Los regantes han advertido este miércoles que en el laboratorio ya están preparando toda una serie de medidas a poner en marcha tras conocer el borrador del Ministerio para la Transición Ecológica, que está "ciego de ideología", sobre el Plan Hidrológico del Tajo.

El portavoz del colectivo almeriense, José Antonio Fernández, ha lamentado el "daño prácticamente irreparable" que ocasionará el Gobierno de España a la comarca del Almanzora al cambiar las reglas del trasvase mientras que el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha aseverado tras la reunión del Círculo del Agua que el colectivo estará "en la calle, pisaremos Madrid, habrá acciones y movilizaciones".

"Analizaremos con lupa todas las actuaciones llevadas a cabo en conciencia por los funcionarios que han redactado el Plan, que eran conocedores de sus propios errores y se han dedicado a sostenerlo", lamenta Jiménez, que anuncia que llevarán a cabo "todo tipo de alegaciones, un minucioso estudio que pueda dar pie a cualquier querella por prevaricación", aunque puntualiza que estarán negociando y escuchando a la Administración.

Jiménez ha insistido a preguntas de los periodistas, el Ministerio "sabe que su metodología no es la correcta, que tiene fallos, fueron informados por el Scrats".

Según los regantes, "en un alarde de diálogo no ha escuchado lo que el Scrats le trasladó, errores manifiestos demostrados en la aplicación de los métodos que ellos se han autoimpuesto para calcular el caudal ecológico en Aranjuez, cuyo resultado hubiera sido 6,20 y no 8,60".

"Esto hace un daño irremediable al futuro del trasvase y el Ministerio, en un alarde de negociación y escucha, no ha mantenido los caudales ecológicos que propuso, sino que los ha subido; no escucha, porque traía ya una de hoja de ruta perfectamente marcada antes de llegar al Gobierno", denuncia Jiménez.

A su juicio, "se han dilatado en el tiempo unas medidas que harán mucho daño a los regantes del trasvase y toda la Cuenca del Segura", además de a la ciudadanía, porque, ha dicho, "habrá incrementos de precios muy sensibles que hasta la propia CHS reconoce".

En concreto, ha puntualizado, el regadío "dejará de recibir en 2016 alrededor de 109 hm3, eso es mas del 50 por ciento de lo que habitualmente recibimos del trasvase, pero el Gobierno seguirá obligando a pagar por el total de los hm3 a los que sobre el papel tenemos derecho", lo que tacha de "aberración ideológica, política".

Los regantes, que sienten que esto "es una derrota en toda regla" y que han "fracasado", aseguran que todas las decisiones "ya están tomadas, pero sobre el papel nos quedan seis meses de concertación en los que estaremos en la calle, nos haremos notar".

El plan gallego avalado por el comité clínico para reducir el uso de la mascarilla propone su retirada en espacios exteriores siempre que se pueda mantener una distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. En todo caso, tiene sus matices: será obligatoria siempre --salvo en el momento del consumo-- en las terrazas, aunque no, por ejemplo, en un paseo entre convivientes.

Así lo ha ratificado este miércoles el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa en la que ha concretado la revisión de las restricciones en la Comunidad ante una situación de pandemia "controlada" y la propuesta autonómica sobre la mascarilla, que tendría que ser modificada si obliga a ello un real decreto estatal.

En todo caso, a la espera de las directrices que salgan del Consejo Interterritorial de Salud, Feijóo ha defendido que la propuesta gallega es "muy clara" y está "sólidamente construida" en base a criterios sanitarios. También ha defendido que es "coherente" con la postura que manifestó la Xunta en relación a la necesidad de avanzar en su retirada si se daban las condiciones.

En este sentido, y al igual que para la ampliación de aforos, ha defendido que los datos autonómicos justifican dar estos pasos, toda vez que Galicia no tiene ayuntamientos en nivel máximo de alerta y casi todo el territorio --a excepción de Camariñas, Malpica de Bergantiños, Castroverde, Cambre y Poio, con restricciones medias-- están en el nivel medio bajo de limitaciones.

Un total de 212 municipios llevan siete días sin ningún caso positivo, ha añadido el presidente, quien también ha contextualizado la incidencia autonómica frente a la media estatal --Galicia tiene, con 41,4 casos por cien mil habitantes en 14 días, la más baja del país, frente a la de 92,25 de España--.

Además, en lo que respecta a la vacunación, también ha constatado avances en Galicia. En concreto, según los últimos datos, 1.062.325 personas ya tienen la pauta completa, que suponen más del 44,96 por ciento de la población diana a vacunar en la Comunidad gallega.

Asimismo, 1.543.407 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna en el conjunto de Galicia, que constituyen 24.490 más que la jornada anterior y el 65,32 por ciento de la población diana a vacunar en toda la Comunidad gallega.

RETIRADA PREVISTA DESDE EL SÁBADO

Tras defender la "coherencia" de Galicia y la "profesionalidad" del comité clínico, ha criticado la postura del Gobierno central y que no se haya informado a las autonomías cuando "previsiblemente" la obligatoriedad del uso de mascarilla será derogada este viernes y entrará en vigor este sábado, de acuerdo con lo avanzado por el propio presidente estatal, Pedro Sánchez.

Con el mismo horizonte temporal trabaja la Xunta, ha remarcado Feijóo, quien ha puntualizado que la propuesta enunciada este miércoles podría ser modificada si la norma aprobada finalmente en el ámbito estatal no se ajusta y obliga ello, aunque confía en que esto no ocurra.

MATICES DEL PLAN GALLEGO

Así, además de considerar "lógico" que cada comunidad pueda flexibilizar el uso de este elemento según su situación, se ha reafirmado en que la propuesta gallega es "sencilla": que se retire la mascarilla en exterior excepto cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de metro y medio.

"En el interior, mascarilla y distancia; y en el exterior, mascarilla o distancia", ha resumido.

En todo caso, habrá excepciones, ya que en las terrazas será siempre obligatoria y también habrá que usarla en los ayuntamientos en nivel máximo de restricciones y de alerta --aquellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, pero ningún municipio gallego está ahora en esta situación--.

REGULACIÓN PROPIA EN CONCIERTOS O EVENTOS DEPORTIVOS

Otros matices de la norma es que los eventos y actividades que tienen regulación propia, como conciertos o eventos deportivos, seguirán rigiéndose por su propia normativa.

Además, no será obligatoria en el caso de convivientes, aunque no haya distancia (excepto en las terrazas, en las que habrá que usarla siempre salvo cuando se consuma).

"LLEVARLA SIEMPRE ENCIMA"

Finalmente, en su intervención, Feijóo ha remarcado que "será obligatorio" llevar la mascarilla "siempre encima", dado que podría ser necesaria en cualquier momento, bien para entrar en un espacio interior o por no darse la distancia necesaria de metro y medio.

"Formará parte de nuestras pertenencias obligatorias", ha sentenciado el mandatario autonómico.

El Ministerio de Defensa asegura que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Francisco Javier Varela Salas, fue quien propuso conceder la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Esta condecoración, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado día 17, ha generado críticas de los partidos de la oposición después de que Garamendi, tan solo dos días después, se mostrara a favor de la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'.

Este miércoles, el Ministerio de Defensa ha enviado un comunicado asegurando que el JEME fue quien propuso a la ministra Margarita Robles la concesión de la medalla y esta accedió, elevándola al Consejo de Ministros.

Según asegura Defensa, la propuesta se basaba en la relación de la CEOE con el Ejército de Tierra para la difusión de su patrimonio histórico y cultural, las distintas iniciativas de formación y búsqueda activa de empleo promovidas por la CEOE para ayudar a la desvinculación del personal militar y su integración en el mercado laboral y, por último, el asesoramiento técnico y especializado para el desarrollo del proyecto tecnológico asociado a la futura Base Logística del Ejército en Córdoba.

La Gran Cruz al Mérito Militar se concede a oficiales generales y a personal civil con rango académico o institucional equiparable por servicios o méritos distinguidos y relacionados estrictamente con la Defensa Nacional y con el Ejército de Tierra, tal y como contempla el Reglamento de Recompensas Militares.

El acto de imposición de Grandes Cruces a personal civil tendrá lugar en sede ministerial el próximo 12 de julio, presidido por la propia ministra de Defensa.

Uno de los más críticos con la concesión ha sido Vox, que incluso ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que le sea retirada la medalla. "Si es infame que el presidente de la CEOE haya apoyado unos indultos, más infame es que esas manifestaciones se hayan producido 24 horas después de la concesión de la medalla", denunció este martes su portavoz adjunta, Macarena Olona.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Five Music Dreams SL, la promotora del Big Sound Festival, por "negarse a reembolsar el dinero de las entradas tras haber modificado el cartel de artistas que actuarán en el evento", ha anunciado la entidad en un comunicado.

Las denuncias, detallan, han sido presentadas ante la Dirección General de Comercio y Consumo y el Servicio de Espectáculos Públicos de la Comunitat Valenciana.

La asociación señala que los afectados por este cambio de cartel tienen derecho a solicitar el reembolso y que la empresa no puede negarse a ello, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de la fecha de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas.

Facua afirma que está recibiendo "multitud de reclamaciones de usuarios en las que denuncian que el festival, que se celebra los días 8 y 10 de julio en València, ha realizado un cambio sustancial en el plantel de músicos". En concreto, los cinco artistas principales que fueron anunciados inicialmente como cabeza del evento (Bad Bunny, Nicki Jam, C. Tangana, Lunay y Becky G) ya no aparecen en el nuevo cartel y han sido sustituidos por otros diferentes.

El festival, además, ha pasado de realizarse durante los días 8, 9 y 10 de julio a tener lugar únicamente el 8 y el 10, y ha cambiado su emplazamiento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias al Estadio Ciutat de València de la capital.

Los usuarios también han denunciado que tras pedir el reembolso de las entradas --ya que los cantantes por los que habían decidido comprarlas ya no actúan--, la promotora "se ha negado a devolverles el dinero, ofreciéndoles como única opción guardar su entrada para la edición de 2022 del festival o mantener la de 2021 y adquirir la del año que viene a un precio reducido".

Facua recuerda que el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, recoge en su artículo 58 como derecho de los usuarios "la devolución del importe de las localidades adquiridas, caso de no hallarse conforme con la variación del espectáculo o actividad o de sus condiciones o requisitos, dispuesta por la empresa".

De igual forma, el artículo 62 de la citada normativa indica que las empresas que se vean obligadas a variar "el orden, fecha, contenido o composición de un espectáculo" quedan obligadas a "devolver el importe de las localidades adquiridas al público que lo reclame por no aceptar la variación".

NORMATIVA

Por otra parte, el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos determina como infracciones graves "la suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales sin causa justificada".

Facua, por tanto, insta a la Dirección General de Comercio y Consumo y al Servicio de Espectáculos Públicos de Comunidad Valenciana que realicen las investigaciones que sean necesarias e incoen el respectivo expediente sancionador a Five Music Dreams por negarse a devolver el importe de las entradas tras el cambio de cartel del Big Sound Festival.

El PP ha solicitado la comparecencia en Congreso de los 22 ministros del Gobierno que dirige Pedro Sánchez para que expliquen en sede parlamentaria si están de acuerdo con la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés', que fueron aprobados este martes en Consejo de Ministros.

El Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra ha formalizado esta solicitud de comparecencia el mismo día que han salido de la cárcel los dirigentes independentistas condenados, quienes han reivindicado la independencia de Cataluña con la pancarta 'Freedom for Catalonia'.

Precisamente el próximo miércoles 30 de junio ya está fijada la comparecencia ante el Pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición propia, para hablar del Consejo Europeo y de los últimos Consejos Europeos, la situación política y económica de España y de los indultos.

En su escrito, el PP pide la comparecencia de cada uno de los ministros de Sánchez para informar si, "como miembro del Consejo de Ministros, está de acuerdo con la concesión de los indultos a los condenados en la sentencia del 'procés' 459/2019, de 14 de octubre, acordada en el Consejo de Ministros del día 22 de junio de 2021".

EL PP TAMBIÉN SOLICITA LOS INFORMES QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE

Además, el primer partido de la oposición ha registrado otro escrito en el que solicita los informes y documentos que integran los expedientes de indulto que han supuesto la concesión de la medida de gracia a los nueve condenados, en virtud del artículo 7 del Reglamento del Congreso.

Gamarra ya había anunciado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, que pediría esa documentación tras haber preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo cuáles son los motivos reales para la concesión de los indultos.

"Esperábamos de usted un poquito más de valentía y que diera aquí cuenta en el Parlamento de los motivos reales de esos indultos, expedientes a los que todavía nadie ha tenido acceso. Los pediremos", ha anunciado la dirigente 'popular'.

La cúpula del PP ha calificado de "humillantes" para el Estado de Derecho los indultos a los condenados por el 'procés' y ha salido en tromba a solicitar la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en línea con la petición que ha realizado su jefe de filas, Pablo Casado, ante el Pleno del Congreso. Además, el partido ha señalado que ya estudia "todas las opciones" contra esta medida, entre ellas recurrir al Tribunal Supremo.

"Sánchez dimisión", es el mensaje que están difundiendo los 'populares' en sus cuentas de Twitter coincidiendo con la salida de prisión de los nueve condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el PP, "no se puede hacer más daño a España en menos tiempo".

En la sesión de control del Congreso, Pablo Casado ha espetado a Sánchez --después de que éste calificase los indultos como una medida "valiente" y reparadora"-- que si le quedaba "algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo".

El PP se ha hecho eco en sus redes sociales de la fotografía de los líderes independentistas posando al salir de la cárcel con la pancarta 'Freedom for Catalonia. "Primeros arrepentidos", ha ironizado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

MONTESINOS: "LOS SECESIONISTAS NO SE ARREPIENTEN"

En declaraciones a La Sexta, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que los indultos son "humillantes" y "muy graves" para el Estado de Derecho español y la democracia.

"No se arrepienten, no piden perdón y dicen que lo volverán a hacer. Sánchez cada día está más solo y por eso nos reafirmamos en que debe presentar su dimisión y convocar elecciones", ha manifestado.

Además, ha confirmado que el PP va a utilizar todas las herramientas a su alcance "para decir 'no' a los indultos", como recurrir al Tribunal Supremo. "Estudiamos todas las opciones y nos basamos en el informe demoledor del Supremo, que le dijo a Pedro Sánchez que no diera el paso que finalmente ha dado y que se situara al lado de la Justicia y la igualdad de todos los españoles", ha enfatizado.

Tras animar Vox al PP a presentar una moción de censura, el responsable de Comunicación del PP ha respondido que los números que dan son "los de las urnas". Fuentes del partido han confirmado que la exigencia de elecciones será el mensaje que repetirán en las próximas semanas ante los ciudadanos, a pesar de que en 'Génova' son conscientes de que Sánchez hará todo lo posible por agotar la legislatura.

MAROTO: "SÁNCHEZ MINTIÓ"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, quién ha subrayado que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones "prometiendo no indultar a los golpistas".

"Mintió. Si tan seguro está ahora del apoyo que su medida tiene entre los españoles y lo bueno que es para la convivencia, que convoque elecciones generales y pregunte en las urnas", ha asegurado Maroto en Twitter, acompañado su mensaje del hashtag '#SanchezDimision' como otros cargos del partido.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, se ha preguntado si "de verdad se cree el señor Sánchez que la concordia se alcanza premiando al que pretende subvertir el orden constitucional y atacando o silenciando a los que respetan y cumplen las leyes y la Constitución".

TEROL A SÁNCHEZ: "INDULTÁNDOLES, SE HA CONDENADO"

Según el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González-Terol, Sánchez "se ha condenado" al indultarles. "La historia y los españoles jamás se lo perdonarán, pues no encontrará lealtad alguna en aquellos que quieren destruir Bandera de España y eliminar nuestra democracia", ha avisado.

Por su parte, la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, ha afirmado que "los dirigentes independentistas son insaciables y en cuanto puedan volverán a pisotear la Constitución". "Sánchez cede ante ellos, abandona a los constitucionalistas e incumple todo aquello que prometió no hacer. Todo por el poder", ha aseverado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en Moncloa con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el próximo martes 29 de junio a las 17.00 horas, justo una semana después de la aprobación de los indultos. Por otra parte, Sánchez recibirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el viernes 9 de julio, a las 12.00 horas, según ha informado Moncloa.

Sánchez y Aragonés habían acordado reunirse en el Palacio de la Moncloa a lo largo del mes de junio para retomar la negociación entre sus respectivos gobiernos, antes de reanudar los trabajos de la mesa de diálogo que se constituyó en febrero de 2020 y que solo pudo celebrar una primera y única reunión.

No obstante, el Gobierno también enmarca el encuentro con Aragonés dentro de la ronda habitual que el presidente hace con todos los presidentes autonómicos cuando son nombrados. En este sentido, además de la cita con el presidente catalán, Sánchez ha fijado ya el encuentro con la recién investida presidenta madrileña para el 9 de julio.

En este sentido, Moncloa ha informado de que, como ya ocurriera con la reunión que mantuvo Sánchez el día 17 con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del Gobierno dialogará con Aragonés y Ayuso "sobre las cuestiones mas importantes y urgentes de sus respectivos territorios, entendiendo estos encuentros como un intercambio necesario sobre las principales necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y Madrid".

CON ARAGONÉS UNA SEMANA DESPUÉS DE LOS INDULTOS

En todo caso, la cita de Sánchez y Aragonés, que llegará justo una semana después de la aprobación de los indultos para los organizaciones del procés, se asume como un nuevo paso en el camino que el Gobierno se ha marcado para solucionar el conflicto catalán.

El deshielo en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat ya comenzó con la conversación telefónica de 40 minutos que Sánchez y Aragonés mantuvieron el pasado 4 de junio, tras la investidura del presidente catalán, y en la que se emplazaron a verse en el mes de junio.

Tres días después, el 7 de junio, los presidentes coincidieron en persona en un acto en Barcelona, en la sede de Foment del Treball, donde se saludaron amistosamente y en el que Sánchez proclamó que había que abandonar "justificaciones y revanchas y apostar por las soluciones".

"Tenemos que ser generosos, responsables, y tenemos que esforzarnos unos y otros. Me gustaría que dejáramos atrás la dialéctica estéril que ha impregnado también la política española en los últimos años de 'Los unos y los otros' y apostar por un nuevo 'Nosotros", defendió entonces.

Ese discurso, y ese breve encuentro entre ambos, se interpretó como la antesala de un acercamiento entre el Gobierno y Generalitat, que ha tenido un punto de inflexión con la aprobación de los indultos, y que ambas partes esperan poder seguir profundizando en la reunión entre Sánchez y Aragonés y, después, en la mesa de diálogo.

Así, uno de los asuntos que los dos mandatarios abordarán en esa reunión será cómo reanudar los trabajos de ese foro. Aunque ambas partes han mostrado su disponibilidad a hacerlo cuanto antes, fuentes gubernamentales admiten que es fundamental que antes se pongan de acuerdo ERC y Junts entre ellos, dadas sus visibles discrepancias al respecto.

Por parte del Gobierno, consideran que ya han cumplido el primer objetivo que se habían fijado para antes incluso de la reunión entre Sánchez y Aragonés, como es la concesión de los indultos, al entenderlo como un gesto que supone retirar un importante "obstáculo" en ese camino hacia el diálogo. Ahora le toca a la Generalitat moverse, empezando, según las fuentes consultadas, por aclarar su postura dentro del propio Govern.

CITA DE LOS INDEPENDENTISTAS CON EL TRIBUNA DE CUENTAS

Por otro lado, la reunión de Sánchez y Aragonés tendrá lugar el mismo día en el que el Tribunal de Cuentas ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes del Govern, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente se desvió para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

No obstante, ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que los líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho "sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío" para conseguir la independencia de Cataluña. A pesar de la decisión del Ejecutivo, ha advertido de que "España no claudica".

"Las imágenes de la humillación, de la inmensa vergüenza propiciada por Pedro Sánchez. Los golpistas ya están en la calle sin haber cumplido ni un tercio de su condena, sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío. Sánchez claudica, pero España no", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Ha acompañado el texto de un vídeo en el que se ve al líder de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reafirmando su compromiso de "seguir trabajando desde la política" para conseguir sus aspiraciones e ideales, en particular, alcanzar "la independencia del país" (de Cataluña).

A continuación, aparece el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, avisando de que la "represión" no les ha vencido y no les vencerá, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell celebrando el indulto mientras la gente grita "amnistía".

INDULTOS "ILEGÍTIMOS" CON LOS QUE SÁNCHEZ BUSCA FINES POLÍTICOS

El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que, en los discursos pronunciados por los presos del 'procés', han repetido las mismas ideas "radicalizadas" que en 2017 les llevaron a convocar un referéndum ilegal y a hacer una declaración unilateral de independencia.

"Hemos visto los mismos fundamentos ideológicos completamente radicalizados que les llevaron a cometer delitos", "dicen que lo volverán a hacer y utilizan la misma retórica" de entonces, ha dicho en declaraciones a Canal Sur.

En su opinión, estos indultos son "ilegítimos", pues cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los "utiliza políticamente" para "no ejecutar una sentencia", buscando así "mantenerse en el poder" gracias al apoyo parlamentario de Esquerra.

"Si no hay arrepentimiento, no se puede indultar, porque la finalidad de la pena es la resocialización, la inserción social", y en este caso los líderes independentistas catalanes "dicen que lo volverán a hacer", ha subrayado, preguntándose "dónde queda la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los delitos".

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL PERDÓN

Bal ha indicado que Ciudadanos presentará un recurso contencioso-administrativo este jueves ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque considera que "no se cumplen los requisitos que establece la ley del indulto".

Los argumentos para defender esto son, según ha precisado, los mismos que expuso la Sala Segunda de ese tribunal en el informe donde rechazaba la medida de gracia para los nueve condenados por sedición y malversación en el juicio del 'procés': que "no hay justicia, no hay equidad, no hay utilidad pública y no hay arrepentimiento".

Aunque primero habrá que saber si los partidos políticos están legitimados para recurrir la concesión de indultos --aparte de Cs, han anunciado acciones judiciales el PP y Vox--, el dirigente de la formación naranja cree que lograrán superar esta primera barrera y no descarta que el Supremo modifique la jurisprudencia en esta cuestión.

Una vez se venza ese obstáculo, "tengo la certeza y la confianza máxima en que vamos a ganar ese recurso, se revocarán los indultos y esas personas volverán a la cárcel, de donde nunca debieron salir, aplicándoseles el régimen general de cualquier preso de acuerdo con el Derecho penitenciario", ha manifestado Bal, que antes de dedicarse a la política era abogado del Estado.

A su modo de ver, "las condenas están para cumplirlas" y defender esto no es ser "un facha vengativo". Aunque los presos del 'procés' pudieran acabar pasando al tercer grado, sostiene que solo debería aprobarse cuando hubieran cumplido "una parte importante de la condena, no solamente tres años" de los entre nueve y trece años de prisión a los que fueron sentenciados.

RECURSOS DE VARIOS CONDENADOS ANTE EL TEDH

Respecto a los recursos que varios de los condenados presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo, el diputado de Ciudadanos ha cuestionado que la Abogacía del Estado pueda defender en Estrasburgo la legalidad, la justicia y la constitucionalidad de la misma después de que el Gobierno les haya perdonado las penas dando a entender que "son desproporcionadas".

Esto es enmendarle la plana a la Sala Segunda del Tribunal Supremo e inmiscuirse de una forma totalmente injustificada e ilegítima en el principio de la separación de poderes", y de esta manera el Ejecutivo "está haciendo un gravísimo daño al prestigio internacional de España y a la calidad democrática", ha afirmado.

Las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos, han aprobado este miércoles la Ley de Caza que, como ha defendido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura un marco "estable y actual" desde una gestión cinegética "sostenible".

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha concretado que la finalidad es "proteger, conservar y fomentar" los recursos pero también aprovecharlos de forma "ordenada y sostenible", además de compatibilizar la actividad con el resto de usos y el desarrollo rural.

El anteproyecto sustituye a la antigua Ley de Caza, de 1996, y la modificación realizada en 2019, de manera que adapta el marco regulatorio a la realidad "social, económica y ambiental" del territorio, que ha experimentado notables cambios en estos 25 últimos años desde la anterior Ley.

Suárez-Quiñones ha incidido en que la situación actual de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la que existía cuando se dictó la anterior ley, puesto que, así como las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, las especies de caza menor asociadas a los hábitat agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes.

La norma ha contado con el respaldo del PSOE después de que se aprobara su voto particular a una enmienda del PP, como ha explicado el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, gracias al que se ha conseguido garantizar la seguridad jurídica de la caza en la Comunidad y evitar que se aprobara una regulación "retrógrada".

Así, el socialista ha destacado que el texto que sale este miércoles de las Cortes sea un marco regulatorio que avance en esta actividad, frente a lo recogido en la enmienda que pretendía que la aprobación de los planes cinegéticos, si no se resolvía de forma expresa en el plazo de cuatro meses, lo fuera por el mecanismo de silencio positivo.

Además, en la sesión se debatieron también 83 enmiendas parciales de Podemos defendidas por Laura Domínguez y que, su no aprobación, hicieron que los dos procuradores de la formación morada se abstuvieran.

En la fijación de su voto favorable el procurador José Ignación Delgado ha reivindicado la caza como motor económico del medio rural, así como la mejor herramienta para lograr un equilibro ecológico que compagine la agricultura, el cuidado del medio natural, el control de las especies y la fijación de población en el medio rural.

RESPUESTA A NUEVOS RETOS

Como ha destacado Suárez-Quiñones uno de los objetivos de esta norma es clarificar y dar al marco regulatorio un carácter completo, estable y moderno a la actividad cinegética, y adaptarla a la realidad ambiental y social actual, la Junta ha elaborado este texto como respuesta a los nuevos retos sociales y ambientales, al tiempo que se da a la regulación una garantía legal y reduciendo la actividad administrativa.

El consejero ha citado entre los aspectos más destacables la incorporación de importantes novedades en relación con la planificación cinegética para garantizar al máximo que la caza se practique en Castilla y León de forma ordenada, controlada y sostenible.

Así, se prevé la elaboración de una Estrategia de la Caza de Castilla y León, de planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.

Se regulan las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de caza, y se habilitan mecanismos de rango reglamentario para declarar otras especies como cinegéticas, que se limita en el fondo y en la forma, mediante un decreto con un proceso muy garantista, o para excluir, bien temporalmente o con carácter definitivo, a determinadas especies.

De esta forma se limitar a la Administración para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida, además de regularse la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada "de atención preferente", por lo que será objeto de planes de gestión específicos.

También destaca la importancia del seguimiento poblacional de las especies cinegéticas y se prevé implantar un nuevo Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.

MÁS INFORMACIÓN

Otra novedad es la creación de las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.

En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución; además se simplifican los trámites y se hace obligatoria la tramitación telemática.

Por otro lado, se eliminan dos figuras existentes en la ley anterior, las zonas de caza controlada y los cotos regionales, por su escasa aceptación, haber quedado obsoletas y ser superadas por el actual marco de nuestras figuras de protección.

En lo referente a las reservas regionales de caza, se contempla la posibilidad de segregación de sus terrenos a petición de los propietarios y se mejora el funcionamiento y el control del fondo de gestión de las reservas mediante la creación de una comisión del fondo de gestión para cada reserva.

Asimismo, se elimina la figura del Refugio de Fauna y se establecen los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, que podrán restringirse pero no ampliarse.

Además, se establece una pormenorizada serie de limitaciones y prohibiciones con el fin de proteger la conservación de las especies, su pureza genética y los hábitat en los que habitan.

Por otro lado, se establecen nuevos instrumentos para permitir un adecuado control poblacional y destaca especialmente el establecimiento de la figura de Emergencia Cinegética para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies.

También se establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos a través de una plataforma pública, algo muy demandado por colectivos como los aficionados al senderismo y el ciclismo de montaña y con el fin de incrementar los márgenes de compatibilidad de actividades y de seguridad en el uso público de nuestros montes y espacios naturales.

El proyecto ha recibido alegaciones de 162 personas o entidades diferentes con un total de 1.806 alegaciones, de las que se han aceptado plenamente el 14,5 por ciento y otro 13,5 parcialmente, mientras y el resto no ha podido aceptarse, fundamentalmente por no tener relación con el objeto de la Ley.

Tres de los líderes independentistas condenados por sedición y malversación indultados por el Gobierno, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, deberán hacer frente aún a las cantidades que tiene que fijar el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El próximo martes, el Tribunal de Cuentas ha citado a sus representantes legales junto con los de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y de otros dirigentes del Govern para comunicarles la cuantía que considera que desviaron a esta red de embajadas.

Se trata de la liquidación provisional, y en este acto se les comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena. Las nuevas cantidades se sumarán a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Las nuevas multas son consecuencia de la instrucción sobre el presunto desvío de dinero para la acción exterior catalana que ha concluido el órgano fiscalizador.

Concretamente, se ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas Collel y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raül Romeva.

También a los que fueran secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; a las interventoras Generales de la Generalitat, María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.

Completan la lista de la treintena de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha convocado también a los representantes legales de la Generalitat de Cataluña, del Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal.

INFORME FISCALIZADOR

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un "informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017", a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitarle que se trasladen "inmediatamente" a los animales del laboratorio Vivotecnia a "centros seguros de protección", una vez que la administración autonómica ha levantado la suspensión cautelar decretada ante presunto maltrato animal.

"Ninguna institución puede mirar hacia otro lado ante el maltrato animal", ha apuntado este miércoles en redes sociales respecto a la carta remitida a Ayuso, en la que demanda también información sobre la situación actual de los animales, además de valorar la reubicación de los ejemplares de forma coordinada entre las dos administraciones.

Fue el 1 de junio cuando la Comunidad cesó la suspensión temporal del laboratorio tras comprobar ahora que implementó "todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reproduzcan hechos como los que se conocieron".

En esa misiva, la ministra le solicita la remisión de los expedientes de inspección realizados por la Consejería de Medio Ambiente y le exhorta a que permita a su departamento comprobar también la situación de los animales en estas instalaciones.

IMÁGENES QUE GENERARON "ALARMA SOCIAL"

Belarra relata que tuvieron conocimiento del presunto caso de maltrato animal en las instalaciones del laboratorio, ubicado en Tres Cantos, mediante unas "imágenes difundidas en medios de comunicación" que generaron "una enorme alarma social, incrementada especialmente por la decisión de mantener a los animales en el mismo centro, aparentemente bajo la custodia de las mismas personas que pudieron estar implicadas".

Con ello, hace referencia a la denuncia de la ONG ONG Cruelty Free International que difundió unos vídeos de situaciones de presunta violencia en el laboratorio de Vivotecnia. Tras una inspección en las dependencias, el Ejecutivo regional determinó la suspensión cautelar de actividad ante presuntos indicios de maltrato.

Al respecto, la ministra recuerda a la presidenta regional que la Dirección General de Derechos de los Animales, que ostenta Sergio García Torres, tiene entre sus funciones la de coordinar a comunidades autónomas, entidades locales y otras administración públicas en las acciones consistentes en la protección de los animales.

Por ello, rememora que este departamento trató de establecer contacto con la Comunidad de Madrid desde el mismo día en que se conoció este caso, al objeto de "establecer un mecanismo de colaboración para evaluar la situación de los animales".

"Adicionalmente se ofrecieron diferentes recursos para ubicarlos", prosigue la carta de Belarra entiendo que, ante esos indicios de maltrato que motivaron la suspensión, la Comunidad de Madrid procedería al decomiso de los ejemplares.

REPETIDOS OFRECIMIENTOS DE COLABORACIÓN DESOÍDOS

Desde entonces, desgrana que se ha ofrecido "repetidamente" esa colaboración a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Madrid, órgano en el que recae la facultad de inspección y responsable de la "salvaguarda" de los animales utilizados en experimentación.

"En diferentes ocasiones desde el Ministerio que presido se han establecido intentos de comunicación por diferentes vías, con el departamento competente de su administración, siendo infructuosos los intentos de coordinación, colaboración e incluso respuesta sobre la situación de los animales".

Por todo ello, se dirige personalmente a Ayuso para pedirle que se lleve a cabo las acciones oportunas para "garantizar la colaboración", que se remitan al Ministerios los expedientes elaborados por la Comunidad de Madrid y se les permita la colaboración e inspección, sin olvidar que es la administración autonómica la que tiene potestad de ejercer, con el "objetivo de proteger el bienestar de los animales, el decomiso administrativo de los mismo".

"Reiteramos nuevamente la disponibilidad del Ministerio de Derechos Sociales y su Dirección General de Derechos de los Animales para colaborar de manera coordinada (...) con el único objetivo de conseguir la mejor solución para garantizar el bienestar animal, ofreciendo todos nuestros servicios veterinarios y la colaboración para la localización de centros adecuados de acogida de animales en el caso de ser necesario", concluye la ministra.

LA REAPERTURA FUE "INTOLERABLE"

En redes sociales, García Torres consideró "intolerable" la reapertura del centro y consideró que la Comunidad de Madrid prefirió "mirar a otro lado, pese a las reiteradas peticiones de la sociedad civil, de diferentes instituciones y el proceso judicial para que garantizara el bienestar de los animales" que se encontraban en este centro.

Sobre todo cuando se remitieron cuatro oficios a la Fiscalía, solicitando inspecciones y ofreciendo equipo veterinario e instalaciones para decomiso y puesta a salvo de los animales. En el caso de la Comunidad, se enviaron tres oficios y "ni contestaron".

También indicó que el 11 de abril parecía, a tenor de la paralización de la actividad, que la Comunidad sacaría a los animales y detalló que su departamento propuso la "inclusión" de un sistema de videovigilancia en todos los laboratorios de experimentación del país, medida que ya se aprobó para mataderos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha inaugurado este miércoles entre aplausos la Asamblea General ordinaria de la patronal tras la polémica generada por sus palabras sobre los indultos a los presos del 'procés'.

Con los asistentes en pie, Garamendi se ha emocionado por el recibimiento de sus compañeros, llegando a derramar alguna lágrima, y ha señalado que lo que ha vivido en los últimos días ha sido una "injusticia".

"He pasado unos días muy malos", ha reconocido a posteriori el dirigente de la patronal, que ha añadido que siempre ha defendido el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la unidad de España y la monarquía parlamentaria.

"Se ha cogido el rábano por las hojas y se ha utilizado una parte de una hora de entrevista, que además no es literal", ha afirmado el líder de la CEOE.

Se refería así a las declaraciones que realizó sobre que si los indultos a los independentistas catalanes condenados servían para normalizar la situación, "bienvenidos" fueran, palabras que le granjearon críticas desde diversos sectores y alabanzas desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la CEOE matizó después que su organización no se posicionaba ni a favor ni en contra de los indultos a los presos independentistas y que en la patronal se defiende la Constitución y el Estado de Derecho.

Garamendi, muy agradecido con el gesto de los asistentes a la Asamblea, ha señalado que "da igual" lo que ha estado diciendo durante días y ha añadido que parece que "no vale de absolutamente nada toda una vida".

"Lo que pase en España depende de la soberanía del pueblo español y de los españoles y eso es lo que hemos dicho siempre y lo que seguimos diciendo a pesar de lo que algunos se empeñen en decir o se interprete fuera de contexto", ha afirmado en su discurso ante la Asamblea, que se ha celebrado presencialmente sólo en parte, ya que muchos de sus miembros han asistido de manera 'virtual'.

Garamendi ha subrayado que los empresarios quieren a su país y que, si la CEOE se equivoca, "lo hace de buena fe". "Si los empresarios dicen que es mejor no subir los impuestos, será por algo. Lo razonamos, pero que no piensen que somos unos egoístas, porque se ha demostrado la solidaridad de todas las empresas de este país durante la pandemia", ha subrayado.

Asimismo, el líder de la CEOE ha reivindicado la independencia de la organización y el trabajo que desarrolla "siempre con sentido de Estado y lealtad institucional".

"Ésta es la CEOE de ayer, de hoy y la del mañana. Es la CEOE que hoy ha demostrado que sigue unida porque es la unidad la que da la fuerza para sacar adelante el país", ha enfatizado.

La Asamblea General de la CEOE ha finalizado como empezó: con los asistentes a la Asamblea en pie aplaudiendo y ovacionando a su dirigente.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), habilita desde este miércoles una nueva aplicación web en www.miCertificadocovid.com en la que cualquier persona ya vacunada por el Servicio Canario de la Salud, con una o dos dosis, podrá acceder, guardar e imprimir su certificado COVID Digital UE.

El Certificado COVID Digital UE es el documento oficial con el que a partir del 1 de julio las personas residentes en los estados miembros podrán acreditar que han recibido la vacuna, superado la enfermedad o disponen de una prueba diagnóstica con resultado negativo.

Con este certificado se pretende facilitar la movilidad y garantizar la protección de la salud de las personas de la Unión Europea que reúnan alguna de estas tres condiciones, sin que tenga la condición de pasaporte ni documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circulación.

La Consejería detalla en una nota que al entrar en la página www.miCertificadocovid.com, el usuario sólo tendrá que cumplimentar un sencillo formulario rellenando los campos de nombre completo, DNI o NIE y el número de teléfono móvil de contacto que figure en la base de datos del SCS.

De esta forma, el usuario recibirá un sms con un código de validación que dará acceso al certificado vacunal o al de prueba diagnóstica si fuera el caso.

A TRAVÉS DE MIHISTORIA

Desde principios de junio, las personas residentes en Canarias pueden descargarse el certificado vacunal accediendo al servicio 'miHistoria', en el que está accesible ya la Cartilla de Vacunación del COVID-19 del SCS y se puede acceder desde la web del SCS o a través de las apps iOS o Android.

Al contener información de alta seguridad requiere darse de alta en identidad digital, la cual se puede obtener mediante certificado digital o sistema Cl@ve en www.miscs.org, donde se detallan los pasos a seguir para darse de alta, o bien, mediante usuario y contraseña que facilita la unidad administrativa del centro de salud al que se esté adscrito.

En las primeras tres horas de su puesta en funcionamiento ya se han alcanzado 15.000 solicitudes de descarga.

Activistas, sindicalistas y personas del Tercer Sector relacionadas con el movimiento LGTBI encabezarán la marcha estatal del Orgullo, que se celebrará el 3 de julio en Madrid, dejando a los políticos en otro espacio más para atrás de la manifestación, han explicado este miércoles sus organizadores.

En la rueda de prensa sobre las celebraciones del Orgullo 2021, que se ha desarrollado en el Museo Thyssen, el coordinador general de Madrid Orgullo (MADO), Juan Carlos Alonso, ha señalado que tras cancelarse las fiestas del año pasado por la pandemia, "tras la tormenta sale el arcoíris" y tienen que volver a la calle, respetando todas las medidas sanitarias y de seguridad, porque "la visibilidad no podía estar oculta más tiempo".

Como el resto de intervinientes, Alonso ha señalado que la cita de este año será muy reivindicativa. "Nos indignan conflictos absurdos de si se ilumina un estadio de fútbol por no molestar un Estado homófobo que es Hungría, o lo que pasa Polonia. Esto no va a de política, va de derechos humanos. Esto va de vida, va de sufrimiento. Y cuando se pone en tela de juicio nuestros derechos no vamos a dar un paso atrás. Quienes nos atacan están casi todos reunidos en un partido político, Vox, que se opone a estos derechos humanos de este colectivo. Algunos otros nos ponen como moneda de cambio para ser presidente no presidenta o aprobar no sé qué presupuestos. Pero nosotros no somos moneda de cambio", ha advertido.

El coordinador general de MADO ha indicado que este año no habrá conciertos ni convocatorias multitudinarias, aparte de la manifestación, y ha recordado que no está permitido el consumo de bebidas en la vía pública "y pedimos a la ciudadanía que lo entienda".

También han explicado que han registrado ante las autoridades un plan preventivo de movilidad y seguridad, corte de calles, control de los aforos, establecimientos de entrada y salida y demás para evitar aglomeraciones. "Estamos comprometidos con el orgullo seguro y el plan está registrado para que se cumpla", ha reiterado.

COGAM: "NO PONER LA BANDERA EN CIBELES ES UN GUIÑO A LA ULTRADERECHA"

En la misma línea, la presidenta del Cogam, Carmen García de Merlo ha abogado por "recuperar la libertad" que se perdió el año pasado por la pandemia y considera un error que la sede del Ayuntamiento de Madrid no cuelgue la bandera arcoíris porque "es un símbolo de libertad de una de cada diez personas".

"La lectura de esa sentencia que se hizo en su día para un movimiento terrorista canario que no tiene nada que ver con esta bandera. Me parece una excusa y guiño a la ultraderecha", ha apostillado.

García de Merlo también ha criticado que el Gobierno regional quiera "reinterpretar y derogar ciertos artículos" de unas leyes LGTBI "que llevan cinco años incumpliéndose, que se han desarrollado muy poco de su texto".

La presidenta de Cogam también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población porque la pandemia aún no ha acabado y ha hablado también de otras actividades como exposiciones, obras de teatro, certamen de poesía de mujeres, presentación de libros manga LGTB, talleres de diversidad y educación en la pornografía, salud y educación seminarios, mesas informativas, etcétera, que se celebrarán durante estas semanas coincidiendo con el Orgullo.

FELGTB: "OCUPAREMOS EL ESPACIO DE COLÓN, DE LA ULTRADERECHA"

Por su parte, Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha comenzado su intervención afirmando que el Orgullo estatal es "libertad, diversidad y suma" y que este año saldrán a la calle después de un 2020 de parón, "donde la pandemia se ha cebado con el colectivo".

"Y saldremos orgullosas enseñando nuestras plumas, cuerpos y libertad. Haremos una manifestación segura y responsable. Por eso pedimos a los asistentes que lleven mascarilla y distancia, pero haremos una manifestación más política y reivindicativa que nunca. Una marcha donde denunciaremos el discurso de odio de la ultraderecha, el pin parental, la amenaza para derogar las leyes LGTBI; donde hablaremos de los derechos trans, porque seguimos exigiendo la ley Trans y que esa ley crezca en el trámite parlamentario", ha detallado.

Y ese marcha, ha continuado Sangil, será encabezada por una pancarta de cabecera "que dirá ni un paso atrás a esos discursos de odio, condenando a la extrema derecha y aquellos gobierno que se sustentan con el apoyo de la ultraderecha". Una pancarta en la que irán activistas y personas relevantes de sindicatos y asociaciones del tercer sector que luchan por la igualdad y diversidad.

La presidenta de la Federación estatal ha adelantado además que la manifestación, que comenzará en la plaza de Atocha terminará "ocupando el espacio de la plaza de Colón, de la ultraderecha, donde los discursos de odio hacia el colectivo hacia las mujeres y migrantes proliferen, una donde se juntan los cómplices del odio".

"Creo que será un orgullo reivindicativo y político donde volveremos a celebrar orgullosos nuestra conquistas y nuestros derechos y seguiremos defendiendo la conquista de la igualdad y diversidad para ese arcoíris que nuestro compañero Pedro Zerolo nos hablaba", ha rememorado.

Sangil no ha podido concretar cuántas personas prevén que participen en la marcha y si hay aforo limitado por parte de la Delegación. En un primer momento se hablaba de 25.000 personas, pero tendrá que se concretado en la reunión final que mantendrán el martes. "Se han manifestado otras manifestaciones sin ningún problema", ha apostillado en velada referencia a la concentración de Colón del 13 de junio.

PREGÓN VIRTUAL, SIN CARRERA DE TACONES Y FINAL DE MISTER GAY POSTERGADA

Por último, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales para la LGTBI de la Comunidad de Madrid (Aegal), Alfonso Llopar ha informado de que pregón del Orgullo, que antes de la pandemia se celebrara el miércoles anterior a la manifestación en la plaza de Pedro Zerolo se grabará allí antes y se retransmitirá on line.

En el pregón, que presentará La Plexy, se hará un homenaje al mundo drag queen y a los transformistas del pasado y actuales como Nacha la Macha, Paco Clavel, Suprem Deluxe, la terremoto de Alcorcón o Chumina Power.

Asimismo, Llopar ha anunciado otras actividades como obras de Teatro, conciertos en MadBeach y las Noches del Botánico y exposiciones dentro de la programación del Orgullo, el festival Muestrat o la conferencia internacional de derechos humanos Summit.

Respecto al certamen Mister Gay Pride España, finalmente la final se pospondrá hasta otoño aunque el 1 de julio habrá un acto presentación de algunos finalistas, entre ellos le primer candidato trans gay, otro de la UME u otro guardia civil. "No es un certamen de belleza, sino de experiencias vividas, de historias y mostrar vivencias de estos chicos en sus ciudades", han explicado.

Por último, la organización ha confirmado que no habrá carrera de tacones, pero sí otras actividades deportivas y culturas. "Este año no podemos celebrar el orgullo en las calles. Chueca va seguir siendo el epicentro del Orgullo pero desde aquí pedimos al a ciudadanía que no ocupen chueca, sino que lo celebren por todo Madrid en los barrios", han concluido.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 16 de junio, en Gijón, a un hombre de 32 años y nacionalidad española como presunto responsable de un delito de distribución y tenencia de pornografía infantil. Los investigadores localizaron al sospechoso a partir de la denuncia presentada en Málaga, por una internauta a la que habría ofrecido compartir experiencias sexuales con menores.

Según indica la Policía Nacional, el arrestado tenía almacenados en su teléfono móvil 7,88 GB de archivos conteniendo imágenes y vídeos sexuales con niños.

Relata el Cuerpo Nacional de Policía que la investigación se inició en Málaga, a mediados del pasado mes de marzo, cuando una ciudadana puso en conocimiento de la Policía una conversación mantenida a través de un chat virtual, donde un usuario aseguraba abusar sexualmente de su hija pequeña y de otros menores de su entorno próximo, proponiéndole realizar con él dichas desviaciones y compartir experiencias.

Al resultarle inquietante la proposición, la denunciante llegó apedirle su número de teléfono con la excusa de acceder a sus pretensiones, aportando los datos de contacto en sede policial.

La investigación, de la que se hizo cargo el grupo de menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, permitió averiguar que el responsable del perfil investigado se conectaba desde dispositivos ubicados en Gijón y que compartía imágenes de pornografía infantil con otros usuarios.

Desde ese momento, los agentes solicitaron la colaboración de sus homólogos de la Comisaría Local gijonesa para la continuación de las indagaciones. Así se intensificaron las pesquisas para determinar si el sospechoso tenía a su cargo un menor o si, por su trabajo o relaciones sociales, pudiera tener contacto habitual con niños que fuesen víctima de sus perversiones.

Una vez identificado el responsable, un vecino de Gijón de 32 años de edad , usuario del número de teléfono aportado en la denuncia inicial y cuyo "alias" coincidía con su nombre y año de nacimiento, se procedió a su detención y al registro de su vivienda. En su detención se le intervino material con información relevante

En el domicilio del arrestado, la Policía intervino los soportes informáticos y terminales móviles de los que era usuario, en concreto, seis discos duros, un ordenador portátil y un teléfono móvil.

Una vez realizado el volcado y análisis de la información contenida en esos soportes, se hallaron 116 instantáneas de claro contenido pederasta, en los que aparecían niños desnudos, en posiciones sugerentes, o realizando tocamientos o prácticas sexuales con adultos u otros menores, así como 815 videos en situación similar. En total 7,88 GB de pornografía infantil.

Finalmente, la investigación descartó que el arrestado creara los contenidos difundidos, comprobándose que no tenía hijos, ni acceso a menores de su círculo familiar, laboral o de amistad sobre los que llevar a cabo los abusos de los que alardeaba en los foros para obtener, supuestamente, popularidad en la red. Se trataría de una falacia según las pesquisas.

Así, los centenares de archivos intervenidos no se corresponderían con grabaciones originales realizadas por el arrestado, sino material obtenido a partir de otros usuarios en plataformas y foros privados.

La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, acompañada por la embajadora de España en la Santa Sede, Carmen de la Peña Corcuera, ha dirigido un foro internacional sobre los trasplantes de órganos, donde se ha reordado la importancia de seguir trabajando para evitar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes.

De acuerdo con los últimos datos del Observatorio Global de Trasplantes (GODT, en sus siglas en inglés), que gestiona la ONT por mandato de la OMS, en 2019 se realizaron 153.860 trasplantes de órganos en todo el mundo.

"Aunque parezca una cifra abrumadora, solo representa el 10 por ciento de las necesidades globales. La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento de los trasplantes que se realizan cada año en el mundo resultan del tráfico de órganos", señala en un comunicado.

Este delito ocurre normalmente en el contexto del turismo de trasplante, en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población. "Pero ningún país está libre del tráfico de órganos", añade.

El trasplante constituye el mejor o el único tratamiento disponible para pacientes que desarrollan una insuficiencia orgánica avanzada, ya que el trasplante renal es menos costoso que el tratamiento con diálisis y supone un importante ahorro económico para los programas de salud contribuyendo a su sostenibilidad.

Sin embargo, el acceso a esta terapia es limitado por el escaso desarrollo de estos programas y la limitada disponibilidad de órganos en el mundo. Es esta problemática la que ha reunido a los mayores expertos internacionales en trasplante de órganos en un taller virtual organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que España, ha tenido un papel fundamental como líder en donación de órganos durante 29 años consecutivos.

Al foro han asistido más de 250 profesionales del trasplante y representantes de los ministerios de salud de 98 países de los cinco continentes. En este encuentro se ha abordado la creciente frecuencia de enfermedades que pueden derivar en la necesidad del trasplante y se ha puesto de manifiesto que el trasplante es la mejor opción terapéutica para tratar la insuficiencia orgánica terminal y se han detallado los elementos que los países han de abordar para el desarrollo de estos programas.

También se ha hecho énfasis en el principio de transparencia y en la necesidad de supervisión de estos procedimientos y de evaluación continua de sus resultados a través del desarrollo de registros post-donación y postrasplante.

Del mismo modo, se han presentado casos de éxito, como el español, para que aquellos países que lo deseen puedan imitar lo que se conoce internacionalmente como el 'Spanish Model', cuyos elementos se han reproducido con éxito en países como Australia, Canadá, Reino Unido o gran parte de Latinoamérica.

Esta puesta en común culminará con el desarrollo de un informe que permitirá impulsar la terapia del trasplante de forma regulada y protegiendo a donante y receptor.

Un total de tres personas han fallecido con covid-19 como causa directa en Euskadi durante la semana del 14 al 20 de junio, seis menos que la semana precedente. Además, este pasado martes se han registrado 187 nuevos casos de covid-19, 41 más que un día antes, con lo que la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas ha subido al 2,8%, pero sigue bajando la incidencia acumulada, que se sitúa en 108 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tres puntos menos que el lunes.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado martes se han realizado 6.716 pruebas diagnósticas (4.078 PCR y 2.638 test de antígenos), por debajo de las 7.492 realizadas el lunes, con un resultado de 187 nuevos infectados. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha incrementado en casi un punto, del 1,9% al 2,8%.

Sin embargo, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha vuelto a descender y se coloca este martes para toda Euskadi en 108,74 casos, lo que supone tres puntos menos que el lunes (111,79).

Este indicador presenta la tasa más elevada en Vizcaya, con 120,10 casos este martes (126,89 el lunes), mientras que en Guipúzcoa es de 82,45 casos (81,20 un día antes), y en Álava sube a 111,75 casos (111,14 en la jornada previa).

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es de 0,79 para el conjunto de Euskadi (0,76 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido a 0,97 (era de 0,90 el día anterior).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 45%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 34,3% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado martes se han detectado 77 nuevos positivos en Vizcaya, diez menos que el lunes, otros 70 en Guipúzcoa (39 más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 36 nuevos contagios (once más que el día previo). A ellos, se suman cuatro contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los tres registrados en la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado martes son Bilbao, con 35 y una tasa de incidencia de 139,11 casos, Barakaldo con seis, Leioa y Zalla con cinco en cada municipio y Basauri con cuatro.

En Guipúzcoa, San Sebastián suma 28 positivos más y sube la tasa de incidencia a 78,95 casos, mientras que en Irún se registran 19 nuevos contagios y en Ordizia cinco.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 29 positivos más y eleva la tasa de incidencia a 122,13 casos, mientras que Llodio contabiliza tres contagios más y dos Amurrio.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 18 personas con covid durante el martes, cinco menos que el día anterior, pero suben de 66 a 68 las personas hospitalizadas en planta.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 40 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, cinco menos que la jornada previa.

Por otro lado, Salud ha comunicado que, tras analizar los datos acumulados en la semana 14 al 20 de junio, se puede concluir que ha habido tres fallecimientos con covid como causa directa, por debajo de las nueve muertes de la semana precedente. De este modo, la cifra de personas que han perdido la vida durante la pandemia en Euskadi se eleva a 4.395.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce entre los menores de 18 años (83 nuevos positivos), seguido de franja de edad de 19 a 39 años (52 casos) y de las personas de entre 40 y 64 años (40 casos). Los mayores de 65 años contabilizan once casos, de los que dos superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se sigue dando entre los menores de 18 años (173,41) y la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 21,89).

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos, el 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explica que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

Fuentes de la compañía indican que ya en mayo se pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, y que será una oportunidad para esclarecer los hechos en una causa que se extiende desde 2019 con el consiguiente daño reputacional para la eléctrica. Sánchez Galán y Orbegozo han sido citados para el 7 de julio y Martínez Córcoles y Becker el día 6 de julio.

A lo largo de 22 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace un exhaustivo repaso por todos los hitos de esta pieza, que arrancó en octubre de 2019 tras recibir un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt --empresa de Villarejo-- a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto 'Arrow', que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario --aun en activo-- accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial. El juez dice que hubo intención de ocultar esos trabajos porque las facturas no fueron emitidas por Cenyt sino por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad S.A. (CASESA) y apunta que por entonces, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado.

EL INFORME DEL OLMO

En diciembre de 2004 uno de las personas clave de esta causa, quien fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, comunicó irregularidades en esos trabajos de Arrow a la dirección de Regulación, puesto que ocupaba el investigado José Luis San Pedro. Ponía de manifiesto que Asenjo le había comunicado que "Sánchez Galán había ordenado realizar unos trabajos especiales de vigilancia" y que "únicamente" eran conocidos por Bécker y Martínez Córcoles.

Ese informe apuntaba que Asenjo le dio tres remesas de facturas emitidas por CASESA por esa vigilancia. Además, hablaba de una segunda remesa que fue revisada y contabilizada por el también investigado Pablo Insunza, quien era director de Administración de Funciones Corporativas, algo que él mismo corroboró ante el juez. Pero el momento clave que recoge Del Olmo se produce en septiembre de 2004 cuando Asenjo le dice que quien hace los trabajos en realidad no es CASESA sino otra empresa "a la que Iberdrola no podía realizar pagos".

Además recogió que Asenjo le habló de otros trabajos similares por valor de 450.000 euros que no iban a ser ejecutados por CASESA, y en octubre le entregó una factura emitida por Cenyt.

Ese informe ha sido objeto de polémica en la instrucción, tal y como recuerda el magistrado, porque el superior a Del Olmo no recuerda haberlo recibido y no consta en el archivo de la eléctrica. Pero el juez dice que del testimonio de San Pedro y de un segundo informe de 20 de diciembre de 2004 redactado también por Del Olmo y firmado por los directivos Marcos Peña y Ángel Zarabozo en el que decían que esas facturas "no respetaban la normativa interna", puede inferirse que Sánchez Galán, Becker y Martínez Córcoles tenían "conocimiento de estos hechos".

El juez apunta que obra en la Agencia Tributaria pagos de CASESA a Cenyt por un importe total de 407.740 euros, a lo que suma que según oficios policiales también se han conocido en la causa hasta dos transferencias de más de 80.000 euros en agosto y septiembre de 2004 de CASESA a Cenyt. Esto "ratifica" la versión de los hechos aportada por Del Olmo.

INFRINGIÓ LA NORMATIVA INTERNA

Además, García-Castellón menciona en su auto los diversos informes de cumplimiento elaborados por la eléctrica sobre esos contratos con Cenyt, y destaca los de febrero y marzo de 2020 en los que se apunta que las 12 facturas relacionadas con Villarejo, que no estaban asociadas a un pedido concreto dada su confidencialidad, debían enmarcarse en alguno de los cuatro supuestos previstos por la compañía, y sin embargo no fue así. "Se viene a reconocer que en la tramitación de las facturas correspondientes a este proyecto (...) se infringió la normativa interna vigente", añade.

Además, el magistrado recuerda que Asenjo ha reconocido que los conceptos de las facturas "no respondían a la realidad" y que él era quien comunicaba a Cenyt los conceptos que debían figurar. "Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos", apunta el juez.

En el auto también se recogen otros proyectos elaborados por Villarejo como el denominado 'Black Board' o 'B-B' que en 2004-2005 tenía por objeto conocer información sensible de actividades de Pizarro. El juez destaca que se requisaron numerosos informes que incluían acceso a tráfico de llamadas, y que Iberdrola abonó una factura de 93.438,66€ y una segunda en 2004 que ascendió a 116.00€.

El juez indica que en 2009 Asenjo encargó a Villarejo los denominados 'Gipsy' y 'Posy'. El primero consistió en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Las pesquisas de Villarejo se extendieron a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.

En 'Posy' el objetivo era investigar a Florentino Pérez porque querían conocer "cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola". De lo intervenido, se supo que recabaron datos personales de él y su familia, y constan dos facturas de las que tuvo conocimiento Del Olmo. De hecho el juez recoge que de sus anotaciones se sabe que Asenjo le indicó que de ese trabajo "solo tenía conocimiento Sánchez Galán", y antes de pagarlo fueron firmadas por Orbegozo.

Finalmente, el juez, tras hablar de otro de los proyectos ('Wind'), indica que de la contabilidad de Iberdrola se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe total de 1,04 millones. También menciona las conversaciones mantenidas entre Villarejo, Redondo --socio del comisario-- y Asenjo en las que éste pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable. Un dato que vendría a avalar, según el juez, que estos encargos no fueron esporádicos o puntuales "sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid contratará para el próximo curso escolar 2021/22 un total de 2.931 profesores y otros profesionales, lo que supone "el mayor plan de refuerzo de la historia en los centros educativos de la región".

Lo ha anunciado el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

A este refuerzo se sumarán los 3.700 nuevos docentes que también se incorporarán al inicio del curso en los institutos madrileños (en Secundaria y Formación Profesional), tras el inicio esta semana en las oposiciones con el número de plazas ofertada más alta celebrado nunca en la Comunidad de Madrid.

Este es el mayor incremento en recursos humanos en todo el territorio nacional y un aumento mayor que el que supuso en la legislatura 2015/19 el acuerdo firmado por el Ejecutivo madrileño con los principales representantes sindicales para la incorporación, en cuatro años, de 2.800 nuevos docentes a los centros educativos públicos de la región.

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUAL

La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando en esta iniciativa concebida para paliar las potenciales carencias educativas que hayan podido sufrido los alumnos por los efectos del confinamiento del Covid-19.

Por ello, y con el objetivo de que los estudiantes logren los objetivos y alcancen las competencias, cada centro elaborará un plan de refuerzo individual, con especial atención a las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura.

Así, esta contratación además de garantizar la calidad educativa de la Comunidad de Madrid, la equidad del sistema y la igualdad de oportunidades, va a servir para incrementar los recursos de profesorado destinados a la atención a la diversidad, la mejora de los aprendizajes y, en definitiva, posibilitar un avance de la calidad de la educación del alumnado madrileño".

Ossorio, que no ha precisado el tiempo que estarán las nuevas incorporaciones, ha recordado que se habían contratado 10.600 docentes como refuerzo de la pandemia. De estos, 1.200 solo fueron para el primer trimestre y el resto, 9.400, se quedaron todo el curso. Al restarle a estos 2.500 de la concertada, se quedan un total de 6.900.

El consejero madrileño ha agradecido "muchísimo" el trabajo que han realizado en estos momentos difíciles y espera que estos estén entre los 5.100 que se incorporan entre nuevos contratos y oposiciones.

REFUERZO EN INFANTIL Y PRIMARIA

En Educación Infantil y Primaria y Especial se incorporarán cerca de 700 docentes y profesionales más a los colegios públicos de la región para apoyar a todo el alumnado.

De ellos, 365 serán maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) para facilitar una mayor atención individualizada de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

A estos se sumarán 134 orientadores, 200 maestros de apoyo en Educación Primaria para Lengua y Matemáticas en 1º y 2º de Primaria con alumnado en situación de desventaja social y que se hayan podido ver perjudicados por las consecuencias de la Covid.

En Secundaria, FP y Régimen Especial, el incremento alcanzará los 1.421 profesionales. Entre ellos, más de 600 profesores, además de 91 orientadores y más de 100 profesores de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para la atención educativa de alumnos con necesidades especiales.

Asimismo, otros 630 profesores realizarán funciones de apoyo y refuerzo en ESO y Bachillerato en las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura, a fin de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase curricular alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Además, esta iniciativa se completará con los programas de apoyo y refuerzo como el Programa Refuerza y el programa PROA+.

En los centros concertados se va a reforzar la contratación del profesorado con 411 docentes "con el objetivo de cumplir el compromiso por la libertad educativa y que la pandemia no repercuta sobre los alumnos". Además, en este nuevo curso incorporarán nuevos orientadores en Educación Primaria que permitirán tener un orientador por cada centro.

MÁS PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Por otra parte, contratará para el curso 2021/22 a 400 personas de administración y servicios para poder hacer frente a todas las cuestiones relacionadas con las medidas de seguridad e higiene de la pandemia, así como con las tareas administrativas y con el objeto de descargar de trabajo a los equipos directivos y al profesorado.

De ellos, 150 serán auxiliares administrativos, 150 auxiliares de control e información y 100 técnicos especialistas, de los que 70 técnicos educativos darán apoyo a los colegios de Educación Especial. Su función será reforzar las labores de higiene y autonomía personal del alumnado y así garantizar el cumplimiento de los grupos estables de convivencia mientras dure la pandemia.