El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) se ha sumado a las exigencias formuladas por otras asociaciones al Ministerio de Justicia para que cuente «todavía más» con este cuerpo de funcionarios, en el marco de la tramitación del anteproyecto de la nueva ley de Eficiencia Organizativa, que transformará la oficina judicial.
«Nuestra organización, sin perjuicio de poner en valor la labor que el actual equipo ministerial está desarrollando, cree que el Ministerio debe contar con nuestro cuerpo todavía más de lo que se hace», ha dicho la asociación de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en un comunicado difundido este lunes acerca de la reunión celebrada el viernes en Justicia sobre dicho anteproyecto.
Antes de ese encuentro, las asociaciones CNLAJ, UPSJ y AINLAJ enviaron una carta conjunta al ministro, Juan Carlos Campo, para expresarle su «profundo malestar» por el «trato insensible» que –según afirman– han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una «escucha activa», amenazando con buscar «fórmulas alternativas» de comunicación con el Ministerio.
Su principal queja era que Justicia les convocó el 16 de abril a una reunión para el día 23, indicándoles que con carácter previo recibirían la documentación necesaria para poder discutir el borrador de la ley de Eficiencia Organizativa, y les llegó directamente en forma de anteproyecto el mismo día que fue aprobado por el Consejo de Ministros, tres días antes de la cita.
Al igual que las otras asociaciones, SISEJ ha planteado críticas concretas al anteproyecto de ley. En primer lugar, ha señalado que, «con carácter general», «no varía un ápice las funciones del LAJ en la Ley Orgánica del Poder Judicial, condenado así a continuar siendo visto principalmente como un simple fedatario público cuando está sobradamente capacitado para el ejercicio de funciones».
A este respecto, ha recordado que «ya se ha visto con la posibilidad brindada por la Ley del Registro Civil de ser encargados del mismo», abogando además por la posibilidad de que, «con el curso de formación puente preceptivo», los letrados de la administración de justicia puedan pasar a ser miembros de las carreras judicial y fiscal.
Asimismo, SISEJ ha calificado como «un claro retroceso» la desaparición del servicio común de ordenación del procedimiento en la oficina judicial ideada por la nueva ley. «Hace que el diseño de ésta se resienta y existe el riesgo de que en las unidades de tramitación nuestras facultades de dirección del proceso se vean mermadas y, con ello, la necesaria homogeneidad en aspectos puramente adjetivos», ha advertido.
Por contra, ha valorado «de forma muy positiva» la creación de las oficinas de justicia en los municipios, «por entender que supondrán una gran mejora en el servicio público de justicia sin ahondar en los problemas de la ‘España vaciada’ que podría haber supuesto la desaparición de los juzgados de paz».
«Estas oficinas deben ser, de un lado, vías de salvar en el ámbito judicial la brecha digital que afecta a una gran parte de la ciudadanía y, de otro lado, puntos que faciliten la inmediación telemática en los actos procesales», ha sostenido.
DISPUESTOS A COLABORAR CON JUSTICIA
SISEJ, que estuvo representado en la reunión por su secretario, Raúl Asensio, «agradece la convocatoria y valora positivamente el comienzo de los trabajos para dar forma a esta ley absolutamente trascendental para alcanzar el objetivo de definir un servicio público de Justicia de calidad acorde a nuestros tiempos».
Así, aunque apunta que «los tiempos de implantación que se manejan son muy apretados», entiende que «se debe dar el impulso definitivo al cambio para evitar que nuevamente pueda quedar postergado».
Con todo, ha declarado, «el Ministerio de Justicia puede contar con nuestra participación no solo en esta fase de creación de la norma jurídica, sino también en la de implantación de los largamente reivindicados tribunales de instancia», que nacerán con la nueva ley.
Igualmente, ha manifestado que espera con «con gran ilusión» lo que ha definido como «el siguiente hito en el camino de la definición de una nueva justicia en este país: la ley de eficiencia digital», que Campo auguró que podría llegar al Consejo de Ministros hacia verano.
«LIMAR ASPEREZAS»
Según un comunicado del Ministerio emitido tras la reunión del viernes, Justicia ofreció a las asociaciones de LAJ trabajar de manera conjunta para mejorar dicho borrador y ellas realizaron una serie de aportaciones iniciales que se comprometieron a ir completando a lo largo del proceso de tramitación del anteproyecto de ley.
Tanto el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara, como el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Francisco Aguilar, confirmaron este extremo. Lara estimó que en ese sentido la reunión había sido «constructiva». «Ha servido para limar asperezas», coincidió Aguilar.
Pese a ello, trasladaron sus quejas al departamento de Campo, reclamando mayor presencia de los LAJ en la elaboración de las leyes que les afecten, y planteando sus objeciones a este texto porque creen que no contribuirá a dotar de mayor eficiencia a la administración de justicia, sino a generar «confusión» al no deslindar claramente las competencias que tendrán los distintos profesionales que trabajarán en los nuevos tribunales de instancia y en las oficinas judiciales.
