La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha pedido este lunes que el Govern dé «explicaciones rápidas» sobre los 2,6 millones de euros en préstamos a la cadena de gimnasios Dir, y el grupo parlamentario ha registrado diversas preguntas en este sentido.

«Como no queremos hacer ningún tipo de juicio de intenciones, lo que pedimos es que el Govern dé explicaciones rápidas» respondiendo a estas preguntas registradas, ha destacado en rueda de prensa Granados, que pide detallar los criterios de adjudicación.

Así, ha pedido al conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, que responda a estas preguntas «cuanto antes mejor», para saber cuántas empresas han presentado solicitudes, qué criterios fundamentan la decisión y que prevé hacer el Govern con el resto de empresas.

La dirigente socialista y vicepresidenta del Parlament ha criticado que Catalunya no disponga todavía de un nuevo Govern y siga con uno en funciones, y ha añadido que también es «necesario que el Parlament se vaya poniendo en marcha».

Ha acusado a los partidos independentistas de dejar fuera de las negociaciones las cuestiones que más interesan a los ciudadanos, y ha agregado: «Parece que no tienen ninguna prisa» y, con este ritmo, no se podrán aprobar unos Presupuestos para 2021.

Granados ha recordado que los actuales son unos «Presupuestos prepandémicos» que cuando se aprobaron nacieron muertos, según ella, y ha señalado que no se pueden debatir unas cuentas si no se conocen ni los departamentos que tendrá el futuro Govern.

«Los actuales responsables del Govern en funciones, que parece que están negociando un Govern, no son conscientes de que cada día que pasa es una gran irresponsabilidad para los intereses generales de la ciudadanía», ha aseverado Granados.

«UNIDAD DE ACCIÓN PARA LA CONFRONTACIÓN»

Ha recordado que el PSC-Units ha pedido la comparecencia ante el Parlament del vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, y ha dicho que parece que los partidos independentistas están negociando, más que un ejecutivo, una «unidad de acción para la confrontación» sin proyecto de gobierno.

Les ha acusado de poner fecha de caducidad al diálogo con el Gobierno central; de privatizar el Govern bajo la tutela del Consell per la República, y de hacer de la confrontación el eje de su acción política: «En un momento de salida de la crisis, el mundo independentista se mira el ombligo y no se preocupa por los catalanes».

Ha confiado en que ningún partido esté pensando en repetir elecciones: «Lo que queremos es que haya un Govern lo antes posible», y ha recordado que el líder del PSC en el Parlament, el exministro Salvador Illa, quiere someterse a un debate de investidura para liderar un ejecutivo de izquierdas.

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia de Sociedad General de Aguas de Barcelona contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, por presuntas irregularidades en subvenciones a distintas entidades sociales.

Según ha avanzado El Mundo, la denuncia señala la «subvención desproporcionada» de entidades como la asociación Enginyers Sense Fronteres (ESF) para impulsar la remunicipalización del servicio del agua.

Se cuestiona el encargo de distintos estudios técnicos y jurídicos a Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) valorados en 360.000 euros para impulsar la municipalización del agua, una cuestión que la sociedad considera que queda fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento.

También denuncia el pago de casi 500.000 euros a Barcelona Regional por llevar a cabo distintos estudios sobre esta cuestión a pesar de que la competencia recae en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), entre otras cuestiones.

La denuncia también se ha interpuesto contra la Interventora adjunta del Ayuntamiento, Teresa Llor, y el gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento, Jordi Campillo.

La Fiscalía de Barcelona ya aceptó una denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y abrió una investigación a la alcaldesa y a otros responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales, como el Observatori Desc, la PAH y ESF.

MARC SERRA Y ELOI BADIA

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará con la justicia en todo lo necesario, aunque se ha mostrado convencido de que «las subvenciones se han otorgado en base a un procedimiento reglado».

Serra ha señalado una «estrategia planificada basada en una ofensiva judicial perpetrada y organizada por ‘lobbies» contra las políticas del consistorio, sobre todo en relación al reglamento de participación que tenía como objetivo preguntar sobre la gestión pública del agua, entre otras cuestiones.

El concejal Eloi Badia ha lamentado un «ataque masivo a todo aquello que lleve la palabra agua», y ha asegurado que hay 25 municipios del entorno metropolitano que se encuentran en una situación similar por el hecho de plantear la gestión pública del agua.

«Todo esto genera un clima, una intimidación hacia los trabajadores municipales. No solo llega a los cargos electos, sino también a los funcionarios y trabajadores públicos», ha añadido Badia, que ha mostrado su apoyo y el del Ayuntamiento a todos ellos.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado que la pandemia del Covid-19 haya evidenciado la «precariedad y escasez» de los sistemas de cuidados y de los servicios públicos.

«Esta crisis sanitaria, que algunos han llamado ‘crisis matrioshka’, ha permitido comprobar las carencias del sistema, por sus deficitarias políticas de salud y políticas sociosanitarias. Y ha destapado las demás crisis asociadas, lo que podría suponer también una oportunidad de oro para afrontar las carencias estructurales graves de nuestros sistemas de protección, incluido el sistema de salud y, dentro de este, la atención a la salud mental», ha dicho.

Además, prosigue, en el transcurso de la pandemia se hizo evidente que las desigualdades sociales son, una vez más, condicionantes de la salud de la población y nos recuerdan que ningún análisis puede hacerse prescindiendo de los determinantes sociales de la salud. «En el tiempo que llevamos sufriendo los efectos de la pandemia, los grupos vulnerables no han sido solo las personas mayores, hemos observado la existencia de muchos más», ha detallado la FADSP.

Dicho esto, ha denunciado que se haya «criminalizado» a la migración durante la pandemia, encerrado a personas sin techo en centros abarrotados, con confinamiento familiar en estructuras sociales desiguales, aumento de situaciones de violencia machista, el abandono de muchas personas mayores en las residencias y los domicilios.

«No debemos olvidarnos de otro grupo importante, el de la infancia, adolescencia y juventud, que ha sufrido las acciones de confinamiento sin que tuvieran medidas compensatorias ni adaptadas a sus necesidades ante el cambio radical en su aprendizaje, enseñanza y tiempo libre, sin refuerzo hacia las personas en riesgo de quedarse atrás. Todos han sido colectivos vulnerables y vulnerados en estos meses y no son pocos. Su salud física y mental se han visto afectadas. Curiosamente esa población menor de edad es quien mejor ha tomado y asumido las medidas higiénicas y de protección, con mayor naturalidad, en contraste con las resistencias de sectores jóvenes y de adultos», ha dicho la organización.

En este sentido, la FADSP ha recordado que se sigue oyendo que el impacto emocional de pacientes que «abarrotaban» hospitales y centros de atención primaria a causa de la Covid-19 han pasado factura a los propios profesionales sanitarios de primera línea. De hecho, apostilla, alegan que casi la mitad de los profesionales sanitarios presenta un riesgo alto de trastorno mental a causa de la pandemia y más del 10 por ciento sufre alguna patología mental discapacitante.

«El confinamiento tuvo efectos indeseables y no previstos. Se nos ha hablado de los riesgos de aumento de suicidios y de estrés postraumático, de servicios sanitarios desbordados y de la necesidad de acudir a las consultas privadas, que serían algunas de las dramáticas secuelas de esta pandemia, aunque sin datos que lo fundamenten, más allá de algunas encuestas telefónicas en muestras reducidas a algunos grupos de población, algo que no es serio, pero sí muy mediático», ha enfatizado.

¿QUÉ VA A OCURRIR TRAS ESTA EPIDEMIA?

Por otro lado, la FADSP ha avisado de que investigadores coinciden en que las fuentes de estrés vendrán de las pérdidas económicas y del estigma por haber estado en contacto con el virus. Habrá que, a su entender, añadir que también por el propio confinamiento pues, una situación de aislamiento social prolongada ocasionó síntomas como, por ejemplo, ansiedad, depresión, sentimientos de irrealidad acompañantes, de detención del tiempo o trastornos del sueño.

«Hemos conocido el peor exceso de muertes desde 2015 superando las 92.000 personas, como recogen los registros civiles, colocando a España entre los países con más víctimas del mundo. Ahí se hallan muertes por Covid-19 y otras muchas situaciones. Con esto, al ver las cifras «oficiales» de fallecimientos por la pandemia, nos hace pensar que las cifras reales serán mayores, aunque alejadas de los confusos datos ofrecidos por la oposición al gobierno. De todos modos, unas u otras cifras son muy preocupantes y más cuando esto no ha terminado, sino que va a perdurar una larga temporada», ha dicho la organización.

Cuando finalice esta pandemia habrá «muchas secuelas, miles, cientos de miles de personas afectadas». Y es que, prosigue, al menos, cuatro o cinco personas por cada persona fallecida, podrían sufrir las consecuencias directas de no haber podido iniciar adecuadamente el proceso del duelo, incluidos sus rituales y relaciones interpersonales, algo muy arraigado en nuestra cultura.

Más del 83% de los españoles cree que el consumo de alcohol en los jóvenes es un problema bastante o muy importante, por lo que piden la implicación de las administraciones públicas, al tiempo que se muestran a favor de implantar medidas como la alcoholemia cero o la prohibición de botellones para frenar esta práctica.

Según se desprende del Barómetro de abril realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hecho público este lunes, al ser preguntados por cómo perciben el consumo de alcohol entre los menores en España, para el 45,3% de los ciudadanos se trata de un tema «muy importante»; para el 38,2%, es «bastante importante»; para el 9,0% es «algo importante»; para el 2,9& es «poco importante» y para el 0,8% es «nada importante».

Además, para el 84,6% las administraciones públicas deben poner en marcha medidas que eviten que los menores beban alcohol «porque es su obligación protegerles» frente a un 8,1% que considera que las adminsitraciones públicas no deben poner en marcha medidas al respecto al entender que los jóvenes ya aprenderán por sí mismos.

Preguntados sobre las medidas encaminadas a evitar que los menores beban alcohol, el 71,1% pide fijar la ‘alcoholemia cero’ para los menores que conduzcan ciclomotores o motocicletas; el 63,3% es partidario de prohibir a los menores el consumo de alcohol en la calle y lugares públicos; el 57,5% se muestra a favor de prohibir la venta de alcohol a menores en general; y el 57,2% pide prohibir los botellones y el consumo de alcohol en la calle en general.

Asimismo, un 55,9% es partidario de prohibir la venta ambulante de bebidas alcohólicas en la calle (lateros, etc.); el 54,4% pide limitar la publicidad de bebidas alcohóicas en los tramos de máxima audiencia infantil y juvenil; el 48,2% está a favor de prohibir la venta de alcohol en lugares donde se realicen actividades a las que asistan menores y el 47,6% cree que hay que limitar la publicidad de bebidas alcohólicas en Internet.

Mientras, el 42,5% pide prohibir establecimientos donde se venda y consuma alcohol cerca de centros educativos; el 41,1% pide prohibir la publicidad bebidas alcohólicas en vallas, marquesinas y en general donde se vea desde la calle; un 37,1% es partidario de prohibir a las tiendas la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche; y el 36,5% aboga por prohibir que se hagan ofertas (del tipo barra libre o 2×1, por ejemplo).

A FAVOR DE LEGALIZAR LA MARIHUANA CON FINES MÉDICOS

Por otro lado, preguntados sobre la legalización de la venta de marihuana en España en determinados establecimientos y en determinadas condiciones, el 49,7% está a favor frente a un 40,9% que se manifiesta en contra.

Al ser preguntados por su legalización para uso médico, el porcentaje es mayor ya que el 90,1% de encuestados se muestra a favor mientras que un 4,6% se manifiesta en contra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que hablar constantemente de muertos es «mezquino» y ha sostenido que la campaña de los socialistas «no puede ser más lamentable y sobre todo mezquina».

En declaraciones a los medios, en un acto de campaña en Chamberí, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que le sorprende que «el candidato (Pedro) Sánchez que no sabe y que oculta las cifras de fallecidos durante toda la pandemia tenga el arrojo de decir cómo ha funcionado, cómo se ha comportado la mortalidad en Madrid».

Gabilondo ha sostenido en los últimos días que el riesgo de mortalidad en la región es más elevado que en otras autonomías y ha calificado con un «1» sobre 10 la gestión de la pandemia de la presidenta.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado este lunes que la mortalidad por Covid en la región es «muy superior a la media nacional». «Hay unos índices de fallecimiento y mortalidad muy superiores a la media nacional», ha indicado en los Desayunos Madrid, tras señalar que «los fallecidos en Madrid superan la media nacional», y ha citado el último dato disponible, del viernes, cuando el dato de fallecidos en Madrid era del 59% superior a la media nacional.

Gabilondo ha desglosado estos datos al tiempo que ha señalado que «igual la expresión no es la probabilidad», en alusión a sus declaraciones sobre que el riesgo de morir por Covid-19 en Madrid era un 54% superior, un dato que asegura contrastó al darlo y cuya fuente es el Ministerio de Sanidad.

Ayuso ha hecho hincapié en que esta afirmación es «rotundamente falsa» y le ha retado a que demuestre «con cifras reales que eso que está diciendo es verdad, porque no lo es». En este punto, ha defendido que la mortalidad en Madrid «no ha sido ni muchísimo menos la mayor de la primera ola» ni tampoco de la segunda ni la tercera, que fue cuando la Comunidad se puso «al frente de la gestión».

«Lo que está haciendo el PSOE y su candidato con las muertes en Madrid es lamentable. Es una vergüenza que se hable de los muertos como si fueran de unos o de otros. Todas las personas que han fallecido en este país por culpa de la pandemia son culpa de todos y no se puede hablar de la muerte ni se puede trasladar ese miedo a los ciudadanos por puro interés electoralista», ha lanzado. A su parecer, es «lamentable» y debería rectificar».

ERC ha planteado a Junts en su propuesta global de acuerdo para el nuevo Govern, que los republicanos trasladaron el sábado 10 de abril, que se compatibilice la apuesta por la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto catalán con la preparación de un nuevo «embate democrático» con el Estado.

Lo ha explicado este lunes la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, en rueda de prensa telemática junto al resto de miembros del equipo negociador de los republicanos –Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Laura Vilagrà–, en la que ha detallado la propuesta de acuerdo global que han trasladado a Junts, que consta de cinco ejes: la estrategia independentista, la acción en el Parlament, las prioridades programáticas, la estructura del Ejecutivo y los mecanismos de coordinación.

Vilalta ha concretado que en el ámbito de la estrategia independentista incluye la creación de un espacio de coordinación formado por ERC, Junts, CUP, ANC y Òmnium, que también cuente con la participación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y en paralelo insiste en la necesidad de reformuar el Consell per la República (CxRep).

El documento plantea que se compatibilice la apuesta por la mesa de diálogo con la preparación de un «embate democrático» con el Estado y defiende que los partidos independentistas coordinen su acción en el Congreso y el Senado en todas las cuestiones vinculadas con la estrategia independentista, pero garantizando la libertad de cada formación en los temas sectoriales e ideológicos.

El segundo eje del documento es el del Parlament, en el que quieren materializar la mayoría del independentismo para que la Cámara catalana sea un «bastión de derechos y libertades» de los diputados y de defensa de los derechos sociales en la acción legislativa, además de desplegar el pacto para minimizar la presencia de Vox.

PROGRAMA, EL «MÁS ENCARRILADO»

El tercer ámbito es el del programa del Govern, que incluye tres prioridades: «reforzar el estado del bienestar, defender la economía por la vida y garantizar la cohesión social, e impulsar el buen gobierno y la cohesión democrática».

Vilalta ha explicado que este apartado es el que está «más encarrilado» y, de hecho, es la única parte del documento que Junts contestó en la reunión telemática que mantuvieron el viernes, por lo que ha lamentado que todavía no haya dado respuesta al resto de la propuesta.

ESTRUCTURA Y COORDINACIÓN

El cuarto eje es la estructura del Govern, sin entrar en el reparto de consellerias, en el que ERC quiere crear tres nuevos departamentos –Igualdad y Feminismos, Acción Climática, y una sobre Universidades, Investigación y Digitalización– sin que incremente de manera notable el número actual, por lo que se debería hacer una reestructuración; también pretende que haya un comisionado sobre los fondos europeos adscrito a Presidencia y que haya paridad en todos los altos cargos.

Por último, se incluye un apartado con los mecanismos para coordinar el gobierno de coalición y evitar «repetir los errores del pasado», que se basa en los principios de corresponsabilidad, lealtad institucional y respeto mutuo, y contempla crear tres comisiones: un comité de coordinación parlamentaria, una de seguimiento del acuerdo y otra de dirección política a nivel estratégico, además de la posibilidad de que haya grupos de trabajo sectoriales si son necesarios.

AVANCES CON LA CUP

Por su parte, Vilagrà ha detallado que con la CUP han configurado grupos de trabajo sectoriales para «profundizar» el acuerdo que alcanzaron las dos formaciones, y ha valorado positivamente el avance de las conversaciones con los ‘cupaires’.

Ha explicado que uno de los grupos está compartiendo el estado actual de las políticas públicas y cómo se debe desplegar la acción legislativa en la legislatura, así como establecer indicadores para monitorizar el acuerdo.

También ha apuntado que otro de los grupos está trabajando para que las políticas de vivienda sean «mucho más ambiciosas presupuestariamente», otro sobre qué modelo territorial debe haber en la implantación de las energías renovables y cuestiones de movilidad, otro sobre el reparto de los fondos europeos, y otro sobre interior y seguridad, entre otras cuestiones.

Asimismo, se prevé que próximamente se reúnan los grupos de salud, educación y lengua, y comenzar a hablar de la creación de una banca pública y una energética pública.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha advertido este lunes de que aún hay «flecos» por cerrar en las negociaciones con ERC para formar Govern en el ámbito programático, en el diseño del futuro Ejecutivo catalán y a la hora de definir una estrategia conjunta del independentismo en Madrid.

«Faltan flecos por cerrar, motivo por el que aún no hay un acuerdo con ERC, no sólo en el ámbito de coordinación del independentismo. También quedan flecos pendientes no menores en temas programáticos y de diseño de gobierno», ha avisado en rueda de prensa telemática.

Después de que ERC les haya emplazado a cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo, Artadi ha asegurado que esto también depende de los republicanos porque –ha explicado– están a la espera de que les respondan las demandas que les han hecho: «Sin tener este retorno, es difícil. Si ponen la fecha tan cerca, será que están dispuestos a aceptar las demandas que les pedimos. El tema de las fechas es un tema complicado».

«Es evidente que nos gustaría cerrarlo lo antes posible, pero seguimos pensando que es importante tener un buen acuerdo y con detalle», ha añadido la dirigente de Junts, que forma parte del equipo negociador con los republicanos.

Tras insistir en que quieren la legislatura de la concreción, ha puesto como ejemplo que ERC les trasladó un documento de 9 páginas sobre medidas de programa de gobierno, y que Junts pasó otro de 57 páginas con más de 300 puntos, por lo que ha apostado por llegar «a un punto intermedio» y por recuperar la discreción en las negociaciones para poder avanzar con más rapidez.

«Por el bien de las negociaciones, es mejor hacer más reuniones y menos declaraciones. Nos sorprende, no es el camino explicar a través de los medios lo que debería suceder en las reuniones», y ha pedido a los republicanos poderse reunir de forma diaria, después de que ERC haya detallado en rueda de prensa este mismo lunes la propuesta que han trasladado a Junts.

Al preguntársele si considera que ERC busca presionar públicamente a Junts, Artadi ha avisado de que no les funcionará y que la prudencia a la hora de hacer determinadas declaraciones ayudaría «a tejer unas confianzas que podrían ser más sólidas que las actuales».

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA CONJUNTA

Tras aclarar que aún no han abordado el reparto de carteras, Junts sí ha reclamado a ERC tener más detalle sobre la posible estructura del futuro Ejecutivo catalán, destacando que el candidato republicano, Pere Aragonès, se ofreció a dar una explicación al respecto.

Sin embargo, considera que saber si Territorio y Medio Ambiente se separan, o Trabajo de Bienestar Social o Empresa tiene una importancia «relativa» porque, a su juicio, lo importante son las políticas que se podrán llevar a cabo.

Otro de los puntos pendientes de cerrar es la estrategia conjunta del independentismo en Madrid, Europa, en el ámbito internacional y en el ámbito «antirrepresivo», y ver hasta qué punto puede haber coordinación.

Para Artadi, sería útil que el independentismo se coordinara en todo lo relacionado con el camino para avanzar hacia la independencia, en la política «antirrepresiva», en autogobierno, defensa de las competencias de la Generalitat y en todo lo que tenga que ver con defender los intereses del Govern, como sería el caso de los fondos europeos, ha apuntado.

Sobre si esta coordinación incluye la necesidad de que los independentistas voten lo mismo en cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado o el estado de alarma, Artadi ha admitido que son «detalles» que aún deben acordar con ERC.

«UNA COMISIÓN DE POR SÍ NO SOLUCIONA NADA»

En relación a las comisiones y grupos de trabajo que se crearán en el futuro Govern para coordinarse, ha reconocido que «una comisión de por sí no soluciona nada» y que lo importante es tener voluntad política y confianza entre todos los que las integrarán.

Sí ha destacado el acuerdo que tienen con ERC y la CUP sobre cómo se comportarán en el Parlament, una cuestión que cerraron antes incluso de constituir la Mesa, y el «pacto antifascista», con un decálogo para minimizar la presencia de Vox en el Parlament.

El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha defendido la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores y ha indicado que «nadie puede poner en duda su credibilidad» ni «interpretar falta de transparencia o negativa» a seguir las directrices del Papa Francisco.

«Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado justamente, hace pocos días, monseñor Luis Argüello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades», ha precisado el nuncio.

Así lo ha expresado Bernardito Auza este lunes, durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra a lo largo de esta semana en Madrid.

El nuncio ha puesto de relieve «el trabajo bien realizado» por parte de los obispos españoles ante los casos de abusos. «Secundando los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional, a nivel diocesano, en materia de abusos de menores», ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que los prelados españoles estudiarán durante esta semana la necesaria «puesta en marcha de un servicio de coordinación de las oficinas para la protección de menores» por parte de la Conferencia Episcopal Española.

Así se ha pronunciado el nuncio pocos días después del cruce de acusaciones que se produjo entre la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la Iglesia española, cuando la primera acusó a la Iglesia católica de haber sido «cómplice de la violencia sexual hacia los niños», con motivo de la aprobación en el Congreso de la Ley de protección a la infancia.

Los obispos publicaron al día siguiente un comunicado en el que calificaban de «gravemente injusta» la acusación de Belarra y le reprochaban, a su vez, un «clericalismo rancio» y un intento de «ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas».

Por su parte, el exvicepresidente y ahora candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, defendió a Belarra, asegurando en un tuit que «los que ensucian a la Iglesia son los curas violadores y los obispos que les protegen».

DERECHO EDUCATIVO DE LOS PADRES FRENTE A LA LOMLOE

Por otro lado, el nuncio del Papa en España también ha alentado a los obispos españoles a defender «el derecho educativo de los padres» frente a la Ley de modificación de la LOE, la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’.

«Otro punto en el que les aliento por su enorme importancia para la misión de la Iglesia en el mundo y para el bien común de toda la sociedad, es el estudio del ‘Estado de la cuestión de la aplicación de la LOMLOE y las posibles vías de negociación de la enseñanza religiosa escolar en las comunidades autónomas'», ha indicado Auza.

En concreto, ha subrayado que «es muy cierto que importa resaltar el derecho educativo de los padres y la importancia del contexto sociocultural del individuo, al que la escuela ha de introducir, como método adecuado, para poder luego actuar con libertad».

A su juicio, la Conferencia Episcopal Española se ha referido con mucha frecuencia en las últimas décadas al tema educativo «aportando al entendimiento del bien común» y ha deseado que continúe el «esfuerzo de diálogo y de colaboración leal entre todos».

Asimismo, Auza se ha referido a otros de los temas que abordarán los prelados en su reunión de esta semana: la institución de laicos acólitos y lectores, con carácter estable, en virtud del Motu Proprio ‘Spiritus Domini’, del pasado 10 de enero, que amplía el acceso a las mujeres.

MUJERES SACERDOTES, UNA CUESTIÓN ZANJADA

En todo caso, el nuncio ha aclarado que, en este documento, «el Papa Francisco separa de raíz la cuestión del acceso de la mujer al sacramento del Orden, remitiéndose a la cuestión doctrinal zanjada en sentido negativo por san Juan Pablo II».

Asimismo, ha precisado que «no se trata de una ‘clericalización’ del laicado cristiano» y que tampoco es «un derecho personal ni un beneficio que pueda exigirse conforme al gusto o inclinación, sino el fruto de una necesidad pastoral, atendiendo a la cual, la Iglesia ha de llamar y preparar».

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha reprochado a los políticos sus «disputas inertes», coincidiendo con el inicio de la campaña para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, y les ha pedido que afronten la «creciente y grave desigualdad social» en España.

«En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social. Este es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social que es siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares», ha indicado el cardenal Omella, este lunes, en su discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria de la CEE.

A su juicio, es el momento para «la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común» y para llevar a cabo «reformas estructurales que superen el vaivén de intereses electorales cortoplacistas». En este sentido, ha pedido no aprovechar la crisis humanitaria y social para «la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica».

Omella ha recordado que ya ha transcurrido más de un año de la pandemia de la Covid-19 «que suma cada vez más muertes y sigue constituyendo una amenaza para la salud de todos» y que «ha obligado a vivir bajo el régimen del temor, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la sospecha».

Si bien, ha expresado su «esperanza» a medida que «las vacunas se van distribuyendo» y ha deseado que «se distribuyan a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres». «El virus no lo podemos combatir aisladamente. Quizás sea la gran lección de esta situación», ha subrayado.

No obstante, frente a la creencia de que «todo volverá a ser lo mismo cuando pase la pandemia», Omella ha precisado que no será así pues quedará «un mundo herido, afectado muy desigualmente por la pandemia y, sobre todo, por la crisis económica que ha provocado».

«Lamentablemente, la pandemia ha acentuado los efectos de la crisis económica del 2008 y ha sacado a la luz pública muchas de las heridas que no habían cicatrizado», ha indicado, recordando que «una parte muy significativa de la población saldrá de esta crisis en una situación económica y social muy crítica».

INCIERTO FUTURO DE LOS ABULTADOS ERTE

En concreto, ha recordado que en España, el paro ha aumentado y afecta a casi cuatro millones de personas y también ha advertido del «incierto futuro» de los «abultados ERTE».

Si bien, ha remarcado que los que más están sufriendo son los más desfavorecidos, entre ellos, «sobre todo, los refugiados, los migrantes en situación irregular, las víctimas de la trata de personas, que la pandemia ha invisibilizado».

En este contexto, Omella ha asegurado la oración de los obispos por los gobernantes, aunque ha puntualizado que «la Iglesia no es una empresa, ni un partido político, ni un grupo de presión social, ni un lobby de poder, ni se identifica con ninguna ideología de este mundo».

En todo caso, «ante la tentación de algunos, que querrían apartar a la Iglesia del diálogo social, cultural y político», el arzobispo de Barcelona ha recordado el Concilio Vaticano II, en el cual se lee que «la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas» pero que ambas «están al servicio de la vocación personal y social del hombre» y «lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas».

«En este sentido, como señala el papa Francisco, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional», ha subrayado.

COMPROMISO PARA PREVENIR LOS ABUSOS SEXUALES

Por otro lado, sobre los abusos sexuales y coincidiendo con la reciente aprobación en el Congreso de la ley de protección a la infancia, Omella ha asegurado el «incuestionable compromiso de la Iglesia con las nuevas normas de imputabilidad».

Asimismo, ha recordado la «progresiva creación de Oficinas para la Protección de menores en todas las diócesis» y ha subrayado la importancia de la formación de los futuros sacerdotes para «prevenir en la formación todo tipo de clericalismo y de futuros abusos ya sean sexuales, de conciencia o de poder».

Para el desarrollo de la pastoral vocacional, ha anunciado que uno de los proyectos de estos años será la creación de un Centro nacional de Vocaciones.

En cuanto a los retos de la Iglesia en España, el presidente de la CEE ha destacado la importancia de la atención a «los ancianos», a «las familias» y a «los migrantes».

«Nuestro país, en la frontera sur de Europa, vive especialmente esta situación, y últimamente los obispos de Canarias, ante el abandono de los migrantes que llegan sin cesar al archipiélago, han llamado la atención de la sociedad para que no vivamos anestesiados ante el dolor ajeno», ha enfatizado.

También ha alertado sobre la situación de los jóvenes que «no lo tienen fácil» con «un paro juvenil que ronda el 40%, con cursos académicos en circunstancias especiales que seguramente influirán desigualmente en su aprovechamiento» y para quienes «los confinamientos se hacen más insoportables» pues «necesitan espacios para el encuentro, para salir, hacer deporte.

Otro reto, según ha dicho, es «promover una ecología integral al servicio del bien común y de las personas» pues «el ser humano no se puede colocar en el centro como dueño absoluto de todas las cosas y explotar el mundo a su antojo mediante la ciencia y la técnica».

Finalmente, Omella ha pedido, «en estos momentos de tristeza y aflicción», por «el fin de la pandemia» y por los que se ven afectados más directamente por ella: por los fallecidos y sus familiares, los enfermos, los sanitarios, los que han perdido el trabajo y los padres que sufren por llevar adelante a sus familias.

Nuevamente aumenta el optimismo de la población respecto a la actual situación de la pandemia, superando la barrera 50 por ciento, un total de 8 puntos por encima del dato de marzo, y hasta 36 puntos más con respecto a febrero, según muestra el barómetro de opinión realizado en marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El dato contrasta con los que afirma que lo peor está por llegar, que también bajan por segundo mes consecutivo; así, supone una bajada de 2 puntos menos desde marzo (del 13,5% al 11,2%). Y con los que afirman que la situación generada por el coronavirus en España se encuentra en el peor momento, que baja otros 2 puntos. Siendo la opinión refrendada este mes por el 24,9 por ciento, frente al 26,9 por ciento que lo opinó el pasado mes.

La encuesta, que ha sido realizada entre el 5 y al 14 de abril a 3.823 ciudadanos, muestra que del mismo modo baja la población que afirma que la crisis del coronavirus le preocupa mucho, pasando del 52,5 por ciento del pasado mes al 48,7 por ciento de abril. Así, sube un punto a los que les preocupa poco (4,6%), y los que dicen que les preocupa bastante (del 41,8% pasa al 43,8% de abril).

Del mismo modo baja levemente la población preocupada por los efectos de esta crisis sobre la salud (del 40% en marzo al 38% en abril), y sube un punto la preocupación por los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo (del 23% al 24,4%).

VUELVEN A BAJAR LOS VEN SU VIDA AFECTADA POR LA COVID

Preguntados por cómo les está afectado a su vida personal, se observa una bajada de cinco puntos con respecto al pasado mes. Así, el 58 por ciento afirma que todo lo que sucede le está afectando mucho o bastante; al tiempo que sube al 16,4 por ciento (2 punto más que en marzo) al que no le está afectado nada o casi nada, y hasta el 23 por ciento los que dicen que les está afectando algo (3 puntos más).

Al hablar de la vida social, siguen siendo más los que dicen que les está afectado mucho o bastante en sus relaciones aunque baja cuatro puntos este mes y hasta seis con respecto a febrero (del 75,2% al 71,6%), mientras los que señalan que no lo están notando casi nada o nada son el 12,8 por ciento y se sitúa en el 14 por ciento los que lo notan algo.

En cuanto a cuáles son los aspectos que más les afecta en la vida personal, por orden la población mantiene el distanciamiento con los seres queridos como principal aspecto (38,3%); las restricciones y libertad de movimientos (35,8%); el aislamiento y el confinamiento (16,9%); y le siguen los cambios en la vida cotidiana (; el trabajo o economía personal); el estado anímico negativo (ansiedad, tristeza…); el miedo al contagio suyo o de otras personas y por el cambio de las condiciones laborales.

SE MANTIENE LA POBLACIÓN QUE CONTACTA CON ASISTENCIA

Nuevamente, hasta un 26 por ciento ha tenido que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus o por otras causas relacionadas con el coronavirus; de estos el 58 por ciento contacto con su médico de Atención Primaria, el 14% con un teléfono 900 que la comunidad puso para estos caso, y hasta un 7,9 por ciento con el servicio de urgencias del Hospital.

Al 78 por ciento de los que acudieron a pedir asistencia se les realizó la prueba del coronavirus y, de estos, solo a un 34 por ciento se les diagnosticó la Covid-19. Es decir, del total de los encuestados por el CIS un 7 por ciento fue diagnosticado con el coronavirus, de ellos hasta el 10,2 por ciento ingresó en el hospital; un 63% tuvo síntomas leves y la paso en casa y el 15,7 tuvo síntomas importantes, pero no ingresó en el hospital.

La falta de confianza y un menor grado de socialización son las principales barreras internas que limitan el ascenso de la mujer hacia puestos directivos, según un estudio realizado por Emma Berenguer y Pilar Giráldez-Puig, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), para San Telmo Business School.

En un comunicado, la UPO detalla que los sesgos culturales, muy relacionados con los roles de género, son la mayor traba externa según este trabajo, que apunta hacia la política empresarial como el gran motor de cambio.

«Las mujeres presentan una menor autoestima, carecen muchas veces de confianza a la hora de optar, de plantear su opinión y de hacerlo de forma valiente», subraya Pilar Giráldez-Puig. Una faceta, apunta, con un marcado origen cultural «que condiciona tu forma de interpretar la vida» y que se traduce en un freno en la carrera profesional. «Debemos ser más proactivas, envalentonarnos y romper una lanza a nuestro favor», reclama la investigadora.

El informe, en el que colabora Banco Santander, analiza las barreras y las palancas, tanto internas como externas, que actúan sobre el acceso de la mujer a la alta dirección. Para ello recurre a grupos de discusión mixtos, donde han participado casi una veintena de profesionales con una experiencia que ronda los 25 años en el entorno empresarial.

Junto a la autoestima, un mayor número de responsabilidades extralaborales lastra la promoción femenina dentro de las empresas. Una situación que se traduce, según el estudio, en menos tiempo para tejer redes interpersonales. «Los hombres no elijen a las mujeres por verlas poco preparadas, es que muchas veces no se acuerdan de ellas. Si a esa invisibilidad por falta de socialización le sumas que les cuesta dar el paso adelante, limitas la capacidad que tienes de dar a conocer tu potencial», afirma Berenguer.

Así, indica que sobre ello actúan, en buena medida, los prejuicios y roles de género. «Las directivas reconocían que querían llevar el liderazgo en la educación de sus hijos. Lo ven como una responsabilidad y, a la vez, se sienten muy juzgadas por la sociedad y ante sí mismas si no cubren esos estereotipos, muy extendidos en nuestra sociedad y muy presentes en la educación familiar», apunta Giráldez-Puig.

Las medidas adoptadas en el seno de las compañías se situaron como la palanca de cambio preferente en los grupos de discusión, por encima de las sociales (familia, otras referentes, visibilidad) o de aquellas que provengan de la administración pública. Entre estas, la implicación de la alta dirección se designó como esencial, ya que de ella parte la transmisión ideológica y cultural de la empresa.

En segundo lugar, el informe recoge la comunicación abierta, algo que supone una escucha activa de la mujer en los momentos que necesita apoyo o encontrar una forma de conciliar sus objetivos. En este sentido, el informe plantea dos elementos clave: crear experiencias de trabajo inclusivas, donde reine un ambiente laboral de confianza, y la generación de referentes, que sirvan de ejemplo de trabajo y equilibrio entre la vida familiar y profesional.

Además de sobre la flexibilidad, los resultados ponen el foco en la profesionalización de los recursos humanos. «Esto abundaría en la eliminación de sesgos, de modo que prime la meritocracia sobre la selección informal, se incorporen planes de carrera», analizan las autoras, que ubican como último factor clave la unión entre hombres y mujeres.

Así, señala Berenguer, «este estudio no debe lanzar el mensaje de que son las mujeres quienes deben trabajar en solitario por el cambio, la alta dirección tiene que implicarse y ahí el 90 por ciento son hombres». Por ello, el informe tiene su origen en grupos de diálogo donde están representados ambos sexos, un factor diferenciador y poco común en trabajos dentro de este ámbito de estudio.

CAMBIO GENERACIONAL

A la hora de interpretar los resultados, las autoras advierten sobre dos cuestiones. Una es el tipo de empresa, ya que, si bien han participado directivos de compañías de todos los tamaños, los resultados no se pueden trasladar a las empresas familiares. El otro aspecto a considerar es la visión de la nueva generación, donde la percepción de las barreras difiere, y que requiere de una aproximación diferenciada.

Sobre ello, y ante la importancia de la cultura como factor transversal dentro de las barreras para la promoción, el estudio recoge la importancia de la educación como factor de cambio. «Una educación en valores, que fomente una autoestima sana entre hombres y mujeres, va calando y tiene más valor que una norma impuesta», sugieren las investigadoras de la UPO, a la vez que apuntan que ésta «llega, pero mucho más tarde y el mundo va evolucionando, pero su ritmo no es suficiente».

Emma Berenguer Cárceles es coordinadora académica del Máster en Finanzas y Banca de la UPO y María Pilar Giráldez-Puig, profesora de la UPO y formadora de directivos de Banco Santander, han presentado las conclusiones. El estudio ‘El acceso de la mujer a puestos directivos: barreras y palancas’ es fruto de un contrato de transferencia entre la escuela de negocios y la Universidad Pablo de Olavide, y está accesible desde la web ‘https://www.santelmo.org/uploads/wysiwyg-editor/informe%20acceso%20mujeres%20puestos%20directivos_compressed.pdf’.

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha ironizado este lunes sobre los resultados del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): «Es tan creíble esta encuesta como cualquier frase de Pedro Sánchez en un mitin», ha rechazado.

En rueda de prensa, Buxadé ha replicado que la única encuesta real para Vox es «la de la calle» y ha puesto como ejemplo el poder de convocatoria que tienen tanto el presidente del partido, Santiago Abascal, como su candidata a las elecciones de Madrid, Rocío Monasterio, en los actos que están celebrando por toda la comunidad.

Buxadé cree que la primera medida del CIS debe ser la dimisión de su presidente, José Félix Tezanos, y que «pida perdón» por el dinero gastado en encuestas «que luego son falsarias o irreales». «La única encuesta que aceptamos es la calle», ha insistido.

En cualquier caso, sobre los datos concretos del sondeo publicado este lunes, ha dicho que le produce «risa» que conceda al PSOE un apoyo del 31 por ciento de los votantes. «Eso no se lo cree nadie», ha subrayado.

De la misma manera, ha negado que el PP pueda estar subiendo en apoyos debido a un ‘efecto Ayuso’ de la presidenta de la Comunidad de Madrid o que exista una «reordenación» de la derecha española. A su juicio, el «juego» de derechas e izquierdas «no existe» y Vox es el partido que está «defendiendo a los trabajadores y las familias».

DUDAS SOBRE EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Igual que del CIS, Buxadé no se cree «nada» de Pedro Sánchez y por tanto tampoco da credibilidad a que el estado de alarma finalice el próximo 9 de mayo. Del presidente del Gobierno solo espera que un día anuncie su dimisión y se presente ante los tribunales para dar «ser enjuiciado por delitos cometidos a lo largo de su mandato», igual que otros miembros de su Gobierno como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o el del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En este punto, ha vuelto a criticar la falta de respuesta del Tribunal Constitucional a los recursos interpuestos por Vox y ha censurado que haya resuelto antes sobre la inclusión de Toni Cantó en la lista del PP para el próximo 4 de mayo.

Buxadé ha recordado que el Tribunal Constitucional tiene pendientes asuntos como las fórmulas para tomar posesión de su cargo de los diputados «de extrema izquierda» e independentistas, la falta de control al Gobierno al inicio de la pandemia o los dos estados de alarma decretados por el Ejecutivo.

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca presentará una demanda judicial ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno de España «en un plazo no superior a 30 días», ha anunciado su presidente, Policarpo Sánchez.

En una rueda de prensa conjunta con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el máximo responsable de la asociación ha lamentado que «desde hace muchos años» la Generalitat de Cataluña tenga «ilegalmente en su poder» 400.000 documentos.

«Hemos enviado numerosas solicitudes al ministerio exigiendo que cumpliese la ley y las sentencias judiciales, pero ninguna ha tenido contestación. No nos queda más remedio que esta nueva acción judicial para hacerle cumplir con su obligación de exigir a la Generalidad de Cataluña la devolución al Archivo de Salamanca de los documentos que no ha entregado a sus titulares legítimos, por no existir tales titulares o por haber sido entregados indebidamente a particulares a quienes nunca pertenecieron, una vez transcurrido sobradamente el plazo de un año previsto», ha apuntado.

Según sus palabras, la Generalitat «no está dispuesta a devolver esos 400.000 documentos, en un claro desafío al Poder Judicial y ha hecho público su desobediencia a las sentencias» y, ante ello, el Gobierno de España «les ha dejado hacer».

«Unos y otros han incurrido en responsabilidades que exigiremos ante los Tribunales de Justicia, y los 400.000 documentos volverán al Archivo de todos los españoles con sede en la ciudad de Salamanca», ha continuado.

ÚLTIMA ENTREGA

Respecto a «los 20.000 documentos y otros bienes» que recibió la Generalitat de Cataluña el pasado día 9 de abril, Policarpo Sánchez ha apuntado que «el 26 de diciembre de 2019, en previsión que llegase este momento, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca solicitó al Tribunal Supremo medidas cautelares que garantizasen la protección, conservación y devolución de esos documentos al Archivo de Salamanca en el plazo de un año a contar desde el momento de entrega».

Asimismo, tal y como ha continuado, el auto del Supremo «indica que podría interesarse como medida de ejecución, pero que correspondería al Ministerio de Cultura solicitarlo» y, «el Gobierno de Pedro Sánchez no lo hizo.

También, este lunes ha enviado una carta al Ministerio de Cultura para pedir que sus responsables «extremen la vigilancia» en el cumplimiento de la ley para que en abril de 2022 esa documentación «retorne al Archivo de Salamanca» de no llegar a sus propietarios.

A este respecto, ha asegurado que, de esos 20.000 documentos, «la inmensa mayoría no tienen propietario» por lo que «tendrá que retornarlos a Salamanca en el plazo de un año». «Si en abril de 2022 el Gobierno de España no exige ejecución de Sentencia incurrirá en prevaricación y, en consecuencia, actuará la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca», ha continuado.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dará cuenta el próximo jueves en el Pleno de esta institución del informe técnico que encargó tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos, impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones, como es el caso. Reconoce que el cambio puede llevar a este órgano a la «atrofia y la paralización» al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año, según han confirmado fuentes de este órgano.

El informe — que Lesmes defenderá en sesión online desde su domicilio, pues se encuentra confinado por un positivo covid 19 en su entorno familiar– resuelve dudas concretas que había suscitado la reforma entre los miembros de este órgano, realiza una lectura constitucional del mismo y limita su alcance para preservar sus funciones constitucionales, como es la concesión de amparos que en ocasiones solicitan jueces y magistrados que se sientes perturbados en sus funciones e independencia.

Según un comunicado remitido este lunes por el propio CGPJ, el informe técnico que se discutirá el jueves admite que la reforma puede llevar a una paralización que el legislador afirma expresamente que quiere evitar-, al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales «y que en nada comprometen ni vinculan al Consejo entrante».

El texto detalla también la supresión de la atribución para hacer nombramientos discrecionales debe hacerse extensiva a la designación demagistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y de cargos judiciales de la jurisdicción militar y a la aprobación de bases de convocatoria.

NOMBRAMIENTOS EN LO MILITAR

Ello no quiere decir, señalan las mismas fuentes, que con ello se resuelva la situación suscitada tras las sentencias hechas públicas la pasada semana por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anularon los nombramientos de los magistrados de la Sala de lo Militar de este órgano Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta porque el propio CGPJ infringió el procedimiento para cubrir dichas plazas al omitir el trámite de recabar determinados informes.

En ambos casos, el Supremo ordenó retrotraer el procedimiento al momento en que debieron solicitarse dichos para que se soliciten de forma inmediata tras la notificación de las sentencias. Además, concede un plazo de un mes al CGPJ para que formule la propuesta de provisión de las dos plaza vacantes.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces afirman que lo señalado en el informe no se refiere a este caso particular, sino al nombramiento de los jueces togados en general, y que lo que pase con los casos concretos de los nombramientos anulados de Castán y Cuesta ya se verá en los próximos días.

El texto, que no entra a valorar el ajuste constitucional de la norma, señala que el CGPJ, aun estando en funciones, ha de asegurar la acción de gobierno del Poder Judicial y, con él, su independencia y la de los jueces y magistrados que forman parte del mismo, por lo que sus competencias han de aproximarse a las propias de un Consejo con mandato vigente, estando justificadas sus limitaciones en la medida en que afecten a decisiones de gobierno y de política judicial que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo Consejo y dificulten o impidan su revocación por este.

El informe recuerda que la condición y la función constitucional del Consejo determinan que las atribuciones vinculadas al ejercicio de esa función constitucional se establezcan en la propia Constitución, que dispone el núcleo esencial de las funciones del CGPJ orientadas a servir de garantía institucional de la independencia del Poder Judicial.

Aunque la norma fundamental establece una habilitación legal, y al mismo tiempo una reserva cualificada de ley orgánica, para regular las funciones del órgano de gobierno de los jueces, esta no puede reducir las que la propia Constitución establece.

Ello conduce, según el escrito repartido este lunes a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, a hacer una interpretación conforme a la Constitución de la norma, de modo que el resultado se aproxime en elmayor grado posible a las competencias que corresponden al Consejo conmandato vigente, interpretando restrictivamente la limitación de funciones que se introduce en el artículo 570 bis (el reformado) y dotando de la mayor extensión posible a las que expresamente se mencionan en este, para incluir dentro de ellas aquellas que, sin estar expresamente mencionadas, se encuentran vinculadas a las mismas.

LIMITACIONES

El informe advierte que, a la hora de ser aplicada, la reforma puede conllevar una mayor dimensión de la que resulta de la mera lectura de su exposición de motivos, ya que al enumerar las facultades que, en contraste con las enumeradas en el artículo 560.1 LOPJ, mantendrá el Consejo en funciones no solo suprime la de hacer nombramientos discrecionales, sino muchas otras, al aludir de forma general el precepto a «aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Así, una interpretación conforme a la Constitución en la medida en que la reforma afecte al núcleo de competencias del CGPJ constitucionalmente establecidas y por tanto inasequibles para el legislador ordinario, una interpretación restrictiva del alcance de la limitación competencial atendiendo al carácter excepcional de la ley y una interpretación extensiva de la cláusula de cierre contenida en el apartado 2 del nuevo artículo 570 bis

Concluye por ello que tampoco podrá el Consejo aprobar las bases de las convocatorias de provisión de cargos judiciales de carácterdiscrecional, publicar las convocatorias o realizar cualquier otra actuación destinada a facilitar la resolución de un procedimiento denombramiento discrecional de cargos judiciales.

Además, entiende que no han de considerarse excluidas de las atribuciones del Consejo en funciones todas aquellas establecidas en el artículo 560.1 LOPJ que no se mencionen de manera expresa en el nuevo artículo 570 bis.1.

Por ello el CGPJ considera «subsistentes» las atribuciones que se derivan directamente de la Constitución vinculadas a las funciones constitucionales del Consejo, significada mente el amparo institucional, atribuciones indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales, atribuciones referidas a la garantía de independencia y al estatuto judicial y atribuciones indispensables para garantizar el normal funcionamiento del Consejo.

Finalmente, y a petición de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya, se ha incluido en el orden del día del Pleno del próximo jueves un punto para que se examine la reforma del Consejo General del Poder Judicial introducida por la Ley Orgánica 4/2021 y se debata sobre la petición de colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia.