La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Parlamento, la puesta en marcha de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía, que «nace no solo de nuestro propio acervo normativo, sino de la obligación que tienen los poderes públicos de abordar la desigualdad, la violencia y la discriminación vinculada con el compromiso central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

Sobre la Estrategia, ha informado que tendrá una vigencia de cuatro años y para su elaboración se contará con la participación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, personas expertas en la materia, asociaciones y otras entidades LGTBI.

Por otra parte, según se indica en nota de prensa, se ha referido a la celebración, los próximos días 23 y 24 de junio, del I Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, que marcará la conmemoración del Día Internacional del Orgullo de este año. «Este foro combinará investigación, formación e intercambio de buenas prácticas a fin de encontrar soluciones conjuntas para garantizar el respeto y la protección del derecho a la diversidad, a la expresión de género y a la diversidad familiar», ha subrayado Ruiz.

Con esta iniciativa, la Consejería de Igualdad pretende promover y garantizar la sensibilización adecuada y la correcta actuación en materia de diversidad de los profesionales que prestan servicios en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, la familia y los servicios sociales, los cuerpos de Policía Local, ocio, cultura, deporte y comunicación.

Asimismo, la consejera ha recordado la creación y puesta en marcha en esta legislatura del primer Consejo Andaluz LGTBI, constituido por las entidades y la Administración, cuyo comisión permanente acaba de elegirse por y entre las propias organizaciones.Una medida que emana de las dos leyes andaluzas, referentes a nivel nacional, como son la Ley de los derechos de las personas transexuales de Andalucía y la Ley de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

En este sentido, en el marco de desarrollo de la aplicación de estas normas, la Consejería de Igualdad llevará a cabo este año el III Informe Bienal de la Ley de las personas transexuales de Andalucía, así como el primer Informe Estadístico para la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito Lgtbi, que se presentará en las próximas semanas, como base para la realización de una política pública eficiente en este ámbito.

«A ello se suma el aumento de un 35% de las subvenciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en 2020 respecto a 2018», ha recordado la consejera. Adicionalmente, ha informado de una partida «por valor de más de 446.000 euros para 24 proyectos de asociaciones representativas del colectivo LGTBI e Igualdad de Trato mediante las subvenciones del 0,7% del IRPF de 2020, que también serán objeto de una nueva convocatoria este año y en cuyas nuevas bases reguladoras estamos trabajando», ha señalado.

Finalmente, Ruiz ha informado sobre la intención de clonar en otras provincias la primera casa de acogida para personas del colectivo LGTBI vulnerables que se ha creado en la localidad malagueña de Torremolinos; la decisión del Gobierno andaluz de personarse en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio, que tiene especial incidencia en esta población; o la inclusión en los formularios de la Dirección General de Violencia de Género de la tercera casilla ‘otro’ para su libre utilización fuera de la concepción clásica del binario hombre/mujer, «una reivindicación histórica del colectivo«, ha asegurado.

Así como el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de discriminación de Personas LGTBI en recursos de atención a personas mayores, el primer Protocolo entre el Teléfono de Teleasistencia y la entidad Togayther o la próxima campaña de difusión e información para conmemorar el Día Internacional de Orgullo «bajo la apuesta de seguir visibilizando a este colectivo en nuestra sociedad.

En definitiva, Ruiz se ha referido al conjunto de iniciativas que viene desplegando su departamento desde el inicio de la legislatura como «una política que se puede calificar de integral y activa, así como de hechos constatables con el fin de que los derechos reconocidos en las dos leyes aprobadas por el Parlamento andaluz no queden solo en palabras bien sonantes, sino que sean una realidad. Muestra de ello es la creación de la primera Dirección General de Diversidad para apoyar y visibilizar los problemas de este colectivo, que viene desarrollando un intenso trabajo en colaboración cercana con las asociaciones que trabajan por el colectivo LGTBI y sus familiares».

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha acordado no ratificar la Orden de 2 de junio de 2021 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía por la que se confina el municipio jiennense de Bailén.

En un auto dictado este viernes, la Sala deniega la ratificación solicitada al considerar que la Administración «no ha aportado una motivación suficiente acerca de la eficacia, justificación, necesidad o idoneidad de la medida», según ha informado el propio Tribunal.

Añade en él, además, que «es cierto que estamos en una pandemia y que hay que adoptar medidas para combatirla, pero es claro que tales medidas deben ser conformes con la Constitución, cuya salvaguarda corresponde a los tribunales, así como motivadas, proporcionadas y necesarias, requisitos todos ellos que no concurren en este caso».

En este sentido, ha recordado que este tribunal ya ha fijado un criterio al respecto de los confinamientos de municipios, en tres autos de mayo de 2021, los tres firmes, al no haber sido revocados por el Tribunal Supremo.

«Y tal criterio se puede sintetizar en que la Administración autonómica no puede confinar municipios de forma masiva e indiscriminada, sin motivación suficiente, sin proporcionalidad, y sin acreditar el principio de necesidad, circunstancias estas que no concurren en este caso, al igual que sucedió con Montefrío, lo que obliga a aplicar idéntico criterio por razones de igualdad y seguridad jurídica», expone en el auto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que el artículo 139.2 de la Constitución «no impide que, de forma individual, se pueda limitar la libre circulación, pero sí que impide que tal suspensión de la libre circulación se realice de forma colectiva e indiscriminada, como se pretende con esta Orden autonómica». En este punto, ha puesto de manifiesto que, en este caso concreto, «no estamos ante limitaciones de derechos fundamentales, sino ante una suspensión».

Según ha indicado, la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de Salud Pública, «no ampara la suspensión de derechos fundamentales y así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en la sentencia del día de ayer, 3 de junio de 2021, que expresa que solo son posibles únicamente determinadas limitaciones que estén debidamente motivadas, sean necesarias y proporcionadas».

Además, la Sala señala que, en el día de hoy, la tasa de infección en la localidad de Bailén se ha situado en 934,6 casos por cada 100.000 habitantes, esto es, «por debajo del límite que la propia Administración autonómica considera de alto riesgo, lo que pone de manifiesto la innecesariedad de la medida».

Uno de los tres magistrados que firman el auto -contra el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo- ha anunciado la formulación de un voto particular.

Hace un año, para el Día Mundial del Medio Ambiente de 2020, La Intersindical se movilizaba ‘Por una salida a la crisis sanitaria y socioeconómica, que ponga en el centro la justicia climática y social’, denunciando que la cuestión no era (no es) «volver a la normalidad anterior a la pandemia, puesto que precisamente ese comportamiento con el que nos desenvolvíamos antes del confinamiento fue el principal coadyuvante de la crisis sanitaria, social y económica».

Así, con motivo del día de reivindicación del medioambiente recordábamos que la salida «o debía darse a través de una reformulación del sistema o estaríamos condenando a la humanidad a nuevas crisis sanitarias, al continuar eliminando, día a día, las, cada vez más débiles, barreras de protección natural ante otros patógenos que puedan desarrollar nuevas, y quizás más terroríficas, pandemias; y a nuevas crisis sociales inherentes al modelo socioeconómico imperante».

Un año después, en el Día Mundial del Medio Ambiente de 2021, «podemos decir que nuestra reivindicación es exactamente la misma, con la única diferencia de que estamos saliendo de la crisis pandémica, o por lo menos así nos lo hace pensar el aumento del número de población vacunada y la reducción de la curva COVID», han apuntado.

La perspectiva de avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo que ponga en el centro a las personas, y a la vida, «sigue estando muy lejos de las acciones y propuestas de quienes nos gobiernan. Prueba de ello es la recién aprobada Ley del Cambio Climático y de Transición Energética que, aun siendo un avance respecto de la normativa vigente, sigue siendo insuficiente, marcando para 2030 la reducción de gases efecto invernadero solo en un 23%, mientras que la UE lo fija en, al menos, un 55%, entre otras insuficiencias, muy poca ambición para los objetivos que debemos buscar si queremos evitar el colapso climático, y, por extensión, ambiental y de la Tierra».

Y es que, para La Intersindical «esta Ley de transición, que estamos contestando desde grupos ecologistas y organizaciones sensibles, es uno más de los elementos que deberíamos tener ya activos y con ambiciosas proposiciones para proteger nuestra vida y la de la propia Tierra, pero no el único, es preciso legislar, negociar y consensuar entre gobiernos, empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil un nuevo esquema de relaciones socioeconómicas que se sustenten en un uso razonable de recursos».

Todo ello, apuntan, «con una justa redistribución de la riqueza, donde su reparto a nadie deje por debajo del umbral de la pobreza, al fin y al cabo, esta no se genera sola, o por la sola dirección de las clases dirigentes, sino gracias al concurso, en mayor o menor grado, de todas y cada una de las personas que conformamos la sociedad».

Como último ejemplo de cómo nada cambia en la concepción política y económica que deberíamos poner en marcha para afrontar la salida de esta crisis, y para la prevención de futuras, «tenemos la planificación por la UE del paquete de ayudas europeas Next Generation EU (NGEU), para hacer frente a la crisis COVID, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para optar a ellos, España Puede, remitido por el Gobierno español», explican.

«El primero reproduce el esquema de anteriores crisis económicas, ya que, en un plazo entre corto y medio se deberán devolver las ayudas a los mercados de capital por parte de los estados solicitantes, por tanto, generarán «deuda pública, recortes y austeridad. De hecho una de las condiciones europeas para recibir los fondos europeos es reducir el gasto público en el sistema de pensiones».

El segundo, según afirmans desde La Intersindical, destinará «un ridículo 6% para inclusión social a largo plazo, y apenas un 11% para sostenibilidad ambiental. Más parece un plan pensado para satisfacer la capacidad de acaparar recursos económicos por quienes ostentan ya la mayor posesión de capital y de riqueza».

«Sabemos que los avances en el bien común nunca llegan de la mano de las gentes poderosas, nunca caen solos, sino fruto del esfuerzo y de la presión de todas las personas que creen necesarios esos cambios y trabajan por ello. Por eso, te animamos a que te sumes a las reivindicaciones y a las campañas para exigir al gobierno que impulse, negocie y adopte las medidas necesarias para iniciar esa transformación a una nueva normalidad creada sobre la justicia social con justicia climática», concluyen.

Los cursos de verano de Olavide en Carmona contarán con debates sobre la educación en igualdad

‘Educar para la igualdad. El único camino’ es el título del curso de verano que la sede Olavide en Carmona organizará entre el 5 y el 7 de julio en modalidad ‘online’ y presencial en la casa palacio de los Briones.

En una nota de prensa, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha explicado que dicho curso estará dirigido por la catedrática de Química Inorgánica, Adela Muñoz, la profesora de Derecho Constitucional, Blanca Rodríguez –ambas de la Universidad de Sevilla– y la periodista y escritora Mercedes de Pablos.

Según la UPO, «el pilar fundamental para sentar las bases de una sociedad igualitaria es la educación, entendida en un sentido amplio. Inicialmente se educa en la familia y posteriormente en los centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, pero también se educa con la literatura y a través de los medios de comunicación. En este seminario se reunirán todos los agentes sociales implicados en la educación para debatir «sobre la forma más eficaz de alcanzar la igualdad».

Articulado a través de conferencias, debates y presentaciones, en la inauguración del curso intervendrá la ministra de Educación, Isabel Celaá, mientras que la clausura correrá a cargo de la directora de la cadena SER, Montserrat Domínguez, y la periodista de eldiario.es Esther Palomera quienes serán presentadas por la abogada Amparo Rubiales.

Asimismo intervendrán la catedrática de Sociología y Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y de Sociología, María Ángeles Durán, quien disertará sobre la educación como motor de cambio; la escritora científica Clara Grima, que participará en un debate sobre los retos de la adolescencia o la exsecretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo.

La UPO ha señalado que «entre los temas que se abordarán en este curso se encuentran la asignatura pendiente de la igualdad, la lucha de las mujeres por el derecho a la educación, el desafío de la educación desde Primaria o qué entiende el cerebro cuando usamos el masculino genérico».

Asimismo, en el transcurso del seminario se realizarán diversos actos, entre los que destacan las presentaciones de la colección ‘Las invisibles’, de la escritora María Teresa León, y de la campaña #NoMoreMatildas.

Este curso está patrocinado por la Diputación de Sevilla, la Fundación Cajasol y el Instituto Andaluz de la Mujer y cuenta con la colaboración de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura ‘Clásicas y modernas’.

Fundación SERES y Marsh han advertido del incremento de las brechas sociales durante la presentación de la 16ª edición del informe ‘Global Risks Report 2021’ ante el resto de las empresas socias de la Fundación SERES. El estudio ha sido elaborado por el Foro Económico Mundial, con la colaboración de Marsh McLennan.

En el encuentro se ha puesto el acento en la evaluación de los riesgos sociales y ha contado con la participación de representantes de ambas organizaciones: Francisco Román, presidente de Fundación SERES; Álvaro Milans del Bosch, CEO de Marsh Iberia y chairman de Marsh Mclennan España y José María Carulla, managing director de Marsh España.

Además, la sesión ha contado con la perspectiva de riesgos sectoriales compartida en una mesa redonda en la que han intervenido Rocío Fernández, Chief Risk & Compliance Officer de Altamar, Carlos Ruiz, director de sostenibilidad de Enagás y Juan José Botella, Jefe de Área de Control Económico de Ebro Foods.

El estudio revela que los riesgos medioambientales y enfermedades infecciosas copan la lista de riesgos globales por probabilidad de ocurrencia en los próximos 10 y 5 años, respectivamente. En esta lista también se clasifican riesgos tecnológicos, sociales y geopolíticos, como la concentración del poder digital, la desigualdad digital, la fractura de las relaciones entre estados, el fracaso en la ciberseguridad y la crisis de empleo e ingresos de las personas.

«En Fundación SERES ponemos el foco en la transformación de las empresas para que, a la vez que aumentan su valor, generen un impacto social positivo. Movilizamos a las empresas y a sus líderes para que construyan una realidad mejor. El estudio contempla los riesgos sociales como retos importantes que será necesario encarar en los próximos años, porque estamos en un momento crucial para reconstruir la confianza y generar oportunidades sin dejar a nadie atrás», ha destacado Román.

«La pandemia, primero y la crisis económica derivada de ella, después, han evidenciado aún más la necesidad de aplicar una visión a largo plazo, un liderazgo responsable y entenderlo como factores estratégicos en las compañías. Es el momento de las empresas socialmente comprometidas» ha apostillado.

Por su parte, Álvaro Milans del Bosch, CEO de Marsh Iberia y Chairman de Marsh McLennan España, ha indicado que «este informe desde sus inicios clasifica los riesgos en 5 categorías: sociales, medioambientales, geopolíticos, tecnológicos y económicos. Diferentes métricas según la probabilidad e impacto, en un horizonte que ocupa desde el corto/ medio plazo al largo».

El máximo responsable de Marsh ha añadido que «esta investigación advierte de las amenazas a las que el mundo, las empresas y la sociedad en su conjunto se enfrentarán en las próximas décadas. El estudio incluye además una perspectiva social, muy en línea con el trabajo de la Fundación SERES, con ciertas indicaciones para gestionar mejor o mitigar el impacto social que ha provocado la COVID-19».

Mientras, José María Carulla, managing director de Marsh España y portavoz del informe, ha subrayado que «las conclusiones del informe invitan a que la sociedad, las empresas, las instituciones, gobiernos y organismos internacionales colaboremos y motivemos una recuperación basada en la inversión en una economía verde e inclusiva, con medidas a corto plazo que protejan la salud y la educación, generen empleo y fomenten la seguridad en redes sociales.

Carulla ha añadido que «los peligros más inminentes para el mundo en el corto plazo son las enfermedades infecciosas, la crisis del empleo, los fenómenos meteorológicos extremos, los fallos o la falta de ciberseguridad y la desigualdad digital». «Empresas, gobiernos y sociedad debemos anticiparnos para prevenir crisis y no reaccionar cuando ya han ocurrido», concluye.

«En Fundación SERES trabajamos para que las empresas tengan en cuenta los riesgos y también las oportunidades. Llevamos ya 12 años movilizando a las compañías en la identificación de los aspectos que la sociedad necesita para crear un liderazgo claro por parte de ellas en relación con las soluciones que la sociedad del momento requiere», ha afirmado la subdirectora general de Fundación SERES, Lucila García.

En la presentación de este informe se han conocido también los riesgos que identifican como fundamentales para el desarrollo de su actividad en compañías como Altamar, Enagás o Grupo Ebro Foods. «Las entidades financieras tenemos un papel muy relevante en la construcción de un sistema que respalde el crecimiento sostenible. Además, tenemos identificados riesgos económicos, como los relacionados con el endeudamiento, tanto en términos absolutos como relativos, así como los derivados del incremento de la inflación», ha señalado Rocío Fernández, Chief Risk & Compliance Officer de Altamar.

«Identificamos también oportunidades valiosas desde el punto de vista social. Esta pandemia ha generado mucha desigualdad. El estado de bienestar necesita una mayor inversión privada como palanca para la recuperación económica. Ya estamos viendo una parte de la inversión pública destinada a movilizar recursos privados para construir, por ejemplo, infraestructuras, y así generar empleos duraderos», ha compartido Fernández.

En el sector energético, Carlos Ruiz, director de sostenibilidad de Enagás, ha incidido en que uno de los mayores riesgos está asociado a las políticas de acción climática y cambios regulatorios. «Otro de los desafíos principales del sector está vinculado al desarrollo de infraestructuras tecnológicas», ha indicado.

Además, el directivo de Enagás, ha destacado el riesgo reputacional como otro desafío al que se enfrenta, en general, el tejido empresarial: «todas las empresas, y en particular las energéticas, están sujetas al escrutinio público y hemos de ser conscientes de la importancia creciente que tienen los asuntos relacionados con la sostenibilidad en la percepción de nuestros clientes, accionistas e inversores y en su impacto en la creación de valor de la compañías en el corto, medio y largo plazo».

Por último, Juan José Botella, Jefe de Área de Control Económico de Ebro Foods, también incide en la necesidad de poner freno al cambio climático y al impacto medioambiental como uno de los desafíos más acuciantes para su sector. «Otros asuntos críticos relacionados con nuestra actividad están relacionados con la ciberseguridad y la obtención de materias primas. Estas últimas están localizadas en instalaciones de países donde sí que existen ciertos riesgos geopolíticos», destaca.

El Foro de la Profesión Médica considera «insuficientes» las propuestas del Ministerio de Sanidad para la elección de plazas de médico interno residente (MIR) pero ha valorado la propuesta de «diálogo» para la solución del conflicto.

Los representantes de las organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica se han reunido de manera telemática este viernes con la ministra, Carolina Darias, y otros cargos del Ministerio de Sanidad para abordar el proceso de elección de plazas de formación sanitaria especializada que «ha generado el rechazo unánime de toda la profesión al carecer de las garantías necesarias que se habían mantenido hasta esta convocatoria».

A través de un comunicado, el Foro lamenta que «se haya tenido que llegar a esta situación de conflicto para tener una primera reunión con el ministerio y sentarse a dialogar en busca de una solución consensuada». Para los representantes de los médicos, las propuestas de Sanidad este viernes, que incluyen incluso el cambio de la propia Resolución de la convocatoria, «demuestran una ya denunciada previamente inmadurez del procedimiento de adjudicación».

«Estas mejoras, que Sanidad se ha comprometido a trasladar por escrito posteriormente, deberán ser valoradas con detenimiento pero inicialmente son claramente insuficientes para los afectados, por lo que el Foro sigue defendiendo una elección en tiempo real que permita asegurar todos los derechos de los futuros especialistas y que resulta realmente factible dadas las modificaciones que los responsables ministeriales están introduciendo en el proceso», reivindican.

Según el Foro de la Profesión Médica, uno de los argumentos esgrimidos por Sanidad para rechazar la elección en tiempo real es que «esta opción dilataría el proceso y se retrasaría la incorporación de los residentes más allá de junio», algo que desde el Foro no comparten al considerar que «el retraso en la incorporación no es un problema, sino que lo importante es que se haga en una plaza elegida en las mejores condiciones».

En cualquier caso, los miembros del Foro valoran la «voluntad» de Sanidad por ofrecer mejoras en el sistema, pero no consideran las últimas propuestas como «válidas, puesto que siguen sin satisfacer las demandas de los afectados por esta elección de plazas de formación sanitaria especializada».

El Foro de la Profesión Médica está conformado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Luis García-Berlanga (1921-2010) sonriendo a Elia Kazan, haciendo las paces con Juan Antonio Bardem, enganchado por un ataque de lumbago, bromeando al recibir un premio y otras escenas capturadas por el fotógrafo José García Poveda, El Flaco, descubren el lado «más poliédrico» del cineasta, y en ocasiones «el más gamberro», en una exposición del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM).

«Berlanga no se termina nunca», han coincidido en la presentación de la muestra El Flaco, el director del MuVIM, Rafael Company, y el responsable de exposiciones del museo, Amador Griñó. Es por ello que la la propuesta ‘Berlanga por El Flaco’ amplía la exposición sobre el cineasta con motivo del centenario de su nacimiento y del año que lo homenajea, para poder ofrecer desde este viernes y hasta el 19 de septiembre una mirada «diferente»,

En ella, ha explicado Company, «uno de los fotógrafos indisociables de la realidad valenciana» refleja «centenares de caras del Berlanga más poliédrico». En ese sentido, en palabras de Griñó, la exposición no solo retrata al cineasta, sino que es una oportunidad de «reencontrarnos con obras del arte casi alquímico que era la fotografía analógica».

El Flaco retrató el paso por la Comunitat del director desde los años 80 hasta su muerte, en diferentes eventos y ocasiones, y entabló con él una «buena relación». «Siempre que le pedía algo me posaba», ha explicado, que recuerda al cineasta como «un tipo que se hacía querer».

Empezó a buscar material cuando Berlanga murió y se le rindió homenaje en la Mostra de València, buceando entre los cerca de 200 negativos que había capturado durante décadas, muchas de ellas imágenes robadas. Cuando escogió sus momentos preferidos del artista, los completó con frases suyas y diferentes pasajes de libros y prensa.

LA HISTORIA DETRÁS DEL RETRATO

Muchas de esas imágenes esconden detrás historias de las que El Flaco habla con cariño, como la elegida para el cartel de la muestra, donde Berlanga acerca el premio Turia a su oreja como si colgase de ella. El galardón «era un peso de tres kilos», ha detallado, y Berlanga no pudo recogerlo en la entrega, así que se el equipo de Cartelera Turia se reunió después con Berlanga en el Astoria para dárselo. «Le llevé el peso y dijo ‘¿esto qué es?, ¿para ponérmelo de pendiente?'», ha relatado.

Otra de sus fotografías favoritas de la exposición data de 1994, en un evento en la Filmoteca de València en el que Berlanga y Juan Antonio Bardem posan juntos sonrientes, años después de dirigir juntos ‘Esa pareja feliz’ y de enemistarse. «Estaban peleados» y coincidieron en ese evento, ha explicado el fotógrafo, pero cuando se vieron «estaban contentos de encontrarse». El Flaco titula la instantánea: ‘Berlanga hace las paces con Bardem’.

También capturó, como se puede ver en la exposición, el final de rodaje de ‘París-Tombuctú, con Berlanga «sentado bromeando sobre la bicicleta». Una secuencia de fotografías que acaba con el cineasta riendo. «Se quedó enganchado, le dio lumbago», ha recordado El Flaco.

Otras de las instantáneas de El Flaco muestran a Berlanga visitando la falla Na Jordana, disfrutando de una sobremesa, participando en La Mostra y rodeándose de muchas personalidades tan diferentes como Elia Kazan, Marco Ferreri, Rafael Azcona, Miguel Picazo, Rita Barberá, Amparo Soler, Bárbara Gandia y Francis Montesinos.

El Flaco acompaña estos momentos con citas y pasajes que recuerdan el ingenio mordaz del cineasta, como el de Saza en ‘Todos a la cárcel’: «¿Sabéis lo que os digo? Que se vaya todo al carajo, la empresa, la familia y el país entero. ¡Que os den morcilla!».

E incluye palabras del propio Berlanga: «Yo he dicho siempre que esta sociedad es una mierda pero, por desgracia, mi cine y yo navegamos en el barco de esta sociedad. Puede que no sepa dar un golpe de timón a este barco, pero por si acaso, lo que hago es mear siempre en el mismo sitio, a ver si consigo abrir un agujero por el que se termine hundiendo el barco».

El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidadespañola en el año 2020 alcanzó las 126.164 personas, una cifra que supone un aumento de un 27,5%, con respecto al año anterior, pero que, además, es la cifra más alta desde 2016.

Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha hecho públicos este viernes estos datos del año pasado, que son provisionales.

En el histórico de cifras que recoge en esta materia, desde 2013, el INE destaca cómo entre ese año y 2015 se produjo un descenso paulatino de la concesión de nacionalidades en el país. Así, de las 225.793 que se concedieron en 2013, se pasaron a las 205.880 en 2014, las 114.351 en 2015.

En 2016, esta cifra se elevó hasta casi alcanzar las 151.000, alcanzando el pico más alto de los últimos años, ya que un año más tarde, en 2017, la adquisición de la nacionalidad cayó hasta las 66.498. En 2018 se contabilizaron 90.774 y en 2019 98.954. En 2020, tal y como recoge el INE, esta cifra vuelve a superar las 100.000.

MARROQUÍES, LOS MÁS NACIONALIZADOS

Por nacionalidades, el origen más frecuentes fue Marruecos (28.258), Colombia (9.010) y Ecuador (8.328). Sin embargo, el país de nacimiento más frecuente en las adquisiciones de nacionalidad española fue España, con 26.407 casos. El INE apunta que, en su mayoría eran niños (el 81,4%, menores de 10 años).

Entre los nacidos fuera de España, por su parte, el país de nacimiento más frecuente fue Marruecos, con 13.047 adquisiciones de nacionalidad.

Por sexo, las mujeres son mayoría, ya que suponen el 53,2% de las personas nacionalizadas el año pasado. En cuanto al perfil, los ciudadanos situados entre 30 y 39 años han constituido el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de nacionalidad española, seguido de cerca del grupo de 40 a 49 años.

POR AUTONOMÍAS

El INE destaca, igualmente, que Cataluña (con 34.924 casos) y Comunidad de Madrid (con 25.284) concentraron el 47,7% de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2020. Por su parte, Extremadura (574) y La Rioja (841) fueron las comunidades autónomas con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.

Si se compara con la población extranjera residente al inicio del año 2020, las mayores intensidades del fenómeno de adquisición de nacionalidad se dieron en las comunidades autónomas de País Vasco (el 4,3% de los extranjeros adquirió la nacionalidad española), Región de Murcia (3,5%) y Cataluña (3,2%). Los menores porcentajes se han registrado, por su parte, entre los extranjeros residentes en Canarias (1,5%), Baleares (1,6%) y Andalucía (1,6%).

Finalmente y, sobre el modo de adquisición de nacionalidad española, el Instituto señala que el 111.219 casos fueron por residencia y 14.774 por opción. Esta última modalidad, indica el INE, se dio sobre todo en los menores de 20 años, de hecho el 94,7% del total de adquisiciones a esta edad fue por opción.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha puesto en marcha un proyecto para integrar los avisos meteorológicos del Plan Meteoalerta y los del sistema de alertas del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Así lo ha dado a conocer este viernes el departamento que dirige Teresa Ribera, que ha apuntado que el Plan Meteoalerta de AEMET emite avisos de fenómenos meteorológicos adversos hasta 72 horas antes de que se produzcan.

Por otro lado, ha destacado que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con la propia AEMET, lleva desarrollando desde el año 2004 el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud. «Este sistema de alertas, activo entre el 1 de junio y el 15 de septiembre, busca reducir el impacto de las altas temperaturas en la salud de la población», ha indicado.

Desde hace unos meses, AEMET ha iniciado una serie de actuaciones para integrar ambos planes. En este sentido, una de las novedades presentadas es la modificación de los criterios para emitir los Avisos Especiales de Ola de Calor del Plan Meteoalerta, que a partir de ahora tendrán en cuenta los niveles de riesgo de persistencia establecidos en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud.

Además, el Ministerio ha puesto el acento en que las alertas especiales contendrán un nuevo apartado denominado ‘Niveles de riesgo sobre la salud’, un epígrafe que incluirá un mapa del riesgo en cada territorio, elaborado por Sanidad. «La emisión del aviso especial por ola de calor coincidirá con episodios con valores significativamente elevados de los niveles de riesgo del Plan del Ministerio de Sanidad», ha señalado.

También se integrará en la página web de AEMET la información del Ministerio de Sanidad a través de varias vías: mediante un enlace al mapa de niveles de riesgo del Ministerio de Sanidad; en el apartado ‘Efectos de las altas temperaturas’, que contendrá información detallada acerca de este impacto, y mediante una sección dentro del menú de Destacados.

UN SISTEMA MULTIRRIESGO BASADO EN IMPACTOS

Asimismo, AEMET ha apuntado que trabaja para implementar nuevas acciones de forma progresiva y ha avanzado que entre las próximas actuaciones destacan la orientación a impactos del sistema de avisos del Plan Meteoalerta y, en particular, los de temperaturas extremas.

«El objetivo es realizar una transición desde el actual sistema de alertas, centrado en la superación de umbrales, por otro fundamentado en la predicción y los avisos multirriesgo basado en impactos, según lo previsto en la Estrategia de Prestación de Servicios y su Plan de ejecución y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030″, ha subrayado.

Finalmente, ha explicado que «este tipo de actuaciones requieren de la cooperación de organismos públicos» como el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III (Madrid) o los servicios de Protección Civil, grandes conocedores de los impactos meteorológicos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado este viernes la labor de toda la comunidad educativa, en lo que ha incluido «profesores, personal no docente, alumnos y familias», para afrontar el curso «más difícil» de la historia de Galicia debido a la pandemia de la covid-19.

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la XIII jornada de los Clubs de Lectura, celebrada en el Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, donde también ha reivindicado el papel de las bibliotecas escolares y el apoyo brindado por parte del Gobierno gallego a sus iniciativas.

El presidente de la Xunta ha hecho un balance positivo del curso escolar que acabará este mes de junio, ya que se mantuvo la presencialidad «desde el primer día» a pesar de algún brote «concreto». La adaptación a la actual situación requirió una dotación económica adicional de 162 millones de euros para, entre otras cuestiones, reforzar la limpieza y el servicio de comedor de los centros, proveer de mascarillas higiénicas e implementar las medidas contra la covid.

Asimismo, se ha referido a la puesta en marcha de un plan de enseñanza virtual, que permitió continuar las clases a distancia si la pandemia lo exigía y que alcanzó las 35.000 personas conectadas.

Junto a todo ello, Feijóo ha garantizado que su gobierno continuará «desarrollando en el próximo curso nuevas actuaciones», como el ‘Plan Recupera’ y el ‘Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica’, con un «nuevo modelo» de colegios e institutos en la etapa poscovid.

CLUBS DE LECTURA

Sobre los clubs de lectura, ha agradecido la «implicación» de los docentes para que en el actual año escolar participasen, a pesar de la pandemia, 233 centros educativos y 10.100 alumnos tanto en la modalidad ‘online’ como presencial.

Asimismo, ha garantizado el «apoyo» de la Xunta a la promoción de estas actividades, con las que lleva «años» reforzando el papel de las bibliotecas como «espacio de encuentro cultural y de conocimiento».

De hecho, según cifras de la Administración autonómica, desde la puesta en marcha de estos clubs en 2010 se multiplicó por cuatro la frecuencia de visitas a la biblioteca: el 87 por ciento de los niños de Primaria y el 50 por ciento de Secundaria reconoce que acude a este espacio por lo menos una vez por semana.

De cara al futuro, el presidente gallego ha avanzado que el ‘Plan Lía’ contará con un presupuesto global de tres millones de euros para convertir a las bibliotecas «en espacios de convivencia» en el que los alumnos también puedan iniciarse en campos como la robótica, la programación y la radio.

EVA MEJUTO, GALARDONADA

Durante este evento, Feijóo ha hecho entrega del Premio Clubs de Lectura 2021 a la escritora y periodista de profesión Eva Mejuto –Sanxenxo (Pontevedra), 1975– por haber sido la autora más leída en los clubs de lectura participantes en la convocatoria de este año de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

«No hay premio que más preste a una escritora que el que da el público lector», ha valorado la galardonada, en un discurso de agradecimiento en el que también ha confesado ser «lectora voraz» desde su adolescencia: «Las bibliotecas siempre fueron para mí un cobijo, un lugar seguro».

La eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Parlamento europeo, Sira Rego, ha pedido este viernes, en una visita a la frontera de Behobia en Irún (Guipúzcoa), un «cambio del pacto migratorio» porque «no podemos continuar en Europa soportando una política que da la espalda a los Derechos Humanos (DDHH)».

Rego se ha desplazado a la localidad fronteriza, acompañada de lacoordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, delparlamentario y secretario de organización, Íñigo Martínez, y el delegado de Educación, Juventud, Cooperación y Memoria Democrática y concejal de Ezker Anitza-IU en el Ayuntamiento irundarra, Santi Jiménez, para conocer de primera mano la situación de las personas migrantes en tránsito hacia el norte de Europa que se encuentran en Irún a la espera de poder cruzar la frontera francesa.

«Desde nuestro grupo en el Parlamento Europeo estamos realizando un trabajo de denuncia de cómo afectan las políticas migratorias de la Unión Europea (UE) en las fronteras exteriores porque se están dando unas situaciones de gran sufrimiento humanitario», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que recientemente en la localidad guipuzcoana una persona se ha ahogado intentando cruzar el ríoBidasoa hacia Francia «por la aplicación directa de los controles raciales que está llevando a cabo la policía francesa».

La eurodiputada de Izquierda Unida ha hecho un recorrido, junto a miembros de Cruz Roja, por los distintos recursos de acogida activados en Irún desde que el pasado mes de marzo se incrementara la llegada de personas migrantes, algunas menores de edad.

En este contexto, ha afirmado que «lo que está pasando en Irún nosucedería si se activara de verdad un reparto vinculante y solidario de personas migrantes entre todos los estados de la Unión Europea y si se activara un corredor seguro para que las personas migrantes puedan llegar a los distintos países de una forma ordena para realizar un nuevo proyecto de vida más seguro y digno».

También ha recordado que el Parlamento Europeo tiene abierto el debate de la nueva política migratoria que «está atravesada por la agenda de la ultraderecha» y, por ello, «es el momento de poner voz a lo que está sucediendo en las fronteras exteriores e interiores de los países para condicionar este debate y plantear propuestas alternativas desde la izquierda que resuelvan el problema migratorio».

Rego se reunió este pasado jueves en Irún con colectivos y ONGs que trabajan en favor de los derechos de las personas migrantes para presentar la Propuesta Alternativa que está trabajando la Izquierda Europea frente a «la actual agenda europea que lo único que va a hacer es incrementar los problemas y la vulnerabilidad de las personas migrantes».

«SITUACIONES SANGRANTES»

Por su parte, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha denunciado «las situaciones sangrantes que están generando las políticas erróneas de la Unión Europea» y que provocan un «enorme sufrimiento añadido a personas que se ven obligadas a dejar sus países y sus familias para buscar una vida mejor».

Además, Isabel Salud ha aseverado que «este sufrimiento es evitable porque hoy en día hay recursos suficientes para que todos llevemos una vida digna».

Cáritas atendió en 2020 a un total de 13.096 personas en Vizcaya en 245 proyectos, el 55% de las cuales eran mujeres y el 39% llegaron por primera vez a la organización.

En este sentido, han asegurado que el «parón económico que se produce en 2020» como consecuencia de la pandemia «y que todavía no se ha reenganchado, ha arrojado a la pobreza a personas que antes ya vivían en la precariedad» y ha hecho que «personas que no necesitan de Cáritas, ni siquiera de servicios sociales, de la noche a la mañana» han tenido que estar «en circuitos de Cáritas».

Cáritas Vizcaya destinó un total de 14.462.000 euros al desarrollo de proyectos de lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Territorio, realizó una inversión social en ayudas económicas directas por valor de 3,2 millones de euros y se marca como objetivo generar en 2021 una nueva dotación de un fondo de emergencia de 2,5 millones de euros para responder a las consecuencias sociales del covid-19 a corto y medio plazo.

La organización ha presentado este vienes la Memoria Anual 2020, cuyo objetivo es dar a conocer los datos más significativos de la intervención de Caritas Vizcaya durante 2020, reflejo de la situación en la que se encontraron las personas acompañadas durante ese período marcado por la pandemia.

En la rueda de prensa en Bilbao han tomado parte el director de Cáritas Vizcaya, Carlos Bargos, y Ana Sofi Telletxea, responsable del departamento de Análisis y Desarrollo de la organización.

Esta última ha indicado que las personas nuevas que han acudido en el caso de Cáritas Bizkaia, auque la perspectiva es compartida con Cáritas Álava y Gipuzkoa, es el «factor de exclusión que ha tenido la economía informal y el empleo precario.

En ese sentido, ha asegurado que «ese parón económico y laboral que se produce en 2020 y que todavía no se ha reenganchado ha arrojado a la pobreza a personas que antes ya vivían en la precariedad». Según ha dicho, «la pérdida no es progresiva, es de golpe» de tal forma que se ha pasado «de una integración precaria, de personas que no necesitan de Cáritas, ni siquiera de servicios sociales, a «de la noche a la mañana, tener que estar en circuitos de Cáritas».

«LLOVER SOBRE MOJADO»

Junto a ello, según ha dicho, en los colectivos «de siempre» atendidos por la organización, han aparecido «nuevas necesidades y nuevas realidades, pero que se suman, es un llover sobre mojado» y a su juicio, «la acumulación y el mantenimiento en el tiempo de las situaciones de precariedad genera mayor gravedad y hace más daño que la sola suma de los factores».

Ha asegurado también que el 39% de personas que han acudido por primera vez a Cáritas sigue estando en esa situación, porque la «irrupción en situaciones de necesidad se produce muy rápidamente y la salida es muy lenta» por lo que esas personas continúan en los circuitos de la organización católica y «puede ser una relación intermitente, de entrada y salida, en la medida en que no se estabilicen los factores de integración más habituales», como son protección social y empleo y vivienda».

Por su parte, Bargos ha recordado que la Memoria Anual 2020 se presenta en el marco de la Semana de la Caridad, en la que según ha dicho, se reconoce cada año el «papel fundamental del voluntariado» y que incluye en Cáritas Vizcaya a más de 2.000 personas.

INTERVENCIÓN «PERSONA A PERSONA»

Ha indicado también que la intervención de la organización el pasado año ha sido «tan distinta», tan «condicionada por la situación de pandemia, que no es posible y no es recomendable hacer una comparativa respecto de otros años», porque se ha producido una intervención «muy individualizada, persona a persona».

Según ha dicho, en marzo de 2020, Cáritas se encontró con «miles de personas y familias desprotegidas, muchas procedentes de la economía informal, que, de un día para otro se quedan sin trabajo, sin recursos y sin protección» y «muchas de ellas sin derecho a cuenta bancaria» y acuñó el lema de «La solidaridad no cierra».

Los datos de la memoria indican, ha informado Telletxea, que en Cáritas Euskadi a los largo de 2020, se ha acompañado a 27.600 personas, de las cuales, prácticamente el 60% fueron mujeres, con una inversión económica de casi siete millones de euros y con «el apoyo y el compromiso» de 3.666 voluntarios.

Del total de 27.600 personas atendidas a nivel de Euskadi, 13.096 fueron las acompañadas en Cáritas Vizcaya, el 55% de ellas fueron mujeres y de ellas un 39% eran personas que «llegaron por primera vez a Cáritas en 2020». Ha indicado también que el trabajo desarrollado por la organización ha sido «integral», con distintas áreas de actuación como la acogida integral, el acompañamiento y atención a personas sin hogar o el empleo y la economía solidaria.

La inversión total realizada por Caritas Vizcaya en proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión en Vizcaya en 2020 ha sido de 14,4 millones de euros que han sido destinados principalmente al área de Personas Sin Hogar (2,7 millones de euros); al área de acogida integral (3,6 millones) y al área de empleo y economía solidaria (1,7 millones).

La entidad ha agradecido la participación «comprometida y desinteresada de 1.922 personas voluntarias» (80% mujeres) con 156 nuevas incorporaciones y la colaboración económica de la sociedad vizcaína, representada por 5.248 personas socias y colaboradoras (51% mujeres).

Los hogares unipersonales atendidos han sido el 29,91%, mientras que los hogares monoparentales han sido el 20,60%. Por su parte, la realidad de familias con menores encabezadas por mujeres está muy presente y en 2020, un total de 6.267 personas acompañadas pertenecían a familias con menores, de las cuales, un 43% eran familias monoparentales principalmente encabezadas por una mujer.

MENORES

La acción de Caritas llegó además a 3.224 menores (41% mujeres) y a 1.432 jóvenes (49% mujeres), lo que sitúa en un 35% el porcentaje de las personas acompañadas en 2020 que eran menores de 25 años.

Junto a ello, el 59% de las personas acompañadas eran en 2020 por Cáritas Vizcaya eran personas autóctonas y personas migrantes en situación regularizada.

Por su parte, 6.448 personas fueron acompañadas en los 79 puntos de acogida integral distribuidos en Vizcaya y de ellas, el 82,19% fueron apoyadas con ayudas económicas para alimentación y subsistencia y el 28,97% para apoyo relacionado con la vivienda.

Además, Cáritas atendió a 1.649 personas sin hogar, de las que un 17% fueron mujeres, 147 jóvenes en situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión.

Del mismo modo, 523 menores reciben apoyo socio-educativo y 454 padres y madres son asesoradas para el desempeño de la tarea educativa con sus hijos.

En el caso de los mayores y a sus familias, se acompañó a 415 personas ancianas (79% mujeres) y a 94 familiares cuidadores, al tiempo que también se acompañó en el acceso a un empleo digno a 2.342 personas (66% mujeres) y fueron 1.619 las personas atendidas en los servicios de intermediación laboral que lograron insertarse laboralmente en el mercado de trabajo.

Los responsables de Cáritas han asegurado que los «retos sociales y económicos» que la situación de crisis sanitaria deja son la «apuesta por empleos decentes», y la erradicación de la pobreza, así como abordar el problema de la vivienda «entendiéndola como un derecho para la vida digna y no como un bien exclusivamente mercantil» o reforzar las redes comunitarias.

Por ello, han defendido el derecho de todas las personas a disponer de una cuenta bancaria básica, así como a la inclusión digital, a fin de superar la brecha digital.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este viernes que está dispuesta a «convencer» al gobierno británico para que autorice los viajes a España en función de la situación epidemiológica por comunidades autónomas, tras su decisión de no incluir al país como destino ‘verde’.

Maroto ha apuntado a la elevada incidencia acumulada de algunas regiones de España y a la «prudencia» de Reino Unido por la variante india como causas de esta negativa, aunque ha confiado que en la próxima revisión de destinos haya «buenos resultados» para la reapertura del mercado británico.

«Tenemos que seguir bajando la incidencia acumulada del conjunto España. Somos un destino seguro y estamos en Benidorm, Benidorm es un destino seguro», ha alentado a los periodistas tras el Digital Tourist 2021 celebrado en la ciudad alicantina, destino por excelencia para los británicos.

Para conseguirlo, ha confiado en la aceleración de la vacunación hasta lograr la inmunidad de rebaño a finales de verano y en la apertura de España «al mundo» a partir de este lunes 7, cuando se permitirá la entrada de viajeros vacunados de fuera de la Unión Europea.

La titular de Turismo ha lamentado que llevan semanas «intentando» que Reino Unido reconsidere valorar los viajes por CCAA y ha destacado que la Comunitat Valenciana «aporta unos índices de confianza excelentes para el mercado británico» al llevar meses con la incidencia acumulada más baja. También ha señalado que los datos del virus se regionalizan en la UE y es algo «perfectamente trasladable», así como que la información de contagios es «muy transparente».

Aunque ha reconocido que la decisión de Reino Unido «penaliza» a la CCAA con mejor situación del virus, ha defendido que están «muy preocupados» por la cepa hindú y que por eso sacaron a Portugal del ‘semáforo verde’. No ha querido entrar en si esta decisión tenía que ver con que equipos ingleses jugaban allí la final de la Champions.

«Somos un país seguro donde los británicos pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones después de meses de encierro», ha reivindicado, confiando en que este mercado continuará como principal emisor. «Lo tenemos muy claro. Tenemos que mejorar nuestra situación epidemiológica para que nos abra», ha insistido tras recordar que España permite los viajes desde allí desde el lunes aunque «no se dan las condiciones por las cuarentenas impuestas por Reino Unido».

FIDELIZAR OTROS MERCADOS

En todo caso, ha asegurado que respetan la negativa del gobierno británico y ha remarcado que es un «problema relativo» porque España quiere fidelizar mercados más lejanos para desestacionalizar el turismo y «recolocar otros productos» como el Xacobeo 2021. Ha defendido que el turismo español está preparado para el «reto» de explorar otros mercados menos vacacionales como Asia, Estados Unidos o Latinoamérica, con el objetivo de lograr una oferta de mayor calidad y más diversificada.

Y ha justificado la recepción de visitantes de otros continentes porque si los europeos son «bienvenidos a España, cómo no lo van a ser los de fuera». «No hay una carrera por abrir el destino y dar pasos atrás, hemos sido muy prudentes, abriendo más tarde que Grecia, Italia o Portugal», ha aseverado, porque cree que se dan las condiciones para hacerlo con casi diez millones de vacunados con la pauta completa.

Pero ha hecho notar que hay comunidades autónomas en «situación de riesgo» y que no es momento de «relajarse», ya que cree que el objetivo óptimo serían 25 casos por cada 100.000 habitantes.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido hoy a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que permita «trabajar a las comunidades autónomas en el marco de sus competencias» y deje de «hundir la economía con medidas que no son eficaces».

En rueda de prensa sobre otro asunto en Logroño, Gamarra ha creído que «el Ministerio de Sanidad se ha convertido en el Ministerio del caos y el desconcierto en la gestión de la desescalada de la pandemia».

Ha considerado que el Gobierno central «después de haber abandonado la gestión de la lucha contra la Covid-19, ahora invade competencias de las comunidades con una serie de medidas que no comparten».

En relación a las últimas medidas acordadas en el Consejo Interterritorial ha acusado a la ministra Darias: «Ni come ni deja comer y, en este momento, además, invade competencias a las comunidades autónomas con medidas que muchas de ellas no están dispuestas a aceptarlas».

En este sentido, ha advertido al Gobierno central de que «el enemigo es el virus» y no las comunidades autónomas, por lo que le ha exigido que «les deje hacer y no interfiera en su gestión».

Ha reiterado la necesidad de contar con una legislación para dar un marco de estabilidad y certidumbre. No se puede imponer, ahora, a las comunidades que hagan algo diferente a lo que están haciendo», ha dicho al tiempo que ha creído que hay que pensar en «salvar la economía.

Le ha acusado de poner en marcha medidas que «atacan al sector servicios y al sector de la hostelería y, por tanto, del turismo».

A este respecto le ha pedido trabajar para que «esos británicos que vienen a nuestro país, y son fundamentales para la recuperación económica, se conviertan en la prioridad de un gobierno que tiene que trabajar en ese sentido».

Ha visto que si la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, «hace seguidismo del Gobierno central, con el único objetivo de no enfadar a Pedro Sánchez, estará perjudicando la economía».

Ha informado de que, desde el PP, se ha pedido la comparecencia urgente de la ministra Darias para que «de explicaciones sobre el caos que acaba de generar». También, se le preguntará si tiene prevista «alguna medida real contra la pandemia».

Un total de 6.417 aspirantes han sido convocados mañana para realizar la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado, correspondiente al año 2021, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales. Los convocados realizarán la prueba vía telemática, de forma sincronizada, a través de la plataforma AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Según ha precisado Justicia, la plataforma ya ha sido testada en un ensayo en el que se simuló el tiempo real del examen y ha sido puesta a disposición de los aspirantes durante dos días para que se familiarizaran con ella.

MANUAL DE LA PRUEBA

Además, en la página web del Ministerio se ha publicado el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones para el acceso a la plataforma AvEX de la UNED y la realización del examen, así como la ayuda técnica precisa.

En esta ocasión, los aspirantes a esta prueba de acceso han solicitado realizar el examen en cinco idiomas: castellano, gallego, euskera, valenciano y catalán, mientras que 14 personas han solicitado algún tipo de adaptación por capacidades diferentes. Igualmente, Justicia ha concedido a dos de los aspirantes la posibilidad de realizar la evaluación a la puesta de sol del día 5 de junio.

Se trata de una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, en la que habrá que responder a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes. En la primera parte habrá 50 preguntas relativas a materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión; mientras que la segunda parte estará compuesta por 25 preguntas acerca de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo, y laboral.

Según ha informado el Ministerio, el lunes estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la página web del Ministerio de Justicia. Justicia informará a través de su web y de los cauces habituales de los resultados de la prueba.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha creído hoy, rechazando los indultos a los condenados por el procés, que «sin arrepentimiento no puede venir gracia» y ha pedido al presidente Sánchez que respete el orden constitucional.

Gamarra ha ofrecido una rueda de prensa en Logroño para, junto al presidente del partido en La Rioja, Jose Ignacio Ceniceros, presentar la campaña que, durante todo el mes de junio, permitirá «canalizar la opinión de quienes no comparten lo que quiere hacer Sánchez por estar más tiempo en la Moncloa».

Se trata, ha explicado, de una «recogida de firmas a favor de la concordia, del Estado de Derecho y de la igualdad de todos los españoles». Porque, ha aseverado, «si Andreu dice de esto mejor no hablamos, desde el PP decimos que los riojanos queremos ser escuchados».

Se trata, ha visto Gamarra, de «personas que han vulnerado el marco constitucional» y, ahora, ha dicho, Sánchez pretende una «reforma del código penal para hacer trajes a medida a aquellos que no han comparecido ante la justicia española».

Gamarra ha señalado: «No es la superación de fracturas, sino el pago de facturas de quienes depende para estar en la Moncloa, porque decidió que sus socios para gobernar iban a ser los enemigos de España».

Ha avanzado que la próxima semana la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados dilucidará la necesidad de que Sánchez comparezca en el Congreso de Diputados; y en la sesión de control al Gobierno el PP presentará preguntas en relación a los indultos y el papel de los condenados en el orden constitucional.

También, el PP presentará una proposición o de ley para el que Congreso se pronuncie el contra de los indultos y las reformas del Código Penal.

Ceniceros, por su parte, ha asegurado que, en La Rioja, el PP tiene movilizados a 5.000 afiliados «con las pilas puestas, deseosos de poder salir y recoger cuantas más firmas mejor. Ha adelantado que ya tienen «cientos de firmas» recogidas en la sede.

«Rechazamos la posibilidad de indultar a quienes no han pedido perdón y, además, han manifestado voluntad de repetir actos con los que fueron condenados», han dicho.

Por eso, ha hecho un llamamiento a los riojanos a sumarse a la campaña. «Vamos a acercar a todos los rincones de nuestra comunidad, en cada municipio donde tenemos representación o afiliados, la posibilidad de sumarse», ha señalado.

El arzobispo de Múnich y Frisinga y expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el cardenal Reinhard Marx, ha presentado al Papa su renuncia al frente de la archidiócesis por «corresponsabilidad» en el «catástrofe de los abusos», según él mismo ha trasladado en una misiva al Pontífice.

«Sustancialmente para mí se trata de asumir la corresponsabilidad relativa a la catástrofe del abuso sexual perpetrado por los representantes de la iglesia en los últimos decenios», señala en la misiva fechada el pasado 21 de mayo.

En el texto, el purpurado germano afirma que las investigaciones y pesquisas de los últimos diez años le demuestran «constantemente» que ha habido errores a nivel personal y también errores administrativos, pero que también ha habido una derrota institucional».

En septiembre de 2018, los obispos alemanes hicieron público un informe en el que contabilizaban 3.677 casos de abusos sexuales a niños y jóvenes por parte de 1.670 clérigos entre 1946 y 2014.

Además, a finales de este mes de mayo, la Nunciatura Apostólica en Alemania anunció que el Papa ha abierto una investigación ante presuntos casos de encubrimiento de abusos sexuales en la diócesis de Colonia (Alemania), que implicaría al cardenal Rainer María Woelki, al arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, que ya ha dimitido de su cargo, y otros dos obispos auxiliares.

EL CAMINO SINODAL, DESENCUENTRO ENTRE LOS ALEMANES Y ROMA

El escándalo de los abusos sexuales en Alemania fue uno de los motivos por los que la Iglesia germana inició en 2019, con la oposición del Vaticano, el camino sinodal alemán, cuando Reinhard todavía era presidente de los prelados alemanes. Esta vía tuvo una respuesta directa del propio Papa Francisco advirtiendo de que no debían tomar iniciativas individuales.

El proceso, que siguió adelante y aún no ha culminado, aborda temas como la separación de poderes en la Iglesia, la moral sexual, el celibato de los sacerdotes y la posición de las mujeres en la institución. Junto con ello, el pasado 10 de mayo, algunos sacerdotes y agentes pastorales de la iglesia alemana bendijeron a parejas homosexuales en un evento titulado ‘El amor gana’, en abierta rebelión a la prohibición del Vaticano que en marzo señaló que no era posible.

En febrero del año pasado, el cardenal Marx, que también forma parte del Consejo de purpurados que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia, anunció por sorpresa que no iba a presentar su candidatura a la reelección como presidente de la Conferencia Episcopal alemana, cardo que ocupa ahora el obispo de Limburgo, Georg Bätzing. Entonces, ya avanzó que también estaría también aproximándose al final de su tarea como arzobispo de Múnich y Freising. Un gesto que ha confirmado con la decisión de dimitir.

FALLA INSTITUCIONAL Y «SISTÉMICA»

En su carta al Papa, Marx habla de «fracaso personal» pero también se refiere a la situación en la que está la Iglesia Católica, que considera en un «callejón sin salida» y que también ve como un «punto de inflexión». A su juicio, las investigaciones y los informes demuestran, además de fallos personales y administrativos, una «falla institucional y sistémica».

En este sentido, advierte de que a través de las controversias y discusiones más recientes, se ha demostrado que algunos representantes de la Iglesia no quieren aceptar esa corresponsabilidad y, por tanto, también la «co-culpa» de la Institución. «En consecuencia, rechazan cualquier tipo de reforma e innovación para sobre la crisis vinculada al abuso sexual. Yo lo veo de otra manera», avisa.

El cardenal alemán considera que un punto de inflexión para salir de esta crisis es precisamente la «vía sinodal», que realmente permite el «discernimiento espiritual. Así, cree que a través de su renuncia da una señal personal para un nuevo comienzo y reinicio de la Iglesia, y no sólo en Alemania. «Me gustaría dedicar los años futuros de mi servicio con mayor intensidad al trabajo pastoral y a comprometerme con una renovación espiritual de la Iglesia, como adviertes incansablemente», avanza a Francisco en una misiva que firma en latin con el lema ‘Oboedentia et Pax’.

En una carta aclaratoria publicada por la diócesis de Munich, el purpurado precisa también que los eventos y debates desatados en las últimas semanas solo juegan un papel secundario en su decisión y se remonta a una reflexión de años en la que llega a la conclusión de que la crisis no afecta solo a una necesaria mejora de la administración, aunque le concierne, sino a una forma renovada de la Iglesia y una nueva forma de vivir y proclamar la fe en la actualidad.

«EL CAMINO SINODAL DE CONTINUAR»

Así, insiste en que investigaciones sobre el pasado son necesarias pero no constituyen la renovación completa porque también ha causas «sistémicas» y peligros estructurales que deben abordarse conjuntamente con lo anterior. «He apoyado firmemente el camino siondal ¡Este camino debe continuar!», agrega.

En este sentido, manifiesta su preocupación por que en los últimos meses se ha manifestado una tendencia a excluir las causas y los peligros sistémicos intentando recudir el proceso de lidiar con el pasado a una mejora en los procesos administrativos.

«Con mi renuncia, me gustaría dejar en claro que estoy dispuesto a soportar personalmente responsabilidad no solo por los errores que pudiera haber cometido, sino también por la Iglesia como institución que he ayudado a dar forma y moldear durante las últimas décadas», termina el purpurado que reconoce lo doloroso de la situación pero insiste en que es necesario para apoyar un nuevo comienzo.

El PSOE ha denunciado públicamente la «indolencia» del presidente Fernando López Miras «ante la necesidad de atención sanitaria para escolarizar a niños con algún tipo de enfermedad o necesidad educativa especial».

Así, ha hecho referencia al caso de un niño de 4 años que tiene una traqueotomía a causa de una enfermedad rara. «Aunque es independiente, sigue sin escolarizar, puesto que necesita de la atención de un enfermero para evitar una posible obstrucción de las vías respiratorias, y la Consejería de Educación no se lo ha facilitado», critica.

Según Antonio Espín, diputado del PSRM, «no es un caso aislado. Son muchos los menores que esperan meses a que lleguen los medios personales que necesitan, y otros tantos los que envían a centros de otros barrios o zonas de escolarización por la negativa del gobierno regional a disponer de esos recursos en su centro de referencia».

Con este caso, como otros tantos, «se demuestra la falta de coordinación en el área de Educación en la Región y la ausencia de mecanismos que garanticen que todos los alumnos, sin excepción, reciban en su centro la atención educativa, también sanitaria, que precisan. Sin esta garantía, a las familias que más lo necesitan se les priva de esa libertad de elección que vende López Miras y que solo asegura a quienes tienen medios para permitirse escolarizar a sus hijos en un centro a kilómetros de su hogar».

Además, este hecho «está estrechamente unido a la congelación de las partidas dedicadas a Educación Especial en los presupuestos que están en fase de tramitación en la Asamblea Regional».

Es incomprensible que, tras las infundadas y feroces críticas del Partido Popular a la LOMLOE, que prevé una inversión sin precedentes para garantizar que las familias puedan escolarizar a sus hijos, con todos los recursos, en el centro que elijan (ordinario o de Educación Especial), no proyecten en sus propios presupuestos una mayor inversión en este sentido», ha señalado Espín.

Desde el PSRM-PSOE exigen a López Miras que «garantice el derecho de este niño a ser escolarizado con todos los medios necesarios en un centro próximo a su domicilio, y se dispongan de los recursos oportunos para que todos los alumnos de la Región puedan ser atendidos en perfectas condiciones en sus centros educativos».

Junts ha emplazado al Gobierno a cumplir la resolución de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa relativa a varios aspectos relativos al juicio del ‘procés’ y le ha pedido cuentas por la interpretación que, sobre la misma, hizo este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de una nota de prensa.

Este organismo ha aconsejado a España que reforme el delito de sedición para que no parezca que se castiga la libertad de expresión, como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y para así facilitar la excarcelación de los presos del ‘procés’.

Apuesta también por la reforma legal para «considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas», para estudiar «retirar los procedimientos de extradición» y para «retirar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017».

A su juicio, y según el resumen facilitado por el Consejo de Europa, las autoridades españolas «deben abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto». Eso sí, cree que se les puede «exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales».

En este contexto, la diputada de Junts Mariona Illamola ha presentado una serie de preguntas escritas para saber, por ejemplo, si el Gobierno «piensa cumplir con sus compromisos internacionales en los que se refiere al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa».

CÓMO VA A RESPONDER

También reprocha a Exteriores que difundiera una nota de prensa destacando que este organismo avala «la actuación de España en relación con los políticos independentistas catalanes», pero, a la vez descalificando que todo el documento «parte de un planteamiento erróneo». Así, quiere que el Gobierno le aclare si duda de la «independencia» del autor y de los grupos que apoyaron la resolución.

Además, Illamola echa en cara que obvie en su nota que el Consejo de Europa recomienda reformar los delitos de rebelión y sedición o que afirma que «la organización de un referéndum no es ilegal en el Estado español desde 2005». Asimismo, le pide que especifique qué respuesta va a dar a cada una de las recomendaciones que se recogen en el documento.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Josep María Cleries, quiere llevar este asunto a la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. En concreto aspira a qué le concreten «cuáles son las razones» por las que «se siente avalado» por elinforme en relación a su «actuación con los políticosindependentistas catalanes».

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada ‘Pit’ del caso Tándem ha acordado la emisión de una Orden Europea de Investigación para requerir al banco Toduka Bank de Bulgaria información relativa a una cuenta en la que habría recibido pagos un detenido en Guatemala con el fin de comprar su silencio sobre el naviero Ángel Pérez Maura.

En esta pieza, el magistrado investiga los pagos que el comisario José Manuel Villarejo recibió para intentar frustrar la extradición a Guatemala de Pérez Maura en el año 2016, cuando ese país le reclamaba acusado de pagar una comisión de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente y la vicepresidenta guatemaltecos, entre otros, para garantizarse una adjudicación.

Se trataba de conseguir que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Ahora, una vez asumidas por García-Castellón las pesquisas relativas a la parte guatemalteca, en su auto, explica que uno de los implicados, Juan José Suárez Messeguer, detenido en Guatemala en abril de 2016, asumió su responsabilidad pero siempre apuntando que no era el único implicado.

Tras esta detención, Pérez Maura llega a «un pacto de apoyo económico» a Suárez en el que se implica activamente una tercera persona que hace las veces de intermediario, José Jiménez Molina, al que el magistrado cita ahora como investigado en la causa por un prsunto delito de cohecho internacional.

LA CARTA DEL MILLÓN DE DÓLARES

Según el auto, Jiménez llegó a ordenar en un inicio varias transferencias bancarias a cuentas de la esposa del detenido, Alejandra Ochoa por orden de Ángel Pérez Maura. Pero ese acuerdo se torna insuficiente para el preso, y en octubre de 2016 redacta una misiva para el naviero en el que exige una «justa indemnización» para no implicarles en los hechos por los que está en la cárcel.

Tras una primera respuesta de indignación ante el chantaje, Pérez Maura un año después retoma la negociación y acuerda una donación de un millón de dólares, según queda reflejado en un documento intervenido en el registro de las oficinas del naviero. Para cobrar esa cantidad, Alejandra Ochoa viajó a Sofía (Bulgaria) donde constituyó una sociedad y abrió una cuenta para recibir esa donación.

Por eso el magistrado quiere poder tener acceso a esa cuenta y a todos los movimientos que haya registrado entre el 21 de mayo de 2018 y el 1 de enero de 2021, ya que quiere tener evidencia de que ese dinero llegó a la cuenta de la sociedad creada por la mujer de Suárez.