El recién estrenado el verano astronómico traerá por fin "el calor propio para estas fechas" según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, después de un inicio de semana con máximas entre 5 y 10 grados (ºC) inferiores a lo habitual para la época del año. Sin embargo, a partir de este jueves se esperan máximas superiores a los 35ºC y noches tropicales, con nocturnas que no bajarán de los 20ºC.

La presencia de una pequeña depresión en niveles altos de la atmósfera ha hecho que este miércoles continúe el ambiente inestable, sobre todo en el norte y este peninsular, con chubascos localmente fuertes pero, a partir del jueves, remitirán porque predominarán las altas presiones en España y las precipitaciones irán quedando acotadas al tercio norte peninsular.

"Habrá predominio de sol en el resto de España y lo más destacado será que las temperaturas van a subir y lo van a hacer de manera notable", ha precisado Del Campo, que ha adelantado que el viernes y durante el fin de semana se podrá "hablar de calor propio para estas fechas", con 35ºC en áreas de la mitad sur y en el nordeste y nocturnas de 20ºC en esas zonas y en el litoral mediterráneo, por lo que serán noches tropicales.

El jueves comenzarán los cambios "con una rápida tendencia a la estabilización de la atmósfera al predominar las altas presiones", ha indicado el portavoz, por lo que los cielos estarán más despejados que en días anteriores. En cualquier caso, se esperan algunas lluvias en el Cantábrico oriental y noroeste de Navarra, con tendencia a remitir.

También puede haber chubascos tormentosos en el norte de Cataluña y a partir del mediodía crecerán nubes de evolución en el interior y Baleares, sin descartar algún chaparrón ocasional en el entorno al Sistema, Ibérico y Mallorca. Soplará el Levante con fuerza en el Estrecho y también habrá viento intenso en el litoral gallego. Así, Cádiz estará en riesgo por fenómenos costeros mientras que Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya lo estarán por precipitaciones.

Sin embargo, lo más destacado será "el ascenso general y notable" de las temperaturas, sobre todo en zonas de las dos mesetas, donde la subida puede ser de hasta 8ºC. Incluso se rondarán los 35ºC y durante el viernes y fin de semana continuará el tiempo en general estable, aunque el sábado y el domingo una baja niveles altos podría acercarse al noroeste peninsular.

Aunque hay todavía bastante incertidumbre sobre su ubicación final, podría dar lugar a chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, pero en general débiles y dispersos en el tercio norte de la Península, según AEMET.

También se esperan intervalos nubosos en el resto de la mitad norte y ambiente más despejado en el sur y en el área mediterránea. Soplará el Levante fuerte en el Estrecho y Alborán el viernes, aunque estos vientos irán amainando, al igual que los vientos intensos del litoral gallego.

En cuanto a las temperaturas, continuarán su escalada en la mayor parte de las regiones y será más acusada durante el fin de semana en la mitad norte peninsular. Del Campo ha avanzado que el viernes se superarán los 30ºC en el Ebro y zona centro y los 35ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

El sábado y domingo las máximas serán superiores a los 30ºC en la Península y Baleares, rondando e incluso superando los 35ºC en el nordeste peninsular, zonas de la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Mallorca. Las temperaturas mínimas en buena parte del litoral y en puntos de la mitad sur no bajarán de 20ºC por lo que se esperan noches tropicales.

"En general podemos decir que las temperaturas del fin de semana serán altas pero en general serán valores normales para la época del año", ha subrayado Del Campo.

De cara a la próxima semana, habrá inestabilidad en el tercio norte y cielos más despejados en el resto del país. En general, continuará también el calor, sobre todo en el este y sur de la Península, así como en Baleares.

En el archipiélago canario, continuará durante los próximos días el régimen de vientos alisios que soplarán con intensidad de acumular nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve. Habrá probables lloviznas en esas zonas y también se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y ambiente más soleado en el resto del archipiélago.

Las temperaturas subirán también durante el fin de semana, de manera que el domingo podrían superarse los 32ºC en puntos del sur de Gran Canaria.

INICIO DE SEMANA CON 20ºC DE MÁXIMA

Este martes, en numerosas capitales de provincia, sobre todo de la mitad norte, apenas se alcanzaron los 20ºC de temperatura máxima, como fue el caso de la ciudad de Lugo, que se quedó en 16ºC, aunque en puntos del Valle del Guadalquivir se rozaron los 30ºC y el viento disparó hasta los 33ºC los termómetros en algunos puntos de la provincia de Málaga.

En Baleares, se ha llegado a los 23ºC de temperatura máxima y en otras zonas del área mediterránea, como en la Región de Murcia, los termómetros han alcanzado valores más acordes con la época, superándose los 32ºC de temperatura máxima.

En cuanto a las precipitaciones, el martes se produjeron chubascos en general dispersos, pero que alcanzaron cierta intensidad, incluso torrencial, es decir, más de diez litros por metro cuadrado en tan sólo diez minutos en puntos de las provincias de Badajoz, Barcelona y Soria.

La Comunidad de Madrid ha contestado esta tarde a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que "desde el primer momento ha respondido a las dudas de la Administración central" en el caso de Vivotecnia, el laboratorio de Tres Cantos donde supuestamente se han maltratado a decenas de animales, han indicado fuentes regionales.

Responden así a la carta que la ministra ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recrimina falta de información y colaboración entre las administraciones en el caso Vivotenia.

Además, el Gobierno regional ha señalado que desde el principio se han mostrado "colaboradores" con el Gobierno en ese asunto, como también con la Fiscalía y el Juzgado de Colmenar Viejo que instruye la causa, a los que se les ha remitido copia de toda la documentación y resoluciones dictadas.

Así, con fecha 9 de junio, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha recordado que dio respuesta vía email y por registro a la misiva recibida del Ministerio por parte del Director General de los Derechos de los Animales, en que se solicitaba información sobre la situación de los animales, por indicios de maltrato animal, y sobre las actuaciones del laboratorio en los ensayos clínicos realizados con animales.

En la misiva enviada por la Comunidad de Madrid se les dio cuenta de las inspecciones realizadas en colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) de manera conjunta y de las actuaciones inminentes puestas en marcha, como la suspensión temporal de la actividad del laboratorio, con fecha 9 de abril y la protección de los animales; "actividad que se reanudó el pasado 1 de junio tras comprobar que se habían implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reprodujeran hechos como los que se conocieron", aseguran las mismas fuentes.

Entre las medidas solicitadas está la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales, al efecto de llevar un control efectivo de todos los procedimientos que se realizan con ellos, así como la supervisión 'in situ' por una veterinaria, que informa diariamente a la Comunidad de Madrid de su estado, y de cualquier otra incidencia, esta medida fue adoptada por la Comunidad de Madrid 10 días antes de que se anunciase por el Ministerio que cambiaría la Ley para su establecimiento.

La Comunidad de Madrid ha aseverado que "actúo con inmediatez al conocer los hechos" y que todas las actuaciones realizadas se han hecho de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) se ha estado a disposición del Juzgado y de la Fiscalía en todo lo que nos han requerido.

EL JUZGADO DENEGÓ LAS CAUTELARES

Además, recuerdan que el juzgado denegó las medidas cautelares, incluida la de decomiso de los animales, solicitada por diversas asociaciones animalistas, y que la vía penal sigue abierta. Asimismo, la Comunidad sigue adelante con la sanción administrativa al laboratorio.

Asimismo, señala a la ministra que "no hay obligación de comunicar expedientes sancionadores como tal; lo único que hay es la previsión genérica, que citan en su carta, de las funciones que se atribuyen de coordinación".

En ese sentido, el Ejecutivo autonómico asegura que "se ha coordinado perfectamente" dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio, al tiempo que ha colaborado con la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción, "que son los que tienen las competencias para solventar dicha situación". Y recalcan que en caso de que el juzgado hubiera dictaminado que era necesaria la incautación de los animales, la Administración regional cuenta con centros e instalación para haber reubicado a los animales como el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, apuntan que el propio director general de Derechos de los Animales (CIAAM), Sergio Torres, en su cuenta de Twitter publicó, el pasado 11 de abril, un reconocimiento a la Comunidad en la que se felicitaba "por la pronta respuesta para proteger a los animales y poner en manos de la justicia la solución definitiva del caso".

El Foro Libertad y Alternativa, impulsado entre otros por Alejo Vidal-Quadras e Inma Castilla de Cortázar, acusa a Pedro Sánchez de abuso de poder por la concesión de los indultos a los políticos presos por el procés. Advierte de que no hay ni una sola circunstancia que justifique esta medida de gracia, más allá del interés partidista del presidente del Gobierno, y la considera "arbitraria y probablemente ilegal".

Advierten, además, que el deterioro de la convivencia en Cataluña no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas, sino en el "desprecio al imperio de la ley y en el uso torticero del poder, consentido desde el Estado". Por ello, apuestan por la Constitución como la única garantía para la convivencia: "Frente a la arbitrariedad del indulto, el imperio del Estado de Derecho".

La citada Fundación transmite, en un comunicado, su oposición y repulsa radical, así como su profunda preocupación por las consecuencias que esta medida tendrá en el futuro. "Ni hay arrepentimiento, ni hay compromiso de no reiterar las conductas penadas -sino todo lo contrario-, ni hay aceptación de la legalidad, ni siquiera hay una solicitud de los afectados, aunque fuera tácita, para que se conceda esta Gracia, alegan.

Y prosiguen recordando que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se han opuesto rotundamente a la concesión. En opinión de este foro de debate, la función disuasoria de la pena sufrirá un grave menoscabo, la imagen internacional de España se verá perjudicada y se facilitará la exaltación de quien ha llevado a cabo un gravísimo ataque contra la democracia.

Por ello, consideran que "no existe una sola circunstancia más allá del interés partidista de Pedro Sánchez que justifique en modo alguno esta medida" y por este motivo, creen que la concesión se realiza con "evidente abuso de poder, arbitrariedad y probablemente ilegal".

También consideran "márketing y propaganda" la apelación del Ejecutivo a la convivencia y la concordia para justificar la medida. Entienden, en este sentido, que la convivencia no se recupera "con arbitrariedad, despojando de contenido a la ley y difuminando las consecuencias para quien arremete contra ella". "Por este camino, la convivencia se deteriora e incluso se pervierte", advierten.

DETERIORAN LA CONVIVENCIA Y SON UN INCENTIVO PARA REPETIRLO

Así, consideran una "evidencia lógica" que los indultos anunciados por Pedro Sánchez, al reducir hasta casi eliminar las consecuencias del Golpe de Estado, suponen un "incentivo para reiterar las conductas delictivas y desleales, priman la arbitrariedad frente al imperio de la ley y alteran el funcionamiento normal de la democracia".

Por ello, el Foro cree que, aunque los indultos permitan a Sánchez conservar sus apoyos políticos, no van a traer la convivencia, sino que agravarán y acelerarán su deterioro. Alegan, en este sentido, que transigir ante quien amenaza, agrede o pretende conseguir sus objetivos saltándose la Constitución es "arrollar los legítimos derechos de quienes sí la acatan".

En cuanto al deterioro de la convivencia en Cataluña quieren dejar claro que "no tiene su causa en un conflicto político entre nacionalistas y no nacionalistas", sino que su génesis y enquistamiento del problema está en el "desprecio de buena parte del nacionalismo al Estado de Derecho y en el uso torticero del poder, consentido habitualmente desde el Estado por intereses partidistas, debilidad o infantil buenismo disfrazado de moderación".

Por ello, insisten en que Cataluña no requiere indultos, sino la aplicación estricta de la Constitución y el trabajo permanente para defender la plena legitimidad democrática de España en todos los ámbitos, de manera que las diferencias entre los ciudadanos puedan resolverse civilizadamente y con protección y garantía de los derechos de todos ellos.

Galicia da un paso más en la desescalada con una ampliación generalizada de hasta el 75% de los aforos en diversos espacios y también para eventos. Y, aunque más limitadas, en la hostelería también habrá novedades: el aforo en el interior de bares y cafeterías se mantendrá en el 50%, pero se ampliará hasta el 100% en terrazas si las mesas cumplen la norma de un metro y medio de distancia.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará el detalle de las nuevas restricciones el viernes y entrarán en vigor el sábado, pero el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avanzado algunas de las decisiones avaladas por el comité clínico.

En concreto, en la hostelería, además de la ampliación del aforo en las terrazas, se permitirá pedir y servir en las barras de los locales, pero no se podrá consumir en las mismas.

A la espera de que el DOG ratifique la regulación en detalle en cada nivel según el tipo de actividad (que, según Sanidade, quedará concretado), los ayuntamientos con nivel más alto de alerta --al igual que en el caso de la retirada de las mascarillas y delr esto de cuestiones-- deberán mantener las restricciones ajustadas a su nivel.

Por otra parte, en cuanto a las reuniones, sigue el límite de 15 personas en terraza y de 6 en el interior de los locales.

Además, Feijóo ha recordado que en "muchísimos ayuntamientos" se amplió la superficie de las terrazas mediante ordenanza local, lo que facilitará que, aún respetando el metro y medio de distancia, el aforo sea realmente del 100%.

LUGARES DE CULTO, GIMNASIOS Y OTROS

En su intervención, Feijóo ha aludido en un primer término a la nueva situación de aforos que entrará en vigor el próximo sábado. De este modo, confirmó el aumento del 50 al 75% del aforo en lugares de culto, academias y centros de formación, congresos, gimnasios, museos, archivos y bibliotecas, acuarios y zoológicos.

Además, la Xunta permite aumentar de 25 a 50 personas el número máximo de asistentes a un entierro.

En esta misma línea, Feijóo ha anunciado la reapertura de las áreas de descanso y de ocio infantil de los centros comerciales; así como el aumento de la capacidad máxima de las plazas de pie del transporte urbano, pasando de un sexto a un tercio de la capacidad.

VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL EN LA XUNTA

También se volverá a permitir el contacto físico en los centros de actividades deportivas y en las academias de danza.

Y Feijóo ha anticipado la reincorporación de forma presencial, desde el 5 de julio, de los empleados de la Xunta que estaban teletrabajando de manera excepcional.

REAPERTURA DEL OCIO NOCTURNO

Por otra parte, ha confirmado que a partir de 1 de julio se reabrirá el ocio nocturno, "siempre de acuerdo con los protocolos de salud pública y después del éxito de las pruebas piloto llevadas a cabo". Con esta apertura, ha destacado que en la Comunidad "no quedará ninguna actividad totalmente cerrada" por la covid-19, algo que no sucedía desde "hace muchos meses".

Preguntado sobre las condiciones en las que reabrirá el ocio nocturno, el presidente ha explicado que el "criterio" que, en principio, se mantiene en cuestiones de aforo es "del 50% en el interior y del 100% en terrazas".

En cuanto a los horarios, ha asegurado que se buscará encajar las demandas del ocio nocturno con las directrices que llegan del Ministerio de Sanidad. Para ello está previsto que se mantenga un encuentro en la próxima jornada entre representantes de la Xunta y el sector.

BODAS Y BAUTIZOS

Preguntado en concreto por los aforos para celebraciones como bodas y bautizos, el presidente ha aludido a la regla general del 75% para eventos, pero ha advertido que se está redactando un protocolo que concretará más en detalle "caso por caso", según el tipo de festejo.

La pauta general será que se pasará a un límite máximo de 1.000 personas en exterior y 500 en el interior, según ha precisado Feijóo.

Los analistas del departamento de Seguridad de Repsol que han declarado este miércoles ante el juez de Tándem se han desvinculado de los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para la compañía y han aseverado que en informes que estudiaron de Cenyt --empresa del comisario-- los datos ya estaban en fuentes públicas.

Estos miembros del departamento de Seguridad habían sido citados por el juez Manuel García-Castellón a propuesta del Ministerio Fiscal para seguir indagando en el llamado 'Proyecto Wine', un encargo de la petrolera y CaixaBank al comisario para tratar de abortar una operación de entrada en el consejo de administración de Repsol del entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, de la mano de Pemex.

Este miércoles han declarado en calidad de testigos Blas Pérez, Juan Carlos Corisco y Santiago Cuadro --el cuarto de los citados ha pedido aplazar la testifical--, aunque fuentes consultadas han explicado que el testimonio que realmente ha tenido interés para la causa ha sido el de Pérez ya que era el único que estaba en Repsol en el periodo de 2011 a 2012, cuando se contrataron los servicios del comisario.

Según estas mismas fuentes, todos ellos han explicado que en su departamento siempre trabajaban con fuentes públicas y han negado que realizaran ningún trabajo conjunto con Villarejo, además de que no tuvieron conocimiento de la existencia de Cenyt hasta que se conoció por los medios de comunicación. Al hilo, han quitado importancia a los informes redactados por el comisario para el proyecto y han resaltado que todo lo que les mandaban sus superiores analizar y que fue enviado por el comisario procedía de fuentes públicas.

Lo encontraban googleando, según ha explicado Pérez, que habría matizado ante el juez que ellos no sabían de donde procedían los informes pero sí que los valoraban por orden de sus superiores, que eran el director de Seguridad Corporativa Rafael Araujo y el subdirector de Seguridad Rafael Girona.

ENCARGOS PUNTUALES

Esos encargos destinados a verificar o comprobar información de inteligencia eran puntuales, y Pérez ha incidido en que lo que chequeaba "estaba en google" y que la calidad de esos trabajos --que según ha dicho desconocía que provenían de Villarejo-- era "manifiestamente mejorable" ya que contenía "incoherencias e inconsistencias".

Al hilo de esas peticiones de su inmediato superior, Girona, ha aseverado que él no tuvo conocimiento de que se realizaran ni seguimientos ni análisis de tráfico de llamadas, y ha apuntado además que en lo que estudió no aparecía mencionado el comisario ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Otra fuente consultada ha indicado que Pérez ha reconocido que si bien desconocía que Repsol contrataba en ese año con Cenyt, su jefe le mandaba analizar esos informes para comprobar en Google si la información que incluía ya era pública y conocida. Con todo, ha explicado que él imaginaba que esos informes provenían de una empresa que ofrecía servicios.

Además, ha señalado que Repsol no solía externalizar trabajos a empresas de detectives salvo que se tratara de investigar a los propios empleados, pero nunca para terceras personas, por lo que esa contratación con Villarejo habría sido algo extraordinario.

En cuanto a las declaraciones de Corisco y Cuadro, fueron requeridas porque participaron en 2018 en las labores para recabar información interna para el informe de Compliance a raíz de la publicación en medios de noticias sobre la contratación. Han apuntado que no supieron de Cenyt hasta ese 2018.

La posibilidad de que el Gobierno presente pronto la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y de rebelión vuelve a enfriarse ya que, según varios miembros del Ejecutivo, siguen sin contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante en el Congreso. Es decir, aunque el Gobierno mantiene su intención de impulsarla a lo largo de la legislatura, no prevé hacerlo en el corto plazo, según las fuentes consultadas.

Con los indultos aprobados, y los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ya fuera de la cárcel, esta reforma no afectaría en este sentido a los condenados por el procés. A quien sí podría beneficiar es al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de fugados, si deciden regresar a España y son juzgados ya con el Código Penal reformado.

El Ejecutivo confirmó oficialmente en enero de 2020 su intención de actualizar el Código Penal para adecuarlo a los estándares europeos, mediante la reforma, en concreto, de los delitos de sedición y rebelión, al entender que están "desfasados y obsoletos".

Esta decisión llegó tras la sentencia que emitió en octubre de 2019 el Tribunal Supremo en el juicio por el procés, con penas de hasta 13 años por sedición y malversación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de organizadores del 1-O.

Sin embargo, más de un año después de plantear esa reforma, en Moncloa son conscientes de que su propuesta de rebajar el delito de sedición no convence a algunos de sus habituales socios parlamentarios, principalmente a ERC, que apuesta directamente eliminar el delito.

Por ello, las fuentes consultadas sostienen que no creen que esta cuestión pueda llegar próximamente al Consejo de Ministros, ya que no ven lógico que el Gobierno se arriesgue a llevar al Congreso una medida que no tiene garantías de conseguir los apoyos necesarios.

Tampoco se ha despejado la incógnita de si esta modificación se presentará de forma independiente o dentro de una reforma mayor que contenga otras cuestiones que el Gobierno quiere modificar del Código Penal, como la relativa a la ley del 'solo sí es sí' --todavía en tramitación--, los denominados "delitos de expresión", o la derogación de la ley mordaza.

Una de las fuentes consultadas opina a este respecto que podría ser más fácil cerrar "acuerdos parciales" con diferentes grupos para llevar a cabo reformas concretas, que lograr un consenso para acometer la reforma global en su conjunto.

EL GOBIERNO BARAJA NO MÁS DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

En lo que se refiere en concreto a la reforma del delito de sedición, el Ministerio de Justicia lleva trabajando en ello más de un año, y ya el pasado mes de noviembre de 2020 el ministro Juan Carlos Campo aseguró que estaría lista antes de 2021. Sin embargo, varios meses después, el Ejecutivo sigue postergando este asunto.

Esa anunciada reforma del delito sedición, con el objetivo de armonizar" el Código Penal español con el de otros países europeos, podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel.

Fuentes gubernamentales argumentan que la sedición es un delito que no encuentra fácilmente un equivalente en los ordenamientos europeos, algo que no ocurre con la rebelión, que si bien no se denomina con este término en otros códigos si puede compararse más fácilmente con otras conductas gravemente penadas como "alta traición" en Alemania o delitos contra la República o la integridad del territorio nacional en Francia.

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas previstas van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan "inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

Por ello se está planteado comparar la sedición -un término decimonónico que se viene arrastrando desde el Código Penal de 1822- con delitos regulados en otros países para sancionar conductas de alteración de paz pública o uso de intimidación para impedir que una autoridad política o funcionario público cumpla con sus funciones, según fuentes jurídicas y universitarias consultadas.

Los líderes de Vox y de Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, tienen previsto acudir este jueves aunque a distinta hora a las puertas del Tribunal Supremo para dar a conocer las acciones legales que sendos partidos presentarán frente al a concesión de indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés' en Cataluña.

Arrimadas, acompañada por el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, ha citado a los medios de comunicación a las 11.30, una vez su partido haya presentado un recurso contra los decretos de indulto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La formación naranja cree que puede considerarse como perjudicada en este asunto porque los líderes independentistas en el Parlament de Cataluña anularon las funciones de sus diputados durante la tramitación de las leyes de desconexión en septiembre de 2017.

Consideren líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho "sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío" para conseguir la independencia de Cataluña.

Por su parte, Abascal acudirá a las 13.00 horas con la plana mayor de su partido - Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé- para anunciar las medidas jurídicas que su formación impulsará contra los indultos.

Ya antes de que éstos se aprobaran este martes en Consejo de Ministros, Vox anunció que ya trabajaba en la presentación de una querella contra el Consejo de Ministros que se formalizaría en el caso de firmare los decretos que han sido publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Como parte personada en la causa juzgada en el Tribunal Supremo, Vox ya había anunciado que recurriría los indultos por la vía de lo contencioso administrativo.

DUDAS LEGALES

la anunciada interposición de estos recursos contenciosos -también por por parte del PP-- obligará previsiblemente al Tribunal Supremo a debatir sobre un asunto sobre el que no existen precedentes jurisprudenciales claros, que es la legitimación de los partidos políticos para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la medida de gracia que aplique el Gobierno.

Existen sentencias referidas a la falta de legitimidad de los partidos para recurrir decisiones como órdenes ministeriales, pero nunca se había estudiado este asunto en relación con los indultos.

Así lo han señalado fuentes del alto tribunal, que señalan que lo que se decida sobre este requisito formal puede llegar a impedir al PP o Ciudadanos cumplir con su pretensión con respecto a este asunto. La posibilidad de que Vox pueda recurrir parece más clara, ya que fue parte en el proceso que se sustanció ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En todo caso, según las mismas fuentes, todo dependerá de cómo se planteen los recursos contra los indultos, que en principio corresponderá resolver a la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, que integran los magistrados Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Wenceslao Olea (que es también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a instancias del PP), Ángeles Huet de Sande y Fernando Romás. No se descarta en todo caso que el asunto termine trascendiendo la Sección y acabe siendo visto por toda la Sala Tercera.

INTERÉS LEGÍTIMO O DIRECTO

Con carácter general, en el orden contencioso-administrativo están legitimados "los titulares de un derecho o de un interés legítimo" (artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa). A ello se añade que no hay acción pública salvo que lo reconozca expresamente una ley, y por ello el Supremo ha declarado la falta de legitimación activa para interponer recursos de los partidos políticos en muchos asuntos.

Entre estos asuntos no se encuentra la presentación de indultos, por lo que se carece de jurisprudencia. Además, esta Sala no es muy proclive a la legitimación de los partidos, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería mucho del razonamiento expuesto por el partido en cuestión, apuntan las mismas fuentes.

Otros juristas consultados añaden que además del "interés legítimo" antes apuntado, la legitimación en el orden Contencioso se define por el denominado "interés directo", y en este punto el debate debería centrarse en determinar si los políticos tienen interés directo en el indulto de otros políticos que han sido condenados. La falta de antecedentes llevan de nuevo a entrar en materia poco clara.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado ampliar hasta el 1 de octubre el plazo para que la defensa del expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos pueda presentar su escrito de conclusiones.

En un auto emitido este miércoles, el magistrado ha aceptado la petición de la familia Pujol dado "el volumen de las actuaciones".

Así, queda suspendido el plazo de un mes --que finaliza el próximo 16 de julio-- que se había fijado inicialmente en la resolución en la que se acordó la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus siete hijos por formar una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

La respuesta tiene lugar dos días después de que la defensa realizara su petición en un escrito, en el que invocaba el derecho fundamental de defensa.

La familia insistía en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían tenido un plazo superior para presentar sus conclusiones. Según sus cálculos, dispusieron de más de nueve meses.

"VOLUMEN Y COMPLEJIDAD"

"El reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantías pasa por garantizar la existencia de un equilibrio entre las partes que lo conforman, esto es, que dispongan de las mismas posibilidades", argumentaba la defensa.

En este sentido, los Pujol precisaron que no solicitaban un plazo "idéntico", sino uno que consideraban "indispensable y proporcionado con arreglo al volumen y complejidad de la causa", en referencia al arco temporal que abarca --40 años--.

El letrado destacó, además, el hecho de que dispone de "un único plazo para formular el escrito de defensa de siete personas físicas distintas" --Pujol padre y seis de sus hijos--, cuyos hechos objetos de acusación "distan de ser idénticos" y "merecen una estrategia procesal singularizada".

En la misma resolución, el juez también ha acordado conceder un plazo de 30 días a la defensa de Oleguer Pujol para "concretar las evidencias que por su carácter deben ser expurgadas" por haberse remitido "erróneamente" a la pieza de medidas cautelares.

PENAS DE HASTA 29 AÑOS

El magistrado envió al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola --a la que exoneró por su estado de salud--, así como a otras once personas, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.

Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositara 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen o se declaran insolventes.

Así, siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el 'clan', al estimar que actuaron conjuntamente, y solicitó penas que van desde los ocho hasta 29 años de prisión.

La Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr --para quien pidió 25 años de cárcel-- y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

La Consellería de Sanidade ha confirmado que, según se había avanzado, ya se está acelerando la administración de la segunda dosis de AstraZeneca en mayores de 60, de forma que reciban el segundo pinchazo que les permita completar la pauta a las once semanas en vez de a las doce pautadas inicialmente.

Así lo ha confirmado tras la rueda de prensa del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha llamado a no perder de vista el avance de la variante delta y sus efectos --ya que en otros países está afectando a personas que ya habían recibido la primera dosis de vacunación, pero no tenían completa la pauta--.

Del mismo modo, Feijóo ha ratificado que el colectivo de gallegos de 30 a 39 años empezará el proceso de inmunización frente a la covid-19 también como estaba previsto, la primera semana de julio.

La idea, que se regulará en función de las vacunas que reciba la Comunidad, es que se aplique un sistema mixto, el de la citación que parta del propio Servizo Galego de Saude (Sergas) y la solicitud de cita por parte de los integrantes de esa franja etaria.

VACUNAS EN 'VACACIONES'

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, preguntado en un acto en Monforte (Lugo) sobre la vacunación en Galicia de personas de otras comunidades, ha ratificado que no será posible y deberán "poner la vacuna completa en la comunidad de origen", al no haber sido acordado en el Consejo Interterritorial.

"Sí atendemos a los desplazados", ha aclarado Comesaña, para insistir en que "el resto deberán vacunarse en su comunidad de referencia". Con respecto, a los ciudadanos de Galicia que "que no se puedan poner la segunda dosis" en lugar donde recibieron la primera, el Sergas trabaja para "poder vacunarlo donde esté". "Estará asociado en el tema de la autocita", ha abundado.

Preguntado sobre la obtención del certificado digital de vacunación, el titular de Sanidade ha recordado que "Galicia apostó desde abril por entregar un documento digital", que se puede imprimir, al que se accede a través de la aplicación Passcovid o de la web del Sergas.

Asimismo, ha recordado la posibilidad de darse de alta en el Chave365 y, en el propio centro de vacunación, donde se le pregunta al vacunado si quiere inscribirse. "Es el camino más inmediato", ha insistido sobre este último, que representa la "primera apuesta".

También Comesaña ha recordado que la Xunta trabaja "para que se pueda obtener en las farmacias" este certificado, así como telefónicamente. "La vía más rápida y ecológica es obtenerlo por medios digitales", ha concluido.

Castilla y León suma este miércoles 98 nuevos casos confirmados de COVID-19, 18 menos que en el día de ayer, lo que sitúa el global en 238.848, así como un total de 30.491 altas médicas, de ellas 20 nuevas, y un fallecido, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Los fallecimientos en hospitales se mantienen en 5.778, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 163 --dos más que la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 944 --23 más que el día anterior--.

De ellos, Ávila contabiliza 17 brotes --los mismos--; Burgos, 24 --dos menos--; León, 41 --uno más--; Palencia, cinco --uno menos--; Salamanca, nueve --los mismos--; Segovia, siete --uno menos--; Soria, cuatro --uno más--; Valladolid cuenta con 41, cinco más, y Zamora, 15, uno menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 238.848 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 98 en la última jornada. De ese total, 232.048 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID SUMA 34 CONTAGIOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 34 nuevos casos y una cifra total de 53.077; le sigue León, con 21 nuevos para un total de 41.659; Burgos, con 17 y 37.113; Salamanca, con once y 32.657 totales; Ávila, con seis nuevos y 13.096 en total; Palencia, con cinco y 19.631; Soria, con dos positivos y 9.982; y Segovia y Zamora, cada una con un positivo más para totales de 17.828 y 13.805, respectivamente.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se mantiene en 5.778. Así, la provincia vallisoletana contabiliza 1.177 fallecidos; seguida por León, con 1.155; Salamanca, que tiene 840; Burgos, 714; Palencia, 452; Zamora, con 436; Segovia, con 371; Ávila, con 345, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 30.491, de las que se han computado 7.440 en Valladolid; 5.257 en León; en Burgos, 4.248; en Salamanca, 4.154; en Palencia, 2.305; en Zamora, 1.992; en Segovia, 1.962; en Ávila, 1.798, y en Soria, 1.335.

DESCIENDEN LA HOSPITALIZACIONES

Según la última actualización, los hospitales de la comunidad tienen ingresados un total de 132 pacientes con COVID-19, 17 menos que ayer. De ellos, 53 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) --los mismos que en la jornada anterior--, mientras que 70 se encuentran en planta, 23 menos que ayer.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en diez hospitales de las distintas provincias y ocupan un 16 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto menos que en la jornada anterior.

Así, se informa de doce ingresados en el Complejo Asistencial de León; diez en el de Burgos; siete en el complejo de Palencia y en el Río Hortega de Valladolid; seis en el de Ávila; cuatro en el Clínico Universitario de Valladolid; tres en el Complejo Asistencial de Soria; y dos en los complejos de Salamanca y Segovia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que ha coincidido con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en que la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el pasado mes de mayo "no fue una crisis migratoria", si bien ha evitado responder sobre una posición común en cuanto a la soberanía del Sáhara occidental.

En una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios desde la sede del Ministerio del Interior tras haber mantenido una reunión de más de media hora, Marlaska ha reconocido que han tratado sobre este asunto sucedido en Ceuta, aunque ha apostillado que esta crisis compete a otros departamentos ministeriales.

Y es que, según ha dicho, estos otros ministerios ya se encuentran "trabajando en silencio y con la fortaleza necesaria para restablecer unas relaciones importantes entre países amigos, fraternos, con muchas cosas en común y con muchos desafíos".

"Hemos trabajado de una forma importante, y lo que haremos en el futuro será en beneficio de nuestras respectivas sociedades", ha subrayado Marlaska tras ser preguntado a este respecto tras su reunión con Mayorkas.

Eso sí, el ministro del Interior no ha hecho referencia a una pregunta relacionada sobre la posición conjunta de ambos países respecto a la legitimidad del Sáhara Occidental, después de que la anterior Administración de Donald Trump reconociera la soberanía marroquí de este territorio.

Grande-Marlaska ha apostado por un "enfoque integral" de los flujos migratorios que actúe en todos los frentes: "Debemos intervenir en origen, en tránsito y en destino, evitando los flujos de inmigración irregular; asegurando el control de territorios y fronteras, y fortaleciendo la cooperación operativa y la ayuda al desarrollo".

TERRORISMO Y CIBERDELINCUENCIA

Además de la inmigración irregular, en la reunión de la que Grande-Marlaska ha destacado la "gran sintonía" también se han abordado amenazas como las del terrorismo y la ciberdelincuencia con el compromiso de ambas partes de "fortalecer" la colaboración bilateral.

La reunión que han mantenido ambos en la sede del Ministerio del Interior es la continuación al encuentro virtual que celebraron el pasado 15 de abril, tras el nombramiento de Mayorkas como máximo responsable de la seguridad interior en Estados Unidos por el presidente Joe Biden.

Grande-Marlaska y Mayorkas han coincido en promover la cooperación para frenar el uso de internet por el terrorismo y la radicalización violenta. "Incrementaremos la colaboración para prevenir la difusión de los contenidos terroristas que logran en las redes sociales una capacidad ilimitada de dispersión de mensajes de odio, alentando actos terroristas en nuestros países", ha señalado el ministro del Interior.

La reunión bilateral también ha permitido avanzar en un futuro acuerdo que facilite el intercambio de información y la consulta a las bases de datos con el objetivo de identificar a presuntos terroristas y miembros de grupos de delincuencia organizada, según ha destacado el Ministerio del Interior.

El incremento de la cibercriminalidad ha sido otro de los puntos analizados esta mañana. El ministro español y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense se han comprometido a estrechar lazos entre la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de España con sus agencias homólogas en Estados Unidos. "Queremos impulsar el intercambio de información y buenas prácticas, así como la formación de nuestros expertos", ha añadido Marlaska.

Al encuentro han asistido también, por parte de España, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón; y la subdirectora general de Cooperación Policial Internacional, Antonia Mena.

Por parte estadounidense, han acompañado al secretario de Seguridad Nacional la secretaria adjunta de Asuntos Internacionales, Serena Hoy; el subsecretario adjunto de Asuntos Internacionales, Robert Paschall, y el agregado para la Unión Europea, Michael Scardaville.

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) recaudó en 2020 un total de 13,6 millones de euros, un 6% más que en 2017, gracias a los 21.487 benefactores que "han respondido al grito de socorro de las iglesias más pobres" en medio de la pandemia de la Covid-19, según la Memoria de Actividades y Cuentas 2020.

ACN destaca que "la Covid-19 no ha frenado la generosidad" pues no solo se han incrementado los fondos recaudados sino también el número de benefactores, que han pasado de 19.974 a 21.487, un 7,6% más. Asimismo, los ingresos por donativos crecieron un 10,2%, si bien los ingresos por herencias y legados descendieron un 14,6%.

"Ha sido un año difícil y, aun así, nuestros benefactores han respondido al grito de socorro de las iglesias más pobres. Todos hemos pensado que si aquí lo estábamos pasando mal, muchísimo peor en los países más necesitados", ha explicado el director de ACN España, Javier Menéndez Ros, este miércoles en rueda de prensa.

Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada aprobó en 2020 un total 4.758 proyectos en 138 países para sostener a las comunidades que sufren necesidad o persecución.

En 2020, alrededor de un tercio (32,6%) de la ayuda total a proyectos de ACN se destinó a África, muchos de los proyectos con destino a apoyar a las iglesias locales en el África de la región del Sahel.

Por su parte, la región de Oriente Próximo --en particular Siria e Iraq--, que ocupó el primer lugar en la financiación de ACN durante años, en 2020 recibió menos ayuda, con un 14,2% del dinero desembolsado.

La Memoria da cuenta de la respuesta de ACN tras la explosión en el puerto de la capital libanesa de Beirut, el 4 de agosto de 2020, cuando la fundación pontificia lanzó un programa de ayuda de emergencia para el país que alberga a la mayor comunidad cristiana de Oriente Próximo.

Así, por ejemplo, se distribuyeron alimentos inmediatamente después de la explosión. Otras ayudas se destinaron a la reconstrucción del barrio cristiano de Beirut, que se vio gravemente afectado. Allí, ACN centró su apoyo en la rehabilitación de iglesias y conventos. En 2020, la ayuda al Líbano ascendió a casi 4 millones de euros.

Otra prioridad fue Asia, donde fueron destinados el 18% de los fondos y, en concreto, la mayor parte de las ayudas fueron para la India, unos 5,4 millones de euros.

Este continente, según destaca ACN se ha visto especialmente afectado por la crisis de la COVID-19, y, en ocasiones, la minoría cristiana se ha visto privada de asistencia pública. En Pakistán, por ejemplo, ACN apoyó la distribución de ayuda entre los cristianos que habían perdido sus medios de sustento como consecuencia de la pandemia.

401 PROYECTOS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Precisamente, tras el estallido de la pandemia, la fundación pontificia financió 401 proyectos de ayuda relacionados con la pandemia por un importe de más de 6,2 millones de euros para paliar las mayores necesidades.

Así, entre otros, se equipó a religiosos y sacerdotes con material de protección para su ministerio, para que pudieran proseguir con su labor pastoral y se compensaron sus carencias económicas causadas por la COVID-19.

"Especialmente durante la crisis del coronavirus, los estipendios de misa son un signo de unidad en la oración y para muchos sacerdotes la única fuente de ingresos. En 2020, pudimos ayudarlos con más de 1,7 millones de estipendios de misa", ha explicado el presidente de ACN España, Antonio Sainz de Vicuña. De esta forma, uno de cada nueve sacerdotes del mundo recibió esta forma de apoyo directo y espiritual.

En cuanto al tipo de proyectos financiados en todo el mundo, destacan los destinados a la construcción. Con la ayuda de ACN se construyeron, renovaron o reconstruyeron 744 iglesias, casas parroquiales, conventos, seminarios mayores y centros parroquiales tras la destrucción causada por la guerra y el terrorismo. Un ejemplo es la catedral maronita de San Elías en Alepo (Siria), fuertemente dañada por misiles entre 2012 y 2016, que pudo ser reinaugurada en julio de 2020.

Asimismo, ACN apoyó a más de 18.000 religiosas durante 2020; y otra partida importante es la ayuda al transporte, para que los sacerdotes y catequistas puedan llegar a los fieles incluso en terrenos accidentados. En 2020, ACN financió 783 bicicletas, 280 coches, 166 motocicletas, once barcos, dos autocares y un camión.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves una enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Vox al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para devolver al Gobierno el texto, que califica de "confuso" para ocultar sus verdaderos objetivos bajo una "jerga hipertécnica y una desmesurada regulación".

Además, el veto considera que el proyecto es "artificioso", dirigido a sostener "chiringuitos" y contra la libertad de mercado ya que propone un modelo que se caracterizará por mayor dirigismo estatal y supraestatal que supondrá más trabas burocráticas y más impuestos que afectarán al crecimiento económico.

Vox defenderá asimismo que el proyecto normativo incrementará la presión fiscal directa e indirecta algo que terminará repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos.

Igualmente, opina que "bajo el oropel retórico" de la sociedad del reciclado y la resiliencia se esconde la intención de mantener órganos burocráticos innecesarios, organismos y empresas sostenidas con dinero público, "chiringuitos" así como una conciencia social creada a base de campañas intencionadas que no evitan el daño sino que mercadean con él.

Con todo, Vox estima que la proposición de ley lesiona la libertad de mercado, graba repetidamente a empresas, autónomos que no es sino un "festival de intervencionismo y prohibiciones".

La enmienda para devolver el proyecto legislativo al Gobierno tiene pocos visos de salir adelante, y el texto pasará la próxima semana a la Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja.

Allí comenzará la próxima semana la ronda de comparecencias, 14 en concreto, que han sido propuestas por los grupos parlamentarios. El 28 de junio, comparecerán el director de la Fundación Fórum Ambiental y miembro de ESGREM (Asociación de Mancomunidades y Consorcios de Residuos supramunicipales), Leandro Barquín; el director general de la FIAB, Mauricio García de Quevedo; el director de Retorna, Miquel Roset; el cofundador del CIDEC, Luis Morales del Olmo y el alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los Nietos.

Al día siguiente, expondrán su posición sobre el proyecto normativo el director general de REPACAR, Manuel Domínguez; el responsable de residuos de Ecologistas en Acción y miembro de Alianza Residuo Cero, Carlos Arribas; el director general de residuos del Gobierno balear, Sebastián Sansó i Jaume; el postgraduado de la UPNA y la UPV, Joseba Sánchez; y el presidente del comité de gas renovable Sedigás, Germán Medina.

El miércoles, 30 de junio, cerrarán las comparecencias la directora general de Cicloplast, Isabel Goyena; la exdirectora de Gedesma, Nerea Alzola; el diputado foral de Guipúzcoa José Ignacio Asensio y el consultor ambiental Alberto Vizcaíno.

Según ha informado el diputado de UP Juan López de Uralde, presidente de la Comisión encargada de este proyecto de ley, tras las comparecencias se abrirá un plazo de enmiendas parciales, que calcula que se cerrará en septiembre y, ya en octubre se abrirá la ponencia para analizar y debatir el texto y sus enmiendas.

Con todo, confía en que "como pronto" el Congreso podrá aprobar la futura ley de residuos "en Navidad" pero reconoce que dada la complejidad de esta norma, "lo más probable" es que no esté definitivamente aprobada hasta la primavera de 2022.

La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y València Capital Mundial del Diseño 2022 (WDCV2022) lanzan la 'Guía para la gestión y contratación de diseño', con base en la plataforma online de acceso gratuito 'contratardiseño.es'.

Se trata de una iniciativa "pionera en España, que se pone en marcha con el objetivo de ser herramienta de referencia para todo tipo de organizaciones, empresas, instituciones y Administraciones Públicas que necesitan de acompañamiento y orientación a la hora de hacer una adecuada gestión y contratación de servicios de diseño, así como convertirse en apoyo a los profesionales y estudios del sector en su relación con sus clientes", han explicado sus promotores en un comunicado.

La guía remarca que "llevar a cabo un proceso de contratación apropiado en diseño asegura un resultado único, eficaz y competitivo, acorde a las necesidades y valores de la entidad interesada".

El público destinatario de la plataforma es, principalmente, aquel con interés en conocer y contratar diseño. En ella se encuentran desde información básica (sobre qué es el diseño y qué aporta), hasta las dinámicas (cómo se contrata y cuánto cuesta); qué tipos de diseño se pueden contratar; las diferentes fórmulas de contratación; la legislación vigente en la materia; materiales descargables y artículos de profesionales referentes del sector como Xènia Viladàs, Nacho Lavernia y Manuel Lecuona. Cuenta con un apartado específico dedicado a los procesos de contratación pública.

Se recogen, asimismo, estudios y análisis que avalan la contribución del diseño a la innovación, competitividad e internacionalización de las organizaciones, casos de éxito reales de empresas que, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, comparten sus experiencias positivas con este sector, y enlaces de interés.

"EL DISEÑO CREA OPORTUNIDADES"

El presidente de la ADCV ha asegurado que "el diseño bien gestionado identifica y crea oportunidades de mejora y permite alcanzar eficazmente los objetivos marcados en cualquier sector, ya sea en el ámbito social, cultural o empresarial".

Además, ha indicado que "es capaz de generar innovación y transformar el sistema hacia un desarrollo sostenible", pero "no puede hacerlo solo, necesita de otras partes y del entendimiento para que la alianza pueda dar los mejores resultados". "Esta guía online para contratar diseño, uno de los proyectos estratégicos de la ADCV, quiere ayudar a ello", ha destacado.

"IMPORTANCIA ESTRATÉGICA"

Durante la presentación de la guía en el plató 'The Sea', del edificio Veles e Vents, el director general de València Capital Mundial del Diseño 2022, Xavi Calvo, ha insistido en "la importancia estratégica del diseño como valor transversal en la empresa, la industria y el ámbito institucional".

"Sabemos que poner el buen diseño en nuestras vidas la mejora. Poner el buen diseño en cualquier proyecto, y hacerlo de la forma correcta, lo hace crecer. La guía de contratación y gestión de diseño contribuye a difundir este mensaje y por ello esta plataforma, impulsada con los profesionales y empresas que respaldan la ADCV es uno de los ejes de acción de València como Capital Mundial del Diseño", ha señalado.

La plataforma web ha sido desarrollada por Copymouse, cooperativa de diseño con más de 10 años de trayectoria, "con un enfoque muy práctico y una navegación sencilla e intuitiva".

MANIFIESTO CONTRA LAS PRÁCTICAS ESPECULATIVAS

La plataforma cuenta con un apartado específico de denuncia y alerta sobre las prácticas especulativas en el sector, que incluye un manifiesto abierto a la adhesión de otras organizaciones y profesionales.

"El uso de prácticas especulativas, en las que se solicitan trabajos de diseño sin remuneración, perjudica directamente al sector creativo, pero, también, a quien las propone. La empresa u organización se arriesga a recibir un proyecto de dudosa garantía profesional, a un coste que puede acabar siendo mayor que el correspondiente a un encargo justo. Las decisiones erróneas no son ni fáciles ni baratas de revertir. Recomendamos contar con equipos y profesionales del diseño con quienes construir una relación laboral basada en la confianza y trabajo en equipo", se destaca en la plataforma.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 50 casos positivos de Covid-19 confirmados, cifra muy similar a la de este pasado martes, cuando se comunicaron 53.

Asimismo, en los hospitales hay ingresadas 21 personas, tres más de que en la jornada anterior, de las cuáles tres se encuentran en la UCI, cifra que no varía.

En esta jornada no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 1.768 desde el inicio de la pandemia. Además, se han dado 71 altas, lo que equivale a un total de 75.757.

La incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 59,29 y a los 7 días en 31,19, ligeramente inferior a los 59,19 y 32,31, respectivamente, de este lunes.

Por otro lado, se notifican cuatro brotes, uno en Alcántara, con 4 positivos y 10 contactos; otro en Cañaveral, con 4 positivos y 18 contactos; uno en Salvaleón, con 6 positivos y 26 contactos; y uno más en Badajoz, con 8 positivos y 25 contactos, mientras que se cierra uno de Jerez de los Caballeros.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, la de Badajoz notifica 15 casos positivos. Tiene 5 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 311 fallecidos y ha dado 21.317 altas; y Cáceres registra 10 casos positivos. Tiene cinco pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.307 altas.

A su vez, Mérida registra 10 casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados por COVID-19. Acumula 237 fallecidos y ha dado 13.614 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica un caso positivo. No tiene pacientes hospitalizados. Acumula 238 víctimas mortales y ha dado 9.715 altas.

El área de Plasencia registra cuatro casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Ha registrado un total de 199 fallecidos y ha dado 6.050 altas; y Navalmoral de la Mata notifica cinco casos positivos. Tiene 1 paciente ingresado por COVID-19 y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.552 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra cinco casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Ha registrado un total de 123 fallecidos y ha dado 5.936 altas; y Coria no registra casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado por COVID-19. Registra un total de 82 personas fallecidas y se han dado 2.266 altas.

Los ciudadanos pueden consultar el 'Plan Estratégico de Salud y Medioambiente', promovido por el Ministerio de Sanidad con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y presentar hasta el 23 de julio alegaciones, sugerencias y comentarios.

Este plan, que emerge de un documento técnico en el que expertos nacionales de primer nivel han realizado una evaluación del riesgo y sugerido líneas de intervención y objetivos prioritarios, pretende reducir la carga de enfermedades e identificar nuevas amenazas para la salud derivadas de factores ambientales. Asimismo, ha contado con la participación de los expertos de sanidad ambiental de las comunidades autónomas.

El Plan, disponible en la web del Ministerio de Sanidad y abierto a sugerencias, analiza factores de riesgo ambientales e identifica las directrices y las líneas de intervención a seguir. La evolución de estas líneas estratégicas se evaluará periódicamente, lo que servirá de base para generar Programas de Actuación con la descripción de las acciones prioritarias a desarrollar.

Las áreas temáticas, que corresponden a los factores de riesgo ambientales con mayor impacto en la salud, se agrupan en cuatro bloques. El primero es Cambio climático y salud, donde se encuentran riesgos del clima, temperaturas extremas, calidad del aire, calidad del agua y vectores transmisores de enfermedades.

El segundo, Contaminación, y aquí se encuentran productos químicos, residuos y contaminación industrial; el siguiente es radiaciones, que comprende radiactividad natural, campos electromagnéticos y radiación ultravioleta; y, finalmente, hábitat y salud: ruido ambiental y vibraciones, calidad de ambientes interiores y ciudades saludables.

"En el plan se han tenido en cuenta como ejes transversales las desigualdades y determinantes sociales de la salud, el enfoque de género o los aspectos económicos asociados al riesgo ambiental, entre otros. Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente", señala en un comunicado.

Por ello, añade, "el Plan ofrece una herramienta de gestión flexible ante la variabilidad de los retos ambientales y en salud. Esto resulta de suma importancia en un contexto que, como están poniendo de manifiesto la crisis climática y la emergencia sanitaria, exige el máximo grado de adaptabilidad en los instrumentos de planificación".

El Plan contará con un seguimiento a través de determinados indicadores, que evaluarán tanto el grado de cumplimiento del proyecto como la evolución de la exposición a los factores ambientales, incluyendo el efecto en la salud de la población.

Con todo ello se elaborará un informe periódico que servirá para programar las acciones prioritarias a desarrollar dentro de las líneas recogidas en el Documento Estratégico. Se especificará en detalle su justificación, ejecución, responsables, plazos, indicadores de evaluación y resultados esperados.

El Plan se enmarca en la Estrategia de Salud recogida en la Ley 33/2011 de Salud Pública y que viene amparada por el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud. El Documento Estratégico se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Y se pueden remitir comentarios y alegaciones durante hasta el 23 de julio enviando el formulario disponible en la web al correo electrónico buzon-pesma@sanidad.gob.es.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 93 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, en una jornada en la que no ha habido fallecidos y los ingresados han pasado de 101 este martes a los 85 de este miércoles.

Por provincias, Toledo ha registrado 38 casos, Ciudad Real 22, Albacete 13, Cuenca 11 y Guadalajara 9. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 195.626.

Por provincias, Toledo registra 72.282 casos, Ciudad Real 47.480, Albacete 29.405, Guadalajara 26.804 y Cuenca 19.655.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 59.Por provincias, Toledo tiene 25 de estos pacientes (18 en el Hospital de Toledo y 7 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 15 (6 en el Hospital de Ciudad Real, 5 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Puertollano y 1 en el Hospital de Tomelloso), Guadalajara 13 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 5 (3 en el Hospital de Hellín, 1 en el Hospital de Albacete y 1 en el Hospital de Villarrobledo) y Cuenca 1 (ingresado en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 26. Por provincias, Toledo tiene 12 de estos pacientes, Ciudad Real 7, Guadalajara 4, Albacete 2 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19, en Castilla-La Mancha. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.064. Por provincias, Toledo registra 2.280 fallecidos, Ciudad Real 1.729, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 541.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Cinco centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los cinco centros, tres están en la provincia de Toledo, uno en Ciudad Real y uno en Albacete. Los residentes con caso confirmado son 7.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.047.

El Comité Europeo de las Regiones (CoR por sus siglas en inglés) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a intensificar la cooperación con los entes locales y regionales que desempeñan un papel "importante" a la hora de garantizar los derechos de la infancia y luchar contra la pobreza.

"Las regiones, ciudades y municipios tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la pobreza y el abuso infantil, y un papel crucial en la prevención de la exclusión", ha indicado el ponente para la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y el Documento de Garantía del Niño y miembro del Ayuntamiento de Sastamala (Finlandia), Jari Andersson.

Así lo indica en el dictamen que ha elaborado para el Comité Europeo de las Regiones, en el que defiende que "todo niño debe tener derecho a un nivel de vida adecuado y a la igualdad de oportunidades desde una edad temprana", y apuesta por "fortalecer la inclusión socioeconómica de los niños para reducir la pobreza y la desventaja entre generaciones".

El dictamen, que fue aprobado este miércoles en la reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, insta a adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a una educación de calidad, también para los niños de familias más desfavorecidas.

Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que aseguren que las iniciativas para cumplir con los objetivos de la estrategia de la UE sobre los derechos de los niños están debidamente financiadas, en particular, a través del Fondo Social Europeo.

Para Andersson, también es necesario garantizar que los niños puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas y ser escuchados de una manera adecuada a su edad y madurez.

Igualmente, pide que los derechos de los menores sean salvaguardados en el sistema legal y que la detención durante los procesos migratorios sea utilizada como último recurso en casos excepcionales. El dictamen se presentará para su adopción en el pleno del Comité en octubre de 2021.

Por otra parte, la reunión de la comisión SEDEC también discutió sobre: la iniciativa Capital Europea de la Juventud, el papel de la educación y cultura en el fortalecimiento de los valores y la ciudadanía europeos, y la Plataforma europea de lucha contra el sinhogarismo.

El Comité Europeo de las Regiones (CoR por sus siglas en inglés) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a intensificar la cooperación con los entes locales y regionales que desempeñan un papel "importante" a la hora de garantizar los derechos de la infancia y luchar contra la pobreza.

"Las regiones, ciudades y municipios tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra la pobreza y el abuso infantil, y un papel crucial en la prevención de la exclusión", ha indicado el ponente para la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y el Documento de Garantía del Niño y miembro del Ayuntamiento de Sastamala (Finlandia), Jari Andersson.

Así lo indica en el dictamen que ha elaborado para el Comité Europeo de las Regiones, en el que defiende que "todo niño debe tener derecho a un nivel de vida adecuado y a la igualdad de oportunidades desde una edad temprana", y apuesta por "fortalecer la inclusión socioeconómica de los niños para reducir la pobreza y la desventaja entre generaciones".

El dictamen, que fue aprobado este miércoles en la reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, insta a adoptar medidas específicas para garantizar el acceso a una educación de calidad, también para los niños de familias más desfavorecidas.

Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que aseguren que las iniciativas para cumplir con los objetivos de la estrategia de la UE sobre los derechos de los niños están debidamente financiadas, en particular, a través del Fondo Social Europeo.

Para Andersson, también es necesario garantizar que los niños puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas y ser escuchados de una manera adecuada a su edad y madurez.

Igualmente, pide que los derechos de los menores sean salvaguardados en el sistema legal y que la detención durante los procesos migratorios sea utilizada como último recurso en casos excepcionales. El dictamen se presentará para su adopción en el pleno del Comité en octubre de 2021.

Por otra parte, la reunión de la comisión SEDEC también discutió sobre: la iniciativa Capital Europea de la Juventud, el papel de la educación y cultura en el fortalecimiento de los valores y la ciudadanía europeos, y la Plataforma europea de lucha contra el sinhogarismo.

La empresa pública Mercasa ha presentado en la pieza por las mordidas que presuntamente algunos de sus exdirectivos cobraron en Angola que va a juzgarse en la Audiencia Nacional un escrito de acusación solicitando una indemnización de 26 millones de euros a los acusados. Se da la circunstancia de que la entidad también se encuentra acusada en esta causa como persona jurídica.

Anticorrupción ha presentado este miércoles escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas, la empresa pública Mercasa y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos

Según una nota emitida por la entidad los directivos afectados por las investigaciones o bien no formaban parte de Mercasa al tiempo de iniciarse la investigación, o han dejado de pertenecer a la empresa una vez ha sido conocida su situación procesal.

Desde la compañía se defiende que desde el inicio de la instrucción de este asunto, a empresa y el equipo directivo al frente de Mercasa , está prestando una colaboración plena en la investigación de los hechos investigados. Ello ha llevado al Juzgado Central de Instrucción número 5, que es el que ha instruido la causa, a permitir simultanear excepcionalmente dos posiciones procesales en principio antagónicas como son la de investigada y al tiempo perjudicada.

Añaden que desde 2017 la empresa "ha profundizado un programa de medidas de Gobierno Corporativo que incluye una auditoría de riesgos penales, una revisión del Plan para su Prevención, así como una revisión de la estructura organizativa". Así, se ha dotado de nuevos procedimientos y órganos de Gobierno Corporativo para la Prevención de Riesgos Penales.

A los 17 procesados, Mercasa y otras tres empresas implicadas les acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal, según la nota hecha pública este miércoles por el Ministerio Público.

Las penas de prisión solicitadas a las personas físicas son de 6 años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; 8 años para los autores y 3 años y 6 meses para los cooperadores, por el delito de malversación; 3 años por el delito de blanqueo de capitales; 5 años por el delito de falsedad y, finalmente, 6 años por el delito de organización criminal, además de las correspondientes multas y decomiso. A las personas jurídicas se le solicitan distintas penas de multa.

La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa'.

Entre las personas que el juez consideró que debían ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santa yana o el empresario José Herrero de Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del POP María Dolores de Cos pedal. También están las sociedades que formaban parte de CÓMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.

CONTRATOS EN ANGOLA Y DOMINICANA

A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acredita la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa, y por las empresas con las que se asoció a través de una empresa aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la república Dominicana y Angola.

En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola), proyecto de "llave en mano" denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país.

La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200.000.000 euros.

Un total de 905 asociaciones de personas con discapacidad recibieron ayuda de Fundación ONCE para poner en marchas sus proyectos durante el pasado ejercicio de 2020, de acuerdo con la Memoria de Actuaciones Sociales aprobada por el Patronato de la entidad.

Durante este miércoles ha tenido lugar la reunión del máximo órgano de gobierno de Fundación ONCE, presidida por Miguel Carballeda, presidente de Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE, y en la que ha tomado posesión como nuevo patrono Jesús Martín, director general de Derechos Sociales de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad.

En el encuentro, se ha puesto de manifiesto que en 2020 se aprobaron un total de 2.010 proyectos. De ellos, el 26% fueron a favor de personas físicas, el 64% para entidades de la discapacidad y el 10% se destinaron a programas de iniciativa propia a favor del colectivo de personas con discapacidad, tales como programas operativos, accesibilidad universal, universidades, etcétera.

Además, ante la escasez de material sociosanitario que hubo durante el primer Estado de Alarma, se atendieron las necesidades básicas sanitarias de más de 180 organizaciones de personas con discapacidad y la entidad ayudó individualmente a más de 2.000 personas mediante la entrega masiva de alimentos, el reparto de medicamentos a domicilio para personas enfermas o con dificultades de movilidad o la entrega de material sociosanitario a centros residenciales y asistenciales.

"Todo ello fue posible gracias a que en 2020 se dieron de alta 731 voluntarios nuevos, lo que al cierre de año supone un total de 1.072 personas inscritas en la Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE", ha explicado en un comunicado la organización.

Respecto al empleo, la bolsa de trabajo que gestiona Inserta Empleo cerró el año con 292.797 personas con discapacidad inscritas. En este periodo sus profesionales atendieron a un total de 34.293 personas con discapacidad mediante entrevista de orientación, tutorización, evaluación o desarrollo competencial.

Asimismo, en 2020 se recibieron 8.198 ofertas de empleo, con 22.926 puestos de trabajo, a las que se presentaron 39.540 candidatos. Se crearon 7.918 empleos para personas con discapacidad, a los que se sumaron 2.507 intermediaciones laborales para el Grupo Social ONCE. En el total de empleo creado, Fundación ONCE dio además apoyo a 30 emprendedores para desarrollar su proyecto. Igualmente, se impulsó la creación de 270 plazas ocupacionales.

También se entregaron 804 becas para que otras tantas personas con discapacidad pudieran mejorar su formación. Entre ellas, 296 jóvenes universitarios con discapacidad pudieron hacer prácticas laborales gracias al programa desarrollado con CRUE Universidades Españolas; se otorgaron 97 becas dentro de la iniciativa Oportunidad al Talento y 45 más en el marco del programa Por Talento Digital.

Finalmente, en lo referente a accesibilidad, el año pasado se aprobaron 1.057 proyectos para potenciar la autonomía personal y se firmaron 96 convenios con diferentes entidades e instituciones públicas y privadas. Además, se hicieron 36 estudios y se elaboraron 142 informes.

Danone ha lanzado la iniciativa 'Nutriendo la Diversidad', que da a conocer, con motivo del mes del Orgullo LGTBI, los seis compromisos con los que refuerza su apuesta por la diversidad inclusiva, y que incluye la instalación de una lona en la madrileña plaza de Ópera.

A través de estos compromiso, Danone aspira a que empleados, colaboradores y socios actúen como agentes de cambio para garantizar una inclusión real.

El primero, hablar a la sociedad a través de sus marcas, representando en sus comunicaciones de forma fiel y sin estereotipos a la sociedad, implicando a sus equipos y proveedores en este proceso.

En segundo lugar, pretende impulsar el compromiso con sus colaboradores para "llevar la diversidad inclusiva más allá de Danone, con contratos que así lo reflejen y de la unión con otros socios externos".

El tercer compromiso de Danone consiste en compartir con la comunidad su conocimiento para contribuir a catalizar el cambio, a través de formaciones o apoyo a otras empresas.

Le sigue el de continuar apostando por un lugar de trabajo seguro e inclusivo, actualizando continuamente sus políticas vigentes; así como el de promover la autoexpresión y la autenticidad de todas las personas de sus equipos.

Finalmente, Danone se compromete a garantizar procesos de selección y políticas inclusivas y libres de sesgos. Todo ello para "alimentar el amor y el respeto", el objetivo que defiende el lema de la lona desplegada en la plaza de Ópera.

Con creatividad y estrategia digital de Onion Agency, planificación de medios de Mediacom, relaciones públicas de Tinkle, y gestión con influencers de Samyroad, la campaña incluirá activaciones en las redes sociales de Danone y sus marcas y contará también con la participación de influencers.

"La diversidad inclusiva es ya un pilar de nuestras políticas corporativas, pero queremos ir más allá e impulsar una transformación en la sociedad para que cada persona pueda alcanzar su mejor versión sin renunciar a ser ella misma, sintiéndose respetada y valorada", señala Arantxa García, Responsable de Transformación para el Sur de Europa de Danone, según recoge un comunicado.

"La colaboración es esencial para avanzar hacia la plena inclusión de todos los colectivos. La diversidad inclusiva es un camino que debemos recorrer juntos si queremos construir un futuro mejor para las próximas generaciones", concluye García.

ADHESIÓN A REDI

A todo lo anterior se une la adhesión de Danone a la Red Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI (REDI), ha agregado la compañía. Esta ha señalado que su apuesta por la diversidad se refleja en los equipos de la compañía, conformados por más de 30 nacionalidades, un 52% de mujeres, con paridad total en el nivel de managers y un 40% en el nivel de directoras y ejecutivas, en los que no hay brecha salarial y se promueve la diversidad en un sentido global.

Danone fue la primera empresa de gran consumo en España en obtener la certificación B Corp, en 2016. "Como empresa B-corp, nuestro compromiso con la transformación de la sociedad a través del impulso de la diversidad inclusiva viene de lejos. Ahora, hemos querido dar un paso adelante invitando a nuestros empleados y colaboradores a ser agentes de cambio también hacia fuera para que lleguemos a tener una sociedad más igualitaria, respetuosa y justa", ha puntualizado García.

A este respecto, Danone ha puesto de manifiesto que su apuesta por la diversidad y la inclusión le ha llevado a ser reconocida en el Top30 de Empresas con mejores prácticas de Diversidad e Igualdad de Intrama en 2019 y 2020.

A este reconocimiento se une su presencia durante tres años consecutivos en el Gender Equality Index de Bloomberg (2019, 2020 y 2021) que premia la paridad de género y muy particularmente la presencia de talento femenino en los puestos directivos y ejecutivos.

La compañía ha sido galardonada también en los Premios InnovacCión por su pertenencia al movimiento #HeForShe de la ONU, y en los Premios Generacciona por su app Danmatch, una aplicación que promueve la diversidad intergeneracional y el intercambio de conocimiento dentro de la compañía.

El tribunal de la Audiencia Nacional que acordó este lunes la extradición del multimillonario John David McAfee a EEUU por delito fiscal señaló en su auto que el argumento de la defensa de que estaba siendo perseguido políticamente por su militancia contraria al sistema establecido del dinero fiduciario --el dólar-- no se sostiene y apunta que sus motivaciones personales "no son relevantes jurídicamente".

"No existe prueba acreditativa de que tal cosa --la persecución política-- pudiera estar sucediendo, al contrario, la reclamación efectuada tiene amparo en un delito contra la hacienda pública -evasión fiscal- y las motivaciones internas del sujeto para observaruna conducta elusiva o rebelde al cumplimiento de las obligaciones fiscales no son relevantes jurídicamente", indica la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En este sentido, en el auto se apunta que más allá de las alegaciones verbales que realizó McAfee, no ha aportado dato o indicio revelador de que fuera un perseguido político. Y suma la Sala que su participación en las primarias de un partido político radical y muy minoritario donde ni siquiera fue elegido como candidato, no presentanvinculación evidente con la presente reclamación extradicional.

Así, argumentan que no ha acreditado activismo político o de cualquier clase que haya sido reprimido, "al contrario, según sus propias alegaciones habría participado en las primarias de un partido determinado para defender sus convicciones con un resultadopoco favorable para él". Y añaden que tampoco ha aportado datos de que ese activismo ponga en riesgo o suponga algún tipo de peligro para los intereses de las autoridades reclamantes, tratándose más bien de "convicciones subjetivas y de las justificaciones pretendidamente exculpatorias sin base real acreditada en el expediente, aún de forma indiciaria mínima".

Al hilo, el tribunal recuerda que su relevancia social, económica o de cualquier ámbito "no le otorga inmunidad alguna" y por lo tanto está sometido a las leyes del mismo modo que cualquier ciudadano "no relevante". "El principio de igualdad ante la ley es de aplicación inexorable", añadían.

Por otro lado, sobre el argumento de que se debía rechazar la extradición por motivos humanitarios, ya que la condena debido a su edad y estado de salud supondría una cadena perpetua, la Sala explica que no consta que el reclamado sufra de graves problemas de salud y tampoco consta que haya padecido ningún problema relacionado con el covid-19.

LA DETENCIÓN EN EL PRAT

La decisión de la Sala se ha producido después de que se celebrara la vista el pasado 15 de junio, tras la detención del magnate el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona). En la misma, McAfee alegó ser un perseguido político de Estados Unidos por sus denuncias contra la "corrupción" de la agencia tributaria de ese país. "En caso de ser extraditado es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión porque Estados Unidos quiere usarme como un ejemplo", dijo.

En su informe previo a la vista, el Ministerio Público consideraba que era procedente su extradición pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales --cifra que varía ligeramente según el año--. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco "aparentando que carecía de ellos".

"Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos", explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.

LAS CHARLAS Y LAS CRIPTOMONEDAS

En 2015 obtuvo unas ganancias de 100.000 dólares por charlas y por cesión de derechos para contar su historia de vida; en 2016 obtuvo 800.000 dólares --la mayoría por consultoría a MGT Capital Investments-- que le fueron abonados haciendo transferencias a terceras personas.

En 2017 el montante que obtuvo fue de 1,25 millones de dólares, y gran parte lo recibió en criptomonedas. Como entendía que esa moneda digital no podía ser rastreada por el fisco porque el pago no fue nominal, hizo abonar esa cantidad en una cartera de Ethereum por medio de diez transferencias y luego lo movió a otras carteras.

Pero el salto de ingresos se produce en 2018 cuando McAfee recibe 8 millones de dólares por consultoría y por promoción de varias ofertas iniciales de criptodivisas (hasta cinco distintas). Esos ingresos le llegaron en criptomoonedas que luego él transformaba en dólares. parte de las cantidades eran movidas a sociedades controladas por él y las gastó en comprar bienes inmuebles y un yate que puso a nombre de su esposa.

SÓLO POR TRES AÑOS

En la calificación jurídica, la Fiscalía recordaba que EEUU le persigue por cinco delitos graves de evasión de impuestos que acarrean pena de cárcel de no más de cinco años por ejercicio, y otros cinco delitos menores por la omisión de presentación de la declaración.

Pero el fiscal explica que en España, no presentar la declaración no es un delito sino una infracción administrativa, y apunta que de tener significación penal, únicamente lo tendría en el seno del delito fiscal. Y ahonda que respecto a 2014 y 2015 no hay delito fiscal puesto que en España la cuota tributaria defraudada está lejos de los 120.000 euros exigidos.

Por ese motivo, señalaban que sólo son constitutivos de tres delitos fiscales los hechos relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Y recordaban que los tratados de extradición establecen que la infracción debe estar castigada con más de un año de prisión, por lo que se cumple el mínimo punitivo exigido por ley.

La Comunidad de Madrid ha notificado 521 casos nuevos de coronavirus, de los que 393 corresponden a las últimas 24 horas, y seis fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada anterior, correspondiente al martes, se notificaron 513 casos nuevos de coronavirus, de los que 362 corresponden a las últimas 24 horas, y dos fallecido más en los hospitales, mientras que la semana precedente hubo 562 casos nuevos, 460 correspondientes a las últimas 24 horas, y 6 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 345 en planta --33 menos respecto al día anterior-- y 176 en UCI --cinco menos--, mientras que 53 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 881.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 740.314 positivos, un total de 115.952 casos han requerido hospitalización, 11.872 han necesitado UCI y 102.692 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 828.843 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.282, de los cuales 5.067 han sido en centros sociosanitarios, 17.813 en hospitales, 1.372 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 77,60 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en novena posición tras Aragón (82,74), Cantabria (94,87), Canarias (99,22), Navarra (100,73), Cataluña (101,21), País Vasco (102), La Rioja (132,22) y Andalucía (169,21).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 4.883.235 dosis de las 5.700.995 recibidas, con 1.858.631 segundas dosis registradas y 144.388 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 31,1%.

Teniendo en cuenta sólo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representan el 37,5%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 4.341 nuevos casos de Covid-19, 2.124 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 3.832 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.773.032 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 92,57, frente a 92,25 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 43.927 positivos.

En el informe de este miércoles se han añadido 29 nuevos fallecimientos, en comparación con 98 el miércoles pasado. Hasta 80.748 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 66 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 2.504 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (2.691 ayer) y 683 en UCI (728 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 265 ingresos (298 ayer) y 398 altas (440 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,04 por ciento (2,19% ayer) y en las UCI en el 7,20 por ciento (7,80% ayer).

Entre el 13 y el 19 de junio, las comunidades autónomas han realizado 612.551 pruebas diagnósticas, de las cuales 396.577 han sido PCR y 215.974 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.302,57. La tasa total de positividad se sitúa en el 4,17 por ciento, frente al 4,2 por ciento de ayer.

Arguiñariz, Guirguillano y Bidaurreta son los nombres de los tres pollos de águila de Bonelli que llegaron el pasado viernes a Navarra para ser liberados en territorio de la Comunidad foral, gracias al Proyecto AQUILA a-LIFE, que trabaja en la recuperación de esta especie en peligro de extinción.

Los ejemplares, dos machos y una hembra de 78, 42 y 45 días de edad respectivamente, proceden de dos centros de cría en cautividad de Francia y del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona (GREFA) de Madrid. Con su presencia se quiere recuperar para esta especie esta zona de Guirguillano-Etxauri, uno de los territorios históricos donde el águila de Bonelli vivía en Navarra hace 15 años.

A la suelta de las aves en la localidad de Arguiñariz ha asistido el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Pablo Muñoz, al alcalde de Guirguillano, Francisco Javier López de San Román Laño, junto a los vecinos y a los presidentes de las sociedades de cazadores de Echarren de Guirguillano, Rubén Azqueta, y de Arguiñariz, Pedro Mari Gorritxo y a los técnicos que trabajan en el proyecto.

Los tres pollos de águila de Bonelli han sido liberados con la técnica de jaula-hacking o crianza campestre, con el que pasan a un recinto de aclimatación ubicado en la propia zona de reintroducción, donde permanecerán varias semanas y donde terminarán su desarrollo antes de volver al medio natural. "Esta técnica crea en las aves un apego especial a la zona, lo que garantiza su regreso para establecer en ella su territorio de cría", según responsables del proyecto.

Desde el pasado mes de mayo, técnicos del proyecto AQUILA a-LIFE trabajan con vecinas y vecinos y también con niñas y niños de Guirguillano y Bidaurreta, en todo lo relativo a esta especie y las acciones que se van a desarrollar en su entorno. Primero fueron los representantes municipales, cazadores (tanto de caza mayor como de caza menor y palomeros), ganaderos y otros empresarios de la zona quienes conocieron el área, y la visita se repitió después con los más jóvenes. A partir de entonces, la implicación de la población ha sido clave para el desarrollo del proyecto.

Con la introducción de estos nuevos ejemplares, el proyecto continúa su trabajo de protección y recuperación de estas rapaces, ya iniciado y desarrollado con éxito en las zonas de Lumbier y Cáseda, donde en los últimos años se han recuperado al menos, dos de los territorios históricos de la especie: Arbaiun-Leire y la zona de Kaparreta (Gallipienzo). Además de estas dos parejas, se siguen también los movimientos de al menos otras cuatro águilas de Bonelli liberadas a través de los Proyectos LIFE, que se encuentran en la Ribera del Ebro.

Para los técnicos del proyecto, estos resultados en la Comunidad foral son "muy esperanzadores", puesto que hay que tener en cuenta que la tasa de supervivencia de los individuos jóvenes de águila de Bonelli es muy baja, y muchos de los ejemplares liberados no llegan a la edad adulta, ha informado el Gobierno foral.

Destaca asimismo la buena acogida que ha tenido el proyecto en esta zona y, como ha ocurrido ocasiones anteriores -Gallipienzo, Lumbier, Sangüesa y Cáseda, especialmente- la población colabora y sigue colaborando e implicándose en la conservación del águila de Bonelli, ha añadido.

LA IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE GUIGUILLANO Y BIDAURRETA

Como ha ocurrido con otras localidades implicadas en este proyecto, la colaboración del Ayuntamiento, cazadores, ganaderos, empresarios y población general, "es fundamental para el seguimiento de las aves liberadas, tanto en la fase previa a la liberación, como en la posterior".

Está previsto que el apoyo se concrete en dos acuerdos de custodia que se van a firmar en breve. El primero, con el Ayuntamiento de Guirguillano y la Sociedad de Cazadores de Echarren, para trabajar en la mejora de los hábitats para las especies presa del águila de Bonelli, así como para muchas otras especies de fauna y flora. El segundo, con 'Pan de Arguiñáriz - Argiñarizko Ogia', para divulgar los objetivos y avances del proyecto, con la incorporación de información en el envoltorio del pan ecológico que producen como primer paso.

Estas colaboraciones se unen a una nueva con el Parque Sendaviva, que se va a materializar en la colocación de una cámara en el interior del jaulón para el seguimiento y vigilancia de los pollos, lo que permitirá observar su evolución en tiempo real. Además del Parque, la panadería de Arguiñáriz será "punto" con acceso a estas imágenes.

El proyecto AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235), financiado por la Unión Europea, tiene por objetivo aumentar la extensión de la presencia del águila de Bonelli en el Mediterráneo occidental, e invertir su tendencia poblacional regresiva. Para ello se contempla la liberación de ejemplares en España e Italia (Cerdeña), así como abordar las principales amenazas actuales para especie, con especial dedicación a prevenir y reducir las electrocuciones.

Este proyecto, que estará operativo hasta septiembre de 2022, está coordinado por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat y también participan en él, como socios, la Diputación Foral de Álava, la Fundació Natura Parc (Mallorca), Gestión Ambiental de Navarra-Gobierno de Navarra, el Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) de Italia y la Ligue pour la Protectión des Oiseaux (LPO/BirdLife) de Francia.