abrir una investigación judicial.

Los magistrados no aprecian "arbitrariedad ni deliberada injusticia en la resolución ni voluntad del querellado de resolver al margen del ordenamiento jurídico".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 964 nuevos casos por infección de coronavirus, relativos al fin de semana, así como once fallecidos por esta causa.

Así, el viernes se registraron 493 casos, el sábado 337 y el domingo 134. Por provincias, Toledo ha registrado 397 casos, Guadalajara 255, Ciudad Real 211, Albacete 51 y Cuenca 50.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 183.738, según ha informado la Junta en un comunicado. Por provincias, Toledo registra 66.660 casos, Ciudad Real 45.171, Albacete 28.353, Guadalajara 24.630 y Cuenca 18.924.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 362. Por provincias, Toledo tiene 179 de estos pacientes (146 en el Hospital de Toledo y 33 en el Hospital de Talavera de la Reina) y Ciudad Real 78 (19 en el Hospital Mancha Centro, 18 en el Hospital de Ciudad Real, 15 en el Hospital de Valdepeñas, 13 en el Hospital de Puertollano, 10 en el Hospital de Tomelloso y 3 en el Hospital de Manzanares).

Guadalajara 68 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Cuenca 20 (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y Albacete 17 (11 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Almansa).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 70. Por provincias, Toledo tiene 25 de estos pacientes, Ciudad Real 20, Guadalajara 18, Albacete 4 y Cuenca 3.

Durante el fin de semana se han registrado 11 fallecidos, 6 en la provincia de Toledo, 3 en Guadalajara y 2 en Ciudad Real. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.908.

Por provincias, Toledo registra 2.165 fallecidos, Ciudad Real 1.706, Albacete 884, Guadalajara 617 y Cuenca 536.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Siete centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los siete centros, cinco están en la provincia de Toledo y dos en la provincia de Ciudad Real.

Los residentes con caso confirmado son 18. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.039.

Los Franco han solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que les conceda de "forma inmediata" un plazo "razonable", que estiman de un mes, para proceder a la retirada de "todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble".

"Con la sola excepción de aquellas que, eventualmente, se encuentren en él por haber sido colocadas por la propia parte actora", indica en referencia al Estado después de que tomase posesión del pazo de forma provisional en virtud de la sentencia dictada por este mismo juzgado.

La petición la hacen después de que la semana pasada la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito cautelar de los bienes muebles existentes en el interior del pazo.

Sobre lo trasladado al juzgado, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina ha ratificado que se refieren a todos los bienes, incluidos los que estén declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Este es el caso de las estatutas del Mestre Mateo, a las que se suman la biblioteca Emilia Pardo Bazán, que cuenta con la protección de un bien de este tipo tras iniciarse el año pasado el correspondiente expediente.

"Lo que está declarado BIC también es propiedad de mis clientes, la unica matización respecto al traslado de bienes que son BIC es que está sometido a la proteccion de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia", ha recordado el abogado, que ha avanzado que solicitarán el "oportuno permiso" a la Administración gallega.

ELIMINAR EL INVENTARIO

En su escrito, piden también que se ordene al Estado que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe la familia Franco a fin de proceder a la retirada de los bienes "que hay en su interior".

Además, plantean la "eliminación o supresión" de las actuaciones del inventario de bienes que se realizó, fechado en noviembre del año pasado, y que se llevó a cabo, expone, al amparo de unas medidas revocadas.

Plantean también que se ordene tanto al Estado, como parte demandante como a las instituciones que se adhirieron a la demanda --Xunta de Galicia, ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa-- "a que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada, de tales documentos".

"Y de todos y cada uno de los datos e informaciones que los mismos ponen de manifiesto en relación con los bienes existentes en el inmueble revindicado". Lo mismo solicitan en relación a las personas que participaron en la elaboración de los mismos. Por otra parte, remarcan que se reservan los derechos correspondientes en relación a la indemnización que pueden solicitar.

En concreto, la pasada semana, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña revocó el depósito de los bienes a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, determina que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General del Estado no incluye "mesas, vajillas, alfombras o cuadros" en una resolución contra la que no cabe recurso.

Lo hizo tras estimar el recurso presentado por la familia Franco, que ahora deberá ser "indemnizada" por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación. De esta forma, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

La Comisión Europea ha rechazado de nuevo conceder nuevas ayudas para ayudar al sector del vino, como reclama España y otra quincena de países, y ha confiado su recuperación a la reapertura de bares y restaurantes a medida que se levanten las restricciones contra la pandemia, al final de la disputa arancelaria con Estados Unidos y al uso de las medidas de flexibilidad ya aprobadas en el pasado.

Así se lo ha trasladado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a los ministros del ramo de la UE durante la reunión telemática de este viernes, en la que el titular español, Luis Planas, ha vuelto a hacer esta petición a Bruselas para ayudar al sector a superar la crisis provocada principalmente por el cierre de la hostelería y los aranceles de Washington.

"Soy consciente de que hay más peticiones para nuevas ayudas al sector. Soy bastante comprensivo al respecto, pero cualquier apoyo significativo sólo podría venir de la reserva de crisis y esto requeriría recortar los pagos directos de todos los productores", ha dicho el polaco en el encuentro, según el discurso que ha compartido la Comisión Europea.

Wojciechowski reconoce que el sector se encuentra en una situación "complicada" y avanza que Bruselas vigilará su evolución, especialmente cuando el impacto de las recientes "heladas" y de la próxima cosecha sea "más claro".

Sin embargo, el polaco aboga por entender estas "dificultades" como parte de un "espectro más amplio". En concreto, pide centrarse en "crear las condiciones para levantar con seguridad las restricciones actuales contra la COVID-19" y propiciar así la reapertura de la hostelería y el impulso del turismo.

También ha apuntado que tendría un efecto positivo que la UE llegase a un acuerdo definitivo con Estados Unidos para enterrar la disputa arancelaria a cuenta de los subsidios a Airbus y Boeing, respectivamente, que afectan también a exportaciones agroalimentarias.

UTILIZAR LAS MEDIDAS YA APROBADAS

En tercer lugar, el responsable de Agricultura del Ejecutivo comunitario ha llamado a "utilizar todas las herramientas y flexibilidades que se ofrecen actualmente" a través de la PAC para ayudar al sector del vino a responder a sus problemas de oferta.

Wojchiechowski ha enfatizado que la Comisión reacción "rápidamente" a la pandemia extendiendo el paquete de crisis del vino, el cual "ayudó a aliviar cierta presión". "En concreto, permitió que hasta 300 millones de euros se destinasen a medidas como el almacenamiento, la destinación de crisis o la cosecha verde", ha recordad.

Además, ha señalado que el reciente acuerdo informal entre Estados miembros y Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones sobre la reforma de la PAC para prorrogar hasta 2045 el régimen de autorizaciones de viñedo ha sido "enormemente aceptado" por el sector.

FONDOS EXTRAORDINARIOS

La respuesta del comisario de Agricultura, por tanto, es igual que la que trasladó durante la reunión de marzo de los ministros de Agricultura de la UE, cuando España y una docena de países reclamaron fondos extraordinarios para el sector del vino.

Antes de la videoconferencia de este lunes, Planas ha precisado que a la demanda se han unido recientemente Francia e Italia, lo que eleva a 16 el número de Estados miembros que han suscrito la petición del Gobierno español.

En un vídeo que ha compartido en su perfil de la red social Twitter, el ministro español ha admitido que el proceso de vacunación "va avanzando" y que las perspectivas "a corto y medio plazo son positivas" tanto para la sociedad en su conjunto como para el sector de la restauración, pero a pesar de ello sigue existiendo un momento "difícil" agravado además por las recientes heladas.

"Por tanto, una vez más, le vamos a reiterar a la Comisión (la petición de) fondos extraordinarios en relación con esta situación de este producto tan importante para nuestro sector agroalimentario", había anunciado Planas antes que empezase la reunión telemática.

En los últimos días han aumentado las voces que respaldan la suspensión de las patentes de tratamiento contra la Covid-19, entre ellas, las de 170 premios Nobel y exmandatarios, a las que ahora se suman 388 europarlamentarios y parlamentarios nacionales, y 34 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Salud por Derecho, que piden a la UE de cara a la reunión de la Organización Mundial del Comercia (OMC) del próximo 30 de abril, que se deje de bloquear la iniciativa y se ayude a salvar millones de vida en todo el mundo.

La propuesta, que fue impulsada en octubre por India y Sudáfrica, está respaldada ya por 103 de los 162 países que conforman la OMC y cuenta con el reciente apoyo de 388 miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) y de parlamentos nacionales de toda la UE; de 175 premios Nobel y ex jefes de Estado y de gobierno -como Joseph Stiglitz (Premio Nobel), François Holland (ex presidente de Francia), Mary Robinson (ex presidenta de Irlanda) o Jose Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente español); y del director general de la OMS.

"En España, cuya posición ha estado alineada hasta ahora con la de la Unión Europea, también se ha abierto el debate. Pedro Sánchez y Carolina Darias anunciaron la semana pasada la voluntad del Gobierno de "impulsar la discusión" sobre la suspensión temporal de las patentes", afirman en un comunicado.

"Son muchos los líderes europeos que en el último año han repetido que las vacunas deben ser consideradas bienes públicos globales, entre ellos, Pedro Sánchez. Sin embargo, no han pasado de las palabras a los hechos. Ahora tienen la oportunidad. El mundo necesita vacunas y para que puedan llegar a todas las personas es imprescindible que se aumente la producción", asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

"La suspensión de patentes es la opción más efectiva y real que tenemos en estos momentos a nuestro alcance. No podemos permitirnos seguir perdiendo vidas humanas por proteger los intereses de las empresas, los gobiernos están obligados a defender a las personas y salvar vidas. Eso es lo que pedimos hoy a la UE y a sus estados", añade.

Las organizaciones aseguran que las negociaciones que están teniendo lugar en las diferentes reuniones de los últimos meses "no han ido más allá del intercambio de aclaraciones y explicaciones adicionales". Por ello, piden a la UE que cambie su postura y promueva el debate entre los países que continúan bloqueando la iniciativa.

"Apoyar la exención de los ADPIC sería una de las formas disponibles más poderosas y eficaces para que los gobiernos demuestren su compromiso con la cooperación mundial y aumenten el acceso mundial a las vacunas", afirman, porque consideran que la producción de vacunas no puede dejarse, recuerdan, en manos de los mecanismos tradicionales y voluntarios.

"Iniciativas como COVAX o C-TAP _una iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la COVID-19 de forma voluntaria_ dependen en gran medida de promesas y compromisos que, en la mayoría de los casos, aún no se han materializado y, en cualquier caso, serían insuficientes para poner fin a la pandemia. Si la situación no cambia, los intereses y las ganancias de unos pocos determinarán el destino de la mayoría", denuncian las organizaciones.