La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han acordado culminar la transferencia de tráfico a la Comunidad foral el 1 de diciembre. Será ese día cuando se reúna la comisión mixta de la Junta de Transferencias en la que se materializará el acuerdo de traspaso.

Isabel Rodríguez y María Chivite han abordado en una reunión otros traspasos de competencias pendientes sobre los que el Gobierno de Navarra ha mostrado su interés, como son gestión de política de integración en materia de asilo, investigación científica y técnica o becas y ayuda al estudio, según ha informado el Ministerio de Política Territorial.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio en Madrid, también ha participado por parte del Gobierno de Navarra el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López; mientras que por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han estado presentes Alfredo González, secretario de estado de Política Territorial, y Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial, entre otros.

Así, el próximo 1 de diciembre se reunirá la comisión mixta entre Navarra y el Estado para rubricar el traspaso de la competencia de tráfico y seguridad vial. La presidenta de Navarra ha destacado que "el ambiente de colaboración es total y nos ratificamos en el calendario que teníamos previsto para la transferencia de tráfico". "Ambas hemos reservado en agenda la fecha del 1 de diciembre para materializar el acuerdo de la transferencia de tráfico. Siguen los trabajos técnicos que se están intercambiando y la semana que viene Navarra trasladará una respuesta a la documentación técnica remitida por el Estado", ha asegurado.

Chivite ha señalado la decisión del Gobierno foral de activar la denominada "pasarela" prevista en la ley foral de Policías de Navarra, que permitirá el acceso de miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. "Nuestra intención es que, en ningún momento, ningún guardia civil que quiera permanecer en Navarra se vaya de nuestra comunidad. Se va a habilitar esta pasarela para que si quiere trabajar en tráfico pueda hacerlo en la Policía Foral o bien reubicarse en otros servicios dentro de la Guardia Civil", ha asegurado.

En este sentido, el vicepresidente Remírez ha destacado que "se ha avanzado de manera intensa". "Estamos trabajando con el Ministerio del Interior y con la Delegación del Gobierno en Navarra todo lo referente a la pasarela, y estamos en disposición de decir que serán unas condiciones atractivas y adecuadas para que, precisamente, los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil se queden en Navarra, bien siendo miembros de tráfico de la Policía Foral o ubicados en otras unidades de la Guardia Civil, pero en ningún caso el traspaso de tráfico y seguridad vial a Navarra va a suponer que ningún miembro de la Guardia Civil se vea obligado a abandonar la Comunidad Foral. Desde el principio, teníamos muy claro ese factor humano y lo mantenemos de manera firme", ha señalado.

En el transcurso de la reunión, Chivite ha valorado "la capacidad negociadora" de ambas Administraciones, que a lo largo de la legislatura han conseguido alcanzar nueve acuerdos en el seno de la Junta de Cooperación que han evitado otros tantos recursos por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional.

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "desde la relación discreta, con lealtad, defendiendo el autogobierno avanzamos en los acuerdos y eso es lo importante para la ciudadanía". "Más allá de discursos de confrontación, nuestra manera de trabajar nos permite conseguir acuerdos útiles para la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, la ministra ha destacado que "el Gobierno trabaja de la mano de las comunidades autónomas y Navarra es una pieza importante en nuestro país". "Creemos en la cogobernanza y trabajamos para culminar los procesos de transferencias ya iniciados", ha asegurado.

Isabel Rodríguez ha subrayado que el Gobierno comparte con la Comunidad foral un mismo objetivo, "que los traspasos en el ámbito competencial se vean como una mejora en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía".

Cabe recordar que Navarra ha asumido este año, mediante acuerdo de la Junta de Transferencias del pasado 2 de abril, la competencia de sanidad penitenciaria. Se trata del primer traspaso de competencias a la Comunidad Foral en los últimos 20 años. El anterior acuerdo de la Junta de Transferencias se firmó el 22 de febrero de 2001.

Así desde el 1 de agosto de este año, Navarra ejerce las funciones de asistencia sanitaria en el centro penitenciario de Pamplona, garantizando los derechos de las personas reclusas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

En los últimos meses el Gobierno de Navarra viene trabajando en distintas áreas para la planificación y diseño de gestión para la asunción por parte de la Comunidad Foral de la competencia de tráfico y seguridad vial que se acordará el próximo 1 de diciembre y se implementará a medio plazo de forma progresiva, gradual y planificada.

Liderado por la Dirección General de Interior, el Gobierno de Navarra está desarrollando en los últimos meses un trabajo de coordinación de varios departamentos, para establecer una planificación integral de la transferencia que incluye conceptos como el procedimiento sancionador, política de seguridad vial, gestión del tráfico, vigilancia y control de carreteras, escuelas de conductores, formación de formadores, educación y formación vial y estadística, entre otras.

Se está desarrollando una matriz competencial que desglose las áreas de trabajo afectadas, identificando proyectos tecnológicos asociados y definiendo los recursos necesarios para el desarrollo de la competencia en su integridad.

Para ello se está desarrollando un trabajo de análisis organizacional, jurídico y tecnológico, así como análisis contrastados de distintos modelos de gestión

En el marco de este análisis, la pasada semana, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, se reunió con su homólogo catalán, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para establecer líneas de colaboración futura y conocer la experiencia del su Servicio de Tráfico, Servei Català de Trànsit (SCT) y el Centro de Información Viaria de Cataluña, Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) con el fin de intercambiar información y experiencias sobre la gestión del tráfico y la seguridad vial en esta comunidad.

Está previsto que a principios de octubre el vicepresidente Remírez se reúna también con su homólogo vasco, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y visitará, además, el centro de Gestión de Tráfico de Euskadi. Asimismo, se establecerán encuentros con la Dirección General de Tráfico (DGT) del Gobierno de España.

AYUDAS POR CATÁSTROFES NATURALES

Por otro lado, durante la reunión Rodríguez y Chivite han repasado los daños vividos en la Comunidad foral en 2021, entre ellos, los efectos de 'Filomena', con una valoración estimativa de daños para entidades locales (competencia que gestiona el Ministerio de Política Territorial) de 1,17 millones de euros. Habrá una subvención por parte del Ministerio de aproximadamente 587.000 euros.

Asimismo, Navarra está incluida entre las comunidades autónomas que han sufrido este verano daños por incendios forestales y otros sucesos catastróficos, aunque todavía está abierto el calendario para la estimación de daños.

El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de la 'Operación Kitchen', al considerar que es necesario seguir indagando para identificar a los "principales beneficiarios" del presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, entre los que señala al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En el recurso de apelación, la acusación que ejerce el Partido Socialista argumenta que las pesquisas de esta pieza separada se la macrocausa 'Tándem' están lejos de haber colmado sus objetivos por cuanto se ha investigado a "quienes transmiten el encargo" de espiar a Bárcenas y su entorno, y a quienes lo reciben y ejecutan, pero no a "quienes dan la orden y resultan ser los principales beneficiarios".

Apunta a Rajoy y Cospedal como estos "beneficiarios", dado que --según razona-- eran "los principales interesados en boicotear la 'Gürtel'"-- y el objetivo de 'Kitchen', que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con fondos reservados y recursos policiales, era localizar la información comprometedora sobre el PP y sus dirigentes que Bárcenas pudiera guardar para robársela y evitar así que llegara al cauce judicial.

El interés de ambos en frustrar las indagaciones sobre los famosos 'papeles' del ex tesorero --continúa-- obedecería a que "estaba en juego la supervivencia del Partido Popular --del que eran los máximos responsables--" y "ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública".

Además, cimenta esta argumentación en el hecho de que en las agendas manuscritas del comisario José Manuel Villarejo "figuren múltiples apuntes sobre traslado de información de su actividad en la operación o proyecto 'Kitchen' precisamente a estas dos personas, bien sea directamente o a través de terceros".

Por ello, ve necesario "practicar diligencias encaminadas a verificar la participación de los principales beneficiarios, los más altos dirigentes del Partido Popular, como su presidente, su secretaria general y otros", que no especifica. En este sentido, reclama reabrir la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

El matrimonio estuvo imputado porque el magistrado sospechaba que su intervención pudo ser "decisiva" para captar como espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, el juez finalmente optó por no procesar a la pareja concluyendo que las razones que justificaban su incriminación eran demasiado débiles.

DEFENSA DEL MINISTERIO FISCAL

El PSOE se ha adherido en esto y en las demás cuestiones al recurso formulado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que solicita revocar el archivo de la causa acordado para Cospedal y López del Hierro al observar "suficientes indicios de criminalidad" contra ambos y profundizar en los mensajes telefónicos que Villarejo dice que se intercambiaba con Rajoy sobre 'Kitchen'.

Aprovecha además el recurso socialista para realizar una firme defensa de la "inmensa labor" del Ministerio Público en esta pieza 7, respondiendo al auto del pasado 29 de julio donde García-Castellón rechazó las diligencias planteadas por los fiscales de 'Kitchen' por no explicar suficientemente su relevancia para las pesquisas.

"Lo que la lógica mas rudimentaria sugiere y, por tanto, creen las partes que no necesita de ulterior justificación, es lo que no parece entrar en la lógica del instructor", dice el escrito, reprochando al magistrado que haya omitido "por completo" lo que entiende como "el principio más básico de la investigación penal de buscar a quien beneficia el delito".

"Bien es verdad que, dado lo alto que apunta el beneficio, y la posible necesidad de afectar a personas aforadas, todas las partes y especialmente el Ministerio Fiscal, como es habitual por otra parte en estos casos, actúa con toda la prudencia posible, y prefiere ir afianzando los pilares de la instrucción, paso a paso, para no dar un salto en el vacío y pedir lo obvio", replica.

Al hilo de esto, la acusación socialista expresa "las más oscuras sospechas" que dice que le genera este "precipitado cierre" de la instrucción, desde "la violencia y el desprecio que (el juez) emplea en sus críticas en general a las partes, pero muy específicamente al Ministerio Fiscal, que no se ha plegado a sus presiones", hasta "la prisa que se ha dado, máxime si se tiene en cuenta que está próxima la convención del Partido Popular".

Destaca igualmente que "los potenciales investigados estaban hace nada del otro lado y participaban en otras investigaciones y conservan amigos y contactos, (...) ocupan o han ocupado los más altos cargos de la administración pública o del Partido Popular y conservan claro poder de influencia en estos ámbitos".

LOS OTROS ESPÍAS DE 'KITCHEN'

Con todo ello, opina que hay fundamento suficiente para prorrogar la instrucción otros seis meses, en los que cree que se debe seguir la senda marcada por la Fiscalía Anticorrupción, que implicaría reabrir la causa también para José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de Cospedal, y Enrique Olivares, el 'falso cura' que asaltó la casa de los Bárcenas.

Aboga asimismo por ahondar en las investigaciones en torno a Olivares y a Isidro Sánchez, preso que estuvo con Bárcenas en la cárcel, con el propósito de identificar a "los múltiples colaboradores de los que existen indicios que existieron, K1 a K7", de los cuales solo se ha localizado como presunto espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de los Bárcenas.

También ve oportuna la propuesta fiscal de citar a declarar como imputado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó porque --sostiene-- resulta "francamente increíble" que, dada la "férrea jerarquía" en el Ministerio de Interior, donde el juez sitúa el origen de 'Kitchen', no conociese este operativo. Añade además que tanto sus superiores como sus subordinados ya han comparecido en esta causa.

El PSOE respalda también a Anticorrupción en su petición de imputar al comisario Mariano Hervás, que era el 'número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la etapa de la 'Kitchen', y de que el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago --otros de los procesados-- vuelvan a ser interrogados.

"JAQUE AL ESTADO"

Por otro lado, el PSOE pone de relieve la importancia de seguir investigando hasta esclarecer lo ocurrido debido a la naturaleza de los hechos expuestos, esgrimiendo que "la utilización de los poderes otorgados por la Constitución en actividades contrarias a la ley es extraordinariamente grave y priva de legitimidad a las propias instituciones del Estado, es decir, pone en jaque al propio Estado de Derecho".

A su juicio, "la lógica más primaria deduce que el PP y sus dirigentes debían de realizar todos los esfuerzos posibles para entorpecer las instrucciones penales que se estaban llevando a cabo y no paraban de prosperar y multiplicarse" y, aunque "la justicia no puede investigarlo todo, (...) entre eso y ceñirse cicateramente a los años 2013 a 2015 y dentro de ellos únicamente a parte de la actividad desplegada desde el propio Ministerio del Interior, hay un mundo"

"Y ese mundo que nos jugamos es la fe de los ciudadanos en instituciones fundamentales para el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución. La instrucción de esta causa es el espejo de cómo funciona a ojos de los ciudadanos la administración de justicia cuando se confronta a los poderosos", advierte.

Vox ha interpuesto una querella contra la youtuber Estíbaliz Quesada, más conocida en redes sociales como 'Soy Una Pringada"', por delito de odio tras las afirmaciones que realizó en el programa de entrevistas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que dijo que lo que hay que hacer con la formación que lidera Santiago Abascal es "matar".

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado en el que ha explicado que la vicesecretaría Jurídica de la formación, dirigida por Marta Castro, ha interpuesto la querella después de que la youtuber "afirmara que hay que matar a los votantes de Vox".

En su escrito, Castro ha explicado que la entrevista estaba dirigida a "identificar a Vox como colectivo frente al que estarían legitimados actuar violentamente". En definitiva, "a identificar, señalar a cualquier miembro de Vox como merecedor de la muerte, y justificar su asesinato".

Asimismo, la formación ha destacado que, un día después de la emisión de la entrevista, apareció una pintada en la puerta del domicilio del diputado de Vox por Lérida en el Parlamento de Cataluña, Antonio López, "con una clara amenaza de muerte: un dibujo de un ahorcado".

Así, han explicado que la querella también recoge "el momento en el que Quesada realiza esta afirmación y la respuesta de Rufián, quien esboza una sonrisa". Además, Castro ha argumentado que la entrevista está grabada y que, por lo tanto, "Rufián, como director y presentador, pudo poner remedio y evitar la publicación y difusión de estas declaraciones".

La vicesecretaria Jurídica también ha advertido en la querella de "los antecedentes de Quesada" y, en concreto, ha señalado que "el pasado 5 de marzo, en la gala de los premios Feroz a la televisión, hizo unas declaraciones de respaldo y admiración a la actividad terrorista de ETA, que "bien podrían considerarse como apología del terrorismo".

En su escrito, Castro ha solicitado al Juzgado que se libre de oficio a la Policía Nacional para que facilite los datos de filiación de Quesada, así como que se les tome declaración a ambos.

También ha pedido que se libre oficio a la Policía judicial para que certifique la veracidad de las noticias y enlaces aportados en la querella y la actividad de Quesada, en redes sociales sobre el objeto de esta querella, los usuarios y la actividad de los tuits analizados, además del análisis del vídeo de la entrevista.

Por último, han reclamado que, de acuerdo con los artículos 109 y siguientes de la LECrim, se efectúe el ofrecimiento de acciones al diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña Antonio López.

La Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) celebran el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, aprobado este martes en Consejo de Ministros como previo paso a su tramitación parlamentaria, ya que recoge algunas de sus propuestas y da marcha atrás en otras en las que no estaban de acuerdo.

Ambas destacan el hecho de que la ley tenga como eje central la mediación, "entendida por el estudiantado como la solución de muchos de los problemas de convivencia surgidos en el ámbito universitario".

Asimismo, celebran que el proyecto recoja la creación de una Comisión de Convivencia, ya que era una de las propuestas de los estudiantes, compuesta de manera paritaria por todos los colectivos de la comunidad universitaria, ya que a su juicio, dotará a este colectivo de garantías como la presunción de inocencia o la posibilidad de apelación a un órgano superior. No obstante, tanto CREUP como CEUNE consideran que esta comisión debe tener más capacidad de actuación y validar toda sanción propuesta en el ámbito universitario.

También celebran la creación de protocolos específicos de actuación en casos de acoso de cualquier tipo, siendo necesario incluir en su elaboración a la representación estudiantil. Aún así, "el estudiantado carece de garantías ante conflictos con el cuerpo docente universitario", aseguran, siendo otra de las medidas que proponían desde CREUP y CEUNE.

Del mismo modo, valoran positivamente que finalmente el proyecto no recoja la solicitud de devolución de la beca de forma automática a aquellos estudiantes que cometan una infracción, ya que lo consideraban un "sistema de castigo desproporcionado". "Pese a medidas como estas, siguen existiendo sanciones que pueden penalizar al estudiantado desde un punto de vista académico y desde CREUP y CEUNE confían en que se siga trabajando en este aspecto", señalan.

"La valoración es, en general, muy positiva. Se va a derogar una norma de 1954, prácticamente inaplicable hoy en día y que suponía incansables quebraderos de cabeza. Y va a hacerse con una norma que, por primera vez, se ha elaborado con diálogo y trabajo conjunto", destaca la vicesecretaria de CEUNE, Laura Alcaide, en declaraciones.

"Seguramente por eso el resultado sea bueno: un sistema que prioriza la mediación a la sanción, convirtiendo las universidades en un verdadero espacio de convivencia. Con esta dinámica de trabajo abierto y colaborativo, creemos que se pueden hacer grandes cosas. Dinámica que debe continuar para poder modificar la LOSU, que actualmente elimina muchos derechos al estudiantado", añade.

FRENTE DE ESTUDIANTES, EN CONTRA

No obstante, otras asociaciones de estudiantes muestran su rechazo al proyecto normativo, como es el caso de Frente de Estudiantes, que considera esta Ley de Convivencia Universitaria una norma que "criminaliza formas legítimas de protesta estudiantil, haciéndolas subsumibles en algunos de los comportamientos sancionables recogidos en la ley".

"Todo tipo de actos celebrados en la universidad no están exentos de carga ideológica y política, y los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria tenemos derecho a protestar contra aquellos que consideremos que atentan contra nuestros intereses", señalan desde Frente de Estudiantes.

"Entendemos que en la Agenda del Ministro, que prefiere gobernar para las empresas facilitándoles estudiantes como mano de obra barata (...), se encuentre incorporar la protesta estudiantil entre las conductas sancionables y no así la democratización real de la universidad", concluyen.

La Fiscalía Anticorrupción avisa de que las "absoluciones inesperadas de difícil comprensión pública" y "los indultos en ocasiones concedidos a los condenados por corrupción" contribuyen al "descrédito de las instituciones democráticas" y avivan el "clima de desconfianza en la justicia" por parte de la ciudadanía.

Así lo expone el Ministerio Público en la Memoria 2020, que fue presentada este lunes por la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de apertura del año judicial.

Anticorrupción viene advirtiendo desde 2017 que "una insuficiente respuesta de los órganos judiciales ante la corrupción" puede favorecer al "descrédito" de las instituciones y sostiene que aún existen circunstancias que "concurren para formar la opinión, todavía presente en parte de la sociedad, de que la justicia no trata igual al poderoso".

El Ministerio Fiscal hace referencia al "retraso en la instrucción de los procedimientos, ligado en buena medida a la difícil tramitación de los llamados macroprocesos que con frecuencia se convierten las causas de corrupción" o la "proliferación de los aforamientos y otros privilegios procesales".

Pese a enumerar una lista de circunstancias que, a su juicio, favorecen al "descrédito" de la justicia, la Fiscalía no señala de forma explícita ninguna actuación relativa a 2020 ni a años anteriores.

En el calendario consta la sentencia del pasado septiembre, cuando la Audiencia Nacional acordó absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

DINERO PERDIDO

La Fiscalía señala las "absoluciones inesperadas de difícil comprensión pública" y las "condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público" entre las actuaciones que inciden en el "clima de desconfianza".

Menciona también las "prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades", el "benigno tratamiento penitenciario que a veces se dispensa a este tipo de delincuentes" o, ya al margen del ámbito judicial, los "indultos en ocasiones concedidos a los condenados por corrupción".

En el marco de la Memoria, Anticorrupción avisa de que la "asunción de la nueva responsabilidad investigadora", atribuida al fiscal por el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, "exigirá" un "cambio de mentalidad" y el "refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido este martes con la representante especial de la Unión Europea para el Sahel, Emanuela Claudia Del Re, en un encuentro en el que han abordado la actual situación de seguridad en el Sahel. En este contexto, ha mostrado el apoyo de España "en la importante tarea de reforzar la colaboración entre la UE y el Sahel".

Según ha recogido el Ministerio de Defensa en un comunicado, esta reunión, que ha formado parte de las actividades del primer viaje al extranjero de la representante para el Sahel desde su nombramiento, ha tratado los recientes ataques armados ocurridos en la región y los dos golpes de estado sufridos en agosto del año 2020 y en mayo de este año.

Siguiendo esta línea la ministra ha remarcado que en estos momentos "España sigue con preocupación la evolución en el Sahel", y que se espera que las próximas elecciones en febrero de 2022 en Mali "ayuden a mejorar la situación", ha añadido.

De esta manera, Margarita Robles, que también ha felicitado a la representante por su nuevo cargo, ha apuntado que con la Unión Europea el Gobierno de España comparte el "énfasis en el principio de corresponsabilidad con los gobiernos de la zona" y "la necesidad de conseguir objetivos concretos y medibles".

Asimismo, ha añadido que España "sigue siendo el principal contribuyente" en EUTM Mali, la misión de la Unión Europea para ayudar al Ejército maliense, con cerca de "540 militares y tres helicópteros de transporte".

Sin embargo, también ha explicado que "para llevar a cabo este quinto mandato de la Misión" hacen falta "nuevas infraestructuras de apoyo", y por ello ha incidido en que "lo primordial es la construcción de la nueva base de Bamako".

Finalmente, la ministra de Defensa ha señalado que la adopción de medidas de asistencia del Fondo Europeo para la Paz "fortalecerá el rendimiento de la EUTM Mali al impulsar el desarrollo de capacidades en toda la región, y especialmente en Mali".

Por otra parte, la representante especial de la Unión Europea para el Sahel, ha subrayado el problema de que la actuación de la comunidad internacional se produzca impulsada por emergencias, cuando lo que "hace falta" son "estrategias a medio plazo, que unan los conceptos de seguridad y sostenibilidad".

La Guardia Civil ha intervenido tres armas de fuego cortas ilegales, una carabina y armas de airsof (que disparan bolas de plástico) de la casa del hombre detenido por disparar allí mortalmente a un joven de 31 años la madrugada del sábado, han informado fuentes de la Benemérita.

El detenido, Francisco S. M., de 49 años, pasó ayer lunes a disposición judicial y fue enviado por la tarde a la cárcel de Navalcarnero, imputado por homicidio doloso y tenencia ilícita de armas, ya que no tenía licencia de armas o de caza pese al arsenal encontrado en el chalet.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.30 horas del sábado en un chalé de la calle Fuente de Palacios, en la urbanización El Mirador de esta localidad de 3.000 habitantes, situado en la esquina suroeste de la región.

Tras el aviso a los servicios de emergencias de una persona que estaba allí, a la postre el detenido, agentes de la Policía Local llegaron al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que fueron continuadas de forma avanzada por los sanitarios del Summa, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. El cuerpo presentaba una única herida con orificio de entrada, sin orificio de salida, en la zona del tórax.

El autor del mortal disparo relató a los agentes que era conocido de la víctima y que se trataba de un accidente, ya que estaban probando un chaleco antibalas, algo que no llevaba puesto ni él ni la víctima cuando llegaron los agentes locales, los primeros en descubrir lo ocurrido. Además, al parecer cambió de versión respecto a lo que le dijo a los servicios de emergencia.

El juez de momento le acusa de homicidio doloso y no de imprudente. En la escena hallaron el arma de corta de fuego, dos casquillos de 9 milímetro de calibre y un chaleco antibalas. El joven fallecido fue enterrado ayer por la mañana en el municipio.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de préstamos con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para entidades en Costa Rica, Panamá y Perú.

Así, el Gobierno ha autorizado la concesión por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses al Banco Improsa S.A., de Costa Rica, para financiar "la expansión de su cartera". El Ejecutivo ha establecido un plazo de amortización de 9 años, con un tipo de interés del 4,55% fijo anual.

Según detalla el Ministerio de Asuntos Exteriores, el préstamo al Banco Improsa "persigue contribuir a un mejor y mayor acceso a la financiación de las micro, pequeñas y medianas Empresas costarricenses". Recuerda que el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 señala que FONPRODE prestará "especial atención a las intervenciones en microfinanzas, bancarización de remesas, pequeñas y medianas empresas, economía social, capital riesgo, creación de infraestructuras y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).

Asimismo, incluye a Costa Rica entre los países de "cooperación avanzada, para los que se prescribe que con ellos se mantendrá un diálogo avanzado sobre políticas sectoriales y esquemas de cooperación técnica e institucional".

El Consejo de Ministros también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 5.600.000 euros a la Central Empresarial Solidaria, S.A., de Panamá, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, para financiar la expansión de su cartera.

La CFE Panamá, constituida en 2009, es una empresa comercial de capital privado, organizada como sociedad anónima bajo las leyes panameñas y que opera conforme a la Ley 42, de 23 de julio de 2001, que reglamenta las operaciones de las empresas financieras. Tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, acompañándolas en su desarrollo con servicios financieros simples y rápidos, adaptados a la necesidad del cliente.

Por último, el Ejecutivo ha autorizado la concesión de un préstamo por un importe máximo de 3.000.000 de dólares estadounidenses a la Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa Alternativa S.A. (EDPYME Alternativa), de Perú.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que con la constitución del Grupo Mixto vuelven "los peores tiempos en los que el PP compraba a diputados" mientras que la portavoz adjunta, Pilar Sánchez, ha lamentado que el partido del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haya roto el espíritu del Pacto Antitransfuguismo.

A la salida del Pleno, Maestre ha tildado la votación del Pleno de "indignidad política" porque "se ha actuado de forma contraria a la ley, los reglamentos y a los informes de la Comunidad, todo con el voto del alcalde y de los concejales de gobierno a cambio directo de una contraprestación para aprobar una mala ordenanza de Movilidad".

"Nosotros seguiremos firmes en la defensa de los valores democráticos, de la transparencia y la valentía y seguiremos trabajando como estos dos años, día a día, por Madrid. No vamos a caer en la mezquindad, ni en los insultos. Seguiré defendiendo con la cabeza muy alta el trabajo de quince concejales, de centenares de militantes y vocales vecinos para mejorar Madrid, no para usar instituciones para intereses de cada uno de los partidos", ha aseverado la edil.

Maestre ha insistido en que el Grupo Mixto no es más que el resultado de "intereses personales de Almeida y su equipo de Gobierno utilizado para unas cuestiones políticas". En todo caso, cree que son los ediles del Mixto quienes tienen que dar explicaciones pero no por apartarse de la disciplina, que califica de "cuestión absolutamente irrelevante", sino del "compromiso y las razones por las que fueron votadas".

QUIEBRA DE LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Pilar Sánchez ha argumentado en el Salón de Plenos que la creación del Grupo Mixto "quiebra la normalidad democrática" porque se trata de un grupo "ilegal o irregular". "Ustedes (al PP) han quebrado la normalidad democrática. Nos precupa que sea un precedente que altere las corporaciones de España", ha expuesto.

A Almeida le ha afeado que no sea un hombre de palabra porque no cumple ni con ella ni con la ley. También le ha criticado que se haya saltado el informe de diez letrados de la Comunidad, que establecía que los cuatro escindidos deberían pasar a no adscritos. "Ha saltado por encima de los funcionarios de la Comunidad y por encima del criterio del Ministerio Fiscal", ha lanzado al 'popular'.

Sánchez ha advertido que seguirán discutiendo en los tribunales porque Más Madrid no formará parte de "una decisión que ensucie las instituciones" dado que es "moral y políticamente inaceptable el uso partidista que el alcalde hace de ellas creando un grupo mixto como moneda de cambio" en la ordenanza de Movilidad.

La portavoz adjunta de Más Madrid ha espetado al alcalde que pensaban que su legado iba a ser "el blanqueo de la extrema derecha pero es peor al subvertir la legalidad con este Pleno", algo que también ha atribuido a la ausente vicealcaldesa, Begoña Villacís.

"La frase del alcalde de 'seremos fascistas pero sabemos gobernar' demuestra que no, que es fascista pero no sabe gobernar porque no se atrevió a decir 'agresión homófoba' (en relación a la sufrida por un joven este domingo en Malasaña) diciendo 'lo que anoche sucedió en Madrid", ha aseverado. Almeida ha pedido que se retractara de sus palabras, cosa que la edil no ha hecho.

El Juzgado de lo Penal número dos de Santander ha condenado a tres meses y 15 días de cárcel al expresidente de Sniace Blas Mezquita y a los otros seis miembros del Consejo de Administración de esta empresa de Torrelavega por los vertidos contaminantes al río Saja-Besaya realizados entre 2008 y 2010 sin autorización.

La sentencia, también impone la misma pena de prisión al entonces jefe de operaciones de la fábrica, como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente, en tanto que los consejeros lo cometieron por omisión.

Además, el fallo --de 98 páginas, dictado el lunes y notificado este martes-- condenada a todos ellos a siete meses de inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural.

Asimismo, el juez José Hoya Coromina, que ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -como pedían las defensas- ordena a los condenados a indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico -dependiente del Estado- en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia y conforme a la normativa en vigor en el momento de los vertidos por los perjuicios causados al medio ambiente.

La resolución, que considera a Sniace responsable subsidiaria de las consecuencias civiles derivadas del citado delito medioambiental, no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días.

LA PENA DE PRISIÓN ES LA MITAD DE LA SOLICITADA POR LA FISCAL TRAS EL JUICIO

La pena de cárcel impuesta por el magistrado es casi la mitad de la solicitada por la fiscal, que tras el juicio -celebrado durante cuatro jornadas del pasado julio- modificó sus conclusiones y rebajó de 16 a 6 meses su petición, al entender acreditado que hubo un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente pero no continuado, aunque sí permanente.

La representante del ministerio público atribuyó al que fuera director de operaciones de la conocida como Papelera del Besaya la autoría material del ilícito, como responsable de la decisión de realizar los vertidos, en tanto que consideraba al entonces presidente y a los otros consejeros imputados culpables por omisión, al conocer los hechos y no oponerse o prohibirlos.

Esta acusación también redujo, de 20 meses a un año, la petición de inhabilitación especial para todos ellos para actividades relacionadas con la emisión de vertidos al medio natural, y que se ha fijado en siete meses en la sentencia.

En el proceso también estaban personados, como acusación particular, Ecologistas en Acción, que se adhirió a los planteamientos de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que tras la vista mantuvo para cada implicado dos años y seis meses de cárcel, multa de 10.200 euros e inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos durante dos años.

Además, esta parte solicitaba una indemnización de 49,8 millones, cuantía rebajada ligeramente respecto a los 50 millones inicialmente reclamados debido a un error de cálculo.

DILACIONES INDEBIDAS TRAS SEIS AÑOS DE INSTRUCCIÓN SIN JUSTIFICACIÓN

Al dictar el fallo, el juez ha considerado que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en esta causa, que consta de más de 8.000 folios, al entender "evidente" que "no hay justificación" en el motivo de la demora temporal de la tramitación judicial.

Recuerda en este sentido que las diligencias por los vertidos de Sniace se incoaron en octubre de 2008 y en enero de 2010, pero el auto de Procedimiento Abreviado -fase de instrucción- no se dictó hasta seis años después y la fase intermedia se dio por concluida al cabo de cuatro, remitiéndose las actuaciones para su enjuiciamiento en abril de 2020. La vista fue pospuesta a febrero de este año y luego a julio, al haber sido uno de los abogados -el de Mezquita- contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

"A la vista de lo actuado, se patentiza y constata la dilación carente de justificación en la tramitación de esta causa", razona el magistrado para estimar la citada atenuante y como muy cualificada, además, que se ha aplicado a las penas.

A la hora de determinar las mismas se ha tenido en cuenta, por un lado, que las emisiones contaminantes de Sniace al Saja-Besaya constituyeron un delito permanente y, por otro lado, la normativa aplicable en el momento de los vertidos y en el del cese de los mismos, que establecía penas de prisión de seis meses a cuatro años, en función del delito y su gravedad -si ocasiona perjuicio a la salud de las personas, por ejemplo-, e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años.

PALMARIA LA COMISIÓN DEL DELITO POR PARTE DE TODOS LOS PROCESADOS

En la vista oral todos los procesados manifestaron durante el interrogatorio de las partes que creían que los vertidos estaban "amparados" por la autorización ambiental integrada y el exjefe de operaciones de Sniace llegó a manifestar que "había una autorización tácita: todo el mundo sabía que estábamos vertiendo pero nadie dice nada", expresó.

Sin embargo, varios de los testigos citados desmintieron ese extremo asegurando que las emisiones al cauce del Saja-Besaya no estaban amparadas por la AAI, otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria en 2008, para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector que no entró en funcionamiento en el plazo previsto. De este modo, la fábrica solo podía echar al río las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía.

Dos años antes, la Confederación Hidrográfica del Norte había revocado a Sniace la autorización que tenía desde 2002 por el "carácter abusivo de los vertidos" que hacía al cauce fluvial.

Además, uno de los denunciantes -un vecino de Duález, al que luego se sumó Ecologistas en Acción- detalló en la vista que el fluido era del color de la "coca-cola", y encargados de recoger muestras de agua para su análisis relataron que "no se podía respirar" cerca del punto del vertido. Por su parte, los peritos apuntaron que el mismo fue "pésimo" y contribuyó a la "mala calidad" del río.

Practicada la prueba, el magistrado que ha enjuiciado los hechos ha tachado de "palmaria" la comisión del delito por parte de todos acusados, al concurrir en su conducta -explica- la totalidad de los elementos del tipo penal para que sean condenados como autores.

"El director de operaciones -José Francisco González Payno- no tenía competencia para ordenar el cese de la actividad y era consciente del contenido contaminante de los vertidos pero podía y debía haber alertado de las consecuencias de continuar con la producción y los vertidos", sentencia el juez.

Y añade sobre el Consejo de Administración que, "a pesar de conocer todos los antecedentes y resoluciones, no adoptó las medidas necesarias para su corrección y evitación", razones que "abocan a la declaración de autores de todos los encausados".

Este último órgano estaba integrado entonces por Manuel Huerta, Jesús Manuel Zaballa, Antonio Temes, Julio Antonio García, Víctor Guzmán y Juan Yago Hernández-Canut, además del presidente de la compañía Blas Mezquita, que dimitió del cargo en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria le imputara y alegando "motivos personales". La fábrica cerró y cesó su actividad en febrero de 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Íñigo de Palacio España como nuevo embajador en Emiratos Árabes Unidos mientras que Ana Esmeralda Martínez será la nueva directora general de Diplomacia Económica en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

De Palacio es licenciado en Derecho y miembro de la Carrera Diplomática desde 1983. En estos años ha estado destinado en las embajadas en Bolivia y Marruecos, además de ser cónsul general en Porto Alegre (Brasil), y consejero en la Misión de España ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Tras encargarse de la Subdirección General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, fue embajador representante permanente adjunto en Naciones Unidas en Nueva York y posteriormente embajador en Serbia y en Montenegro y en Chile.

En 2014, solicitó la excedencia y se incorporó a Indra Sistemas S.A., donde ha ejercido hasta la actualidad como director global de Relaciones Institucionales. De Palacio también ha sido profesor asociado de Derecho Diplomático y Consular en la Pontificia Universidad de Comillas-ICADE (2003-2004) y es profesor honorario de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima (Perú).

Por su parte, la nueva directora general de Diplomacia Económica es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Economía, Máster en Administración Pública y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Martínez ejercía desde septiembre de 2020 como asesora de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Durante su trayectoria ha trabajado en el Ministerio de Economía y Hacienda (2002-2008); en la Oficina Económica del presidente del Gobierno (2008-2012); en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2012-2013); en el European Procurement Forum, en Nueva York, como presidenta y miembro del consejo y tesorera (2013-2018); en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York, como consejera económica y comercial (2013-2018); y en el Ministerio para la Transición Ecológica (2018-2020).

Sindicatos docentes celebran, en general, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado este martes en Consejo de Ministros, pero lamentan que no aborde las condiciones laborales del profesorado.

Desde UGT consideran que este proyecto normativo supone "un primer paso imprescindible" por entender que estas enseñanzas son "fundamentales" para cambiar el modelo productivo del país y para la formación de los ciudadanos a lo largo de la vida.

Este sindicato celebra que el proyecto venga acompañado de una memoria de 5.474 millones de euros, pero pide que esta inversión se destine a aumentar las plantillas docentes en la FP, a ofrecer una mayor oferta formativa que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, y para la extensión de una red de centros en todo el territorio del Estado que asegure una oferta suficiente de plazas públicas.

En relación a aspectos a mejorar del documento, UGT menciona las condiciones laborales del profesorado. En concreto, exige la negociación urgente de los aspectos que preocupan a los trabajadore de la FP para garantizar la estabilidad de todo el profesorado, tanto funcionarios de carrera como profesorado interino.

Para ello, UGT propone que se ponga en marcha inmediatamente la integración de todo el profesorado técnico de FP con titulación de Grado o equivalente al subgrupo A1 y que se arbitren medidas para que el personal funcionario de carrera, que no posee la titulación de Grado o equivalente, pueda acreditarla y se incorpore en ese momento al subgrupo A1.

Por el contrario, desde STEs-Intersindical muestran su rechazo al proyecto, ya que en su opinión, se trata de una ley que "privatizará" la FP porque hará que esta formación esté "al servicio de las empresas", además de que "reducirá drásticamente el profesorado cualificado.

"La ministra Pilar Alegría habla y habla pero no escucha. Desde STEs-Intersindical pedimos que nos reciba y escuche a las organizaciones sindicales que representamos al profesorado y tenemos mucho que decir", señala el sindicato, que menciona el tema de las ratios, el currículo y el desarrollo de la LOMLOE, la Ley de Educación.

También desde ANPE valoran el proyecto, entre otras cosas, porque integra toda la Formación Profesional en un único sistema, pero advierten de que hay determinadas cuestiones que "preocupan". "La primera es la competencia que da esta ley a las empresas para poder calificar un porcentaje de los resultados de aprendizaje. Desde ANPE creemos que debe ser el profesorado de los centros educativos quien debe de calificar y valorar al alumnado y todas las tareas de carácter académico deben ser realizadas por el profesorado de los centros educativos", indican.

Igualmente, "preocupa" al sindicato la situación del profesorado de FP, pues han pasado 9 meses desde la entrada en vigor de la LOMLOE y el profesorado de FP con el título de Grado o equivalente aún no ha sido integrado en los Cuerpos de profesor de Secundaria, tal y como recogía la Ley educativa.

Por otro lado, ANPE avisa de que hay que dar solución al profesorado técnico de FP que no tiene titulación de Grado o equivalente. "A ver en qué grupo se van a encuadrar", afirma Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical del sindicato, que además recuerda la petición de ANPE de que estos profesores tengan las condiciones laborales similares a las que van a tener sus homónimos con el título de Grado o equivalente.

CENTROS DE FP PIDEN RATIOS MÁS BAJAS

Luis García, presidente de FPEmpresa, asociación que reúne a centros de Formación Profesional públicos y concertados de toda España, hace una valoración en general "positiva" del proyecto normativo. "Entendemos que es una ley que viene a poner al día la nueva realidad de la FP en relación con la nueva realidad productiva", señala.

García celebra que la futura Ley de la FP recoja las nuevas modalidades de FP dual, dada la importancia, a su juicio, de la labor práctica de los estudios de Formación Profesional. No obstante, pone el foco en la necesidad de bajar las ratios en las aulas, ya que este asunto no está reflejado en el proyecto. En su opinión, debería haber 25 alumnos por aula como máximo en la FP superior, de 20 en la FP media y de 15 en la FP básica. Y en las clases prácticas, de 15.

Asimismo, destaca la importancia de que se impulse la FP desde la Educación Primaria para dar a conocer a los futuros estudiantes qué es "y sobre todo demostrarles que es una carrera donde se puede aprender, se puede uno educar y formar, adquirir competencias profesionales". Además, "hacerla no impide continuar en la universidad, trabajar o participar en programas como el de Erasmus", subraya García.

ESTUDIANTES, EN CONTRA

A todo ello, asociaciones de estudiantes se oponen a este proyecto normativo por la cuestión de las prácticas en empresas.

Desde el Frente de Estudiantes, su dirigente, Eva Madariaga, señala que con la pretensión de que toda la FP (los grados C y D) sea dual, lo que se hace es "utilizar de manera generalizada al estudiantado como mano de obra, si no gratuita, cuasi gratuita, y por tanto, se naturaliza que el acceso al mercado laboral de la juventud sea en condiciones ultraprecarias".

Desde Frente de Estudiantes piden la inserción en el mercado de trabajo con las mismas condiciones que las de cualquier otro trabajador y que los estudiantes de FP no sean utilizados para sustituir puestos de trabajo, que es lo que ocurre "muchas veces" con las prácticas, según expone Madariaga.

La dirigente de a asociación critica que con esta ley haya una "mayor presencia directa de las empresas en la educación pública", lo que implica más influencia a la hora de estructurar los currículos y que la educación esté relacionada con el beneficio económico y no con las necesidades educativas.

También el Sindicato de Estudiantes critica este punto de la ley. "Sufriremos más precariedad en nuestras prácticas, se devaluarán nuestros títulos y nuestros centros continuarán sin recursos mientras las empresas se llevan todo el dinero público que debería ir destinado a garantizar una enseñanza pública y de calidad", critica la entidad.

Entre sus peticiones, destacan un plan de rescate para la Formación Profesional, que contemple una inversión económica para garantizar todos los recursos humanos y materiales en los centros, así como la puesta en marcha de un plan de modernización tecnológico en la FP, y que para la enseñanza pública sea del 7% del PIB.

Asimismo, piden la incorporación a la red pública de todos los centros de FP privada y concertada, garantizando la gratuidad de todas las plazas que sean necesarias y que las prácticas de los estudiantes sean "remuneradas dignamente y con derechos laborales por ley".

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha alertado de los riesgos que cree que implican la polarización y el populismo, la huida de la institucionalidad y de los consensos fundamentales y ha llamado a sus homólogos a trabajar por evitarlos y superarlos poniendo en valor los acuerdos y retos comunes de cada sociedad.

Así lo ha señalado este martes durante su intervención en la 5ª Conferencia Mundial de Presidentes y Presidentas de Parlamento, organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Austria, en cooperación con las Naciones Unidas, que reúne en Viena a más de 110 presidentes de parlamentos de todo el mundo con el objetivo de reforzar la dimensión parlamentaria de la gobernanza mundial.

Batet ha señalado que la crisis del Covid ha planteado algunas cuestiones fundamentales para los sistemas democráticos en tanto que en buena parte de los países se ha tenido que recurrir a las previsiones constitucionales de carácter excepcional, vinculadas con estados de crisis o con medidas que inciden o limitan excepcionalmente derechos fundamentales.

En este sentido, la presidenta de la Cámaara Baja ha constatado que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto "la vigencia de las constituciones, la utilidad de sus previsiones y su resiliencia ante las dificultades, por inesperadas que éstas sean".

LA CRISIS, UN ARGUMENTO MÁS PARA "EROSIONAR" AL GOBIERNO

Batet ha subrayado que la pandemia ha evidenciado alguno de los retos fundamentales a los que el parlamentarismo y la democracia se enfrentan en los últimos tiempos para elogiar que en algunos países las diversas fuerzas políticas han sido capaces de alcanzar grandes acuerdos ante un desafío común y enorme, y para cuestionar que en otros se haya impuesto "la dinámica de polarización y enfrentamiento". "La crisis se ha convertido en un argumento más de erosión gubernamental cuando no de deslegitimación institucional", ha lamentado.

Batet se ha referido en su intervención también a las dificultades que han comportado para el trabajo parlamentario las restricciones derivadas de la pandemia y cómo las nuevas tecnologías han posibilitado formas de funcionamiento novedosas que han permitido mantener la actividad de los parlamentos.

"Los parlamentos y sus órganos de gobierno, conscientes de lo que representamos, nos hemos esforzado en adaptar su funcionamiento a las necesidades sanitarias, con una finalidad fundamental: mantener las funciones esenciales de legislación, control del ejecutivo y deliberación política plural de las cámaras", ha señalado.

Así, ha explicado a sus homólogos que en el Congreso se ha restringido la presencialidad en los Plenos, se ha adoptado la obligatoriedad del uso de mascarilla y se ha generalizado el voto telemático. Cambios que, a su juicio, han supuesto "pérdidas y sacrificios relevantes en los valores propios del parlamentarismo y, especialmente, en su dinámica de impulso del diálogo vivo y del logro del consenso", y que "sólo son aceptables" si se adoptan "con el máximo consenso, proporcionalidad y con carácter temporal".

LA NORMALIDAD DEL DIÁLOGO PRESENCIAL

Para Batet, "las nuevas tecnologías pueden permitir algunos cambios permanentes en los procedimientos parlamentarios, pero en lo fundamental creo que necesitamos volver a la normalidad del diálogo presencial. Porque, sin duda, el parlamentarismo es presencialidad", ha dicho.

Recientemente, la presidenta del Congreso decidió encargar a los servicios de la Cámara un informe, que previsiblemente se verá en la reunión de la Mesa de este miércoles, para analizar las medidas impuestas en su día frente a la pandemia ocasionada por COVID-19 y evaluar las posibilidades de retomar la plena normalidad de la actividad parlamentaria en cuanto a aforos.

Por acuerdo entre los grupos parlamentarios, el Congreso viene trabajando actualmente con un aforo del 50% en el hemiciclo y en las demás instalaciones de la Cámara, lo que implica que cada grupo sólo ocupa la mitad de sus escaños y se ha generalizado la votación telemática.

El grupo parlamentario socialista ha registrado este lunes una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso, sobre la bajada de ratios --una de las medidas más demandadas de la comunidad educativa-- en determinados centros.

La iniciativa, insta al Gobierno a impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación (en la que se reúne la ministra de Educación y FP con los consejeros autonómicos del ramo), un grupo de trabajo que analice la viabilidad, coste y beneficio de la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de "alta complejidad social" y "con mayor índice de necesidad educativa como una medida a universalizar en el sistema educativo español tras el impacto de la pandemia".

Asimismo, la proposición pide al Ejecutivo acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación los criterios e indicadores metodológicos armonizados para identificar dicha alta complejidad y vulnerabilidad social de los centros públicos y concertados en función de su entorno y de su composición social, donde se aplicaría tal medida de reducción de ratios.

También se pide acordar desde el Ministerio que dirige Pilar Alegría y la Conferencia Sectorial de Educación un Plan de Acompañamiento a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad y vulnerabilidad social, en cumplimiento de la LOMLOE.

En concreto, en cumplimiento del artículo 122.2, que dispone que "las administraciones educativas dotarán con mayores recursos y dotaciones a los centros públicos y concertados que atiendan alumnado con mayores necesidades".

También según lo que establecen los artículos 80, 80.1 y 81.2, que dicen que las administraciones desarrollen acciones y programas de compensación y potenciación en entornos vulnerables (art. 80), actuando de forma preventiva para favorecer su éxito escolar (art. 81.1) y que facilita que los municipios y las entidades sociales colaboren con las administraciones educativas desde un enfoque más comunitario y coordinado, tanto en el ámbito escolar como extraescolar (art. 81.2).

La Fiscalía General del Estado (FGE) reclama "legitimación procesal" para recurrir las resoluciones administrativas vinculadas a los acercamientos de presos de ETA y a las concesiones de grados penitenciarios, para lo que sugiere una reforma del Reglamento vigente.

Así lo expone el Ministerio Público en el apartado de "vigilancia penitenciaria" de la Memoria 2020, que fue presentada este lunes por la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de apertura del año judicial.

"Faltando, pues, un precepto estatutario que otorgue al Ministerio Público legitimación procesal general en la materia, debemos tornar la mirada a la legislación específica -penitenciaria- para solventar esta carencia", señala.

La Fiscalía plantea una "reforma del Reglamento Penitenciario" --en su artículo 107 y concordantes-- "a fin de otorgar expresamente al fiscal la posibilidad de recurrir todos los grados penitenciarios, como refuerzo del control de la legalidad de la actuación administrativa en materia penitenciaria".

El departamento considera que, aunque es "ajena a la actividad de la fiscalía y a sus propias competencias", "merece la pena poner de relieve" la "relevancia" que tuvo durante 2020 traslado y progresión a segundo grado de los presos de ETA.

Asegura que las "recientes progresiones" acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "han puesto sobre la mesa la cuestión de la legitimación del Ministerio Fiscal para recurrir la decisión de progresión a segundo grado acordada por la institución penitenciaria".

En este sentido, recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) "no confiere una legitimación general" a la Fiscalía para "recurrir todas y cada una de las resoluciones administrativas que se produzcan en el ámbito penitenciario". Señala, además, que "la materia es igualmente ajena" en término de traslado de internos a cárceles distintas a aquellas en las que cumplen condena.

INDEPENDENTISMO RADICAL VASCO

En el marco de la Memoria, comprendida por 1.880 folios, la Fiscalía sostiene que, "desaparecida ETA", los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el "entramado del independentismo radical vasco" son los que constituyen el "principal vector de amenaza" en el apartado de terrorismo nacional.

El Ministerio Público subraya que dicho "entramado" tiene "menos capacidad lesiva" y destaca además su "ámbito de actuación reducido", que estaría circunscrito a la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra.

Delimita la actividad de estos colectivos a "sabotajes contra infraestructuras ferroviarias, sedes de partidos políticos y oficinas bancarias; convocatorias de manifestaciones y concentraciones con alteraciones del orden público y realización de pintadas con la reivindicación de libertad para los presos de ETA".

Asegura, sin embargo, que se percibe "moderación del discurso y asunción de la legalidad vigente en el ámbito penitenciario".

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha insistido este martes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe encabezar la mesa de diálogo "si cree que es una mesa de negociación" para abordar la búsqueda de una solución al conflicto político, que incluya el derecho a la autodeterminación y la amnistía.

"Si es una mesa de negociación, Pedro Sánchez debe venir a la mesa. Sin él, esta mesa de diálogo, que entendemos como una mesa de negociación, pasará a ser una especie de comisión de traspasos entre el Estado y la Generalitat", ha lamentado en rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica), donde el grupo parlamentario celebra unas jornadas de trabajo ante el inicio del curso político, encabezadas por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Por ello, ha advertido de que no revelarán las personas de Junts que formarán parte de la mesa hasta que no sepan si Sánchez acudirá y hasta que no conozcan el día y el orden del día del encuentro.

Para Sales, la actitud de Sánchez evidencia un "menosprecio constante" hacia el Govern y las instituciones catalanas, y le ha acusado de buscar siempre excusas y de falta de concreción en lo que se refiere al conflicto catalán.

"ENSUCIAR" LA FIGURA DE PUIGDEMONT

Al preguntársele si Junts avala contactos con Rusia para avanzar en el proceso independentista, en referencia a los supuestos viajes del director de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, a dicho país, Sales ha restado toda credibilidad a "unos informes de la Guardia Civil que quieren ensuciar la figura" de Puigdemont.

"El liderazgo de Puigdemont desde el exilio es muy importante para el independentismo, y estaremos a su lado en todas las acciones que considere que debe tomar", ha señalado.

DIADA

Sobre la Diada, ha animado a todos los ciudadanos a participar de los actos de una jornada que, a su juicio, ha sido siempre "un espacio de encuentro del independentismo, y este año debe ser igual para demostrar la fuerza que tiene".

"La Diada también será una manera de reivindicar el 1-O. El 1-O fue un referéndum y nos autodeterminamos. Con este espíritu de victoria, afrontamos este nuevo 11 de septiembre", ha remarcado.

JORNADA DE TRABAJO

Desde este martes hasta el jueves, el grupo parlamentario de Junts celebra en Bruselas unas jornadas de trabajo para definir las líneas estratégicas del curso político, y que servirán también para marcar los ejes del debate de política general.

Además, realizarán cuatro grupos de trabajo que tratarán diferentes ámbitos como empresa, trabajo y economía; infraestructuras, energía, equilibrio territorial y acción para el clima; empleo, derechos sociales y vivienda, y cultura, lengua y medios de comunicación.

Además de Puigdemont, a las jornadas, que coordina el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet y la misma Sales, también ha acudido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Podemos ha reclamado a España y a la UE que exijan al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que investigue las "graves violaciones" de derechos humanos que tuvieron lugar durante la declaración de estado de emergencia tras las protestas por el alza del precio del transporte público hace dos años.

También ha exhortado, con motivo de la visita a España y la gira europea de Piñera, a no suscribir ningún acuerdos comerciales y de cooperación con el Ejecutivo del país latinoamericano que puedan contribuir a "agravar" las desigualdades sociales en la sociedad chilena.

El diputado de Unidas Podemos y vicepresidente en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Antón Gómez-Reino, ha subrayado que el pueblo chileno protagonizó un ejemplo de "movilización y lucha" que fue respondido con "represión y autoritarismo" por parte del Gobierno de Piñera.

"Desde Podemos no vamos a mirar hacia otro lado ante la visita de un presidente que vulnera los derechos de su pueblo", ha proclamado en un comentario en redes sociales.

8.000 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ESTATAL

Además, la formación morada ha emitido un comunicado respecto a la visita del presidente chileno y ha denunciado, como pudo "observar sobre el terreno", la situación que se vivió con la declaración del estado de emergencia durante esas movilizaciones, con un "uso desproporcionado" de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, Podemos ha detallado que, de acuerdo con cifras actualizadas de la Fiscalía chilena y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se "contabilizan más de 8.000 víctimas de la violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular".

"Todavía hoy hay muchas personas en Chile reclamando acceso a la Verdad, Justicia y Reparación. Algo que no solo es deber de todo Estado democrático garantizar, sino que es condición indispensable para restaurar los vínculos entre la sociedad y las instituciones, junto al establecimiento de garantías para la no repetición, empezando por la desmilitarización del país", ha proseguido la organización.

CRITICA LA IMPOSICIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL

También ha afirmado que el Estado chileno también debe abordar las causas "profundas" de aquellas movilizaciones, que tuvieron mucho que ver con el "empobrecimiento, la desprotección y la pérdida de derechos que ha conllevado la imposición del modelo neoliberal en países de toda América Latina".

Tras reiterar su solidaridad con el pueblo chileno y las "víctimas de la represión", instan al Ejecutivo encabezado por Piñera a investigar de "manera decidida las violaciones de derechos humanos" cometidas en el marco del 'estallido social', para "depurar responsabilidades" entre sus autores y dar acceso a la Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas de los abusos.

"Es necesario emprender una reforma profunda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la no repetición y lograr la sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos que ansía el pueblo chileno", ha relatado.

Y, por tanto, ha conminado a España y Chile a "defender la urgencia de estas investigaciones, y a no firmar ni profundizar acuerdos comerciales y de cooperación con Chile que puedan agravar las desigualdades y la situación de los derechos humanos en el país".

LECCIÓN DEL PUEBLO CHILENO PARA SUPERAR LA CONSTITUCIÓN DE PINOCHET

Por otro lado, ha desgranado que el resultado del plebiscito nacional de 2020 "no dejaron lugar a dudas" y los chilenos decidieron "superar el marco constitucional surgido durante la dictadura de Pinochet" e iniciar un nuevo periodo regido por una nueva Constitución surgida de un proceso constituyente "democrático y en libertad". "Un ejemplo admirable de democracia y dignidad del pueblo chileno que desde España miramos con mucha esperanza", ha loado Podemos.

Finalmente, Podemos ha concluido que América Latina "está en un proceso de cambio en el que las fuerzas populares y progresistas se juegan (y se encaminan ya en varios países a) recuperar la hegemonía que tenían a principios de siglo".

La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a un hombre para el que la Fiscalía pide una condena de 140 años de cárcel por presuntamente usar un perfil anónimo de Instagram para amenazar de muerte a un menor y obligarlo a incitar a sus amigas, también menores, a que se grabaran y le enviaran vídeos sexuales.

El acusado, David C., era la pareja de la hermana mayor de A., el menor que recibió las primeras amenazas con mensajes de una cuenta de Instagram que usó varios pseudónimos durante los meses que duró la situación, según ha declarado A. en el juicio.

A. ha explicado que no denunció por miedo --quien enviaba los mensajes conocía su rutina y su entorno, y le hacía sentir vigilado--, solo lo contó a su grupo de amigos y, siguiendo los consejos del acusado, pidió a amigas que accedieran a videollamar a la cuenta anónima y "hacer lo que pidiera", mientras las amenazas se extendieron a su familia y círculo de amigos, con 13 víctimas en total.

La defensa de David C. afirma que él no envió esos mensajes, sino un enemigo "miembro de una banda de La Mina" apodado 'El Navajas', que supuestamente le hackeó un mail antiguo y lo usó para crear la cuenta de Instagram que enviaba amenazas a los menores.

Por eso, el acusado ha dicho que se asustó cuando A. le dijo el nombre de usuario de la cuenta que lo amenazaba porque era el de su antiguo mail, y trató de impedir que una de las víctimas lo denunciara para que no le vincularan con las amenazas que según él había enviado 'El Navajas'.

En cambio, A. ha asegurado que David C. sabía desde el principio el nombre de la cuenta y no alertó del supuesto hackeo hasta que la madre de una de las niñas denunció los hechos a la policía.

TESTIGOS

En la primera jornada de juicio han declarado amigos y amigas de A., que en verano de 2018 tenían entre 13 y 15 años, y han coincidido en el miedo y la sensación de estar vigilados que vivieron a causa de los mensajes amenazantes.

"Todo empezó con una foto que nos envió del momento exacto y de dónde estábamos, en una plaza. Ahí empezó el miedo porque sabía dónde estábamos y quiénes éramos", ha contado un chico que, a raíz de la extorsión, grabó y envió a esa cuenta de Instagram varios vídeos sexuales de su novia.

Ella ha explicado que hizo en total más de 20 videollamadas sexuales, que A. le insistía en que continuara por miedo a represalias y que confiaba en David C. porque creía que les protegía.

AGRESIÓN SEXUAL

Además de amenazas para conseguir pornografía infantil, el hombre también está acusado de cuatro delitos de agresión sexual, que presuntamente cometió aprovechándose de la misma situación de miedo en la que estaban las niñas.

Una de ellas, expareja de A., ha explicado que estando con David C., éste recibió una llamada en la que supuestamente le decía que estaban vigilados y tenían que besarse, lo que hizo "no voluntariamente", y unos días después hizo lo mismo fingiendo una llamada que supuestamente le ordenaba masturbar a la niña.

"Dejé que lo hiciera porque me dijo que si no me dejaba, a él le harían daño. Yo me creía todo esto porque le conocía como mi cuñado, llevaba unos seis años con su novia, era un adulto y parecía responsable", ha explicado la chica durante su declaración.

El hombre también está procesado por los delitos de amenazas continuadas y por utilizar a menores para producir pornografía infantil.