Un matemático de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia, ha revelado que una una antigua tablilla de arcilla podría ser el ejemplo más antiguo y completo de geometría aplicada. El plan de campo del topógrafo del período de la Antigua Babilonia muestra que las matemáticas antiguas eran más avanzadas de lo que se pensaba.

Se trata de una tablilla de arcilla de 3.700 años de antigüedad que ha estado oculta a la vista en un museo de Estambul (Turquía) durante más de un siglo que puede suponer los orígenes de la geometría aplicada, según publica en la revista ‘Foundations of Science’.

La tablilla -conocida como Si.427- fue descubierta a finales del siglo XIX en lo que hoy es el centro de Irak, pero su importancia era desconocida hasta que hoy se ha revelado el trabajo detectivesco del científico de la UNSW.

Lo más emocionante es que se cree que Si.427 es el ejemplo más antiguo de geometría aplicada que se conoce y el estudio también revela una convincente historia humana de topografía.

«Si.427 data del periodo de la Antigua Babilonia (1900 a 1600 a.C.) –afirma el doctor Daniel Mansfield, investigador principal de la Escuela de Matemáticas y Estadística de la UNSW–. Es el único ejemplo conocido de un documento catastral del periodo OB, que es un plano utilizado por los topógrafos para definir los límites de la tierra. En este caso, nos informa de los detalles legales y geométricos de un campo dividido tras la venta de una parte».

Se trata de un objeto significativo porque el agrimensor utiliza lo que hoy se conoce como «triples pitagóricos» para hacer ángulos rectos precisos.

«El descubrimiento y el análisis de la tablilla tienen importantes implicaciones para la historia de las matemáticas –afirma el doctor Mansfield–. Por ejemplo, esto es más de mil años antes de que naciera Pitágoras».

En 2017, el doctor Mansfield conjeturó que otro fascinante artefacto de la misma época, conocido como Plimpton 322, era un tipo único de tabla trigonométrica.

«En general, se acepta que la trigonometría -la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de los triángulos- fue desarrollada por los antiguos griegos que estudiaban el cielo nocturno en el siglo II antes de Cristo –señala Mansfield–. Pero los babilonios desarrollaron su propia ‘proto-trigonometría’ alternativa para resolver problemas relacionados con la medición del suelo, no del cielo».

Se cree que la tablilla revelada ahora existía incluso antes de Plimpton 322; de hecho, los problemas de topografía probablemente inspiraron a Plimpton 322. «Hay todo un zoológico de triángulos rectos con diferentes formas. Pero sólo un puñado muy pequeño puede ser utilizado por los topógrafos babilónicos. Plimpton 322 es un estudio sistemático de este zoo para descubrir las formas útiles», añade.

Ya en 2017, el equipo especuló sobre la finalidad de la Plimpton 322, planteando la hipótesis de que era probable que tuviera algún propósito práctico, posiblemente utilizado para construir palacios y templos, construir canales o topografiar campos.

«Con esta nueva tablilla, podemos ver por primera vez por qué se interesaban por la geometría: para establecer límites precisos de las tierras –afirma–. Se trata de un periodo en el que la tierra empieza a ser privada: la gente empezó a pensar en la tierra en términos de ‘mi tierra y tu tierra’, queriendo establecer un límite adecuado para tener relaciones de vecindad positivas. Y esto es lo que dice inmediatamente esta tablilla. Es un campo que se divide, y se establecen nuevos límites».

Incluso hay pistas ocultas en otras tablillas de esa época sobre las historias que hay detrás de estos límites. «Otra tablilla se refiere a una disputa entre Sin-bel-apli -un individuo prominente mencionado en muchas tablillas, incluida la Si.427- y una rica terrateniente –precisa–. La disputa tiene que ver con unas valiosas palmeras datileras situadas en la frontera entre sus dos propiedades. El administrador local acepta enviar a un topógrafo para resolver la disputa. Es fácil ver cómo la precisión era importante para resolver las disputas entre individuos tan poderosos».

El doctor Mansfield dice que la forma en que se hacen estos límites revela una verdadera comprensión geométrica. «Nadie esperaba que los babilonios utilizaran los triples pitagóricos de esta manera –reconoce–. Se trata de algo más parecido a las matemáticas puras, inspirado en los problemas prácticos de la época».

Una forma sencilla de crear un ángulo recto exacto es hacer un rectángulo con los lados 3 y 4, y la diagonal 5. Estos números especiales forman el «triple pitagórico» 3-4-5 y un rectángulo con estas medidas tiene ángulos rectos matemáticamente perfectos. Esto es importante para los topógrafos de la antigüedad y todavía se utiliza hoy en día.

«Los antiguos topógrafos que hicieron el Si.427 hicieron algo aún mejor: utilizaron una variedad de diferentes triples pitagóricos, tanto en forma de rectángulos como de triángulos rectos, para construir ángulos rectos precisos», afirma Mansfield.

Sin embargo, es difícil trabajar con números primos mayores de 5 en el sistema numérico babilónico de base 60. «Esto plantea un problema muy particular: su sistema numérico único de base 60 significa que sólo se pueden utilizar algunas formas pitagóricas –explica–. Parece que el autor de Plimpton 322 recorrió todas estas formas pitagóricas para encontrar estas útiles. Esta comprensión profunda y altamente numérica del uso práctico de los rectángulos se gana el nombre de ‘proto-trigonometría’, pero es completamente diferente a nuestra trigonometría moderna».

El doctor Mansfield se enteró de la existencia de Si.427 cuando leyó sobre ella en los registros de las excavaciones: la tablilla fue desenterrada durante la expedición de Sippar de 1894, en lo que hoy es la provincia de Bagdad, en Irak. El informe decía que la tablilla había ido a parar al Museo Imperial de Constantinopla, un lugar que obviamente ya no existe.

«A partir de esa información, emprendí una búsqueda para localizarla, hablando con muchas personas en los ministerios y museos del gobierno turco, hasta que un día, a mediados de 2018, una foto de la Si.427 aterrizó finalmente en mi bandeja de entrada –explica–. Fue entonces cuando me enteré de que en realidad estaba expuesto en el museo. Incluso después de localizar el objeto, todavía tardé meses en comprender plenamente lo significativo que es, por lo que es realmente satisfactorio poder finalmente compartir esa historia».

Ahora Mansfield espera encontrar qué otras aplicaciones tenían los babilonios para su proto-trigonometría. Sólo queda un misterio que el no ha desvelado: en el reverso de la tablilla, en la parte inferior, aparece el número sexagesimal «25:29» en letra grande, es decir, 25 minutos y 29 segundos.

«No puedo entender qué significan estos números, es un absoluto enigma –admite–. Estoy deseando discutir cualquier pista con historiadores o matemáticos que puedan tener una corazonada sobre lo que estos números tratan de decirnos».

El Gobierno ha decidido elevar los límites de gasto presupuestario del Ministerio del Interior para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el objetivo de que ese dinero se pueda invertir en la mejora de la frontera con Marruecos, la renovación de equipos informáticos y obras en comisarías.

Como encargada de llevar a cabo las inversiones para hacer frente a delitos como el tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado y ciberdelincuencia, la Secretaría de Estado de Seguridad considera necesario llevar a cabo las contrataciones para las anualidades 2022 a 2025, con un coste anual de 54.205.350 euros.

Según el acuerdo aprobado en Consejo de Ministros, parte de ese dinero se usará para inversiones en infraestructuras que den respuesta a las necesidades derivadas de los problemas migratorios del Arco Sur (Levante, costas de Andalucía y Canarias) y la finalización de la segunda Fase de la modernización del vallado perimetral de Ceuta y Melilla.

Otra parte se dedicará a la finalización de las obras de las comisarías de Policía de Almendralejo y Calatayud, el inicio de las previstas en Torremolinos y la comisaría Centro de Valencia; o la construcción de nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros.

Para todo ello es necesario llevar a cabo un plan de renovación e infraestructuras que implica la contratación de un sistema completo, software, hardware y los desarrollos necesarios para su explotación para atender las necesidades de un nuevo despliegue del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), con la finalidad de implementar el nuevo sistema de registro electrónico de entradas y salidas de los puestos fronterizos y su conexión al sistema central del EES (proyecto Entry / Exit System, EES) o Sistema Europeo de Entradas y Salidas, que será obligatorio a partir del año 2022.

105,65 MILLONES PARA DESRATIZAR CUARTELES

Por otro lado, se ha autorizado a la Dirección General de la Guardia Civil la celebración de un contrato de servicios de limpieza, higienización, desinfección, desinsectación y desratización de los locales e instalaciones en que se encuentran ubicadas las diversas unidades y dependencias, centrales y periféricas, de la Dirección General de la Guardia Civil, con un valor estimado de 105.656.073,89 euros.

En el mismo Consejo de Ministros de este martes se ha tomado razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de fachadas y terrazas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Palma de Mallorca (Islas Baleares), por importe de 395.951,61 euros.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) ante la Comisión de Sanidad y Consumo para instar al Gobierno a aprobar una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental en los términos que ya se establecieron por el Pleno del Congreso de los Diputados.

«Ciudadanos apuesta por una nueva estrategia sobre salud mental y reclamará al Gobierno sus responsabilidades en esta materia», ha expresado el vicesecretario general del partido naranja y portavoz adjunto del GPCs, Edmundo Bal, en una rueda de prensa en la que ha anunciado dos iniciativas que la formación liberal ha presentado en el Congreso.

La primera, para garantizar que exista «una dotación presupuestaria y recursos humanos suficientes para una nueva estrategia sobre salud mental». «Y la segunda, siguiendo la idea de desestigmatizar los problemas de salud mental, elaborar un plan de prevención del suicidio», ha añadido al respecto.

El portavoz naranja ha lamentado «los más de 4.000 suicidios al año que se producen en España, lo que supone la primera causa de mortalidad no natural, por encima de los accidentes de tráfico», y ha manifestado la «preocupación» de Ciudadanos por este tema desde hace más de un año», ya que «la pandemia ha impactado de manera negativa en los españoles».

En concreto, la PNL de Cs recoge «asegurar que la nueva Estrategia de Salud Mental viene acompañada de compromisos presupuestarios y de recursos humanos suficientes para garantizar su puesta en marcha, con medidas específicas dirigidas a la desestigmatización de los problemas de salud mental».

Asimismo, se solicita incluir en la nueva Estrategia de Salud Mental un Plan de Prevención del Suicidio, con «medidas concretas e implicando a todos los sectores de la sociedad en la correcta detección de las conductas suicidas y su prevención, especialmente en jóvenes y personas en situación de soledad no deseada».

Por último, también se pide buscar un acuerdo parlamentario y social «amplio» para «abordar los problemas relacionados con la salud mental, su tratamiento en la esfera pública y en la educación, de tal manera que permita concienciar a las generaciones presentes y venideras sobre su importancia».

La Policía Nacional sospecha que el productor José Luis Moreno, quien se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en el marco de la Operación Titella por presuntos delitos de estafa, mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero, según documentación del sumario desvelada por el programa de televisión ‘Todo es verdad’ (Cuatro).

En un informe policial aportado al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los agentes aseguran que el ventrílocuo –«consecuencia directa de la situación financiera» que atraviesa– decidió «dejar España», «vender rápidamente todo lo que tiene» y «marcharse sin liquidar nada».

Así, los investigadores concluyen que «supondría que Moreno no introduciría en nuestro país el dinero que parece tener oculto en el extranjero (de 400 a 900 millones)», lo que se habría confirmado en una llamada en la que participa el propio productor el pasado 25 de febrero a las 14.06 horas.

En dicha conversación, el ventrílocuo habría insistido en que debía dejar el país. «Yo lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente», aseguró.

Los agentes sostienen que el productor de televisión presuntamente fijó dos sedes fuera del país: una en Los Ángeles (Estados Unidos) y otra en Londres (Reino Unido). Según precisan en el informe, Moreno también «estaría construyendo un hotel en Maldivas».

COMUNICACIONES INTERVENIDAS

En el marco de la información aportada al juzgado, los investigadores describen la relación de Moreno con uno de los presuntos estafados, Alejandro Roemeers, quien habría invertido más de 30 millones de euros para la producción de una serie que no se realizó.

La Policía detalla que tuvo conocimiento –a través de intervenciones telefónicas– de que «Moreno se habría apropiado para sí de 16 millones de euros» de los 32 que Roemmers habría aportado en calidad de socio e inversor privado para grabar la serie que el ventílocuo supuestamente realizaba con la sociedad Dreamlight International Productions S.L sobre la vida de Francisco de Asís.

Según ha adelantado Cuatro, en el sumario de la investigación figuran mensajes de Roemmers a Moreno en el que le reclama el dinero. «No has hecho nada de lo que te pedí, ni has aportado dinero fresco a la sociedad», llegó a decir. «32 millones a cambio de nada, salvo un guion inconcluso y un tráiler que según los expertos que he consultado carece de calidad», consta entre los mensajes.

En el informe, los agentes analizan también conversaciones de dos empleadas de Moreno en las que se afirma que «no aguantarían» una auditoría porque se detectaría que «en todo el primer año no empezaron a grabar».

Asimismo, los investigadores recogen fragmentos de la conversación en los que se dice que que se habrían emitido facturas de «personal que no existía», haciendo creer que trabajaban 100 personas cuando «solamente» estaban dos.

LIBERTAD PROVISIONAL

Moreno se encuentra en libertad provisional bajo fianza desde el pasado 1 de julio. Aunque en un principio el magistrado instructor le reclamó una caución de tres millones de euros, el productor presentó documentación para acreditar un aval hipotecario obtenido para cubrir la suma reclamada por la Audiencia Nacional.

El ventrílocuo figura como investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

Se le acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendió más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La investigación nació en 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un 1,3 millones.

El alcalde de Elche (Alicante), Carlos González (PSPV), se ha mostrado este miércoles «convencido» de estar «en la antesala del retorno de la Dama d’Elx» a la ciudad y ha destacado, en el marco del 124 aniversario del hallazgo del busto íbero en la finca de la Alcudia, que el consistorio «trabaja para que la cesión se produzca en el contexto de una gran exposición de arte íbero».

González ha indicado, en un comunicado, que «este aniversario se produce en un contexto distinto, tras las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Cultura y ante la próxima entrevista con el nuevo ministro Miquel Iceta».

Además, ha manifestado la voluntad del equipo de gobierno para que el regreso se lleve a cabo en el segundo semestre de 2022 y ha destacado la preparación del Museo Arqueológico y de Historia de la ciudad.

González ha reconocido el firme apoyo de la Generalitat como «un aliado importantísimo en esta iniciativa». «Trabajamos para que se produzca la cesión en el contexto de una gran exposición de arte ibero que realce aún más la presencia de la Dama en la ciudad», ha señalado.

«PALANCA DE IMPULSO TURÍSTICO»

Además, ha puntualizado que «el retorno de esta valiosa escultura no solo supone dar satisfacción a un anhelo colectivo o al deseo de toda la ciudad, si no que queremos que se convierta en una palanca de impulso turístico y cultural del municipio, así como en un factor que contribuya a dinamizar la economía y el empleo».

Por otra parte, la concejala de Cultura, Marga Antón ha realizado junto a miembros de la Real Orden de la Dama de Elche, presidida por María del Carmen Pérez Cascales, una ofrenda de flores en el Parque Arqueológico de La Alcudia, donde se conmemora esta efeméride y que debido a la crisis sanitaria este año no ha sido posible su celebración.

Por su parte, la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, ha reclamado de nuevo «el retorno definitivo de la Dama en Elche, un extremo que en nuestra formación defendemos de manera rotunda porque entendemos que el busto tiene que estar a su lugar de origen».

En este sentido, ha expresado en un comunicado que «el Ministerio de Cultura tiene que entender que de este modo la pieza cobrará todavía más valor y que con la Dama en nuestro municipio ganamos todos y no pierde nadie, porque esto es la descentralización de la cultura».

En este sentido, Díez ha señalado que «este año hemos perdido la oportunidad de que las formaciones con representación en Elche realicemos esta demanda conjunta en el Senado, donde nuestro representante Carles Mulet planteó una iniciativa para el retorno definitivo del busto que no fue votada a favor por ninguno de las otras formaciones que también integran la corporación municipal».

«Una cesión temporal es una buena noticia, los datos de experiencias previas nos avalan, pero no es comparable con los beneficios que un retorno definitivo podría generar en los sectores cultural y económico del municipio», ha destacado la portavoz, que ha añadido que «desde Compromís, con coherencia, seguiremos planteando todas las iniciativas que haga falta para plantear esta demanda».

Por último, ha señalado que «hay que seguir integrando la Alcudia con la dinámica del municipio, sumándola y utilizándola cómo el escenario vivo que es para conseguir una mayor vinculación con la ciudad; al mismo tiempo es preciso continuar el apoyo a las investigaciones que se están llevando a cabo bajo la dirección de Alejandro Ramos Molina».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, considera que exigir el certificado Covid sin estar toda la población vacunada es «matar moscas a cañonazos».

De esta forma, ha reiterado que «no debería ser exigible» hasta que el conjunto de la ciudadanía pudiera tener acceso al mismo a través de la vacunación, a lo que ha añadido que prohibir el acceso a un determinado lugar porque no se ha tenido opción de vacunarse «no pasa por ningún tribunal» y, a su juicio, es «matar moscas a cañonazos».

«Es matar moscas a cañonazos, pero sobre todo haciéndolo sobre las espaladas de los derechos fundamentales, cosa diferente es cuando todo el mundo haya tenido la posibilidad de vacunarse», ha añadido.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras visitar el nuevo PEC-TAC instalado en el Hospital Universitario de Badajoz.

Así, el presidente autonómico ha planteado que quien tiene mayor movilidad es la gente joven, por lo que si se les exige el certificado Covid para entrar en determinados lugares éstos no lo podrán aportar porque sencillamente, ha dicho, no lo tiene, siendo quienes «más lo van a necesitar».

Por ello, Fernández Vara ha recalcado que bien se haría en «no inventar», toda vez que ahora es «más necesario que nunca» tomar decisiones «con rigor» y ha aseverado que «nadie nos obligue a tener que estar tomando todos los días alguna decisión».

Las decisiones «más sabias», ha apostillado, son aquellas que esperan a ver «si sirven para algo», momento en el que ha recordado que la pasada semana la Junta solicitó la adopción de medidas de restricción acordes al nivel 2 de alerta sanitaria y ahora hay que esperar a que las mismas puedan ser evaluadas y ver si funcionan. «El gobernante, como buen padre de familia, tiene que intentar calmar la ansiedad», ha añadido.

También, y preguntado por el hecho de que los tribunales de justicia deben ratificar las medidas de los Ejecutivos regionales para que éstas se pongan en marcha, el presidente autonómico ha indicado que, en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha actuado «correctamente.

Así, ha dicho que la Junta ha propuesto una serie de decisiones porque para sus miembros «pesa mucho más lo sanitario», llegando a plantear, en ocasiones, medidas para atajar la situación preventivamente, ante lo que la sala del TSJEx ha establecido que «con los derechos fundamentales no puede haber medicina preventiva».

«Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es así, los derechos fundamentales no tienen atajo. Tiene que haber razones de suficiente peso y entendió que en aquel momento que esas razones de peso no se daban, de la misma manera que nos ha ratificado las medidas que entraron en vigor el domingo por la noche y en el auto nos dice bien alto y bien claro que eso no es para siempre», ha apuntado.

TERCERA DOSIS

Respecto a la posibilidad de tener que inocular una tercera dosis, Fernández Vara ha precisado que será una decisión a adoptar por la Unión Europea, primero porque la EMA así lo establezca y segundo porque la autoridad sanitaria en España así lo decida.

Así, y según su opinión de médico, ha dicho, todo parece indicar que «va a ser necesaria el año que viene una dosis de recuerdo», de hecho, ha recalcado, «están compradas».

«De lo que nos tenemos que preocupar y ocupar es que cuando vuelvan los niños en septiembre al cole tengamos a la población mayor de 12 años vacunada», ha aseverado.

También ha apuntado Vara que tiene una «cierta convicción» de que cuando se vuelva «a la normalidad» del inicio del curso escolar las cosas «se normalizarán mucho más», toda vez que la Covid es «pura y dura movilidad».

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

El presidente autonómico, también se ha referido a la situación actual de las residencias de mayores en la región en relación con la Covid y ha confiado en que tiene «cierta esperanza» en que la afectación en esta ola pueda ser mínima.

En este sentido, ha reconocido que el «virus sigue por ahí danzando» y hay que hacer todo lo posible para que no haga daño a los más vulnerables, aunque ahora sean más fuertes por contar con la vacunación.

También y preguntado por el Centro de Salud Los Pinos de Badajoz, Fernández Vara ha recalcado que habrá «fondos suficientes» para abordar ese proyecto, que serán incluidos en los próximos presupuestos de la región.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat forma parte de las obligaciones del Estado de cohesionar territorialmente el país en materia de comunicaciones, y en este sentido ha manifestado que el proyecto será «muy bueno para Barcelona, muy bueno para Cataluña y muy bueno para España».

En este sentido, en una comparecencia en Badajoz en la que ha sido preguntado por este asunto, ha señalado que la «moda» en España ahora es que «nadie puede hacer nada que no perjudique al de al lado». «Sino perjudica, no tiene relevancia ninguna», ha añadido.

Al respecto, ha remarcado que el Gobierno de España tiene la obligación de salvaguardar la cohesión territorial en varias materias, entre ellas el agua, la energía, la defensa, la seguridad y las comunicaciones.

En este punto, ha señalado que si «alguien ahora dice que por qué se van a gastar 1.700 millones en comunicaciones para cohesionar, no Cataluña, sino todo el país, alguien podrá decir que los 1.400 millones que va a costar la conexión entre Madrid y Talavera (de la línea de Extremadura del AVE) son excesivos».

De este modo, ha alertado sobre este tipo de «juegos», porque si se empieza a «medir lo que se invierte en cada sitio el Gobierno pierde capacidad para cohesionar el país, y esto es una lucha de españoles contra españoles que no nos conduce absolutamente a nada», ha remarcado.

Además, Vara ha defendido que prefiere que se esté hablando en Cataluña sobre la ampliación del aeropuerto y, por tanto, de mejorar la cohesión del país, ha dicho, que de hacer un referéndum el 1 de octubre.

Asimismo, ha señalado que para poder reivindicar en los últimos años lo que se ha invertido en la alta velocidad en Extremadura hay que «entender cuando se invierte dinero también en otros lugares».

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitándole su intervención para solventar la ausencia del convenio del Embalse de Alarcón en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027, actualmente en fase de información pública.

Esta entidad, que aglutina a los 40.000 regantes de la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera –propietarios del embalse de Alarcón junto a los usuarios industriales del río–, ha solicitado una reunión urgente con la Ministra para tratar este asunto «esencial para los intereses de los regantes valencianos».

El Convenio del Embalse de Alarcón, firmado en 2001, supone a su juicio una muestra de solidaridad de los regantes valencianos con el resto de los usuarios del Júcar. A través de este acuerdo, USUJ logró el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 1983 que obligaba a la administración a la entrega del embalse, «pagado al 100% por los usuarios», y cedía su gestión a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

Por ello, la misiva pone de manifiesto que «el convenio de Alarcón, las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dictadas en su aplicación y la doctrina del Tribunal Supremo, que lo ha interpretado y aplicado durante todos estos años, ha llevado hoy a una situación de seguridad jurídica y de paz en el Júcar evitando en gran medida los conflictos territoriales por el agua».

Y es que, para estos regantes, todos se han beneficiado del convenio: «el Ministerio obteniendo legítimamente la gestión y explotación del embalse de Alarcón sin necesidad de expropiarlo; los usuarios de la USUJ logrando mantener la garantía de derechos de agua prioritarios a través de la reserva establecida en Alarcón, el compromiso de modernización de sus regadíos y el especial régimen económico en el canon de regulación y en las tarifas de las obras de modernización; el resto de usuarios del Júcar al disponer de un embalse de 1.113 hm3 y de unos ahorros de 178 hm3 para el sistema obtenidos con las obras de modernización ejecutadas en la Acequia Real del Júcar.

«No pedimos más que el cumplimiento de lo que ya acordamos hace 20 años –aseveran: el respeto a nuestra reserva de agua en Alarcón, la finalización de nuestras obras de modernización y el respeto al régimen económico especial pactado en compensación al coste que pagamos por el embalse y cuya gestión cedimos».

Respecto a la modernización de regadíos, recuerdan que «aún quedan cerca de cien millones de euros» para terminar sus obras, unos trabajos que «ya el plan hidrológico de 1998 declaraba prioritarias y urgentes y que aún siguen pendientes». El Ministerio ha aprobado la inversión de más de 1.500 millones en obras de regadío dentro del ‘Plan de recuperación y resiliencia’ y no entendemos por qué no ha incluido nuestras obras», lamentan.

Esto demuestra, a su juicio, el agravio que supone algunas de las obras incluidas en el plan de recuperación: «Hace poco salieron a información pública los proyectos de las obras de sustitución de bombeos de la Mancha Oriental con una inversión de 69 millones. El compromiso de sustitución de bombeos nació de los acuerdos del PHJ de 1998, un plan que priorizaba nuestras obras por la necesidad de generar previamente ahorros de agua para el sistema».

Por todo ello, USUJ ha solicitado formalmente al Ministerio que haga pública su firme decisión de cumplir con los acuerdos del convenio del Embalse de Alarcón y de incorporar estos acuerdos en el Plan Hidrológico del Júcar ciclo 2022-2027, además de incluir la totalidad de las obras de modernización pendientes en el ‘Plan de recuperación y resiliencia’ para su inmediata ejecución».

El Partido Popular ha emplazado este miércoles al Gobierno liderado por Pedro Sánchez a aclarar si cederá el MIR a Cataluña. A su entender, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, debe «dar la cara» en el Congreso y explicar «a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo».

«¿Vale más y es más importante para el Gobierno de España saber catalán que ser un buen médico? Que lo expliquen inmediatamente el señor Sánchez y la ministra de Sanidad», ha declarado a los periodistas el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Así se ha pronunciado depués de el Gobierno y la Generalitat hayan acordado impulsar un grupo de trabajo –cuyas reuniones comenzarán en octubre– para estudiar la viabilidad de esa transferencia de la formación sanitaria especializada.

CASADO: «NO PUEDE JUGAR» CON LA SALUD POR UN «PUÑADO DE ESCAÑOS»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su rechazo rotundo a la posibilidad de que pueda cederse el MIR a Cataluña. «Si Sánchez cambia el sistema MIR para pagar a los secesionistas, lo recuperaremos en cuanto lleguemos al Gobierno», ha avisado.

Casado ha afirmado que el Ejecutivo «tiene el récord mundial de contagios de sanitarios por Covid y no puede jugar con su carrera profesional, ni con la salud de los españoles por un puñado de escaños».

En parecidos términos se ha expresado la exministra de Sanidad y actual portavoz en Bruselas, Dolors Montserrat, que ha afirmado que si Sánchez permite el traspaso del MIR, el PP lo recuperá al llegar a Moncloa. «El Gobierno ningunea, una vez más, a los MIR. Primero cambian el sistema de selección de plazas y ahora son usados como moneda de cambio con sus socios independentistas», ha denunciado en la misma red social.

MONTESINOS: EXIGIMOS LA COMPARECENCIA URGENTE DE DARIAS

En declaraciones a los medios en las puertas de la sede del PP, Montesinos ha señalado que cada día conocen «más detalles de la agenda secreta» entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y ha añadido que «lo último afecta al sistema MIR».

«Exigimos la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad para que aclare a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo y que aclare también si para Pedro Sánchez vale más el carné de un independentista y saber catalán que ser un buen médico y hacer mejor las funciones sanitarias», ha enfatizado.

En este sentido, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que Pedro Sánchez «tiene que ser muy claro» sobre este tema y por eso ha urgido a la ministra de Sanidad a ofrecer explicaciones en el Congreso de los Diputados cuanto antes.

Montesinos ha advertido de que éste puede ser «el camino de un sistema distinto por cada comunidad autónoma» y ha añadido que esto «es gravísimo después de que la sanidad española y el sistema MIR sea reconocido internacionalmente».

GAMARRA: EL MIR «NO PUEDE SER MONEDA DE CAMBIO POR APOYO AL GOBIERNO»

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha resaltado que el MIR es «un modelo de éxito, reconocido internacionalmente y garantía de cohesión del sistema» y ha subrayado que el PP defiende y quiere garantizar ese modelo. «No puede ser moneda de cambio por apoyo al Gobierno», ha afirmado.

En una entrevista en Onda Cero, Gamarra ha advertido además que el traspaso del MIR a Cataluña «llevaría a romper un modelo de formación que ha funcionado y que es un modelo de éxito» en España. Es más, cree que eso abocaría a la creación de 17 modelos cuando «debe ser una competencia exclusiva del Estado».

Gamarra ha recriminado al Gobierno que «premie» a quienes no acuden a las Conferencias de Presidentes con cumbres bilaterales que son «chantajes» de los independentistas para conseguir sus objetivos «a través de la presión y poniendo siempre en jaque el orden constitucional». «Son cesiones públicas y notorias y no son dignas de un Gobierno que busque el interés general y la igualdad», ha manifestado.

PASTOR: «ESPERO QUE LA ESPAÑA MULTINIVEL NO LLEGUE AL SISTEMA MIR»

También se ha pronunciado sobre este tema la exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, quién ha asegurado que espera que «la España multinivel» que quieren impulsar Sánchez y el PSOE «no llegue al sistema MIR».

«Lamentable que la clave de que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) sea excelente, sea moneda de cambio del independentismo. Si lo hacen, será derogado de forma inmediata cuando lleguemos al Gobierno», ha anunciado Pastor en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El fiscal suizo Yves Bertossa ha imputado al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en su entidad en 2008 de la cantidad de 65 millones de euros con destino a la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario el rey emérito Juan Carlos I.

Según adelantaba El País y han confirmado fuentes del caso, el fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación de 100 millones de dólares –65 millones de euros– que el emérito recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Este nuevo paso en la investigación suiza llega cuando se acaba de cumplir un año del exilio del rey emérito a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces. El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía de nuevo al exilio, en el que nació, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Su salida del país se produjo después de que el ‘Sunday Telegraph’ desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso ‘regalo’ millonario al emérito por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.

Además, en marzo de 2019 se recibieron ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, examante de Juan Carlos I, informando de que Don Felipe y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.

Dicha fundación fue creada en 2008 para supuestamente ocultar esa donación que Arabia Saudí habría hecho al entonces jefe de Estado. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 el emérito transfirió los 65 millones a Corina Larssen.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en ‘El País’ ser el «testaferro» del emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

El siguiente hito en el devenir judicial del emérito llegó el 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Don Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Con el emérito ya en Emiratos Arabes, el pasado noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

DOS REGULARIZACIONES Y UNA DEMANDA

Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A esta siguió una segunda –en teoría la última– el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con «determinados gastos por viajes y servicios realizados» por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de «testaferro».

En mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificaba al rey emérito la apertura de una inspección y le pedía más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo.

Mientras, el emérito suma un nuevo frente judicial, y es que en julio se conocía que su examante Corinna Larsen ha presentado una demanda contra él ante la High Court de Londres en la que reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por el gasto derivado de la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por el monto que le supuso la contratación de «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que denuncia por parte del rey emérito. También reclama que Juan Carlos I no se pueda acercar a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a pedir este miércoles al Gobierno que impulse una Ley de Pandemias que permita ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia.

Montesinos ha realizado esta petición en un momento en que está abierto el debate sobre el pasaporte Covid. El Gobierno de Galicia es partidario de esa media y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado favorable a implantarlo en el acceso a determinados espacios públicos, si bien la Comunidad no prevé aplicar de momento ese certificado. Por su parte, Andalucía ha aplazado su implantación hasta contar con el aval de la Justicia.

Por lo pronto, el Gobierno ha descartado estudiar una fórmula para que sea necesario disponer del Certificado Covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes por entender que se estaría «estigmatizando» a la población joven que no está todavía vacunada, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

«MANO TENDIDA» PARA APROBAR UNA LEY DE PANDEMIAS

Montesinos no ha entrado a valorar el pasaporte Covid y se ha centrado en exigir la aprobación de una Ley de Pandemias, pidiendo al Gobierno que acepte la «mano tendida» del PP para sacar adelante esa norma que «desde hace más de un año le lleva proponiendo Pablo Casado».

Según ha subrayado, esa norma daría «seguridad jurídica a las comunidades autónomas» y está siendo reclamada, además de por el PP, por comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y por el propio Consejo de Estado.

«Pedro Sánchez no acepta la Ley de Pandemias simplemente porque se la ha propuesto Pablo Casado y eso es de una enorme irresponsabilidad. Por eso le exigimos al presidente del Gobierno que rectifique, que hable con el PP y que se apruebe esa Ley de Pandemias porque no puede haber 17 modelos diferentes, no puede haber 17 soluciones diferentes», ha asegurado en declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP.

En este punto, ha recalcado que las autonomías están «pidiendo ayuda al Gobierno de España», que «no puede mirar para otro lado» sino que tiene que «coger el timón» aprobando «esa Ley de Pandemias y colaborando con las comunidades en esta quinta ola».

TEROL CULPA AL GOBIERNO DE QUE LAS CCAA VAYAN A LOS TRIBUNALES

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha culpado al Gobierno que las comunidades tengan que ir a los tribunales a la hora de aplicar restricciones ante la nueva ola de contagios.

«Nosotros tenemos una posición común en algo muy claro y es exigir al Gobierno de España que las CCAA no tengan que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia para convalidar las decisiones que toman. Esto se tendría que haber resuelto si se hubiera hecho caso a Pablo Casado, que propuso y exigió a este Gobierno que apruebe de una vez por todas una Ley de Pandemias», ha afirmado.

Ésa ha sido la respuesta de Terol, en una entrevista en Cope, al ser preguntado si el PP nacional tiene una posición común respecto al pasaporte Covid o es partidario de dejar que cada autonomía lo gestione como vea.

Terol ha indicado que él no puede valorar cuáles son las decisiones de cada comunidad pero como político sí que podía exigir al Gobierno que ofrezca a las autonomías las «herramientas para tener una postura y una estrategia común, y no 17 planes de vacunación y 17 respuestas distintas».

Según el responsable de Política Territorial del PP, debería existir una «respuesta única coordinada por el Gobierno», al que ha acusado de «abdicar de sus funciones de coordinación sanitaria» en la lucha contra el coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles en Lisboa que España es un país seguro para el turismo y ha resaltado el buen ritmo de vacunación de la población española, con cerca del 60% con la pauta completa, respondiendo así a la clasificación del Reino Unido que deja fuera a España de la «lista verde».

«España es un país seguro para visitar y cerca del 60% de la población ya tiene la pauta completa», ha subrayado Albares en la rueda de prensa tras su reunión en Lisboa con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

El ministro de Exteriores ha viajado este miércoles a Portugal para encontrarse con su homólogo portugués y abordar asuntos referidos a relaciones bilaterales, iniciar la preparación de la 32 Cumbre luso-española, que tendrá lugar en Trujillo (Extremadura) el próximo 28 de octubre, y para asentar la coordinación de ambos países en materia de Covid y la recuperación económica europea, así como temas de agenda internacional.

Albares ha agradecido durante su intervención la hospitalidad por parte de Portugal, destacando que esta es su primera visita a un país de la Unión Europea, desde que ocupara el cargo de ministro de Exteriores, y ha resaltado la «excepcional» relación con el país vecino.

PRIMERA VISITA A UN SOCIO DE LA UE

«Esta es mi primera rueda de prensa con un homólogo y mi primera visita a un país de la UE, algo que no ha sido al azar. Portugal y España mantenemos unas relaciones excepcionales de amistad, vecindad, históricas y culturales y compartimos una doble alma: somos europeos e iberoamericanos», ha manifestado.

Asimismo, Albares ha repasado los puntos más importantes que ambos ministros han abordado en la reunión incidiendo en la «excelente» campaña de vacunación que están llevando a cabo Portugal y España, pese a ser dos países que no figuran en la «lista verde» de Reino Unido. «Estamos a la cabeza en la UE en cuanto a ritmo de vacunación. Este es el gran desafío de nuestra generación y no hay otra solución que vacunar», ha matizado.

Preguntado por si Portugal y España tienen planes concretos a medio plazo para crear una conexión de ferrocarril más ecológica, Albares ha asegurado que es un tema «central» en el que ambos gobiernos están trabajando «profundamente» y que abordarán con más detalle en la 32 Cumbre Luso-Española que tendrá lugar en Trujillo (Cáceres).

32 CUMBRE LUSO-ESPAÑOLA

«Esta es una cuestión que tiene connotaciones técnicas que se nos escapan a los ministros de exteriores, pero sí hemos constatado que es un punto fundamental el de las interconexiones ferroviarias sostenibles para el medioambiente», ha remarcado.

En este sentido, el ministro español ha reiterado su compromiso con Portugal para trabajar en estas interconxiones ferroviarias además de trabajar en temas de ámbito internacional, enfocados principalmente en los países latinoamericanos. «El espíritu que nos anima es colaborar e ir juntos en la misma dirección y conseguir un desarrollo integral en Venezuela para que avance socialmente», ha apostillado.

Albares también ha sido preguntado por una posible fecha para viajar a Rabat en vías de destensar la situación con Marruecos, a lo que ha respondido que la diplomacia requiere «tranquilidad y tiempo», aunque eso no indica que «no sea algo prioritario».

«El viaje a un país tan importante para España, como es Marruecos, que es un país amigo y socio estratégico de primer orden es fundamental, pero también el segundo y el tercero», ha detallado, indicando que hay que abrir caminos para «construir confianza y solidez» y es necesario que los viajes sean algo «recurrente y permanente».

Un joven de 23 años ha quedado en libertad con cargos después de haber sido detenido el jueves como presunto autor material de «numerosos» incendios forestales en El Garrobo (Sevilla) y alrededores.

La detención la llevaron a cabo agentes del Área de Medio Ambiente de la Jefatura Provincial de Sevilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde el pasado 7 de junio se han producido 25 incendios de diversa entidad y consideración, muchos de ellos conatos, en diferentes parajes forestales próximos a El Garrobo, hechos que han causado «gran alarma social» entre los vecinos de la zona, hasta el punto de crear patrullas ciudadanas de prevención para impedir la reiteración de la peligrosa actividad incendiaria, según ha informado la Junta en un comunicado.

El más importante de los incendios tuvo lugar en la madrugada del viernes 23 de julio. El Servicio 112 Emergencias Andalucía alertó de la existencia de un incendio forestal en la zona de pastos y arbolado próxima al túnel de la Media Fanega en el paraje Venta del Alto (Guillena), que requirió la movilización por parte del Plan Infoca de 32 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos vehículos autobomba y un helicóptero.

Las llamas adquirieron tal dimensión que obligaron a cortar el tráfico rodado en un tramo de la carretera nacional N-630 durante cinco horas, estando también a punto de ser desalojados de sus viviendas los vecinos de una urbanización próxima al lugar.

El detenido, natural del El Garrobo, fue sorprendido por testigos en el lugar de los hechos tomando, presuntamente, desde su teléfono móvil, imágenes de las llamas y del incendio en sí.

Una vez en dependencias policiales, fue incapaz de «ofrecer una explicación razonable a su presencia» en la zona en esas horas, percatándose los investigadores de que, efectivamente, en su teléfono móvil guardaba imágenes de éste y otros incendios.

Tras la confección del correspondiente atestado, el detenido, a quien sus familiares han calificado de «bombero frustrado», ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad con cargos en tanto los investigadores «continúan las gestiones tendentes a determinar su exacta participación en los incendios producidos».

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita participa activamente todos los años en el Plan Infoca patrullando por los montes y espacios naturales, actuando tanto como policía administrativa y policía judicial en la vigilancia de conductas sancionables e investigación de incendios forestales, respectivamente.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado este miércoles que depende del lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitar a la justicia la aplicación de un «toque de queda» para restringir la movilidad nocturna y ha considerado que, «si no se emplea esa vía, es porque no se cree necesaria».

«Trato de no decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que todos debemos jugar con coherencia. Si uno cree que existen lugares con una incidencia y con un riesgo que requeriría una restricción de la movilidad nocturna, tiene herramientas, como lo han hecho otras comunidades autónomas con las mismas competencias que tiene el Gobierno Vasco, para poder llevarlo a cabo y pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)», ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el informe ‘Cumpliendo’ en relación a Euskadi, Itxaso ha recordado que hay algunas comunidades autónomas que «están decretando restricciones a la movilidad nocturna de forma quirúrgica, discriminada y en los sitios donde hay mayor incidencia pandémica, y están contando incluso con el aval de la justicia para ello», entre las que ha citado el caso de Aragón.

A su juicio, «siempre es una puerta a la que puede acceder el Gobierno Vasco para poder decretarlo, siempre y cuando sea discrimada, quirúrgica y en aquellos lugares donde esté debidamente justificado y motivado».

Denis Itxaso ha considerado que «lo que no parece que en estos momentos tenga mucha razón de ser es pedir café para todos, es decir, decretar en estos momentos un toque de queda a nivel nacional». «No sé si va acorde con la situación epidemiológica que estamos viviendo, no lo cree así el Gobierno de España», ha destacado.

Preguntado por si en su opinión la situación actual requiere un toque de queda, ha resaltado que su apoyo al Gobierno Vasco «es igual al que pide el Gobierno de España al resto de actores políticos e instituciones». «Cuando digo que no le voy a decir al lehendakari lo que tiene que hacer es porque mi sentido de la lealtad institucional está por encima de lo que pueda ser mi opinión sobre lo que se debería o debería dejarse de hacer», ha manifestado.

VACUNACIÓN

Por otro lado, ha apuntado que no hay convocada una reunión del LABI, aunque ha recordado que el lehendakari «siempre ha dejado la puerta abierta a poder convocarlo en función de los datos epidemiológicos».

En ese sentido, ha señalado que Euskadi sigue presentando datos de incidencia «muy altos» y ha querido poner de manifiesto el «enorme esfuerzo» que está haciendo el Gobierno Vasco con «el ritmo de vacunación». «No hay tiempo que perder, es muy importante entrar en esa fase de vacunación de los más jóvenes», ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que las personas de menor edad «no están en absoluto libres de infectarse del Covid y tampoco de poder enfermar».

«Está muy bien que tengamos unos días de vacaciones, poder salir, pero prioricemos nuestra salud porque priorizando nuestra salud también estemos posiblemente salvando la vida de otras personas. Son fechas en las que salimos, nos podemos contagiar y luego tenemos citas familiares y en ellas nos podemos reunir con gente que, como ya está vacunada con la doble pauta y presuntamente inmunizada, pensamos que no va a pasar nada, pero todos sabemos que el nivel de protección que otorgan las vacunas no es del cien por cien», ha recordado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y un «ruego público» para que la ciudadanía «aproveche las miles de citas que están libres» en Osakidetza y acuda a vacunarse porque, según ha dicho, «hay vacunas, hay citas y hay necesidad de hacerlo».

Además, en cuanto al uso de las mascarillas, ha insistido en pedir «precaución» y ha recordado que esta medida de protección «sigue siendo obligatoria» con «una serie de excepciones en las cuales nos la podemos quitar». «Pero mejor que prevalezca el mensaje de que la mascarilla es la mejor fórmula de mantenernos seguros y de evitar contagios a los demás», ha concluido.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este miércoles en rueda de prensa, tras las críticas expresadas por la Junta de Andalucía sobre la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Gobierno, que «no hay una afrenta, no hay que llorar más», por lo que ha instado al Gobierno andaluz a reclamar su convocatoria. «Si entienden que lo tiene que pedir, que lo pidan», ha afirmado.

A preguntas de los periodistas, tras presentar en rueda de prensa el el segundo informe de rendición de cuentas del Gobierno de España, ‘Cumpliendo’ e informar de la gestión en Andalucía en el primer semestre del año, Fernández ha invitado al Gobierno andaluz a usar «esa herramienta legal, estatutaria», por lo que se ha lamentado de un ejercicio de «confrontar por confrontar», de manera que «todo les parece mal», antes de instar a la Junta de Andalucía a «hacer como Cataluña: pedir la Comisión Bilateral, que creo que se ha reunido en diez ocasiones desde su creación».

«Andalucía es la Comunidad Autónoma que más inversiones ha recibido del Estado, el 17,7% del peso poblacional», ha sostenido el delegado del Gobierno de España en Andalucía, para cuestionarse «no se dónde está el agravio comparativo», reflexión a la que ha sumado la consideración de que en «el reparto de fondos extraordinarios del Covid es la Junta de Andalucía la que más ha recibido».

Pedro Fernández ha recordado que siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro éste instó a las comunidades autónomas a pedir préstamos para afrontar el pago de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta del modelo de financiación, comportamiento al que ha opuesto que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decicido que «le doy dinero para compensar la liquidación a fondo perdido».

«Andalucía habrá entendido que no es necesaria convocarla», ha colegido el delegado del Gobierno de España en Andalucía tras explicar que la Comisión Bilateral es un órgano contemplado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía tras su reforma en 2007.

«Está dentro del Estatuto de Autonomía de 2007 y tiene la Junta el legítimo derecho a pedir que se reúna para abordar desde un conflicto, por temas competenciales, gestión de infraestructuras, de empleo, de Seguridad Social, que es lo que han hecho el Gobierno de España y de Cataluña con absoluta normalidad», ha argumentado Pedro Fernández.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha subrayado «el mensaje contradictorio de la derecha» al esgrimir el argumento de que «si Cataluña es España, que se reúna el Gobierno de España con la Generalitat entra dentro de la normalidad», por lo que ha recordado que «así lo hacía Aznar y Rajoy y ha habido concesiones por parte de todos».

«La gestión de los puertos la abordó Aznar con Pujol», ha proseguido argumentando, antes de insistir en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla la Comisión Bilateral y su Reglamento interno prevé su composición, seis representantes de la Junta de Andalucía y otros seis del Estado, así como su capacidad para «tocar los mismos temas» que la Comisión Bilateral de Cataluña.