La protesta contra los indultos a los presos del 1-O ha terminado a las 20.45 horas de este martes, tras reunir a unas a 200 personas que han caminado desde la plaza Artós hasta los alrededores de la plaza Francesc Macià.

Los manifestantes se han concentrado a las 19 horas en la plaza Artós de Barcelona convocados por las España Cívica, Dolça Catalunya y Jupol, entre otras.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, con un micrófono y un altavoz, ha manifestado: «Ante su amenaza (de los líderes independentistas encarcelados) de lo volveremos a hacer, les decimos que les volveremos a meter en el banquillo y van a volver entre las rejas de las que van a salir en las próximas horas».

«Les decimos que no vamos a dar ni un paso atrás. Que tomen nota: desde Barcelona, desde el corazón de Catalunya, que tengan claro que defenderemos la unidad nacional de España», ha añadido Garriga en su discurso.

En torno a las 19.35 horas, los manifestantes se han desplazado con una pancarta ‘Indulto es traición’ por la calle Via Augusta, cortando el tráfico a su paso, con la intención de llegar hasta la Delegación del Gobierno, según han explicado fuentes de Vox, aunque finalmente la protesta se ha disuelto antes.

Han coreado ‘Sánchez traidor, golpistas a prisión’, ‘Yo soy español, español, español’ y ‘No nos mires, únete’ y en la calle Via Augusta con General Mitre se han detenido y han gritado ‘Boti, boti, boti, golpista qui no boti’.

Mientras caminaban por Via Augusta, han tirado algunos petardos y se han abucheado con unos jóvenes que salían de un instituto, pero los Mossos d’Esquadra los han separado y han seguido su camino por la calle Balmes.

Con cánticos como ‘Viva España, viva la Guardia Civil’ o ‘Pedro Sánchez hijo de puta’ han llegado hasta Travessera de Gracia, donde iban aplaudiendo a las personas que salían al balcón mostrando banderas de España, y finalmente han llegado hasta la calle Calvet, donde han puesto el himno de España con un altavoz y se ha dispersado la manifestación.

Los nueve presos del 1-O prevén salir de prisión este miércoles a las 12.00 horas, según ha explicado el abogado Jordi Pina en declaraciones a los medios al salir de la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Ha señalado que hay «margen suficiente» para que el Tribunal Supremo (TS) comunique a las prisiones la resolución de los indultos por la mañana para que puedan salir a las 12 horas, como ha avanzado ‘El Món’.

Pina, que ejerce la defensa del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha aclarado que salir a esta hora está «consensuado» con el resto de presos del 1-O.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos que previsiblemente se publicarán en el BOE el miércoles, y después el Supremo tiene que notificar la excarcelación a las prisiones.

El abogado ha visitado a sus clientes en prisión este martes por la tarde, y ha dicho que les ha encontrado «de una manera muy diferente a estos casi cuatro años» desde que entraron en la cárcel.

Pina ha añadido que si el miércoles a las 12 horas no ha llegado a las cárceles la notificación de los indultos, los presos «saldrán igualmente con permiso».

«Si por cualquier circunstancia, que no quiero pensar el Supremo no fuese ágil a la hora de dar la orden de excarcelación, obviamente saldrán mañana igualmente a las 12 tirando de los permisos que tienen», y ha señalado que a todos les quedaban días de permiso por gastar.

En ese caso, los presos tendrían que volver unos días más tarde a la cárcel para firmar la notificación del indulto y quedar en libertad definitivamente.

INDULTO PARCIAL Y REVERSIBLE

Sobre el hecho de que los indultos sean parciales y reversibles en caso de reincidencia, ha reprochado que «más que un indulto acaba siendo una suspensión de la ejecución de la condena condicionada a no volver a delinquir».

«Pienso que no es una buena solución, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha mantenido las inhabilitaciones por tiempos de entre 9 y 13 años, pienso que esto ya era suficiente», y ha considerado que no era necesario condicionar los indultos a que no vuelvan a delinquir en los próximos años.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este martes que la concesión de los indultos a los presos del 1-O son un acto de generosidad, de magnanimidad, de afirmación y de refuerzo del Estado de derecho: «Ni una victoria ni una derrota de nadie».

Lo ha dicho durante un acto del grupo municipal del PSC en Barcelona con motivo del ecuador de mandato junto al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y los concejales socialistas del Gobierno municipal.

«Este indulto no es una enmienda a la justicia. Tampoco es ni una victoria ni una derrota ni una decisión coyuntural. Este indulto es un acto de generosidad, de magnanimidad, de afirmación y de refuerzo del Estado de derecho», ha reiterado.

En este sentido, ha asegurado que «es un impulso decidido a la concordia, a la convivencia y al diálogo, y un acto de coraje de valentía y de inteligencia», y ha subrayado que este martes es un día histórico para Cataluña y para el resto de España.

Tras la concesión de los indultos, Illa ha dicho que el siguiente paso es abrir una mesa de diálogo en Cataluña, por lo que ha pedido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que lo haga este mismo martes para «buscar el punto de encuentro en la sociedad catalana».

Para Illa, el nuevo tiempo que ahora se abre debe basarse en el diálogo, la negociación y el pacto, ha defendido que la línea roja debe ser el Estado de derecho y ha pedido no generar falsas expectativas: «Decir la verdad quiere decir que no puede haber amnistía ni referéndum de autodeterminación».

COLLBONI: «UN ACTO DE CONVICCIÓN»

Para Collboni, este martes es «un día especialmente feliz» porque con la concesión de los indultos ha asegurado que se ha hecho un acto de convicción con la convivencia y de reafirmación con aquello que el socialismo democrático lleva en su ADN, en sus palabras.

Ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «valor, coraje, determinación y valentía» y también ha reconocido el trabajo del ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha calificado de constante, abnegado e inteligente.

El Gobierno reconoce en el expediente del indulto al líder de ERC, Oriol Junqueras, su actitud en la «búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña» así como el «abandono público de la vía unilateral» que ha evidenciado en varias ocasiones, según señala el Ejecutivo. Además, destacan que su «peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible».

Así consta en el documento elaborado por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros ha estudiado este martes para concederle el indulto parcial por su condena por sedición y malversación.

«La consideración de indeseable e inviable de la vía unilateral después de defenderla durante años indica una evolución positiva del condenado en su tratamiento penitenciario», destaca el Gobierno en dicho expediente.

«HA EXPERIMENTADO UNA EVOLUCIÓN»

En ese texto, el Gobierno valora que la apuesta de Junqueras «por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida». «Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos», asegura Justicia en el expediente.

Es más, el Ministerio de Juan Carlos Campo destaca que «la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado».

El Ejecutivo señala que Junqueras comenzó a dar pruebas de su evolución positiva en el juicio del ‘procés’, cuando en su alegato final defendió la necesidad de «devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido», y acabó realizando un llamamiento al diálogo sobre la base de que «hablar y escuchar es la base de todo entendimiento».

En la misma línea hacen referencia a la carta abierta que publicó en La Vanguardia en diciembre de 2020, bajo el título ‘Vía amplia para la independencia’, a las declaraciones que realizó en 2021 durante una salida penitenciaria, en las que ya sí se pronunció «nítidamente», según el Gobierno, «sobre el abandono de la vía unilateral y la necesidad de entablar un amplio diálogo entre todos los actores implicados».

Aún más claras fueron, según el Ejecutivo, sus afirmaciones en al carta ‘Mirando al futuro’ del pasado 7 de junio, en la que el Gobierno señala que ya sí reconoció «el fracaso de la vía unilateral».

Según el Gobierno, la evolución y las declaraciones de líder de ERC no deben ser solo tenidas en cuenta «a la hora de ponderar el arrepentimiento, el comportamiento o la buena disposición» de Junqueras como criterios que le hagan «personalmente merecedor del indulto», sino que también «aportan factores o indicios sobre la utilidad pública de la decisión, en la medida en que puedan favorecer objetivamente la vía del diálogo».

«UNO DE LOS PRINCIPALES ACTORES POLÍTICOS EN LA ESCENA CATALANA»

En este contexto se enmarca la defensa que hace el Gobierno en su escrito del rol que juega Junqueras como «uno de los principales actores políticos en la escena catalana».

«Esa posición es la que le situó como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia, pero también hacen de él una persona clave para la restauración de la convivencia», asegura Justicia.

Prueba de ello es que, tras su entrada en prisión, «haya seguido obteniendo importantes apoyos como candidato en diferentes citas electorales», tal y como recuerda el Gobierno. «Como indudable protagonista del conflicto y líder de una de las principales formaciones catalanas (concretamente la que hoy preside la Generalitat de Cataluña), su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible», destaca el Gobierno.

El Ministerio de Justicia asegura en la propuesta motivada que elevó y fue aprobada por el Consejo de Ministros para la concesión del indulto a Jordi Turull que, aunque el dirigente catalán no ha hecho autocrítica ni se ha arrepentido, la medida de gracia «satisface» el «bien común de España» y «se configura como una decisión estrictamente política» cuya justificación y finalidad «está por encima de intereses, razones y criterios individuales».

El departamento dirigido por Juan Carlos Campo reconoce en la propuesta que aunque los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Turull «no le hacen personalmente merecedor del indulto» su puesta en libertad puede «favorecer objetivamente la vía del diálogo».

Justicia sostiene que existen «razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto» y subraya que la intención del Ejecutivo de «generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas» y su «voluntad de recuperar un ambiente de concordia en la sociedad catalana» prevalecen en este caso sobre «el juicio que merezca la concreta actitud» de Turull.

El Ministerio reconoce que –«a diferencia de otros condenados en la causa»– Turull «ni ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena», subraya que incluso llegó a manifestar que volvería a actuar como lo hizo, «ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y diálogo».

NO HACE FALTA ARREPENTIMIENTO

Insiste, sin embargo, en que «ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión», especialmente en un caso como este, «en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública».

El departamento de Campo valora «positivamente» la «constante reivindicación y predisposición al diálogo» que mostró Turull en el pasado –y pone de ejemplo su discurso en el Parlamento de Cataluña–, pero asegura que «sería mejor valorado el hecho de que ese tipo de declaraciones fueran acompañadas de gestos que evidencien una absoluta renuncia a las vías unilaterales».

«PROPICIAR EL DIÁLOGO»

En el marco de la ponencia, el Ministerio destaca que «la actitud y las declaraciones» de Turull contrastan con «los apoyos que ha venido sumando en los últimos tiempos la apuesta del Gobierno central, y también del autonómico, para propiciar el diálogo». En este sentido, recuerda que hace una semana el Pleno del Congreso «rechazó por 190 votos una moción del Grupo Parlamentario Popular para denegar el indulto».

Justicia también hace referencia a los pronunciamientos favorables de UGT, CCOO, el Círculo de Economía de Barcelona y la Conferencia Episcopal Tarraconense.

SEIS AÑOS

Los indultos aprobados este martes fijan un periodo de seguridad de entre 3 y 6 años que condiciona el perdón a que los beneficiarios no vuelvan a cometer delitos graves. Se trataría de delitos penados con más de 5 años de prisión. En el caso de Turull el periodo acordado es de 6 años.

La medida de gracia supone la extinción total la pena de prisión que le queda por cumplir, si bien las penas de inhabilitación que le fue impuesta por el Tribunal Supremo se mantiene intactas, dado que se ha indultado por penas, no por delitos.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por aprobar la concesión de indultos a los condenados por el ‘procés’, un paso que, a su juicio, supone un «insulto» y «gran humillación para los ciudadanos españoles». Es más, ha subrayado que con esta decisión está cometiendo un «grave error político», que ha calificado de «mayúsculo» e «inmenso».

«No se puede indultar a los que no respetan las reglas del juego y que además dicen que las van a seguir sin respetar y que van a seguir haciendo lo mismo», ha afirmado Aznar, que ha participado telemáticamente en una conferencia-coloquio con estudiantes colombianos bajo el lema ‘Democracia, libertad y gobernabilidad global en el contexto actual de la pandemia’.

Tras asegurar que «hoy es un día triste para España», Aznar ha criticado duramente que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la propuesta de indultar «a los autores de un golpe de Estado contra el orden constitucional, contra la unidad de España y contra la continuidad histórica de la nación española».

«Es un día de gran humillación para los ciudadanos españoles que creen en la libertad, que creen en la ley, que creen en la seguridad, que creen en la democracia, que creen en algo tan sencillo como que no se puede indultar a los que quieren quebrar el orden constitucional», ha proclamado.

«LAS DECISIONES POLÍTICAS PRODUCEN CONSECUENCIAS»

Tras subrayar que «las decisiones políticas producen consecuencias», el también presidente de la fundación FAES ha resaltado además que esta decisión constituye «al mismo tiempo políticamente un error mayúsculo».

«Es un error inmenso el que se acaba de cometer y, por lo tanto, cuando se habla de buen Gobierno, una de las reglas primeras que hay que tener si uno toma como referencia España es que no se puede construir el futuro de un país confiando en los que quieren destruir el país. Eso no tiene ningún sentido», ha aseverado.

El expresidente del Gobierno, que considera que lo que importa en la vida política «son los hechos», ha insistido en que decir a los españoles que tienen que construir su futuro «sobre la base de aquellos que lo quieren destruir no tiene ningún sentido».

«El buen gobierno es el retorno a la sensatez, a la inteligencia, es el saber que no hay libertad sin ley, que no hay libertad sin responsabilidad, que no hay libertad sin autoridad y que no hay libertad ni democracia sin autoridad, sin responsabilidad y sin ley», ha manifestado.

SUBRAYA QUE LO VAN A VOLVER A HACER «EN CUANTO PUEDAN»

En su charla con los estudiantes colombianos y tras dejar claro que no estaba comparando las situaciones en ese país y España, Aznar ha insistido en el mensaje de que las decisiones políticas «producen consecuencias» y ha afirmado que no se puede indultar a «los autores de un golpe de Estado que dicen que lo van a volver a hacer en cuanto puedan».

Según Aznar, los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre son personas que «están humillando e insultando permanentemente a millones y millones de ciudadanos españoles» y, por lo tanto, al país.

Pero sobre todo, ha proseguido, el Gobierno «está cometiendo un grave error político» que, a su juicio, ya han vivido en la historia de España. «Y está situándose fuera de los parámetros de cualquier gobierno sensato», ha resaltado, para añadir que no se puede construir una universidad, una familia, una empresa o una nación con «aquellos que la quieren destruir».

«LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS ESTÁN SIENDO ACOSADOS Y CUESTIONADOS»

Por todo ello, el expresidente del Gobierno ha resaltado que la aceptación de la ley y la aceptación del principio de la responsabilidad «es lo más importante», ya que, a su juicio, «no hay posibilidad democrática» si la ley no se aplica.

Durante su conferencia, Aznar ha destacado además que los sistemas democráticos «están siendo acosados y cuestionados como hace mucho tiempo no se veía» y ha avisado de que «en algunos casos los acosadores, aquellos que quieren subvertir el orden democrático liberal, están teniendo éxito».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reivindicado este martes en el Senado que con los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del procés la imagen internacional de España «ha salido fortalecida» aunque ya era «sólida» antes de ello.

González Laya ha reprochado a la senadora del PP Camins Martínez el que su grupo le pregunte «machaconamente» sobre el «deterioro» la imagen internacional de España, después de que ésta se haya interesado por qué va a decir ahora el Gobierno a sus socios europeos tras haberles pedido en su momento ayuda frente a los «sediciosos».

«En los últimos días sigue siendo sólida y fuerte», ha defendido, subrayando que es la imagen de «un país abierto, democrático, tolerante, que quiere progresar económica y socialmente y que lo está haciendo incluso en circuntancias muy difíciles como la pandemia». «Con la decisión del Consejo de Ministros de hoy esa imagen sale fortalecida», ha sostenido.

Martínez ha recordado a la ministra las múltiples declaraciones de apoyo a España y al Gobierno que hubo tras el 1-O por parte de distintos gobiernos y dirigentes europeos a quienes ahora «les están traduciendo todas sus declaraciones».

Asimismo, se ha referido a la decisión de la Eurocámara de aceptar el suplicatorio contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. «¿Le van a decir al Parlamento Europeo que después piensan también indultar al señor Puigdemont?», le ha preguntado. «Cuánta humillación y cuánta traición señora ministra de Exteriores, ha lamentado.

«SON EL FELPUDO DE LOS DELINCUENTES»

«Son ustedes no la alfombra roja de los secesionistas sino el felpudo de todos los delincuentes que en este país pisotean la democracia española», ha denunciado la senadora popular. «Dígales la verdad, Sánchez está cambiando presos por meses en la Moncloa», ha añadido, que ha pedido al Gobierno que «deje de ser diplomático con los que delinquen y sea diplomático con sus socios europeos».

En su turno de réplica, González Laya ha pedido a Martínez que respire y se tranquilice, porque «está usted hiperventilando», para a renglón seguido reafirmarse en la defensa de los indultos y en que España es una democracia sólida.

Asimismo, ha aprovechado para leer los titulares y algunos fragmentos de artículos aparecidos este martes en la prensa internacional ensalzando la decisión de Sánchez de conceder los indultos, invitando al PP a sumarse a la democracia y a dejar de «crispar.

También se ha referido a los indultos el popular Rafael Hernando durante su interpelación a la ministra, aunque esta estaba referida al deterioro de la relación con Estados Unidos y a la brevedad del encuentro mantenido la semana pasada entre Sánchez y el presidente estadounidense, Joe Biden.

«SÁNCHEZ CARECE DE PALABRA»

«Escucharla me llena de perturbación», ha asegurado, advirtiendo a la ministra de que «ustedes no son la democracia, la democracia somos todos». «Hoy todo el mundo sabe que Sánchez carece de palabra, que ha hecho de la mentira una forma de mantenerse en el poder», ha sostenido en otro momento de su intervención, incidiendo en que también Biden lo sabe.

«¿Alguien va a creer a alguien que quiere indultar a aquellos que quieren romper su país desde dentro?», ha planteado Hernando, subrayando igualmente que el presidente del Gobierno ha pactado con «comunistas, sediciosos y filoetarras para mantenerse en el poder». «El señor Sánchez es un apestado internacional del que nadie se fía, ni aquí ni en Bruselas», ha abundado.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, el senador del PP ha recordado a González Laya que la política exterior debe ser de Estado y nunca de partido y mofándose del anuncio a bombo y platillo del encuentro entre los dos presidentes en los márgenes de la cumbre de la OTAN, tras meses en los que Biden no había llamado a Sánchez pese a habe hablado con decenas de líderes mundiales.

Según Hernando, el que se dijera que el encuentro sería «el principio de una gran amistad» fue «otra mentira» más y al final todo quedó en 29 segundos de un «Sánchez gesticulante» persiguiendo por un pasillo a Biden al que «se le tuvieron que hacer interminables».

Pese a la brevedad, el propio presidente dijo que había abordado varios temas con Biden y el Gobierno dijo que se iba a profundizar la relación, ha apuntado. «No sé dónde van a profundizar, quizá en el abismo», ha ironizado. «Vaya papelón», ha lamentado, defendiendo que «no es de recibo» querer vender que esto esto sea «relacionarse con nuestros socios».

Así las cosas, Hernando ha sostenido que Biden no quería reunirse con Sánchez por algunas decisiones adoptadas que «no eran anti Trump sino anti estadounidenses» y porque su socio de Gobierno, Podemos, mantiene una postura antiestadounidense y ha sido patrocinado por las dictaduras de Cuba y Venezuela y por el régimen de Irán.

Por otra parte, el señador popular ha considerado que González Laya es una víctima más de la «maniobra trilerista del señor Sánchez con los cambios de Gobierno», por lo que la ha invitado a que admita sus errores. «No servirá para indultarla sino para que la historia sea compasiva con usted», ha acotado.

«USTED NO ES EL GRAN WYOMING»

La ministra se ha defendido espetando a Hernando que «esto no es El Intermedio y usted no es el Gran Wyoming». «Esto es el Senado y se viene a discutir con seriedad, algo de lo que usted carece», le ha reprochado, acusando al PP de no hacer ninguna aportación e insistiendo en que la relación con Estados Unidos es sólida.

«Cuando el sabio señala la luna el necio mira al dedo», ha incidido la ministra, recurriendo a un proverbio para criticar al PP por centrarse en cronometrar la duración del encuentro entre Biden y Sánchez. «Nuestra relación bilateral es rica y muy profunda, la verdad no se mide con un cronómetro», ha sostenido.

«Llevo muchos años en el Palramento, he visto a muchas personas sentadas en ese escaño y ninguna ha alcanzado el nivel calamitoso que ha alcanzado en su gestión», le ha replicado Hernando, preguntándole directamente si el hecho de que no haya nombrado aún a una treintena de embajadores, incluido el de Londres, es porque se quiere reservar el puesto para ella ante su inminente salida del Gobierno.

«Estamos asistiendo a su réquiem. Podía haber hecho otra intervención, pero es pedir peras al olmo», ha abundado el popular. «Usted está abrasada como ministra y estamos asistiendo a sus últimos balbuceos», ha agregado.

«No sé si el dedo del necio era el dedo del señor Sánchez que movía diciendo cosas al señor Biden que por cierto no escuchaba», ha añadido. «Para mí que a estas alturas me compare con el señor Wyoming es un honor», ha rematado Hernando.

González Laya ha abandonado en este punto los reproches personales y ha reiterado una vez más la solidez de la relación con Estados Unidos, defendiendo que no se mide en segundos o minutos sino «por resultados».

«Somos un país serio y somos un país respetado y el resto del mundo, incluido por supuesto Estados Unidos lo sabe. El único en este lugar que no lo sabe es usted y su bancada», ha zanjado.

El Congreso prevé constituir la próxima semana la comisión de investigación sobre diversos aspectos relacionados con el proceso de vacunación contra el Covid-19, pero sus trabajos no arrancarán hasta el próximo mes de septiembre, cuando se inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Según han informado fuentes parlamentarias, el PSOE ha propuesto reservarse la Presidencia de este órgano, un puesto que podría recaer en uno de los portavoces adjuntos del Grupo Socialista, el diputado por Pontevedra Guillermo Meijón que representará al partido en la comisión junto con la portavoz de Sanidad, la también gallega Ana Prieto.

Los demás grupos también han optado por adscribir a la comisión ha expertos en la materia. Así el Grupo Popular ha inscrito a la comisión a la presidenta de la Comisión de Sanidad, Rosa Romero, y a José Ignacio Echániz, exconsejero del ramo en Madrid y Castilla-La Mancha.

De su lado, Unidas Podemos estará representada por su Mar García Puig, vicepresidenta de la Comisión de Sanidad, y Rosal Medel, portavoz en este órgano.

PENDIENTE DESDE MARZO

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Pleno acordó crear esta comisión de investigación impulsada por Más País-Equo y Compromís. La iniciativa salió adelante por amplia mayoría y con la abstención de Vox y el PNV. El órgano quedará constituido casi cuatro meses después, pero su labor efectiva no empezará hasta después de verano coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones.

En estos más de tres meses tanto el PP como los impulsores de la iniciativa han reclamado en varias ocasiones su activación. Dado el buen ritmo que se ha logrado imprimir al proceso de vacunación, el líder de Más País, Íñigo Errejón, llegó a expresar su temor ante la posibilidad de que la comisión se constituyera cuando ya estuviera vacunada la inmensa mayoría de la población.

Una vez arranque, la comisión deberá analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

Asimismo, tendrá entre sus objetivos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas «irregulares» en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según denuncia la iniciativa aprobada, en plena tercera ola ha seguido habiendo «fallos en la ejecución del plan de vacunación, «con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

Dos sentencias pioneras en Galicia reconocen el derecho de dos madres de familias monoparentales a disfrutar de las 12 semanas de permiso correspondientes al segundo progenitor en el caso de una familia biparental.

En concreto, la justicia reconoce el derecho de ambas madres a ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia biparental en sendas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en mayo de este año por el Juzgado de lo Social número 16 de Valencia.

Ambas madres son integrantes de Madres Solteras por Elección (MSPE) una asociación constituida por personas que han decidido tener hijos sin pareja y formar una familia monoparental, y que se ha encargado de difundir los fallos judiciales este martes preservando los datos personales de las demandantes.

De hecho, desde la delegación en Galicia de MSPE consideran «muy positivas ambas sentencias, aunque aún no sean firmes, ya que buscan no discriminar a los menores con respecto a los que nacen en familias con dos progenitores y cuyos padres y madres disponen de más tiempo de permiso remunerado para sus cuidados».

«DUDÉ DE SI SEGUIR ADELANTE»

La primera demandante tuvo a su hija sin pareja en septiembre de 2020 (el caso de Ourense) y decidió reclamar al INSS con el apoyo de la Asociación Madres Solteras por Elección. Después de haberle sido denegado el tiempo de permiso correspondiente al otro progenitor interpuso la demanda.

Una decisión, recoge el comunicado difundido por la asociación, «difícil de tomar y mantener» porque «no tenía ningún ejemplo previo, sólo la experiencia del País Vasco que había sido en segunda instancia. Era lanzarme sin esperanzas de conseguir nada. «Muchas veces dudé de si seguir adelante porque me estaba quitando un tiempo y una energía de los que no disponía», afirma.

La sentencia, dictada cuando ya se había reincorporado a su puesto de trabajo, la pilló desprevenida. «Nadie me avisó de que era una sentencia ejecutiva y que podía disfrutarla; tenía poco tiempo de decidir cuándo quería disfrutar de esas semanas, algo a lo que me arriesgué sin saber realmente cuál sería el final», traslada.

En ella se reconoce su derecho a «alargar las semanas que le corresponderían de haber otro progenitor, y ese presunto progenitor tendría 12 semanas aunque cuatro coincidieran con las de la madre».

«CLAMA AL CIELO»

La segunda demandante, que fue madre en noviembre de 2020, también vio desestimada por parte del INSS su solicitud de disfrutar del permiso de paternidad. Un proceso que define como «ágil» hasta que llegó la sentencia favorable del juzgado vigués, ya que, según sostiene, «a partir de ahí todo han sido palos en las ruedas por parte de la administración, recurriendo, intentando que el periodo adicional concedido se superpusiese a la lactancia, pidiendo aclaraciones».

En su sentencia se hace referencia a la dictada por el T.S.J. del País Vasco, en la que se describe como «discriminación» el no reconocimiento de este derecho. «Clama al cielo que esto no se haya llevado a ley hasta la fecha. Debería ser algo inmediato, las familias son diversas, siempre lo han sido, y esto necesita apoyo, compromiso y altas dosis de sentido común», ha dicho.

En la sentencia ejecutiva, aún habiendo sido recurrida, el juez determina que se ha de disfrutar del tiempo de maternidad adicional y del pago correspondiente, ya que no tendría sentido que tuviese que esperar a la sentencia firme para disfrutarlo. En caso de existir un fallo a favor, éste se vería desvirtuado, porque el hijo o hija a los que beneficia no volverá a tener 6, 7 u 8 meses.

AMBAS SENTENCIAS, A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL TSXG

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La demandante ourensana se alegra de haber podido pasar con su hija su primer año de vida y añade que animaría a otras madres en su situación a hacer lo mismo. También la de Vigo considera que ha «merecido la pena».

En España, en 2020, la ley reconocía 16 semanas de permiso a la madre y 12 al segundo progenitor, cuatro de las cuales debían ser disfrutadas a continuación del nacimiento. A partir del 1 de enero de 2021 en las familias con dos progenitores, los dos pueden disfrutar de 16 semanas de permiso por nacimiento de hijo.

La Secretaría para la Economía del Vaticano ha publicado el Reglamento de aplicación de la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio del 19 de mayo de 2020, que contiene las ‘Normas sobre transparencia, control y competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano’, que ha entrado en vigor el día de su publicación.

El Decreto, que contiene 49 artículos y 7 anexos, fue adoptado el 22 de junio de 2021 por el Prefecto de la Secretaría para la Economía y Delegado Pontificio, Juan Antonio Guerrero Alves, con la finalidad de interpretar y aplicar, dentro de la Santa Sede, el texto del Pontífice también a la luz de otros pronunciamientos del Magisterio.

El documento, que se aplica a todas las «compras de servicios, suministros, obras», concierne, entre otros, a los Dicasterios y otros organismos de la Curia Romana a los que hace referencia la Constitución Apostólica Pastor Bonus y sus posteriores modificaciones y adiciones.

Asimismo, aplica a las instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, y a todas las entidades jurídicas indicadas en la lista aprobada por la Autoridad Superior a propuesta del Consejo de Economía.

En el reglamento se indica que los operadores económicos investigados por delitos, ya sea en grado de tentativa o consumados, quedan excluidos «de la participación en un procedimiento, de la adjudicación directa de contratos y de la inscripción en el Registro».

Además, el texto señala que la entidad administradora, la Comisión Dictaminadora o la Secretaría de Economía, han de recibir «con una frecuencia de al menos seis meses, la lista de los nuevos operadores económicos inscritos en el Registro y proceden, también por muestreo, a la realización de los controles de competencia». El texto prevé la subcontratación, «permitida hasta un máximo del 30% del valor del contrato».

En cuanto a la elección del tipo de licitación, el artículo 21 del Título IV indica que se realizará «por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica en el plan general o por la Entidad Calificada que proceda a la compra en su propio plan individual».

Asimismo, precisa que «las evaluaciones de las ofertas técnicas se expresan siempre mediante la atribución de una puntuación en una proporción predeterminada»; mientras que la evaluación de las ofertas económicas, con la exclusión de los contratos que tengan por objeto productos o servicios innovadores, se expresa mediante la atribución de una puntuación al descuento propuesto por el operador económico con respecto a la base de la subasta».

Además, añade que las reuniones del Comité de Selección se deben celebrar en la sede de la APSA, donde se guarda la documentación de la licitación. En el caso de las «intervenciones urgentes», la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica «puede activarse sin formalidades, comprometiéndose a documentar lo antes posible las circunstancias de la urgencia y los actos realizados».

Igualmente, en el Título V, sobre ‘regulación y ejecución de los contratos’, se especifica que «la publicación del contrato en el registro electrónico va condicionado a la eficacia del mismo» y que los Órganos de la Santa Sede, si tienen interés en hacerlo, «pueden disponer la inscripción del contrato en la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano».

En el caso de la compra centralizada, puntualiza que «la Entidad receptora del servicio designa al responsable de la ejecución del contrato que, a su vez, debe comunicar cualquier hecho negativo al responsable del procedimiento».

Además, establece que la entidad que es beneficiaria efectiva de un bien o servicio expresa la evaluación del operador económico y está llamada a «transmitir a la Secretaría de Economía la información relativa a la actuación de los operadores económicos de los que han recibido servicios».

En cuanto a la duración, concreta que «los contratos de ejecución continua y periódica no pueden celebrarse por un periodo superior a tres años», según establece el Reglamento, pero pueden prorrogarse «hasta un máximo de dos años más» en determinadas circunstancias.

Por otro lado, recoge que los contratos «no pueden ser modificados, ampliados, restringidos, transferidos o cedidos, ni siquiera con el consentimiento de todas las partes»; y que las variaciones en el curso del trabajo se permiten dentro de ciertos límites y de acuerdo con procedimientos preestablecidos.

Finalmente, el Título VI aclara que el ámbito de aplicación del Reglamento no abarca las «disposiciones relativas a las operaciones del sector inmobiliario y a la vigilancia y control», para lo cual la Secretaría de Economía dispondrá la emisión de un nuevo texto antes del 31 de diciembre de 2021.

El Decreto, acompañado de siete anexos, se promulga mediante su publicación en la página web de ‘L’Osservatore Romano’ y entra en vigor el día de su publicación.

El Vaticano explicó, con motivo de la publicación del Motu Proprio, que «el principio que inspira el nuevo texto es la diligencia del buen padre de familia, que quiere una gestión eficaz y ética de sus recursos, que al mismo tiempo promueva la transparencia, el control y las relaciones de justa competencia entre quienes desean establecer una relación económica con las entidades involucradas».

Europol ha advertido este martes del incremento de la violencia separatista vasca en España, alertando de la actividad de ciertos grupos que se desmarcan de la estrategia de la izquierda abertzale.

En el informe sobre el estado de la actividad terrorista en la UE, la oficina europea apunta que España experimentó más violencia separatista durante 2020 en comparación con el año interior. «A pesar de las peticiones de los grupos separatistas por una alternativa no violenta, algunos grupos parecen motivados por narrativas violentas y llevan a cabo acciones, reflejando un cambio a tácticas más agresivas en la escena separatista española», recoge el informe en referencia a la situación en el País Vasco.

Según los registros de Europol, en total se produjeron nueve ataques clasificados como terroristas en 2020, en su mayoría fueron casos de kale borroka, en apoyo a presos de ETA en huelga de hambre.

Con respecto a la organización terrorista, indica que pese a su disolución en 2018, el pasado año se encontraron tres arsenales en Francia en el que las autoridades se incautaron de distintos tipos de armas y explosivos. Además doce personas fueron detenidas acusadas de cargos de terrorismo, incluidos cuatro miembros de ETA, uno de ellos acusado de asesinato en 2001.

SE DESBARATAN MENOS ATAQUES YIHADISTAS

Sobre las tendencias terroristas en la UE, Europol apunta a que el número de ataques se mantiene estable. En 2020 se produjeron 57 en los Veintisiete, con 21 víctimas mortales, unas cifras similares a las de años anteriores.

Eso sí, la agencia advierte de que que ha caído el número de detenciones por casos de terrorismo. En 2020 se registraron 449 detenciones, lo que representa un tercio menos con respecto a 2019.

En concreto, en lo relativo a ataques yihadistas, la UE experimentó diez el año pasado, todos perpetrados por ‘lobos solitarios’. Europol lamenta que solo se pudieron desbaratar cuatro atentados, una tendencia a la baja con respecto a años anteriores en los que se frustraba más ataques que los que se llevaban a cabo.

En la gran mayoría de los ataques yihadistas se emplearon métodos poco sofisticados y un modus operandi rudimentario, como armas blancas o uso de coches para realizar atropellos masivos. Europol advierte de que el perfil del atacante yihadista fue variado. Así, cuatro de ellos eran ciudadanos de la UE, otros cuatro llevaban años en la UE y los responsables de cinco ataques yihadistas eran migrantes.

LA PANDEMIA COMO CATALIZADORA DEL EXTREMISMO

Además, el informe de este año alerta sobre el efecto catalizador de la pandemia de coronavirus en el auge de ideologías violentas. A juicio de la directora de Europol, Catherine De Bolle, el contexto digital juega un papel crucial para expandir la propaganda terrorista y extremista.

En este sentido, la funcionaria belga ha subrayado que el campo digital es también la forma de combatir de forma más sólida el terrorismo, haciendo hincapié en que la lucha contra el extremismo pasa por compartir información en tiempo real y utilizar los últimos avances tecnológicos.

Los ‘barones’ del PP han arremetido contra Pedro Sánchez por conceder indultos a los condenados por el ‘procés’ alegando que se «humilla» a España y se «debilita» al Estado de Derecho. Además, han coincidido en que con este paso el jefe del Ejecutivo solo busca seguir en el Palacio de la Moncloa y han rechazado de plano sus argumentos hablando de concordia y convivencia.

Los presidentes del PP se han alineado así con la posición de defensa de la Constitución y la igualdad de todos los españoles expuesta estos días por Pablo Casado, quien este martes también ha responsabilizado a Sánchez de querer «desarmar» al Estado para mantenerse en el poder «por un puñado de lentejas». El líder del PP ha anunciado además que quiere presentar un recurso contra los indultos como «parte perjudicada» tras conocerse que era objetivo de posible atentado por los CDR.

En los últimos días los ‘barones’ territoriales del PP ya se habían mostrado muy críticos y habían emplazado al Ejecutivo a reflexionar antes de dar unos indultos que, a su entender, se iban a producir sin arrepentimiento y en contra del informe de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida, han elevado el tono de sus declaraciones contra el presidente del Gobierno.

AYUSO: NO TRAEN CONCORDIA SINO «DIVISIÓN SOCIAL»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que Pedro Sánchez «humilla a España» y ha asegurado que su decisión, «lejos de traer concordia, fortalece el separatismo y la división social».

«La Comunidad de Madrid, hoy más que nunca, reafirma su lealtad a la Constitución, la soberanía del pueblo español y su compromiso con la unidad nacional», ha manifestado Ayuso en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Para el presidente de Murcia, Fernando López-Miras, Sánchez «socava la separación de poderes y debilita el Estado de Derecho únicamente por su interés personal». A su entender, dar indultos a los que han malversado fondos públicos, han intentado romper España, no se arrepienten y anuncian que volverán a hacerlo es «un auténtico disparate».

MORENO: «NI SIRVE NI SE ENTIENDE»

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que le gustaría que el Gobierno de la nación estuviera con «los miles de catalanes a los que el separatismo aísla y señala por sentirse españoles».

«Ni sirve ni se entiende indultar a quien anuncia que volverá a hacerlo», ha declarado Moreno, para añadir que Andalucía está «con la igualdad y la unidad de España». El presidente andaluz ya dijo este lunes que dar indultos iban a ser «un error» y no iban a tener «utilidad» porque «desgraciadamente el independentismo catalán no ha aprendido nada».

FEIJÓO: UNOS INDULTOS «PARA AFERRAR A SÁNCHEZ AL PODER»

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, quien estos días ha subrayado que es un «error» conceder la medida de gracia a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre

«Los indultos no son concordia, son para aferrar a Sánchez al poder. No son de utilidad pública, agravan el problema en toda España», ha proclamado el mandatario gallego, que ha recalcado que el Partido Popular debe «velar por la Constitución y la unidad, pero nunca legitimando a quienes quieren romperla».

MAÑUECO: «UN INSULTO» A LOS CIUDADANOS

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado un «insulto» a los ciudadanos los indultos a los presos del ‘procés’, quienes «no se arrepienten» y «se burlan». A su entender, «los arrepentidos son los miles de votantes de Sánchez en esta tierra».

También los presidentes regionales del PP se han pronunciado a lo largo de la jornada contra la medida aprobada por el Consejo de Ministros. Así, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, considera que los indultos son «sólo el primer paso en un proyecto de mucho mayor alcance: la segunda parte del proceso separatista».

Desde el PP en Aragón, su presidente Luis María Beamonte, ha acusado al PSOE de «traicionar a España» con esta medida, que ve «un pago político al secesionismo». Es más, ha calificado de «inconcebible» que Javier Lambán «se convierta en cómplice con su silencio». «Es un día triste para España y para la Democracia, los socialistas están traicionando a nuestro país», ha declarado en redes sociales el presidente de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

La presidenta del partido en Cantabria, María Jesús Sáenz de Buruaga, cree que Sánchez «ha consumado su traición a España a cambio de seguir en el poder». A su entender, «no es un indulto, es un pago político indecente a quienes pisotean la Constitución que nada tiene que ver con la concordia y la convivencia».

Según el presidente de los ‘populares’ en La Rioja, José Ignacio Ceniceros, Sánchez «no dialoga con los españoles, solo con los desleales que quieren romper nuestro país. Para Australia Navarro, que dirige el PP canario, es un «día triste» en el que se confirma «una vez más» que el jefe del Ejecutivo «no ha escuchado la voz de los españoles y de la Justicia».

LA CÚPULA DEL PP CARGA CONTRA SÁNCHEZ

También la cúpula del PP ha cargado un día más contra esta decisión de Sánchez. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado que «la inmensa mayoría» de los españoles está en contra de esta «decisión arbitraria» y ha subrayado que «lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles.

Además, Montesinos ha criticado que el presidente del Gobierno haya realizado una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa. «Sánchez indulta a los condenados por sedición y malversación, con los informes contrarios del Supremo y la Fiscalía, y no se atreve a contestar las preguntas de los periodistas en su ‘declaración’ posterior al Consejo de Ministros», ha denunciado.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado a Sánchez de «mentir» al asegura que toma la decisión porque es la mejor para España y para Cataluña. «Es la mejor para él a pesar de que premia a los que aseguran que intentarán imponer su voluntad en Cataluña y romper España. Hoy es un día triste para la democracia», ha asegurado en Twitter.

Igual de contundente se ha expresado la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, quien ha subrayado que el indulto «no es diálogo, es claudicación» y «no es concordia» sino «cesión». «No es política, es humillación», ha concluido.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que cuestiona la documentación aportada a la causa por Podemos y ha advertido de las «múltiples discrepancias» en el intento de la formación ‘morada’ de justificar los trabajos de la consultora mexicana Neurona para la campaña electoral de 2019.

En un informe de 252 folios, los agentes de la policía judicial han presentado sus conclusiones sobre los 3.236 archivos facilitados por el partido el pasado febrero en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez para determinar si la relación entre la consultora y la formación entonces liderada por Pablo Iglesias se basó o no en un contrato simulado.

Tras meses de análisis, han concluido que las personas que figuran en los listados como parte del personal de Neurona que viajó a España para trabajar en la campaña de Podemos «no cumplieron con el requisito obligatorio de obtener un visado de trabajo para ejercer dicha actividad».

En este sentido, los investigadores han avisado al magistrado Juan José Escalonilla de que, además, «han sido halladas múltiples discrepancias» sobre las personas que estuvieron en España, entre las que destacan contradicciones entre la documentación aportada por la formación ‘morada’ y lo manifestado por los arrendadores y los propietarios de los inmuebles en los que presuntamente se alojaron.

«PASAPORTES REPETIDOS»

La UDEF ha asegurado en su informe que «los pasaportes aportados para arrendar los inmuebles estaban repetidos y en otros, según manifiestan y aportan documentalmente los arrendatarios, figuraban personas que no constan en los listados de los trabajadores». Ha advertido, además, de registros de reservas de hospedaje que finalmente fueron canceladas.

Sobre las fotografías aportadas por el partido para avalar la presencia de los trabajadores de Neurona en las oficinas de la calle Maudes, los investigadores han precisado que los archivos facilitados carecen de metadatos, por lo que «no puede determinarse el marco temporal en el que fueron realizados ni determinarse la finalidad de la actividad que están desarrollando».

Han avisado, sin embargo, que en una de las fotografías «se observa que es temporalmente incompatible con los actos electorales de la campaña del 28 de abril» de 2019.

OTRAS CAMPAÑAS

Según han precisado, algunas de las imágenes corresponden a «la primera pegada de carteles de la campaña electoral del 26 de mayo de 2019» para las elecciones municipales, «que no correspondía con la finalidad del contrato».

Sobre los vídeos aportados, los agentes han logrado identificar «tras una búsqueda en fuentes abiertas» a dos de las personas que figuran como autores de los supuestos materiales de campaña elaborados por Podemos –Alejandro Neira y Víctor José Sánchez–, pero han avisado que uno de los vídeos «parece tener otra finalidad» distinta a los trabajos ejecutados en el marco de la campaña de las generales de 2019, que es lo que se investiga en la causa.

El caso se repite con el resto del personal de Neurona que la policía judicial ha intentado identificar en fuentes abiertas. Según los investigadores, realizaron trabajos para otros campañas electorales.

Sobre la búsqueda en redes sociales para localizar los 1.385 archivos presentados por Podemos como trabajos realizados por Neurona, la UDEF ha avisado al juzgado que ha solo ha encontrado 42, lo que «supone algo más un 3%» de la cantidad analizada.

El informe pasa a formar parte de la documentación que obra en poder del juez para investigar el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros en concepto de labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido este martes que hay un «éxito desigual» en las propuestas que su departamento realiza en relación al lenguaje inclusivo en los diferentes textos oficiales de otros departamento del Gobierno.

Durante la sesión del Pleno del Senado, Montero ha sido preguntada por la representante del PNV María Dolores Etxano, acerca de las medidas de Igualdad para que las leyes que salen del Ejecutivo cumplan con la Ley de Igualdad, que obliga al uso del lenguaje no sexista en los documentos públicos.

La senadora vasca ha reprochado que algunas de las últimas normas aprobadas por el Gobierno estaban redactadas usando el masculino «como valor genérico». Como ejemplo, ha indicado que de las de los proyectos de ley que se debaten este miércoles en el Senado, solo uno, el de trabajo a distancia, cumple con este precepto de forma «cuidada».

Además, ha lamentado que las enmiendas del PNV para modificar la redacción de estos textos fueran rechazadas y que un informe de los letrados del Congreso al respecto haya desechado el desdoble del lenguaje «por ser contrario a las reglas de la RAE».

La ministra ha explicado a Etxano que su Ministerio y, específicamente el Instituto de las Mujeres «dedica muchas horas semanales» a «preescribir en todos textos que pasan por Ministerio de Igualdad y por todos los ministerios del Gobierno» un «lenguaje inclusivo» que, ha señalado, «no se trata solo de desdoblar».

PALABRAS QUE ENGLOBEN AL CONJUNTO

Montero a indicado que se trata de «usar palabras que puedan englobar al conjunto» de la población o «garantizar que no se está usando un lenguaje discriminatorio» y que «la perspectiva de género se aplica en todas las leyes y las políticas públicas» que se ponen en marcha.

«Soy consciente que tenemos un éxito desigual en función de las iniciativas en las que hacemos estas propuestas», ha señalado la titular de Igualdad, antes de añadir que el hecho de que la ley no sancione el uso del lenguaje sexista hace «más difícil su cumplimiento efectivo».

Aún así, la ministra ha indicado que existe un gran «margen de mejora» en este aspecto y ha mostrado su compromiso en este tema, no solo en materia de igualdad entre hombres y mujeres, sino también, ha explicado, para que le lenguaje no sea «racista o LGTBIfóbico» y que «todo el mundo se sienta incluido».

Para Montero, el uso del lenguaje tiene «consecuencias concretas», por eso, ha declarado, las formaciones le va a «encontrar siempre» para las recomendaciones que le quieran realizar para este fin.

El PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de sus aliados de investidura, han rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración las propuestas del PP y de Vox de prohibir por ley la concesión de indultos en casos de condenas por sedición y rebelión.

Por un lado, el PP ha defendido una proposición de ley de reforma de la Ley de Indultos de 1870 para prohibir expresamente la medida de gracia en casos como los presos del proceso independentista de 2017. Es una iniciativa que se registró en septiembre de 2020, cuando el Gobierno anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto, y que se ha debatido horas después de que el Gobierno haya aprobado la concesión del perdón a los nueve presos.

Por su parte, Vox ha presentado una Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción que, además de premiar a estos con un porcentaje del dinero que el Estado llegue a recuperar, incluía cambiar la Ley de Indultos para prohibir este ‘perdón’ en casos de sedición e incluso una reforma del Código Penal para castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.

Hace una semana ya hubo una primera votación en la Cámara Baja sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno (en torno al 55% de la Cámara) desestimaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.

La reforma legal del PP, defendida por el diputado Carlos Rojas, ha sumado el apoyo de Foro Asturias, UPN, Ciudadanos y Vox. Para Edmundo Bal, de Cs, la aprobación de los indultos marca «un día de luto, aciago para España, en el que el Consejo de Ministros ha puesto al país de rodillas frente a quienes trataron de romper España» y «humilla» a quienes se opusieron a aquel referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

VOX CARGA CONTRA EL GOBIERNO RAJOY

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbé ha apoyado la reforma aunque criticando al PP porque, con el Gobierno de Mariano Rajoy, España sufrió dos referendos ilegales en Cataluña (la consulta del 9N de 2014 y el 1-O de 2017), se dejó que huyera uno de los «bufones» del independentismo (en alusión al expresidente Carles Puigdemont) y se aplicó un 155 «vergonzante».

Enfrente se ha situado el PSOE, que ha ejercido en turno en contra de la propuesta del PP. El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha recordado que la Constitución contempla la posibilidad del indulto y ha dicho no entender que el PP sólo los prohíba para el delito de sedición y no para el asesinato. «No al indulto a los presos del procés, pero sí el asesinato o incluso a (María Dolores) Cospedal si la condenan», ha ironizado.

El PSOE, que en 2016 sí pedía reformar la Ley de Indulto sólo para prohibir esta medida de gracia en casos de corrupción y violencia machista, ha acusado al PP de «aprovechar rechazo que puede suscitar el independentismo para enfrentar a los españoles para sacar tajada». «Eso es ventajismo de la peor calaña –ha dicho–. No sigan ustedes por este comino de Colón, de mesas petitorias y de cárcel y sólo cárcel, que eso no salió bien».

PARA CORRUPTOS SÍ HAY INDULTOS

También el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha criticado la reforma del PP y, como el PSOE, ha incidido en los casos de corrupción que afectan a los ‘populares’, denunciando que «el partido más corrupto de Europa era también quien más indultaba».

La prohibición de los indultos por sedición ha concitado además el rechazo de ERC, cuya portavoz adjunta Carolina Telechea, no ve normal que ése sea un delito inindultable. En contra de la reforma se ha situado además el PNV, Bildu, el PDeCAT, la CUP y Junts, cuya portavoz Miriam Nogueras, ha acusado al PP de estar «haciendo el ridículo».

La misma suerte ha corrido la iniciativa de Vox, que han rechazado los socialistas, el grupo confederal y sus socios habituales en el Congreso, quienes han acusado a los de Abascal de pretender reformar una ley ordinaria para proteger a los denunciantes por corrupción para introducir disposiciones que persiguen, entre otras cuestiones, prohibir los indultos a los condenados por sedición y rebelión.

«ES LA EXCUSA»

«Es la excusa», ha denunciado la diputada del PSOE Elvira Ramón, quien ha rechazado la proposición de ley de Vox alegando que el Gobierno tiene avanzados los trabajos para presentar el anteproyecto de ley de transposición de la directiva europea sobre la protección de los denunciantes de corrupción.

Argumento compartido por el diputado Pedro Honrubia, de Unidas Podemos, quien ha cuestionado la credibilidad del partido que lidera Santiago Abascal con esta ley teniendo en cuenta que no se ha personado en ninguna de las causas de corrupción que afectan a su «socio» del PP.

ERC, el PDeCAT, el PNV y Compromís han denunciado las pretensiones contra el independentismo que «esconde» la propuesta de Vox y han pedido esperar al proyecto de ley que sobre los denunciantes de corrupción está preparando el Gobierno, pese a denunciar que haya tenido la «extrema derecha» la que tenga que «sacarle los colores» por su tardanza en este sentido.

Tanto el PP como Ciudadanos y Foro Asturias han elogiado en términos generales el texto de Vox, que han respaldado, y han aprovechado su debate en el Pleno para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por ‘perdonar’ este martes a los «golpistas» del procés y no a otros condenados por otro tipo de delitos menos graves. «Siempre ha habido clases para los indultos», ha comentado el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal.

LOS EXPERTOS DESACONSEJARON ESTABLECER DELITOS ININDULTABLES

No es la primera vez que el Congreso debate reformas de la Ley de Indultos. En 2016 el PSOE propuso cambiar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que la medida de gracia se aplique a condenados por corrupción y violencia machista, pero cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018, esa iniciativa se congeló. Y es que el PP, que entonces era el primer partido de la Cámara, quería aprovechar para añadir en esa reforma que tampoco se pudiera indultar a los condenados por sedición.

Se llegó a organizar una ronda de expertos en el Congreso y todos los consultados coincidieron en la inconveniencia de establecer una lista de delitos para los que se niegue el indulto, ya que eso restringiría la potestad constitucional del Gobierno para conceder este ‘perdón’.

El Papa Francisco ha recordado a las personas mayores que son «necesarias» para construir el «mundo del mañana» y les ha animado a transmitir la fe a sus nietos, en un mensaje con motivo de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores que se celebrará el 25 de julio.

«Quiero decirte que eres necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana: el mundo en el que viviremos –nosotros, y nuestros hijos y nietos– cuando la tormenta se haya calmado», afirma el Pontífice.

En su mensaje para esta jornada, Francisco subraya que la vocación de la Tercera Edad es «custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños».

«No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos», añade.

Además, les recuerda que «incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar» en medio de la soledad. Estos ángeles, según precisa, pueden ser los nietos, otros familiares, amigos de toda la vida o personas a las que han conocido durante la pandemia.

«En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible!», exclama el Pontífice.

Este es, según enfatiza el Papa, el sentido de esta Jornada que ha querido celebrar por primera vez precisamente este año, después de «un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social». «¡Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor –sobre todo los que están más solos– reciba la visita de un ángel!», insiste.

Francisco constata que la pandemia de la Covid-19 ha sido «una dura prueba» que ha afectado más a los ancianos y recuerda la petición que hizo en su encíclica Fratelli Tutti: «Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores».

Las personas mayores, según puntualiza, han sufrido en mayor medida la pandemia. «Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo», explica.

Además del mensaje del Papa, este martes, ha tenido lugar una presentación de la Jornada en la que ha intervenido el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Cardenal Kevin Farrell, quien ha subrayado la importancia de celebrar esta «fiesta» tras «unos meses dramáticos de dificultades».

MAYORES MALTRATADOS DURANTE LA PANDEMIA

«Muchas personas mayores tendrían derecho a quejarse de cómo han sido tratadas –o maltratadas– en estos meses de pandemia. Pero la Iglesia nos invita a dar un paso más y nos habla de ternura», ha subrayado.

Además, ha destacado la importancia de los abuelos para «volver a aprender el arte de las relaciones» después de una pandemia que ha dejado una sociedad «deshilachada y endurecida».

Por su parte, el encargado de la pastoral de los ancianos del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Vittorio Scelzo, ha explicado que el próximo 25 de julio a las 10:00 horas, en Roma, el Papa celebrará una misa con los abuelos y ancianos de su diócesis en la que participará un número limitado de personas, en cumplimiento de la normativa sanitaria que estará en vigor en ese momento

Asimismo, ha sugerido a las diócesis y parroquias que dediquen una de sus misas dominicales a la celebración de esta Jornada, con la idea de que participe el mayor número posible de abuelos y mayores.

Además, dentro de unos días publicarán un vídeo de la oración rezada por el Pontífice junto a personas mayores de todo el mundo, entra las cuales está también el obispo más longevo del mundo que tiene 101 años. Igualmente, lanzarán una campaña por redes sociales bajo el hashtag #IamWithYouAlways.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido que la concesión de los indultos a los líderes del ‘procés’ permite avanzar en la «reconciliación» en Cataluña y es un «paso importante para la España plural».

Además, ha destacado que esta «ambición» que ha mostrado el Ejecutivo para buscar soluciones a este conflicto, tras años de «desidia» por parte de gobiernos del PP, se debe trasladar también en la «consolidación» de la agenda social.

La también ministra de Trabajo se ha expresado en estos términos a través de varios mensajes en Twitter, después de que el Consejo de Ministros haya adoptado una de las decisiones «más trascendentales de esta legislatura», al otorgar esta medida de gracia a los dirigentes independentistas condenados por impulsar el referéndum del 1-O.

«La concesión de los indultos a los dirigentes independentistas es un punto de partida para avanzar en la resolución del conflicto político, en la reconciliación», ha desgranado Díaz en sus comentarios en redes sociales.

La máxima responsable de Unidas Podemos en la coalición ha destacado que el actual Gobierno quiere ser «proactivo» en relación a Cataluña después de años de «inacción y desidia» por parte de los ejecutivos del PP de los Gobiernos del PP, que solo alimentaron «el conflicto y la judicialización».

«Queremos hacer política de otra manera: con libertad, diálogo y soluciones», ha enfatizado para recalcar que los indultos son el «primer paso para avanzar en un diálogo capaz de llegar» a ese objetivo.

Por tanto, Díaz ha detallado que «escuchar mucho y trabajar duro» es el compromiso del Gobierno y su espacio político para buscar «acuerdos ampliamente compartidos, refrendadas por la ciudadanía catalana».

«Hoy damos un paso importante para la España plural, un valor que debemos proteger. Esta ambición se debe trasladar a la consolidación de la agenda social. Ser útiles y buscar soluciones, mirando hacia el futuro. Juntas podemos mejorar la vida de la gente», ha zanjado.

PODEMOS: PRIMER PASO PARA DESENCALLAR EL CONFLICTO

A su vez, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que la medida de gracia es el primer paso para «desencallar» un conflicto territorial que estaba «muy enquistado», provocado a su juicio «muchas veces» por la política «incendiaria» del PP.

En declaraciones a la cadena ‘Cuatro’, Fernández ha reivindicado que ahora toca «tender puentes» y «no muros» para entrar en una nueva fase de la España «plural y diversa», que lo que tiene que ser un país del siglo XXI.

El también coordinador autonómico de la formación morada en Castilla y León ha aseverado que una «amplísima mayoría» del Congreso ha respaldado los indultos, vía que ha refrendado también el Consejo de Europa. Además, ha desgranado que representantes empresariales y obispos están a favor del diálogo frente al «desencuentro».

Tres de los cuatros ediles de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Jaén ha decidido romper con el PSOE, por lo que solo la actual concejal de Hacienda, María Orozco, seguiría en el gobierno local.

Los tres ediles han suscrito un comunicado como grupo municipal para anunciar la ruptura del acuerdo de gobierno. Dicho comunicado ha sido ya desautorizado por la Dirección Provincial de Cs, que ha advertido de que aplicará el régimen disciplinario a los tres concejales por tomar la decisión «sin autorización del partido».

«Tres concejales del grupo municipal de Ciudadanos han roto con el gobierno, pero no todos. Tres y tres no es el grupo», ha subrayado en alusión a la portavoz, María Cantos, y Francisco Díaz y Miguel Castro. Por su parte, la cuarta edil, María Orozco, se mantiene fiel a la posición que, según Moreno, han dictado por las direcciones nacional, regional y provincial de Cs.

En este sentido, ha aseverado que «Ciudadanos va a mantener el pacto de gobierno con el PSOE que acordó para el mandato y lo hace por estabilidad y porque le ha sentado bien a los jiennenses».

Además, ha señalado que «aquellos concejales que han tomado alguna decisión sin autorización del partido, como es el caso, tendrán que responder al régimen disciplinario contemplado en sus estatutos». De este modo, se abrirá un expediente que podría acabar con su expulsión de la formación, puesto que «la infracción es muy grave».

Desde las elecciones municipales, la composición municipal en el Ayuntamiento de Jaén se ha alterado. Vox ha pasado de dos a un concejal tras expulsar a la que fuera su portavoz, Salud Anguita, la cual ha recurrido esta decisión y se encuentra de baja médica desde el pasado mes de enero.

En su momento, Cs rechazó formar equipo de gobierno con el PP y Vox, que sumaban mayoría. Ahora se vuelve a abrir la puerta a nuevas sumas aritméticas en la corporación donde el PP tiene ocho concejales, dos tiene Adelante Jaén y el PSOE, tiene once.

En un breve comunicado, los tres concejales de Cs han argumentado su decisión aludiendo a varios motivos, entre ellos, los indultos a los presos catalanes por el ‘procés’.

Asimismo, apuntan a «la indefinición» del PSOE «frente al agravio tan indigno que el Gobierno de la nación» hizo con Jaén en la concesión a Córdoba del Plan Colce cuando «el propio alcalde dijo públicamente que desde el Ministerio se le había asegurado que era para Jaén».

Otro de los motivos de la ruptura esgrimidos son las declaraciones del alcalde, Julio Millán, en una radio sobre los fondos ITI comprometidos con la ciudad de Jaén cuando «tiene que exigir su cumplimiento al Gobierno central, pero que sí lo hizo con la parte que le correspondía a la Junta de Andalucía».

También aluden a «las continuas injerencias en las competencias de las áreas de los concejales de Cs, impidiendo su normal desarrollo» y, por último, justifican la ruptura por «la decisión del Gobierno de España de conceder los indultos a los políticos presos catalanes por su actuación en el 1 de octubre».

«La ciudad de Jaén no nos perdonaría tener como socio a un partido que utiliza la ley a su antojo, sólo por seguir gobernando, cuando ellos mismos, hace apenas un año, aseguraban que jamás concederían indultos a los políticos golpistas que pusieron en jaque a todo nuestro país», dice el comunicado y añaden que no pueden «ser cómplices ni de los indultos a los golpistas, ni del abandono a Jaén por parte del PSOE».

Los tres concejales que han protagonizado la ruptura ha emplazado a los medios a una rueda de prensa este miércoles para dar «detallada cuenta de los motivos y argumentos que han llevado a tomar esta decisión».

La plataforma ‘la España que reúne’, impulsada por Nicolás Redondo, considera «equivocada» la decisión de indultar a los presos del procés adoptada hoy por el Gobierno. Cree que está basada en tres errores –político, jurídico e histórico– y advierte de que desencadenará «catastróficas desdichas». Por ello, proponen devolver el debate al Parlamento, pactar entre los grandes partidos constitucionales y abandonar mesas en las que nadie ha elegido a sus componentes, que además, advierten, no tienen que rendir cuentas ante nadie.

Según esta plataforma de debate, las amistades peligrosas de Pedro Sánchez –«que son Podemos, Bildu o ERC»– están llevando al Gobierno a tomar una decisión «totalmente equivocada que desencadenará, como la película, una serie de catastróficas desdichas que desarrollaremos de aquí en adelante».

En este sentido, consideran que la concesión del indulto parcial a los condenados por haber hecho una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 quebrando la legalidad constitucional «comporta tres errores fundamentales».

El primero de ellos es, según esta plataforma, un «error político» puesto que no garantiza acabar con la tensiones secesionistas de los dirigentes políticos catalanes sino que crea un espacio más amplio para ellas.

En segundo lugar, creen que implica un «error jurídico» al no cumplirse ninguna de las condiciones «mínimas elementales» paraestudiar una medida de gracia como ésta. Y el tercer error es «histórico» por obviar «no sólo el historial más reciente de los actores agraciados, sino muy especialmente la tradición política quearrastran y que representan en este momento».

DECISIÓN BASADA EN TRES ERRORES

Por ello, aseguran que tras escuchar los argumentos del presidente del Gobierno, ‘La España que Reúne’ se reafirma en el convencimiento de que es una estrategia construida sobre estos tres errores y dudan de que «ni siquiera sirva para dar estabilidad parlamentaria transitoria a la coalición».

Según el comunicado, titulado «el Gobierno tomó el camino que empeora todo. Pero ¿existe una alternativa a la «agenda del reencuentro» de Sánchez?», con la decisión de hoy hay «mucho que perder y poco que ganar como país».

Señalan que el nacionalismo, por definición, es insaciable, y creen que «inmediatamente, cuando se toma una decisión favorable a sus intereses, busca construir nuevos espacios de confrontación y división». En esta ocasión, apuntan, el nacionalismo incorpora un factor «nada desdeñable de ‘riesgo moral’: van a tomar decisiones teniendo en cuenta que el máximo castigo al que se podrían enfrentar se ha reducido drásticamente gracias al indulto parcial y se reducirá mucho más si se produce la reforma del delito de sedición».

Por ello, consideran que, ante una decisión «táctica y estratégicamente errónea», es más necesario que nunca activar todos los mecanismos del Estado de Derecho para corregir un camino que, insisten, «empeora todo» porque «aunque a corto plazo esto no sea visible, lo será y mucho a medio y largo plazo».

RECHAZA MESAS COMPUESTAS POR PERSONAS QUE NADIE HA ELEGIDO

«La España que Reúne» cree que la sociedad española está reaccionando y no con comprensión como dice Carmen Calvo. Creen que el Gobierno debería haber escuchado el pronunciamiento público tanto de ciudadanos como de profesionales y especialistas al igual que han hecho a los colectivos que le han arropado en la «escenificación pública de una supuesta unidad a favor de los indultos».

Pero creen que, sobre todo, el Ejecutivo debería «sentarse inmediatamente con los partidos constitucionalistas para tratar de buscar una solución real alejada de unos indultos» que no hacen más que demostrar las debilidades del actual Gobierno como se ha comprobado por las intenciones de los líderes independentistas.

En este contexto, la plataforma de Nicolás Redondo propone devolver la discusión al Parlamento porque es la sede de la soberanía nacional, abandonar las mesas paralelas formadas por personas «a las que nadie ha elegido, sobre las que no pesa ningún tipo de rendición de cuentas ante la sociedad y sobre las que no hay ni el más mínimo control parlamentario».

RECHAZA LA COMUNIDAD DE INTERESES DE PARTIDOS, EMPRESARIOS O RELIGIONES

«No puede sustituirse la política sobre las bases del Estado de Derecho por una comunidad de intereses, sea de partidos políticos o sea de organizaciones de directivos empresariales, confesiones religiosas u otros sobre los que no se puede saber cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de sus manifestaciones públicas», argumentan.

En este sentido, consideran que «sí» que hay una alternativa a la «agenda del reencuentro» que plantea el presidente del Gobierno, y ésta pasa por debatir el más inmediato futuro donde reside la representación del pueblo español: el Congreso y el Senado.

La alternativa que propone ‘La España que Reúne’ consta de tres elementos: rehacer las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre las bases constitucionales y no sobre la idea de la «confederalidad».

En segundo lugar, discutir en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y acordar por parte de los tres grandes partidos constitucionales el cierre de competencias de las CC.AA,completando un proceso de descentralización administrativa y política comenzado tras la aprobación de la Constitución Española.

SÁNCHEZ SE HA DEJADO ENGAÑAR O SE ENGAÑA A SÍ MISMO

Y en tercer y último lugar, cerrar el modelo de financiación de los servicios públicos bajo el principio del «federalismo fiscal», con una igualdad de oportunidades de base en todos los territorios y estableciendo la corresponsabilidad de los gobernantes (especialmente, en Cataluña) con sus decisiones frente a la ciudadanía.

Pero, advierten, en ningún caso se puede permitir que se cumplan las «ambiciones ilegales de los independentistas», y menos que éstas estén presentes en la agenda planteada por el Ejecutivo central y por un partido en la más pura esencia constitucional como es el PSOE.

Consideran que el presidente del Gobierno se ha confundido de amistades, las mismas que ayer en el Liceo de Barcelona le criticaron por los indultos, pidiendo la amnistía de sus presos, y con el mensaje de no parar hasta sus objetivos.

Creen que Pedro Sánchez «se ha dejado engañar, o se ha engañado a sí mismo, en la búsqueda de una supuesta concordia». Totalmente inexistente, por esa falta de perdón y propósito de arreglar el mal causado. «El Gobierno se ha juntado con quien no debía», concluyen.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha resuelto extraditar a EEUU al multimillonario John David Mcaffe, creador del antivirus que lleva su nombre, y ha denegado su puesta en libertad provisional mientras se produce este trámite, según fuentes jurídicas.

La decisión llega después de que el pasado 15 de junio tuviera lugar la vista de extradición contra el magnate, que fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que es reclamado por EEUU por delito fiscal. En la misma, McAfee alegó ser un perseguido político de Estados Unidos por sus denuncias contra la «corrupción» de la agencia tributaria de ese país. «En caso de ser extraditado es casi seguro de que pasaré el resto de mi vida en prisión porque Estados Unidos quiere usarme como un ejemplo», dijo.

En su informe previo a la vista, el Ministerio Público consideraba que es procedente su extradición pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales –cifra que varía ligeramente según el año–. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco «aparentando que carecía de ellos».

«Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos», explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.

LAS CHARLAS Y LAS CRIPTOMONEDAS

En 2015 obtuvo unas ganancias de 100.000 dólares por charlas y por cesión de derechos para contar su historia de vida; en 2016 obtuvo 800.000 dólares –la mayoría por consultoría a MGT Capital Investments– que le fueron abonados haciendo transferencias a terceras personas.

En 2017 el montante que obtuvo fue de 1,25 millones de dólares, y gran parte lo recibió en criptomonedas. Como entendía que esa moneda digital no podía ser rastreada por el fisco porque el pago no fue nominal, hizo abonar esa cantidad en una cartera de Ethereum por medio de diez transferencias y luego lo movió a otras carteras.

Pero el salto de ingresos se produce en 2018 cuando McAfee recibe 8 millones de dólares por consultoría y por promoción de varias ofertas iniciales de criptodivisas (hasta cinco distintas). Esos ingresos le llegaron en criptomoonedas que luego él transformaba en dólares. parte de las cantidades eran movidas a sociedades controladas por él y las gastó en comprar bienes inmuebles y un yate que puso a nombre de su esposa.

SÓLO POR TRES AÑOS

En la calificación jurídica, la Fiscalía recordaba que EEUU le persigue por cinco delitos graves de evasión de impuestos que acarrean pena de cárcel de no más de cinco años por ejercicio, y otros cinco delitos menores por la omisión de presentación de la declaración.

Pero el fiscal explica que en España, no presentar la declaración no es un delito sino una infracción administrativa, y apunta que de tener significación penal, únicamente lo tendría en el seno del delito fiscal. Y ahonda que respecto a 2014 y 2015 no hay delito fiscal puesto que en España la cuota tributaria defraudada está lejos de los 120.000 euros exigidos.

Por ese motivo, señalaban que sólo son constitutivos de tres delitos fiscales los hechos relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Y recordaban que los tratados de extradición establecen que la infracción debe estar castigada con más de un año de prisión, por lo que se cumple el mínimo punitivo exigido por ley.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este martes en el Senado la concesión de indultos a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña para fomentar la «concordia» y la «convivencia», pero ha evitado aclarar por qué antes el PSOE no apostaba por esta medida y ahora el Gobierno la ha aprobado. Asimismo, ha resaltado que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras –sin nombrarlo expresamente–, ha renunciado a retomar la vía unilateral.

«Lo ocurrido fue muy grave y pagaron por ello, pero ahora tenemos la obligación de intentar buscar elementos de concordia y de convivencia entre catalanes y entre los catalanes y el resto de España, y eso es en lo que este Gobierno no va a cejar», ha declarado en el Pleno de la Cámara Alta al responder a una pregunta de Carlos Floriano, del PP.

Floriano ha instado a Campo a explicar por qué el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no abogó por los indultos en la campaña de las últimas elecciones generales ni lo planteó en el debate de investidura y por qué el PSOE no lo incluyó entre sus propuestas, si creen que pueden mejorar la convivencia, que demuestran «magnanimidad» frente a «venganza» y que facilitan una salida política al conflicto de Cataluña.

«¿Cuándo engañaron a los españoles? ¿Entonces, ahora o lo hacen siempre?», ha preguntado el senador ‘popular’ tras recordar que antes los socialistas reivindicaban que los doce sentenciados cumplieran íntegramente sus penas, además de prometer traer a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuera juzgado y tipificar como delito la celebración de referéndums ilegales.

El ministro de Justicia ha reprochado al PP que mire «para atrás» y ha dicho que el Gobierno «quiere mirar para delante» porque desea «un país en convivencia». A continuación, ha culpado a este partido de haber contribuido, con su «inactividad» respecto a Cataluña, a que la proporción de catalanes independentistas haya aumentado hasta situarse en el 49 %, frente al 14 % que representaban en 2006, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía.

EL PP DICE QUE LOS CONDENADOS PRETENDEN VOLVER A DELINQUIR

Floriano ha criticado que Campo no respondiera a su pregunta y ha señalado que no se puede indultar a quienes no lo han pedido, «no quieren aceptar la legalidad vigente», no se han arrepentido de los delitos cometidos y «están dispuestos a volver a hacerlo». «Detrás de los indultos solo está el precio que tienen que pagar» a los partidos independentistas «por mantenerse más tiempo en el Gobierno», y para ello han adoptado «una decisión arbitraria», «cuestionando la legitimidad del Tribunal Supremo», ha concluido.

El ministro ha indicado que, independientemente de lo que «han dicho o dejado de decir» los condenados por el ‘procés’ sobre sus intenciones, «los importantes han dicho que renuncian a la vía unilateral», y ha subrayado que la ley del indulto «no exige el arrepentimiento» del penado para que se le pueda perdonar.

Asimismo, en su contestación al senador de Vox Jacobo González-Robatto, ha destacado que hay millones de catalanes que «abrazan las ideas secesionistas» y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos «no persigue las ideas», pues «son todas defendibles en la Constitución».

LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’ SON «REFERENTES» PARA MUCHOS CATALANES

Aunque cree que lo que hicieron en Cataluña en 2017 los políticos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia «fue muy grave», ha afirmado que muchos catalanes «los siguen viendo como referentes».

Según ha explicado Campo a Floriano, la utilidad pública es uno de los tres elementos que establece la ley del indulto y esta medida de gracia está «por encima incluso de aquel al que se le da». En este caso, con el fin de sentar unas bases para la «concordia» y cumplir «los principios de la Constitución».

Para el representante de Vox, el Ejecutivo ha obviado la falta de arrepentimiento de los separatistas y su pretensión de repetir las acciones de 2017, así como las voces que reclaman la amnistía para los condenados. «Porque nunca tienen suficiente y no van a dejar de apretar», ha avisado.

González-Robatto, que ha acusado al Gobierno de «pisotear la Constitución» y desoír a los españoles y a la Justicia, también ha criticado los cambios de posición del PSOE, al indicar que el ministro de Justicia llegó a proponer una reforma de la ley para que no se pudieran indultar delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función.

VOX, AL GOBIERNO: «LES VAMOS A MANDAR A PRISIÓN»

«Estamos acostumbrados a los bandazos de este Gobierno», pero «eso no da carta blanca para que se lleve la unidad de la nación por delante por sus compromisos para mantenerse dos añitos más en el poder», ha manifestado. Al referirse a la querella que Vox prepara contra el Consejo de Ministros por haber otorgado los indultos, ha advertido a Campo: «Les vamos a mandar a prisión», «pagarán todos ustedes por traidores al pueblo español».

El ministro, que ha detallado en qué consisten los indultos aprobados este martes, ha resaltado que si los líderes independentistas «vuelven a cometer un delito grave, tendrán que atender a la Justicia por ese nuevo hecho y se tendrá por no dado el indulto y tendrán que cumplir» la pena.

Por otro lado, ha apuntado que, mientras Vox «no cree en la convivencia», el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja por ella, y ha destacado que los presos del ‘procés’ han estado en la cárcel tres años y casi ocho meses.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha apelado este martes al «concurso» del PP a la hora de acometer una posible reforma de la Constitución y ha defendido los indultos a los líderes independentistas del ‘procès’ como una medida para «volver al diálogo, siempre en el marco de la Constitución».

«Estamos intentando volver al diálogo, siempre en el marco de la Constitución, y confiando que sabremos encontrar juntos un consenso e el que ustedes también serán necesarios. Verán en mis entrevistas que he defendido siempre que no se puede reformar la Constitución sin el concurso del PP», ha proclamado Iceta.

Asimismo, Iceta ha replicado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al PP que «no habrá un referéndum de autodeterminación» en Cataluña, si bien ha explicado que sí se puede dar un referéndum de una reforma del Estatuto de Autonomía.

Así ha dado respuesta Iceta a la senadora del PP María Salom después de que preguntara directamente al ministro si está en condiciones de afirmar «con rotundidad» que no habrá un referéndum en Cataluña después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya concedido los indultos a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’.

«Me ha hecho una pregunta muy directa, no habrá referéndum de autodeterminación», ha contestado el ministro Iceta al PP unas horas después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya afirmado tras los indultos que «es la hora de un referéndum acordado».

NO CIERRA LA PUERTA A OTRO TIPO DE REFERÉNDUM

Eso sí, el ministro ha detallado que las reformas de los Estatutos de Autonomía están propuestas en un primer lugar por las Asambleas legislativas de esas Comunidades, luego pasan por el Congreso y Senado y «en muchos casos culminan con un referéndum».

Con todo, Iceta ha arremetido contra los ‘populares’, que han lanzado esta tarde una ofensiva parlamentaria en el Pleno del Senado contra el Gobierno a raíz de los indultos, centrando todas sus intervenciones en pedir explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por esta medida de gracia.

«¿Cuándo Aznar indultó a quince terroristas de ‘Tierra Lliure’, humilló a España? ¿Opinaban lo mismo entonces? ¿Perdieron la voz?», ha recriminado Iceta al PP, parafraseando un poema de San Francisco de Asís y asegurando que el Gobierno ha tomado una decisión «por la convivencia».

«Nosotros queremos concordia, ustedes siembran discordia», ha sentenciado Iceta.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis.

Calvo planteó esta reforma a los Gobiernos autonómicos en la última Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, celebradael pasado 19, un mes después, ha llevado esa modificación al Consejo de Ministros, para iniciar su trámite.

En concreto, el anteproyecto de ley tiene por objeto cumplir la disposición final tercera de la Ley de Seguridad Nacional, de 2015, según la cual el Gobierno «deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional».

Según el Gobierno, la experiencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cumplir con dicho mandato normativo y completar el régimen jurídico de la contribución de recursos a la seguridad nacional.

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional ya prevé la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, lo que permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas.

A este respecto, la modificación aprobada hoy por el Consejo de Ministros prevé, entre otras cuestiones, establecer la necesidad de regular la producción industrial de España en función de las necesidades dictadas por la situación de crisis, según informa el departamento de Calvo

Asimismo, se regula la Reserva Estratégica basada en las CapacidadesNacionales de Producción Industrial (RECAPI), con el objetivo de buscar una solución a la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional de los recursos y materiales necesarios.

Además, el Anteproyecto de Ley asigna nuevas facultades al Consejo de Seguridad Nacional relacionadas con la elaboración del catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional y de la Reserva Estratégica basada en las RECAPI.

El Anteproyecto de Ley aprobado hoy también prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional, tras haber detectado un escenario que pudiera derivar en una declaración de situación de interés para la seguridad nacional, pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicación puedan ejecutarse lo más rápidamente posible, una vez que se efectúe dicha declaración.

Esta norma, que ha contado con la información aportada por las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, pasa ahora a las Cortes Generales para su debate y aprobación.

La Policía Nacional de España junto a la Policía de Colombia ha arrestado a cinco presuntos integrantes de una red internacional que se dedicaba, presuntamente, a la explotación sexual de mujeres de ese país en las provincias de Jaén y Córdoba.

Según informa la Policía en una nota, las detenciones, llevadas a cabo en Colombia, forman parte de la última fase de una operación que ha permitido desmantelar por completo una red dedicada a la trata de seres humanos. En las dos fases anteriores, desarrolladas en España el pasado año, se arrestaron a 19 personas y se liberaron a 26 víctimas, una de ellas menor de edad.

La investigación policial se inició en noviembre del año 2019 en las provincias de Jaén y Córdoba, cuando los agentes constataron que mujeres captadas en Colombia eran explotadas sexualmente en condiciones denigrantes.

Las víctimas, en situación de extrema pobreza, eran engañadas con una falsa oferta de trabajo y eran trasladadas hasta España, donde eran forzadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y agresiones físicas sin respetar los confinamientos provocados por la pandemia del Covid-19.

Durante los meses de abril y junio del año 2020, la Policía Nacional ejecutó sendos operativos con el objeto de desarticular el entramado criminal asentado en España, obteniendo como resultado la detención de 19 personas y la liberación de 17 mujeres.

A pesar del éxito obtenido, los agentes continuaron con la investigación, y fruto de la colaboración con la policía colombiana, se ha logrado llegar hasta las personas dedicadas a la captación y envío de las mujeres a España.

Así, en un operativo policial conjunto desarrollado en Colombia y en el que han participado dos agentes de la Policía Nacional de España, se ha arrestado a otros cinco integrantes de la red criminal –cuatro en Bogotá y uno en la localidad de Villavicencio–. Con estas detenciones la organización se da por desarticulada de manera definitiva.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo electrónico ‘trata@policia.es’ para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros para los nueve condenados del ‘procés’ independentista en Cataluña fijan un periodo de seguridad de entre 3 y 6 años que condiciona el perdón a que los beneficiarios no vuelvan a cometer delitos graves. Se trataría de delitos penados con más de cinco años de prisión.

El periodo más alto, de 6 años, se impone al ex vicepresident Oriol Junqueras, a los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; seguidos de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, quienes no podrán volver a reincidir en 5 años si no quieren ver invalidada su medida de gracia.

Tras ellos, están los periodos de seguridad que se imponen al ex consejero Raül Romeva y a la ex presidenta el Parlament Carmen Forcadell, que se establece en 4 años, mientras que en el caso de Dolors Bassa este plazo se fija en 3 años, el más bajo, según han señalado fuentes gubernamentales.

Los indultos suponen la extinción total las penas de prisión que les quedan por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación, si bien las penas de inhabilitación que les fueron impuestas por el Tribunal Supremo se mantienen intactas, dado que se ha indultado por penas, no por delitos.

EL REY SOLO CUMPLE UN PAPEL INSTITUCIONAL

Este perdón tomará forma de un Real Decreto que debe firmar el Rey, tras lo cual se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que el procedimiento quedará en manos del Supremo, como tribunal sentenciador, para dar lugar a la excarcelación.

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno y de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Felipe VI «no tiene intervención política» en este trámite, sino que ejerce un rol netamente institucional.

De esta forma ha querido contestar una vez más desde Moncloa a las «desafortunadas» palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, «que puso el foco sobre el jefe del Estado», pese a que no tiene ninguna responsabilidad política en este asunto, ha enfatizado.

Montero ha aclarado que el Gobierno enviará el Real Decreto «inmediatamente» a Zarzuela, para que a continuación se publique en el BOE, dando pie a que el Supremo intervenga para materializar la decisión aprobada este martes.

La fuentes gubernamentales han indicado que, si bien el alto tribunal ya está al corriente de los indultos de forma oficiosa, no esperan que actúe hasta que los indultos se publiquen en el BOE, algo que previsiblemene ocurrirá el miércoles.

ANÁLISIS «INDIVIDUALIZADO»

Las mismas fuentes han explicado que la argumentación jurídica de los indultos es la misma para los nueve expedientes, que se basa en razones de utilidad pública, porque el Gobierno entiende que abren la puerta a una nueva etapa que permitirá abandonar la actual parálisis y avanzar hacia el diálogo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada dentro del marco constitucional.

En este sentido, el Ejecutivo ha sopesado que el perdón reportará mayores beneficios que la continuidad de estas nueve personas en prisión –que cree que solo ahondará en el «victimismo» del independentismo catalán–, favoreciendo la reconstrucción de las relaciones políticas y «afectivas» entre los propios catalanes y entre la sociedad catalana y el resto de España.

Con ello, el Ejecutivo ha dejado de lado las razones de justicia y equidad que también contempla la Ley de Indulto para conceder la medida de gracia.

No obstante, las fuentes consultadas han subrayado que se ha llevado a cabo un análisis «individualizado», caso a caso, a la hora de fijar el tiempo durante el cual se puede ejecutar la condición resolutoria que acompaña a los indultos como garantía de cumplimiento de los mismos.

Esa condición resolutoria implica que durante los años establecidos para cada preso no podrán ser condenados en firme a un delito grave (penado con 5 años de cárcel), ya sean sedición, malversación u otros. Y, si lo hacen, tendrán que soportar la nueva condena y los años de cárcel que les han sido perdonados ahora.

Las fuentes han apuntado que para situar a cada preso en esa horquilla de entre 3 y 6 años se ha tenido en cuenta el arrepentimiento que, en cambio, no se ha valorado en la decisión general de conceder o no el indulto.

Así, se ha impuesto el periodo más largo -esos 6 años en los que no podrán ser condenados por un delito grave– a quienes han expresado su «contumacia» en la vía unilateral, aunque se han valorado otras cuestiones como su participación activa en el debate político y su capacidad de liderazgo.

BORRÁS, VILA Y MUNDÓ

El Gobierno solo ha estimado nueve de las doce peticiones de indulto, rechazando las planteadas a favor de los tres condenados por desobediencia: Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundo.

Y ello, han manifestado dichas fuentes, porque el Supremo ya ha dado por extinguida la responsabilidad penal de los tex ex consejeros al haber cumplido el periodo de inhabilitación y haber pagado las multas que recibieron.

Las mismas fuentes han querido dejar claro que la decisión del Ejecutivo de conceder los indultos no cuestiona el fallo del Supremo, recalcando que la sentencia del ‘procès’ es «inamovible».