El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista batirá este viernes otro récord histórico y el megavatio hora (MWh) se disparará hasta los 216,01 euros, según los datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE).

Este nuevo incremento en la luz se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía en todo el mundo, como el gas, el petróleo y el carbón, lo que dispara al mismo tiempo los derechos de CO2, también en máximos históricos.

Respecto a hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista español estaba en 172,97 euros/MWh, el alza en el precio es del 24,88%. Comparándolo con hace un año (41,48 euros), la subida es del 420,76%, es decir, se ha multiplicado por más de cinco.

El precio más alto este viernes se dará entre las 21.00 y las 23.00 horas, cuando alcanzará los 230 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 15.00 horas y las 18.00 horas, cuando cotizará a 198,77 euros.

En este contexto, el precio de la electricidad en España ya ha marcado previamente sus mayores precios históricos tanto en julio como en agosto, y septiembre ha rebasado ambos registros, hasta una media de 156,14 euros en el noveno mes del año.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado un plan de choque que contendrá de forma temporal estas subidas, al rebajar los impuestos y minorar algunos ingresos extraordinarios de las eléctricas, por lo que no se reflejará en las facturas de los consumidores.

Aun así, al tratarse de un problema global, la tendencia inflacionista en todos los tipos de energía podría trasladarse a la industria, pudiendo causar presiones en su actividad o la traslación de los precios a los consumidores.

La reducción del IVA al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, son algunas de las medidas acometidas por el Gobierno español.

En cualquier caso, el precio de la cotización que se publica cada día, como ya ha advertido el Ejecutivo, seguirá en cotas elevadas y subiendo, al menos, hasta marzo del año que viene, momento en el que se prevé que estas medidas decaigan. Mientras tanto, la factura debería seguir bajando de precio a pesar del alza en el mercado mayorista.

Everis-NTT Data y Temenos se han aliado para acelerar la adopción de la nube en las entidades bancarias y desarrollar nuevas capacidades de banca digital con la plataforma de la segunda empresa, un proceso pilotado desde Madrid.

Everis ha abierto un centro de excelencia en la capital española con los expertos en software de Temenos que dará soporte a los clientes de servicios financieros. La empresa brindará servicios de consultoría en proyectos europeos.

En este caso, la consultora contratará, capacitará y certificará a sus empleados en las soluciones de Temenos, además de brindar metodologías para la implementación, configuración, desarrollo, control de calidad, certificación, pruebas y servicios de BPO (externalización de procesos de negocio).

El presidente de Ventas Internacionales de Temenos, Jean-Paul Mergeai, ha destacado el «gran impulso» para la empresa que supone incorporar a Everis a su red de socios.

«La transición a una plataforma bancaria abierta y nativa de la nube es un imperativo para todos los bancos, y la experiencia de la consultora abrirá nuevas oportunidades con clientes nuevos y existentes para guiarlos en este viaje», ha apuntado.

Por su parte, José Manuel Pérez Bajo, socio de banca en everis, del Grupo NTT DATA, ha calificado el acuerdo como un «ejemplo» de las capacidades de las tecnológicas para modernizar el negocio bancario.

CCOO y UGT han reclamado este jueves al PP que respete y sea leal a los marcos de concertación política y social y a los pensionistas y, frente a su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de las pensiones, trabaje «constructivamente» en su tramitación para crear un sistema «fuerte, eficiente y justo, y unas pensiones dignas».

Así, los sindicatos han expresado en un comunicado su rechazo a la enmienda de devolución al Gobierno que han presentado los ‘populares’ al proyecto de ley que contiene la primera pata de la reforma de las pensiones y que es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

«El PP muestra una clara contradicción política al votar a favor de las recomendaciones en la Comisión del Pacto de Toledo y después presentar una enmienda a la totalidad al mismo acuerdo en el pleno del Congreso, transmitiendo con ello una idea clara de volver a establecer los recortes de las pensiones contenidos en su reforma de 2013 y despreciar tanto al Pacto de Toledo como al acuerdo de diálogo social», critican los sindicatos en un comunicado.

Además, CCOO y UGT denuncian que la enmienda a la totalidad presentada por el PP está «plagada de inexactitudes, invenciones y referencias manipuladas» y con ella la formación liderada por Pablo Casado «se reafirma en la voluntad que le llevó a realizar en la reforma de pensiones de 2013 los mayores recortes de la historia del sistema público de pensiones español».

En este sentido, los sindicatos afirman que la reforma de 2013 que llevó a cabo el Gobierno del PP «despreció completamente a todas las fuerzas políticas, a las instituciones democráticas y a los interlocutores sociales» sobre la base de su mayoría absoluta.

Para CCOO y UGT, la reforma de 2013 no sólo tenía voluntad de recortar las pensiones públicas, sino también una «intención indisimulada» de favorecer su sustitución por sistemas privados de capitalización.

«Parece que, para el Partido Popular, la sostenibilidad del sistema sólo se consigue a costa de rebajar las pensiones, hasta hacerlas irreconocibles en nuestro país», critican.

La cadena textil Hennes & Mauritz (H&M) contabilizó un beneficio neto de 4.692 millones de coronas suecas (460,3 millones de euros) en el conjunto de su tercer trimestre fiscal, finalizado en agosto, lo que supone un incremento del 157% en comparación con las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Esta «mejora significativa» de la rentabilidad, unido a una «fuerte» posición financiera y a unas condiciones de mercado más estables han llevado al consejo de administración a proponer un dividendo de 6,50 coronas (0,64 euros), a pagar en noviembre de 2021.

H&M no realizaba este tipo de remuneración a los accionistas desde primavera de 2019. En enero de 2020 se propuso recuperar el dividendo, pero ese pago fue cancelado en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Entre junio y agosto, la compañía de moda registró unas ventas netas por valor de 55.585 millones de coronas (5.453,1 millones de euros), un 9% más. Por áreas geográficas, las ventas en Europa y África crecieron un 6%, hasta 39.021 millones (3.828,1 millones de euros), mientras que en América se situaron en 10.751 millones (1.054,7 millones de euros), un 51% más, y en Asia y Oceanía se registró una caída del 17%, hasta 5.813 millones de coronas (570,3 millones de euros).

En España, el décimo mayor mercado de H&M, la facturación se contrajo un 3%, hasta 1.554 millones de coronas (152,5 millones de euros). Si no se tiene en cuenta el efecto del tipo de cambio, se registró un incremento de ventas del 1%. A 31 de agosto, la cadena contaba con 154 tiendas en el país, dos menos.

El coste de los productos vendidos por el conjunto de la compañía en el trimestre fue de 26.026 millones (2.553,3 millones de euros), prácticamente la misma cifra que hace un año. De su lado, los gastos de venta crecieron un 4,6%, hasta 20.956 millones (2.055,9 millones de euros) y los administrativos avanzaron un 10,4%, hasta 2.331 millones (228,7 millones de euros).

De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, H&M se anotó unos beneficios netos de 8.297 millones (814 millones de euros), frente a las pérdidas de 1.613 millones (158,2 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior. Al tiempo, la facturación fue de 142.154 millones de coronas (13.945,9 millones de euros), un 5,7% más.

La legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres, según ha concluido el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Maciej Szpunar.

En opinión del letrado, dado que estos empleados son «casi exclusivamente mujeres«, denegarles el derecho a paro «constituye una discriminación indirecta por razón de sexo y no justificada por objetivos legítimos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo».

Las conclusiones de Abogado General no son vinculantes de cara a la futura sentencia que tendrá que emitir el TUE en los próximos meses para resolver el caso de una empleada del hogar a la que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denegó una solicitud de cotización a la protección por desempleo para adquirir el derecho a la prestación.

El asunto fue elevado al tribunal de Luxemburgo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que pide al TUE que interprete la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo.

Así, el Abogado General Szpunar señala que corresponde al juez español comprobar si la «desventaja particular» que la legislación española establece para las empleadas del hogar puede calificarse de «medida indirectamente discriminatoria«.

Si embargo, el letrado destaca que, mientras que la proporción entre hombres y mujeres es «más o menos similar» entre los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen de general de la seguridad social (en el que todos tienen derecho a una prestación por desempleo), la proporción en el caso del régimen especial para empleados del hogar «difiere considerablemente».

En este caso, explica el Abogado General, las mujeres representan más del 95% de los trabajadores de este sistema y, por tanto, la cláusula de exclusión «afecta negativamente a una proporción significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino».

De esta forma, Szpunar apunta que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en «una posición menos ventajosa», debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas «salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo».

El Abogado General examina a continuación este último punto y rechaza las alegaciones presentadas por la TGSS y el Gobierno español, que justificaban la diferencia de trato «por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude«.

El letrado apunta, en primer lugar, que se trata de objetivos «legítimos» de protección social, pero estima que «no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino«.

Por otro lado, Szpunar destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) «parecen estar basados más bien en estereotipos de género» y, en consecuencia, «son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo».

Además, el Abogado General rechaza en sus conclusiones que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitarlos al fraude, así como que la exclusión «conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles», lo que permite «no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo».

El Banco Central de Venezuela eliminará a partir de este viernes, 1 de octubre, seis ceros a su moneda local e introducirá el bolívar digital.

Según la institución central, el cambio de escala monetaria y la introducción de una moneda digital se apoya en la «profundización y el desarrollo de la economía digital en Venezuela».

Esta semana, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que la reconversión monetaria no implicaría cambios en el valor del bolívar. «No estamos afectando en absoluto el valor del bolívar. A partir del primero de octubre el bolívar seguirá valiendo exactamente lo mismo», detalló el pasado lunes.

Asimismo, indicó que en la banca nacional pública y privada venezolana ya hay billetes de 5 y 10 bolívares de la nueva reconversión, que circularán a partir del próximo lunes, 4 de octubre, fecha a partir de la cual los bancos abrirán al público para facilitar las transacciones relacionadas con la entrada en vigor de los nuevos billetes.

TERCERA RECONVERSIÓN EN MENOS DE 20 AÑOS.

No es la primera reconversión monetaria que el país latinoamericano ha experimentado en los últimos años. En 2007 el país decidió eliminar tres ceros a la moneda, y en 2018 volvió a repetir la operación, aunque aquella vez se eliminaron ocho ceros al bolívar.

En la actualidad, Venezuela es el país que posee el ‘récord’ de la mayor inflación a nivel mundial. Según datos del Banco Central de Venezuela, en 2020 alcanzó un nivel del 2.959,8%, y según estimaciones del FMI, este año cerrará en un nivel del 5.500%.

El Banco Central anunció en agosto que la nueva reconversión y la introducción del bolívar digital «constituye un hito histórico necesario en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica», tras una crisis provocada por el «brutal ataque» a la economía y la moneda venezolana, así como «la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero.

El organismo también aprovechó para aclarar que la introducción del bolívar digital no afectará al valor de la moneda, por lo que la divisa local «no valdrá ni más ni menos», solo se utilizará para facilitar su uso en una escala monetaria más sencilla.

Asimismo, señaló que con el objetivo de mantener la inclusión de todos los venezolanos, el organismo seguirá atendiendo la emisión del bolívar en su expresión física. «Convivirán el bolívar físico y el bolívar digital en un proceso dirigido a rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía», matizó.

Por otra parte, el instituto emisor indicó que, además de las acciones anunciadas, Venezuela se encuentra en un proceso progresivo de modernización de sus sistemas de pago. Recientemente inició sus operaciones el nuevo sistema de intercambio de mensajería financiera, con el foco puesto en promover la independencia de sistemas extranjeros para las operaciones bancarias del país latinoamericano.

La agrupación de fabricantes de cemento Oficemen prevé recuperar este año prácticamente toda la actividad perdida a raíz de la pandemia de coronavirus y alcanzar el año que viene los mayores registros de demanda de cemento de la última década.

Hasta agosto, el consumo ha crecido un 13% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta las 9,58 millones de toneladas, lo que supone una cifra tan solo un 2% inferior a la que se registraba antes del estallido de la crisis sanitaria.

El alza media en 2021 será del 9% respecto a 2020 y rozará el consumo de 2019, gracias a algunos indicadores económicos como el ascenso de las licitaciones de obra pública o en la edificación residencial.

Sin embargo, el empujón definitivo llegará en 2022, cuando la recepción de los fondos europeos, y el impacto que tendré en la obra civil, sobre todo en las infraestructuras de medioambiente y agua, provocará un aumento del consumo de cemento de entre el 3% y el 5%, hasta máximos de los últimos diez años.

Las licitaciones de infraestructuras de medioambiente y agua ya muestran tasas de crecimiento cercanas al 1.000% y la obra civil ya concentra del 50% de todo el consumo de cemento. Aún así, el sector residencial también apoyará el crecimiento, con 107.500 visados de obra en 2022, un 6,5% más.

IMPACTO DEL PRECIO ELÉCTRICO

Ante estas buenas perspectivas, uno de los elementos que más está jugando en contra del sector es el del precio de la electricidad, que día tras día marca nuevos récord históricos, siendo la industria cementera una de las más afectadas.

En la actualidad, los costes energéticos suponen el 42% de sus costes variables de producción, que se han incrementado en 12 puntos desde el inicio de la escalada del precio eléctrico. A esto se une, además, el coste de los derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha duplicado en el último año, hasta alcanzar los 61,37 euros por tonelada actuales.

Ante esta coyuntura, el presidente de Oficemen, José Manuel Cascajero, ha señalado en un acto con periodistas que se trata de una situación «complicada» para el sector y que está «estresando las cuentas de resultados de las compañías».

Además, el director general de la patronal, Aniceto Zaragoza, advierte que el precio del CO2, a diferencia del precio de la energía, no es coyuntural, por lo que cree que hay que revisar la legislación y acometer una reforma estructural del sistema.

El 90% de las empresas aumentará el sueldo a su plantilla en 2022, porcentaje que supera el 85,9% de este año, según el Estudio General de Compensación Total Mercer 2021, el que la firma de servicios profesionales analiza las prácticas y políticas retributivas de 500 compañías y 3.879 puestos heterogéneos en función y responsabilidades.

El informe prevé que los salarios crezcan una media del 2,3% en 2022, frente al 2,03% de 2021, basándose en el desempeño individual, el rango salarial, el posicionamiento de la empresa en el mercado y la evolución y posibles promociones del empleado.

«El crecimiento de la economía que se espera para el año que viene permite a las empresas plantear mejoras de la retribución superiores a las de 2021», ha destacado Juanvi Martínez, líder del área de consultoría de capital humano de Mercer.

Aunque el Covid ha afectado de forma diferente a las distintas industrias, Martínez subraya que todas han tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajar que implica mantener comprometidos a los empleados. «Hay una tendencia creciente a establecer esta conexión a través de la flexibilización y diversificación de los beneficios», ha añadido Martínez.

Así, en lo relativo a los planes de incentivos, el estudio de Mercer refleja que se mantiene en el 95% el porcentaje de empresas que cuentan con un plan de incentivos a corto plazo para todos sus empleados, creciendo del 50,7% al 55,8% la elegibilidad en los incentivos a largo plazo.

Algunos de los beneficios más demandados para toda la plantilla son el seguro de vida (76,4%), el seguro médico (73,6%) y ayuda para comida (70,4%) y se consolida el cheque transporte (62%) y las ayudas para guardería (en torno al 15%).

La elegibilidad de vehículo de empresa es uno de los beneficios ofrecidos para la alta dirección, mandos intermedios y fuerza de ventas, con un 87,2%. Las necesidades del puesto y el nivel profesional son los criterios de concesión principales y el renting es la fórmula de uso más habitual, según Mercer.

Un total de 229.348 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) retomarán mañana el trabajo presencial tras una resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública para que el teletrabajo se restrinja a un día a la semana, salvo en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia, ha informado CSIF.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública han precisado que esto sólo será temporal, hasta que se apruebe el Real Decreto que recoge el acuerdo que se firmó en abril con los sindicatos para que los empleados públicos de la AGE puedan teletrabajar tres días a la semana de manera telemática y dos en modo presencial.

El colectivo afectado por estas medidas pertenece a los distintos Ministerios; organismos autónomos; entidades públicas empresariales y agencias estatales, entre otros.

CSIF se ha mostrado contrario a la resolución de Hacienda, en vigor desde mañana, al considerar que no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial, y piden que se aplique cuanto antes el acuerdo firmado con el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta.

La resolución adoptada por Función Pública introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100% de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del Covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias. En este caso, se permite tener en consideración las características e incidencia de la pandemia en cada país.

La resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza que los cursos sean por medios telemáticos, e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas.

«En las últimas semanas, estamos recibiendo consultas de las plantillas sobre las medidas de seguridad frente al Covid. Aún hay incertidumbre y desconocen qué medidas se pondrán en marcha en distintas zonas comunes de los centros de trabajo y sobre aforos en los comedores, salas de reuniones y ascensores, entre otros», explican desde CSIF.

El sindicato que preside Miguel Borra insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a elaborar «sin dilación» la norma que plasma el acuerdo de teletrabajo en la AGE.

«La Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado», subraya CSIF.

El pasado mes de abril, el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, acordó con los sindicatos que los funcionarios de la AGE podrían teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serían de carácter presencial.

Fuentes de Hacienda han insistido en que el acuerdo que se firmó en abril «se va a cumplir» y que se llevará a un Real Decreto para su entrada en vigor.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha advertido de que la vuelta de la inflación podría convertirse en un serio problema para la política económica, cuando aún no se ha completado la superación de las secuelas de la crisis pandémica, y cree que este repunte aumenta la presión para un cambio gradual de la política monetaria.

De acuerdo con el artículo publicado por el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, de persistir el encarecimiento de materias primas, suministros y componentes tecnológicos, no es descartable un giro en las expectativas inflacionistas que pudiera dar «al traste» con la estabilidad de precios de los últimos años.

De momento, como explica Torres en el último número de Cuadernos de Información Económica, editado por Funcas, la mayoría de analistas pronostica que este shock de costes externos será transitorio y en el escenario más probable manejado por los bancos centrales se señala que la actual subida de precios no exige un cambio en los tipos de interés oficiales.

No obstante, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal (Fed) han iniciado un proceso de revisión de su estrategia de política monetaria tratando de ajustar el objetivo y los instrumentos a las previsiones de evolución de la economía a medio plazo y a la implementación de las medidas de normalización progresiva de su política monetaria, observándose movimientos como la reducción de los programas de compra de activos.

Otros dos artículos incluidos en los de Cuadernos de Información Económica analizan los cambios en la estrategia de la política monetaria tanto del BCE como de la Fed.

El economista Erik Jones habla del nuevo «look» del BCE con Christine Lagarde y concluye que probablemente será más transparente y con mayor rendición de cuentas, pero también más predecible y lento en sus movimientos. «Su primera prueba de fuego llegará cuando toque retirar los instrumentos de política monetaria no convencionales», ha adelantado.

Para el autor, siguen abiertas las dos cuestiones principales que deben abordarse. Por un lado, el aumento de los tipos oficiales y, por otro, la recalibración de las compras de activos y demás instrumentos extraordinarios a medida que se consolide la recuperación y la inflación esperada -más allá de la subida actual- se sitúe por encima del 2% de forma suficientemente constante.

Por su parte, José Ramón Díez Guijarro recuerda también que los cambios en la estrategia de política monetaria se han traducido en mayor flexibilidad para encajar el doble mandato de estabilidad de precios y financiera a la nueva realidad económica, aumentando la simetría del objetivo de inflación. Se trata, entre otras cuestiones, de aumentar los grados de libertad para gestionar el complejo proceso de normalización monetaria de los próximos años.

Pero la flexibilidad en política monetaria casi siempre se termina reflejando en un aumento de las primas que exigen los inversores para cubrirse de aumentos inesperados de la inflación, como los que se están produciendo a ambos lados del Atlántico en los últimos meses, según se desprende de los informes.

El autor explica que el cambio en la Fed ya empieza a tener efecto tanto en las expectativas de inflación como en la prima por plazo, lo que, unido al aumento de los tipos de interés reales, explicaría la subida de las rentabilidades de los bonos en EEUU en los últimos meses. Este movimiento se está produciendo de forma ordenada y, por tanto, refleja que la mayor flexibilidad de la política monetaria, junto a una comunicación adecuada, puede facilitar el cumplimiento del objetivo de inflación sin afectar a la estabilidad financiera.

El sindicato de maquinistas ha arrancado este jueves una huelga de ocho jornadas que ha supuesto la reducción al 50% en horas valle de los trenes de Cercanías en toda España, un porcentaje de obligado cumplimiento y que Renfe cree que los trabajadores no han cumplido.

En concreto, la empresa pública cifra en más de un centenar de trenes los que tenían que haber circulado este mañana y no lo han hecho porque, según Renfe, los maquinistas han «incumplido» los servicios mínimos decretados por ley.

Sin embargo, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) culpa a la compañía de que estos trenes no hayan circulado por su «mala gestión«, que habría provocado que los maquinistas no hubiesen recibido la carta de servicios que tenían que cumplir.

«Todos los trabajadores que han recibido y firmado la carta de servicios mínimos han acudido a su puesto de trabajo para realizar el tren que les han indicado. Esta circunstancia ha provocado el desconocimiento por parte de los trabajadores de si se encontraban de servicios mínimos, por lo que han ejercido su derecho a huelga», señala el sindicato.

Semaf también asegura que Renfe ha desprogramado del servicio habitual hasta 500 circulaciones que sí había a principios de septiembre. «Se da la paradoja de que por primera vez en la historia la propia empresa pública le está realizando la huelga al Ministerio de Transportes y a sí misma«, añade.

En cualquier caso y al margen de las dos posibles versiones, la huelga ya ha provocado las primeras tensiones en los Cercanías de Barcelona (Rodalíes) y de Valencia a primera hora de la mañana y Renfe ya está estudiando las medidas a adoptar contra los maquinistas que han decidido no presentarse en sus puestos de trabajo, al defender que sí disponían de la carta de servicios y no acudieron de forma deliberada.

«INJUSTIFICADA», SEGÚN RENFE

La compañía pide disculpas a los viajeros que están sufriendo las consecuencias de una huelga que considera «absolutamente injustificada«, y califica de «inadmisible» la posición que han adoptado los dirigentes del sindicato de maquinistas.

«No hay motivos para esta huelga convocada por Semaf, ya que la empresa está cumpliendo el plan de empleo pactado con los sindicatos y quiere incorporar al servicio este año 920 maquinistas nuevos. Una parte de estos maquinistas nuevos no se ha podido incorporar por los problemas que pone el propio sindicato de maquinistas para que puedan ser formados y homologados en el interior de las cabinas de conducción», señalan desde Renfe.

A los viajeros afectados por trenes suprimidos por la huelga, Renfe les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Si no desean realizar viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe.

El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerrará el mes de septiembre alrededor del -0,493%, por encima del -0,498% que registró en agosto.

A falta de conocer el dato de este jueves, último día del mes, la previsión es que el índice romperá con tres meses consecutivos de retrocesos.

De cerrar finalmente en el -0,493%, las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 49,32 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 4,11 euros al mes.

El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha apuntado que esta tendencia de pequeñas subidas y bajadas «de poca importancia» mes a mes permanecerá en los próximos meses, «a no ser que haya algún cambio radical en las políticas económicas del Banco Central Europeo (BCE), algo que se descarta por lo menos en los próximos dos años».

Según HelpMyCash, la clave estará en la inflación de la zona euro. «Si esta se mantiene por encima del 2% durante varios meses, es posible que el BCE suba sus tipos de interés para contenerla, lo que provocaría una escalada del Euríbor», apuntan.

Por su parte, desde entidades como el Departamento de Análisis de Bankinter o Moody’s prevén que el Euríbor se mantendrá por debajo del 0% durante los próximos dos y diez años.

El experto de iAhorro ha señalado también que, tras la poca actividad del verano, llega el último trimestre del año, en el que «la banca, al igual que otras empresas ponen toda la carne en el asador para cumplir con los objetivos marcados». «A partir del mes de octubre es cuando empezaremos a ver algunas rebajas en los productos hipotecarios», ha afirmado.

La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de agosto en el 7,5%, una décima menos que el mes anterior y nueve décimas por debajo del mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la Unión Europea alcanzó el 6,8%, también una décima menos, según Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

La oficina calcula que 14,469 millones de personas carecían de empleo en la UE en agosto de 2021, de los que 12,162 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un descenso de 224.000 y 261.000 personas, respectivamente.

En comparación con agosto de 2020, el número de personas sin empleo descendió en 1,965 millones en la Unión Europea y en 1,861 millones en la eurozona.

Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 14% (cinco décimas menos); Grecia, con un 13,2% (un punto menos); e Italia, con un 9,3% (sin cambios respecto a julio). Por el contrario, las menores cifras de paro se observaron en República Checa (2,9%), Malta y Países Bajos (3,2% en ambos casos).

En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro en el octavo mes del año fue del 16,4%, tres décimas menos, mientras que en el caso de la Unión Europea cayó en dos décimas, hasta el 16,2%.

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó en agosto los 2,833 millones de personas, de los que 2,317 millones correspondían a la eurozona.

En el caso de España, en agosto se contabilizaron 3,207 millones de personas sin empleo, de las cuales 451.000 eran menores de 25 años, lo que supone una reducción de 131.000 desempleados respecto a julio, con una bajada mensual de 47.000 jóvenes.

De esta forma, la tasa de paro de juvenil de España fue del 33%, 1,7 puntos por debajo de julio, la más elevada de la UE, por delante de 30,8% de Grecia (2,3 puntos menos) y del 27,3% de Italia (sin cambios).

El Canal de Panamá prevé recaudar ingresos por valor de 4.215,4 millones de dólares (3.636,1 millones de euros) en el año fiscal de 2022 y realizar un aporte de 2.497,2 millones de dólares (2.154 millones de euros) a las arcas públicas del país centroamericano, el mayor de su historia.

Así se recoge en el presupuesto del Canal aprobado el miércoles por la noche por el pleno de la Asamblea Nacional en tercer debate.

El presupuesto anticipa que, por primera vez, el Canal de Panamá manejará en el próximo año fiscal 536,6 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que supone un incremento del 3,9% frente a lo proyectado en el cierre del año fiscal de 2021, que finaliza este 30 de septiembre.

Con base en este tonelaje, el Canal estima que entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, los ingresos por peajes sumarán 3.108 millones de dólares (2.681 millones de euros), además de otros ingresos por servicios marítimos.

Por otra parte, en el presupuesto se contemplan recursos necesarios por valor de 1.408,8 millones de dólares (1.215 millones de euros) para las operaciones del Canal de Panamá y el mantenimiento de sus equipos e infraestructura.

El presidente de la junta directiva y ministro para Asuntos del Canal, Aristides Royo Sánchez, y el administrador Ricaurte Vásquez Morales han detallado que se prevé entregar 2.497,2 millones de dólares (2.153,7 millones de euros) en aportes directos al Tesoro Nacional, el mayor aporte al país en la historia del Canal.

También incluye otros pagos al Estado panameño por la suma de 238,4 millones (205,6 millones de euros). Las cifras proyectadas para el año fiscal 2022 se basan en la estrategia de precios implementada por el Canal, la capacidad adicional que ofrecen sus nuevas esclusas, que generan el 54% del ingreso por peajes, y la expectativa de una demanda robusta para el servicio de tránsito.

Hasta la fecha, el Canal de Panamá ha aportado 18.642 millones de dólares (16.078 millones de euros) al Tesoro Nacional de Panamá. Solo en 2021, el Canal estima aportar a las arcas públicas más de 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la subida del 47% del precio de la electricidad en septiembre ha anulado el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno y que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista durante el mes de septiembre ha escalado de los 156,15 euros el MWh desde los 105,94 euros del mes de agosto. La subida es todavía mayor si se compara con los 41,96 euros el MWh del mes de septiembre de 2020.

Una situación que a la vista de los mercados de futuros no va a cambiar en el corto plazo, según la OCU, que advierte de que este fortísimo incremento ha anulado en gran medida el efecto de las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno y que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre (reducción del Impuesto de electricidad y revisión drástica a la baja de los cargos del sistema) que completaban la reducción del IVA al 21% ya aplicada desde el mes de junio.

Una vez aplicadas estas medidas, la factura de un hogar medio se eleva hasta los 87,4 euros (4.6 kW de potencia y 292 kWh de consumo mensual). Esta factura supone un incremento de 9 euros sobre la ya elevada factura de agosto (78,3 euros).

La organización indica que de no haberse aprobado ninguna de estas medidas, el importe de la factura media se hubiera elevado por encima de los 107,2 euros, y que si las medidas se hubiesen aplicado desde el día 1 de septiembre la factura se hubiera reducido hasta los 78,2 euros.

La factura acumulada durante 2021 hasta el mes de septiembre es de 635 euros, cuando en el mes de septiembre de 2020 era solo de 497 euros, lo que supone 138 euros (un 27,8%) más. Si se compara con la factura acumulada de 2018, (598 euros) la supera en 37 euros.

Para OCU el compromiso del Gobierno, de no superar el importe de 2018 más la inflación, se antoja imposible de cumplir ya que, para ello, la factura de estos últimos tres meses debería ser inferior a 50 euros, algo poco o nada probable.

Además de las subidas que afectan directamente a la tarifa regulada PVPC, OCU advierte de las importantes subidas que se están produciendo en el mercado libre por todas las comercializadoras.

OFENSIVA DE LAS COMERCIALIZADORAS

Además, estas han aprovechado el caldo de cultivo de la incertidumbre que genera la subida de electricidad entre los consumidores para lanzar ofertas con precio fijo a largo plazo que en un futuro pueden resultar muy perjudiciales para los consumidores si no cuentan con la información suficiente.

OCU advierte a los consumidores que extremen la prudencia a la hora de contratar nuevas tarifas y estén muy atentos a las comunicaciones sobre cambios de tarifas que les hagan llegar las comercializadoras o al momento de renovación de los contratos, ya que es cuando se aprovechan para, en ocasiones de forma poco transparente, subir las tarifas.

El sector inmobiliario lidera el mercado transaccional español al registrar hasta septiembre 377 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 8.182 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,56% en el número de operaciones y del 47,25% en el importe, según datos de TTR publicados este jueves.

Estas cifras hacen al sector inmobiliario líder en España, seguido de cerca por el sector tecnológico, que registró en los nueve primeros meses del año 376 operaciones, en tanto que en el financiero se han llevado a cabo 147 transacciones y en el solar, 120.

Solo en septiembre el sector inmobiliario contabilizó 34 operaciones con un importe agregado de 587,5 millones de euros. Junio fue el mes más activo en este segmento por número de transacciones, con 56, mientras que mayo fue el más activo por capital movilizado, con 1.766 millones.

Las empresas españolas del sector inmobiliario eligieron como principales destinos de sus inversiones Portugal, con ocho operaciones y un desembolso de 477,38 millones de euros.

Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido son los países que más inversiones han realizado en España en este sector, con 41 y 27, respectivamente, mientras que Alemania es líder por importe con 1.500 millones de euros.

Entre todas las operaciones realizadas en agosto, TTR destaca la adquisición por parte de Greystar de un proyecto de viviendas ‘build to rent’ en Madrid a Acciona Inmobiliaria, una transacción valorada en 120 millones.

Las inversiones de ‘venture capital’ en lo que va de 2021 ascienden a 17 en el sector inmobiliario español, con un valor divulgado de 280 millones, lo que representa un aumento del 183,33% en el número de operaciones y un crecimiento del 1.407% en el capital movilizado.

En cuanto al ‘private equity’, se han registrado 10 operaciones de este tipo, con un calor conjunto divulgado de 586 millones, lo que representa un crecimiento del 25% en el número de operaciones y un aumento del 19,37% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo de 2020.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado este jueves en el Pleno del Congreso que «España no necesita cambiar su edad legal de jubilación», que ve «adecuada y suficiente», pero ha defendido impulsar su retraso «sólo de quienes quieran seguir trabajando y no de quienes, por naturaleza de su trabajo o circunstancias vitales, no pueden hacerlo».

Tras sus polémicas declaraciones sobre la necesidad de un «cambio cultural» para trabajar a los 75 años, Escrivá ha rechazado un retraso de la edad legal, pero «abierto este debate», ha asegurado que «expulsar del mercado de trabajo a los trabajadores de más edad no incentiva el empleo de los trabajadores más jóvenes».

«Los mayores y los jóvenes no son sustitutos, son complementarios», ha aseverado, señalando que la incorporación de las mujeres «no redujo el número de hombres ocupados, ni la llegada de migrantes se vio acompañada de un menor número de empleo para los españoles».

«UNA REFORMA DE PAÍS» PARA ACABAR CON LA REFORMA DE 2013

Todo ello en la defensa de la reforma del sistema público de pensiones, que este jueves se enfrenta a su primer examen parlamentario, la enmienda a la totalidad con la que el PP busca tumbar el proyecto y devolverlo al Gobierno.

Desde la tribuna de oradores, Escrivá ha presentado su reforma como una reforma «no de partido ni de Gobierno», sino «una reforma de país», que nace del acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo y también con el consenso de los principales sindicatos, patronales y organizaciones de autónomos, «tras una década sin consenso».

Asimismo, ha defendido la derogación de los dos elementos principales de la reforma del PP de 2013, el índice de revalorización IRP, que en situaciones de déficit limitaba su subida al 0,25%, y el factor de sostenibilidad, que implicaba un recorte de las pensiones asociado a la mayor esperanza de vida.

«LA SEGURIDAD SOCIAL NO DEBERÍA TENER DÉFICIT»

«Una devaluación sistemática del poder adquisitivo de las pensiones», ha resumido Escrivá, que inició «una etapa definida por la incertidumbre» pero también por la «constatación» por parte incluso del Gobierno del PP «de que esa norma era insostenible».

También ha defendido blindar los ingresos complementarios a la Seguridad Social vía Presupuestos y traspasar gastos impropios que, ha dicho «no deberían pagarse con cotizaciones». Y es que Escrivá ha defendido que hay un nivel de cotizaciones «razonablemente alto» y un gasto en pensiones «inferior al de países de nuestro entorno».

«Las cuentas de la Seguridad Social no deberían arrojar déficit alguno», ha incidido, antes de aseverar que «leer titulares a diario sobre números artificialmente rojos de la Seguridad Social intranquiliza a pensionistas presentes y futuros y no refleja la situación real de las cuentas», ha dicho.

EL PP LE PREGUNTA DÓNDE ESTÁ SU PROMETIDO FACTOR DE EQUIDAD

Frente al ministro, el portavoz del PP ante el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, ha echado en cara que el ministro traiga al Congreso «una reforma a plazos», ya que el prometido mecanismo de equidad intergeneracional, cuya creación anticipa el proyecto del Gobierno, no se incluye en la iniciativa.

Es más, la intención declarada de Escrivá es negociarlo con patronales y sindicatos e introducirlo en el proyecto a través de una enmienda, una fórmula censurada por el PP y que, ha asegurado Cabezón, también ha cuestionado el propio Gobierno en informes internos.

Cabezón ha criticado la derogación de la reforma de 2013 sin una fórmula alternativa y ha anticipado que, realmente, lo que supondrá esta fórmula será un recorte de las pensiones, y que esa es la razón por la que el ala de Unidas Podemos «está permanentemente discutiendo». «Su recorte será peor que la reforma de 2013», ha anticipado.

ESCRIVÁ INVITA AL PP A RECONOCER QUE SU ALTERNATIVA SON RECORTES

Durante su intervención, Escrivá ha asegurado que «será un mecanismo contingente» y que «se activará solo si la evolución de los ingresos y gastos del sistema así lo requiere» y solo en «los años en los que el sistema soportará más presión demográfica», con el fin de «proteger especialmente» a los jóvenes.

El ministro ha tildado de «increíble» que el PP, después de apoyar las recomendaciones del Pacto de Toledo, «ahora vuelvan a la reforma de 2013, ya que «es justamente lo contrario». «¿Qué ha pasado?, se ha preguntado, asegurando que esta reforma implicaba un recorte de hasta el 40% en el poder adquisitivo de los pensionistas y que fueron los ‘populares’ los que «se echaron para atrás» al aplicarla –el PP recuperó el IPC para aprobar sus últimos Presupuestos, presionados por el PNV, y aceptó retrasar a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad–.

Escrivá, además, ha acusado al PP de impulsar entonces esta reforma de pensiones con el fin de justificar ante las autoridades europeas una rebaja de impuestos antes de las elecciones de 2015. Así, ha explicado que entiende la propuesta del PP como una política fiscal «más regresiva», con rebajas a las «clases más adineradas» y «a costa de los pensionistas». Pero que ahora, optan por «coger a los pensionistas como rehenes» y «despreciando al diálogo social». «Les da igual, como les dio igual en 2013», ha espetado.

El director financiero de BBVA, Rafael Salinas, ha afirmado que el grupo está enfocado en el crecimiento y en la generación de valor para el accionista y, en este sentido, espera recibir «en breve» una respuesta positiva por parte de los supervisores para su recompra de acciones del 10% del capital.

Durante el XXVIII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, Salinas ha explicado que BBVA, tras la venta de su filial en Estados Unidos, ha hecho un ejercicio «de acordeón».

«De vez en cuando tienes que cerrar el acordeón un poquito para poderlo abrir y que siga sonando la música. Claramente, la operación de Estados Unidos nos ha dado una posición de capital realmente envidiable», ha asegurado.

El director financiero ha señalado que el enfoque de BBVA sigue siendo alcanzar la excelencia mediante las palancas del crecimiento rentable y la generación de valor para el accionista. «El grupo, lo que está demostrando siempre, es claramente estas dos palancas de una forma equilibrada», ha sostenido.

Salinas ha reconocido que, con la operación en EE.UU., BBVA ha cedido «un poco de tamaño», si bien el grupo no da tanta importancia al tamaño como al crecimiento y a la retribución al accionista.

En esta línea, BBVA ha anunciado este jueves que retomará su política de dividendo consistente en repartir un ‘pay out’ del 35%-40% en efectivo, con un primer pago el 12 de octubre. Además, Salinas ha recordado que la entidad ha solicitado al Banco Central Europeo (BCE) permiso para llevar a cabo una recompra de acciones del 10% del capital.

«Estamos en el proceso y, en principio, confiamos en que, en breve, tendremos una respuesta positiva por parte de los supervisores», ha dicho en relación a la recompra de acciones-

El director financiero de BBVA también ha incidido en que el crecimiento en el que se enfoca el grupo es «orgánico», que es en el que está el día a día de la actividad, y «evidentemente en un crecimiento rentable».

La entidad celebrará el próximo mes de noviembre su Investors Day, en el que transmitirá a los inversores la idea de combinar el equilibrio entre el crecimiento rentable y la generación de valor.

EL SECTOR GANARÁ RENTABILIDAD POR LA VÍA ORGÁNICA

Durante su intervención, el director financiero de BBVA también se ha referido al problema de rentabilidad del sector y a las palancas que tiene la banca para ganar eficiencia: la mejora de los ingresos y la reducción de costes.

En el lado de los costes, ha incidido en que la transformación digital «sigue siendo la clave» y que las entidades deben buscar el equilibrio entre las inversiones que deben acometer en un entorno deprimido de rentabilidad con el retorno que darán en el futuro.

Respecto a los procesos de consolidación, Salinas ha reconocido que «es una vía que tiene su lógica», aunque «no es la más inmediata» y cree que las entidades estarán más enfocadas en la reducción de costes y generación de ingresos por la vía orgánica.

El precio del alquiler de la vivienda en España se redujo un 8,1% en el último año, con el metro cuadrado a 10,5 euros en septiembre, según los datos publicados este jueves por el portal inmobiliario idealista.

La caída en Cataluña, con un descenso del 8,8%, superó la media nacional, seguida de Madrid, con una reducción de los precios de los alquileres del 7,2%, y de Baleares, con los precios del alquiler un 3,5% que hace un año.

Por el contrario, 11 comunidades autónomas mostraron incrementos, con un encarecimiento del 6% en Cantabria y del 5,3% en Castilla-La Mancha.

Las ciudades con el mercado más dinámico antes de la pandemia fueron las que más notaron la contracción de los precios. Madrid registró el mayor descenso interanual, con una reducción del 7,7%, seguido de Orense, con un 7,4%, y Barcelona, con una caída de los precios del alquiler del 7,3%.

A pesar de la caída del último año, en el último trimestre la tendencia se ha dado la vuelta y han comenzado a recuperarse, con un repunte del precio del suelo del 2% en Barcelona, del 1,9% en Palma y del 1,5% en Madrid.

El metro cuadrado se situó en Barcelona en 14,8 euros, una cifra muy similar a la de Madrid, en 14,7 euros, aunque la capital más cara para vivir fue San Sebastián, con el precio del metro cuadrado en 14,9 euros. Las ciudades más baratas para alquilar, según el índice de idealista, son Ciudad Real, con el metro cuadrado a 5,5 euros, Cáceres y Cuenca, a 5,6 euros en ambos casos.

En total, el alquiler es ahora más caro que hace un año en 34 capitales, con una subida del 9,1% en Huesca y del 7,9% en Albacete. Por provincias, 40 de ellas han seguido la misma tendencia alcista, con un repunte del 8,9% en Cuenca y del 7,3% en Pontevedra.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, considera que «el mercado del alquiler ha vuelto a coger fuerza» gracias a la consolidación del proceso de vacunación.

«La bajada del stock ha provocado que en algunas grandes capitales se empiecen a registrar subidas trimestrales en el precio de las rentas. La relación entre precio y stock es directa», ha explicado Iñareta.

También ha advertido de que «las políticas restrictivas (…) pueden provocar el efecto contrario al deseado», con una retirada del parque inmobiliario que provoque una subida del precio de los alquileres.

Los hogares españoles situaron en el segundo trimestre su tasa de ahorro en el 18,9% de su renta disponible, tasa más de 12 puntos inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2020 (31,5%), tras dispararse su inversión y animarse el consumo con el fin del confinamiento y la moderación de las restricciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó el 8,8%, su valor más bajo desde el último trimestre de 2019. Es la primera vez que baja del 10% desde la llegada de la pandemia.

Las familias españolas ahorraron entre abril y junio un total de 38.524 millones de euros, un 37,2% menos que en igual periodo de 2020, y elevaron su gasto en consumo un 24,1%, hasta los 165.189 millones de euros tras aumentar su renta disponible un 5%, hasta los 204.308 millones de euros.

El ahorro generado por los hogares fue suficiente para financiar la inversión que realizaron en el segundo trimestre (12.898 millones de euros, un 120,4% más), por lo que mostraron una capacidad de financiación de 24.692 millones de euros, frente a los 55.258 millones del mismo trimestre de 2020.

En el segundo trimestre del año la economía española mostró una capacidad de financiación de 5.481 millones de euros, cifra que equivale al 1,8% del PIB y que duplica la del mismo trimestre de 2020 (2.713 millones, equivalentes al 1,1% del PIB).

Las Administraciones Públicas, por su parte, mostraron una necesidad de financiación entre abril y junio de 32.672 millones de euros, en contraste con el déficit de 61.590 millones de euros del mismo trimestre de 2020.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas se situó en el 7,3% del PIB trimestral, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior.

Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales del derecho y a sus familias soluciones para cubrir todas sus necesidades de previsión y ahorro, ha lanzado ‘Soy Senior‘, una nueva propuesta de valor de la entidad para las personas mayores de 65 años.

La iniciativa, según ha informado la Mutualidad en un comunicado, pone el foco de atención en las necesidades de los perfiles sénior, con el objetivo de ofrecer tranquilidad a este colectivo mediante la oferta de productos, servicios y programas destinados a velar por su beneficio y bienestar.

Con esta propuesta, Mutualidad de la Abogacía consolida su compromiso permanente con la población sénior.

Tal y como señala Enrique San Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad de la Abogacía, «la jubilación es un punto de inflexión en nuestra vida y, aunque para muchos es un proceso gratificante, para otros puede suponer la pérdida de propósito y un gran impacto emocional.Desde Mutualidad de la Abogacía somos conscientes de esta problemática y llevamos tiempo trabajando para aportar soluciones que se ajusten a las necesidades de cada persona. Soy Senior es el resultado de todo este trabajo: es una propuesta de valor que engloba todas las soluciones que tenemos disponibles para las personas mayores de 65 años, para que acceder a ellas resulte más accesible que nunca».

La iniciativa engloba todos los productos, servicios y programas que Mutualidad de la Abogacía destina a este colectivo para velar por su tranquilidad financiera y bienestar.

Los mutualistas podrán acceder a toda la información a través del nuevo espacio habilitado en la página web de la Mutualidad, que está diseñado y dirigido específicamente a este colectivo: ‘Soy Senior’.

Actualmente, la entidad ofrece tres productos específicos que pueden ser contratados por las personas mayores de 65 años: la Renta Vitalicia Remunerada una forma segura, rentable y fiscalmente muy atractiva de invertir el dinero, para recibir una renta mensual durante un periodo concreto o durante toda la vida; el Sistema de Ahorro Flexible para ahorrar de manera rentable y disponer del dinero cuando se necesite, y el Servicio anticipo de Sepelio para asegurar la tranquilidad de la familiar llegado el momento y que no tengan preocupaciones.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEPENDENCIA

Así mismo, Mutualidad de la Abogacía amplía la oferta de servicios para los mayores de 65 años con la incorporación de ‘Pensium Te Guía‘.Se trata de un nuevo servicio de acompañamiento en la dependencia exclusivo, gratuito y universal para los mutualistas.

Gracias a este servicio, los mutualistas tendrán a su disposición a un trabajador social que resolverá todas sus dudas y se hará cargo de cada caso, ya sea para él o para cualquier familiar de hasta tercer grado.

Asimismo, la propuesta de valor a los mutualistas también incluye varios programas encaminados a velar por el bienestar físico y emocional de los mutualistas.

Entre ellos, se encuentra el programa de acompañamiento afectivo telefónico, una iniciativa de la Fundación Mutualidad Abogacía junto con la Fundación Grandes Amigos.

A través de este programa, los mutualistas mayores de 65 años que experimenten sentimientos de soledad, aislamiento o malestar emocional, tendrán a su disposición un apoyo gratuito a través de llamadas telefónicas con voluntarios de la ONG.

Por último, los mutualistas también podrán beneficiarse de las ayudas a la autonomía personal y bienestar que ofrece la Fundación Mutualidad Abogacía. Estas ayudas tienen como finalidad proporcionar a sus mutualistas experiencias de envejecimiento activo y saludable, mediante estancias en zonas de costa, turismo de interior y balnearios que redunden en la mejora de su calidad de vida.

Estas ayudas van dirigidas a todos aquellos mutualistas que no ejerzan ninguna actividad profesional o laboral y que tengan reconocidas las prestaciones de incapacidad, viudedad o jubilación.

La entidad continuará enriqueciendo la propuesta de valor Senior, centrando sus esfuerzos en la redefinición de la experiencia de cliente en la atención presencial, en la atención telefónica y en los canales digitales con el objetivo de adecuarla a las necesidades y expectativas de los mutualistas.

Asimismo, como parte de la propuesta en beneficio de este colectivo, Mutualidad de la Abogacía hará un mayor hincapié en el desarrollo de herramientas de planificación financiera y soluciones de licuación del patrimonio inmobiliario.

FORMACIÓN DE LA PLANTILLA

Como parte del compromiso de la entidad por priorizar el bienestar de los senior, uno de los pilares fundamentales de esta nueva propuesta de valor es la férrea apuesta por la formación de todo el personal que trabaja en Mutualidad de la Abogacía.

Todos los trabajadores, empezando por todos los equipos que interactúan directamente con los mutualistas, están actualmente recibiendo formación sobre las necesidades específicas en planificación financiera y ahorradora del colectivo senior a través de Afi, así como una formación en sensibilización sobre la realidad psicosocial de las personas mayores impartida por Ceoma, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y formación en los retos derivados del envejecimiento poblacional y la nueva longevidad de la mano de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía.

Todo ellos recibirán la acreditación de ‘Experto Mundo Senior’ expedida por Mutualidad de la Abogacía. El fin último de estas formaciones es que todos los trabajadores adquieran el mayor conocimiento posible sobre las personas de mayores de 65 años, para poder ofrecer soluciones individualizadas que garanticen la tranquilidad de los mutualistas.