Las primarias para reelegir a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, en el marco del 40º Congreso Federal de octubre, se pondrán en marcha el próximo 1 de septiembre, según el calendario aprobado por el Comité Federal del partido el pasado sábado.

Según ese calendario, el presidente del Gobierno verá ratificado su cargo al frente del PSOE con toda probabilidad entre el 10 y el 12 de septiembre, ya que no se esperan rivales de peso que traten de disputarle el liderazgo del partido.

Asimismo, ese calendario fija para el 26 de septiembre la votación para elegir las delegaciones territoriales que participarán en el 40º Congreso Federal. También tendría lugar ese día la votación para elegir secretario general, pero solo en el improbable caso de que se presentará algún otro candidato además de Sánchez, y lograra recabar los avales necesarios.

CONGRESOS REGIONALES, ANTES DEL PLAZO PREVISTO DE 90 DÍAS

Por otra parte, el máximo órgano de dirección entre congresos también habilitó a las federaciones para que celebren sus congresos regionales o de nacionalidad antes del 19 de diciembre, un plazo inferior a los 90 días previstos, según el documento con las bases de la convocatoria del 40º Congreso Federal del PSOE de 15, 16 y 17 de octubre.

En cuanto a los procesos orgánicos de renovación provincial, insular, municipal y de distrito, deberán celebrarse antes del 30 de abril de 2022, un plazo inferior a los 6 meses previstos desde la celebración de los congresos regionales, de nacionalidad o autonómicos.

PONENCIA MARCO

El Comité Federal del pasado sábado –el primero de carácter presencial que celebraba el PSOE en más de un año y medio– también ratificó los trabajos de la Ponencia Marco que servirá de base para el debate hacia el Congreso, pero que todavía no está terminada. La previsión es que Sánchez la presente el próximo fin de semana, tras haber recibido la autorización para ello por parte de la dirección del PSOE, según fuentes socialistas.

Una vez presentada, esa ponencia se pondrá a disposición del conjunto del partido «lo antes posible», como tarde, el 3 de septiembre. Y ya el día 9 se abrirá el plazo para que las agrupaciones de militantes celebren asambleas para proponer, debatir y votar sus enmiendas al texto. Tendrán hasta el 26 de septiembre para ello, y hasta el 30, para registrar las enmiendas aprobadas.

Después, entre el 1 y el 3 de octubre se celebrarán las convenciones precongresuales provinciales o insulares, y el día 4 se remitirá y publicará la memoria de enmiendas que se llevará al Congreso de mediados de mes.

En cuanto al proceso para elegir al secretario general, que servirá para reafirmar el liderazgo de Sánchez, el reglamento al que dio su visto bueno la dirección del PSOE establece que los precandidatos deben presentar entre el 1 y el 10 de septiembre un 1% de los avales de los militantes y afiliados directos del PSOE, PSC, JSE y JSC.

Una vez validados y verificados los avales, se proclamarán los candidatos. El reglamento establece que si finalmente solo hay uno, como es lo previsible, la Comisión Federal de Ética y Garantías le proclamará entonces secretario general sin necesidad de votación.

En el caso de que surgiera algún otro candidato además de Sánchez que lograra recabar los avales necesarios, se abriría entre el 13 y el 25 de septiembre el plazo para hacer campaña.

Al día siguiente, el día 26, se abriría la primera vuelta de la votación, entre las 10.00 y las 20.00 horas. En el improbable caso de ser necesaria una segunda vuelta –ni ninguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos–, esta se celebrará el día 3 de octubre.

VOTACIÓN DE LAS DELEGACIONES PARA EL CONGRESO

Aunque Sánchez no tenga que acudir finalmente a esa votación, el día 26 el PSOE sí abrirá las urnas para elegir a las delegaciones que constituyen el 40º Congreso Federal. Esa elección se realizará mediante el voto individual, directo y secreto de los militantes y afiliados directos por agrupaciones provinciales o insulares en listas cerradas y bloqueadas.

El plazo límite para la presentación de precandidaturas para estas listas será el 3 de septiembre; entre el 3 y el 13 será la recogida de avales; del 13 al 15 se proclamarán los candidatos; la presentación de las listas completas será del 15 al 17; y entre el 18 y el 19 se proclamarán. El plazo para hacer campaña será entre el 17 y el 25, y el 26, la votación. La proclamación de las delegaciones está prevista entre el 26 y el 30 de septiembre.

Según este reglamento, para ser candidato a encabezar una lista para ser delegado en un Congreso Federal será necesario obtener el aval de un 3% de los militantes y afiliados directos de la agrupación provincial o insular o del 10% de los miembros del Comité Provincial o Insular.

Al igual que con el proceso para designar secretario general, en el caso de que sólo un precandidato alcance el número mínimo de avales, no tendrá que someterse a votación, y su propuesta de candidatura completa será la que finalmente represente al ámbito insular o provincial correspondiente.

Y en el supuesto de que existan dos o más listas, se atribuirán los delegados proporcionalmente al número de sufragios obtenidos por las candidaturas, siempre que hayan superado el 20% de votos válidos a la candidatura.

Estos criterios de reparto sólo se aplicarán en el caso de que el número de delegados sea de 3 o más. Además, se tendrá en cuenta que a la lista más votada le corresponderán como mínimo la mitad más uno delos delegados a elegir, y la delegación resultante de la votación deberá tener igual representación de hombres y mujeres.

Por otro lado, las organizaciones sectoriales también tendrán reconocida su pertenencia, con voz y voto, al 40º Congreso Federal de acuerdo a un baremo fijado en relación al censo federal. Estos representantes serán elegidos mediante el voto individual, directo y secreto de las personas adscritas a cada organización sectorial.

Eso sí, los militantes y afiliados deberán elegir si participan en el proceso de elección de delegados sectorial o en el de delegados por territorios, porque no podrán votar en ambos procesos.

Las direcciones nacionales de Ciudadanos y el Partido Popular han llegado a un acuerdo este lunes por el cual ambos partidos retomarán el Gobierno de coalición que se rompió a principios de junio, con la propuesta de la formación naranja de investir como regidor a José Antonio Huertas (Cs), hasta ahora teniente de alcalde.

Así lo ha anunciado el vicesecretario general de Cs y secretario de Comunicación, Daniel Pérez Calvo, en rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión del Comité Permanente.

Según ha explicado, «la dirección nacional de Ciudadanos y la dirección nacional del PP han alcanzado un acuerdo» este lunes por la mañana después de que la secretaria generales de Cs, Marina Bravo, se pusiera en contacto con su homólogo del PP, Teodoro García Egea, para acabar con la situación de bloqueo en el Consistorio, donde Luis Salvador (Cs) acabó renunciando a la Alcaldía tras quedarse en el Ejecutivo municipal junto a un solo concejal.

EVITAR QUE UN SOCIALISTA IMPUTADO SE CONVIERTA EN ALCALDE

Pérez ha señalado que el objetivo de las dos partes es evitar que el Ayuntamiento de Granada quede «en manos de un imputado del PSOE», en referencia a Francisco Cuenca, que se convertiría en el nuevo regidor –como candidato del partido más votado en las urnas– en el caso de que no hubiera un acuerdo de una mayoría alternativa. Cuenca es objeto de una investigación judicial por su gestión como delegado de la Junta de Andalucía en Granada.

El dirigente de Ciudadanos ha destacado que los dos partidos han actuado «desde la sensatez, la lógica y la responsabilidad», pensando «en el interés de los ciudadanos y no en otras cuestiones de tipo personal o de partido».

«La respuesta pasa por lo que debe ser, el cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado hace dos años entre el PP y Cs, que pueda seguir ese acuerdo tal y como hasta ahora, porque estaba funcionando» y «no tendría sentido que diéramos ahora un volantazo que acaben pagando los granadinos», ha declarado.

Por ello, la «propuesta» que el partido liderado por Inés Arrimadas ha puesto sobre la mesa es que Huertas se presente a la investidura y que sea elegido para el cargo «con los votos de Ciudadanos y del PP», de manera que se vuelva «la situación de normalidad que en ningún momento debió verse interrumpida». «Hace falta estabilidad y reconducir y retomar ese pacto de gobierno», ha añadido.

Ciudadanos siempre ha mantenido que el acuerdo que alcanzó con el PP tras las elecciones locales de 2019 implicaba que Salvador sería el alcalde durante los cuatro años que dura la legislatura, sin turnarse con el PP como han hecho en otros municipios.

Pero, a mitad del mandato, el PP reclamó a su socio que le cediera el puesto y, ante la negativa de los ‘naranjas’, los siete concejales ‘populares’ abandonaron el equipo de gobierno junto a dos ediles de Cs. Desde entonces, Ciudadanos ha estado pidiendo al PP que volviera al Ejecutivo de coalición y el PP ha estado reclamando para sí la Alcaldía.

EL PP DICE QUE PRESENTARÁ A SU PROPIO CANDIDATO

Pese al anuncio que ha hecho Pérez en Madrid sobre el nuevo acuerdo entre los dos partidos, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha dicho este mismo lunes que el PP presentará al concejal Francisco Fuentes como candidato a la Alcaldía en el pleno de investidura del próximo miércoles, instando a Cs a apoyarlo y sumar sus votos a los doce del PP, Vox y tres ediles no adscritos.

Cuando le han preguntado por esta diferencia de posturas y por si Ciudadanos tiene asegurados los votos necesarios para que Huertas sea investido, Pérez ha respondido que «sería raro» que alguien «fuera a poner palos en las ruedas» para frustrar una solución que «garantiza la estabilidad del Gobierno durante los dos próximos años».

Si impera la sensatez y la cordura» y se tiene en cuenta «el interés general de los granadinos, no tenemos por qué pensar que ese acuerdo no vaya a salir«, ha comentado.

En cualquier caso, ha indicado que el pacto de este lunes –que, según ha recalcado, es «entre las direcciones nacionales» del PP y Cs– «es muy reciente» y que en las próximas horas podrán dar más detalles sobre el mismo.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, considera que el problema político de Cataluña no es una cuestión «puntual», sino que es «crónico» y que llevará tiempo resolverlo. Para ello, propone actuar con «rigor y determinación» en el marco de la Constitución, favorecer el consenso entre los dos grandes partidos (PSOE y PP), huir de medidas «fáciles» como la concesión de «privilegios» al independentismo, y evitar generar más tensión de la que ya existe.

En su intervención en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el dirigente gallego del PP ha ensalzado el funcionamiento de Estado de las Autonomnias que a su juicio es «el adversario más temible para el nacionalismo», que sería mucho más intenso si España fuera un Estado centralizado.

Así, considera que el Estado de las Autonomías busca sumar, mientras que los nacionalistas quieren «restar» y defender sus privilegios frente a los demás. «El planteamiento nacionalista no era café para todos, sino café para algunos», ha resumido.

NI UN MANÁ DE CONCESIONES LES CONTENTARÍA

Para Feijóo, «la sedición y la independencia van contra la España de las autonomías» y contra todas las comunidades, «no contra el gobierno central», y por ello juzga «un error» querer resolver el problema catalán con privilegios económicos o con un nuevo estatuto. «Ni un maná de concesiones previas hubiera satisfecho el planteamiento de los independentistas», sostiene

El presidente gallego ha recordado que los independentistas quieren «desconectar» de España y de todo su marco constitucional (Carta Magna, Estatutos y Leyes Orgánicas), y le preocupa que se estén lanzando propuestas para «ofrecerle compensaciones» por lo sucedido estos años. «Si es un premio, todo el mundo va a ver lo que hay que hacer para conseguirlo», ha avisado, recordando que hay partidos nacionalistas o independentistas en otras comunidades.

Según Feijóo, el independentismo debe «convivir» con la Constitución, que prohíbe los referendos de autodeterminación, y tiene que asumir que «todos somos iguales ante la ley» y que no se daban las condiciones para los indultos, pues ni los habían pedido ni piensan cambiar su actuación. De hecho, ha dicho no ver diferencias entre las proclamas independentistas de los tres últimos presidentes catalanes: Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.

«Esto es un problema crónico que hay que gestionar con rigor, determinación y unidad entre el PSOE, el PP y todos los constitucionalistas, porque es un problema de una década o del tiempo que dure –ha afirmado–. Si nos mantenemos en el rigor, dentro de menos tiempo del que pensamos, puede haber constitucionalistas en el Gobierno catalán».

HAN FALLADO LOS ACTORES POLÍTICOS, NO EL SISTEMA

Y es que, según ha recordado, «hasta hace bien poco, la mayoría de los catalanes no votaba a partidos independentistas» y no todos los partidos nacionalistas eran independentistas. La diferencia con lo que pasaba entonces es que «fallan los actores políticos, los interlocutores y los gestores», pero no el sistema.

Su inquietud se debe a que los independentistas no sólo gobiernan Cataluña, es que también «cogobiernan España», y ha advertido de que el «pago de peajes» para la gobernabilidad del país no se puede endosar al Estado.

También rechaza «jugar a corto» porque no existe una «fórmula mágica»: «Ante problemas complejos, las soluciones fáciles no son soluciones, es acrecentar el problema –afirma–. Vayamos gestionando el problema con rigor y determinación, sin palabras gruesas, sin añadir tensiones a la tensión».

Por último, ha insistido en la conveniencia de que se entiendan los partidos constitucionalistas y ha puesto como ejemplo el fin del ‘Plan Ibarretxe’, que fue tumbado en el Congreso con el consenso de PP y PSOE.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este miércoles, 7 de julio, a partir de las 10.00 horas a F.J.L.S.R. por tener sin contrato a un trabajador marroquí, un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por el que piden para él una pena de tres años de prisión.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en 2016, 2017 y 2018 cuando el acusado, propietario de unas tierras donde se cultivaban melones, acordó verbalmente con M.E.A. que este desempeñaría tareas agrarias y recogida de melones en su propiedad, comprometiéndose a cambio a darle comida, tabaco y cerveza y, de forma esporádica, algún billete de 10 o 20 euros.

El acusado mantuvo a M.E.A. trabajando para él sin contrato de trabajo y sin pagar salario alguno durante un periodo de tres años. Así, en 2017, F.J.L.S.R., aprovechándose de la necesidad de M.E.A., derivada no solo de la falta de sueldo sino también de la ausencia de descansos semanales, vacaciones y otros beneficios laborales, llegó a un acuerdo con éste según el cual las ganancias derivadas de la venta de melones durante las campañas de 2017 y 2018 se repartirían a partes iguales entre ambos.

Además, con el fin de garantizar la seguridad del producto y evitar robos, pactaron que M.E.A. ejercería además labores de vigilancia y control en el campo para lo cual el acusado le cedió el uso de una cabaña situada en la parcela que carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad por la escasez de suministros de agua y electricidad así como de baño, debiendo tomar agua de un pozo allí existente, permaneciendo y viviendo allí durante un periodo aproximado de dos años.

En 2017 y 2018 el acusado percibió unos beneficios de 73.767,37 euros de los cuales la mitad corresponderían a M.E.A. en virtud del acuerdo alcanzado, una cantidad que no le llegó a entregar.

Por estos hechos piden tres años de prisión para el acusado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y una multa de 10 euros durante 12 meses. Además, piden indemnizar a la víctima con la cantidad de 40.000 euros.

El Consorcio del Patronato del Festival de Mérida, la Fundación CB e Ibercaja han firmado un año más la prórroga del acuerdo al que llegaron en 2018 para alcanzar la accesibilidad universal en el festival.

De esta forma, para la 67 edición, Fundación CB e Ibercaja patrocinan una serie de acciones que presta la empresa extremeña Audiosigno, entre las que se encuentran la prestación del servicio de bucle o lazo de inducción magnética para usuarios de audífonos o con implante coclear.

También el subtitulado o sobretitulado de las representaciones a través de estenotipia computerizada en directo de cada una de las representaciones a través de teléfonos inteligentes o tablets diseñando un código QR con el enlace a la página accesible con el subtitulado de la representación, que se difunde en las instalaciones de festival se entrega a los usuarios que lo demanden.

Para personas que quieran ubicarse en zonas que no sean de influencia del bucle magnético, teniendo localidades de otras zonas, se reservará un número limitado de petacas con auriculares que realizarán la transmisión del sonido. Esta facilidad puede ser usada igualmente para personas que, aunque no tengan discapacidad auditiva quieran usarlos para mejorar la audición de la representación.

Asimismo, se establecerá un sistema de bucle magnético personal para ubicarse en otras zonas, bajo demanda e igualmente el Festival de Mérida dispondrá de mochilas vibratorias para hasta cuatro usuarios para personas cuya discapacidad auditiva no pueda ser corregida con audífonos o implantes cocleares.

También habrá un servicio de audiodescripción los domingos que haya representación en el Teatro Romano de Mérida, así como en Medellín, para la obra ‘La comedia de la cestita’, según ha informado el Festival de Mérida en nota de prensa.

Otra de las acciones será ‘touch tour’ para personas con discapacidad o dificultad visual, los días que se realice la audiodescripción para los usuarios que lo demanden y creación de signos, logos y material accesible.

De igual forma, se instalará un stand informativo atendido por personal especializado a la entrada del Teatro Romano para atención directa del servicio y de los usuarios que lo demanden y habrá teléfono de atención a usuarios y espectadores a través de voz y mensajes de Whatsapp.

También se pondrá en marcha de un club de lectura en el Festival de Mérida destinado a personas con discapacidad auditiva o visual y se contará con un servicio de intérpretes de lengua de signos en las ruedas de prensa del festival.

El Festival de Mérida, por su parte, se compromete a la difusión del acuerdo de colaboración y a la inserción de ambas marcas en su cartelería en calidad de entidades colaboradoras.

El convenio ha sido rubricado por el director territorial para Extremadura y Sur de Ibercaja, Fernando Planelles; el director general de la Fundación CB, Emilio Jiménez Labrador, y el director-gerente del Consorcio Patronato del Festival de Mérida, Pedro Blanco.

El secretario de Justicia e Interior el PP, Enrique López, ha asegurado este lunes que en este momento no hay contactos con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «asediar» a las instituciones.

«En estos momentos no hay contactos. El presidente Sánchez no mantiene ningún contacto, sigue con su política de asedio y derribo a las instituciones», ha declarado Enrique López al ser preguntado en qué situación está la negociación con el Gobierno para renovar el órgano de Gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva más de dos años caducado.

López, que ha asistido al Congreso Mundial del Derecho que la World Jurist Association ha convocado en Madrid, ha citado en esa política de «asedio» el «ataque» que, a su juicio, sufre en este momento el Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno.

«En esa política de cuestionamiento de las instituciones ahora le toca al Tribunal de Cuentas sencillamente porque es un obstáculo en su proceso de cesión y de concesión arbitraria a los independentistas y a los herederos de Batasuna», ha declarado el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El dirigente del PP ha insistido en que están en un momento en que las instituciones están «sufriendo un ataque de este Gobierno». «Es un Gobierno que dentro del Estado de Derecho es un Gobierno contra el Derecho», ha enfatizado.

NECESIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «necesita de la mentira para socavar las instituciones que le hacen de contrapeso y justificar sus alianzas con partidos radicales».

Olano, que ha inaugurado las jornadas ‘Fortalecimiento democrático, participación y pluralismo político en Iberoamérica que organiza la Fundación Concordia y Libertad, ha subrayado la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos para protegerlos de aquellos partidos que intentan socavar sus cimientos aprovechando momentos económicos y sociales convulsos, según ha informado el partido.

En este punto, el dirigente popular ha abogado por incentivar la participación política y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia para asegurar la ejemplaridad en las sociedades actuales.

A juicio de Olano, «las instituciones tienen que ser el sostén de la estabilidad y, para ello, es necesario asegurar la separación de poderes real y no solo formal, ya que este juego de contrapesos es el éxito de una auténtica sociedad civil organizada».

Según ha asegurado, el Gobierno de Sánchez basa su acción política en tres ejes: el apoyo de partidos cuyo único objetivo declarado es «la destrucción de España tanto a nivel territorial como institucional», «el ataque permanente a la separación de poderes», y una «acción de gobierno basada en la mentira permanente».

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha acordado abrir una pieza separada del denominado caso Topillo para la investigación de los vertidos cometidos por 43 empresas, la mayoría relacionadas con la agricultura, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Esta ampliación del procedimiento se produce tras la recepción de un atestado del Seprona de la Guardia Civil de Murcia, que analiza la documentación facilitada por una empresa, «concluyendo que hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente». Además, el informe también señala a la citada empresa «por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad».

El juez que dirige la instrucción tomará declaración a las 43 personas y entidades jurídicas relacionadas en el atestado (agrícolas, de suministro de maquinaria agrícola o de riego y un campo de golf) y, como en la pieza principal, ha pedido un informe pericial de un ingeniero agrónomo para que determine las necesidades hídricas de cada uno de los agricultores investigados y realice los cálculos que permitan cuantificar la posible utilización de desaladoras ilegales.

Estas diligencias se abrieron en 2017 por una denuncia del Ministerio Fiscal por la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

En ellas se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales, que captarían aguas de los acuíferos del campo de Cartagena contaminada por nitratos con altos niveles de conductividad que la harían inhábil para ser utilizada en el riego.

Estas características del agua obligaría a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor o lo retornarían al acuífero. En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente.

El pasado abril el magistrado, tras el análisis del informe pericial emitido por un eco toxicólogo forense, señalaba a 36 empresas agrícolas y empresarios individuales cuyos vertidos eran «susceptible de generar un riesgo sustancial, grave o catastrófico para el medio ambiente». Paralelamente, procedía al sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de los 13 de los 49 investigados «por no resultar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal».

Esta causa principal también se sigue contra los que fueran responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2013 y 2017.

COMPLEJA TRAMITACIÓN

En el auto notificado este lunes, el magistrado explica que, aunque «las nuevas conductas que se van a enjuiciar guardan idéntica conexión con los posibles delitos de prevaricación que se imputa a ex altos cargos de la CHS y de la Comunidad Autónoma», el gran número de investigados que permanecen en la causa principal, unido a lo avanzado en su tramitación, «motiva la necesidad y oportunidad de incoar un pieza separa para poder investigar este nuevo conjunto de vertidos».

La finalidad de esta pieza es, según el instructor, doble: «de un lado, evitar que la causa sea excesivamente compleja, facilitándose un enjuiciamiento eficaz de la causa, y de otro, impedir que los primeros investigados se vean sometidos a dilaciones indebidas».

Además, para poder realizar las numerosas diligencias de toma de declaración a estos nuevos 43 investigados y poner concluir la instrucción de la primera fase el magistrado ha solicitado un refuerzo la Unidad de Causas Complejas y de Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial. Solicitud que ya cuenta con el informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El Partido Popular (PP) ha considerado que el actual Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, presidido por Eduardo de Castro (Grupo Mixto) en coalición con PSOE y CPM, ha batido todos los récords registrados hasta ahora «con medio gobierno imputado», después de conocerse que la Fiscalía ha pedido que declare como investigado el consejero de Medio Ambiente, Hassán Mohatar, por el caso «auto-ayuda», consistente en la concesión de una subvención de 5.500 euros al ex viceconsejero Francisco Vizcaíno (PSOE) por la compra de un coche eléctrico.

La diputada popular Paz Velázquez ha recordado que, de aceptarse por parte del juzgado la solicitud de la fiscal jefe, de los ocho miembros del Consejo de Gobierno, cuatro de ellos estarían imputados; en concreto, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, y los consejeros de Distritos, Mohamed Ahmed; de Hacienda, Dunia Almansouri, y de Medio Ambiente, Hassán Mohatar, todos ellos de CPM.

El único socialista «salpicado» por esta última polémica judicial, Francisco Vizcaíno, tuvo que dimitir como viceconsejero y diputado del PSOE al conocerse estos hechos, en diciembre de 2020.

Paz Velázquez ha manifestado que «han hecho récord el gobierno ‘del cambio y de la regeneración democrática’ con tales imputaciones, empezando por el presidente». Según Velázquez «la justicia actuará y más de uno acabará posiblemente inhabilitado políticamente por actuar continua y reiteradamente al margen de la ley».

A su juicio, «han batido todos los récords en tan solo dos años de gobierno» porque, en su opinión, «han hecho de la arbitrariedad, el despilfarro del dinero público, la falta de transparencia y la pésima gestión su seña de identidad».

Paz Velázquez ha subrayado además que la peor parte se la lleva al presidente de la Ciudad. «Eduardo de Castro un tránsfuga. Siempre dije que tener a un presidente sin un partido detrás que lo respaldara era un peligro, porque si no se somete a las directrices internas y a su código ético, eso le permite actuar como lo está haciendo: actuando bajo los intereses políticos y partidistas de CPM y PSOE, preferentemente de CPM», ha dicho.

Sobre la posible imputación del consejero de Medio Ambiente, ha indicado que hay que respetar los plazos de la justicia y esperar a que se produzca. En cualquier caso, opina que lo sucedido con Hassán Mohatar en el caso auto-ayuda a Francisco Vizcaíno «es peor la actuación del consejero, que, aun a sabiendas de la irregularidad, firmó la concesión de la subvención» a su viceconsejero.

El relator de la ONU, Fabián Omar Salvioli, se ha mostrado contrario a la concesión de amnistías o indultos para infractores de crímenes contra la humanidad. «No puede haber impunidad», ha asegurado.

El relator ha inaugurado el curso ‘Memoria democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente’, dentro de la programación de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El relator de la ONU ha asegurado que «no abordar debidamente las violaciones de los Derechos Humanos termina generando que no se pueda pasar la página», apuntando que «los asuntos cada vez están más presentes cuando no hay un abordaje debido». «El dolor de las víctimas y la frustración de la sociedad crece», ha afirmado.

Asimismo, ha considerado que «ubicar temporalmente la justicia transicional en el pasado genera la falsa sensación de que forma parte de la historia». «El sufrimiento de las víctimas no es solo presente, sino creciente», ha añadido.

Salvioli ha apuntado que «España sabe bien qué es esto» y ha celebrado «los esfuerzos que se están haciendo en el país» para gestionar estas reparaciones «a pesar de las trabas presentes».

En este sentido, Salvioli ha aclarado que cualquier proceso de reparación «debe venir de las víctimas», ya que en su opinión, «el perdón es un elemento subjetivo y personal», mientras que «el que ha torturado debe pagar por ello».

«Cuanto menos jurídico es un proceso de reparación peor le va a las víctimas», ha asegurado Salvioli. El relator ha explicado que los derechos humanos dotan de «herramientas jurídicas amplias» para los procesos de reparación y ha apuntado que en los países que han basado sus reparaciones en componentes más políticos que jurídicos, «las víctimas no ven satisfechos sus derechos».

Así, se ha mostrado contrario a la concesión de amnistías o indultos para personas que hayan cometido crímenes contra los derechos humanos. «No pueden existir normas de impunidad», ha asegurado, aunque ha matizado que «puede haber indultos por motivos de humanidad».

Sin embargo, Salvioli ha indicado que la rendición de cuentas penales en sí «no garantiza nada» si no va acompañado de un proceso de memoria. «En los Balcanes, vemos cómo personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad son considerados héroes», ha apuntado el experto, quien considera que en estos casos «han fallado los procesos de memoria».

«Una sociedad no puede tener como valor a una persona que ha intentado una limpieza étnica, es inaceptable», ha afirmado.

VACUNA DEMOCRÁTICA

«Muchas veces en el Consejo de Seguridad de la ONU dejan de lado los derechos humanos», ha denunciado Salvioli, quien ha pedido que la comunidad internacional «actúe con una sola voz» que refleje los derechos de las víctimas, que, ha insistido «no pueden ser negadas o invisibilizadas.

Así, el relator ha señalado la importancia de los procesos de reparación y memoria para prevenir que no vuelvan a ocurrir estos crímenes y ha advertido que «la sombra de los discursos totalitarios nos acecha y está más cerca de lo que podemos ver.»

Salvioli ha calificado esta amenaza como «la próxima epidemia», y ha afirmado que la vacuna contra ella es «la construcción efectiva del nunca más», llamando a «prevenir la discriminación» para que no vuelvan a ocurrir los horrores del pasado.

«La vacuna contra el totalitarismo es más democracia basada en derechos humanos», ha zanjado.

La exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra ha avanzado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia «injusta» del Tribunal Supremo que ratifica la condena a un año y siete meses de cárcel impuesta por un delito de atentado durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

La propia Serra ha explicado en rueda de prensa en la sede de Podemos que el fallo del Supremo es «enormemente decepcionante» al ratificar una condena «sin pruebas» y mediante «acusaciones falsas», por lo que acudirá al Tribunal de Estrasburgo, vaticinando que «una vez más Europa dejará en evidencia a la Justicia español».

La también coportavoz estatal de Podemos ha subrayado que, pese a la campaña que ha sufrido, tiene una «mala noticia» para los poderes profundos del país y es que «va a continuar haciendo política». También ha enfatizado que la sentencia es un «atentado contra el derecho a la manifestación» y un «mensaje» contra aquellos que, desde las instituciones, defienden los derechos humanos.

Además, ha señalado que el fallo le ha sido notificado diez minutos antes de comparecer a los medios de comunicación y va a estudiar ahora interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja por la filtración de este fin de semana de la sentencia, algo que es «ilegal.

Para Serra, esta condena supone la plasmación de una «persecución política» contra miembros de Podemos y activistas que luchan por los derechos de la vivienda, pues se ha dejado claro que quienes defienden en democracia el avance de los derechos «no son bienvenidos» en las instituciones.

JUECES QUE «NO SE PONEN LA TOGA SINO CAMISETAS DE PARTIDOS»

Su compañero y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha contrapuesto las resoluciones sobre la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que han sido absueltas con «hechos probados» frente a la condena a Serra «sin hechos probados».

Por eso, ha apuntado que es «muy preocupante» que, a pesar de que la mayoría de jueces imparten justicia, exista una «minoría» de la judicatura que «en vez de toga se ponen las camisetas de determinados partidos políticos».

De esta forma, ha cargado contra la actitud del PP a la hora de bloquear la renovación del CCPJ y cree que hay magistrado con «clara ideología» para perseguir a «adversarios políticos».

«MONTAJE POLICIAL»

En su comparecencia, Serra ha desgranado que en 2014 acudió a una manifestación en el barrio madrileño de Lavapiés contra un desahucio de una persona con discapacidad «prácticamente absoluta» y ha sostenido que la causa se sustentó en un «montaje policial», con identificaciones realizadas casi dos horas antes de que lo hicieran los agentes de la Policía Municipal de Madrid.

También ha criticado que el Supremo le condene sin tener en cuenta las pruebas aportadas por su defensa, con más de cien vídeos que, a su juicio, «demuestran que ella dice la verdad y las acusaciones son absolutamente falsas».

«De hecho, la sentencia me condena por determinados hechos sin que conste que yo los he realizado, porque me aplican una cosa que se llama la coautoría que dice que por estar simplemente en una manifestación por el derecho a la vivienda, soy responsable de todo lo que sucedió en ese desahucio. Por tanto dicen que ni siquiera tienen que probar que yo haya hecho esos hechos», ha relatado.

Por tanto, ha sostenido que todo el proceso se sustenta en una «campaña política» y «difamación mediática», como los insultos que se le atribuyen a una agente y son «absolutamente falsos» que ni siquiera están en la sentencia.

Serra está convencida de que el Tribunal de Estrasburgo le dará la razón y sumará otro «varapalo» a la justicia española, que ya lleva «muchos» por una minoría de magistrados, dado que la mayoría de los miembros de la judicatura están «cansados» de que Europa «deje en evidencia la justicia de este país».

Según han explicado fuentes conocedoras del proceso, Serra tendrá que informar previamente al Tribunal Constitucional de acudir al ámbito internacional, para poder interponer formalmente su recurso frente a la sentencia del Supremo.

EL FACTOR CLAVE: EL PP PARASITA EL CGPJ

También ha arremetido con la situación del CGPJ por la negativa del PP a renovar el Poder Judicial, en el que constantemente se «utiliza la justicia para hacer política» y que «sigue resistiéndose a los avances sociales y democráticos de este país».

Por tanto, la coportavoz estatal de Podemos cree que el poder legislativo y ejecutivo debe «hacer todo lo posible» para que la derecha «deje de utilizar» al Poder Judicial, carente desde hace más de dos años de legitimidad democrática, como «ariete» frente al Gobierno de coalición con resoluciones «vergonzantes».

Finalmente, Pablo Fernández ha dejado claro el apoyo del partido a Serra, a la que admira «profundamente» por defender el derecho a la vivienda. De esta forma, ha insistido que el elemento esencial es el bloqueo del CGPJ, conculcando la Constitución, porque sabe que «controla» al órgano rector de los jueces para «parasitarlo».

El PSOE prevé tener unos ingresos brutos en este ejercicio de 2021 de casi 90 millones de euros (89.959.630 euros), lo que supone un 5 por ciento más que en 2020, y contempla devolver 12,17 millones de euros de la deuda que tiene pendiente, de los que 1,07 lo serán de manera anticipada. Además contará con un excedente de 25 millones de euros en el flujo de caja, mientras que el excedente presupuestario será de 4,2 millones y pagará 449.559 euros en impuestos sobre beneficios.

Así consta en las cuentas que aprobó el sábado el Comité Federal del PSOE. La dirección socialista se reunió en Madrid por primera vez desde que se inició la pandemia con el fin de aprobar las bases para la convocatoria del 40 Congreso Federal que se celebrará el próximo mes de octubre en Valencia y allí también aprobaron sus presupuestos para este ejercicio y las directrices presupuestarias.

Según estas últimas, el PSOE seguirá el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021 en el que no contempla que los gastos superen a los ingresos y que no se realicen operaciones financieras de endeudamiento. De hecho, lo que contemplan estas cuentas es que las amortizaciones de deuda financiera asciendan a 11.124.463 euros, a lo que se sumarán 1,07 millones más de amortización anticipada de la deuda. También incluyen 1,88 millones en inversiones de inmovilizado y otros 2,68 millones en ajustes internos.

Según estas directrices, «la amortización anticipada de la deuda se ha vuelto una necesidad en aquellas operaciones en las que el coste de las mismas sea superior al 3 por ciento». Para ello, explica el documento, deberá destinarse al menos el 25 por ciento del excedente económico. Es decir, que prevén pagar deuda por adelantado por valor de 1.072.113 euros durante 2021.

No obstante, las operaciones de amortización de deuda se realizarán en el último trimestre del ejercicio para asegurar que los excedentes de que se disponen no son temporales.

EL 52 POR CIENTO SON SUBVENCIONES, 47,15 MILLONES

En cuanto a los ingresos brutos previstos, que ascienden a 89.959.630 euros (un 5,04 por ciento más que en 2020), algo más de la mitad, el 52,41 por ciento, es decir, 47,15 millones de euros, provienen de subvenciones para gastos de funcionamiento, de las comunidades autónomas, subvenciones extraordinarias, de las diputaciones, de Grupos municipales, de los Consells y Cabildos y para gastos de seguridad.

El grueso del resto asciende a 42.064.915 euros, son cuotas de los afiliados (10,25 millones); aportaciones de cargos públicos (10,35 millones) e internas por entregas institucionales del PSOE (21,37 millones). Aunque también contemplan 81.630 euros en donaciones.

No obstante, el PSOE también cuenta con ingresos de 689.931 euros por arrendamientos (188,752 euros) y por otras gestiones (501.179 euros), así como 54.190 euros de «ingresos excepcionales».

Este presupuesto de casi 90 millones de ingresos experimenta un ajuste de 21.376.911 euros por transferencias internas institucionales y por transferencias internas en el ámbito municipal. Con lo que el presupuesto total de ingresos descontando estos ajustes asciende a 68.582.719 euros.

EL MAYOR GASTO, A RECURSOS HUMANOS.

En cuanto a los gastos brutos previstos en el ejercicio de 2021, estos son de 88.265.529 euros, lo que supone un 1,49 por ciento más que en 2020. De esta cantidad, el mayor gasto del PSOE es en recursos humanos, dedicando a este capítulo 23,34 millones de euros. Le siguen las transferencias internas por un total de 21,29 millones y los gastos generales, de 13,53 millones de euros.

Pagarán también 4,29 millones por servicios exteriores, 3,98 millones en actos públicos; 3,59 millones en gastos extraordinarios; 3,33 millones en el plan de transformación Ecológica y Digital; 3,19 millones en reparaciones y mantenimiento; 3,057 millones en provisiones y 2,02 millones en amortización de inmovilizado, entre otros.

Este presupuesto bruto de gasto de más de 88 millones también se ve ajustado por las transferencias internas institucionales, al ámbito municipal y otros ajustes internos no consolidados, que suman 23,97 millones, con lo que el presupuesto sin estos ajustes asciende a 64,29 millones.

La diferencia entre el presupuesto de ingresos y el de gastos teniendo en cuenta los ajustes por transferencias que se realizan, ascienden a 4,28 millones de euros, mientras que los impuestos sobre beneficios se prevén en 449.559 euros.

25 MILLONES DE FLUJO DE CAJA

En cuanto al estado de origen y aplicación de los fondos, las cuentas aprobadas por el PSOE contemplan cerrar el ejercicico con un flujo de caja de 25,16 millones de euros. Esta cifra se obtiene de restar a la tesorería (31,48 millones) y el cash flow (9,36 millones), que suman 40,85 millones, los 15,68 millones de amortizaciones de deuda financiera, microcréditos, inversiones y ajustes internos.

Esta cifra de 25,26 millones del flujo de caja se verá reducida a 22,78 millones tras la apliación de las directrices presupuestarias del PSOE, que prevén amortización anticipada de deuda por 1,072 millones y el plan de sostenibilidad, es decir, el plan de Transformación Ecológica y Digital, por 1,3 millones de euros.

Los cuatro jóvenes acusados de violar a una chica en grupo el 31 de diciembre de 2018 en una vivienda de Callosa d’en Sarrià (Alicante) y grabarlo con el móvil han reconocido los hechos y pedido perdón a la víctima de forma «expresa» y «sin ningún tipo de fisuras» durante la primera sesión del juicio en la Audicencia Provincial de Alicante.

Los cuatro están acusados de varios delitos de agresión sexual y descubrimiento y revelación de secretos por los que Fiscalía pide provisionalmente penas que suman 200 años de prisión, a razón de entre 48 años y medio y 52 para cada uno de ellos.

Los acusados, que tenían entre 19 y 24 años en el momento de los hechos, han asegurado que consumieron alcohol y drogas en «cantidades notables», según han informado tanto la acusación particular como la defensa en declaraciones a los medios de comunicación al término de la primera sesión de la vista, que se celebra a puerta cerrada en la Sección Segunda.

Por tanto, todos ellos alegan que sus capacidades estaban mermadas como consecuencia de la ingesta de alcohol y drogas. El abogado de la víctima ve esta alegación como una atenuante «de tipo objetivo» con la que se muestra de acuerdo, dado que pretendía que se alcanzara una conformidad y no se celebrara el juicio para que la joven no tuviera que pasar por este proceso.

De hecho, los letrados de acusados y defensa han confirmado que existía una posibilidad de acuerdo entre las partes para una conformidad, con penas de 18 años para el considerado cabecilla del grupo y 15 para cada uno de los otros tres acusados.

No obstante, el ministerio fiscal se ha opuesto y se ha «desvinculado» de dicho acuerdo. Por tanto, la vista se celebra y continuará en una próxima sesión el próximo miércoles con la declaración de la víctima y de los testigos.

«La Fiscalía no ha querido ningún tipo de acuerdo, desde luego la víctima no se siente representada por el ministerio público», ha criticado el abogado de la víctima, Francisco González, quien ha lamentado también que el fiscal «obligue» a la joven a «hacer un esfuerzo demónico para rememorar un hecho tan traumático cuando las penas estaban acordadas con las defensas», y que consideraban que eran «más que relevantes» y con las que «quedaban suficientemente castigados los hechos».

En esta línea, el letrado ha añadido que están «bastante tristes por lo sucedido» después de que el ministerio fiscal instase a las partes a llegar a una conformidad y, una vez alcanzada, se haya «desvinculado sin dar motivos al respecto».

«LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA»

El abogado de uno de los acusados, José Luís Sánchez Calvo, ha indicado que los cuatro han mostrado durante la sesión su «arrepentimiento» y han sostenido que «si no hubieran estado intoxicados por las drogas y el alcohol no hubieran cometido estos hechos, puesto que no eran conscientes».

Según el letrado, «todos y cada uno han reconocido su participación así como la del resto de acusados, así que a la vista del reconocimiento de hechos lo razonable sería que la Fiscalía rebaje considerablemente las penas, pero desconozco qué va a hacer» el ministerio público.

El abogado, que ha indicado que prefiere «mordese la lengua» ante la falta de acuerdo por parte de Fiscalía, ha lamentado que esta circunstancia se está produciendo «por primera vez en la historia» después de una admisión de culpa y petición de perdón: «Creo que es la primera vez que cuatro chavales jóvenes se arrepienten de lo que han hecho después de haber consumido durante la noche muchísima droga y alcohol», ha indicado.

Periodistas y académicos han recordado este lunes a su compañero de profesión Tico Medina, fallecido este 5 de julio a los 86 años de edad, coincidiendo en que, con su pérdida, «desaparece una forma de hacer periodismo», como ha señalado Antonio San José.

«Se definía a sí mismo como un reportero e hizo siempre gala de ello. Estuvo toda su vida pegado a la noticia, a los grandes protagonistas de la actualidad y siempre con múltiples registros. Cultivó la crónica social, las entrevistas a algunos de los personajes más relevantes del siglo XX, los reportajes en profundidad y fue también pionero en la puesta en marcha de novedosos formatos televisivos», ha recordado el periodista y académico Antonio San José.

«Siempre experimentando, curioso, inquieto, sin perder nunca el amor por el oficio. En medios como Ideal, Pueblo, Hola, TVE o Antena 3, dejó la impronta de su magisterio periodístico. Hoy, su marcha deja un hueco irremplazable en la profesión y en el corazón de los que fuimos sus amigos y admiradores absolutos por su personal forma de entender y ejercer el periodismo y de andar por la vida, repartiendo afectos y buenos consejos. Descanse en paz», añade en un comunicado remitido por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual.

Precisamente, la Academia de Televisión se ha sumado al dolor y la tristeza por esta pérdida y, en nombre de los académicos, han enviado su «más sentido afecto y apoyo a sus familiares, compañeros y amigos». Medina fue miembro fundador de la Academia de Televisión y en el año 2012 dejó grabado su testimonio profesional para el archivo documental ‘Tesoros vivos’ de la Academia que recoge la historia de la Televisión en España contada por sus protagonistas.

Por su parte, Carlos Herrera, periodista y académico, ha querido recordarle como «un bordador de palabras, un escultor de ideas y un narrador de la vida. Maestro de periodistas, maestro incontestable, comunicador único, relator y un escritor de finura única».

Mientras, el periodista y académico Ricardo Vaca Berdayes le describe como un «pionero de la televisión entre los pioneros y de los que estaban en los estudios del Paseo de la Habana. Un clásico de verdad. Compartimos vida en la radio a finales de los años 80, él realizando también los programas río de las mañanas del fin de semana. Tico era un gran amante de la pasión por la vida y por las historias de las personas de más alcurnia y de aquéllos otros que podríamos denominar como anónimos».

«Disfrutaba en cada narración, un grandísimo contador de historias, de gentes, de paisajes, de pueblos. Y una voz y prosodia que, justamente por su enorme amor y pasión por el oficio de la comunicación, hacía familia con narradores como el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Tico entendía el oficio del periodista desde «el hambre del conocimiento». Descanse en paz», añade.

RECUERDOS Y CONDOLENCIAS EN REDES SOCIALES

Numerosos compañeros de profesión y medios se han sumado a las condolencias en las redes sociales. «Ha muerto mi maestro #TicoMedina. A él le debo mi amor a la radio y mi amor a la profesión. DEP», afirma en su perfil de Twitter Nieves Herrero. «Aprendí muchísimo de ti. Se va un reportero insaciable y un trabajador incansable. Adiós maestro», añade el periodista Javier Gallego en esta red social.

«Hasta siempre, Tico Medina. Uno de los grandes periodistas de este país, un reportero todoterreno que hizo prensa, radio y televisión, y sobre todo un hombre que llevó a Granada por todo el mundo. Mis condolencias a su familia y amigos #TicoMedina», indica Lourdes Maldonado, en línea con Constantino Mediavilla: «Uno de los más grandes periodistas y reportero y comunicador nos deja. Chao #TicoMedina gracias por dejarnos tu legado y tu experiencia Maestro».

«Ha muerto #TicoMedina, maestro de periodistas, bellísima persona, un talento para la comunicación y el trato humano. Autor querido de @AlmuzaraLibros, con su #EldiaquemataronaManolete, dejas una honda huella en nuestro sello y nuestro corazón. Descanse en paz», señala el editor, escritor y político Manuel Pimentel.

El Consejo de Ministros aprueba este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual tras más de un año desde su aprobación como anteproyecto. El texto que llega ahora al Gobierno cuenta con una nueva definición de consentimiento «en positivo», tras los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado en sus informes.

La redacción será: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Tal y como ha informado el Ministerio de Igualdad, esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Además, indica que este modelo de consentimiento en positivo ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña.

Desde el departamento que dirige Irene Montero indican que, cuando entre en vigor la norma, las víctimas «ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia». De esta forma, se entiende que «todo acto sexual sin consentimiento será agresión» y se «eliminan» los abusos sexuales del Código Penal.

La norma, recuerda el Ministerio, se aprobará en vísperas del 7 de julio, día en el que se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. En dicha fecha también se produjo la agresión a la víctima de la Manada en Sanfermines, cuya sentencia inició las protestas del movimiento feminista bajo los lemas ‘no es abuso, es violación’, ‘hermana yo sí te creo’ o ‘solo sí es sí’.

INCLUYE LA TERCERÍA LOCATIVA

El texto, además, cumple con el Convenio de Estambul al situar el consentimiento en el centro, apunta Igualdad, que también destaca que España liderará con esta ley «la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos».

En este sentido, destacan algunos puntos clave que también recoge esta ley, como la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa «todas las violencias, todas las mujeres».

A través de esta ley también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

Del mismo modo, se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL

La norma, del mismo modo, recoge cambios en el Código Penal, optando por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias. «Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias», explica el Ministerio de Igualdad.

El equipo de Montero cree que esta norma da también «una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales», desde las más «leves» a las más «graves» y recoge, además, «un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima» en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

LARGO RECORRIDO Y MUCHOS MINISTROS

Más de un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de esta ley, y tras pasar por la consulta pública, la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado, como requiere la tramitación, el Gobierno ratificará esta norma para que inicie, ahora, la fase de tramitación parlamentaria.

Tal y como ha señalado Igualdad, el texto comenzará su tramitación en el Congreso, previsiblemente, el próximo mes de septiembre, en un proceso en el que recibirá las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Pero el recorrido de la reforma de los delitos sexuales va mucho más allá, ya que comenzó a idearse tras la polémica sentencia a la Manada de Sanfermines dictada por la Audiencia Provincial de Navarra. En abril de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que analizaría la tipificación de los delitos de abuso y agresión en el Código Penal.

Pero la propuesta encargada a la Comisión General de Codificación llegó a manos de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el cambio de gobierno al que dio lugar la moción de censura. Aún así, la reforma se hizo esperar. No fue hasta la posterior llegada del Gobierno de coalición PSOE-Podemos cuando vio la luz en forma de anteproyecto de Ley de Libertad Sexual.

El texto ha sido impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero y revisado por el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo y va a tardar más de un año en ser remitido finalmente a las Cortes.