El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque de forma «inmediata» una reunión de la Conferencia de Presidentes para aclarar el marco legal que se va a aplicar una vez que acabe el estado de alarma el próximo 9 de mayo y que el Gobierno ofrezca explicaciones ante el «desmadre» y el «caos» de la vacunación.

Casado ha realizado esta petición sobre la Conferencia de Presidentes –no se reúne desde el pasado 26 de octubre– en un encuentro del Consejo Provincial de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

El presidente del PP ha afirmado que el Consejo de Estado ha dado «la razón» a su partido cuando pide un marco jurídico adecuado para afrontar el Covid 19 como «una ley de pandemias» y ha acusado al Gobierno de «ocultar durante semanas» ese informe del órgano consultivo como, según ha dicho, ya hizo con otro dictamen sobre los fondos europeos.

Dicho esto, ha subrayado que es necesario modificar la legislación para que las autonomías tengan un «marco legal para tutelar la salud de todos los ciudadanos» y ha subrayado que el PP viene solicitando desde hace meses «por activa y por pasiva» la aprobación de un plan b jurídico.

CRITICA QUE SÁNCHEZ ESTÉ EN ANGOLA «CON ESTE CARAJAL»

Por eso, ha exigido la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para que el Gobierno explique «qué va a pasar a partir del 9 de mayo» y «se diga claramente qué está pasando con la vacunación en España». «No es mucho pedir», ha proclamado, para añadir que este proceso de vacunación es «un caos», un «desmadre» y un «auténtico despropósito».

Aunque ha dicho que el Grupo Popular ha registrado ya la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que esas explicaciones debe darlas el propio Sánchez ante el «desmadre» y el «caos» con la vacunación porque es el máximo responsable.

En este punto, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que se haya ido a Ángola y Senegal estos días cuando, a su juicio, es necesario dar un mensaje de «claridad» a los ciudadanos con las vacunas, que no saben cuándo les van a vacunar, qué va a pasar con lasegunda dosis de AstraZeneca y si van a poder «salir a la calle el 10 de mayo. «Es un escándalo», ha enfatizado, para recriminar de nuevo a Sánchez que esté fuera de España con este «carajal».

Casado ha afirmado que «se trata de establecer una campaña de vacunación y no hacer campaña con la vacunación como hace el presidente del Gobierno». Si Europa suministra las vacunas y las CCAA son las encargadas de administrarlas, ¿para qué pagamos al presidente del Gobierno si se abstiene de cualquier responsabilidad?», se ha preguntado.

El presidente del PP, que ha acusado a Sánchez de «anteponer sus intereses electorales» a la salud en la gestión de la pandemia, ha urgido al Gobierno a dar explicaciones. «Pido por favor claridad, aunque solo sea por una cuestión de sensibilidad social y de salud pública porque hay que tener un marco legal suficiente para que las autonomías hagan su trabajo», ha abundado.

SÁNCHEZ, «EL PERRO DEL HORTELANO» EN LA PANDEMIA

Además, el presidente del PP ha contrapuesto la gestión de los presidentes autonómicos de su partido durante la pandemia con la del Gobierno de Pedro Sánchez, quién, a su juicio, ha actuado como «el perro del hortelano» que «ni ha gestionado ni ha dejado gestionar», «ocultándose» detrás de las autonomías.

Casado ha asegurado que hoy al Gobierno le han «coincidido» hoy dos debates, el del «caos de la vacunación» y el de las previsiones económicas, con las que han «engañado» a los ciudadanos porque dejan en «papel mojado» los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace pocos meses.

En este punto, ha presumido de la experiencia de gestión económica del PP. «Si la economía va mal y tenemos una banda de políticos y gestores que son incompetentes al frente de las instituciones como el Gobierno de España, el problema es que la economía se acaba ahogando», ha manifestado.

El alcalde de Soba, el regionalista Julián Fuentecilla, ha defendido en el Senado la puesta en marcha de un plan inicial para combatir la despoblación del mundo rural y acabar con la «desertización humana» de los pueblos.

Así lo expuso este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, a propuesta del senador autonómico y diputado regional José Miguel Fernández Viadero, ha informado el PRC en nota de prensa.

Durante su intervención, Fuentecilla ha denunciado que se han promocionado a las ciudades como lugares de «desarrollo, futuro y éxito» durante décadas, con grandes inversiones en infraestructuras y servicios e industria «porque tienen más habitantes», lo que ha supuesto «una gran bola de nieve que engorda a las ciudades, pero deja aniquilados a los municipios de zona rural, especialmente, a los de alta montaña».

Además, ha criticado los «paupérrimos recursos» que tienen para hacer frente al mantenimiento de los servicios, ya que, a su juicio, la participación de estos ayuntamientos en la financiación del Estado «es básicamente por habitante».

«Todo esto está ocasionando el gran ocaso del medio rural y, si es queremos salvarlo, hay que tomar medidas de una manera decidida ya», ha opinado.

Así, el plan, defendido por Fuentecilla, está diseñado a 10 años y contemplado para ponerlo en marcha en ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y menos de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, con pérdida permanente de población en los últimos 10 años.

En concreto, el plan recoge 10 medidas sobre infraestructuras y servicios, incentivos fiscales, autónomos y trabajadores, puesta en valor económico del territorio, sensibilización social, natalidad, compatibilidad de las ayudas, listado de municipios afectados, vivienda y seguimiento.

En cuanto a infraestructuras y servicios, apuesta por un plan «decidido y auténtico» que acabe con la brecha digital y el acceso y cobertura a las diferentes redes de comunicación; la mejora de las redes de saneamiento; el acondicionamiento de carreteras, caminos rurales y equipamientos públicos; la pavimentación de los núcleos urbanos; el mantenimiento de los edificios públicos y los consultorios médicos con una «buena» cobertura.

También apuesta por una «buena» dotación educativa y la potenciación de los servicios de atención a la dependencia y de servicios sociales, contemplando la creación de centros de día concertados y apartamentos tutelados para la tercera edad.

En materia fiscal, plantea la deducción del 50 por ciento del IVA en todas las actividades que se realicen en el municipio, por un periodo de diez años: rehabilitación y construcción de viviendas para residentes empadronados; rehabilitación de viviendas con más de 50 años de antigüedad para residentes y no; rehabilitación de edificios o construcción de nuevos para desarrollar actividades económicas; transacciones económicas de compra-venta de productos agrícolas, ganaderos, artesanales; y ayudas especiales para el alquiler y rehabilitación.

Asimismo, el plan recoge que los autónomos residentes en estos municipios dispongan de una tarifa plana de 50 euros para que inicien una actividad, como incorporación al sistema durante los primeros cinco años, y los siguientes cinco años un 50 por ciento.

Además, incluye una bonificación del 50 por ciento para los autónomos que ya estén dados de alta en cualquier actividad, durante 10 años.

También propone una tarifa reducida del IRPF en un 50 por ciento para trabajadores asalariados y jubilados, y una tarifa reducida de un 50 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social de los empresarios que tienen su empresa y sede social en el municipio, durante 10 años.

Por otra parte, la propuesta defendidas pone en valor la economía de los municipios mediante el apoyo a la agricultura y ganadería y la industria derivada de su desarrollo, con campañas de potencien el consumo de sus productos, y de los recursos naturales y singulares de estos territorios.

Igualmente, apuesta por campañas de sensibilización sobre la necesidad de mantener la población del mundo rural y por el fomento de la natalidad, mediante ayudas de 300 euros al mes, hasta los cincos primeros años por hijo, a madres o familias que «cumplan estrictamente los requisitos de presencia real».

Todas las ayudas previstas en el plan serán compatibles con las ayudas oficiales que ya están puestas en marcha en los territorios.

Por último, propone que todos los comunidades aprueben un listado de municipios acorde a la normativa europea sobre densidad de población (12,5 habitantes por kilómetro cuadrado), como ya se ha hecho en Cantabria, y que se realice «un buen control» del plan para evitar que personas o empresas intenten «aprovecharse» sin cumplir los requisitos a través de «fuertes sanciones».

En Cantabria 30 municipios están considerados en riesgo severo de despoblamiento: Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campo de Suso, Herrerías, Lamasón, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rasines, Rionansa, Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Liébana y Vega de Pas.

La Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace) ha presentado este viernes el estudio ‘El cuidado informal en el daño cerebral adquirido: impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas cuidadoras’, que refleja «una gran desigualdad de género» al constar un perfil claramente feminizado: 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres.

Esta investigación promovida por Fegadace contó con el apoyo de la Fundación Barrié, de la Fundación Roviralta y de la Consellería de Política Social, y fue elaborada por ReTnova Proxectia Consulting, entre otros.

El proyecto ha sido apoyado con una inversión de 7.300 euros y han participado 282 personas encuestadas por vía telefónica. Los resultados del estudio fueron presentados por María Vidal Martínez, consultora senior e investigadora principal del estudio como parte de ReTnova Proxectia Consulting.

Las conclusiones indican una gran desigualdad de género, ya que el perfil de las cuidadoras está claramente feminizado y 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. En buena parte de los casos, son cónyuges de la persona afectada.

También se concluye que hay un mayor impacto en la salud y calidad de vida de las mujeres. Estas tienen mayores problemas físicos y mentales asociados a la actividad de los cuidados que los hombres cuidadores, según los datos recopilados por el estudio.

A raíz de esto se muestra que hay más mujeres siguiendo tratamientos, especialmente por trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad.

«Hay un detrimento más severo de la salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras», expuso María Vidal. Por tanto, desde el estudio se reclama la necesidad de la puesta en marcha de recursos de apoyo y el diseño de medidas con perspectiva de género.

También se concluye la importancia de medidas públicas sociales y sanitarias que contribuyan a mejorar la vida de las personas cuidadoras, especialmente en el ámbito psicológico y emocional.

La presentación contó con el testimonio de María Isabel Pardo, una cuidadora informal que expuso alguno de los problemas recogidos en el estudio, tales como la necesidad de apoyo institucional o los problemas psicológicas derivados del cuidado de una persona dependiente.

UNA REALIDAD

Concluyeron la presentación Raquel Martínez, decana de la Facultad de Socioloxía de la UDC y Antía Pérez, profesora. Ambas expusieron, entre otras cosas, los problemas derivados de la crisis del COVID-19, que han reducido en casi 3.000, las personas beneficiarias de las prestaciones para cuidados de larga duración.

Teresa Presedo, responsable del Área Social de la Fundación Barrié, recalcó que «es la primera investigación de esta índole que se lleva a cabo en Galicia».

«La realidad habitual con la que nos encontramos en las asociaciones es que las principales responsables del cuidado son mujeres. Una desigualdad de género que quisimos estudiar e investigar» recalcó Luciano Fernández, presidente de Fegadace.

El director general de Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antón Acevedo, quiso visibilizar «la necesidad de descanso y de apoyo físico y psicológico» para las cuidadoras. Apostó por «seguir trabajando en esta línea» y mostró el compromiso de la Xunta «para ayudar a estas mujeres».

El presidente de Vox y jefe de campaña del partido para las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo, Santiago Abascal, ha calificado este viernes de «criminal» al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y ha comparado la «manipulación» de ciertos medios de comunicación sobre lo ocurrido en su acto en Vallecas con las noticias del diario Egin.

«Están actuando de la misma manera que el diario proetarra Egin relataba las noticias sobre terrorismo, convirtiendo a las víctimas en los culpables», ha asegurado Abascal, en un acto celebrado en el barrio de La Latina.

Asimismo, ha criticado al PSOE y a «la traición del puñal naranja» de Ciudadanos por poner en «peligro» a Madrid y que pueda llegar un «criminal» a sus instituciones, en referencia Iglesias, al que también se ha referido como «sátrapa de Galapagar».

«Venimos a decir que en estas elecciones hay que arrebatar la careta al PSOE, a través del anodino (Ángel) Gabilondo vuelve a disfrazarse de moderado y nos vuelve a decir Pedro Sánchez que las elecciones se juegan en el centro y se vuelven a poner la piel de cordero», ha asegurado Abascal.

Considera que es lo mismo que ocurrió en las pasadas elecciones generales, en las que «bajaron el tono» y luego pactaron con «comunistas, separatistas y terroristas». «Si no hay una mayoría que lo impida, Gabilondo no será presidente, Iglesias será el presidente de la Comunidad de Madrid», ha avisado.

Por otro lado, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha pedido que tome las medidas que «legalmente pueda tomar» para acabar con las restricciones frente a la pandemia, el toque de queda y que la hostelería pueda recuperarse.

De la misma forma, ha insistido en que los madrileños tienen que circular por todos las calles, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero que «en ningún caso nos encierren a las 11 de la noche como en un vulgar estado totalitario».

«ELECCIONES EN LIBERTAD Y SIN VIOLENCIA»

El presidente de Vox ha vuelto a referirse a lo sucedido en Vallecas el pasado miércoles en su acto y ha pedido que se lleven a cabo unas elecciones «en libertad y sin violencia». También, ha aludido a la «gravedad» de enfrentarse a unos comicios cuando el Gobierno «está amparando la violencia» contra la oposición y «arrebata» a muchos madrileños la posibilidad de ser representados.

Ha reprochado al «vicepresidente en la sombra» Pablo Iglesias por haber «alentado la violencia» y le ha criticado por culpar a Vox de protagonizar las agresiones, la ruptura del cordón policial, con personas que «podían haber fallecido a cuenta de un mal golpe».

Considera en que esta «violencia» se produce porque no quieren que Vox vaya a los barrios de Madrid a hablar de «los narcopisos, la delincuencia, la situación que ha creado la inmigración ilegal y los menas que han destruido la prosperidad en los barrios de Madrid».

«Frente a un estado de alarma que nos ha encerrado en nuestros barrios, en nuestras provincias, mientras los extranjeros turistas o ilegales podrían circular por todo el territorio», ha manifestado, a lo que ha añadido que quieren ser «españoles de pleno derecho que circulan por todo el territorio nacional».

El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por el expresidente de Bankinter Jaime Botín contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a tres años de cárcel y una multa de 91,7 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar en barco el cuadro de Pablo Picasso «Cabeza de Mujer joven» con la intención de venderlo en Reino pese a ser una obra «inexportable» por su valor en la historia de la pintura.

En una providencia con fecha del pasado 18 de marzo, la Sección Tercera de la Sala Segunda del tribunal de garantías ha acordado inadmitir el recurso presentado por la defensa del exbanquero debido a que aún no había «concluido el proceso abierto en la vía judicial».

Según explican los magistrados Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol, Pedro José González-Trevijano, cuando se interpuso el escrito de demanda «aún estaba pendiente de resolver el incidente de recusación» planteado por la defensa de Botín contra el magistrado al que se le designó la ponencia de la sentencia de la Audiencia de Madrid.

Una vez cerrada la vía judicial del todo, pues la recusación se desestimó el pasado mes de febrero, se abre la puerta a que la defensa pueda presentar un nuevo recurso de amparo contra la condena firme de tres años de prisión por tratar de sacar un cuadro valorado en 26,2 millones de euros, perteneciente al periodo de Gósol del pintor malagueño (1906).

LA EXPORTACIÓN NO CONTABA CON EL PRECEPTIVO PERMISO

La Audiencia Provincial de Madrid ratificó el pasado mes de noviembre la sentencia dictada a principios de 2020 por el Juzgado de lo Penal 27 de Madrid, que le condenó a tres años de prisión y a una multa de 91,7 millones de euros al entender que el traslado de la obra de arte, hallada en Córcega, no contaba con el preceptivo permiso de las autoridades españolas y británicas y que por tanto, el hecho era constitutivo de un delito de contrabando de bienes culturales.

En la sentencia, los magistrados de la Audiencia de Madrid pusieron el acento en que se trata de una obra de Picasso de «gran interés para la historia de la pintura» y recuerdan que el cuadro ha sido declarado «inexportable» por esta razón.

Pero el expresidente de Bankinter ignoró la orden del Ministerio de Cultura que le prohibía exportar el cuadro y, «pese a ser plenamente consciente» de ello, tal y como señala la sentencia, trasladó el cuadro a su goleta atracada en Valencia «con la finalidad de sacarlo de España, dando instrucciones a su capitán para que lo ocultara a las autoridades». La intención era vender la obra en una subasta que se celebraría en febrero de 2013 en Londres.

Para ello, Botín solicitó el 5 de diciembre de 2012 a la Secretaría de Estado de Cultura poder trasladar la pintura a Londres, autorizando para ello a la casa de subastas británica Christie’s. Sin embargo, la petición fue denegada tan solo unos días después.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español argumentó que no existe «una obra semejante en territorio español», puesto que se trata de una de las pocas pinturas de una etapa en la que el autor «se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico» y en la que su trabajo influyó «decisivamente, no sólo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX».

Este mismo organismo encargó a la conservadora jefe de Pintura y Dibujo del periodo 1881-1936 del Museo Reina Sofía un informe en cuyas conclusiones se destacaba la «excepcional importancia» de la pintura, adquirida por Botín en 1977 a la Marlborough Fine Art de Londres.

BOTÍN DIJO QUE NO ERA SUYO

Con esta valoración, el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas dictó una resolución el 19 de diciembre de 2012 en la que denegaba «el permiso de exportación definitiva» del cuadro y pedía a la Comunidad de Madrid que declarara la pintura como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos días después Botín presentó un recurso en el que alegaba que el cuadro no era de su propiedad sino de una compañía denominada Euroshipping Charter Company Limited, que apuntó además que el barco no estaba en territorio español por encontrarse en un velero de pabellón británico atracado en el Real Club Náutico de Valencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó en 2015 la prohibición de salida del cuadro de Picasso por cuanto, una resolución que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 2 de marzo.

INTERCEPTADO EN CÓRCEGA

En junio de 2015, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó una inspección del barco y pidió al capitán que hiciera una declaración de los bienes a bordo, pero no incluyó el cuadro, tal y como le había indicado Botín y se dio por probado el juez que le juzgó en noviembre de 2019 por estos hechos.

Fueron los servicios aduaneros franceses los que, sabiendo que el exbanquero estaba tramitando un permiso de salida de Córcega, donde la goleta estaba atracada, ordenaron una inspección de la misma y localizaron el cuadro embalado en la cabina del comandante.

Cuando se enteraron de que Botín tenía prohibido sacar la pintura de España, procedieron a su incautación, dado que además, el banquero estaba tramitando pasajes de avión para desplazarse con el cuadro hasta Suiza.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, defiende ahora mantener en un puesto de libre designación al cargo de Adif contra el que se sigue la causa por el accidente del tren Alvia que ocurrió en Angrois (Santiago) en julio de 2013.

Cerrada la instrucción, la justicia determinará si el maquinista y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, son responsables de 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Preguntado durante una rueda de prensa en Santiago al respecto del compromiso que trasladó a las víctimas del siniestro ferroviario de ordenar el cese del cargo imputado en el momento en el que se alcanzase «el momento procesal» del juicio oral –en una reunión en 2018–, Ábalos ha alegado que Cortabitarte «no tiene ya ninguna responsabilidad en Adif, desde luego, en materia de seguridad».

«Este empleado público de Adif no tiene ninguna responsabilidad en la actualidad. Desde luego no la tiene en lo que estaba. Lo que no podemos tampoco es despedirlo, porque es un empleado sobre el que todavía no pesa una sentencia que le inhabilite para el cargo de empleado público», ha argumentado.

Andrés Cortabitarte, al que los magistrados de la Audiencia Provincial atribuyen la falta de atención del «riesgo especial de descarrilamiento» en la curva de A Grandeira, sigue a día de hoy subdirector de Gestión Logística y Aprovisionamientos de Adif, según confirman fuentes de la empresa pública.

«NO ENTRO EN LAS REPRESALIAS»

Ante la presencia de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la que ha hecho mención, el ministro ha señalado que él no entra «en las relaciones laborales ni tampoco en las represalias».

«Lo que entiendo es que tiene que afrontar, digamos, las responsabilidades sobre el puesto que tenía, que era sobre seguridad y no lo tiene», ha expuesto. De este modo, ha justificado que «forma parte de la nómina porque no hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo o separarlo».

DIMISIÓN EN RENFE

Además, Ábalos ha hecho referencia a que «en aquel momento también» pidieron las víctimas el cese del que fuera responsable de seguridad en Renfe, Antonio Lanchares. «Y lo hicimos también», ha apuntado.

«Se le separó a la persona que llevaba seguridad y había estado concernida con motivo del accidente», ha recordado el titular de Transportes, sin precisar que Lanchares dimitió en un momento en el que estaba próximo a su jubilación.

Así las cosas, el ministro ha reivindicado haber hecho cuanto se les pidió «dentro de los límites legales». «Cumplí en su momento dejando a las personas que tenían responsabilidades en aquel momento, separándolas», ha concluido.

CIAF

En este sentido, ha indicado que también se dirigió a la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) para que sus integrantes «reabrieran la investigación». «Pero yo no sé… no tenemos la capacidad para forzar que se reabra una comisión que es independiente. Si no, ya no lo es», ha argumentado.

Es más, «fruto de aquella experiencia», como se ha referido a la tragedia en la que murieron 80 personas, existe «un proyecto de gobierno de hacer una comisión de investigación de accidentes de todos los modos de transporte». Según ha explicado, «para dotarla técnicamente y con recursos que le garanticen justamente esa independencia».

SUS INTENCIONES

Por último, ha asegurado no entender «por qué debe haber dudas» de su intención cuando dijo este jueves que prioriza la sensibilidad para con las víctimas del accidente.

«Eso es ya prejuzgar. Yo fui franco ayer. Colaboración con la justicia y reparación de las víctimas y siempre empatía con las víctimas. No sé por qué alguien tiene que prejuzgar otra intención. Creo haberlo hecho dentro de los marcos legales y exentos de la arbitrariedad. No podemos ser arbitrarios», ha razonado Ábalos.

«NO TENGO NECESIDAD DE ENCUBRIR A NADIE»

En esta línea, ha concluido que él no tiene «necesidad de encubrir a nadie». «No formé parte de la época y no tengo ninguna tendencia corporativa ni corporativista», ha apostillado.

«Lo que tenga que ser lo va a resolver la justicia y nosotros ayudaremos a que a la justicia no le falten medios para poder llegar a esa conclusión», ha remachado.

El presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Enrique Moreno, ha explicado este viernes que calcula que las comparecencias de la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, y de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, propuestas esta semana, se producirían «a mediados de otoño».

En rueda de prensa a la conclusión de la sesión de comparecencias celebrada este viernes con la asistencia del exalcalde de Lebrija y exdirector de Recursos Externos de la Faffe, Antonio Torres, Moreno, quien ha comparecido junto a la portavoz de Cs en esta comisión, Teresa Pardo, ha explicado que el nuevo bloque de comparencias integrado por 22 propuestas arrancará a partir del 21 de mayo y lo hará con los representantes de los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) y CSIF.

El presidente de la comisión de la Faffe se ha pronunciado por los argumentos expresados este jueves en Sevilla por María Jesús Montero para rechazar su comparecencia.

Moreno ha recordado que la ministra de Hacienda alegó un informe del Consejo de Estado que eximía a responsables gubernamentales de comparecer ante Asambleas autonómicas y que se elaboró para la ex ministra Fátima Báñez y ha concluido que «el informe del Consejo de Estado se dictó para situaciones distintas».

«La señora Fátima Báñez no fue consejera en la etapa en que se cometieron irregularidades», ha esgrimo Moreno, quien ha apelado a la condición de Montero como «consejera de Hacienda para conocer el desarrollo de esta fundación», en referencia a la Faffe.

«Es una persona que puede aportar información y debe colaborar con este Parlamento», ha remachado.

Moreno, cuestionado por una posible comparecencia de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha trasladado que «no están porque los grupos no los han propuestos» y ha advertido de que habría margen para citarlos al margen del listado de próximos comparecientes.

Teresa Pardo ha apostillado que «Chaves y Griñán se rieron una vez de los andaluces y no vamos a consentir que sean dos, no los hemos llamado».

Moreno ha detallado que las comparecencias de la comisión de la Faffe se programan los viernes de las semanas parlamentarias que no se celebran Pleno y hay comisiones y las citaciones se hacen al ritmo de dos personas por cada sesión.

El bloque actual de comparecencias concluirán el 7 de mayo y lo harán con la citación de nuevo del tercer teniente de alcaldesa y concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Camas (PSOE), quien debía comparecer este viernes y no lo ha hecho tras alegrar que su convocatoria no la había recibido en tiempo y forma, a quien se sumará en esa jornada Juan Carlos Carrillo, y con ellos concluirá un primer bloque de 40 comparecientes.

Enrique Moreno ha defendido el trabajo de la comisión sobre la Faffe, como «serio y riguroso» y ha estimado que «es positivo para aclarar las irregularidades» cometidas en esta fundación, que ha sostenido «es el objeto de esta comisión».

Moreno ha sostenido que el informe de conclusiones de la comisión de la Faffe concluirá a finales de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado en una sentencia que «la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en sus centros de trabajos», agregando que esta situación no se ha producido «ni antes ni después de sobrevenida lapandemia».

En una sentencia, el Alto Tribunal madrileño estima en parte la demanda formulada por conflicto colectivo de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por el sindicato APsemueve, a la que se adhirieron diversas organizaciones en defensa de médicos de Atención Primaria, entre ellos UGT, CCOO, CSIT Unión Profesional y Amyts.

Los magistrados reprenden al Gobierno regional por «incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo».

Por tanto, se condena a «la demandada a efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales con la valoración de los puestos de trabajo de los médicos de atención primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma».

En la argumentación, los magistrados apuntan que en este caso el Gobierno regional no ha cumplido con las normas porque «no hay un plan de prevención de riesgos laborales ni antes ni después de sobrevenida lapandemia» ni tampoco «se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo del colectivo afectado por el presente conflicto».

«Únicamente consta que se han dado instrucciones para autoprotegerse de la infección por el virus Covid-19, sin que haya acreditado la demandada la implementación de las medidas de protección, la entrega de EPIs suficientes al efecto, ni la evaluación del riesgo ni el seguimiento de su impacto en los distintos puestos de trabajo», recalca el fallo.

Seguidamente, destacan que «si bien las dimensiones de la pandemia sobrepasaron las previsiones en todos los ámbitos, en el momento actual el escenario no es el mismo, dado el tiempo transcurrido y la Comunidad únicamente ha aportado la elaboración de distintos protocolos relativos a la forma de actuar de cara a la atención al paciente afectado».

Pese a ello, apunta la Sala en la resolución, no consta cuál es «la dotación de EPIs ni las medidas de protección de los profesionales en sus puestos de trabajo».

«Hay una hipotética omisión de los elementales deberes de prevención ante la existencia de un riesgo constatado de producción cierta o potencial de un daño para la salud derivado del Covid 19, que está afectando a los derechos que protege el artículo 15 CE», recoge.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La plataforma APsemueve ha señalado en un comunicado que trata de la primera sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que analiza de forma pormenorizada «la carga de trabajo y la falta de plantilla como elemento de prevención de riesgos laborales y su importancia en el análisis de los puestos de trabajo y que su falta de valoración atenta directamente a la salud de los trabajadores».

El colectivo subraya que el fallo destaca «la falta de valoración del Covid 19 como Riesgo Biológico existente, condenando a la Comunidad de Madrid realizar los estudios de la carga de trabajo y plantilla necesaria para evitar los riesgos que en la actualidad existen y que atentan a la salud de médicos y pediatras».

«Seguimos trabajando en nuestras consultas, con nuestros compañeros de los equipos de nuestros centros, y en los barrios. Desde hoy, con un poco más de ilusión, y confianza en que se puede avanzar en las mejoras, con el convencimiento de que todos juntos llegaremos más lejos», señala el colectivo.

Más de 40 abogados de asociaciones pertenecientes a la Coordinadora de Abogados de Cataluña, incluido Gonzalo Boye, han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesar a dicho letrado en el marco de la causa sobre el ‘narco’ gallego ‘Sito Miñanco’.

La querella se dirige contra la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, por ambos delitos, pero también contra una letrada de la administración de justicia y el fiscal especial antidroga Ignacio Miguel de Lucas Martín, que trabajan en ese mismo juzgado, por el de encubrimiento de asesinato.

Los querellantes entienden que «ni la jueza María Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra tanto en Colombia como en España». «Todo lo contrario, lo han encubierto, a fin de proteger a este investigado, a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye», han denunciado.

Se refieren al asesinato perpetrado el 24 de enero de 2018 en la localidad colombiana de Pereira contra Santiago Quintero Marín, un supuesto ‘narco’ que estaría relacionado con la organización de ‘Sito Miñanco’, del que Boye y los demás querellantes culpan al ‘narco’ arrepentido Manuel Andrés Puentes Saavedra en lo que sería un ajuste de cuentas a nivel interno.

Tanto Quintero Marín como Puentes Saavedra estaban investigados en la causa que instruye Tardón por presuntas operaciones en las que se pretendía introducir casi cuatro toneladas de cocaína en España y blanquear el dinero obtenido de la droga. Según Boye, es la declaración del segundo ‘narco’ la que llevó a la instructora a imputarle el pasado mes de enero.

De acuerdo con el relato de Tardón, Puentes Saavedra y otro procesado iniciaron una serie de acciones para recuperar los 889.620 euros de ‘Sito Miñanco’ intervenidos en un operativo policial efectuado en 2017 en el aeropuerto de Barajas, y en ese contexto se reunieron con Boye y otro abogado que les ofrecieron elaborar falsos contratos de compraventa de letras de cambio para justificar el origen legal del dinero.

«PERJUDICAR GRAVEMENTE» A BOYE

Los abogados querellantes sostienen que Tardón y De Lucas «se prevalieron de sus cargos y de la función que desempeñan para perjudicar gravemente a Gonzalo Boye y lograr su procesamiento por un delito de falsedad documental y blanqueo de capital procedente del narcotráfico».

Para ello, apuntan, «jueza y fiscal simularon su ánimo de informar a las autoridades colombianas acerca de los sólidos indicios de la participación activa del investigado Manuel Andrés Puentes Saavedra en el asesinato del coinvestigado Santiago Quintero Marín».

Con esta supuesta maniobra, Tardón y De Lucas habrían logrado que Puentes Saavedra prestara una declaración voluntaria en la que incriminó a Boye, tras lo cual obtuvo la libertad provisional, con el informe favorable del fiscal.

«Manuel Andrés Puentes Saavedra disfruta desde entonces de libertad provisional y no se ha comunicado a las autoridades colombianas los indicios de su participación ‘activa’ en el asesinato de Santiago Quintero Marín», subrayan.

«ENORME PERJUICIO PERSONAL Y PROFESIONAL»

En cuanto al delito de prevaricación que atribuyen a Tardón, se basan en sus resoluciones del 19 de octubre de 2019, donde acordó la entrada y registro en los domicilios particular y profesional de Boye, así como en el auto del 14 de diciembre de 2010, que alza el secreto de parte del contenido del teléfono móvil y de la carpeta de correos electrónicos del abogado.

«La injerencia en su vida íntima y profesional, con afectación de derechos de terceros –preferentemente, sus clientes– fue inmensa», aducen, recalcando que la juez se habría fundado solamente en «la declaración falsaria y espuria» de Puentes Saavedra, de quien dicen que «ha sido premiado con su libertad y con su impunidad por el asesinato de Santiago Quintero».

«La gravedad de la conducta de la magistrada querellada se percibe desde el punto y momento en que, apartándose ostensiblemente de la consolidada jurisprudencia respecto a las declaraciones de coinvestigados, criminaliza arbitrariamente la labor de defensa del letrado Gonzalo Boye, persiguiendo con ello un enorme perjuicio personal, profesional y reputacional» afirman, señalando además que de esta forma «socava las bases democráticas en que se funda la labor de defensa».

LOS CLIENTES DE BOYE

A todo ello, se sumaría «la posible comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario o autoridad pública» porque –esgrimen– Tardón «ha accedido ilícitamente a datos reservados concernientes a la labor de defensa» de Boye.

En este sentido, llaman la atención sobre «las causas de gran relevancia social y política que defiende, como es la defensa de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig, tanto en Bélgica como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como ante el propio Tribunal Supremo, entre otros».

Boye representa al ex presidente catalán y los ex consejeros ante la investigación que dirige el magistrado Pablo Llarena por su participación en el ‘procès’, cuyos principales escollos son que están huidos –Puigdemont, Comín y Puig, en Bélgica; y Ponsatí, en Reino Unido– y que todos menos Puig son eurodiputados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado a un año y medio de prisión la pena impuesta a un hombre que trató de forzar a una menor de 13 años para que le diera un beso en la boca en Almería, de modo que la acorraló contra la pared de una tienda tras cogerla por los hombros mientras intentaba besarla en los labios, sin que llegara a conseguirlo.

El fallo estima parcialmente el recurso de apelación de la defensa contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería que condenaba al acusado a dos años y tres meses de prisión al considerar que el abuso sexual no llegó a consumarse, por lo que se trata de un delito cometido en grado de tentativa.

Fue sobre las 22,00 horas del 30 de julio de 2018 cuando el acusado, con «intención de satisfacer sus deseos libidinosos» abordó a su vecina cuando regresaba a su vivienda de Almería capital para arrinconarla contra la pared y tratar de besarla mientras le decía «dame un beso guapa, bésame».

En sus fundamentos, la Sala de lo Civil y Penal apunta que los hechos probados en la sentencia de origen reflejan que el acusado puso a la menor contra la pared «e intentó besarle en los labios» lo que «no consiguió al huir la menor corriendo», de modo que «el sujeto dio inicio a la ejecución del hecho delictivo sin llegar a consumarlo».

Más allá de esta apreciación, el Alto Tribunal andaluz no ve razones para modificar la prohibición de acercamiento y comunicación ni tampoco la medida de libertad vigilada, impuesta en su mínima duración legalmente prevista. La Audiencia impuso al acusado, además de una indemnización de 1.000 euros, la prohibición comunicarse y acercarse a menos de 200 metros de la niña durante cinco años así como otros cinco años de libertad vigilada.

Asimismo, rechaza que los hechos puedan encuadrarse en un delito de coacciones en lugar de uno de abusos sexuales ya que este último «contiene siempre una compulsión aplicada a la víctima para que soporte algo que no acepta por su libre voluntad», pero con una «carga sexual» que lo distingue de un delito de coacciones.

En este sentido, recalca que el acusado no sólo evidenció su voluntad de «contactar sexualmente» con la menor a través de las palabras que le dirigió sino que «además inició su práctica acorralando a la niña contra la pared de una tienda y tratando de besarla en la boca».

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de «inmensa frivolidad», «mal gusto» o «gran ignorancia» las declaraciones realizadas este jueves por el diputado de Vox Francisco José Contreras en el debate de la ley de cambio climático en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica que aprobó el citado proyecto normativo, que solo obtuvo en contra los votos de Vox, Contreras opinó que subida de la temperatura del planeta en 2,6 grados «no será el fin del mundo» y añadió que «si se calienta un poquito el planeta, se reducirán las muertes por frío», mientras que Más País le ha acusado de querer buscar «notoriedad».

«Cuando (la temperatura del planeta) suba 2,6 grados a lo largo del siglo XXI, los efectos no tienen por qué ser desastrosos, serán mixtos, algunos positivos y algunos negativos. Por ejemplo, según la revista ‘The Lancet’, hoy en día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. Por lo tanto, que se caliente un poquito el planeta, para empezar, reducirá muertes por frío», ha asegurado el diputado de Vox.

Este viernes, en declaraciones a La Sexta la ministra ha manifestado que le parece una «inmensa frivolidad» las declaraciones de Contreras porque en la actualidad ya hay «mucha gente que vive ya los efectos del cambio climático con gran dramatismo y gran dolor.

En ese sentido, ha afirmado que el cambio climático «no es ninguna tontería» y ha recordado que en la actualidad se producen sequías extremas, temperaturas que superan los 50ºC, dificultades para acceder a alimentos, o grandes inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

«Yo creo que es una bromas de muy mal gusto o hablar con una gran ignorancia sobre un tema que es muy peligroso frivolizar», ha sentenciado.

No obstante ha manifestado su preocupación por que personas con buena intención puedan pensar que «lo que dice (Contreras) es correcto». Por ello, ha explicado que el cambio climático no se trata solo de que suba 1,5 o 2ºC la temperatura en una «zona de confort» sino que tiene «consecuencias» en la estructura económica y hay que adaptarse.

Otros ejemplos de la realidad del cambio climático se observan, según ha relatado Ribera, cuando cambian las previsiones con respecto a cosechas porque el suelo, las inundaciones o los fenómenos meteorológicos extremos de alta o baja temperatura se producen en muy poco tiempo y se pierden los alimentos y la seguridad alimentaria se quiebra.

«Lo vemos con daños físicos a las personas, lo vemos cuando se liberan vectores de enfermedad que estaban razonablemente bajo control en condiciones climáticas habituales», ha añadido.

Por eso, ha insistido en que el calentamiento «no es ninguna tontería» y por ello considera «muy importante» hacer pedagogía con «humildad» pero «con claridad» con respecto al «terrible e inmenso dolor» que genera el cambio climático cuando no se está preparado.

La ministra ha celebrado así que «por fin» el Congreso ha dado el paso de aprobar una ley de cambio climático y transición energética que ahora se remite al Senado para ultimar su tramitación parlamentaria.

«Hacía muchos años que queríamos contar con una ley que nos ofreciera un marco para aprovechar las oportunidades de esta gran trasformación», ha subrayado, al tiempo que califica que «el paso» de este jueves es «una excelente noticia para todos».

Vox ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma legal que acabe con la temporalidad en las Fuerzas Armadas gracias a un régimen único de la carrera militar y que, además, blinde un gasto anual en Defensa superior al 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

En una proposición de ley, Vox sostiene que el diseño actual de la carrera militar no tiene «ningún sentido» y aboga por poner fin a la salida de las Fuerzas Armadas de los militares temporales de tropa y marinería al cumplir los 45 años.

El partido liderado por Santiago Abascal propone establecer un régimen común para todas las escalas según el que el ingreso de los soldados y marineros sería con una duración de tres años tras los que podrían acceder a un compromiso permanente igual al de los cuadros de mando, en caso de solicitarlo y haber obtenido un título de formación de Grado Medio.

En este punto, Vox presenta un diseño de la carrera militar en tres etapas, cada una de unos doce años de duración. La primera fase estaría orientada a la cobertura de los denominados puestos ‘operativos’, la segunda en unidades como mandos elementales o especialistas y en la tercera pasarían a destinos preferentemente administrativos en servicios, bases y acuartelamientos.

Con ello, la trayectoria profesional de los militares de tropa finalizaría a los 56 años, edad a la que pasarían a la reserva y podrían tener o no destino, igual que actualmente los oficiales en la reserva.

EL PRESUPUESTO ACTUAL, «INSUFICIENTE»

En cuanto a la inversión en Defensa, Vox critica que la cuantía que reciben las Fuerzas Armadas en los Presupuestos para este año es «claramente insuficiente» y recuerda que España se encuentra a la cola en inversión militar entre los países de la OTAN.

Según denuncia, esto repercute tanto en el sostenimiento de los materiales con los que cuentan las Fuerzas Armadas como en la situación de su personal, «imposible» de mantener con una inversión inferior al 1 por ciento del PIB como la que tiene actualmente España.

«El aumento del presupuesto no es solo una cuestión estratégica, sino un acto de justicia que permita dignificar la vida de los hombres y mujeres que visten el uniforme castrense», sostiene Vox en el texto de la proposición de ley.

Por ello, propone una reforma de la ley de Defensa Nacional que obligue a un presupuesto en Defensa no inferior al 2 por ciento del PIB, cumpliendo así además con el objetivo señalado por la Alianza Atlántica para el año 2024.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha recalcado este viernes, en relación a la posibilidad de que el 9 de mayo finalice el estado de alarma, que con la legislación sanitaria de Salud Pública las comunidades autónomas «no tienen capacidad para una afectación intensa y a gran escala de derechos fundamentales» como el de reunión, libertad de desplazamientos o circulación, de modo que en este escenario «tendrían un problema enorme» para adoptar restricciones en este sentido.

Lorenzo del Río se ha pronunciado sobre este asunto en el transcurso de un encuentro informativo celebrado en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde también han participado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

El presidente del TSJA ha mantenido que el artículo 3 de esta ley del 86 de Salud Pública que alude a la posibilidad de que las autoridades sanitarias adopten las medidas necesarias en caso de riesgo de transmisión supone un «concepto jurídico tan indeterminado» que «puede dar problemas jurídicos» cuando se trate de derechos fundamentales.

Así, y tras confiar en que no se produzca un «exceso de litigiosidad contencioso-administrativa en los tribunales tras el 9 de mayo», ha recalcado que el «gran problema» en cuanto a las medidas se producirá si hay una «afectación de derechos fundamentales a gran escala, esto es, a individuos indiscriminados», puesto que las comunidades «no tienen competencias» para ello y, de hecho, para eso se aprobó el estado de alarma.

Lorenzo del Río se ha pronunciado sobre esta cuestión después de que el Consejo de Estado haya aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a los Ejecutivos autonómicos como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia, cuando no está vigente el estado de alarma.

Se trata, en concreto, de la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyo contenido entienden que «podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado Pedro Sánchez de crear «miedo y confusión» en la población con el proceso de vacunación y ha exigido que sea el Ejecutivo central el que lidere la adquisición de vacunas con las farmacéuticas para evitar compras individualizadas por parte de las autonomías.

Mañueco se ha referido a este asunto tras visitar Navacerrada junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el fin de defender el mantenimiento de la actividad en las pistas de esquí que afectan a la provincia de Segovia y a Madrid.

«Creemos en las políticas de tender puentes, en las últimas semanas, desde las catacumbas de Moncloa, se ha generado un terremoto político», ha señalado Fernández Mañueco, quien ha considerado que es Sánchez el culpable de la «inestabilidad» y de la «catarata» de mociones de censura.

A esto ha sumado la «confusión y el miedo» generado por Sánchez en torno al proceso de vacunación con sus «rectificaciones continuas» y la ausencia de «toma de decisiones». «Es el momento de reclamar una coordinación real y efectiva», ha defendido Mañueco, quien ha señalado que las autonomías están centradas en inocular de forma rápida las dosis para proteger a la población.

«Es necesario que se centren en conseguir vacunas suficientes para el país y las comunidades hemos cumplido y cumpliremos», ha señalado, al tiempo que ha afeado que Sánchez se «esconda» cada vez que ve «problemas».

«Queremos que Sánchez lidere y no lo hace», ha lamentado el presidente de Castilla y León, quien ha vuelto a exigir la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar la cuestión de la vacunación y la situación en la que quedará el país tras el 9 de mayo, fecha en la que previsiblemente concluirá el Estado de Alarma.

Ante esta situación, el presidente de la Junta ha considerado esencial que se cuente con una legislación sanitaria ordinaria que permita afrontar la pandemia desde un punto de vista nacional pero que dote a las autonomías de los instrumentos necesarios para tomar decisiones.

Así, ha defendido que Castilla y León tomó la decisión de paralizar la vacunación el pasado miércoles tras una conversación de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con la ministra, Carolina Darias, y ha insistido en que quien «genera confusión, incertidumbre y asusta a ala población es el Gobierno de Pedro Sánchez».

En este punto, ha recordado el «fracaso» del Ejecutivo central con la adquisición de equipos de protección al inicio de la pandemia y ha confiado en que «no haya un segundo fracaso» con las vacunas. «El Gobierno debe liderar el proceso de adquisición, nos debe suministrar las vacunas a todas las comunidades autónomas y lo debe hacer con agilidad», ha manifestado.

«Si Sánchez no está a la altura debe comunicarlo cuanto antes», ha zanjado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo Fernández, otros ocho años para su antecesor, Juan Antonio Ibáñez Fernández, así como condenas de entre 10 meses y seis años para otras 12 personas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa, por un importe de 384 millones de euros en julio de 2015. El Ministerio Público les atribuye delitos relativos al mercado y delitos societarios.

Sin embargo, la Fiscalía exime de responsabilidad a la propia compañía en la ampliación de capital. En su escrito de calificación, según ha informado Anticorrupción en una nota, se solicita también la nulidad de la ampliación de capital aprobada en Junta General de Urbas Grupo Financiero SA de 10 de julio de 2015.

Piden también que Ibáñez y Acedo indemnicen a Urbas Grupo Financiero en 10,7 millones de euros y que otros dos acusados, Marta Prat Sánchez y Javier Juan Masana Modroño, paguen a los adquirentes de las acciones de URBAS provenientes de la ampliación siendo responsables civiles subsidiarios las entidades Russian City in Spain, S.L.; Castellamare Inversiones, S.L.; Grant Thorton y Urbas Grupo Financiero, S.A

El pasado mes de octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó el procesamiento de los acusados poniendo fin a la instrucción de este procedimiento, que se inició en 2017 mediante una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Entiende que se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y los consumidores, delitos societarios y administración desleal.

Según el relato de la Fiscalía, Urbas acordó en la Junta General celebrada el día 10 de julio de 2015 ampliar el capital de la Compañía en un total de 384.488.000,00 €. Esta ampliación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias S.L.

INMUEBLES «EXTREMADAMENTE SOBREVALORADOS»

La ampliación de capital efectuada no incluía ninguna ampliación de capital dineraria pese a la necesidad de liquidez de Urbas, llevándose a cabo únicamente una ampliación de capital no dineraria mediante la aportación de bienes inmuebles «extremadamente sobrevalorados», según denuncia Anticorrupción.

En sesión de 21 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de Urbas, con asistencia de todos sus miembros, aprobó un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación de capital. El informe, que se puso a disposición de los socios con anterioridad a la celebración de dicha Junta General en la que se sometió a su aprobación la referida propuesta de ampliación de capital, incluía una «sobrevaloración ficticia» de los activos inmobiliarios.

El secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, ha asegurado a la jueza que investiga la causa del Consejo Deportivo de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que la relación del Govern con la entidad es «absolutamente impecable desde el punto de vista de la solucitud y recepción de subvenciones y de la revisión de cuentas».

En declaraciones a los periodistas tras declarar como investigado en el juzgado, Figueras ha explicado que ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha dado «toda la información que se ha requerido» sobre sus funciones y las de la Secretaría de Deportes en el proceso para conceder subvenciones al Consell Esportiu.

Ha contado que, cuando la Secretaría supo que se estaba haciendo una auditoría al Consejo Deportivo, hizo «una revisión técnica» del estado de las cuentas que le había presentado la entidad, que fue «una revisión técnica, muy clara desde el punto de vista de corrección administrativa.

Figueras ha recalcado que el Consejo Deportivo es una entidad privada y que la Generalitat solo subvenciona parte de su actividad –los juegos escolares y la relacionada con el plan catalán de deporte en la escuela–, por lo que solo puede revisar el destino de estos fondos.

«Nosotros ni sabemos ni podemos saber qué hace el Consell Esportiu de L’Hospitalet como entidad privada con otros ingresos», y ha asegurado que todos los expedientes de subvenciones de la Secretaría a la entidad son correctas en todos los ejercicios presupuestarios.

Ha asegurado que el gasto del fondo de las subvenciones de la Generalitat «siempre» estuvo bien justificado y ha remarcado que hay hasta siete filtros para revisar la justificación de las subvenciones antes de que lleguen a él.

«Ni entramos ni tenemos que entrar ni podemos entrar en lo que sucede con subvenciones de otras administraciones u otro tipo ingresos que la entidad deportiva privada pueda generar», ha dicho sobre otras presuntas irregularidades en las cuentas del Consell.

Al preguntársele sobre si la Secretaría seguirá concediendo subvenciones a la entidad deportiva, ha afirmado que «a día de hoy no hay ningún elemento que impida a la Generalitat tramitar una subvención al Consell Esportiu si esta está correctamente solicitada».

SEGUNDA DECLARACIÓN DE ALCÁZAR

Además de Figueras, han declarado como investigados en el Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet la alcaldesa, Núria Marín, su jefa de gabinete, Montserrat Pérez, y el teniente de alcalde Cristian Alcázar, que ha comparecido por segunda vez ante la jueza instructora.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que el interrogatorio a Alcázar ha servido para aclarar detalles sobre la contratación de una línea de crédito de hasta 25.000 euros para el Consell.

Alcázar ha explicado que el banco le ofreció este producto y que se aplicó por primera vez para pagar las nóminas de la entidad, y ha explicado que se acordó en la junta directiva y que se devolvió el crédito.

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena i Sender, comparecerá el próximo lunes, 12 de abril, a las 16.30 horas en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico donde explicará las presuntas presiones para que el regulador de el visto bueno a solicitud de autorización de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), según han informado fuentes parlamentarias.

Inicialmente la comparecencia estaba prevista para el 8 de marzo, pero por motivos de agenda del presidente del regulador tuvo que aplazarse. Así, la nueva fecha se fijó el pasado 18 de marzo por la citada comisión parlamentaria ante la que rinde cuentas el organismo regulador.

A finales del mes de enero Serena i Sender remitió una carta al presidente de la Comisión para la Transición Ecológica, el diputado de Podemos Juan López de Uralde en la que le informaba de «solicitudes e insinuaciones impropias» que el regulador había recibido en forma de cinco misivas procedentes del entorno de la empresa minera australiana Berkeley y que consideraba «conveniente» hacer llegar a la Comisión ante la que rinde cuentas.

Además, en su misiva, firmada el 26 de enero, adjuntaba cinco cartas recibidas por el regulador entre julio de 2019 y enero de 2021. «Todas ellas» están relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, propiedad de la multinacional australiana Berkeley.

«Estas cartas contienen en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar», informó.

Las cartas en cuestión, están firmadas por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero (en julio de 2019); la segunda, del 16 de octubre de 2020, del presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón.

La tercera de ellas es va firmada el 10 de diciembre por el socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, la firma de abogados de Berkeley Minera en España y la cuarta por la Federación Internacional de Inversores, fechada el 31 de diciembre. La última fue dirigida el 7 de enero por la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), María Fernández Conradi.

La comparecencia, confirmada por la mesa de la Comisión este 6 de abril, tendrá lugar el 12 de abril, a las 16.30 horas, casi dos meses y medio después de que el Congreso tuviera conocimiento de la situación, que ha sido puesta también en conocimiento de la Abogacía del Estado.

LA EMPRESA NIEGA PRESIONES Y DEFIENDE SU PROYECTO EMPRESARIAL

El mismo 29 de enero, Berkeley Minera España aseguró que «de ninguna forma» ha solicitado la autorización del proyecto de minería de uranio en Retortillo (Salamanca) sino que pedía al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «se termine» de tramitar el expediente, se haga «con agilidad» y «sin injerencias» de contenido político.

La empresa defiende que su proyecto en Salamanca cuenta ya con más de 120 permisos e informes favorables, entre los que figuran nueve del CSN, al tiempo que niega las presuntas presiones al organismo regulador.

Días después, el 4 de febrero, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que las cinco misivas están «dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto» por las instituciones y organismos de la Administración Pública.

Así, insiste en que todo lo que hacen estas cartas es solicitar a la institución presidida por José María Serena que, «ante el dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto, se fijara una reunión en la que se pudiera comentar y aclarar cuál es el estado de dicha tramitación».

A la vista de los «extremadamente largos plazos transcurridos», Berkeley quería conocer la fecha en la que se emitiría el citado informe preceptivo sobre la autorización de construcción solicitada para la mina de Retortillo que fue solicitada en 2016. Por eso, después de más de cuatro años, defiende que el objetivo de la correspondencia era «simplemente» que el expediente se resuelva «sin más dilaciones».

La firma destaca que cuenta con diversos informes favorables de instituciones como la Unión Europea, la Junta de Castilla y León, así como de distintas corporaciones locales o de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En el caso concreto de los expedientes favorables del CSN al proyecto de Retortillo, recuerda que se tratan de la Declaración Impacto Ambiental (DIA); la concesión de Explotación; las autorizaciones previa de la instalación radiactiva y de vertido; así como el informe sobre la no aplicación al proyecto de impactos transfronterizos con Portugal; o las aprobaciones del Programa de Vigilancia Radiológico Ambiental y del Estudio Analítico Radiológico y sus resultados, o del Plan de Vigilancia de Aguas Subterráneas y el informe favorable para la prórroga de validez de la autorización previa.

De esta manera, la compañía australiana cree que todos ellos «han validado el proyecto y han ratificado que el emplazamiento es adecuado para el mismo, no habiendo riesgo de afección ni a personas ni al medioambiente».

No obstante, la compañía australiana afirma estar «siempre» a disposición del CSN para mantener las reuniones que este considere necesarias para aportar o aclarar la información que estime pertiente. Igualmente ofrece su disponibilidad al Gobierno y al resto de instituciones del Estado, centrales o autonómicas, «para proveer con total transparencia de la información que pudieran requerir».

La Ley de Cambio Climático aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados establece que una vez que la norma entre en vigor, después de terminar su tramitación parlamentaria en el Senado, no se admitirán más solicitudes de propección o explotación de combustibles fósiles ni de minería de uranio, lo que podría suponer el carpetazo definitivo del proyecto minero al que aún le quedan pendientes varios permisos.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha ensalzado que su nuevo Ejecutivo es «mucho más estable» que el anterior y, respecto a un posible adelanto electoral, ha asegurado que su Administración está centrada ahora mismo en los Presupuestos de 2021 y en la gestión de la pandemia, que cree que es «lo que preocupa a la inmensa mayoría de los murcianos».

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario convocado este viernes para completar el organigrama de las consejerías, López Miras ha reconocido que se van a nombrar a gran parte de los responsables que quedan por nombrar, aunque no a la totalidad.

No obstante, no ha querido adelantar si la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Valle Miguélez, asumirá definitivamente las atribuciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades que hasta ahora ostentaba Francisco Álvarez. «Si no les importa, esperaremos hasta el Consejo de Gobierno para que se pueda dar cuenta de un trámite formal que debe pasar por ese Consejo de Gobierno y que debe ser decidido por todos los miembros de ese Ejecutivo», ha subrayado.

ADELANTO ELECTORAL

En lo que respecta a la petición del adelanto electoral por parte de los grupos de la oposición, López Miras ha considerado que los murcianos «hoy están preocupados por el coronavirus, de que lleguen más vacunas, de que se puedan proteger todos o porque no saben lo que va a pasar con esa cuarta ola».

A su juicio, los murcianos están preocupados porque «ven que en Francia y en Italia, por ejemplo, el virus está dando muy fuerte y han tenido que cerrar prácticamente todas las actividades». Asimismo, están viendo cómo crece el número de contagios en otras comunidades.

Por tanto, ha asegurado que el Gobierno de la Región «está preocupado y ocupado en esas cosas: en gestionar la pandemia y en que tengamos unos presupuestos lo antes posible y que permitan también la gestión de esos más de 600 millones de euros de nueva inversión que llegarán con los Presupuestos de 2021.

En su opinión, los gobiernos «están para dar respuesta a los problemas y las necesidades de los ciudadanos», y cree que «ahora mismo, las necesidades de los ciudadanos se centran en la pandemia mucho más que en otras cuestiones».

En cualquier caso, ha confirmado que los Presupuestos de la Comunidad para 2021 estarán listos «muy pronto». De momento, ha confirmado que los están «ultimando» a nivel técnico, porque respecto a las cifras «ya hay prácticamente un acuerdo». Así, ha corroborado que serán aprobados «lo antes posible» por el Consejo de Gobierno y enviados al parlamento autonómico.

Al ser preguntado por si le preocupa la «inestabilidad» provocada por las peticiones para que dimita la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, y por las críticas a los miembros «tránsfugas», López Miras ha asegurado que este Ejecutivo es «mucho más estable» que el anterior, tal y como se ha puesto de manifiesto «con los Presupuestos».

«En dos o tres semanas hemos podido cerrar los presupuestos, cuando anteriormente llevábamos cinco meses de bloqueo por una de las partes que, evidentemente, respondía a una estrategia y a un plan personal y político porque se estaba urdiendo mientras una moción e Madrid entre PSOE y Cs», según López Miras.

Ahora destaca que el Gobierno de la Región tiene «estabilidad» y todos los miembros del Ejecutivo «son conscientes de que estamos pasando una situación muy complicada y que las prioridades son la gestión de la pandemia, evitar esa cuarta ola, ayudar a los que más lo necesitan por haber sido los más perjudicados de la crisis sanitaria y aprobar esos Presupuestos».

Ha subrayado que esta situación no fue «propiciada» por el PP, sino que la propiciaron «PSOE y Cs en Madrid por meros intereses personales y por una ambición política y personal desmedida».

MARCHA DE FRANCISCO ÁLVAREZ

Al ser preguntado por si estaba al tanto de la marcha del consejero Francisco Álvarez, López Miras ha reconocido que el propio Álvarez se lo comunicó. «Me planteó que él entendía que estábamos en una situación sociosanitaria y socioeconómica muy complicada, con la pandemia y con unos presupuestos por aprobar», ha afirmado.

Así, Álvarez le transmitió que él pensaba que «en su responsabilidad estaba el hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad al Gobierno regional, también en el parlamento autonómico».

«Lo hacía, desde luego, con esfuerzos porque estaba cómodo y tenía proyectos importantes en la Consejería pero entendía que tenía que hacer ese sacrificio para garantizar la estabilidad a un Gobierno en un momento en el que lo necesita, también en el parlamento autonómico», según López Miras.

El presidente del Ejecutivo murciano ha dicho «respetar» esta decisión y ha reconocido su «vocación de servicio y su responsabilidad para garantizar la estabilidad».

López Miras entiende que este cambio en el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a propiciar una situación «más estable». Y es que ha recordado «lo que estábamos pasando en la Región en enero y en febrero, con 2.000 contagios al día y hasta 30 murcianos que fallecían en una sola jornada por el Covid».

«Mientras estábamos pasándolo mal y trabajando para contener esa tercera ola de Covid, los que estaban liderando el Grupo Parlamentario de Cs estaban pactando con Pedro Sánchez y el PSOE cómo hacer lo que hemos visto», tal y como ha afeado López Miras, quien critica que lo hicieron «sin calcular las consecuencias».

A su juicio, hay que «poner el foco» en quienes organizaron una «chapuza democrática sin calcular las consecuencias que iba a tener para la Región en un momento tan complejo». Asimismo, cree que esas personas «irresponsables» deben asumir «responsabilidades políticas».

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el PSOE de Extremadura «se hayan negado, una vez más, a decir alto y claro un no a la mina de litio en Cáceres».

Mateos ha calificado de «positivo» el anuncio realizado ayer por la consejera de Transición Ecológica, Olga García, sobre la denegación del permiso de investigación de Valdeflórez, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura a petición del PP, pero lamenta que «también se encargó de asegurar que el proyecto sigue vivo». «Esto nos preocupa», ha sentenciado.

«No se puede bajar la guardia ni relajarnos con titulares que pueden ser confusos», ha dicho el portavoz ‘popular’ que ha pedido a Vara y al PSOE «un posicionamiento claro y contundente», ya que, a juicio del PP, «la consejera debía dejar zanjado este asunto con una frase muy simple ‘no habrá mina en Cáceres’, pero no lo hizo».

Así, el PP cacereño ha mostrado su «decepción» por la postura del presidente de la Junta, de la consejera y del PSOE porque «siguen en la contradicción, echando balones fuera y negándose a decir no a este proyecto y a dar carpetazo a este asunto».

«Nos preocupa la falta de claridad de los socialistas extremeños, que se parapetan en el procedimiento administrativo para no posicionarse, lo que vuelve a demostrar una actitud cobarde y dejando de lado lo que demandan la mayoría de los cacereños», ha recalcado este viernes en una rueda de prensa.

DIMISIÓN DE SALAYA

En cuanto al anuncio que hizo el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, de que si la Junta permitía la mina dimitía como regidor de la ciudad, Mateos se ha preguntado «qué sabe Salaya que no cuenta a los cacereños para lanzarle un órdago a Vara y al PSOE diciendo que si hay mina en Cáceres él se va».

«Salaya dice que si hay mina se va, pero hay que recordar que Vara dijo que si Sánchez pactaba con los independentistas se iba, y ahí sigue», ha ironizado Mateos, que ha criticado que «en el PSOE no dimite nunca nadie», por lo que ha criticado que los titulares de la dimisión «lo único que buscan es lavar la cara a un PSOE roto y separado por este asunto».

En este sentido, ha pedido al alcalde cacereño que pida a Vara y al PSOE que den carpetazo a la mina y que «luche ante las adversidades», ya que «el abandono es la salida de los débiles», ha dicho, al tiempo que ha manifestado que «si Vara tiene que elegir entre la mina y Salaya se va a quedar con la mina».

Por último, Mateos ha pedido que se respete la decisión del Ayuntamiento de Cáceres y «la de todos los cacereños, que han mostrado mayoritariamente un rechazo absoluto por este proyecto». También ha solicitado a Salaya y al equipo de Gobierno local, que insten a que el presidente de la Junta «se manifieste con la misma rotundidad y claridad como lo ha hecho con otros proyectos como la fábrica de baterías, la refinería Balboa o el templo budista».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este viernes la «enorme sensación de improvisación» que deja a su parecer la gestión de la vacunación contra la covid-19 por el Gobierno central, respecto del que se ha preguntado «dónde ha quedado la cogobernanza».

En un acto del PP en Granada, en el que ha participado junto con el presidente nacional de la formación, Pablo Casado, Moreno ha reclamado un «trato justo» para Andalucía, que es la «manera» que ha dicho que tiene de «sentirse profundamente español», pues no quiere que «haya ninguna región por encima de otra» si bien la comunidad andaluza no puede tener «ni un céntimo menos que nadie en el conjunto de España».

El también presidente del PP-A ha resaltado que los encuentros de la Conferencia de Presidentes que se celebraron durante la primera ola de la pandemia fueron «útiles» pero ha lamentado que en la segunda y tercera oleadas no haya habido «ni una sola reunión» por lo que se ha preguntado «dónde está» Pedro Sánchez y el resto de «legítimos representantes» de los ciudadanos en el Gobierno.

«Cada vez que ha habido un reparto, siempre ha salido perdiendo la misma», ha señalado Moreno en referencia a Andalucía, en su intervención en el Consejo Provincial de Alcaldes y Portavoces del PP de Granada, a la par que ha vuelto a defender que a la comunidad le corresponderían un 18 por ciento de vacunas cuando «llega un 15», o un mejor trato en el reparto de fondos extraordinarios frente a comunidades en ocasiones «vinculadas» a los «socios parlamentarios» del Gobierno. La región andaluza «siempre sale perdiendo con Sánchez y el socialismo», ha remachado.

Moreno ha insistido en que Sánchez «no puede marginarnos» porque «la mayoría social decidió cambiar el modelo de gestión que tenía esta tierra», y ha lamentado que lidere un «Gobierno que genera incertidumbres» ante lo que la Junta exige «claridad y seguridad».

En la gestión de las vacunas, ha insistido, tras recalcar que Marruecos ha vacunado «al 30 por ciento de la población y nosotros estamos en un siete por ciento», en que «el único papel que se ha reservado el Gobierno es el de transportista», cuando tiene que, ha proseguido, «negociar bien» para que «estemos vacunados y pronto podamos recuperar nuestra economía.

REFUERZO DE LOS MUNICIPIOS

El presidente de la Junta y del PP-A ha hecho asimismo hincapié en el «papel capital» de los ayuntamientos en la crisis sanitaria y socioeconómica, y ha resaltado que los alcaldes «de todas las ideologías» han sido «un ejemplo» en la lucha contra la pandemia, pidiendo un «papel protagonista» para los consistorios en la recuperación económica y social.

Para ello ha pedido que puedan participar en los fondos Next Generation y en la financiación extra procedente del Gobierno de España, incidiendo en que son un «eslabón fundamental» que hay que fortalecer para que todas las instituciones «vayamos a una» y que se haga «sin sectarismo».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes en persona la labor que realiza el destacamento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el Puerto de Dakar (Senegal) en la lucha contra las redes de trafico de seres humanos y la migración irregular, sobre todo desde que desde mediados de 2020 España «ha experimentado una creciente presión migratoria» por la crisis derivada de la pandemia.

«Vosotros sois nuestro mejor instrumento y nuestro mejor ejemplo a seguir, vuestro compromiso, entrega y servicio a España constituye una vez más una enorme aportación a la Unión Europea en su conjunto», ha afirmado Sánchez, durante su visita a este destacamento, con motivo de su viaje oficial a Senegal.

Tras recordar que el sur de España es también «el sur de Europa», Sánchez ha destacado la gestión que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que el fenómeno migratorio sea «seguro, ordenado y regular».

PERSPECTIVA HUMANITARIA

«El objetivo no es otro que el de evitar la pérdida de vidas humanas en el trayecto, porque tampoco podemos permitir que se vulneren los derechos humanos por parte de las organizaciones criminales. Es la razón de nuestro despliegue aquí, seguridad, también desde una perspectiva humanitaria», ha defendido.

En este sentido, ha asegurado que esta experiencia «ha demostrado que esa es la única vía que ofrece una respuesta efectiva frente al fenómeno migratorio», al tiempo que ha criticado que las redes de tráfico ilegal se aprovechen del «legítimo deseo de todo ser humano de tener una vida mejor» y «mayores oportunidades».

Asimismo, Sánchez ha destacado la vinculación de los agentes españoles con las autoridades de Senegal, en lo que ha descrito como «una apuesta de colaboración y cooperación de larga duración» que, a su juicio, «contribuye a crear una agenda compartida que se basa en la confianza».

«Sois vosotros los que ponéis rostro y nombre a la primera línea de acción policial en materia migratoria, fortalecimiento y confianza entre ambos países. Me consta que dicha labor es ampliamente apreciada por las autoridades senegalesas», ha asegurado.

Por todo ello, ha señalado que es un «orgullo» para él visitarles y reconocer de forma presencial y personalmente el trabajo de los agentes en Senegal. «En nombre de toda la sociedad española os animo a continuar este camino de excelencia que seguiremos recorriendo juntos», ha zanjado.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este viernes el traslado de cárcel de otros tres presos de ETA, por lo que ya son 173 los etarras beneficiados, quedando en Andalucía sólo 13 etarras, según ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). La asociación ha vuelto a cuestionar estos acercamientos «unilaterales» para «contentar a los socios del gobierno».

Dos de los tres presos etarras se encuentran en cárceles de Andalucía, las más alejadas al País Vasco y, por tanto, «símbolos de la política de dispersión», según ha explicado la AVT en un comunicado donde recuerda que aquí ya sólo quedan 13 etarras. «Se vacían las cárceles del sur de España» sin contar con las víctimas del terrorismo y, en muchas ocasiones como con estos tres etarras, también sin la propuesta favorable de las juntas de tratamiento.

Con los gobiernos de Pedro Sánchez se han aprobado 206 traslados que se corresponden a 173 etarras, de los que 48 cumplen ya condena en el País Vasco o Navarra. Uno de los etarras que cambiará de cárcel según el anuncio de Prisiones de este viernes es Fernando Elejalde Tapia, que dejará Puerto-I (Cádiz) para ir a León.

Cumplió las 3/4 partes de la condena en septiembre de 2019 tras ser condenado a 28 años de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de Francisco Javier Gómez Elósegui, que era trabajador en la cárcel de Martutene de San Sebastián. Además, fue condenado a 15 años de prisión por herir a un cocinero en San Sebastián en un atentado con bomba en 1996.

Otro de los terroristas que abandona Andalucía es Garikoitz Etxeberría Goikoetxea, actualmente en Sevilla-II, y que irá a la prisión palentina de Dueñas. En 2009 fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión por pertenencia a organización terrorista y por los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrícula y de documentos oficiales y de tenencia ilícita de armas.

Prisiones dice este etarra que cumplirá las 3/4 partes de la condena en enero de 2022 y que «acepta la legalidad penitenciaria». En el caso del tercer etarra, Íñigo Vallejo Franco, que cumple las 3/4 partes de la pena en julio de 2033 da más detalles: «Acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que rechaza el uso de la violencia y se muestra concernido por el dolor de las víctimas de sus delitos».

Vallejo Franco cambiará el centro penitenciario de Dueñas por el de El Dueso (Cantabria). En el año 2000 fue condenado a 17 años de cárcel por delitos de terrorismo y lesiones cometidos en la kale borroka y en 2002 volvió a ser condenado a 13 años de cárcel por haber dispuesto los explosivos para llevar a cabo una «campaña de atentados» en Sevilla con motivo del Consejo Europeo que se celebró el 21 y el 22 de junio de 2002.

«SIN FILTROS» PARA ACERCAR ETARRAS

Esta política indiscriminada de traslados «ya ha superado todos los límites», según ha denunciado la AVT, que señala que «el Ministerio del Interior hace mucho tiempo que dejó de tener un filtro a la hora de acercar a estos etarras».

«No hace falta que colaboren con la justicia, les vale con unas cartas tipo de arrepentimiento, da igual a cuantas personas hayan asesinado e incluso en las últimas semanas no se tienen ni en cuenta las propuestas de las juntas de tratamiento de las prisiones», resumen. Como ejemplo citan los tres traslados de este viernes. En total, ya se han realizado 28 acercamientos sin las propuestas de las prisiones.

Estos acercamientos para la AVT evidencian los pactos del Ejecutivo del Señor Sánchez y sus «compromisos para mantener contentos a sus socios de gobierno». «La empatía por las víctimas del terrorismo brilla por su ausencia, y parece ser que lo único que importa es el bienestar de unos asesinos que un día decidieron atentar contra el Estado de Derecho y los pilares democráticos de España», concluyen.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión para el expresidente de la Federación Española de Rugby (FER) Javier González Cancho por la presunta comisión de un delito de administración desleal y pide que indemnice a la Federación con 61.939,74 euros.

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público le acusa de realizar gastos «desproporcionados», siempre con cargo al organismo que presidía.

Cita por ejemplo «viajes a La Vegas, la firma de contratos con empresas de digitalización presupuestados en 500.000 euros o encargos para la elaboración de informes de los que sólo él tenía conocimiento con el fin de favorecer a personas con las que había trabajado en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda».

El acusado llegó al cargo de presidente de la Federación Española de Rugby (FER) el 14 de julio de 2012 donde estuvo hasta abril de 2014 cuando presentó su dimisión.

Así, a los dos meses de ser elegido, la Federación pagó 30.000 euros a un arquitecto por orden de su presidente en concepto de honorarios del Informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda.

COMPLEJO DEPORTIVA

El escrito de acusación sostiene que ni el Comité Ejecutivo ni la Junta Directiva de la Federación acordaron la elaboración de dicho informe, «ni tuvieron conocimiento de la existencia de ningún proyecto para la implantación de un complejo deportivo destinado al rugby en dicho municipio vallisoletano».

Del mismo modo, recalca que «tampoco» existe indicio alguno de que dicho proyecto «fuera a desarrollarse o se hubiese realizado la mínima gestión con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda destinada a su implantación».

En enero de 2013 el acusado contrató la elaboración del diseño y programación de una nueva página web con la mercantil GCD SL, administrada por quien había sido Jefe del Gabinete de Alcaldía en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

El importe de la contratación, sin embargo, «se realizó sin los requisitos de concurrencia exigidos por el Consejo Superior de Deportes para la contratación de servicios superiores a 12.000 euros».

De hecho, ascendió a 29.167 euros, un precio «muy superior» al ordinario de mercado, «resultando por el contrario que el diseño elaborado fue arcaico e ineficaz y hubo de ser sustituido».

Del mismo modo, en septiembre de 2012, también en su condición de presidente de la FER y, «con la intención de beneficiar a un amigo personal», formalizó un contrato con la empresa OESIA NETWORKS –en la que este último ostentaba el cargo de gerente de proyectos–, para la realización de un proyecto de digitalización.

Y lo hizo de nuevo sin cumplir los requisitos de concurso exigidos por el Consejo Superior de Deportes para los servicios por importe superior a 12.000 euros, «despreciando las necesidades y los perjuicios que pudieran ocasionarse a la FER».

Este proyecto se había presupuestado en 500.000 euros, cantidad «absolutamente desproporcionada» con relación a los ingresos federativos, si bien únicamente llegó a desarrollarse la fase inicial, denominada fase 0, por la que se satisficieron 62.121,40 euros a la mercantil OESIA.

Con fecha de enero de 2014 su amigo causó baja voluntaria en la empresa referid, lo que originó que percibiera por los servicios prestados durante el año 2013, un importe bruto anual en concepto de retribución variable de 5.756,90 euros.

El día 1 de abril de 2014 el acusado contrató a su amigo la prestación de servicios de Secretaría Técnica y Tesorería con una duración de treinta y nueve meses, con un incremento salarial de 26.535 euros respeto de la remuneración que había venido percibiendo el anterior secretario técnico, cuando ya el Consejo Superior de Deportes, a la vista del estado económico de la FER, había impuesto a la misma un plan de viabilidad para reducción de gastos, que resultó incumplido, motivo por el cual dicha entidad impuso a la FER una sanción de 211.03,63 euros.

Además, en febrero de 2013, con ocasión de un torneo de la International Rugby Board Sevens Series, el acusado sufragó, con cargo a la FER, el viaje y estancia en la ciudad de Las Vegas de dos personas ajenas a la actividad de la federación, una de las cuales resultó ser el exalcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, por un importe de 2.772,74 euros.

Nuevas Generaciones celebrará este fin de semana su XV Congreso Nacional, que elegirá a la diputada vasca Beatriz Fanjul como nueva presidenta de la organización juvenil del PP. En la jornada de este sábado estará arropada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el líder de los ‘populares’, Pablo Casado.

NNGG sostiene que en las últimas semanas está conectando con más jóvenes y, de hecho, ha recibido 633 afiliaciones nuevas en toda España este último mes, según ha indicado el diputado por Valladolid y presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Eduardo Carazo.

Buena parte de esos nuevos carnets de NNGG han sido en Madrid, a raíz de la convocatoria de elecciones madrileñas para el 4 de mayo, ya que, según ha explicado, hay muchos jóvenes que quieren ayudar a Isabel Díaz Ayuso como voluntarios en la campaña electoral y han acabado afiliándose a la organización.

ALUD DE AFILIACIONES DESDE LA MOCIÓN DE MURCIA

Tras asegurar que NNGG cuenta con 35.000 afiliados, siendo la «organización juvenil más grande de España», Carazo ha admitido que en los últimos años, tras la crisis económica y con el nacimiento del movimiento del 15M, el PP encontró más dificultades para llegar a la juventud, pero ahora el partido «se está poniendo otra vez de moda entre la gente joven.

«Hemos notado desde comienzo de año, pero especialmente desde la moción de censura en Murcia, que se está afiliando muchísima gente, tanto en Madrid como en toda España», ha resaltado, para subrayar que notan esa «ilusión» en la calle y en los propios datos de afiliación que han tenido, con más de 600 nuevas incorporaciones en solo un mes.

Carazo ha subrayado que Bea Fanjul va a contribuir a conectar más con los jóvenes por su estilo «fresco, directo y claro», con un alto número de seguidores en redes sociales, donde puede hacer llegar el mensaje de Nuevas Generaciones.

DEBATE DE CINCO PONENCIAS

El XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones acogerá el debate de cinco ponencias que tienen como eje «la libertad», según ha explicado Carazo. El sábado por la mañana los 1.021 compromisarios discutirán cuatro de ellas, dejando la de Estatutos para la tarde.

En concreto, esas ponencias llevan el siguiente título: ‘Ponencia de educación: Libres para elegir’; Ponencia social: Libres para ser’; ‘Ponencia europea: Libres para alcanzar el 2039’; y ‘Ponencia de Innovación y empleo: Libres para alcanzar el futuro’.

El sábado por la tarde subirá a la tribuna Fanjul para presentar su candidatura y dar a conocer la lista completa del equipo que la acompañará en esta nueva etapa. El secretario general de Nuevas Generaciones será Carlo Angrisano, hasta ahora vicesecretario de Relaciones Internacionales de NNGG, en virtud del acuerdo que alcanzó con la diputada vasca el pasado mes de noviembre.

Fanjul quiere tener más contacto directo con la gente y buscará abrir más la organización juvenil a la sociedad civil, al tiempo que dará un papel relevante a la formación para que los jóvenes de NNGG sean gente preparada, según fuentes próximas a la diputada vasca.

CASADO, AYUSO, ALMEIDA Y GARCÍA EGEA ARROPARÁN A NNGG

El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participarán este sábado en la primera jornada del cónclave, que se produce en plena precampaña de las elecciones madrileñas.

El domingo subirán a la tribuna de oradores el presidente de NNGG saliente, Diego Gago; la nueva presidenta tras ser elegida, Bea Fanjul; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes una cobertura pública y gratuita de salud bucodental, oftanmológica, fisioterapéutica y mental, aumentar la financiación de la Sanidad Pública en 1.000 millones de euros anuales y contratar a 10.000 nuevos efectivos y mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales sanitarios «para que no tengan que emigrar a otras comunidades autónomas o a otros países».

«Hay cosas que son perfectamente viables en la Comunidad de Madrid. El dentista puede ser gratis. Tiene la misma importancia en términos de salud que otras áreas. Tiene que haber cobertura universal de los tratamientos de los fisioterapeutas y tiene que ser gratuita, y cabe decir lo mismo de la oftalmología y la salud mental. No es en ningún caso un problema de falta de recursos», ha lanzado.

En un acto sobre Sanidad, en el que ha estado acompañado por miembros de su lista y representantes de asociaciones a favor de la Sanidad Pública, Iglesias también ha prometido si gana las elecciones del 4 de mayo llevar a cabo un procedimiento extraordinario de consolidación para hacer estables a todos los profesionales que llevan años contratados en la temporalidad.

Este aumento de recursos humanos y materiales se destinará, en particular, a garantizar que la financiación de la atención primaria alcance el 25% del total de la inversión sanitaria en 4 años, así como a un reforzamiento histórico del sistema público de salud mental, multiplicando por tres el número de profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social en esta área en 4 años», ha detallado.

El líder de Podemos ha indicado que, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid cuenta con uno de los niveles de privatización de la Sanidad «más altos de España y que eso redunda no sólo en una merma de la calidad del servicio sino también en un mayor coste», iniciará si gobierna un proceso de reversión de las externalizaciones que sitúe a la comunidad en la media estatal en cuatro años.

«LA LECCIÓN DE LA PANDEMIA ES QUE LO PÚBLICO NO SE PONE DE PERFIL»

Iglesias ha comenzado el acto preelectoral asegurando que la principal lección que ha dejado la pandemia «es que lo público no se pone de perfil». «Ahora hemos visto quién han estado en primera línea en la pandemia y quienes no han visto es la derecha. La derecha no ha creído nunca en lo público y siempre ha dicho que es mejor privatizarlo todo proque es más eficiente. Y la izquierda ha dicho que lo público es imprescindible por su carácter redistributivo. Y en Europa se ha producido una movilización de recursos sin procedentes», ha indicado.

Se trata, según ha explicado el aspirante a la Comunidad, de un choque de modelos. «Los últimos 25 años son un intento muy eficaz de derivar recursos públicos a manos privadas, como en la vivienda, en la educación o en sanidad, con un proceso de privatización constante y precarización de los profesionales. A partir de aquí es muy evidente lo que habría que hacer», ha indicado.

En ese momento ha desmenuzado sus promesas y números porque asegurando que la cuarta economía de la zona euro se lo puede permitir, ya que «es inadmisibles que a los profesionales se les pague mal o tengan inestabilidad. «Si cuesta mucho a los ciudadanos formar a un médico o a un enfermero no tiene sentido que se tengan que ir a otro país donde les valoran más», ha apostillado el exvicepresidente regional.

Y ha insistido en que la reversión de privatizaciones en Sanidad es «fundamental» después de observar que Madrid ha tenido «los peores datos de gestión sanitaria de la pandemia, de incidencia acumulada y en número de fallecidos».

Por último, Pablo Iglesias ha vuelto a llamar a la movilización de los barrios y gentes más desfavorecidos en estos comicios. «Estas elecciones no van de partidos, sino de intereses. Existe una minoría que dice que no necesita lo público y que le viene de maravilla no pagar impuestos de patrimonio. Pero son minoría en Madrid y la clave es la gente que necesita la Sanidad pública para poder tener una vida digna y ser libre», ha esgrimido.

Porque, según ha explicado, libre es poder llevar a tus hijos pequeños o tus padres a un hospital o un centro de salud y contar con una cobertura sanitaria de calidad. «Sin todo eso que aparece en la Constitución española, no se puede ser libre», ha lanzado a Ayuso.

«La clave en esta campaña es que la gente entienda que una minoría no decida por una mayoría que necesita lo público. Quien necesita la Sanidad Pública no se puede quedar en su casa. Que voten lo que les parezca mejor, pero que el barrio Salamanca no decida otra vez qué modelo sanitario van a tener», ha concluido el cabeza de lista de Unidas Podemos.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre, mayorista de fruta, a la pena de cuatro años de prisión por engañar a diez agricultores en operaciones de compraventa de cosechas y quedarse con 220 cajones de plástico de uno de los perjudicados.

El hombre ha sido condenado por un delito continuado de estafa y un delito de hurto y, junto a la pena de cárcel, se le ha impuesto el pago de una multa de 1.080 euros y la indemnización de más de 109.000 euros a las víctimas.

Durante la celebración del juicio oral, el pasado 16 de marzo, el ahora condenado se comprometió a hacer frente a esta indemnización en el plazo de cuatro años, a razón de 2.275 euros al mes, tal y como se desprende de la sentencia de conformidad.

Las estafas ocurrieron durante la campaña de recolección de cítricos y frutas 2017 y 2018 cuando el acusado, gerente de una empresa dedicada a la comercialización al por mayor de frutas y verduras, concertó directamente con una decena de agricultores la compra de sus cosechas de naranjas y otras frutas mediante contratos verbales.

Tras esos acuerdos, el hombre anticipaba en metálico a los labradores una pequeña cantidad del dinero acordado y comenzaba a recolectar los productos, naranjas, mandarinas, melocotones, ciruelos y albaricoques directamente del campo.

A continuación, vendía esa mercancía en el Mercado de Abastos de Valencia, en la zona habilitada para la venta directa por los agricultores conocida como la ‘Tira de contar’.

El condenado se quedó con el dinero obtenido con esas ventas y nunca llegó a pagar a los productores los importes íntegros de las cosechas, como se había comprometido con las víctimas. El total del dinero estafado a los diez labradores superó los 109.000 euros.

A uno de ellos, que le había permitido el uso de un almacén que tenía en su finca, en la localidad de Rafelguaraf, para guardar las frutas, le sustrajo 220 cajones de plástico de los usados para la recolección de cítricos, valorados en 1.620 euros. La sentencia dictada por la Audiencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

El Tribunal Supremo ha condenado a 8 meses de inhabilitación y multa de 12.000 euros al diputado de ERC Joan Josep Nuet por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, según señala la sentencia notificada este viernes.

Se le juzgó por haber votado, como secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura, en la que era diputado de SíQueEsPot, a favor de la determinadas resoluciones independentistas pese a las advertencias del tribunal de garantías.

Para el Supremo «no cabe duda de que el Tribunal Constitucional es el órgano competente, como intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones deben ser obedecidas», a lo que añade que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva» como contempla la propia ley orgánica que regula este órgano.

Así, concluyen que «el mandato era claro, preciso y el acusado dispuso de fuentes de conocimiento altamente cualificadas para acomodar su conducta a las exigencias dispuestas».

«La desobediencia fue, consciente, reiterada en el voto de admisión a trámite y en las negativas a la reconsideración y el acusado no podía plantear, como sí lo hizo en otras ocasiones a las que nos referiremos, alternativas al cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Tribunal Constitucional -abunda el Supremo en su sentencia-. O acataba o desobedecía, no tenía otra alternativa, y optó por desobedecer».

Durante su declaración en el juicio que se celebró ante el alto tribunal el pasado 25 de marzo, dada su condición de aforado ante este órgano, Nuet explicó que su intención al apoyar determinados acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña durante el ‘procés’, ente ellos los que facilitaron la tramitación de las leyes de desconexión con España, no era la de contravenir los mandatos del tribunal de garantías sino, más bien al contrario, tratar de que el independentismo «transitara por vías constitucionales».

En concreto, se le condena por un delito de desobediencia grave de los artículos 410.1 del Código Penal, igualmente la Sala integrada por Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer condena al diputado al pago de las costas procesales ocasionadas en esta causa.

La sentencia razona que Nuet, «bien como justificación de su conducta, bien como causa de inculpabilidad, o incluso como causa de exención de pena», afirmó durante el juicio haber actuado en ejercicio de sus funciones de diputado del Parlamento de Cataluña.

Frente a ello, argumenta que la conducta sometida a juicio se realiza en la Mesa del Parlamento, órgano rector colegiado del Parlamento con tareas específicas referidas a la organización del trabajo del órgano (artículo 37 del reglamento de la Cámara), que son «de carácter gubernativo y de organización del trabajo parlamentario, ajenas a la finalidad prevista en la proclamación de la inviolabilidad parlamentaria».

La resolución, de 25 páginas, remite a la argumentación de la sentencia del ‘procés’ que condenó por desobediencia a varios miembros del Gobierno de Carles Puigdemont y concluye que para atribuir esta conducta a Nuet existe «abundante prueba documental, las actas de la Mesa del Parlamento, así como las propias declaraciones del acusado que ha reconocido el sentido de su voto y los aspectos fácticos de carácter objetivo que resultan de los escritos de acusación».

Para el Supremo, el delito de desobediencia «se comete cuando dolosamente se dejen de cumplir las prevenciones, órdenes y mandatos emanados de una autoridad, dictados en el ámbito de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido».

Recuerda también que una reiterada jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el tipo penal del artículo 410 del Código Penal exigiendo que la orden emane de una autoridad competente, que sea una orden directa y terminante, dictada conforme a la legalidad, y que sea conocida por el sujeto obligado a cumplirla quien, de forma expresa, no cumple con obligación impuesta, hechos que entienden que se han producido en este caso.

CONSCIENTE DE QUE EL 1-0 ERA ILEGAL

Así, los magistrados declaran probado que el acusado era plenamente consciente de que referéndum de autodeterminación contrariaba abiertamente la Constitución y las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional en varias resoluciones que le fueron notificadas personalmente y de las que había sido informado.

«No obstante, el acusado en su condición de miembro de la Mesa, llamado a calificar los escritos y documentos parlamentarios y admitirlos, o inadmitirlos, a trámite (art. 37 del Reglamento del Parlamento), votó favorablemente a la tramitación del proyecto de ley, desobedeciendo las obligaciones impuestas por el Tribunal Constitucional, órgano competente, para su disposición».

Respecto al órgano de garantías, el Supremo reitera lo dicho en sentencias anteriores en el sentido de que el citado órgano «como máximo intérprete de la legalidad constitucional, es la garantía última y efectiva del conjunto de derechos fundamentales y de la correcta ordenación del ejercicio del poder entre las distintas fuentes del mismo, delimitando las correspondientes áreas de Gobierno entre el Estado y las comunidades autónomas».

Añade que su existencia «es consustancial al sistema democrático como salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales y árbitro para la resolución de conflictos de poder», por lo que su legitimidad «no puede ser arbitrariamente reconocida o negada en función de la coincidencia o el rechazo con los intereses políticos que laten en el ejercicio del poder».

Sobre la multa impuesta, el tribunal atiende a la gravedad del hecho y constata para ello «el contenido de la desobediencia desarrollada por el acusado y la reiteración de las órdenes dispuestas por el Tribunal Constitucional», teniendo en cuenta además la actitud del acusado y las condenas impuestas en otros procedimientos con un objeto similar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ve con buenos ojos la compra de vacunas por parte de las autonomías. «Como cada uno nos pongamos a colapsar el mercado, evidentemente nos van a engañar con el precio de las vacunas» ha advertido, al tiempo que ha recordado que en su día los gobiernos autonómicos llegaron «a pagar por las mascarillas 20 veces lo que vale una». «Hay que tener cuidado».

Así se ha pronunciado García-Page durante su participación, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el foro de diálogo ‘Dos presidentes. Dos respuestas ante la crisis’ celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

Sobre las vacunas, ha insistido en que «no puede comprar cada uno la que quiera», avisando de que «tienen que estar autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento». Con estas afirmaciones se refería el presidente castellanomanchego al debate abierto sobre la vacuna rusa.

«No nos engañemos», ha indicado García-Page, «cuando todo el mundo nos líamos a comprar las mascarillas luego algunas comunidades autónomas tuvieron que retirar las mascarillas porque no estaban homologadas y no valían».

Dicho esto, ha manifestado que el Estado se ha reservado mucho dinero de Europa para comprar las vacunas y «es quien las debe pagar», porque «si esa factura se traslada a las autonomías, obviamente no será igual para las autonomías más ricas que para las más pobres.

Según ha apuntado García-Page, «no es tanto comprar una vacuna u otra», sino que hay que ponerlas tanto los fines de semana, los sábados o los días de fiesta. «Eso es lo importante, no solo si es rusa o es alemana», ha sentenciado.

En relación al proceso de vacunación, el jefe del Gobierno regional ha indicado que «estamos notando mucho orden, mucha coherencia y una confianza en el sistema extraordinaria». «Hace cuatro meses no sabíamos si las vacunas podían funcionar y están funcionando todas», ha sentenciado.

Dicho esto, García-Page ha recalcado que en España no ha fallecido nadie con AstraZeneca. «Tenemos que confiar en los mismos profesionales a los que aplaudimos en su día», ha terminado aseverando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exigido de forma conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique el «injusto» cierre de la estación de esquí de Navacerrada.

Tras hablar en el mismo Puerto de Navacerrada con trabajadores, deportistas y hoteles afectados por el cierre, ambos dirigentes han comparecido juntos ante los medios de comunicación.

En su intervención, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que a las personas que ya están en paro con el cierre de manera «arbitraria» de esta estación se le sumarán «otras muchísimas». Concretamente, son más de 300 las afectadas y más de 5.000 las que tendrán muchas dificultades para llegar a fin de mes. Este es el precio que se va a pagar por cerrar estas pistas en esta estación y mandado a la gente a la calle», ha denunciado.

Para Ayuso, esta decisión «solo tiene una explicación política e ideológica». Así, la ‘popular’ ha criticado que el Gobierno tome «una serie de decisiones sin consenso y sin contar con los verdaderos gestores de esta estación, que no solo son las personas que trabajan en ellas sino también las dos comunidades autónomas».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha explicado que «se han alegado unas supuestas razones jurídicas que son falsas porque no hay más que motivación política». A su parecer, la decisión de culpar a Castilla y León es «una farsa».

En este punto, ha recordado que el Plan de Ordenación de la Sierra de Guadarrama contempla la existencia de pistas de esquí compatibles con el medio ambiente. Representan el 0,02% de la superficie del parque lo que es, según la presidenta, «insuficiente a la hora de afectar supuestamente al mismo».

«EL CAMBIO CLIMÁTICO NO PUEDE SER EL MOTIVO POR EL QUE SE CIERRA»

«El cambio climático no puede ser el motivo por el que se cierra si no el Gobierno debería cerrar las 38 estaciones de esquí que hay en todo el país como tampoco es cierto poner como justificación el tráfico, porque solo el 5% de los ciudadanos que transitan por la zona lo hacen para practicar esquí», ha detallado.

Ayuso ha trasladado que considera que la decisión política se toma contra dos comunidades de distinto signo político y que son en muchos casos «contrapunto a las políticas que se están efectuando en el Gobierno de España». «Hemos apostado siempre por la economía pero una economía que fuera compatible con el medio ambiente», ha dicho, al tiempo que le ha pedido que «reconsidere» la decisión.

La presidenta madrileña ha avanzado que, tal y como están haciendo en Castilla Y León, van a estudiar la posibilidad de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) esta estación. En caso de no poder, también estudian solicitarlo a las autoridades competentes para proteger en Madrid aquel patrimonio que «es bueno y beneficioso para todos».

ES UNA «AGRESIÓN»

Mañueco ha sostenido que este cierre decretado por el Gobierno de Sánchez supone «cercenar el futuro socioeconómico de toda la zona de Navacerrada, tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla y León (Segovia)». Se trata, a su parecer, de una decisión «unilateral» y «una agresión al mundo rural, al turismo, al deporte y al empleo vinculado a esta estación de esquí».

«No hay ninguna norma en Castilla y León que impida la continuidad de esta estación de esquí, con esta decisión de cierre no se resuelven los problemas estructurales que tiene este entorno privilegiado y para el que se ha creado un grupo de trabajo desde el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama», ha expuesto.

El presidente regional ha señalado que Sánchez debe «rectificar su decisión y permitir con la continuidad de las pistas que sigan trabajando medio millar de personas de forma directa y muchísimos más de forma indirecta».

Además, ha sostenido que esta decisión va contra el reto demográfico y ha remarcado que desde su autonomía están «hartos» de medidas ineficaces por parte del presidente del Gobierno. «Es el caballo de Atila, que donde pisa no vuelve a crecer la hierBa», ha remarcado.