El Pleno del Tribunal Constitucional en el que se ha debatido este martes sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del decreto por el que se declaró el primer estado de alarma frente a la pandemia de coronavirus ha concluido sin acuerdo por parte de los magistrados y por ende sin fallo.

Fuentes del tribunal de garantías han confirmado que este martes no se ha votado la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano y que el Pleno volverá a reunirse mañana para continuar el debate y acordar una resolución.

La decisión mantiene dividido al cónclave, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta mañana, en la que los jueces han analizado una ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movillidad –como el confinamiento domiciliario– aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia.

En caso de que el texto consiguiese un apoyo mayoritario, se admitirían algunos presupuestos señalados en el recurso presentado por Vox, que fue el primero en acudir al Tribunal Constitucional para impugnar los decretos dictados por el Gobierno de coalición durante la crisis del coronavirus.

ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES

Según han precisado fuentes jurídicas, la ponencia contempla que las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del estado de alarma.

El asunto llega a Pleno en un momento en el que en el tribunal de garantías hay mayoría de magistrados conservadores, aunque esto no quiere decir que el apoyo a todos los puntos de la ponencia de Pedro González-Trevijano sea automático.

De hecho, el Pleno se mantiene bastante dividido, según las citadas fuentes. De rechazarse el texto, se tendría que nombrar un nuevo ponente para que redactara el sentir mayoritario del Constitucional y habría que esperar incluso meses a la resolución final de este asunto.

¿SUSPENSIÓN O LIMITACIÓN DE DERECHOS?

Otra de las claves del debate pasa por dilucidar si el primer estado de alarma supuso una suspensión total de los derechos fundamentales afectados o una mera limitación de los mismos que sí podría estar amparada por la figura del estado de alarma. De imponerse la visión del ponente, la decisión tendrá consecuencias inmediatas, puesto que todas las multas emitidas durante el estado de alarma deberían ser anuladas.

Este tema está pendiente de resolverse en el Constitucional desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la COVID-19.

Desde Vox entienden que el decreto del 14 de marzo incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución. Sostienen que determinadas suspensiones dictadas por el Ejecutivo sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha solicitado a la Policía que reclame a su vez a las compañías telefónicas el tráfico de mensajes que se habrían intercambiado el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la ‘Operación Kitchen’, conforme declaró este último en sede judicial.

Según ha avanzado la Cadena SER, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha indicado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que contacte con las empresas telefónicas responsables de las líneas desde las que se habrían enviado y recibido esos mensajes para ver si realmente existió tal intercambio.

Las mismas fuentes han explicado que es poco probable que las compañías telefónicas puedan aportar al instructor la información requerida porque suelen eliminarla al cabo del tiempo. Los SMS habrían comenzado a partir de julio de 2013, cuando García-Castellón ha situado el inicio de la ‘Operación Kitchen’ en base a sus pesquisas.

Villarejo ha afirmado en sucesivas ocasiones –ante García-Castellón, tanto verbalmente como por escrito, y en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre ‘Kitchen’– que le dieron dos números de teléfono móvil para que contactara con Rajoy y le mantuviera informado sobre el desarrollo del operativo, algo que según él hizo a través de SMS.

El magistrado le pidió que aportara los números de teléfono que pertenecerían al antiguo inquilino de La Moncloa. En un reciente escrito, el comisario jubilado entregó uno pero aseguró que no ha podido encontrar el segundo, apuntando al juez que le sería más fácil recordarlo si pudiera tener pleno acceso a sus agendas personales, que fueron incautadas.

Por su parte, Villarejo manifestó que él usó cuatro números para responder a las preguntas concretas que le habría hecho Rajoy sobre ‘Kitchen’, números que se corresponderían con los teléfonos prepago que le habrían proporcionado Asuntos Internos y la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) a tal efecto.

«TENÍA INTERÉS PERSONAL»

El ex policía explicó, en declaraciones a la prensa tras su comparecencia judicial del pasado 2 de julio, que «el señor presidente, el señor Rajoy, tenía interés personal en este tema», en la ‘Kitchen’, algo que le pareció «normal» porque «era una cuestión de Estado».

De acuerdo con Villarejo, le facilitaron un contacto directo con el otrora jefe del Ejecutivo porque quería estar al corriente de la evolución de ‘Kitchen’ y no se fiaba de la información que le llegaba desde el Ministerio de Interior.

Este operativo se habría montado desde la cartera que en aquella época dirigía Jorge Fernández Díaz, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno y sustraerles la documentación comprometedora sobre el PP y sus dirigentes que pudieran guardar a fin de que no cayera en manos de la Justicia.

Villarejo, según declaró, se incorporó a la ‘Kitchen’ una vez iniciada por su talento natural para captar «fuentes humanas». Y así lo hizo –sostuvo– con el chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, investigado como uno de los presuntos espías.

El agente retirado aseguró a García-Castellón en dicha comparecencia que, además de Rajoy, la cúpula del Gobierno, del partido y la policial conocían la existencia de ‘Kitchen’. Mencionó a Fernández Díaz y a los entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; director general de la Policía, Ignacio Cosidó; y director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino; así como a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El juicio contra los ocho procesados por el sumario 13/13, acusados de pertenecer al frente jurídico de ETA, se ha reanudado este martes con la declaración de la abogada Arantza Zulueta, acusada de liderar ese órgano, que ha reiterado que «nunca» ha «visto o tocado un arma» y que no perteneció a Halboka.

Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos, ha insistido en que las únicas armas que ha visto «han sido las fotografías» en sumarios y hace años en la Audiencia Nacional, cuando «se traían las armas incautadas y se exponían».

Por ello, la acusada de encabezar Halboka ha instado «a quien haga falta» a que encuentre «una sola huella» suya el zulo en el que se encontraban las armas o en el USB en el que se encontraría la información relativa a la ubicación del emplazamiento.

A preguntas de su defensa, la abogada también ha dejado claro que «nunca» ha «pertenecido» al considerado frente jurídico de la banda ni a «ningún aparato» de la organización. Además, ha negado que participase en el cobro del impuesto revolucionario o en captaciones.

RECONOCIÓ SU INTEGRACIÓN COMO PASO A LA «PAZ Y LA CONVIVENCIA»

Eso sí, Zulueta ha reconocido que perteneció al KT, el conocido como frente de cárceles, desde donde trataba de «coordinar a los presos» de cara a que estos asumieran y admitieran la vía penitenciaria. Precisamente, esta fue la razón por la que tanto ella como Jon Enparantza fueron condenados en septiembre de 2019.

Zulueta, que salió de prisión en febrero de 2020 tras cumplir su condena, ha explicado que si reconoció su pertenencia a la banda terrorista en condición de dirigente fue para evitar que el resto de sus compañeros tuvieran que ingresar en prisión. También lo hizo, ha señalado, porque entendía que de esa forma estaba dando «un buen paso en los pasos» que se estaban dando «en la democracia en la paz y en la convivencia».

Por otro lado, la abogada se ha desmarcado de los alias ‘Marxel’ o ‘Bixer’ contenidos en los informes de la Guardia Civil, y que le vincularían con diferentes reuniones con miembros de la organización terrorista ETA. Así, la abogada ha calificado de «extraño o tendencioso» que el Instituto Armado pretenda relacionarle con alguno de esos seudónimos.

NUNCA HA AYUDADO A ETARRAS A ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA

En su declaración, también ha negado haber participado o facilitado información referida a atentados o acciones violentos de la banda. De igual forma, Zulueta ha asegurado que en su condición de abogada siempre ha tratado de poner a sus clientes –acusados de pertenecer a ETA– a disposición de la Audiencia Nacional.

«Lo que yo he hecho ha sido traerles a la Audiencia Nacional, algo que he hecho infinidad de veces. Si el cliente pretendía evadir la acción de la Justicia, yo no volvía a tener contacto con él. No voy a negar que habrá quien lo haya intentado pero mi ayuda era traerlos a la Audiencia para que compareciesen ante sus señorías», ha sostenido.

«LO IBA A PASAR MUY MAL SI NO DECÍA LO QUE QUERÍAN»

A la declaración de Zulueta le ha seguido la de Naia Zuriarrain, que a preguntas de su abogada ha confirmado las torturas denunciadas anteriormente. El trato dispensado por la Guardia Civil comenzó a empeorar, según ha denunciado, en el momento en el que fue trasladada a Madrid tras su detención en Bilbao en abril de 2010.

«Después de verme el forense cambia la guardia y vamos con otros cuatro guardias civiles hombres. y en todo el trayecto a Madrid me van amenazando que tengo de tiempo hasta Madrid para empezar a hablar porque en Madrid el trato iba a cambiar, que lo iba a pasar muy mal si no decía lo que querían», ha señalado.

El momento más duro de su declaración ha sido cuando Zuriarrain ha relatado que, en uno de esos interrogatorios varios agentes le dejaron «en bragas y camiseta» y le colocaron unas bandas de «gomaespuma» en los brazos para, después, echarle «agua fría por la cabeza». Además de estos procedimientos, Zuriarrain ha acusado a los agentes de obligarle a aprender una serie de respuestas para ofrecerlas en una declaración policial.

Jon Enparantza, que cumplió condena junto a Zulueta por su integración en el KT, ha negado ser ‘Mik Mik’, el alias con el que le identificaría el informe de la Benemérita. El también abogado ha continuado la línea de su compañera y ha descartado haber formado parte de «ningún aparato» de ETA.

LOS AGENTES ENTRABAN A LA CELDA «EUFÓRICOS Y SALIDOS DE MADRE»

Como Zuriarrain, Enparantza ha denunciado que sufrió amenazas por parte de la Guardia Civil, que le habría enseñado «fotografías» de sus cinco hijos y de su mujer. Además, era consciente de que estaban «torturando» al resto de detenidos por las «referencias» que hacían los agentes, que «entraban a la celda eufóricos y salidos de madre».

«Esos fueron los cinco días que pasé. Ni comí, ni bebí y apenas ni dormí. Al cuarto día me llevaron al hospital porque estaba un poco deshidratado y, al negarme a recibir suero, volvieron a llevarme a la celda», ha relatado.

Por su parte, Iker Sarriegi ha negado que ayudase a integrantes de ETA a huir o esconderse de la Justicia. «Nos venían (al bufete) justo los que querían presentarse ante la Audiencia Nacional», ha explicado, revelando que tendría un total de 200 a 250 clientes dispersos por toda España.

Tras negar su pertenencia a cualquier estructura de la banda, Sarriegi ha dejado claro que nunca ha «conocido o visitado» a Frédéric Haramboure, ‘Txistor’. Una carta incluida en el informe de la Guardia Civil le relacionaría, precisamente, con este preso de ETA que integró el comando itinerante Argala de la banda.

UNO DE LOS ACUSADOS: «NO ENTIENDO QUÉ HAGO EN ESTE JUICIO»

El abogado Julen Celarain, el quinto en comparecer, ha mostrado su «incredulidad» por estar imputado en esta causa cuando hay «tres o cuatro motivos que apuntan en la dirección contraria». En esta línea, ha recordado que en 2008 ya fue «juzgado y condenado por casi las mismas acusaciones» que recaen sobre él. «No entiendo qué hago en este juicio», ha lamentado.

Al igual que algunos de sus compañeros, Saioa Aguirre también ha denunciado torturas. Primero, antes de llegar a Madrid, los agentes le habrían amenazado con dejarle «cinco días desnuda». En su declaración, ha relatado que uno de los agentes le preguntó «si quería ser madre». «Le dije que si y me dijo: Prepárate, porque no lo vas a ser. Ya empiezan los interrogatorios», ha apuntado.

Como en el caso de Zuriarrain, Aguirre ha sostenido que su declaración policial «era falsa» ya que la «escribió la Guardia Civil». «Toda la declaración era mentira. Accedí a aprendérmelo de memoria y lo hice así», ha explicado.

Nerea Redondo, acusada de haber entregado 44.500 euros a otro de los encausados, Juan Mari Jáuregui, –un montante de procedencia ilícita y que tendría como destino último la banda– ha explicado que ese dinero pertenecía a sus ahorros y que se lo entregó a su compañero para evitar que se lo robaran.

«A finales de agosto me iba fuera de vacaciones. Leí que al lado de mi edificio había habido dos robos y al irme fuera con mi compañero decidí sacar de ahí ese dinero», ha justificado Redondo, que ha incidido en que esa suma la habría obtenido trabajando en diferentes labores.

Tras la declaración de los acusados, el juicio se reanudará este miércoles con la declaración como testigos de tres agentes de la Guardia Civil.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido este martes la «dificultad» de llegar a pactos con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que «convive con la mentira y se intenta blindar ante la Justicia». Según ha subrayado, «sin confianza no se puede llegar a acuerdos» y «en este momento no existe confianza» en el Ejecutivo.

Así se ha pronunciado García Egea –durante su intervención en la IX Edición del curso de verano ‘Prensa y Poder’ organizado en Aranda del Duero por el Colegio San Gabriel– tres días después de conocerse la remodelación de Gobierno y en un momento en el que está pendiente la renovación de varios órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García Egea ha asegurado que «el futuro y la esperanza» son la «guía» que tiene el PP a partir de ahora para ofrecer a los españoles «un proyecto de alternativa». «Estas palabras importan ahora más que nunca porque necesitamos esperanza para conseguir un futuro mejor después de estos momentos duros que hemos vivido», ha manifestado.

EL GOBIERNO «CÓMODO EN LA DIVISIÓN Y EL ENFRENTAMIENTO»

Además, ha señalado que los valores democráticos y las libertades de los españoles «están siendo atacadas por parte del Gobierno, que se dice de concordia pero que solo parece encontrarse cómodo en la división y el enfrentamiento».

«Es un Gobierno que convive con la mentira y se intenta blindar ante la Justicia. Entenderán ustedes la dificultad de llegar a acuerdos cuando no existe algo fundamental como la confianza», ha recalcado, para añadir que «sin confianza no se puede abrir una empresa, emprender un negocio o invertir». De la misma manera, ha dicho que «sin con confianza no se pueden llegar a acuerdos» y «en este momento no existe confianza en el Gobierno».

García Egea ha afirmado que «los españoles claman por un cambio de tiempo político» y ha agregado que la valoración de los ministros y del propio Sánchez «se desploma» en las encuestas. Y el PP, ha proseguido, está trabajando «para conseguir reilusionar a esa gran mayoría de españoles que quiere un cambio político en España».

«SÁNCHEZ SABE QUE SE LE ACABA EL TIEMPO»

En este punto, ha destacado que los sondeos recogen que en las próximas generales los españoles tendrán que elegir entre dos opciones: Pedro Sánchez o Pablo Casado. «Ésa será la gran decisión que habrá que tomar cuando Sánchez decida apretar el botón de convocatoria electoral», ha enfatizado.

Según García Egea, el cambio de Gobierno anunciado el sábado por el presidente del Gobierno evidencia que «él mismo sabe que se le acaba el tiempo». «Lo que antes era una carrera hacia adelante, en este momento es una cuenta atrás de Pedro Sánchez, que está contando los meses que le quedan para la convocatoria electoral. Ésa ha sido la motivación en el cambio de Gobierno», ha apostillado.

El ‘número dos’ de PP ha explicado que el PP está trabajando en su Convención Nacional que se celebrará en Valencia los días 2 y 3 de octubre pero que ya están desarrollando estos meses con diferentes actos «abriéndose a la sociedad civil» para «construir el proyecto de país que Casado llevará a ejecución cuando los españoles le dén la oportunidad» en las urnas.

Según ha señalado, esos foros están sirviendo para elaborar las leyes que el PP impulsará en sus primeros días de Gobierno si gana las elecciones. «Tenemos equipo, tememos un líder y ahora tenemos también un programa que aplicar. Por tanto, el cambio, la concordia ya no funciona en el Gobierno de España ni con sus ministros. Hemos visto que no se ponen de acuerdo ni con qué comer», ha afirmado, en alusión a las declaraciones del ministro Alberto Garzón recomendando reducir el consumo de carne y que fueron desautorizadas por Pedro Sánchez y el titular de Agricultura, Luis Planas.

PIDE AL GOBIERNO DEDICARSE «UN POQUITO A GESTIONAR LA PANDEMIA»

García Egea ha indicado que la situación económica de España se enfrenta a dos crisis: la pandemia y «el desgobierno» de Sánchez. A su entender, «mezcladas juntas están llevando a situaciones sin sentido» porque en España hay «17 formas de luchar contra la pandemia».

En este punto, ha denunciado que «la soberbia» de Sánchez le haya llevado a no querer aceptar la Ley de Pandemias que propuso hace meses Pablo Casado, que permitiría tener una «norma para todos» que habría dado «seguridad jurídica» a las CCAA.

«El Gobierno debería promover una Ley de Pandemias como la que propuso Pablo Casado. Le cedemos la autoría, que la publique y que dé seguridad jurídica a las autonomías porque no podemos seguir luchando de 17 formas distintas sin que los gobernantes, sean del signo que sean, no tengan la oportunidad de tener normas claras para saber cuándo y cómo se puede actuar sin miedo a que la Justicia luego diga que no se ajusta a derecho», ha resaltado.

García Egea ha asegurado que el Gobierno ha estado «muy liado» con los indultos a los condenados por el ‘procés’ pero ha señalado que, una vez que han terminado con ellos y se han concedido, «se podría dedicar un poquito a gestionar la pandemia», que «a los españoles preocupa más que los indultos».

PIDE AL GOBIERNO «AGRADECER» AL PP LA REFORMA LABORAL DE 2012

El ‘número dos’ de Pablo Casado ha defendido mantener la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha señalado que el Gobierno «se ha servido de ella en la aplicación de los ERTE» durante la pandemia.

«Le pido al Gobierno si finalmente, como parece ser, no va a derogar la reforma laboral, que salga públicamente, agradezca el trabajo hecho por el PP y sigan trabajando y dejen de desviar la atención», ha demandado.

También ha recriminado al Gobierno que suba los impuestos y ha señalado que ahora a los que se les quiere reducir las pensiones «se les llama ‘Babyboomers’ cuando, a su juicio, habría que llamarles «gente que ha trabajado toda la vida, ha levantado este país y ahora este Gobierno quiere recortarle la pensión». «Intentan ponerle nombre a las cosas para que parezca que son lo que no son», ha resaltado.

Además, ha advertido de que la recuperación económica «no se logrará contratando cada vez más asesores, sino impulsando cada vez más emprendedores» y ha anunciado que el PP ha presentado una proposición no de ley para la recuperación del tejido productivo y empresarial, que recoge que la Administración General del Estado pague a sus empresas proveedoras, que se aplace la deuda tributaria de las empresas y que se adopten incentivos fiscales o se facilite la creación de empresas.

SIN AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LOS FONDOS EUROPEOS

García Egea ha enumerado las propuestas del PP para revertir los daños que ha hecho la pandemia a la economía española, con propuestas como bajar impuestos, potenciar la flexibilidad laboral o reducir la burocracia del tejido productivo. Así, ha reclamado que la competitividad llegue ahora porque España no puede esperar a 2050″.

Sobre los fondos europeos, ha criticado que el Gobierno no haya aceptado la creación de una autoridad independiente como planteó Pablo Casado y ha ocurrido en otros países de Europa. A su entender, el «desgobierno de Sánchez ya es un lugar común en Europa» con «su mala costumbre de gasto superfluo, falta de transparencia, deficiencias en los planes de asignación de fondos europeos y falta de control y de garantías». Según ha añadido, son cuestiones que «preocupan mucho a la Comisión Europea».

El Consejo de Ministros ha otorgado carta de naturaleza al acuerdo firmado el pasado mes de enero entre Carmen Thyssen y el Ministerio de Cultura y Deporte para que se quede en España la colección de la baronesa por un plazo de 15 años y con la inclusión del ‘Mata Mua’, por un pago anual de 6,5 millones de euros, según han confirmado fuentes ministeriales.

El exministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes afirmó precisamente la semana pasada que la firma del contrato era «cuestión de días», ya que estaba únicamente a falta de «cerrar flecos», si bien apuntó a la importancia de ese paso previo necesario por Consejo de Ministros.

«Va muy bien y estamos cerrando flecos del contrato, no hay ningún problema. El caso es que hay que ultimar un contrato y hay que hacer una norma, que pase por Consejo de Ministros, y eso exige contrato formal. Pero es cuestión de días, habrá noticias pronto», señaló el entonces ministro durante su visita a la feria ARCO.

La portavoz del Gobierno y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado que la autorización llega a través de un Decreto Ley por el que se va a regular el arrendamiento de determinadas entidades del sector público de colecciones de bienes inmueble que forman del Patrimonio Histórico.

«Uno de los objetivos es el de reconocer la colección Thyssen y la garantía de Estado para que las obras que la integran gocen de régimen de aseguramiento. Una vez que se formalicen estos arrendamientos de la colección, todas las obras ya tendrán su cobertura en materias de riesgos por destrucción, por extracción o daños en la misma», ha señalado Rodríguez en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el Real Decreto se reconoce a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza la garantía del Estado de tal manera que, una vez se formalice el arrendamiento de la colección, las obras que la integran «gozarán de este singular régimen de aseguramiento».

Cultura ha explicado que el impacto indirecto que puede suponer la aprobación de este Real Decreto será «positivo, ya que contribuirá previsiblemente a reforzar el patrimonio cultural español. «La mejora del régimen de incorporación de bienes culturales va a redundar de forma muy favorable en el turismo cultural, y, por tanto, en la actividad económica», ha añadido.

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, durante 2019, antes de la situación provocada por la COVID-19, recibió 1.034.872 visitantes, un 11,5% más que en 2018. El departamento de Iceta cree que la oportunidad de contar con una colección de obras de arte de esta entidad, evitando su salida del museo y asegurando así la posición de éste, «supone una contribución a la cultura y a la recuperación económica».

Para garantizar la continuidad de este crecimiento y contribuir a la recuperación del turismo cultural y de la propia economía, una vez superados los momentos más duros de la pandemia, es imprescindible dar estabilidad a la presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, como elemento fundamental y garantía de cohesión, unidad y calidad en la institución», ha añadido.

TRES PRÓRROGAS

A finales del pasado mes de junio, Cultura y Carmen Thyssen acordaban prorrogar por tercera vez la firma del contrato. En anteriores aplazamientos de la firma ambas partes ya matizaron que «no existe ningún problema» y atribuían estas ampliaciones para la firma a «trámites burocráticos». «Son matices técnicos y de momento los temas importantes ya estaban en el preacuerdo. Solo es cuestión de tiempo», aseguraban.

«El asunto va bien y el acuerdo está hecho. Los elementos centrales están y ahora están los abogados de una parte y de la otra ultimando los detalles del contrato», señalaba Uribes durante una visita oficial en Roma el pasado mes de mayo.

El exministro avanzó que cuando esté listo el documento «desde el punto de vista jurídico» se firmará en un acto en el que también estará presente el hijo de la baronesa, Borja Thyssen, que es cotitular de parte de la colección.

TRES PRÓRROGAS

Hasta el día de hoy se han dado tres prórrogas para firmar este acuerdo, prevista en principio para el pasado mes de marzo. El acuerdo con la baronesa Thyssen se alcanzó el pasado 29 de enero y contemplaba que su colección se quedara en España por un plazo de 15 años y con la inclusión del ‘Mata Mua’ de Paul Gauguin, que salió del museo en junio del año pasado.

El acuerdo supondría el pago de 6,5 millones de euros anuales a la baronesa aunque ambas partes se dieron dos meses de plazo para negociar el contrato final, finalmente prorrogado tres meses más.

El préstamo de las 429 obras de la colección propiedad de Carmen Thyssen fue firmado en 1991 con una duración de diez años y, desde entonces, se ha renovado de manera anual desde 2011. A principios de 2017 la baronesa reclamó al Ministerio de Cultura un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato estaba «obsoleto».

ICETA RUBRICARÁ LA FIRMA

Desde entonces, el Ministerio, inicialmente con Íñigo Méndez de Vigo, después con José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes al frente y ahora con Miquel Iceta, han mantenido negociaciones con Carmen Thyssen para la firma de un nuevo contrato que ha obligado a renovar periódicamente la garantía de Estado de las obras.

Con este acuerdo, se pondría fin a nueve años de prórrogas del préstamo que la baronesa Thyssen-Bornemisza había acordado con el Estado en 2002 y que debían prorrogarse cada pocos meses. Se produciría así el reencuentro de las dos colecciones, la del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y la de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, ha aprobado este martes la distribución de más de 1.185 millones de euros a las comunidades autónomas para invertir en política educativa.

La nueva ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha informado de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras la remodelación del Gobierno.

«Cuando hablamos de educación, hablamos siempre de inversión, no de gasto», ha señalado recalcando también que para este Gobierno «la educación y la formación son una piedra angular».

Según informa su Departamento, dentro de estos fondos, más de 1.096 millones proceden de los componentes 19 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), e irán destinados a digitalización y al impulso de la equidad en el sistema educativo.

La inversión más importante, de 989 millones, corresponde al Programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Componente 19 del MRR, ‘Plan nacional de capacidades digitales.

Esta partida incluye 149 millones para la dotación de dispositivos portátiles con el objetivo de reducir la brecha digital de acceso por parte del alumnado. Otros 821 millones se destinarán a instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas y cerca de 19 millones a formación del profesorado en el uso de esta tecnología.

IMPULSO A LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Por otra parte, 78 millones se destinarán al Programa de Cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa PROA+), en el marco del componente 21 del MRR, ‘Modernización y digitalización del sistema educativo’.

A esta inversión en programas de refuerzo educativo procedente del mecanismo europeo se suman 40 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Educación y FP, correspondiente a este ejercicio económico.

Los beneficiarios del programa PROA+ son los centros sostenidos con fondos públicos que cuenten al menos con un 30% de alumnado vulnerable, así como centros rurales o insulares, ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población.

Estas dos inversiones se ejecutarán en el curso escolar 2021-2022. En total, el MRR prevé invertir otros 236 millones de euros en este programa en dos años (118 millones en el ejercicio 2022 y otros 118 millones en 2023).

Por otro lado, se ha acordado este martes la distribución de 29,6 millones para financiar el Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, también en el marco del componente 21 del MRR. Los destinatarios de este programa, que complementa las actuaciones de PROA+, son alumnos en riesgo de repetición y de abandono del sistema educativo.

Dentro del MRR, este programa contará con una inversión añadida de 38,5 millones en 2022 y de 55 millones en el ejercicio 2023. El objetivo es crear 618 unidades de acompañamiento y orientación personal en 2021; 804 en 2022; y 1.148 en 2023.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado también la distribución de 48,5 millones para el Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, cuyo plazo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2022.

La distribución de 1.185,5 millones acordada por el Consejo de Ministros se suma a los más de 984 millones aprobados desde abril, de los cuales 301 millones de euros corresponden al Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el marco del componente 20 del MRR, y 683,2 millones a formación profesional para trabajadores, tanto ocupados como desempleados.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este martes que «es posible» que la restricción de movilidad nocturna afecte al turismo de la ciudad, pero considera que «no hay otra solución que aplicarlo» y ha señalado que «es indudable» que la alta incidencia de coronavirus y la inseguridad son «lo que afecta seriamente» a la actividad del sector.

El primer edil se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en la Cadena Ser, preguntado por las nuevas restricciones que afectan a la ciudad, entre las que destaca la restricción de la movilidad de 1.00 a 6.00 horas.

Sobre si respalda este toque de queda, Ribó ha afirmado que «por supuesto» y ha señalado que «desde el primer momento» le transmitió a la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, su «apoyo total» a la medida, porque «puede ayudar y debe ayudar mucho».

El alcalde ha explicado que, de acuerdo con la información «provisional» de la que dispone, la primera noche de toque de queda no ha habido «ningún incidente grave» y espera que el comportamiento de la población siga así.

«La gente es consciente de que estamos en una situación muy complicada, el índice de afectación está en 700, está aumentando de forma seria las entradas a hospital y UCI, por supuesto no solo de mayores, también de personas jóvenes», ha detallado, antes de realizar una «llamada seria a todo el mundo» para «respetar las normas de forma estricta», porque es la «única solución para poder prevenir la grave situación en la que nos encontramos».

En esta línea, interpelado sobre los posibles perjuicios que pueda tener el toque de queda sobre el turismo de la ciudad, Ribó ha admitido que «es posible» que afecte a la actividad del sector, «pero lo que es indudable es que, evidentemente lo que va a afectar es la incidencia de casos que estamos teniendo».

«La no seguridad en el tema de la pandemia es lo que afecta seriamente al turismo», ha remarcado, antes de añadir que «el toque de queda es una consecuencia de eso» y «puede afectar», pero «no hay otra solución que aplicarlo», o «de lo contrario nos íbamos a encontrar con restricciones mucho más duras por una cuestión sencillamente de sanidad y prevención».

Sobre cómo se puede explicar que la ciudad haya alcanzado los niveles de incidencia actuales, Ribó cree que «la única explicación es el aumento de relaciones», que han ido aumentando de una forma exponencial», y ha lamentado que «se ha juntado» el final de estado de alarma con «el final de curso, de exámenes, con una serie de eventos importantes, sobre todo en el sector universitario y estudiantil».

«Yo creo que es el elemento más significativo. La suerte es que tenemos un nivel de vacunación en personas mayores importante, que espero que pueda rápidamente extenderse a las personas de menor edad», ha agregado.

FALLAS

Por último, sobre las Fallas, el alcalde de València ha señalado que «se puede celebrar» la fiesta y que no tiene dudas, porque es «imprescindible quemar» los monumentos.

«Si no realizamos la quema de Fallas en septiembre, nos vamos a encontrar con muchos problemas para el año que viene, porque eso tiene incidencia a todos los niveles, desde artistas hasta comisiones falleras. Para realizar fallas posteriormente, es imprescindible quemar las fallas que tenemos almacenadas actualmente en Feria València», ha sostenido.

En ese sentido, ha reiterado el planteamiento que trasladó a la Conselleria de Sanidad de confeccionar un protocolo por niveles de riesgo, que condicione y concrete los actos que se pueden llevar a cabo en función de los distintos escenarios sanitarios que haya en ese momento.

Sobre el plazo para tomar una decisión al respecto, ha indicado que no se ha concretado, pero ha confirmado que «lo que sí» hay establecido es que se van a «delimitar unos niveles de actos que puedan realizarse en función del nivel de incidencia», con «flexibilidad» porque «no es lo mismo realizar un acto con unos niveles bajos como hemos tenido normalmente en València que realizarlo en unos niveles como los que estamos teniendo ahora, muy elevados. Además, se ha mostrado «convencido» de que la situación en septiembre será «mucho mejor» que la actual.

Los Grupos Parlamentarios de PP y Vox en la Asamblea de Madrid plantearán el próximo jueves en el Pleno de la Cámara madrileña sendas declaraciones institucionales en defensa de la democracia en Cuba y en apoyo del pueblo cubano, que no serán apoyadas en cualquier caso por las formaciones de izquierda.

Así lo han trasladado los portavoces de PP y Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna y Alfonso Serrano, respectivamente, tras la Junta de Portavoces de este martes en la Cámara madrileña en relación a los incidentes registrados en la isla en las últimas horas.

El portavoz de Vox ha trasladado su «apoyo» al pueblo cubano en sus «ansias de libertad y democracia», que según ha dicho están siendo reprimidas «con puño de hierro», ante el «régimen castrista y comunista» y ha reclamado a España y a la Unión Europea que condene a «represión» del gobierno «tirano» de Miguel Díaz Canel.

En esta línea, ha subrayado que en su declaración institucional trasladarán su solidaridad con los ciudadanos de Cuba para «gritar con el pueblo cubano que ¡Viva Cuba y viva el pueblo libre¡». «Sabemos que Más Madrid y Unidas Podemos lo consideran un régimen democrático e idílico y les gustaría que estuviera en España», ha afeado el portavoz de Vox a las formaciones de izquierda.

Por su parte, el PP presentará otra declaración institucional en defensa de la democracia en Cuba y en apoyo a las personas que protestan en la calle y recordado que se trata de un pueblo «hermano» para España y para Madrid.

Las tres formaciones de la izquierda presentes en la Cámara madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), han avanzado su negativa a apoyar esta declaración institucional por diferentes motivos.

Desde Más Madrid, Mónica García, ha alegado que tanto PP como Vox se negaron la pasada semana a sumarse a la declaración institucional para condenar las violencias machistas, mientras que la socialista Hana Jalloul ha defendido que la situación en Cuba no debería ocupar la agenda de la Asamblea de Madrid.

ENFRENTAMIENTO PSOE Y PP

El portavoz del PP ha recriminado esta negativa a su homóloga socialista, que ha defendido que la situación de Cuba no debería tratarse en la Asamblea de Madrid por ser un tema ajeno a la misma. En este sentido, Serrano le ha recordado que el PSOE sí apoyó una en defensa de la comunidad LGTBi y los ataques a sus derechos en Hungría y ha calificado de «incoherente» su argumentación cuando se trata de «algo tan fundamental» como la libertad y la democracia.

Igualmente, el portavoz popular ha afeado al PSOE su «silencio» a la hora de condenar este «régimen dictatorial» y apoyar «esas ganas de libertad» del pueblo, «que pasa tanta hambre que se ha comido hasta el miedo y ha salido a la calle».

Frente a ello, la responsable socialista ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha condenado este mismo martes la situación en un comunicado y ha reiterado que esta problemática no debería centrar la agenda de la Asamblea de Madrid.

Por su parte, desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, ha subrayado la postura del secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, para instar al levantamiento de sanciones y el bloqueo que mantienen países como Estados Unidos o Israel y que «asfixian» a Cuba.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha planteado este martes a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, la posibilidad de regular la situación administrativa de los migrantes llegados en el buque Aquarius en 2018 por razones humanitarias, como permite un real decreto de 2003, como solución para los refugiados a los que se les ha denegado el asilo.

Oltra ha atendido a los medios de comunicación tras entrevistarse con la delegada de Gobierno, en una reunión que ha calificado de «cordial» y «muy productiva» ya que ha destacado que Calero se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esta solución para los migrantes a los que se le ha denegado el asilo, situación en la que se encuentran unas 50 personas en la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, ha explicado que la figura de Autorización de Residencia por Razones Humanitarias está recogida en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que «se podría aplicar a esta situación, puesto que en el Aquarius llegaron 630 personas».

Así, ha destacado que este Real Decreto «podría ser una solución» temporal «mientras se abre la vía de la regularización por arraigo, por el tiempo que llevan viviendo aquí» ya que ha pasado más de tres años desde el que buque arribó al puerto de València el 17 de julio de 2018.

De este modo, con la aplicación de este decreto se podría regularizar administrativamente su situación tanto de residencia, como de trabajo y hasta de atención social «a través de la figura de protección por razones humanitarias en personas desplazadas».

Esta solución es una propuesta trabajada junto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y trabajada con la Asociación de Supervivientes del Aquarius.

La figura consiste en conceder esta autorización con una vigencia de un año, que en el caso de las personas que carecen de pasaportes o cualquier otra documentación acreditativa personal, se acompañaría automáticamente de la concesión de una cédula de inscripción.

De esta forma, se concedería una Autorización de Residencia Humanitaria en España y se dotaría a la persona interesada de una documentación personal que sustituye a la carencia del pasaporte, que es la llamada Cédula de Inscripción, y del Título de Viaje para el caso de que necesiten moverse por terceros países con excepción de su país de nacionalidad. Esta Autorización se renovaría hasta que el gobierno lo considerara, lleva aparejada la Autorización de Trabajo y podrían reagrupar a sus familiares.

La aplicación de esta norma está indicada para aquellas personas de la población civil víctimas de las situaciones de conflicto bélico a las que se ven sometidas en sus países, de las cuales huyen, llegando a nuestras costas de diferentes maneras. En estos casos, los estados miembros tienen la obligación de acoger y proteger a estas personas conforme al Derecho internacional humanitario y de la Convención de Ginebra.

GRUPO DE TRABAJO

Por otra parte, durante la reunión han acordado la constitución, a partir del próximo lunes, de «un grupo de trabajo estable para tratar este y otros temas relacionados con la situación de personas migrantes en la Comunitat Valenciana».

De esta forma, se coordinará de «forma cotidiana» los trabajos de las redes de atención de la Generalitat, tanto las oficinas Pangea como las oficinas provinciales que se van a poner en marcha próximamente, con las oficinas de extranjería» dependientes del Estado.

La Audiencia Nacional ha ratificado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se prorroga nuevamente la obligación de que los viajeros procedentes de India guarden una cuarentena de diez días al llegar a España para evitar la propagación del coronavirus y sus variantes.

En un auto emitido este martes, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la medida acordada por el Ministerio de Carolina Darias, que se viene prorrogando desde el 27 de abril.

La última prórroga expiraba el pasado sábado 10 de julio; la confirmada ahora está en vigor desde las 00.00 horas del 11 de julio y hasta las 24.00 horas del 24 de julio, «pudiendo ser prorrogada de mantenerse las circunstancias que la motivan».

Los magistrados han considerado que «se mantienen las circunstancias que justificaron la publicación» de la orden ministerial y que «las nuevas evidencias refuerzan la necesidad de mantenerla».

«Se considera justificado mantener que los viajeros que procedan de la República de la India deben guardar cuarentena a su llegada», han señalado.

Han concluido que la limitación al derecho fundamental de libre circulación y libertad de desplazamiento «es necesaria y proporcionada en atención a la protección de otro derecho constitucional como el derecho a la salud e integridad física».

MEDIDA NECESARIA

La Sala ha indicado que la Administración «ha identificado con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado» del coronavirus y ha estimado que la orden ministerial «contiene una motivación adecuada y suficiente de la necesidad y urgencia de su adopción» a fin de evitar la propagación de las variantes de covid-19.

«No cabe duda de que la adopción de la medida reúne el carácter de urgente, pues, como se desprende de la documentación aportada, la muy grave situación de la India y la propia naturaleza diferenciada de la variante desarrollada en dicho continente constituyen elementos suficientes para llegar a tal conclusión», ha precisado la Sala.

Los magistrados han asegurado que la orden de Sanidad es «idónea», dado que mediante la cuarentena «se consigue evitar y dificultar la propagación», y han subrayado que «no constan alternativas menos gravosas» para frenar el virus.

RECOMENDACIONES EUROPEAS

En este sentido, los jueces han señalado que la medida del Gobierno «sigue las recomendaciones dadas por la Unión Europea, en orden a lograr un enfoque coordinado para el control de la pandemia de Covid-19, y nuevas variantes». Y han recordado que países vecinos como Reino Unido, Alemania y Francia han adoptado medidas similares.

Así, han insistido en que «deben tenerse en cuenta las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea» que permitían a los Estados miembros exigir el aislamiento, la cuarentena y el rastreo de contactos durante un periodo de hasta 14 días, así como otras pruebas covid-19, «con especial incidencia en los viajeros procedentes de un tercer país en el que se haya detectado una variante preocupante del virus».

El Foro Justicia y Discapacidad, creado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidido por el vocal Juan Manuel Fernández, ha decidido otorgar sus XIV premios anuales al magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández, a la empresa Carrefour España, a la periodista Belén Torres Vela y a la Fundación Bobath.

Estos galardones son un reconocimiento a la contribución de todos los premiados, cada uno desde su ámbito profesional, a la mejora de la vida de las personas con discapacidad, a la defensa del ejercicio pleno de sus derechos y a la erradicación de cualquier tipo de discriminación y barreras, según informa el CGPJ.

En la categoría a una trayectoria profesional, el reconocimiento ha sido para el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Javier Hernández por el trabajo desarrollado a través del estudio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos.

Antes de ser nombrado magistrado del alto Tribunal, Hernández fue delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por su parte, la empresa Carrefour España ha obtenido el reconocimiento en la categoría a una actuación empresarial por la labor que viene desarrollando a través de la Fundación Solidaridad Carrefour y las direcciones de Talento y Recursos Humanos en la promoción de la inclusión social y la integración laboral de personas con discapacidad o en situación de desventaja social, con especial atención a las víctimas de la violencia de género.

También se ha querido premiar el desarrollo de una serie de tiendas modelo de accesibilidad universal, así como la puesta en marcha de un sistema de video-interpretación en lengua de signos española.

En la categoría a un medio de comunicación social, el premio ha recaído en la periodista Belén Torres Vela por su trabajo en canal Sur Televisión, donde durante 22 años dirigió y presentó ‘Solidarios’, un programa pionero que, desde su nacimiento en 1998, convirtió la discapacidad en tema de interés informativo. Su dedicación a la discapacidad y a la eliminación de barreras se ha desarrollado también en el ámbito universitario.

Como docente en el Centro Universitario EUSA, ha dirigido trabajos de fin de grado sobre comunicación y discapacidad. Asimismo, ha impartido numerosos cursos relacionados con el tratamiento informativo de la discapacidad.

Finalmente, en la categoría a una actividad empresarial, el reconocimiento ha sido para la Fundación Bobath, dedicada al tratamiento integral de las personas afectadas de parálisis cerebral y daño cerebral. La atención a este colectivo empieza desde la etapa escolar y concluye con su formación profesional e integración en el mercado laboral. Asimismo, la Fundación forma a los profesionales que atienden a las personas con parálisis cerebral o daño cerebral y promociona la investigación científica en este ámbito.

Además del CGPJ, integran el Foro Justicia y Capacidad los ministerios de Justicia y de Derechos sociales y Agenda 2030; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Colegio de Psicólogos; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Fundación ONCE y Plena Inclusión.

Vox ha asegurado este martes que nadie del PP ni de la Comunidad de Madrid le ha trasladado ninguna propuesta sobre el perfil del administrador provisional de Telemadrid, mientras que desde Más Madrid y PSOE se ha insistido en la inconstitucionalidad de esta medida.

El Consejo de Gobierno tiene previsto nombrar este miércoles al administrador provisional de Telemadrid que sustituirá al hasta ahora director general de la cadena, José Pablo López, tras la aprobación en el Pleno de la Asamblea regional de la reforma de la ley que regula el ente público madrileño.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha recalcado que desconocen cuál será la propuesta del PP para ocupar este puesto y ha reiterado que su formación mantendrá una «abstención crítica» y se pronunciará al respecto cuando se conozca el nombre de la persona elegida.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha insistido en la petición al Gobierno de Pedro Sánchez para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional ante el «ataque a la independencia» de Telemadrid, aunque ha explicado que los socialistas «no lo quieren llevar a cabo».

En esta línea, ha incidido en que no se trata solo de Telemadrid sino de lo que significan los «servicios públicos» y ha recordado que la cadena pública madrileña «estaba dando resultado buenos» y esto supone un «ataque a los derechos de los madrileños».

Por su parte, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha recalcado que el PSOE continúa trabajando en este recurso pero ha hecho hincapié en la necesidad de asegurarse de que «hay fundamento para ello». Así, ha explicado que a lo largo de esta semana esperan tener una respuesta ante los informes jurídicos.

En cualquier caso, ha lamentado que se vaya a nombrar a un administrador provisional «sin concurso» y ha enfatizado que el PSOE continuará trabajando para asegurar «la libertad y la pluralidad» en el ente público madrileño.

Desde Unidas Podemos, la portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, ha denunciado la intención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de «escapar al control parlamentario» con este nombramiento. Este jueves es el último Pleno de la Asamblea antes del periodo estival y, según ha dicho, el PP quiere llegar a septiembre «con las cosas bien atadas».