La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca presentará una demanda judicial ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno de España «en un plazo no superior a 30 días», ha anunciado su presidente, Policarpo Sánchez.
En una rueda de prensa conjunta con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el máximo responsable de la asociación ha lamentado que «desde hace muchos años» la Generalitat de Cataluña tenga «ilegalmente en su poder» 400.000 documentos.
«Hemos enviado numerosas solicitudes al ministerio exigiendo que cumpliese la ley y las sentencias judiciales, pero ninguna ha tenido contestación. No nos queda más remedio que esta nueva acción judicial para hacerle cumplir con su obligación de exigir a la Generalidad de Cataluña la devolución al Archivo de Salamanca de los documentos que no ha entregado a sus titulares legítimos, por no existir tales titulares o por haber sido entregados indebidamente a particulares a quienes nunca pertenecieron, una vez transcurrido sobradamente el plazo de un año previsto», ha apuntado.
Según sus palabras, la Generalitat «no está dispuesta a devolver esos 400.000 documentos, en un claro desafío al Poder Judicial y ha hecho público su desobediencia a las sentencias» y, ante ello, el Gobierno de España «les ha dejado hacer».
«Unos y otros han incurrido en responsabilidades que exigiremos ante los Tribunales de Justicia, y los 400.000 documentos volverán al Archivo de todos los españoles con sede en la ciudad de Salamanca», ha continuado.
ÚLTIMA ENTREGA
Respecto a «los 20.000 documentos y otros bienes» que recibió la Generalitat de Cataluña el pasado día 9 de abril, Policarpo Sánchez ha apuntado que «el 26 de diciembre de 2019, en previsión que llegase este momento, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca solicitó al Tribunal Supremo medidas cautelares que garantizasen la protección, conservación y devolución de esos documentos al Archivo de Salamanca en el plazo de un año a contar desde el momento de entrega».
Asimismo, tal y como ha continuado, el auto del Supremo «indica que podría interesarse como medida de ejecución, pero que correspondería al Ministerio de Cultura solicitarlo» y, «el Gobierno de Pedro Sánchez no lo hizo.
También, este lunes ha enviado una carta al Ministerio de Cultura para pedir que sus responsables «extremen la vigilancia» en el cumplimiento de la ley para que en abril de 2022 esa documentación «retorne al Archivo de Salamanca» de no llegar a sus propietarios.
A este respecto, ha asegurado que, de esos 20.000 documentos, «la inmensa mayoría no tienen propietario» por lo que «tendrá que retornarlos a Salamanca en el plazo de un año». «Si en abril de 2022 el Gobierno de España no exige ejecución de Sentencia incurrirá en prevaricación y, en consecuencia, actuará la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca», ha continuado.