El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este lunes que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) supone «la transformación integral del proceso penal» que se basa en dos principios, «la coherencia institucional y la armonización con el derecho de la UE».

Así se ha pronunciado Campo en la presentación por videoconferencia de las líneas generales de la LECrim a los miembros del Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Además, el ministro ha explicado que el anteproyecto está próximo a ser enviado al Parlamento para su debate.

Campo ha indicado que «este proyecto consagra definitivamente un cambio de paradigma, un nuevo proceso penal, posibilitando así un renovado encuentro entre la tradición y la modernidad». El titular de Justicia ha destacado el trabajo de sus tres últimos antecesores –Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá– pues «el actual texto resulta integrador, al basarse en las anteriores propuestas a la hora de construir la nueva norma, tomándolas como punto de partida y recogiendo e integrando tanto el espíritu como regulaciones concretas de ambos textos».

El ministro de Justicia también ha señalado que «es fundamental continuar con el impulso reformista que viene desarrollándose desde hace décadas».

En cuanto a las novedades que incorpora la nueva LECrim, ha destacado, entre otras, el tratamiento a las víctimas del delito, la situación de las personas con discapacidad y la de los menores en el proceso penal.

Respecto a las víctimas, el ministro ha deslizado que «se prioriza la salvaguarda de los derechos de esta, tratando de minimizar los efectos perjudiciales del proceso a través de una serie de medidas destinadas a evitar que la víctima se vea sometida a situaciones que puedan causarle un sufrimiento innecesario o desproporcionado».

Según Campo, el anteproyecto «innova al introducir una detallada regulación sobre la persona con discapacidad que es sometida al proceso como encausada». En esa misma línea, el ministro ha explicado que la futura norma regula la dispensa de los menores de edad y promueve la persecución de los delitos en los que la víctima sea un menor, suprimiendo como exención la obligación genérica de denunciar entre parientes próximos, cuando se trate de delitos de naturaleza personal cometidos contra menores de edad.

Por otra parte, el titular de Justicia ha señalado la trascendencia que tienen en el nuevo modelo de proceso penal la figura del juez y del fiscal constitucionales. «Sitúa al Ministerio Fiscal al frente de la investigación, mientras que refuerzan el papel del juez como órgano decisor durante las diferentes etapas del proceso», ha avanzado.

Para finalizar, Campo ha señalado que con la nueva LECrim se pretende «avanzar en la construcción de un sistema judicial no solo más coherente, moderno y eficaz, sino también más acorde con el modelo de juez y fiscal constitucionales».

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha cargado este lunes contra la izquierda «que solo entiende de protegerse a sí misma» y ha pedido acabar con las políticas de «marxismo ideológico».

Así lo ha señalado al participar en un acto en el distrito de Tetuán, al que se han acercado decenas de personas. «Lo importante en España se llama libertad pero, no nos dejemos engañar, la libertad tiene contenido, no solo una palabra que han esgrimido a lo largo de la historia política los unos y los otros», ha asegurado.

Frente a las políticas «liberticidas compradas muchas veces por la derechita cobarde», Ortega Smith ha propuesto «llevar a la Asamblea de Madrid la voz de la libertad» de los vecinos frente a la inseguridad generada por «bandas latinas», la inmigración ilegal y la ‘okupación’.

«Libertad es un estado fuerte que le dice a los ‘okupas’ un mensaje claro. Al ‘okupa’ patada en el culo en 24 horas y a la calle pasando primero por la prisión», ha defendido. «Libertad sí, pero para poder trabajar en libertad y poder prosperar en libertad, tenemos que hablar de la protección a la salud. ¿Cómo es posible que tengamos lo barrios llenos de narcopisos? La droga campa a sus anchas y nuestros jóvenes corren el riesgo de perder su vida por culpa de las mafias del narcotráfico», ha continuado.

Asimismo, ha señalado que los vecinos que no han cometido delitos, cumplen con sus obligaciones y no pertenecen a ningún colectivo político «beneficiado de los chiringuitos» no tienen derecho «ni a vivienda social ni a ayudas ni a protección de ningún tipo».

«LUCHAR CONTRA EL COMUNISMO»

Al hilo, Ortega Smith ha asegurado que los madrileños tienen que luchar no solo por sus barrios o por su nación sino para que «el comunismo retroceda». Cuando hay cultura, cuando la enseñanza es libre, cuando los padres pueden decidir que educación quieren para sus hijos, entonces esos hombres y mujeres jamás votan al comunismo», ha apostillado.

En esta línea, ha insistido en el comunismo quiere una sociedad «aborregada y desinformada» por eso «no permiten que los medios de comunicación cuenten la verdad en las calles».

Considera que Vox defiende «lo mismo» desde hace seis años. «Seguimos diciendo que las comunidades autónomas nos arruinan porque son un gasto innecesario, que hay que reducir el gasto político que nos hace desiguales, que hay que combatir la inmigración ilegal (…) seguimos diciendo que hay que levantar de los autónomos la losa fiscal, la burocracia», ha matizado.

Sobre los medios de comunicación, ha resaltado que «la inmensa mayoría se han puesto al servicio de la mentira en España». «Vox ha llegado a la política para romper los tabús y decir que la violencia no tiene género», ha subrayado.

También, ha aludido a la historia de España y ha pedido que «la dejen en paz en manos de los historiadores y no vengan a reescribir la historia de rojos y azules, siempre tergiversando». «La historia es historia y por mucho que se empeñen fue como fue, pero que dejen de enfrentarnos a los españoles», ha espetado.

DIFERENCIAS ENTRE VOX Y PP

A Ortega Smith le ha acompañado el que fuera diputado de Vox y número 4 en las listas de la formación para las próximas elecciones autonómicas, Íñigo Henríquez de Luna, que ha tratado en sus discursos las diferencias entre su partido y el PP.

También, ha señalado que realizarán una campaña «barrio a barrio y municipio a municipio frente a los intolerantes» que intentar «callarles», en referencia a un grupo de personas que se ha concentrado frente a la plaza donde estaban realizando el acto preelectoral con gritos como ‘Fuera fascistas de nuestros barrios’.

El diputado ha sostenido que obtendrán un «magnífico resultado electoral». «Tenemos que frenar a la izquierda que quiere coger Madrid para aplicar sus políticas socialcomunistas», ha afirmado.

De esta forma, ha destacado que es «cierto» de PP y Vox tienen «muchas cosas en común» pero que no son «exactamente lo mismo». Como ejemplo, ha citado que votarán a Vox las personas a las que les preocupe el «adoctrinamiento» de género, las que consideren que los fondos deben ir a la emergencia social, las que no quieren que se sigan abriendo centros de menas (menores extranjeros no acompañados) y que haya menos consejerías y diputados.

«El voto a Vox es el auténtico voto útil, es el voto que va a frenar a la izquierda el 4 de mayo. Si os cae bien Ayuso (presidenta de la Comunidad) porque copia las políticas de Vox, vota a Monasterio para que no dependa de Casado (líder del PP), ni de Génova 13″, ha manifestado Henríquez de Luna.

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena y Sender, ha explicado que el retraso en evacuar el informe de evaluación de la solicitud de construcción de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca) se debe a la «insuficiencia y deficiencias» en la calidad de la documentación remitida por la empresa, a juicio de los técnicos.

Serena i Sender ha comparecido ante la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para explicar las presuntas «presiones» de Berkeley y su entorno al organismo regulador nuclear para que dictamine si es favorable o no el proyecto de minería de uranio y procesado de concentrados de uranio.

No obstante, de los once informes establecidos y en los que trabajan 50 técnicos, aún falta tres de ellos. De estos, según ha añadido, dos ya están siendo analizados al contar ya con toda la información requerida y respecto al último, ha dicho que se ha recibido la información para su próximo análisis.

Aunque no ha querido detallar una fecha concreta respecto a cuándo estará listo el dictamen del regulador ha adelantado que le quedan «unos meses, no años». Ese informe es preceptivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico decida si otorga o no la autorización de construcción de la mina y en caso afirmativo, después faltaría la autorización de explotación de la misma.

Para explicar el retraso en la tramitación del expediente –que está en el regulador desde el año 2016 y que el propio organismo calculó que tardaría unos dos años en evaluar– ha explicado que dichas deficiencias o insuficiencias en la documentación remitida por la empresa ha obligado al cuerpo técnico a solicitar «en numerosas ocasiones en los últimos casi cinco años» información adicional sobre la seguridad nuclear y de la protección radiológica. La última, hace «apenas tres semanas«, ha dicho.

Esto conlleva, según Serena i Sender, que se suspenda el cómputo de los plazos administrativos previstos, de acuerdo con la ley. No obstante, recuerda que el CSN no tiene ningún plazo «por imperativo legal» para evacuar ningún informe. Por ello, aunque él mismo es «el primer sorprendido» por el «prolongado» periodo de tiempo de esta evaluación de autorización, ha defendido la rigurosidad e independencia de los técnicos que solo atienden a estos criterios y a «ningún otro» de índole política, económica.

En el proceso, asegura que se ha producido hasta 40 reuniones «documentadas» desde 2016 con Berkeley para «clarificar dudas» sobre el proyecto lo que ha provocado retrasos «mes a mes» sin que pueda achacarse a un retraso «intencionado» o a «falta de profesionalidad» como «parecían insinuar» algunas de las cinco cartas recibidas desde 2019 por el presidente del regulador, quien decidió poner en conocimiento de la Comisión parlamentaria las mismas al considerarlas «impropias».

«Durante esos 4 años ha habido y sigue habiendo una demostrada y demostrable continuación de la evaluación de esta solicitud, sin tiempos muertos, más allá de las interrupciones de plazo que genera el titular», ha apostillado al tiempo que insiste en que lo importante no es el plazo sino emitir un informe riguroso, algo que ocurrirá cuando la dirección técnica y la secretaría general consideren que la propuesta de dictamen está terminada.

«Les garantizo que el CSN ha cumplido plenamente y sigue cumpliendo con la normativa vigente en relación con la solicitud de Berkeley de autorización de construcción de la citada planta de Retortillo formulada en 2016, no habiendo incurrido ningún tipo de irregularidad o incumplimiento en cuanto a los plazos de tramitación se refiere», ha sentenciado.

Por otro lado, ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha pedido al CSN que le informe del estado de tramitación, de las dificultades identificadas y de la fecha del informe definitivo, a lo que Serena i Sender ha dado ya orden de que se preparen las respuestas para el Ministerio.

CARTAS IMPROPIAS

Sobre las cartas recibidas, valora que las cinco incluyen «solicitudes y advertencias impropias» relacionadas con un proceso de licenciamiento de «gran envergadura y complejidad» y que es «totalmente novedoso en España».

En su opinión, las misivas son «inaceptables» porque insinúan que el CSN toma sus decisiones «atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas y no exclusivamente técnicas».

Respecto a los avisos de reclamaciones en los tribunales manifestadas por los servicios jurídicos e inversores de Berkeley, Serena i Sender insiste en que no es responsabilidad del regulador y quiere que «la independencia, credibilidad y el buen hacer técnico del organismo queden fuera de toda duda. «El Consejo tomará sus decisiones con absoluta independencia de cualquier poder y lo hará en función de rigurosos criterios técnicos», ha prometido.

En la comisión, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés, ha recordado al interviniente que la nueva ley de cambio climático prohibirá la prospección y explotación de minería de uranio por lo que la tramitación administrativa del proyecto «en este caso tendría una consideración en la no autorización final».

Desde Unidas Podemos, el diputado Juan López de Uralde ha agradecido la «transparencia» del presidente del regulador al poner en conocimiento del Parlamento las citadas cartas de «empresas que tratan de presionar» de forma impropia — un «lobby intolerable»–, después de «años de oscurantismo» en el regulador.

A su juicio, la mina de Retortillo es «el mayor atentado ecológico que pende sobre el territorio nacional en este momento» y ha solicitado a Serena i Sender que la institución no ejerza de «consultora» de una empresa privada con recursos públicos, de modo que en su opinión, cuando una entidad traslade mala o insuficiente información se debería «cerrar la carpeta» de la solicitud de autorización.

Por su parte, el diputado de VOX Pedro Jesús Requejo ha afeado al CSN el retraso acumulado, ya que la empresa lleva desde 2010 intentando abrir una mina de uranio, una «actividad legal en España» y que en este periodo ha obtenido unas 120 autorizaciones y se ha sometido a una «auténtica jungla burocrática».

Después de un retraso de 4,5 años, para el diputado es «normal» y «justificado» que la empresa pregunte qué ocurre con el informe ya que ha invertido 94 millones de euros en el proyecto y contratado a 30 personas hasta la fecha, del millar de empleos previstos.

En su intervención, el diputado de grupo popular José Alberto Herrero ha recordado al presidente del regulador que efectivamente su papel es el de ser «independiente solo con los criterios técnicos» y ha añadido que el PP «no va a permitir que con su permisividad y demora, devalúe al CSN un órgano de los más prestigiosos del mundo».

Para el diputado, entre las obligaciones de Serena i Sender está también la de informar, colaborar y agilizar los trámites administrativos y legales. «Usted viene aquí a denunciar aquí falsas injerencias cuando han sido los grupos de la izquierda de este país los que intentaron boicotear a base de mentiras la ampliación de explotación el proceso de renovación de Garoña», ha espetado el diputado, que considera que en este caso solo se ha producido un requerimiento del promotor del proyecto para poner en marcha un proyecto «fundamental» para Salamanca en materia de empleo y riqueza.

Los eurodiputados de Unidas Podemos han remitido un escrito a la Comisión Europea para denunciar la «persecución política» que sufre, a su juicio, la activista Helena Maleno por parte de las autoridades de Marruecos y solicita que se garantice su «protección», así como la reparación de sus derechos tras su deportación.

Así lo trasladan, en una misiva dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinás, los europarlamentarios Sira Rego, María Eugenia Rodríguez Palop, Idioia Villanueva, Manu Pineda y Ernest Urtasun.

Maleno ha denunciado este lunes que ha sufrido «una deportación violenta y hostigamiento» por su labor en la defensa de los derechos humanos, después de que el pasado 23 de enero le fuera denegada la entrada a Marruecos, país en el que reside con sus hijos desde hace 18 años.

Periodista e investigadora especialista en inmigración y trata de seres humanos, Malena colabora como activista en la ONG ‘Caminando Fronteras’ y es reconocida internacionalmente, principalmente, por su labor alertando a Salvamento Marítimo –por teléfono o redes sociales– de la presencia en el mar de pateras, con el objetivo de que se activen los diferentes protocolos para su rescate.

PIDEN QUE LA UE REACCIONE A SU CASO

En su escrito, los eurodiputados de Unidas Podemos aseguran que la actividad de Maleno lleva años siendo «criminalizada», poniendo como ejemplo una causa judicial que se le abrió en 2018 luego fue archivada, y que desde abril de 2020 denuncia haber sufrido «37 ataques», incluyendo «escuchas telefónicas, persecución policial y hasta dos asaltos a su vivienda familiar».

Por su parte, recuerdan que la UE ha colaborado «activamente» con la política migratoria marroquí y ha financiado diferentes proyectos relacionados con este área por valor de 343 millones de euros.

«Esta vulneración se enmarca en la situación de constante violación de los derechos humanos que se vive en Marruecos, en el marco de unas políticas migratorias que cuentan con el apoyo de UE», manifiestan en su escrito sobre el caso de Maleno.

Por todo ello, instan a «acabar con el apoyo europeo a las políticas que suponen una violación de los derechos y, como demuestra el caso de Helena Maleno, conllevan «persecución y represión de los activistas de derechos humanos».

A continuación, exigen que la UE no puede seguir siendo «cómplice» de la «persecución política de una defensora de los derechos humanos» y «debe garantizar su protección y reparación de los daños que ha sufrido».

Mientras, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que Helena Maleno «ha sido víctima de las cloacas y criminalizada en Marruecos y España por defender los derechos humanos en la frontera sur».

Norbert Feher, alias Igor ‘El ruso’, presunto autor del triple crimen de Andorra, ha declarado que el 14 de diciembre de 2017 tuvo que disparar contra los agentes de la Guardia Civil, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, porque tenía que salvar una Biblia que llevaba dentro una mochila que había dejado en el vehículo que robó al ganadero José Luis Iranzo, y con el que pretendía huir. Así ha señalado en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Teruel, lo siguiente: «No tenía intención de matarles, tenía mi Biblia en el coche, no la podía dejar, por eso no huí, no tenía otra manera de recuperar la Biblia».

Feher ha declarado esta tarde en italiano, con la ayuda de una intérprete, aunque ha contestado alguna pregunta en español, y ha entrado en contradicciones respecto a la declaración que prestó en el Juzgado de Alcañiz cuando fue detenido. El acusado, en referencia a los agentes de la Benemérita, ha señalado lo siguiente: «No tenía intención de matarles porque sino les hubiera disparado a la cabeza y si no hubiera sido por la Biblia que había puesto ya en el coche habría huido y estarían vivos».

Para él, la Biblia es un «libro sagrado, es la salvación» y ha llegado a decir que «el cuerpo es un contenedor y lo que es inmortal es el alma».

El letrado de la acusación particular, Ramón Castro, que representa a los padres y hermanos de Víctor Jesús Caballero, ha preguntado al acusado cuál fue nivel de amenaza percibió cuando se acercó el coche de la Benemérita, y ha contestado «nivel 5». En ese momento no tuvo otra manera de recuperar la Biblia nada más que disparando: «No quería matarles, solo dejarles fuera de combate, yo no he disparado a nadie por la espalda, siempre lo he hecho de frente».

Feher ha aseverado que desconocía que eran guardias civiles las dos personas que llegaron en un coche al ‘Mas del Zumino’, y que lo supo más tarde al mirar la documentación de uno de ellos que estaba en una mochila que había cogido de este vehículo. Disparó contra ellos con una Beretta y con una Smith & Wesson.

«LE DÍ PRIMERO EN EL BRAZO»

La misma tarde de ese 14 de diciembre, pocos minutos antes, había disparado también con el ganadero y agricultor, José Luis Iranzo. Su padre oyó disparos que procedían de la finca y avisó a la Guardia Civil, que llegaron a la zona en tres vehículos, y uno de ellos, el de Romero y Caballero, acudió al ‘Mas del Zumino’ a identificar a la persona o personas de un coche pickup que tenía las luces dadas.

A preguntas del letrado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, Feher ha dicho que el 13 de diciembre entró por primer vez en el ‘Mas del Saso’ porque estaba buscando un rifle de gran calibre que creía que alguien guardaba allí, y accedió por la puerta que estaba abierta. Como no lo encontró se llevó unas bebidas y una tienda de campaña, regresando al día siguiente para ver si se había dejado un cinturón con municiones que se le había extraviado.

En esa segunda ocasión penetró al interior de la finca forzando una ventana. Sobre las 18.30 horas, José Luis Iranzo llegó a su masico y Feher vió las luces del coche. «Le disparé desde dentro a fuera y le dí primero en el brazo, no pensé en dispararle solo hacer un disparo al aire, no le disparé nada más verle». El acusado ha añadido, a preguntas de la fiscal, que el primer disparo fue «a modo de aviso» y que tuvo que disparar de nuevo porque quería salir de allí y «a modo de autodefensa

Igor ‘El ruso’ efectuó dos disparos a Iranzo con una Beretta, que había robado el 30 de marzo de 2017 en Ferrara (Italia) a un agente de policía provincial, al que hirió de gravedad tras matar a otro agente. Por estos hechos pesa sobre él una condena de cadena perpetua.

En un principió, Feher, según su propia declaración creyó escuchar el ruido de un arma, pero luego vió que Iranzo no llevaba ningún arma, aunque portaba algo en la mano. «Si hubiese llegado Iranzo tres o cuatro minutos más tarde no hubiera pasado nada», ha apostillado, indicando que el ganadero se desplomó cerca de su vehículo.

A continuación, se apoderó del coche de Iranzo, un Mitsubishi pickup, con el que se trasladó al ‘Mas de Zumino’, con la finalidad de cargar este vehículo con las cosas que tenía allí e ir en dirección a la Comunidad Valenciana donde tiene algunos amigos.

Fue en este masico donde se produjo el tiroteo con los dos agentes de la Guardia Civil, pero ha negado que disparará contra ellos directamente, había mucha oscuridad. Cuando vío que se había acercado un Nissan, el vehículo que llevaban Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, Feher pensó que venía el dueño del masico, y dejó las cosas que estaba cargando en el pickup en el suelo.

EMPEZÓ A DISPARAR COMO UNA METRALLETA

Se situó detrás del Nissan, del que bajaron dos personas con armas en la mano y que había escuchado el ruido de cómo las cargaban. Empezó a disparar contra ellos con las Beretaa y la Smith & Wesson «como si se tratara de una metralleta».

Ha continuado diciendo que como los agentes le disparaban, él disparaba también, y que llegó a efectuar unos veinte disparos. Cuando el acusado se fue de allí, los guardias civiles «estaban vivos», ha aseverado. Después robó la pistola Beretta de uno de los agentes, sus teléfonos móviles, cargadores, unos grilletes, y otros efectos que encontró en el Nissan.

Conduciendo el pickup, que tenía intención de abandonar cerca de Castellón, para que pudieran localizarlo, tuvo un accidente en la A-226 porque se pinchó una rueda del vehículo, se salió de la carretera, volcando en la cuneta. Entonces cargó las cosas en su bicicleta y se paró a descansar al lado de un árbol. A las 2.45 horas del 15 de diciembre fue detenido por la Guardia Civil, y llevaba encima dos pistolas, una de ellas cargada, y un cuchillo de grandes dimensiones.

Igor ‘El ruso’ ha agregado que también tuvo una mala experiencia en el Pirineo catalán con unos cazadores, hechos que no denunció, y ha referido que vivió una experiencia traumática en Serbia, en el año 1999 con los bombardeos. «La gente moría a mi alrededor, había muchas víctimas, viví eso; me traumatizó pero también me hizo más fuerte». Al ser preguntado por el abogado de la viuda de Víctor Romero si padece ansiedad, ha espetado: «La ansiedad es la enfermedad de los débiles.

Feher ha asegurado: «No tenía nada contra estas tres personas, ha sido el destino, han sido casualidades».

El Ministerio Fiscal solicita, en sus calificaciones provisionales, una peña de 25 años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos, dos de ellos, los de los agentes de la Benemérita, en concurso con delito de atentado, y en el caso de que sea condenado por estos tres delitos, la prisión permanente revisable. Por el delito de tenencia ilícita de armas, 3 años de prisión, y cuatro años por cada uno de los tres delitos de robo con violencia, además de indemnizaciones a los familiares de los fallecidos.

Uno de los letrados de la acusación particular, Mariano Tafalla, en nombre de la viuda de Víctor Jesús Caballero y de los padres y hermanos de Víctor Cabellero estima que Feher pertenece a una organización criminal.

El juicio contra Norbert Feher, que se celebra con jurado, continuará este martes con el testimonio del padre de José Luis Iranzo, y de varios guardias civiles.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este lunes por mantener la cooperación, la colaboración y el trabajo en red entre todas las administraciones para hacer frente a los momentos tan complicados que atravesamos provocados por la pandemia, al mismo tiempo que ha incidido en que más que nunca hace falta serenidad, altura de miras y políticas de Estado si queremos salir de esta situación.

«O aprovechamos los dos próximos años o lo vamos a lamentar las próximas dos décadas», ha sentenciado.

Moreno, que ha participado en Madrid en la conversación ‘La Agencia Digital de Andalucía, ejemplo de transformación’ enmarcada en las jornadas Wake Up,Spain! organizadas por el diario El Español, ha afirmado que a raíz de la pandemia estamos viviendo unos momentos de gran incertidumbre en los que Andalucía ha apostado por mantener el equilibrio entre la protección de la salud de los andaluces y una apertura económica que no asfixiara a los sectores productivos.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno andaluz ha sido prudente intentando dar un paso por delante en la pandemia, pero sin tener que llegar a una situación de cierre total como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, según ha informado el Gobierno andaluz por medio de una nota.

Cuando se resfriaba la economía en España, Andalucía cogía una pulmonía y ahora mientras que en España ha caído en dos dígitos, en nuestra comunidad la caída ha sido menor», ha afirmado el presidente andaluz, quien la ha cifrado en siete décimas menor.

Moreno, que ha manifestado que Andalucía tiene retos muy importantes por delante, ha incidido en que la digitalización es un problema común que no sólo afecta a esta comunidad, sino a toda España porque aún estamos lejos de lograr ese gran objetivo.

De este modo, ha puesto en valor la trasformación digital de esta comunidad que, según ha dicho, va a contribuir a su revitalización económica y social, al mismo tiempo que ha apuntado que uno de los objetivos del Gobierno andaluz es hacer de ella una región líder en Transformación Digital convirtiéndola así en una maquinaria muy eficiente, sostenible medioambientalmente, más atractiva y útil para dinamizar la economía y a la vanguardia en automatización inteligente.

En este punto, ha apuntado que la pandemia ha supuesto un importante salto en la digitalización ya que se ha producido un cambio cultural fruto de la necesidad como ha sido la adaptación del teletrabajo que ha conllevado un reto para la Administración y también para los trabajadores.

Es aquí donde ha destacado iniciativas importantes como es la APP de carpeta ciudadana o los sistemas de consulta de información.

El presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que la digitalización está generando una gran transformación del sector agroalimentario en Andalucía y ha insistido en que a medida que se han introducido elementos de formación todos han visto que esto no supone una amenaza para el trabajo, sino que ello conlleva más empleo y valor añadido.

Sobre la red 5G ha apostillado que desde Andalucía se va a hacer una potente inversión con los distintos operadores y administraciones con el argumento de que «no puede haber ciudadanos de primera y de segunda», por lo que ha considerado fundamental poder competir con otros territorios y contar con una banda ancha que permita llegar y cambiar información.

El presidente de la Junta de Andalucía ha reiterado que Andalucía tiene una gran oportunidad en material de sostenibilidad medioambiental y energías renovables, ya que está llamada a ser de las primeras potencias y regiones en producción energética renovable en Europa y todas esas potencialidades hacen que tenga un futuro muy positivo.

«Está habiendo un comportamiento por parte de los ciudadanos que se muestra más versátil, creándose sinergias entre la Administración y los administrados, siendo éste el presente y el futuro no sólo en Andalucía, sino en España y en el mundo», ha aseverado.

PÉRDIDA DE 1,3% EN EL PIB POR RETRASOS CON FONDOS NEXT GENERATION

El presidente andaluz ha afirmado que los Fondos Next Generation han generado una gran expectativa, aunque ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda este miércoles al Congreso de los Diputados y que Andalucía no cuente aún con una información precisa y detallada, lo que, sin duda, va a retrasar la llegada de éstos.

«El retraso en la aplicación de estos fondos puede suponer que perdamos en torno al 1,3% del PIB. Debemos trabajar coordinados, con claridad y con mucha lealtad institucional, aunque lamento que eso no se haya producido con Andalucía», ha añadido.

A este respecto, ha indicado que todos debemos hacer autoevalución en cuanto a la gestión de los fondos europeos, a la vez que ha calificado de «sonrojante» el hecho de tener que devolver fondos porque no se han sabido gestionar en tiempo y en forma.

Moreno ha aseverado que en Andalucía se ha producido un acelerón en relación con esta cuestión y ha apostado por reforzar las unidades administrativas vinculadas a la ejecución porque, según ha dicho, muchas de ellas tienen falta de personal, ante lo que ha recordado que se va a contratar a unas 3.000 personas para reforzarla y que se va a introducir la inteligencia artificial en muchos elementos administrativos porque ello resume y simplifica muchas horas de burocracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy a la Permanente de la Ejecutiva de su partido, que se ha reunido esta mañana, que España será el país europeo más rápido en vacunar a la población y que en las elecciones a la comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo hay que apretar, pero ‘hay partido’.

La reunión de esta mañana no ha sido muy larga, dado que el presidente del Gobierno tenía a primera hora una intervención en el Foro organizado por El Español ‘Wake up Spain’ y, después de la Ejecutiva, presidía en Moncloa una reunión de trabajo con la Junta de Gobierno de la American Chamber of Commerce in Spain, junto con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Durante el encuentro con sus colegas de la dirección del PSOE, Pedro Sánchez se ha mostrado muy optimista en cuanto a lograr el objetivo que se ha marcado de tener vacunada para septiembre al 70 por ciento de la población española.

Según las fuentes consultadas, ha precisado que, sin contar con la vacuna de AstraZéneca, van a llegar a España desde ahora hasta septiembre, 70 millones de dosis de vacunas. La próxima, además de las que ya se están dispensando –Pfizer, Moderna y AstraZéneca– será la de Jansen y muy pronto, ha asegurado, estará también disponible la de Curevac, la vacuna desarrollada por Alemania.

También ha apostado por preservar la unidad europea en la compra de las vacunas, tras la negociación emprendida por algunos países como Alemania o la Comunidad de Madrid, para comprar la vacuna rusa Sputnik. De esta última ha afirmado que ni siquiera está claro que la Agencia Europea del Medicamento la apruebe.

Pedro Sánchez ha explicado que ahora está centrado en que la población sea vacunada lo más pronto posible y en la recuperación económica. Ha destacado, en este sentido, que la capacidad de vacunación que se está desarrollando en este momento no la tiene ningún país del mundo, con un ritmo de vacunación del 1,7 por ciento al día frente al ritmo del 1 por ciento diario que ha llevado a cabo el Reino Unido.

Fuentes socialistas apuntan a que pronto se podrá llegar a una velocidad de unos dos millones y medio de personas vacunadas a la semana, con el fin de cumplir el objetivo marcado por el Ejecutivo de llegar a 33 millones de españoles vacunados a finales de agosto.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado a sus compañeros de partido que la derecha ha fiado todo a que no sería posible la vacunación a ese ritmo, es decir, que lo ha fiado todo a la desgracia, según han apuntado algunas fuentes, pero cree que con la vacunación masiva la situación puede darse la vuelta.

Sin embargo, las fuentes consultadas no creen que de tiempo a que la vacunación haya alcanzado cotas muy elevadas antes de que se celebren las elecciones de Madrid el próximo 4 de mayo, a pesar de imprimir un ritmo de vacunación tan rápido porque faltan menos de cuatro semanas para los comicios.

Pero Pedro Sánchez ha asegurado a los suyos que en estos comicios «hay partido» y les ha pedido que aprieten, aunque ha manifestado que él está centrado en la campaña electoral de la comunidad y en vender las actuaciones y propuestas en positivo.

Las fuentes socialistas consultadas han asegurado que el mayor elemento de incertidumbre es si Ciudadanos logra entrar o no en la Asamblea de Madrid. Si no lo consigue, aseguran, el PSOE tiene muchas posibilidades de gobernar porque la cosa va a estar «muy justa». En cualquier caso, estas fuentes añaden que si el partido naranja saliera del parlamento regional, sería un hecho sin precedentes en la democracia española porque pasaría de tener 27 escaños a cero.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abriendo la puerta a subir Patrimonio y Sucesiones confirma el «infierno fiscal» que espera a los ciudadanos. «Sanchismo o Libertad», ha proclamado, adaptado así el lema de campaña que están utilizando los ‘populares’ en la campaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

La ministra ha dicho que espera que las subidas del impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, estos últimos tributos cedidos a las comunidades, puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, atendiendo a las recomendaciones que trasladen los 17 expertos que abordarán la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo y cuyo comité se ha constituido este lunes.

Antes del acto de presentación de dicho comité de expertos, ha admitido que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios. «Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», ha señalado Montero.

«ÉCHENSE LA MANO A LA CARTERA»

El líder del PP ha respondido a esas declaraciones de ministra de Hacienda, haciéndose eco de las informaciones que subrayan que Montero desmonta la promesa electoral del propio candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de no subir impuestos antes de 2022.

«Échense la mano a la cartera. Este es el infierno fiscal que nos espera», ha proclamado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde además ha adaptado el lema de campaña «Comunismo o libertad» de Isabel Díaz Ayuso para emplear el de «Sanchismo o Libertad».

EL PP LLAMA «MENTIROSO» A GABILONDO

La propia presidenta madrileña ha comentado esa subida fiscal apuntada por la ministra de Hacienda. «Caretas fuera», ha puesto también en Twitter. Desde la cuenta del PP de la Comunidad de Madrid han afirmado que el PSOE «subirá los impuestos en Madrid». «Gabilondo, mentiroso», ha exclamado.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y director de campaña de Ayuso, Alfonso Serrano, ha afirmado que ya sabían que Gabilondo «miente». «Que hasta su propio partido le descubre las mentiras es algo nuevo. O sablazos fiscales o Ayuso», ha resaltado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende el actual sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien propone mejoras como el «fortalecimiento» de la evaluación de los 20 candidatos por una comisión en cada una de las cámaras. En el actual modelo los únicos obligados a comparecer ante las comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, según qué Cámara los designe, son los ocho vocales que se eligen entre juristas de reconocido prestigio, mientras que los 12 de origen judicial se libran de este trámite ante los diputados.

Fuentes ministeriales han señalado que el planteamiento de Campo es general, pues no se refiere a un diseño concreto de nueva Comisión, un asunto que estaría abierto al debate. También propone Campo como mejoras «dar un mayor protagonismo a los jueces en la designación (proponiendo un número menor de candidatos) y «reforzar el consenso» en la toma de decisiones, exigiendo mayorías de tres quintos para los altos nombramientos.

Estas propuestas las hace Campo en un hilo de Twitter en el que habla del Poder Judicial y, sin citarla expresamente, responde a la iniciativa de tres asociaciones judiciales de llevar a la Comisión Europea la última reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada a instancia de PSOE Y Podemos, y que priva al Consejo de realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones.

Frente a las criticas de más de 2.500 jueces, que denuncian un menoscabo en su independencia y llegan a hablar incluso de «grave atentado al Estado de Derecho», Campo tira de argumentario y defiende, al igual que ha hecho en otras ocasiones, que España es una democracia plena y existe separación de poderes e independencia d e los jueces, algo que «ellos mismos así consideran» según las encuestas realizadas en el seno de la propia Carrera judicial.

Justicia no tiene constancia oficial del escrito, en el que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian ante la Comisión Europea lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la UE la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

«Sobre el Poder Judicial lo puedo decir más alto, pero no más claro», afirma Campo al inicio del hilo, para continuar defendiendo la existencia de separación de poderes, y la democracia plena en España «según todos los parámetros internacionales».

Para el ministro, «el sistema de doble legitimación en la elección de los miembros del Poder Judicial es tremendamente robusto y democrático», a lo que añade un emoticono que representa brazo fuerte. «Los jueces proponen a los candidatos y el Parlamento los elige de esa lista», añade

EL PROBLEMA ES EL PP

El «problema que hay», continúa Campo, es el bloqueo propiciado por «quienes se resisten a esa renovación», señalando, aunque sin citarlo, al Partido Popular, sin cuyo apoyo no existe acuerdo parlamentario que sustente la renovación.

«La Constitución establece un mandato de los vocales de 5 años, no renovables -añade-. Un Consejo en funciones es víctima de un debilitamiento de su legitimidad». Termina insistiendo en que la única vía es el «exigido consenso para la renovación que reclama la Constitución», sin hacer mención alguna a la reciente reforma del CGPJ que critican las asociaciones.

Más de 270 personas de Brasil, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Italia, Alemania, Senegal y España participan en el Congreso Internacional ‘Mujer Excepcional. Cincuenta años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús’, que se celebra para conmemorar el aniversario de la mística abulese.

El obispo de Ávila y Gran Canciller de la UCAV, José María Gil Tamayo, se ha mostrado felices con este acontecimiento con el que ponen «de actualidad el mensaje y testimonio» de Santa Teresa de Jesús, «una mujer excepcional».

Y ha destacado la importancia de trasladarlo a la sociedad abulense, además de incidir en mirar a Santa Teresa desde la necesidad de «espiritualidad». «Algo que se vive con motivo de la pandemia con una crisis de cansancio psicológico», ha añadido.

Gil Tamayo, que permaneció más de un mes ingresado por Covid, considera que no basta con las medidas sanitarias y las vacunas «que necesitamos» y ha animado a la población a inocularse al igual que él ya lo ha hecho con AstraZeneca. El obispo considera importante aprender a vivir de otra manera y recobrar el sentido de la vida profunda.

«Los que hemos sufrido la covid de manera grave nos ha influido en nuestra vida. Entre las cosas importantes está Dios y Santa Teresa nos enseña eso que nos pide el Papa en su mensaje, ya que ella consiguió no solo anticipar el cielo, sino traerse el cielo a la tierra», ha agregado.

«Nos puso a Dios a nuestro lado con su mensaje, con su enseñanza y con su vida. Estamos tan necesitados de motivos profundos y espirituales. El ser humano no solo busca medios de vida y sobrevivir, busca razones por las que vivir y Santa Teresa tiene muchas», ha expresado.

TIEMPOS DIFÍCILES

Por su parte, la rectora de la UCAV, María Rosario Sáez Yuguero, ha hablado de los «tiempos difíciles» actuales, «parecidos a los que tocó vivir a Santa Teresa».

«Y ella con una enorme espiritualidad y unión con Dios, fue una mujer como pocas ha habido con los pies en el suelo, con gran capacidad de relación con los hombres tanto como con Dios, y una de las primera santas capaz de escribir y hacer comprender esos fenómenos místicos sin haber estudiado Teología», ha añadido.

Por su parte, la directora del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila y presidenta del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lydia Jiménez, ha recordado que se ha trabajado mucho para que el claustro de profesores y los alumnos conocieran quién es la titular de la UCAV, «que es Santa Teresa de Jesús».

El PP ha defendido este lunes la «movilización» en Europa de más de 2.500 jueces por el «ataque a la independencia judicial y el Estado de Derecho». A su entender, «hay mucho en juego» y hay que defender el Poder Judicial porque de la división de poderes depende la democracia española.

Así se han pronunciado el líder del PP, Pablo Casado, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario de Justicia e Interior y consejero madrileño, Enrique López, tras la decisión de esos jueces de acudir a Europa por la «violación del Estado de Derecho» en España.

En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

El presidente del PP ha subrayado que debe «cesar ya» el «ataque» del Gobierno a la separación de poderes después de que esos 2.500 jueces haya alertado a la UE de la «violación grave del Estado de Derecho» y «el camino hacia el totalitarismo y la corrupción» de la reforma judicial de Sánchez.

Además, Casado he emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aceptar la propuesta del PP de «reforzar la independencia judicial», una iniciativa que los ‘populares’ han fijado precisamente como condición para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«HAY MUCHO EN JUEGO»

Por su parte, Gamarra ha indicado que «ante el ataque a la independencia judicial» y «al Estado de Derecho» es «necesaria la máxima movilización en Europa. «Hay mucho en juego», ha asegurado la portavoz ‘popular’ en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, Enrique López ha afirmado que «el ataque del Gobierno Sánchez al Poder Judicial es una afrenta constitucional sin precedentes». A su entender, hay que defenderlo porque está conformado por profesionales independientes que merecen todo el respeto.

«De la garantía de la división de poderes depende nuestra democracia», ha alertado el dirigente ‘popular’ en un mensaje en la misma red social ante esa movilización de más de 2.500 jueces españoles en Europa.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha acusado este lunes a la presidenta regional y candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «hacer política con las vacunas».

A preguntas de la prensa sobre si no hay vacunas para continuar el proceso de inmunización en los hospitales de la zona Sur, la vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo regional de recurrir a «falsedades». «No es verdad el mantra de que ‘no seguimos vacunando en el Sur porque no hay vacunas», ha explicado.

«Sencillamente –ha agregado–, la Comunidad ha decidido hacer política con la pandemia y con las vacunas».

Tras ello, ha manifestado que «no hay nada más inaceptable para un gobernante que hacerlo esto a una población», después de precisar que otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP «no están en esto».

«Estamos asistiendo a una especie de utilización de la salud y de la tranquilidad de los madrileños al servicio de una política de frivolidad inaudita», ha declarado.

En este punto, Carmen Calvo ha concluido que la gestión en Madrid «no responde al deseo de proteger a los madrileños, sino que ofrece a otras cuestiones».

«JUEGO A CONTRAMANO»

Además, ha admitido que es «difícil afrontar con una vacuna la inmunización de una sociedad», pero ha agregado que si a eso «le añades el juego a contramano continuo que hace la Comunidad de Madrid al el Gobierno de España, le añades un plus de inestabilidad que los madrileños no se merecen».

Calvo ha realizado estas declaraciones en una acto con el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada al que ha asistido el alcalde, Javier Ayala, así como miembros de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista local.

La Asociación de Fiscales (AF) presentará un recurso contra el nombramiento del fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo contra el narcotráfico en la Zona de Campo de Gibraltar. El fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, ya hizo pública su discrepancia con la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, de realizar este nombramiento «ilegal e improcedente».

Según la nota de prensa hecha pública este lunes por la asociación de fiscales, el recurso se presenta «a fin de que los Tribunales determinen si dicho nombramiento ha sido efectuado sin respetar las funciones que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) reserva a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional».

El propio Noreña salió a principios del mes de marzo al paso de noticias difundidas en algunos medios de comunicación en las que se le acusa de una falta de eficiencia en la zona de Campo de Gibraltar que ha obligado a la fiscal general, Dolores Delgado, a nombrar a Zaragoza como refuerzo.

Según el decreto de designación, el actual fiscal del Supremo desarrollará esta labor en cooperación y «sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación».

Fuentes fiscales mostraron su sorpresa por el comunicado de Noreña, y señalan que el origen del desencuentro puede encontrarse en las formas utilizadas por Delgado para realizar la designación del fiscal de refuerzo, ya que no se comunicó convenientemente al actual jefe de Antidroga.

En todo caso, las mismas fuentes coinciden con la fiscal general en la necesidad de propiciar un refuerzo de la coordinación con Madrid, la Audiencia Nacional y la actividad fiscal en la zona.

Frente a estas informaciones, Noreña aduce que la Audiencia Nacional carece de competencias propias para investigar y juzgar delitos de blanqueo de capitales que no estén directamente vinculados a un tráfico de drogas competencia de dicha Audiencia –artículo 65 LOPJ–, por lo que no es factible tratar de que asuman aquellas investigaciones si no concurre tal conexión.

UPF REPROCHA «INTERESES PARTICULARES»

Tras conocer la decisión de la AF –la mayoritaria en la carrera fiscal-, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha salido en defensa de fiscal Zaragoza. «Defendemos en esa idea de fiscalía moderna, el valor y la capacidad de compañeros como Javier Zaragoza, y el de otros y otras fiscales que no deben ver puesta en duda su capacidad y competencia por ese permanente intento de dañar la imagen de nuestra institución», ha afirmado en un comunicado.

La UPF recuerda que es «exigible una mínima lealtad institucional» y destaca que «si bien la crítica es siempre admisible, pierde toda su fuerza cuando únicamente se tachan de arbitrarias las propuestas que no corresponden a los intereses ideológicos o asociativos de los críticos, pero no las demás».

Así, ve «reprochable» esos «intereses particulares» que están por encima de la concepción de «una fiscalía solidaria y transversal en la cooperación en la lucha contra el delito».

La Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que se tramite de forma paralela a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para reforzar la autonomía institucional de los fiscales, que asumirán la investigación penal, en las alegaciones sobre el borrador de la LeCrim que ha enviado al Ministerio de Justicia.

«Es absolutamente necesario exigir la aprobación de un nuevo EOMF que, al menos, se tramite de forma paralela al texto informado», ha dicho la AF en el escrito enviado al departamento de Juan Carlos Campo, aduciendo que «la figura del fiscal investigador exige un estatuto profesional bien definido y un reforzamiento de la autonomía institucional».

Además, la Asociación de Fiscales –la mayoritaria en la carrera– ha señalado que «el texto contiene previsiones que suponen una intromisión en la organización interna del Ministerio Fiscal y que, por lo tanto, deben venir reguladas en el EOMF, no en una norma procesal».

Por otro lado, se ha quejado de que la nueva Lecrim crea la figura del juez de garantías como tercero imparcial otorgándole «un papel de control, hipervigilancia y supervisión permanente de la actividad del Ministerio Público que excede con mucho de lo previsto en cualquier otro Código de Proceso Penal de derecho comparado», afeando que con ello «el legislador español parece recelar del Ministerio Fiscal español más que lo hace cualquier otro legislador del mundo» respecto al suyo.

La AF ha calificado de «paradójica» esta situación por cuanto «el Ministerio Fiscal español precisamente (…) lleva a gala como marca identitaria ser el único que en derecho comparado tiene asignada a nivel constitucional la promoción de la acción de la justicia –no de la injusticia– en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y ello con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad».

En su opinión, «lo más censurable es que el anteproyecto no se preocupa tanto por la inacción del Ministerio Fiscal sino por erigir constantes obstáculos a la persecución razonable precisamente de los fenómenos delictivos más complejos que especialmente inquietan a la ciudadanía más sensible con la defensa de los intereses colectivos de probidad política y económica».

Si con ello se pretende enfrentar «la sospecha de un sector del Poder Judicial o de la opinión pública y publicada que se desprende de la combinación de lo establecido sobre el nombramiento del fiscal general del Estado y la relación de subordinación a éste de todos los miembros del Ministerio Fiscal», ha indicado, «la solución se encuentra en un trabajo de reformas en los planos estatutario y orgánico, no en el marco normativo procesal penal», ha insistido.

EXCESIVO PROTAGONISMO DEL JUEZ DE GARANTÍAS

La Asociación de Fiscales ha considerado «particularmente contraria a un adecuado entendimiento de la autonomía orgánica y funcional del Ministerio Fiscal» que se atribuya al juez de garantías la competencia de resolver las impugnaciones que se presenten contra las decisiones del fiscal instructor si no afectan específicamente a derechos fundamentales por los que deba velar.

Ha argumentado que, «al igual que las impugnaciones ordinarias (recursos) frente a decisiones judiciales se plantean ante los mismos órganos judiciales que las adoptaron u otros que se disponen en superioridad dentro de su respectivo orden orgánico, debe respetarse el orden jerarquizado orgánico del Ministerio Fiscal», aseverando que «cualquier fiscal puede reconsiderar su criterio por sí mismo o a instancia del superior».

No obstante, ha aclarado que su intención «no es excluir de todo control externo judicial la actividad que el Ministerio Fiscal despliegue en el curso del procedimiento de investigación», proponiendo que se establezca «un específico incidente en tutela de derechos fundamentales precisamente en relación con aquellas decisiones o prácticas del fiscal en que resulte afectado un derecho fundamental» cuando una parte lo pide con «suficiente justificación objetiva y razonable».

«ESTUDIO RIGUROSO» DE LA CARGA DE TRABAJO

La AF también ha abogado por revisar la relación de los fiscales con la oficina judicial alertando de que, dado que «el funcionamiento práctico del nuevo sistema se basa en la existencia de un único procedimiento, tramitado y custodiado por la oficina judicial, bajo la dirección de un letrado de la administración de justicia (LAJ), «esta opción legislativa, sin duda legítima, no será viable sin una clara relación de dependencia funcional del fiscal sobre el LAJ».

Ha exigido además un «estudio riguroso de la carga de trabajo del nuevo sistema». A su juicio, «la atribución de la dirección de la investigación, junto con el mantenimiento de la intervención del fiscal en el juicio por delito leve y otras jurisdicciones, así como la extraordinaria proliferación de comparecencias en la fase de ejecución, obligan a una revisión en profundidad del número y distribución de efectivos».

En relación con ello, ha estimado «imprescindible» contar con una memoria económica que, «al menos de forma prospectiva, ofrezca un horizonte razonablemente previsible sobre el coste de esta reforma –redistribución de efectivos, nueva planta, o adecuación de medios personales y materiales–«.

UN CÓDIGO PROCESAL

Ha aprovechado igualmente para proponer «una ‘codificación’ procesal penal, mediante la inclusión en el texto, entre otras, de las normas sobre el tribunal del jurado, habeas corpus, menores o cooperación internacional.

Asimismo, ha instado a revisar el modelo propuesto para eliminar la «burocracia ineficiente», poniendo de nuevo el foco en el control judicial que, según sostiene, «puede simplificarse –sobreseimiento, conclusión y archivo, duración o reapertura de la investigación, impugnación de los decretos del fiscal o la fase intermedia–«.

Ciudadanos quiere que el Gobierno diga si, tras la queja remitida a la Comisión Europea por tres asociaciones de jueces, prevé rectificar la reforma que impide que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos de jueces mientras esté en funciones.

En un escrito remitido a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, avisan de un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que, en su opinión, afectan a la independencia judicial.

Tras denunciar «el apagón y desapoderamiento» del CGPJ y su «colonización por los partidos políticos», solicitan a Bruselas que inicie el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos como los derechos humanos o el imperio de la ley e implica la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo

En una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión del Comité Permanente del partido, su presidenta, Inés Arrimadas, se ha sumado a la protesta de las asociaciones y ha acusado al PSOE, a Unidas Podemos y al PP de «denigrar las instituciones» al apostar por «el reparto de los jueces y el control del CGPJ» por parte de los partidos.

Posteriormente, Arrimadas y el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, han registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique si ve oportuno «rectificar» la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando su mandato está caducado, aprobada recientemente y si considera fundadas las quejas de las asociaciones profesionales de jueces.

PSOE Y PODEMOS CAMBIARON LA LEY «POR MOTIVOS POLÍTICOS»

Esa ley, aprobada recientemente, fue promovida por el PSOE y Unidas Podemos con un Consejo General del Poder Judicial que debía haberse renovado hace años pero que sigue en funciones porque el Gobierno y el PP no han llegado a un acuerdo sobre el reparto de los puestos.

«Desde el principio fue criticada casi unánimemente por la oposición en el Congreso, la opinión pública, la sociedad civil, la Comisión Europea y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales», señala la formación naranja, que acusa a los partidos del Gobierno de tener «evidentes motivos políticos» para modificar el funcionamiento de «un órgano de relevancia constitucional».

Ciudadanos recuerda que anteriormente alertó a la Comisión Europea de «los peligros que entrañaba» la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que el PSOE y Unidas Podemos «pretendían politizar aún más el funcionamiento de la Justicia en España» rebajado las mayorías necesarias para designar a los integrantes del CGPJ y «caminando precisamente en el sentido contrario al que exige a España el Consejo de Europa, el sentido común y el espíritu constitucional.

En relación con esto, Arrimadas y Bal preguntan al Gobierno si ve necesario «cumplir con el espíritu constitucional para que la mayoría de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por y entre jueces y magistrados», en vez de ser nombrados por los políticos en el Congreso y el Senado. Por último, le piden que precise medidas adoptará «para garantizar la separación de poderes en España, actualmente en cuestión y bajo sospecha».

El PP llevará este martes la campaña electoral de Madrid al Pleno del Congreso con la defensa de una iniciativa que busca censurar al exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora candidato de Unidas Podemos a la Asamblea regional, por aquellas declaraciones en las que cuestionaba la plena normalidad de la democracia española por el encarcelamiento del rapero conocido como ‘Pablo Hasél’.

En concreto, la proposición no de ley del PP versa sobre los actos violentos que se registraron en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas las semanas posteriores a la entrada en prisión de Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, entre otros delitos.

En dichas concentraciones, según relatan, diversos manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas, quemaron contenedores, vehículos y saquearon comercios.

En su texto, el PP condena esta violencia callejera y los discursos de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos o ciudadanos anónimos que reprobaron estas protestas violentas o trasladaron su apoyo a los distintos cuerpos policiales.

EXCLUIR A QUIEN NO RECHAZA LA VIOLENCIA CON CONTUNDENCIA

El partido que lidera Pablo Casado sostiene que la incitación a la violencia y los discursos de odio «no tienen cabida» en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, «por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como quien los alienten y no los rechacen con contundencia».

En consecuencia, el PP insta al Gobierno a condenar de manera «firme y expresa» los mensajes de apoyo a los violentos efectuados por miembros del Gobierno y las declaraciones que «ponen en duda» que España sea una democracia plena.

Y, aunque no cita a nadie en concreto, los ‘populares’ se refieren al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que entonces era vicepresidente segundo del Ejecutivo y que aseveró que «en España no hay una plena normalidad democrática».

Casi dos meses después, Iglesias ya no forma parte del Gobierno y tampoco es diputado del Congreso, ya que está inmerso en la campaña electoral. Además, ya no hay protestas en las calles de Cataluña por el encarcelamiento de Hasél, sino que los últimos incidentes callejeros se han producido en el barrio madrileño de Vallecas en un mitin de Vox que intentó boicotear un grupo de autodenominados antifascistas.

AHORA ES VALLECAS

Precisamente la semana pasada la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, denunció los mensajes de ministros de Unidas Podemos contra Vox y en favor de las protestas ciudadanas, como Irene Montero (Igualdad). Alberto Garzón (Consumo) o Ione Belarra (Asuntos Sociales). «¿Puedes estar en el Gobierno de España si no condenas la violencia? Ni un segundo –escribió Gamarra en Twitter–. Sánchez considera que sí. Degradando nuestra democracia».

Además, con su iniciativa, el PP también pretende que el Ejecutivo apoye y defienda la labor que realizan todos los días la Policías y Guardia Civil, así como las policías autonómicas y locales, y que incremente los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio.

Por último, además de pedirle que convoque de urgencia la Junta de Seguridad de Cataluña, donde se registraron en mayor medida los disturbios y la violencia, el PP también emplaza al Gobierno a defender el honor de las instituciones públicas y los pilares del Estado de Derecho.

A finales de febrero, el PP ya intentó que el Congreso diera lectura a una declaración institucional de condena de los actos violentos registrados en las protestas por ‘Pablo Hasél’, lo cual requería la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, Unidas Podemos se opuso alegando que el texto sugerido por los ‘populares’ iba «contra el Gobierno» y no contra los disturbios, por lo que la iniciativa decayó.

INHIBICIÓN DE SU RESPONSABILIDAD

Por su parte, en la misma sesión plenaria Vox defenderá una moción que registró a finales de marzo, tras interpelar a Iglesias por su gestión durante la pandemia en el que fue su último Pleno del Congreso.

Ahora los de Santiago Abascal van a intentar que se repruebe al líder de Podemos por «su absoluta inhibición en la responsabilidad que tenía a su cargo de las personas mayores» durante su etapa como vicepresidente segundo del Gobierno y que, además, la Cámara condene expresamente el «abandono» en la que, según está formación, dejó a este colectivo.

En su iniciativa, Vox plantea que el Congreso inste al Gobierno a adoptar las medidas garantizar su derecho a la vida, la salud, la no discriminación por razón de edad o su circunstancia vital, así como que puedan acceder a un sistema asistencial adecuado, incluida la atención hospitalaria.

En este contexto, piden un plan integral de prevención y control frente al Covid en residencias y otros servicios asistenciales de carácter asistencial que incluya, la desinfección en profundidad de las residencias y un protocolo para actuar ante posibles rebrotes, que incluya el traslado a centros hospitalarios y su acceso a UCIS en cualquier punto del territorio nacional.

La portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ascensión Martín, ha mostrado este martes el respeto, aunque no comparte sus criterios, al resto de asociaciones judiciales que ha remitido un escrito a la Comisión Europea denunciando que las últimas reformas legales en nuestro país afectan a su independencia y suponen una «violación grave del Estado de Derecho».

A su juicio, lo importante es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace dos años, que no se realiza porque un partido político, el PP, rechaza sentarse a dialogar sobre este asunto.

En declaraciones, Martín lamenta que en la carta no se hable de esta falta de renovación, que desde JJpD se atribuye directamente a la actitud del Partido Popular.

Ha recordado que jurídicamente todos los organismos constitucionales cuando cumplen su mandato quedan en funciones y se les atribuyen unas funciones determinadas, como ocurre con la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

En su carta, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial. Su principal queja es la reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos estando en funciones.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

«Queremos la inmediata la renovación nos extraña que no se pronuncien sobre eso», señala Martin con respecto a la carta remitida por el resto de asociaciones. Añade que lo importante en todo caso, es que Europa responda que debe cumplirse con el mandato constitucional.

«Respeto el criterio compañeros y amigos pero hay que cumplir la Constitución Española -insiste la portavoz de JJpD-. Y hay un partido político que se niega a sentarse al a renovación y sin esa mayoría no se puede renovar». Considera que esta actitud supone «una falta de lealtad institucional» que no debería producirse.

El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral a otra candidata de la lista del PP a las elecciones del 4 de mayo, a su ‘número 56’, Ana Vanesa Torrente, y piden que se investigue su empadronamiento al haber tenido «vecindad administrativa reciente» con la Comunidad de Murcia, donde ha ejercido, entre otros, numerosos cargos en el Gobierno Autonómico, como Secretaria General de la Consejería de Presidencia y de Justicia del Gobierno de Murcia, y Secretaría General de los Servicios Jurídicos.

El escrito, indica que la candidata presentó, como documentación justificativa de reunir los requisitos para la presentación de la candidatura, un DNI donde aparece domiciliada en la Comunidad de Madrid «expedido el 29 de marzo de 2021, que tiene una fecha de validez hasta el 29 de marzo de 2031».

Al haber ejercido en Murcia, entienden que «dicha documentación no acredita una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid anterior al 1 de enero de 2021, fecha de cierre censal para el proceso electoral convocado, lo que le atribuiría la condición de electora, y, por tanto, de elegible, sin que consten elementos fehacientes, añadidos que pudieran acreditar tal condición».

«Entendemos que Ana Vanesa Torrente carecería de la condición de elegibilidad, y debería ser excluida de la lista de la candidatura del Partido Popular, salvo que acreditase su derecho a figurar en el censo electoral vigente a 1 de enero de 2021, mediante la acreditación de un empadronamiento antes de esa fecha en la Comunidad de Madrid», han expuesto.

En este punto, estiman que en consecuencia, conforme a lo señalado por la Sentencia que saca de la lista del PP a Toni Cantó y a Agustín Conde, debería de exigirse a Ana Vanesa Torrente «la acreditación de su vecindad administrativa anterior a la fecha del cierre censal, para acreditar su condición de electora y elegible, dando un plazo de subsanación para ello».

De no acreditarse ni subsanarse, el PSOE cree que «debiera dar lugar a su exclusión como candidata, del mismo modo que se ha acordado judicialmente respecto de los otros dos candidatos en la misma situación».

En caso de que «la irregularidad se detecte y declare una vez proclamada la candidatura», los socialistas solicitan la eliminación del candidato afectado «por la incompatibilidad corriendo en consecuencia la numeración de los candidatos siguientes y del suplente o suplentes que procedan».

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que las negociaciones con ERC para formar gobierno siguen avanzando aunque en un sentido más sectorial, y ha lamentado las pocas reuniones que se han hecho incorporando Junts: «Tampoco hay mucha predisposición».

En rueda de prensa en el Parlament este lunes, Estrada ha asegurado que la CUP no se ha marcado un calendario concreto para la formación de gobierno, aunque sí que les «urge llevar a cabo políticas para dar respuesta a las necesidades» actuales.

«Cuanto antes se forme un gobierno mejor, pero no porque la CUP tenga prisa de tener un gobierno, sino porque hay una situación en la que hay que dar respuestas para hacer frente a la crisis. Quien sale perdiendo con este retraso es la sociedad», ha incidido.

Sobre el proceso de vacunación, Estrada ha afeado al Govern el criterio de vacunar solo a algunos profesionales esenciales –sanitarios y personal de seguridad– porque considera que también debería hacerse con cuidadoras, conductores de transporte público o con «los sectores de población más vulnerables y en barrios empobrecidos».

Para ella, el plan de vacunación debe ser coordinado por la atención primaria y realizarse por enfermeros que tengan en cuenta el historial médico del paciente y en los propios CAP o consultorios y no en «vacunódromos que perjudica a las personas de los municipios rurales que se ven obligados a desplazarse lejos».

JORDI TRAPÉ

En la rueda también ha participado el miembro del grupo de trabajo de sanidad de la CUP Jordi Trapé, que ha urgido al Govern a adquirir dosis de otras vacunas, como por ejemplo de la vacuna rusa Sputnik, la china Sinovac o la cubana Soberana 2.

«Denunciamos la falta de vacunas, que tiene costes que se traducen en contagios, muerte y pedimos que se actúe de forma soberana y que se vaya a buscar vacunas que están acreditadas como efectivas y traerlas aquí. Es una medida vital, más vacunas significa menos contagios, menos presión hospitalaria y menos muertes», ha insistido.

También ha propuesto que se apliquen los mecanismos de licencia obligatoria y de expropiación de la patente, con la finalidad de «producir vacunas de forma genérica», así como avanzar en la creación de la farmacéutica pública y de la Agencia Catalana del Medicamento y de Productos Sanitarios.

La Europol ha alertado este lunes de que la crisis económica derivada del coronavirus puede abonar las «condiciones ideales» para que crezca el crimen organizado, al hacer que «ciudadanos ordinarios» se acerquen a la actividad de redes criminales y que las propias comunidades sean más tolerantes con ciertas actividades en medio de un clima de crisis.

Así lo recoge el informe presentado este lunes por la Oficina Europea de Policía sobre nuevas amenazas delictivas en la UE. En concreto apunta a una mayor connivencia con actividades como el contrabando o el cultivo y tráfico de cannabis e indica que la falta de empleo entre los jóvenes puede impulsar a muchos a entrar en estas redes criminales.

En este sentido, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, ha afirmado que una posible recesión económica amenaza «puede facilitar el crecimiento de organizaciones criminales en Europa». «Esto afecta a todas las capas de la sociedad. Aparte de a las sociedad socava la economía, las instituciones y el estado de derecho», ha alertado durante la presentación del informe en Lisboa junto a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y la ministra de Justicia de Portugal, Francisca Van Dunem.

En términos generales, el informe, conocido como SOCTA (Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado, en sus siglas en inglés), recalca que el crimen organizado es una «hidra moderna» con una dimensión y complejidad global. Las tramas criminales implican a más de 180 nacionalidades diferentes, la mayoría operan en varios países de la UE a la vez y un 40 por ciento de ellas desarrollan más de una actividad criminal.

Según algunos datos que ha desgranado De Bolle, el 40 por ciento de las organizaciones activas se dedican a la producción y tráfico de drogas, que sigue representando el principal negocio delictivo en la UE. También ha puesto el énfasis en que el 60 por ciento de las redes se implican en tramas de corrupción, con el 80 por ciento envueltas en negocios legales que encubren sus actividades, lo que supone una importante amenaza a los valores democráticos de la UE.

AYUDAS EUROPEAS FRENTE A LA PANDEMIA

En el contexto de la pandemia, el informe asegura que las cuantiosas ayudas europeas ya son un objetivo del crimen organizado. Por ello, advierte de la necesidad de aumentar las salvaguardas ante el plan de recuperación que distribuirá ayudas millonarias los próximos meses.

«Estos fondos ya han sido objeto de ataque de estafadores que buscan acceder ilegalmente a estos miles de millones de euros. Pese a las garantías para prevenir el abuso a nivel nacional y europeo, las autoridades han tenido que distribuir estos pagos tan rápido que esto ha debilitado algunos de los procedimientos y permitido que algunos delincuentes se beneficiaran ilegalmente de fondos», sostiene el informe.

Europol avisa, además, de que la pandemia ha confirmado la capacidad de las redes criminales de adaptarse a las nuevas situaciones y sacar provecho de circunstancias como la limitación de movilidad, que ha servido de «catalizador» de nuevos fraudes en la red y ciberataques. «Los obstáculos se convierten en oportunidades criminales y suele ser tan simple como adaptar su ‘modus operandi’ a una nueva narrativa», ha indicado la directora de Europol.

BRUSELAS RECLAMA UNA COOPERACIÓN PERMANENTE

Durante la presentación, la comisaria Johansson ha reclamado una mayor cooperación entre Estados miembros, al señalar que el 70 por ciento de los grupos criminales operan en más de un país de la UE. Es por ello que considera fundamental generar una cooperación policial permanentemente entre los Veintisiete y no limitarse a operaciones concretas.

La política sueca ha aprovechado para adelantar que en el plan contra el crimen organizado que presentará esta semana propondrá reforzar la cooperación. Solo podemos combatir el crimen si trabajamos juntos en Europa. Europol es la piedra angular de esa cooperación, por ello pido aumentar su mandato para apoyar mejor a las fuerzas de seguridad», ha subrayado.

De su lado, Van Dunem ha apostado por reforzar la cooperación no solo entre fuerzas de seguridad europeas, sino entre autoridades judiciales. «Hay que implicar a las autoridades judiciales para garantizar que la cooperación no es solo policial, y el asunto de los derechos fundamentales es clave también», ha apuntado la ministra lusa.