Estudiantes universitarios se han manifestado este jueves en varias ciudades del país para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que trabaja actualmente el Gobierno, y contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), en trámite parlamentario.

Las movilizaciones, convocadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han tenido lugar este jueves en varias ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En la capital, la protesta se ha desarrollado frente al Congreso, mientras que en la ciudad condal ha sido en la Plaça Universitat.

A las protestas se ha unido también el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades. Este órgano, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, trasladó su malestar al ministro por ambas reformas.

A juicio del CEUNE, la futura LOSU (en la que trabaja el Ministerio) no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, mientras que la Ley de Convivencia Universitaria (que fue aprobada esta semana en el Congreso con los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC) "elimina el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley" original presentado por Castells.

"El estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta", ha señalado en declaraciones la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. "Hoy nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad".

Según expone Alcaide, los estudiantes llevan "mucho tiempo" reclamando una "nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado" en la futura Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU).

Mientras que, en cuanto a la Ley de Convivencia Universitaria, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, según recuerda Alcaide, ha sufrido "una gran modificación en el Congreso" que "repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado".

La vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida "cambiar el rumbo" de ambas reformas. "De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles", advierte.

Además de las movilizaciones, que han sido también apoyadas por sindicatos como el CSIF, las asociaciones convocantes han llamado a realizar "paros académicos" para realzar la protesta. Estos 'paros' han sido secundados en casi todas las provincias españolas, según ha indicado Alcaide.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda introducida a la Ley de Memoria Democrática permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad", sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional.

De esta forma, ha reivindicado que esa adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.

Sobre todo cuando la "derecha postfranquista de la judicatura" ha permitido su "impunidad" al amparo de una interpretación de la Ley de Amnistía y que ahora este "problema político, no jurídico", se elimina con esas referencias claras que cualquier "estudiante de derecho" sabría aplicar.

Así lo ha trasladado Santiago, negociador del espacio confederal de las enmiendas pactadas con el PSOE, en una serie de comentarios en Twitter que difiere de la posición expresada esta mañana por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien aseguraba que este texto no supone "ningún cambio" en la situación jurídica en España, incluida la Ley de Amnistía de 1977.

De esta forma, los dos socios de coalición difieren del alcance de la redacción que ambos han presentado al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y en el que recogen que todas las leyes, incluida la de Amnistía, se aplicarán conforme al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura "tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

"El fin de la impunidad del franquismo no depende de la opinión del señor Bolaños ni de la mía, sino de que los jueces hagan su trabajo. PSOE y Unidas Podemos ya hemos hecho el nuestro", ha trasladado luego en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

VALLE DE LOS CAÍDOS, EJEMPLO DE LAS DIFICULTADES EN EL PODER JUDICIAL

Además, ha recalcado que hasta ahora la Justicia se ha ido "escudando" en la Ley de Amnistía para no investigar estos crímenes de la dictadura y, por tanto, la enmienda "quita esos impedimentos que venían esgrimiendo" desde el Poder Judicial y les dota de "herramientas" para que la "impunidad deje de ser una anomalía en España".

En este sentido, ha señalado que la decisión de un juzgado de Madrid de suspender cautelarmente la licencia de obras para exhumar víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos es otro ejemplo de que "desgraciadamente siempre se encuentran con demasiadas dificultades del Poder Judicial" para hacer cumplir los derechos humanos.

EL DERECHO INTERNACIONAL ES CLARO: NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES

El dirigente de IU ha disertado que el derecho internacional dicta que a esos crímenes "no pueden quedar impunes" y "nunca les alcanza la amnistía", citando acuerdos como la Convención de La Haya, 1899, la cláusula Martens, la propia ONU en el estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg o el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1996.

Santiago ha recorrido a este último precepto legal para parafrasear una de sus disposiciones: "Nada de lo dispuesto se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueron delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional".

De esta forma, ha razonado que el principio de "no retroactividad" de normas penales desfavorables "tampoco puede dejar en impunidad los crímenes internacionales" y que, en consecuencia, la Ley de Amnistía "nunca ha permitido que los crímenes internacionales quedaran impunes, fuera quien fuera el responsable".

Es más, ha aludido a que la propia Constitución Española establece, en sus artículos 10.2 y 96, la "obligatoriedad" de que los tribunales españoles apliquen las normas internacionales suscritas por España, que son todas las anteriores.

"ES CONOCIDO EL APOYO AL PP DE LA MAYORÍA DE LA CARRERA JUDICIAL"

A continuación, ha cargado contra al PP al decir que es "conocido" que "tiene el apoyo de la mayoría de la carera judicial" y que solo esa "oscilación a la derecha postfranquista de la judicatura permite explicar que España sea el único país de occidente que ha permitido la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura".

"Esta situación refleja un problema político, no jurídico. El marco jurídico es muy claro. Permitir la impunidad del franquismo es una opción política de quienes pueden imponerlo, aunque se haya revestido con doctrina jurídica", ha lanzado el también secretario de Estado de Derechos Sociales.

No obstante, Santiago ha señalado que anular la Ley de Amnistía, como pide por ejemplo ERC, y que fue una "conquista de los demócratas" frente al "búnker franquista" sería "dar la razón a los negados a aplicar la ley internacional e interna".

NO HAN QUERIDO TERMINAR CON LA IMPUNIDAD "A PESAR DE LAS LEYES"

"No es que no hayan podido hacerlo por las leyes, es que no han querido hacerlo a pesar de las leyes", ha señalado para insistir en que se ha acordado esta enmienda para indicar a los tribunales "expresamente lo que cualquier estudiante de derecho internacional conoce: imprescriptibles y no amnistiables".

Finalmente, ha remarcado que corresponde a la "fuerzas políticas democráticas y respetuosas con el Estado de Derecho levantar los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo".

Los comunes han apostado, en la ponencia política que debatirán este fin de semana en su III Assemblea Nacional, por que el espacio político de la izquierda del que forman parte supere las siglas e impulse un nuevo "sujeto político" liderado por la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quieren que se convierta en presidenta del Gobierno.

En el documento de ponencia política, la formación de Ada Colau defiende "superar las nostalgias de 2015 y entender que el nuevo ciclo no será el de la irrupción, pero que a la vez debe ir mucho más lejos de la resistencia de la suma de siglas".

En este sentido, los comunes dibujan una hoja de ruta en la que "habrá que abrirse a nuevas alianzas que cualitativamente representen mucho más que la suma de las partes", y que suponga convertir un potencial liderazgo en un proyecto y sujeto político.

Esta propuesta llega después de que el pasado fin de semana se celebrase en Valencia un acto que reunió a Yolanda Díaz con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain.

Sobre el este espacio sobrevuela la idea de impulsar una nueva plataforma que aúne a cuantos más partidos mejor y que, bajo un solo paraguas, se presenten a las elecciones tanto generales como municipales, siendo Díaz quien lidere la candidatura a las primeras.

MESA DE DIÁLOGO

Los de Colau y Albaich también ven la economía y el conflicto político como los dos grandes temas de los próximos años y "lo que definirá el resultado de los próximos procesos electorales", por lo que han situado la mesa de diálogo como una de las herramientas clave para construir una nueva ordenación política y cultural del país.

Consideran que deben desplegar una agenda política que sitúe en el centro de su acción "el diálogo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat como solución a un conflicto que es de carácter político", y han asegurado que el objetivo fundamental de esta agenda es cambiar la dinámica derrotista que, según ellos, hay en torno al autogobierno catalán.

Han apostado por ampliar ese autogobierno para que Cataluña consiga "nuevas conquistas", y han defendido que esto debe pasar por la mesa de diálogo y también por una cohesión institucional y política de su espacio alrededor de una propuesta territorial propia para Cataluña y el resto del Estado.

De cara a desbloquear el conflicto político catalán, los comunes lanzan cinco propuestas: acabar con la judicialización política mediante la reforma del delito de sedición y del propio poder judicial; el reconocimiento de Cataluña como nación; la mejora del autogobierno y mejora y ampliación de las competencias; un nuevo sistema de financiación, y que los catalanes voten un acuerdo surgido de la mesa de diálogo.

"Para garantizar estas nuevas conquistas hace falta que este acuerdo surgido de la mesa de diálogo sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña", y han defendido que Cataluña debe tener más autogobierno, con más soberanía para cuidar más y mejor.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "atacar la Transición" con la Ley de Memoria Democrática para "mantener el poder con radicales". Por eso, ha anunciado que si el PP llega al Palacio de la Moncloa sustituirá esa norma por una Ley de Concordia.

"Basta ya de enfrentar a los españoles por un puñado de votos", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, después de que Podemos y PSOE hayan pactado dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la Ley de Memoria Democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aclarado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática y las enmiendas pactadas entre PSOE y UP, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario: ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

"RECHAZAMOS LA LEY DE MEMORIA POR INCONSTITUCIONAL"

Casado ha afirmado que el PP rechaza la Ley de Memoria "por inconstitucional" y ha avanzado que cuando su partido llegue al Gobierno de España sustituirá "estas normas guerracivilistas" por una Ley de Concordia.

"Sánchez ataca la Transición para mantener el poder con radicales", ha proclamado el jefe de la oposición, justo poco después de que su partido haya presentado en el Congreso sus enmiendas a la citada Ley de Memoria.

El Grupo Popular la ha enmendado con la intención de que la norma se circunscriba a la localización y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, una categoría en la que sólo encuadra a "las personas fallecidas o desaparecidas" en la contienda civil o el régimen que le siguió, pero de la que excluye, por ejemplo, a los torturados o los exiliados.

Además, los 'populares' plantean suprimir la posibilidad de reubicar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos. También buscan suprimir gran parte de los artículos del proyecto del Gobierno, en concreto todos los que se basan en el concepto de 'memoria democrática' y que aluden al despliegue de políticas públicas relativas a la misma.

"EL COMODÍN DE FRANCO"

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de sacar de nuevo el "comodín de Franco" con esta Ley de Memoria y ha recalcado que lo hace en medio del "enfado" y el "tsunami de malestar social" que hay en España con la subida de la cesta de la compra, el crecimiento de la factura de la luz o las protestas en la calle.

"Nosotros no vamos a contribuir a esto ni a dinamitar los grandes consensos de la Constitución y la Transición", ha afirmado Montesinos en TVE, donde se ha preguntado que estarán "pensando Felipe González y los históricos dirigentes del PSOE" sobre esto, dado que "fueron arquitectos de todo aquello".

Olas que podrán alcanzar los 5 metros de altura, rachas de hasta 80 kilómetros por hora y precipitaciones con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora afectarán este viernes a Andalucía, Comunidad Valenciana, La Palma, Ceuta y Melilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, el estrecho en Cádiz, la costa de Granada, Axarquía, Sol y Guadalhorce en Málaga, Poniente Almeriense y Almería capital, tendrán aviso de riesgo importante (naranja) por fenómenos costeros provocados por viento del este con intervalos de fuerza 7 a 8 que producirá olas de 4 a 5 metros, y viento de levante con intervalos de fuerza 8 en el oeste del estrecho y mar adentro de este en el sur de Trafalgar.

Además, la costa andaluza tendrá también aviso de riesgo (amarillo) por viento de levante con rachas máximas de 70 kilómetros por hora en Axarquía, Sol y Guadalhorce y Ronda en Málaga; el litoral, la Campiña, Grazalema y el Estrecho de Cádiz, donde en este último se podrán alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Las ciudades de Ceuta y Melilla tendrán activo el aviso amarillo por fenómenos costeros debido al viento de levante con intervalos de fuerza 7 que provocará mar combinada con olas de 3 a 4 metros e incluso 5 metros mar adentro en Ceuta, y viento del este y del nordeste con intervalos de fuerza 7 que provocará olas de 3 metros en Melilla.

Asimismo, la AEMET alerta del riesgo por lluvias en el litoral norte y sur de Valencia donde se podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. También en riesgo por precipitaciones estará la isla de La Palma.

Este viernes se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos en el sur de Baleares, en el sudeste peninsular y el área del Estrecho, con probabilidad de precipitaciones más abundantes en el Estrecho que se intensificarán en el sudeste peninsular acompañadas de tormenta en la mitad de la jornada del viernes, y se extenderán por el golfo de Cádiz, el Estrecho y Alborán, y que probablemente serán localmente más fuertes en el litoral valenciano.

En el resto del territorio peninsular, se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes matinales en el Cantábrico y en zonas de la Meseta e intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur durante el final del día; y no se descartan chubascos aislados en Extremadura o en el sistema central.

Tampoco se descartan nieblas matinales en el interior norte de Galicia, el alto Ebro, la meseta Norte y el interior del cuadrante sureste Peninsular, con posible calima en Melilla.

Las temperaturas máximas se espera que aumenten en el extremo norte peninsular y en Baleares mientras que las mínimas subirán en el centro y sur peninsular y descenderán en el tercio norte, con heladas débiles en la mayor parte del interior norte peninsular.

El viento será del este en el Cantábrico, en el litoral norte de Galicia y en la mitad sur peninsular, de levante fuerte en el Estrecho y en Alborán, viento del norte en el Ampurdán, y por último, viento del este en Baleares y en el litoral suerte. Para el resto de la Península se espera viento flojo.

En Canarias, habrá predominio de cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con claros de madrugada y a últimas horas. En La Palma, hay probabilidad de que se produzcan chubascos localmente fuertes durante la tarde, principalmente en vertientes norte y este.

En el resto de islas de mayor relieve, se esperan lluvias débiles a moderadas ocasionales, que podrían ser localmente en forma de chubasco a partir de mediodía en Tenerife. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en horas centrales con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas irán en ligero descenso, con viento flojo del nordeste.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha anunciado este jueves el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se va a pedir en las islas el 'certificado Covid' para actividades de riesgo.

En rueda de prensa, ha comentado que se le ha solicitado al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que elabore un plan de acción para la próxima semana en el que se defina el catálogo de actividades susceptibles de incrementar los contagios por coronavirus.

Olivera ha comentado que en virtud a la presentación del certificado se acreditará que las personas tienen la pauta completa de vacunación, han pasado la enfermedad o cuenten con una prueba diagnóstica negativa.

Además, ha dicho que, a falta de la presentación del informe por parte de la Consejería de Sanidad, esta obligación de presentar el certificado se aplicará a actividades propias de espacios cerrados, que estén muy masificadas, donde haya que quitarse la mascarilla con frecuencia o no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Ha comentado que "lo más recomendable" será solicitar la ratificación judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pero van a esperar a la propuesta de Sanidad por si hay un mecanismo legal que no lo haga necesario.

Olivera ha apuntado también que se ha acordado que a partir del 1 de diciembre, se empiece a pedir el 'certificado Covid' a los pasajeros procedentes de vuelos nacionales, tal y como se realiza con los internacionales dado que va a haber un incremento de viajeros por el puente de La Constitución y la Navidad.

En esa línea, ha indicado que las cifras de contagios en España aún "son bajas" pero se quiere minimizar los riesgos.

Por ahora, los pasajeros de vuelos interinsulares estarán exentos de presentar el 'certificado Covid'.

Esta medida, que se puso en marcha el pasado 18 de diciembre y culminó el 30 de septiembre, constituye una herramienta necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus en viajeros procedentes de otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de vacunación contra la COVID-19.

EL 90% DE LOS CONTAGIOS SON LOCALES

Quedan exentos de presentar prueba negativa, aparte de los menores de 12 años, personas en tránsito que hagan escala en Canarias cuyo destino final sea otro país u otro lugar del territorio nacional y que acrediten haber estado fuera de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada.

Olivera ha detallado que el 90% de los contagios se producen en el ámbito local y apenas el 10% son importados, además con escasa carga hospitalaria --representan el 7,5% de la hospitalización y el 6% de las camas UCI--.

Ha lamentado que la tendencia al alza en los contagios "se ha consolidado" y se consolidan en el tramo de edad en el que hay más reticencias a la vacunación, entre los 20 y los 49 años. "Aún no es preocupante pero nos pone en alerta", ha señalado.

El PP ha registrado enmiendas a la Ley de Memoria Democrática con la intención de que la norma se circunscriba a la localización y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, una categoría en la que sólo encuadra a "las personas fallecidas o desaparecidas" en la contienda civil o el régimen que le siguió, pero de la que excluye, por ejemplo, a los torturados o los exiliados. Además, plantea suprimir la posibilidad de reubicar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos.

El objetivo de las enmiendas parciales de los 'populares', es suprimir gran parte de los artículos del proyecto del Gobierno, en concreto todos los que se basan en el concepto de 'memoria democrática' y que aluden al despliegue de políticas públicas relativas a la misma.

De hecho, el primer partido de la oposición aboga por cambiar incluso el nombre de la norma y plantea que se denomine ley "para la localización, exhumación y entrega a sus familiares de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".

También sugiere modificar su exposición de motivos, para ensalzar en la misma la Transición, y el artículo que define la condición de víctimas, de forma que sólo se considere como tales "a las personas fallecidas o desaparecidas" como consecuencia de la contienda o el régimen que se instauró tras la misma.

NO A LA FISCALÍA ESPECIAL

El PP pide, asimismo, la supresión del artículo por el crea un banco de ADN de las víctimas, de los que aluden a la retirada de símbolos o del callejero franquista, de los relativos a la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de los destinados a la creación de los llamados 'lugares de la memoria'.

Respecto al Valle de los Caídos, que según el pacto alcanzando entre el PSOE y Unidas Podemos pasaría a llamarse Valle de Cuelgamuros, el PP rechaza que se considere 'lugar de memoria', aunque sí acepta que se den a conocer las circunstancias de su construcción y su significado "con el fin de fortalecer los valores constituciones y democráticos".

Así, respalda que se prohíba la celebración en el recinto de "actos de naturaleza política", pero sin especificar que estos tengan que incluir la exaltación de la Guerra, la dictadura o sus protagonistas como establece el proyecto del Gobierno.

El texto que tramita el Congreso prevé que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes en la misma tengan carácter civil, pero el PP prefiere eliminar ese calificativo y se limita a señalar que se rijan por los ley que regula los cementerios municipales.

LUGAR RELIGIOSO

Además, aunque comparte la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, subraya que eso no debe alterar "el carácter religioso del lugar y su condición de basílica" y defiende que sigan pudiéndose enterrar allí los monjes benedictinos que residen en el monasterio.

Asimismo, el PP busca eliminar el precepto que abre la puerta a la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que sigue enterrado en el altar mayor, donde hasta octubre de 2019 reposaban también los resto de Francisco Franco.

Mientras que el proyecto del Gobierno remite a un real decreto para fijar el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y que determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, el PP recalca que éste debe ser conforme a la Ley de libertad religiosa, pero también al Acuerdo con la Santa Sede.

En cuanto al censo estatal de víctimas que prevé la nueva norma, los 'populares' lo enmiendan para subrayar que debe recoger a las víctimas "de ambas zonas de la contienda".

VOX RENUNCIA A PRESENTAR ENMIENDAS AL ARTICULADO

El PP y Vox fueron los dos grupos parlamentarios que presentaron una enmienda de totalidad para devolver al Gobierno el proyecto de Ley de Memoria Democrática, mientras que ERC defendió un texto alternativo.

Eso sí, Vox, ha diferencia de los 'populares', ha renunciado ahora a presentar enmiendas al articulado.

El titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado crítico este jueves con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativo a la vacunación con la dosis de refuerzo frente a la covid-19 a mayores de 60 años "sin validar" por la Comisión de Salud Pública y, si bien ha avanzado que su gobierno "no se opondrá", ha exigido "un protocolo" que fije las prioridades y un calendario.

"El presidente Sánchez nos ha sorprendido a todos con este anuncio, que también implica vacunar al personal sanitario y sociosanitario", ha apuntado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha remarcado que, aunque Galicia se ajustará, ha advertido que "lo primero que hay que hacer es escuchar" y evitar "incurrir en errores e improvisaciones que ya se dieron en algún supuesto".

Sánchez anunció en la pasada jornada que la Ponencia de Vacunas ha acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 y al personal sanitario y sociosanitario. La propuesta, que se debe llevar a la Comisión de Salud Pública, pretende contar con el apoyo de las comunidades autónomas, con el objetivo de trabajar en la protección de estos colectivos.

En su propia intervención y, posteriormente, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa, Feijóo se ha mostrado proclive a administrar esta dosis de refuerzo a los colectivos en cuestión, pero ha insistido en que hace falta "criterio" y "previsión", lo que se traduce en articular un protocolo y determinar un calendario.

Entre las dudas que ha puesto sobre la mesa, se ha preguntado por dónde habría que empezar a vacunar, si todos a la vez, primero los sociosanitarios o a los sanitarios, o primero los ciudadanos de 65 a 69 años, o bien de otra manera. Y ha incidido en que hay demasiadas incertezas para hablar de fechas para empezar y terminar de administrar esta dosis de refuerzo a una población que en Galicia superaría las 300.000 personas.

En todo caso, ha recordado que el Sergas ya finalizó la inmunización de los mayores que viven en residencias, mientras se avanza con los de 80 y se empezará con la franja de edad entre 70 y 79. "Ya tenemos montados los centros de vacunación masiva y los dejaremos abiertos", ha señalado Feijóo, quien también ha asegurado que espera poder contar con los suministros necesarios para poder cumplir las directrices generales, aunque Galicia tiene material.

MEDIDAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN NO VACUNADA

Por otra parte, el presidente gallego ha sido preguntado sobre los pasos dados por algunos países en relación a endurecer las medidas para la población no vacunada frente a la covid-19.

"Me parecen razonables este tipo de medidas", ha dicho el presidente gallego, antes de incidir en que no todos los países tienen el mismo porcentaje de inmunización que España, y que "no es lo mismo" contar con el 96% de ciudadanos con doble dosis que, por ejemplo, con solo un 60%.

Gobernar, a juicio del presidente gallego, exige tomar decisiones para proteger la salud del conjunto de los ciudadanos. Y en este contexto, ha asegurado que ve "muy razonable" que en determinados países se exija, por ejemplo, para múltiples acciones, el certificado covid.

REFORZAR HOSPITALES

Finalmente, sobre el refuerzo de hospitales, ha respondido que en cada momento se evaluará la situación, pero ha insistido en que las herramientas que están sobre la mesa por el momento son, fundamentalmente, los cribados y la ampliación del certificado covid, dado que la presión hospitalaria no es comparable a otras olas previas.

Y finalmente, preguntado por Povisa, en Vigo, ha esgrimido que "lleva concertado desde el Insalud". "Ya llovió en relación a este asunto", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha manifestado su sorpresa por que se ponga el foco en los conciertos con su Gobierno, cuando "los bajó", a diferencia de lo que hizo, ha asegurado, el bipartito de PSdeG y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009.

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado este jueves por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para instar al Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a regular las bebidas energéticas, "incluyendo su definición, los ingredientes que pueden contener, su concentración máxima y posibles combinaciones".

Al contrario de lo que sucede en otros países como Alemania o Dinamarca, la diputada socialista Carmen Andrés Añón ha recordado que en España no existe una regulación específica de estas bebidas, lo que "impide acotar tanto los ingredientes que pueden contener como su concentración máxima o combinaciones".

Por ello, ha insistido en la necesidad de dar una regulación específica a estas bebidas, algo que ha producido consenso entre todos los grupos. Por ejemplo, el diputado 'popular' Carmelo Romero Hernández ha dado su apoyo a la PNL, aunque ha lamentado que España va "tarde" para su regulación. "El ministro Garzón está muy ocupado con la carne y los 'bollycaos'", ha comentado en tono jocoso.

LOS RIESGOS DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS

El Informe del Comité Científico de la AESAN sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas, aprobado el pasado 17 de febrero, analizó el riesgo asociado al consumo de este tipo de bebidas, llegando a la conclusión de que "no deben estar recomendadas en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que debe mejorarse la información al consumidor, promoverse la moderación en su consumo y evitar conductas de riesgo, como su combinación con bebidas alcohólicas.

Según este documento, las bebidas energéticas, además de cafeína, suelen contener otros ingredientes como taurina, L-carnitina, glucuronolactona, guaraná, ginseng y vitaminas del grupo B, entre otros. Respecto al contenido de azúcar, suelen aportar hasta 11 g por 100 ml si bien existen presentaciones 'sin azúcar'. La cantidad más habitual de cafeína en estas bebidas suele ser de 80 mg/250 ml, es decir, 32 mg/100 ml si bien el rango de concentraciones oscila entre 15 y 55 mg/100 ml.

El texto advierte de que "la ingesta elevada y prolongada de algunas de estas sustancias, solas o en combinación, puede tener efectos adversos sobre la salud de las personas consumidoras". Además de su relación con el sobrepeso y la obesidad, su ingesta regular se ha asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis y otras enfermedades cardiovasculares; o con efectos secundarios como palpitaciones, insomnio, náuseas, vómitos y micción frecuente.

En España, según la última Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), 4 de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años han tomado bebidas de este tipo en los últimos treinta días. En el grupo masculino más joven (14 años), la prevalencia de estas bebidas alcanza casi un 50 por ciento.

Este porcentaje aumenta ligeramente con la edad, observándose el mayor incremento de la prevalencia a los 18 años (52,2%). El 16 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años ha mezclado alcohol con bebidas energéticas en los últimos 30 días, cifra que es superior entre los chicos.

Tanto en el grupo masculino como en el femenino, la mayor proporción de consumo se registra entre los alumnos de 18 años, con 23,8 y 18,2 por ciento, respectivamente. El 16 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años ha mezclado alcohol con bebidas energéticas en los últimos 30 días.

OTRAS MEDIDAS

Junto con una regulación firme de estas bebidas, la PNL aprobada también apuesta por promover que la industria cumpla con el compromiso de comercializar envases no superiores a 250 ml, con el objetivo de "moderar la exposición a los distintos componentes activos, algunos de ellos psicoactivos, y estudiar la posibilidad de evitar la comercialización de envases de 500 ml".

En la misma línea, también se pretende mejorar, nuevamente en colaboración con la industria, la información en su etiquetado, "favoreciendo no solo la incorporación de la denominación de todos los ingredientes activos en el listado de ingredientes sino también su contenido".

Asimismo, se reclama monitorizar anualmente las tendencias de consumo de este tipo de bebidas, de forma que pueda evaluarse su contribución a la exposición dietética de cafeína y otros ingredientes activos en grupos específicos de personas consumidoras, estimar su riesgo y diseñar planes de actuación para su minimización.

También se apuesta por llevar a cabo programas de educación y comunicación con el objetivo de "aumentar el conocimiento de la población, mejorar la percepción del riesgo y minimizar los posibles riesgos asociados al consumo excesivo de bebidas energéticas, solas y combinadas con alcohol, considerando de forma diferenciada a los grupos de mayor riesgo como niños y adolescentes.

Por último, se reclama evaluar el consumo, exposición y riesgo de otras formas de consumo de cafeína como los denominados 'shots' o 'caffeine/energy shots'.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado que "todas las propuestas de nombramiento se han motivado fundadamente" por lo que "ni una sola actuación de la FGE se ha podido entender como desviada de los principios que rigen" su función.

"Todas las propuestas de nombramiento se han motivado fundadamente y así se ha hecho constar, y ha llegado a la sociedad", ha apuntado para posteriormente hacer hincapié en que como fiscal general ha expresado sus motivaciones para determinar nombramientos en las actas de los consejos fiscales.

Caber recordar que la fiscal general comparecía, además de para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía de 2020, para informar sobre la situación en el Ministerio Público tras las declaraciones que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, hizo en octubre de 2020 relativas al exfiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa.

Este fiscal no fue seleccionado para ocupar una de las plazas de Anticorrupción, y esta misma semana se ha conocido que Delgado remitió un correo electrónico a los miembros del Consejo Fiscal informando de que en la próxima reunión de este órgano, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, se incluirá un punto específico en el orden del día para recabar información sobre las "gravísimas y difamatorias imputaciones" aparecidas en varios medios en relación a las razones que llevaron a decidir que no se nombrara al que era fiscal del caso 'Villarejo' Ignacio Stampa.

Este 'mail', llegaba después del comunicado difundido entre la carrera fiscal por la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales en el que exigían a la FGE que explicara de forma "muy detallada" en el seno de Consejo Fiscal las "supuestas maniobras" que llevó a cabo para poder justificar que no se nombrara a Stampa.

Por su parte, otra asocicación de fiscales, la APIF indicó en un comunicado que en el Consejo Fiscal se debía tratar si se sabía, cuando se le denegó a Stampa el apoyo necesario para ocupar una de las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del exjuez Baltasar Garzón --pareja de Delgado-- ejercía la defensa de varios investigados en el 'caso Villarejo'.

MOTIVACIONES EN EL ACTA

"Nunca antes (...), con tranquilidad se lo digo, a la hora de hacer propuestas de nombramientos el FGE había realizado y expresado las motivaciones en las actas de los Consejos Fiscales", ha dicho este jueves Delgado, para luego añadir que cuando hay concurso discrecional se tiene que escuchar al Consejo Fiscal, éste informa y la FGE atiende y "escucha el informe de los distintos consejeros".

Tras esto, ha explicado que con ese informe, ella "por cumplir con la transparencia" traslada al acta la motivación de una determinada propuesta para un cargo discrecional del Ministerio Fiscal". "¿Por qué? Porque si un compañero quiere impugnar el nombramiento de otro compañero, tiene un argumento que llevar a ese procedimiento", ha explicado.

Al hilo, si bien no se ha referido en ningún momento a Stampa o al proceso por el que quedó fuera de la lista de ocho fiscales, ha incidido en que el artículo 103 de la Constitución establece que para elegir a cargos públicos se deben dar razones motivadas, y tener en cuenta el mérito y la capacidad para cargos públicos.

El Gobierno de Canarias ha decidido que la isla de Lanzarote (que incluye La Graciosa) pase a nivel 2 de alerta por coronavirus, donde ya se encuentra Fuerteventura, mientras que el resto se mantendrá en nivel 1 por ahora.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados a 17 de noviembre, sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19.

El cambio de nivel de Lanzarote entra en vigor a las 00.00 horas de este lunes, 22 de noviembre, quedando supeditado a revaluaciones periódicas, incluso antes de la fecha indicada si fuera necesario.

El informe detalla que en la isla en las últimas dos semanas se ha producido un aumento importante de la IA7d, que aumenta un 93% entre el 9 y el 15 de noviembre encontrándose a menos de 6 puntos del riesgo alto.

Dicho aumento es incluso más marcado en la población de 65 y más años, que aumenta un 150% la IA7d en esa franja de edad en las últimas dos semanas.

Además, en lo que respecta a la ocupación asistencial, no se aprecia aún el impacto del aumento de la incidencia en los indicadores de presión asistencial, pero es esperable que este se manifieste a partir de la próxima semana, dado que los casos graves tardan de media unos 14 días desde el inicio de los síntomas hasta su ingreso hospitalario. Puesto que la isla se encuentra en una situación de riesgo de transmisión elevado, por empeoramiento brusco de la situación epidemiológica, se propone el ascenso a nivel de alerta 2.

LOS CONTAGIOS SUBEN UN 23,4% EN CANARIAS

Por su parte, en el conjunto del territorio de Canarias, entre el 9 y el 15 de noviembre se notificaron 1.125 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 23,4% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 912 casos.

El promedio de la tasa de IA a 7 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 60,6%, de manera que, de un promedio diario de 31,2 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 50,1 casos en esta última semana.

EL MAYOR ASCENSO SE OBSERVA EN LANZAROTE

El mayor ascenso se observa en la isla de Lanzarote y todas las islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que está en nivel de riesgo alto y La Palma que se mantiene en nivel bajo.

Con todo, el promedio diario de tasa de IA a 14 días ha aumentado en mayor o menor proporción en todas las islas, por lo que el conjunto de la Comunidad Autónoma se mantiene en riesgo medio, salvo Fuerteventura que se encuentra en riesgo alto, y El Hierro y La Palma que están en nivel bajo y muy bajo, respectivamente.

INDICADORES ASISTENCIALES

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 19,3% respecto a la semana anterior, siendo en promedio 105 las camas ocupadas, si bien el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo en todas las islas, excepto en Lanzarote y La Gomera, que están en riesgo muy bajo.

Mientras, el número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que inició la semana pasada, con un total de 28 ocupadas la última semana, aunque la mayoría de las islas se encuentran en riesgo muy bajo, excepto Tenerife y Gran Canaria que se encuentran en riesgo bajo.

El 50% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas no había recibido la pauta de vacunación completa y el 52,8% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 70,2% no tenía otras patologías conocidas.

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 2,7 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.

SITUACIÓN EN GRAN CANARIA Y TENERIFE

El informe también indica que Gran Canaria y Tenerife continúan en nivel de alerta 1, si bien en las últimas dos semanas se observa un incremento en el promedio de casos y también se observa una tendencia ascendente en la incidencia acumulada a siete días, aunque en ambas islas este indicador se mantiene en nivel de riesgo medio.

Además, la ocupación continua su tendencia ascendente en la última semana en ambas islas. Por ello, los datos indican que pueden continuar en nivel de alerta 1, pero apuntan a un aumento de nivel en la próxima evaluación si se mantiene la tendencia al alza de los indicadores.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas cumple este viernes dos años con los recursos pendientes en el Tribunal Supremo. Se trata de una resolución que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La mencionada sentencia, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

LOS EXDIRECTORES GENERALES

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

De igual modo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

SÓLO DOS PLENAMENTE ABSUELTOS

También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que solo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Dos años después de la notificación de aquella sentencia, la misma está pendiente de los recursos de casación interpuestos contra ella ante el Tribunal Supremo, siendo Gaspar Zarrías el primero de los acusados en formalizar su recurso.

Mientras la citada sentencia parte de la idea de que los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron, el recurso de casación de Griñán, sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento", agregando que los hechos considerados como probados "no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L, haciendo un 'uso inadecuado' de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos".

A tal efecto, la defensa de Griñán sostiene que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".

"PREJUICIOS Y ELUCUBRACIONES"

La defensa de Chaves, de su lado, esgrimía en su recurso de casación que el aludido, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", avisando de que "lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo".

El pasado mes de octubre, recordémoslo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitía una diligencia ordenando trasladar "al magistrado ponente para su estudio" las actuaciones por los citados recursos de casación, si bien después dicha diligencia de ordenación fue dejada sin efecto a cuenta de un error informático.

El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso del secretario general de Cultura, Víctor Francos, para explicar los motivos de la dimisión de la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, anunciada este pasado martes 16 de noviembre.

Además, en la misma petición, los 'populares' también piden información sobre el "criterio" del Ministerio de Cultura y Deporte respecto a la salida de bienes culturales de los museos estatales, en particular del Museo Arqueológico Nacional.

A esto se añade el registro de una pregunta parlamentaria al Gobierno para obtener respuesta por escrito respecto a las razones de la dimisión de Jiménez-Blanco. Asimismo, el Grupo Popular pretende conocer la postura del departamento de Miquel Iceta ante la petición del traslado de la Dama de Elche del Museo Arqueológico a su lugar de origen.

"¿Tiene el Ministerio algún informe que contradiga al ya emitido por el Gobierno en enero de 2018, donde se desaconsejaba cualquier tipo de traslado, incluso de manera puntual, de este Bien del Patrimonio Histórico Español? ¿En caso afirmativo, qué responsable técnico ha firmado dicho informe?", ha cuestionado.

"La idea es que la cultura tiene que ser un elemento de cohesión territorial y no de ruptura. Lo único que esperamos es que esto no sirva para fomentar una pelea esteril", ha señalado en declaraciones la diputada popular Sol Cruz Guzmán.

Precisamente, este mismo jueves artistas, galeristas y gestores culturales agrupados en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo han lamentado "profundamente" la dimisión de María Dolores Jiménez-Blanco como directora general de Bellas Artes.

Esta asociación ha asegurado que la marcha de Jiménez-Blanco tras solo un año al frente de este departamento "supone una pérdida indudable". "Su gran experiencia, cualificación y conocimiento de las artes plásticas, así como la capacidad de diálogo y contacto permanente con el sector, se han reflejado en el importante trabajo realizado", han explicado.

Jiménez-Blanco dimitió de su cargo el pasado martes 16 de noviembre, según confirmaron fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte. Estas mismas fuentes explicaron que Jiménez-Blanco ha manifestado su deseo de volver a la universidad, si bien se apunta también a unas posibles discrepancias sobre el traslado de piezas como la Dama de Elche del Museo Arqueológico Nacional a sus comunidades de origen como motivo de la dimisión.

Cantabria ha cerrado en las últimas horas siete nuevas aulas de Infantil y Primaria, seis por casos de coronavirus entre el alumnado y una por positivo de un docente, lo que eleva el total a 27.

El cierre de estas siete nuevas aulas se compensa en parte con el fin de las cuarentenas en los centros Pablo Picasso, en Laredo; Castroverde y José Arce Bodega, en Santander; Arturo Duo, en Castro Urdiales, y Ramón y Cajal, en Astillero.

De esta forma, la incidencia en este nivel educativo aumenta y se sitúa en el entorno del 1% por ciento, al estar cerradas 27 aulas de las 2.271 existentes en la región, según datos de la Consejería de Educación y Formación Profesional facilitados este jueves.

Las nuevas clases confinadas pertenecen a los colegios Nueva Montaña, de Santander; Riomar, de Castro Urdiales; El Haya, en Castañeda; Gerardo Diego, en Santa María de Cayón; el Benedicto Ruiz, de Bareyo; el Malacoria,, de Mazcuerras, y el San Pedro Apostol de Arnuero.

Estas se unen a las aulas ya cerradas anteriormente en los colegios Cabo Mayor, San Martín y Jardín de África (dos), en Santander; Menéndez Pelayo (dos), Arturo Duo (tres), San Martín de Campijo (dos), en Castro Urdiales; José Ramón Sánchez (tres), de Astillero; Gloria Fuertes (dos), de Camargo; Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús (dos), de Medio Cudeyo; Pérez Galdós, de Polanco, y Río Pisueña, de Villacarriedo.

Además, un grupo de siete alumnos del colegio Pintor Martín Saez (Laredo) está en cuarentena preventiva por contacto estrecho con caso positivo de docente.

En cuanto al nivel de ESO, Secundaria y Formación Profesional, continúa la cuarentena de un alumno del centro Menéndez Pelayo de Castro Urdiales, dos del instituto Peñacastillo de Santander y cinco del CIFP La Granja de Medio Cudeyo.

Los datos del Covid en el ámbito educativo pueden consultarse en la web educantabria.es.

El presidente en funciones del Tribunal Constitucional (TC), Santiago Martínez-Vares, ha convocado un Pleno gubernativo para este viernes con el propósito de elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la corte de garantías, siendo Pedro González-Trevijano el favorito para asumir el primer cargo, tras la renovación parcial del órgano.

En el Pleno, que comenzará a las 17.00 horas, se celebrará una votación secreta para elegir a los sustitutos de Juan José González Rivas y Encarnación Roca como presidente y vicepresidenta, según ha informado el TC. Las fuentes consultadas apuntan a que el nuevo presidente será González-Trevijano.

La norma interna no escrita, pero que se ha cumplido a rajatabla durante los últimos 40 años, dicta que la presidencia, la vicepresidencia y las presidencias de las secciones Tercera y Cuarta deben recaer sobre los magistrados más veteranos del tribunal.

Y estos cuatro son, en concreto, González-Trevijano y Antonio Narváez (elegidos por el Ejecutivo) y Juan Antonio Xiol Ríos y Martínez-Vares (escogidos ambos por el CGPJ).

Las fuentes indican que si González-Trevijano, considerado conservador, se alza con la presidencia, entonces la vicepresidencia irá a parar a las manos de Juan Antonio Xiol --progresista--, por lo que las dos secciones serían para Narváez y Martínez-Vares.

De cumplirse este vaticinio, la presidencia de González-Trevijano se extendería como poco hasta que caduque su tiempo como magistrado del Constitucional, esto es, junio de 2022. Así, el periodo que ejercerían como tal debería ser relativamente corto después de permanecer en el tribunal los nueve años correspondientes.

CUATRO MAGISTRADOS NUEVOS

Las necesidad de esta elección se debe al acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, y avalado por las Cortes Generales y el propio TC, para renovar la corte de garantías dos años después de que caducara el mandato un tercio de sus miembros (cuatro).

Los nuevos magistrados --Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel-- han tomado posesión este jueves en un acto solemne donde también se ha producido el cese de los magistrados salientes: González Rivas, Roca y Andrés Ollero.

En su discurso de despedida, González Rivas ha señalado que la labor de los magistrados del TC debe ser "honesta, constante y discreta", por lo que nunca reclama "crispación", añadiendo que deben "dar ejemplo" y garantizar los principios constitucionales.

Fundación ONCE ha reconocido este jueves a una veintena de entidades su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en una jornada celebrada en Madrid y vía online bajo el lema 'Lazos de futuro'.

El objetivo del encuentro ha sido mostrar públicamente el agradecimiento de las fundaciones del Grupo Social ONCE a los particulares, empresas e instituciones que colaboran con ellas a través de programas, proyectos e iniciativas que ayudan a avanzar en la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

En esta ocasión, la Jornada de Donantes ha contado con la participación de Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol del combinado español, quien ha sido siempre "muy sensible y se ha mostrado muy cercano a las personas con discapacidad", tal y como ha señalado al presentarlo el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

Como en su edición anterior, el encuentro ha contado también con la presencia de las cuatro fundaciones del Grupo Social ONCE: Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad; la Fundación ONCE del Perro Guía, la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera. Además, asistieron también al evento representantes de ILUNION y de ONCE.

En la jornada se ha reconocido la colaboración de Fundación Mapfre, CITI, INDRA, Metro Ligero Oeste, BBVA, Fundación Vodafone, Capgemini, Acciona, Banco Santander, Grupo Pascual, BPB Patrimonial S.L, Samsung, Legálitas, Fundación Mutualidad de la Abogacía, Fundación Talgo, Deutsche Bank, IKEA, Ketambe, Forestalia Renovables SL, Amazon, Microsoft, Alstom, Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), Westinghouse y Hertz.

Para dejar patente este reconocimiento, han participado en el encuentro el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el director general adjunto de Servicios Sociales para afiliados de la ONCE y presidente de los Patronatos de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera y de la Fundación ONCE del Perro Guía, Andrés Ramos, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

En su intervención, Alberto Durán ha agradecido el trabajo de donantes y voluntarios que colaboran con el Grupo Social ONCE, donde, dijo, la solidaridad no está solo en las fundaciones, aunque sí son grupos que hacen una labor muy importante para mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Pero esta labor, ha proseguido el vicepresidente de Fundación ONCE, la hacen con la ayuda y el apoyo de la sociedad, a la que el evento de este jueves trata de homenajear. "Con esta jornada queremos poner en valor toda la solidaridad que recibimos y trasladar por ello un mensaje de enorme agradecimiento a todas las personas y empresas que han donado su tiempo y su ayuda para que muchas otras tengan una vida mejor", afirmó.

"La sociedad confía en nosotros y ese es nuestro principal activo, porque a día de hoy tenemos un horizonte razonablemente positivo para nuestros proyectos. Tenemos la actitud de ser hoy más capaces de poder dar a miles de personas todos los días un motivo para salir de casa, formándose, trabajando o compartiendo una cerveza con los amigos", ha añadido.

En la misma línea, Andrés Ramos, que habló en representación de las fundaciones del Grupo Social ONCE, agradeció el apoyo de las empresas y particulares que, pese a sus propios problemas, no dejan nunca de lado al Grupo Social ONCE y a las personas con discapacidad. "Hoy es un día de dar las gracias a las empresas que creen en nosotros" y que permiten que tantas personas con discapacidad mejoren sus vidas, pese a sus propias dificultades", ha apostillado.

En la jornada, los asistentes también han escuchado en primera persona historias de solidaridad de la mano de empresas y entidades como Fundación Mapfre, CITI, INDRA y Metro Ligero Oeste, acompañados de beneficiarios de programas o proyectos puestos en marcha gracias a sus donaciones.

El Gobierno gallego evaluará la posibilidad de adoptar nuevas medidas frente a una escalada de casos de covid-19 que, según ha reconocido este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preocupa de forma "explícita" al Ejecutivo y a los expertos, que anticipan una sexta ola de la pandemia. Sobre la mesa está volver a pedir el certificado covid "en toda la hostelería" y eventos "masivos" en interiores, e implementar más cribados y recuperar los masivos.

Pendientes de la reunión con el sector hostelero prevista para la próxima semana, Feijóo ha defendido que volver a pedir al certificado covid es "la mejor solución". La ampliación del uso de este documento requerirá la autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que aún tiene que validar la exigencia del certificado en las visitas hospitalarias que decidió activar la Xunta la pasada semana.

En su intervención, el presidente ha defendido que "la foto fija" en la Comunidad "no es mala" desde el punto de vista comparativo con otras comunidades, el conjunto de España e incluso otros países. "Es tranquila", ha dicho, pero menos "tranquila" considera la evolución de la incidencia, que ha reconocido como "preocupante".

"Los expertos apuntan a un aumento de casos que nos sitúan en una nueva ola del virus. (...) El modelo predictivo nos señala que la próxima semana se podrían superar los 400 casos cada día", ha aseverado el presidente gallego, quien ha revelado en su intervención que han aparecido cinco nuevos casos de la variante delta plus, que en poco tiempo "circulará con normalidad" en Galicia.

MEDIDAS A ESTUDIO

En esta coyuntura, ha abogado por estar preparados y ha avanzado las medidas que su Gobierno tiene sobre la mesa, empezando por "aumentar los cribados" y, cuando haya una elevada incidencia en un ayuntamiento, por ejemplo, recuperar los masivos con test de antígenos.

Todo ello complementado con las pruebas de saliva en las farmacias mientras se continúa secuenciando el virus con el avance previsto, precisamente de la variante 'delta plus'.

Y además de recordar que el certificado covid se exige ahora en el ocio nocturno, albergues y está pedida autorización al TSXG para las visitas hospitalarias, se abordará con el sector la conveniencia de volver a exigir el certificado covid "a toda la hostelería", así como en los eventos con numerosos asistentes que se realicen en lugares cerrados.

"RESPALDO LEGAL" PARA EL CERTIFICADO COVID Y HOMOGENEIDAD EN ESPAÑA

En su intervención, Feijóo ha defendido que el certificado covid es una herramienta "clave" para la vuelta a la normalidad", por lo que ha insistido en su demanda de que el Gobierno central debería dotar, a nivel estatal, de un "respaldo legal" a este documento, de forma que no haya que acudir a los altos tribunales autonómicos cada vez que sea preciso incrementar su uso, ya avalado por el Tribunal Supremo.

"O toda Europa está equivocada o lo está España", ha dicho Feijóo, quien ha lamentado que se "fíe todo" a la vacunación en el plano estatal y que "todo" lo que ha legislado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el marco de la pandemia se limite al uso de mascarillas en interiores.

"Yo acabo de estar en Bruselas 24 horas y no podía entrar en ningún sitio sin certificado covid", ha ejemplificado el presidente gallego, antes de remarcar que, si bien en España el índice de vacunación es mayor que en otros países, "es evidente que los vacunados también se contagian".

Feijóo también ha admitido que desearía que hubiese "cierta homogeneidad" en la aplicación del certificado covid en las distintas autonomías, con unos parámetros parecidos. Pero ha pedido al Ejecutivo central que, si no está dispuesto a hacerlo así, proporcione al menos a las comunidades una herramienta legal que les facilite su exigencia cuando lo requiera la evolución epidemiológica.

FONDO COVID

Finalmente, en relación a la enmienda que JxCat han logrado introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para activar un fondo covid para las autonomías, Feijóo ha advertido que las enmiendas "hay que respetarlas".

Asimismo, si bien ha abogado por la "proporcionalidad" del fondo, ha recordado que Galicia "siempre ha defendido la posibilidad de que exista", por lo que ha manifestado que espera que siga su trámite hasta la ratificación definitiva.

Finalmente, en su reunión de este jueves el Ejecutivo autonómico ha analizado un informe por el queda informado de la contratación por trámite de emergencia para la adquisición urgente de nuevo material covid en el área sanitaria de Vigo durante los meses de junio a septiembre de 2021, por un importe que supera los 3 millones.

La Unión de Pequeños y Medianos Agricultores y Ganaderos (UPA-UGT) insta a las autoridades pertinentes a agilizar las ayudas económicas destinadas al sector primario de La Palma, gravemente afectado por la erupción volcánica.

Este es el mensaje que ha transmitido Lorenzo Ramos, secretario general de UPA-UGT, a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, con la cual se ha reunido en la mañana de este jueves.

"Con este encuentro hemos querido trasladar a la consejera la necesidad de que las ayudas lleguen ya los trabajadores afectados porque son principalmente explotaciones familiares cuya economía doméstica dependía exclusivamente del sector. No se puede esperar a que la gente esté ahogada para empezar a ingresar el dinero y en este sentido la consejera nos garantiza que este mes se iniciarán algunos ingresos", destacó.

Esta reunión se celebró tras la visita realizada por los miembros de la UPA a La Palma, donde se han reunido con diferentes representantes agrícolas, ganadero y del sector pesquero.

La crisis vulcanológica que vive La Palma desde el pasado 19 de septiembre ha generado cuantiosas pérdidas económicas para el sector primario, superando las 300 hectáreas arrasadas de cultivo además de afectar directamente a instalaciones agrícolas, ganaderas e impidiendo a los pescadores de la zona afectada faenar con normalidad.

Además, la UPA también trasladó a la consejera la necesidad de que se priorice la producción de alimentos y se proteja, durante el tiempo que dure la erupción y, lo que es incluso más importante, una vez que el volcán cese su actividad.

Por su parte, Manuel Navarro, secretario general de la UGT Canarias, ha recordado que desde el inicio de la crisis la central sindical ha estado en contacto con dichos colectivos ofreciendo asesoramiento y resolviendo las dudas surgidas ante la aplicación de los ERTE por crisis vulcanológica.

"Esta ayuda especial se aprobó por el Gobierno del Estado a instancias de la UGT Canarias ya que se trata de una situación excepcional que requiere de una medida que esté la altura. No se puede permitir que esto genere una destrucción de empleo que sea irrecuperable", comentó.

Además, dijo que es necesaria "la puesta en marcha de un plan de reactivación que tenga la formación como base con la finalidad de dar respuesta a las nuevas demandas laborales que vayan aparejadas a la reconstrucción de la isla".

El PP Andaluz arranca este viernes en el Palacio de Congresos de Granada su 16 Congreso Autonómico, en el que Juanma Moreno será reelegido como presidente del partido. Se trata del primer congreso que celebran los populares andaluces gobernando en Andalucía y se desarrollará unos días antes de que se produzca en el Parlamento autonómico el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2022, que en este momento no está garantizado que lo supere.

El 16 Congreso Regional se desarrollará hasta el domingo, con la presencia de 1.452 compromisarios. Moreno, que acude a él siendo también presidente de la Junta de Andalucía, será reelegido como presidente del PP Andaluz, cargo al que llegó por primera vez en marzo de 2014 en el 14 Congreso celebrado en Sevilla y volvió a ser reelegido en el 15 Congreso celebrado en marzo 2017 en Málaga. Tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, logró un hito político como fue alcanzar la Presidencia de la Junta de Andalucía --contando con el apoyo de Ciudadanos (Cs) y Vox para su investidura--, y acabando con casi cuatro décadas de gobiernos del PSOE-A.

Moreno no gobierna en Andalucía en solitario, sino que el PP-A mantiene un pacto en el Ejecutivo con Ciudadanos (Cs), y tampoco ambos partidos tienen mayoría absoluta en el Parlamento, sino que han requerido en esta legislatura del apoyo externo de Vox para sacar adelante tres presupuestos de la comunidad y otras normas.

El PP-A afrontará este congreso con un escenario político andaluz que plantea varias incógnitas, como si se aprobarán los Presupuestos de la comunidad para 2022 --al que los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox han planteado sus respectivas enmiendas a la totalidad-- y si finalmente se adelantarán o no al primer semestre del próximo año las elecciones autonómicas, que tocarían en diciembre. Moreno ha insistido en su intención de agotar la legislatura, aunque ha expresado también que si desde la oposición se bloqueara la acción del gobierno en los próximos meses en el Parlamento, podría verse obligado a convocar comicios.

PROGRAMA DEL CONGRESO

En cuanto al desarrollo del 16 Congreso Regional, Juanma Moreno estará arropado no sólo por sus compañeros andaluces, sino también por compañeros de otros puntos de España, ya que en la primera jornada de este viernes estará acompañado por los presidentes de comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que el domingo, en la clausura, lo estará por el presidente nacional, Pablo Casado.

El Congreso arrancará este viernes a las 16,00 horas con la elección de la mesa del mismo, que estará presidida por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y diputada autonómica por Granada, Marifrán Carazo. A las 18,00 horas se desarrollará el acto más importante de la jornada, que será la mesa de presidentes autonómicos en la que, junto a Moreno, que hará de moderador, participarán los presidentes de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Murcia, Fernando López Miras, y de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

Sin duda, Díaz Ayuso será una de las personas que más atraiga los focos de los medios de comunicación por el asunto de la presidencia del partido en su comunidad y sus diferencias con la dirección nacional. Se da la circunstancia de que en el Congreso del PP andaluz no coincidirá ni con Pablo Casado ni con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El presidente nacional estará el domingo en la clausura, mientras que su número dos tiene una intervención programada el sábado 20 a las 12,05 horas.

En esta jornada también está prevista la asistencia de invitados que no pertenecen al Partido Popular, como es el caso del coordinador de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien estos días ha dicho que asistiría al cónclave popular. No está prevista ninguna intervención de Marín ante el congreso y se prevé su llegada antes de la mesa de los presidentes autonómicos, según fuentes del partido.

La jornada de este viernes también incluye el debate sobre la ponencia 'Reglamento de Organización", que coordina el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín. Como novedad, esta ponencia prevé la creación de las figuras de vicepresidente y de coordinador general en el nuevo Comité Ejecutivo del partido, pero será potestad de Moreno decidir si decide hacer o no nombramientos para esos dos nuevos puestos. Fuentes populares han indicado que, con toda probabilidad, la vicepresidencia no será ocupada.

Tras la presentación de esta ponencia, se desarrollará una Mesa emprendedores, crecimiento económico y empleo, que contará con las intervenciones de Javier González de Lara, presidente de CEA y vicepresidente de CEOE; de Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, y de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE.

Luego se desarrollará la mencionada mesa de presidentes autonómicos y a su conclusión, la presentación de la ponencia 'Andalucía Verde'.

INTERVENCIÓN DE MORENO

En cuanto a la jornada del sábado, será el día en que se produzca la intervención, a las 18,50 horas, de Juanma Moreno como candidato a la reelección como presidente del partido, en la que presentará su propuesta de Comité Ejecutivo, que será sometida a votación, sobre las 19,30 horas, con proclamación de resultado a las 20,45 horas.

Previamente a ello, se desarrollará una jornada de sábado muy intensa con diversos actos, que arrancará a las 10,00 horas con una mesa de los ocho presidentes provinciales del partido. A las 10,30 horas, se emitirá ante el congreso un vídeo sobre la gestión que ha hecho el Gobierno andaluz de la pandemia del coronavirus y se contará con la intervención de la gerente del Hospital de Antequera y de Área Sanitara Norte de Málaga-Antequera, Belén Jiménez, a quien Moreno entregará un reconocimiento en nombre del partido.

A las 11,00 horas, se presentará el informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente, a cargo de la secretaria general, Loles López. Fuentes del partido trasladan que todo apunta a que López se mantendrá en el cargo en la nueva Ejecutiva.

Tras su intervención, se producirá el debate de la Ponencia 'Andalucía de todos', coordinada por el consejero de Salud y Familias en la Junta, Jesús Aguirre. A su término, será el turno de la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En torno a las 13,05 horas, habrá una intervención del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, sobre 'El cambio funciona'.

Tras ello, se producirá el debate de la ponencia 'Andalucía futura', coordinada por los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. A las 17,00 horas habrá un 'Acto joven', en el que intervendrán Moreno y Enrique Rodríguez, presidente de Nuevas Generaciones. A las 18,00 horas, se desarrollará una mesa sobre el 'Talento andaluz'.

Antes de la intervención de Moreno para presentar su candidatura, se producirá un homenaje a presidentes del PP andaluz. La jornada del domingo será la de la clausura, con las intervenciones, a las 12,00 horas, de Moreno y Pablo Casado.

No obstante, previamente está programa actividad, con la reunión, a las 9,30 horas, del nuevo Comité Ejecutivo Autonómico. A las 10,25 horas, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, presentará el informe de gestión del Grupo parlamentario.

La portavoz de Igualdad del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tras la detención de cuatro personas por un presunto maltrato y vejaciones a un joven tutelado en una residencia concertada de la localidad alicantina de El Campello dedicada a la atención a jóvenes con trastorno del espectro autista.

"No hay semana que pase sin que la Comunitat Valenciana tenga un foco apuntando por la mala gestión con menores. Oltra se equivoca día tras día y debe dar la cara", reclama la diputada 'popular' en un comunicado.

En esta línea, el PP solicitará los informes de la inspección sobre el centro desde el 2018 y exigirá saber si la Conselleria tenía constancia de irregularidades o deficiencias en el centro, que "está bajo la tutela de Oltra desde 2018".

"Las informaciones que nos llegan en este caso apuntan a que la inspección de la Conselleria ya había realizado informes advirtiendo de la situación antes de verano, pero estas detenciones, por un hecho que provoca náuseas, se han producido por la denuncia de una familia", afirma Bastidas, para preguntarse "qué ha hecho Oltra desde la elaboración de esos informes, si se ha cruzado de brazos o ha hecho algo al respecto". Y añade que "de nada sirve que se excuse siempre en que tiene inspectores si luego suceden estas cosas".

Son hechos "gravísimos" ante los que PP "no descarta pedir responsabilidades políticas", advierte, e insiste: "Falla el sistema porque falla Oltra y a estas alturas es algo más que evidente, con la investigación de la UE sobre los casos de abusos a menores en la Comunitat y los datos publicados por Save The Children que recogen 766 denuncias por delitos contra la libertad sexual en 2020 que tenían como víctima a un niño o una niña".

Por todo ello, la representante del PP vuelve a exigir la dimisión de Oltra, también portavoz del Consell y líder de Compromís: "El vaso de la paciencia ya ha rebosado y la vicepresidenta debería dejar sus responsabilidades y marcharse a casa".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, participará este viernes, a partir de las 12.00 horas, en el VIII Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja Ciudad Real, que se celebra en la finca Huerta Criptana, en el municipio ciudadrealeño de Campo de Criptana.

Casado estará acompañado por el presidente de Asaja, Pedro Barato, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha informado el PP en un comunicado.

Está previsto que el encuentro reúna a los agricultores y ganaderos menores de 40 años de la provincia, en la finca Huerta Criptana, a partir de las 10.00 horas.

El objetivo que se marca la organización agraria con este evento es formar e informar a los profesionales del sector más jóvenes, aquellos que deberán enfrentarse a un nuevo orden agropecuario, con una estructura muy diferente con la que han trabajado sus padres y abuelos, según ha informado la organización en nota de prensa.

En una única jornada, los técnicos de la organización agraria instruirán a los jóvenes agricultores y ganaderos sobre las obligaciones que tienen durante los primeros años de la incorporación a la empresa agraria, sobre los trámites finales del proceso y sobre todas las ayudas a las que pueden aspirar como jóvenes agricultores para avanzar en su proyecto agropecuario.

Además, se presentará la experiencia de un joven incorporado de la provincia y se resolverán dudas e inquietudes de los jóvenes, que podrán exponer también sus principales reivindicaciones. De otro lado, y de la mano de expertos de CaixaBank, se tratará de dar luz a sus principales problemas, como el acceso a la financiación. Habrá una exposición de maquinaria agrícola y la jornada terminará con una visita guiada por instalaciones agropecuarias de la localidad.

Junto a los jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia, estará el presidente de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de Asaja Ciudad Real, Florencio Rodríguez, otros miembros de la organización provincial, representantes del Ministerio, de la Junta de Comunidades y de otras administraciones.

Este evento para el relevo generacional del campo cuenta con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Campo de Criptana, Asaja Joven, Cooperativa Símbolo, Cooperativa Vinícola del Carmen, Bodegas Huertas, Bodegas Vidal del Saz, Bodegas Castiblanque, Cooperativa Agrícola Santísimo Cristo de Villajos, Grupo Avilés y Centro Tractor de Massey Ferguson, Fendt y Valtra.