Ciudadanos ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) solicitándole que aplique la denominada «inelegibilidad sobrevenida» al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, despojándole de su escaño, y que ordene a la Mesa del Congreso la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó.

Así lo ha anunciado en declaraciones en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien defiende que, dado que la «pena accesoria» impuesta a Rodríguez es «la pérdida del sufragio pasivo», la JEC debe aplicar el artículo de la Ley Electoral que contempla la inelegibilidad sobrevenida a los condenados a pena de cárcel. A su juicio, también debe ordenar a la Mesa del Congreso «la ejecución de la sentencia del Supremo» y que se prive de su acta al condenado.

«Contra la decisión que tome la JEC cabe luego la vía contencioso administrativa, pero como veo con agrado que el Supremo ya ha tomado cartas en el asunto, imagino que la propia sala también tendrá su pronunciamiento y tomará su decisión», ha agregado.

Bal ha señalado que es «llamativo» que la Mesa del Congreso no comunicara el mismo martes al Supremo su decisión de no actuar contra Rodríguez «forzando» así al Alto Tribunal a tener que pedir explicaciones al órgano de gobierno de la Cámara.

RENUNCIE Y DIMITA

«El Tribunal Supremo se ha enterado por los medios de comunicación y le dice a la Mesa: ‘Quien decide sobre la ejecución de la sentencia soy yo, no usted’ y, por tanto, cuénteme cómo la ha ejecutado», ha resumido Bal.

En cualquier caso, Bal ha animado a Rodríguez a «renunciar a dar esta batalla» y a dejar su escaño. «Luego que recurra y se le reconozcan todas los derechos, pero que abandone esta lucha porque es indigno que un diputado estar sentado en un escaño después de haber probado que ha pegado a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sobre todo cuando su partido forma parte del Gobierno de España.

La editorial Alfaguara ha publicado con motivo del centenario de José Saramago su novela ‘La viuda’, una obra inédita en español, traducida por Antonio Saéz, que cuenta con la portada del diseñador Manuel Estrada. «Pensamos que lo conveniente era publicarlo en 2021 y a través de este libro presentar todo el proyecto del centenario», ha señalado la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

Además, la editorial ha anunciado la reedición de las obras de Saramago en 2022 que se lanzarán en tres etapas: enero, marzo y junio. La primera etapa estará disponible a partir del 27 de enero, y la componen los títulos: ‘El evangelio según Jesucristo’, ‘Ensayo sobre la ceguera’, ‘Ensayo sobre la lucidez’, ‘El hombre duplicado’, Las intermitencias de la muerte’, ‘Memorial de convento’, ‘Poesía completa’ y ‘Todos los nombres’.

La segunda entrega contará con ‘Caín’, ‘El viaje del elefante’, ‘Casi un objeto’, ‘El año de la muerte de Ricardo Reis’, ‘Levantando el suelo’, ‘Manual de pintura y caligrafía’, ‘Historia del cerco de Lisboa’ y ‘La bolsa de piedra’ Levantando el suelo’, publicados el 17 de Marzo. Asimismo, en abril publicarán la fotobiografía de José Saramago, inspirada en un proyecto anterior de Alfaguara, con la ayuda de la Fundación José Saramago.

Finalmente, el 16 de junio estarán disponibles ‘Cuadernos de Lanzarote I’, ‘Cuadernos de Lanzarote II’ y ‘Las pequeñas memorias’. En la presentación de ‘La viuda’, que ha tenido lugar este miércoles 20 de octubre, ha participado la presidenta de la Fundación José Saramago y viuda del Premio Nobel, Pilar del Río.

«Cuando me mandaron la portada, fue muy emocionante, porque era una acto de justicia y de memoria histórica», ha explicado Del Río. En este sentido, ha relatado que en 1947, cuando se publicó por primera vez ‘La viuda’ –que a su vez es la primera novela de Saramago–, el editor de Saramago decidió cambiarle el título original a ‘Tierra de Pecado’.

«Ese libro que tanta emoción le provocó a Jose Saramago, que dejó que le cambiarán el título, que no firmó contrato, que no recibió ni un escudo de la época, pero que él era feliz porque tenía su libro publicado, de repente aparecía con el título original», ha desvelado Del Río. .

Además, ha destacado la labor del comisario del centenario, Carlos Reis, al recuperar ‘La viuda’. «El libro no pasó al olvido porque Carlos Reis discutió con José Saramago», ha destacado.

MÁS SARAMAGO

Por su parte, Carlos Reis, desde la Fundación Saramago, ha señalado algunas de las actividades preparadas para la celebración del centenario. El programa se divide en lecturas, publicaciones, exposiciones y representaciones artísticas.

Dentro de las lecturas, Reis ha destacado las ‘Conferencias del Nobel: emergencias saramaguianas’, comisariada por Alberto Manguel, ‘Legados Saramaguianos’ con escritores de la generación del Premio José Saramago’, y ‘ Genealogía Literaria Saramaguiana’: conferencias sobre el «árbol genealógicos» literario de Saramago.

Finalmente, ha agradecido la participación de entidades públicas y privadas en el proyecto: UNESCO, El Instituto Cervantes, la Universidad de Sevilla y el Gobierno de Canarias, entre otros, y el mecenazgo de Fundación La Caixa/BPI.

El ponente de la Constitución Miquel Roca ha reiterado este miércoles su condena a la violencia y al terrorismo: «No lo hemos dudado nunca, y no comprendo que haya alguien a quien le cueste hacer este mismo reconocimiento en 2021».

Ha asegurado que le parece «ofensivo y muy negativo distinguir entre víctimas civiles, militares o de orden público», porque todas son víctimas, ha dicho en un coloquio con el expresidente del Gobierno Felipe González en el ciclo ‘Agendas cruzadas Madrid-Barcelona’ en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Al ser preguntados por el décimo aniversario del anuncio de fin de la violencia de ETA, González ha resaltado que él recuerda especialmente el atentado en Hipercor de Barcelona: «Nunca olvidaré la impresión que me produjo, no la pude contener», estando de viaje oficial en Brasil.

Lo han dicho después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se dirigiera el lunes a las víctimas de ETA para decirles que su sufrimiento nunca debió haberse producido, en una declaración en la que González cree que Otegi no pidió perdón, como ha dicho en declaraciones previas al coloquio.

¿REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

Preguntados sobre la posibilidad de reformar la Constitución, Roca ha recordado que la Carta Magna prevé su propia reforma, pero cree que muchos reclaman cambiarla pero sin especificar para qué: «¿Se puede modificar? Evidentemente que sí. Pero que se sepa sobre qué», y ha pedido que se aborde este debate desde el consenso.

«Lo que voy a negar de aquí hasta el último día es que cambiar la Constitución nos hará más felices. Eso, no. Que no vengan con tonterías», porque se puede reformar pero con objetivos concretos y no por la propia reforma en sí, según Roca.

Sobre su opinión sobre quienes utilizan la expresión de ‘Régimen del 78’ de forma despectiva, Roca ha achacado esta crítica a la ignorancia, y ha recordado que la Constitución recibió el apoyo del 91% en Catalunya en el referéndum constitucional: «De momento, lo que algunos nos proponen, está por ver».

«Hubo un momento en que la crítica a la Constitución me irritaba. Ahora me aburre. Es de una pobreza intelectual tan fuerte que no se la merece la sociedad», ha añadido Roca, que ha subrayado que la democracia es pacto y que no se puede reconocer el pluralismo y negarse a pactar –sería un pluralismo a bofetadas, ha dicho–.

Ha avisado de que no tolera que se diga que el acuerdo para la Constitución fue un «acto de cobardía», porque el pacto es la máxima expresión del coraje, según Roca, que ha dicho que su familia bromea considerando a la Carta Marga como su quinto hijo, por referirse a él como padre de la Constitución.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha recurrido este miércoles la decisión de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García de inadmitir el aval presentado para cubrir su parte de la fianza de 5,4 millones de euros que le fue impuesta por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat.

En el escrito de 14 páginas, la defensa de Puigdemont recuerda que García indica que el aval garantizado con fondos públicos no puede quedar legalmente amparado, y lamenta que llega a esa conclusión «de forma muy sui generis» por lo que denomina «la coherencia del sistema de indemnidad del agente público».

La instructora señalaba que no admitía que fuera la Generalitat –a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)– quien presentara avales, y tomaba esa decisión sin informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval.

Puigdemont señala que la decisión se basa en la interpretación de las normas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil y con lo dispuesto en el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. Y subraya que esos avales «son legales».

La defensa acusa a la instructora de hacer mención a la norma «de forma sesgada, interesada y arbitraria» porque del contenido del Decreto-ley «se desprende la conclusión contraria a la adoptada por la delegada instructora, decisión que es manifiestamente arbitraria y, como se verá, contraria a derecho».

Añade que la instructora obvia que el articulado del decreto recoge que el objeto es proteger a las personas que en el ejercicio de su cargo puedan ver afectado su patrimonio «por resoluciones o actos administrativos o judiciales en procedimientos administrativos o judiciales que no hayan concluido con resolución firme». Y suma a esto que el artículo 3 del mismo resalta que entre los riesgos incluidos está «la responsabilidad contable, mientras no recaiga sentencia firme».

Lamenta que el Tribunal de Cuentas interprete que se trata de un artículo con un contenido genérico que no describe supuestos en los que concurra dolo o culpa grave y que, por tanto, no quedan cubiertos.

Al hilo, y replicando a los argumentos de García, indica que en el punto tercero de la Exposición de Motivos de la referida norma, «se expresa con meridiana claridad la necesidad de proteger y garantizar el derecho a la indemnidad mediante la adopción de medidas complementarias mientras no recaiga una resolución firme en el procedimiento correspondiente».

INDEFENSIÓN GRAVÍSIMA»

Tras citar el artículo quinto de ese mismo decreto, subraya la defensa que «los avales son legales y válidos» conforme a la normativa que los regula y añade que del contenido del Decreto-ley no se desprende que su cobertura «sea indefinida, infinita o contraria al principio de indemnidad por lo que, en ningún caso, se puede entender que los avales no sean legales y válidos y su inadmisión por parte de la Sra. Delegada Instructora constituye arbitrariedad y una indefensión gravísima hacia quienes, en cumplimiento de la ley, los aportan».

Asimismo, recuerda que el decreto camina en la dirección de prevenir daños irreparables a personas cuya responsabilidad no ha sido determinada más que de forma «provisional, sesgada y arbitraria». Por eso, subraya que lo que hace la decisión de la instructora es contravenir, «manifiesta y arbitrariamente -sin que quepa alegar el desconocimiento- lo dispuesto en una norma con rango de ley autonómica bajo la premisa de la validez de los avales».

«La Instructora ha prescindido total y absolutamente de las normas de aplicación, de las de procedimiento y excediéndose en sus capacidades ha actuado de manera abiertamente contraria a derecho, responsabilidad que se exigirá en otra jurisdicción», advierte.

EL EMBARGO

Además, le indica que si consideraba que no eran válidos esos avales debería haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «norma cuyo desconocimiento es injustificable y, además, no alegable». Por eso, incide en que el acto recurrido es «nulo» y «manifiestamente ilegal».

Sobre el anuncio de la instructora de que se debe proceder al embargo de bienes de los excargos, incluido Puigdemont, la defensa del expresidente lamenta que lo que se está haciendo «es acordar un embargo basado en la supuesta invalidez de los avales presentados como si su presentación no se hubiese siquiera producido».

«Y es que sorprende el nivel al que se llega toda vez que la competencia para proceder al embargo de la Sra. Delegada Instructora (…) no incluye la facultad de proceder al embargo en cualquier circunstancia sino, únicamente, cuando no se hayan asegurado las cantidades reclamadas», apunta.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que España dejó de ser «potencia administradora» del Sáhara Occidental y ha defendido que «lo importante» es que es parte del grupo de amigos del Sáhara y apuesta por una solución negociada entre las partes en el marco de la ONU.

Albares se ha reafirmado en la postura defendida esta mañana en el Congreso de los Diputados, cuando ha rechazado que España siga siendo potencia administradora del Sáhara Occidental como sostenía el diputado del PNV Aitor Esteban, insistiendo en que no figura así ni en el listado de los territorios no autónomos ni en las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Sus declaraciones, en rueda de prensa junto a su homóloga de Andorra, María Ubach, se han producido después de que el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, haya calificado de «desacertadas» las palabras del ministro, reafirmándose en que sí que existe una responsabilidad española, y haya reclamado a España que adopte un «papel activo» para que «el pueblo saharaui pueda poner fin a una larga etapa de sufrimiento, a través del ejercicio de su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia».

El ministro de Exteriores ha esgrimido que «más allá de un debate que es jurídico o semántico, lo que es importante es dónde está España y dónde va a seguir estando, en el grupo de amigos de apoyo al Sáhara».

Asimismo, ha reiterado el respaldo de Gobierno tanto a los esfuerzos de la ONU como en particular al nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para lograr que «ambas partes encuentren una solución en marco de la ONU y según los principios de la Carta de Naciones Unidas». «Eso es lo importante», ha recalcado.

RELACIÓN CON MARRUECOS

Por otra parte, preguntado sobre si tiene previsto reunirse próximamente con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, como acordaron en una conversación telefónica hace unas semanas y tratar con él el aumento en las llegadas de pateras a España, en particular a Canarias, el ministro se ha limitado a constatar que «las autoridades marroquíes están colaborando ampliamente» en este ámbito.

Dicho esto, ha asegurado que es un tema que trata de forma sistemática «con todos aquellos países que son necesarios para gestionar conjuntamente con España los flujos irregulares, ya sea Marruecos, Argelia u otros».

Al hilo de esto, ha confiado en que a la cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UPM) el próximo 29 de noviembre en Barcelona y la reunión de la UE con la Vecindad Sur que se celebrará ese mismo día acudan el mayor número de ministros, incluidos los de Marruecos y Argelia, después de que Argel rompiera relaciones con Rabat a finales de agosto. Según ha precisado, su homólogo argelino sí que le adelantó durante su reciente visita a Argel que tiene intención de asistir.

Por lo que se refiere a las relaciones bilaterales entre España y Andorra, ambos ministros ha coincidido en que atraviesan «un momento excelente», incidiendo en particular en la colaboración durante la pandemia, que el Principado ha agradecido. Albares ha anunciado que el Gobierno tiene previsto donar próximamente otras 20.000 vacunas más a Andorra.

Asimismo, el jefe de la diplomacia ha asegurado a Ubach que pueden contar con el apoyo de España de cara a que se concrete el acuerdo de asociación entre la UE y Andorra y ha prometido que si este no se cierra antes, algo que ha confiado que no ocurra, entonces será una prioridad durante la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023.

Ubach ha aprovechado para agradecer el «apoyo continuo de España» en un tema que es prioritario para su Gobierno, agradeciendo su «sensibilidad frente a las especificidades de Andorra» y reconociendo que se trata de «un proceso largo y complejo».

El alcalde de Sedella (Málaga), Francisco Abolafio Rodríguez, ha informado de la denuncia presentada ante la Guardia Civil contra el expárroco de la localidad –se había ido hacía un mes– por la desaparición de dinero y joyas de la patrona, la Virgen de la Esperanza, que estaban en una caja fuerte; apuntando que al menos 13 de las pertenencias ya han aparecido.

Según ha explicado el regidor en declaraciones, el pasado día 10 de octubre mantuvo una reunión con el nuevo párroco «para poner el Ayuntamiento a disposición de lo que necesitara» y en ese encuentro «me dijo que el anterior cura le había informado de que la caja fuerte de la ermita la había arrancado y la había tirado, porque no tenía la llave».

Entonces, ha reconocido, «tampoco le puse mucho interés porque pensé que estaba vacía y el nuevo párroco dijo que iba a poner otra»; pero de cara al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cuando la patrona iba a volver a las calles de la localidad después de dos años, «los feligreses me dicen alarmados que qué ha pasado con las pertenencias que estaban en la caja fuerte».

El regidor ha asegurado que en ese momento se puso en contacto con el nuevo párroco que le dijo que no sabía nada de las pertenencias, por lo que «dijimos que había que llegar más lejos» y se puso en contacto por carta con el Obispado para que comunicara dónde estaban esos objetos; pero la respuesta fue que «ellos no tienen conocimiento de lo que había pasado y que van a investigar».

Pasados varios días, se convocó al pueblo en asamblea y se presentó la denuncia ante la Guardia Civil, al tiempo que se decidió que «si era necesario ir a las autoridades eclesiásticas en Madrid, iríamos». Este pasado martes hubo otra asamblea y «por votación se decidió seguir adelante por la vía judicial», asegurando que solo buscan «que se haga justicia».

Este lunes volvió a ponerse en contacto con el Obispado para mantener una reunión y «nos respondieron diciendo que las joyas estaban allí, que las habían llevado». Se trata de 13 piezas de oro, entre pulseras, esclavas, un relicario y otros objetos; de los que ha destacado más que la importancia económica, la «sentimental» para todo el pueblo.

Ha apuntado que la denuncia va dirigida contra el expárroco «porque no tenemos nada contra la iglesia». «Nosotros no decimos si es culpable o no, solo relatamos los hechos y lo que él nos ha dicho, que la caja fuerte la había arrancado él y la había llevado al punto limpio y, al final, lo que había dentro han aparecido en el Obispado, alguien lo ha llevado, no creo que ningún pajarito», ha aseverado.

«Queremos que como cualquier persona si es culpable la ley lo castigue y las autoridades eclesiásticas lo pongan en su lugar», ha dicho Rodríguez, quien ha señalado que no saben cuánto dinero había en la caja, pero «dice que eran 600 euros y que lo había utilizado en la reja del campanario»; «no nos ha preocupado nunca el tema económico, sino que se está jugando con el fervor de todo un pueblo».

El exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado que la banda terrorista ETA «está avanzando» hacia el Gobierno del País Vasco para «sustituir al PNV» al tiempo que ha criticado que la banda terrorista tenga «concejales» en Euskadi «mientras que los constitucionalistas casi han desaparecido» en la comunidad.

A su juicio, en la sociedad está prevaleciendo la mentira sobre la verdad porque «se está contando una historia que no corresponde con la verdad» cuando se dice que ETA está derrotada: «ETA hoy tiene más poder que nunca. No mata, pero como en todos los procesos mal llamados de paz, es la paz por el poder para los terroristas», ha manifestado Mayor Oreja a los medios tras impartir una sesión de liderazgo personal en la Universidad Villanueva, en Madrid.

ETA COGOBIERNA CON SANCHEZ Y ERC

Según ha subrayado el exministro, en España ha habido un «proceso de colaboración» desde los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez con ETA, por lo que la banda terrorista «ha ganado poder». «ETA cogobierna con Sánchez y Esquerra» –ha continuado–. «Esto no es un gobierno de coalición, es un gobierno del Frente Popular».

En referencia a las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, quien mostró su «pesar» por el dolor causado a las víctimas de ETA, Mayor Oreja ha indicado que todo «forma parte de un proceso» y que no ve ningún cambio en la actitud de Otegi, por lo que «no hay nada que elogiar».

«Otegi es el portavoz del proyecto de ETA. No me merecen ninguna atención ni interés lo que algunos dicen que es algo a elogiar. No hay nada que elogiar», ha expresado Oreja.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Preguntado por los acercamientos de presos etarras a Euskadi durante el gobierno de José María Aznar, cuando él dirigía el ministerio del Interior, Mayor Oreja ha defendido que las políticas penitenciarias «dan lugar a veces a aproximaciones o alejamientos», pero que el problema reside en el «contexto» en el que se produzcan.

«Una política penitenciaria podrá ser acertada o no, pero si está en un contexto determinado merecerá un juicio u otro», ha manifestado. A su parecer, que el acercamiento de presos etarras a prisiones vascas se produzca en un «contexto de negociación con terroristas», es un «disparate».

«A mí me inquieta que forme parte de un proceso que es de negociación y colaboración entre un gobierno y un grupo terrorista. Eso es un disparate para el futuro de España», ha zanjado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que instruye la investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha dictado una nueva providencia en la que cita a declarar como testigo al jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre.

Asimismo, cita al gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, al jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital San Pedro, Fernando Martínez Soba, y a la funcionaria del Servicio de Admisiones del Hospital San Pedro de Logroño, Olga Llaría Soto.

Ghali entró a España el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza en un avión medicalizado argelino, sin pasar controles de fronteras ni documentación, y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser allí atendido al haberse contagiado de COVID-19.

Por otra parte, para el día 29 de octubre también está previsto que el magistrado instructor tome declaración por videoconferencia a la exdirectora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno (Carmen Calvo), María Isabel Valldecabres, y a la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo.

BENBATOUCHE EN EL HOSPITAL

Las nuevas citaciones se centran así tanto en el Ejecutivo riojano como en los responsables hospitalarios que conocieron del ingreso. En un oficio de la brigada Provincial de Información de Logroño de la Policía Nacional constaba que el pasaporte que Ghali aportó ante el hospital el 18 de abril fue expedido ese mismo día por Argelia. En el documento figura el nombre de Mohamed Benbatouche, pese a que días antes las autoridades argelinas contactaron con la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para avisar a España de que quien aterrizaría en Zaragoza sería Ghali.

Los agentes adjuntaron el pasaporte de Benbatouche al informe entregado al juzgado, en el que recogen las declaraciones –en calidad de testigos– del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del hospital y del gerente del centro sanitario en el que se atendió a Ghali. El primero aseguró que el 16 de abril le pidieron «una cama UCI para un paciente covid» que venía del «extranjero»; y el segundo dijo que fue el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja quien realizó la petición. Ambos indicaron que se enteraron de la verdadera identidad del líder polisario por la prensa.

Las citaciones se producen después de que se conozca, además, que la Abogacía del Estado ha presentado otro escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza para defender que el hecho de que el permiso de residencia del hijo del líder polisario Brahim Ghali se expidiera cinco días después de su llegada a España «no contradice» la declaración de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y su jefe de gabinete, Camilo Villarejo.

En un informe aportado a la causa, la Policía informó al juez de que el hijo de Ghali cuenta ahora con un permiso de residencia que fue expedido el 23 de abril de 2021 y tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026. El líder polisario –y su hijo– llegaron a España el 18 de abril y salieron la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

En el escrito de 8 de octubre, los servicios jurídicos del Estado insistían en que tanto González Laya como Villarino «reconocieron con honestidad que no comprobaron ‘ex ante’ ni el pasaporte diplomático argelino ni el permiso de residencia», dado que «existía buena fe» en la relación con Argelia, que requería asistencia humanitaria para Ghali.

González Laya dijo en su declaración en sede judicial, que las autoridades argelinas le avisaron que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino y su hijo permiso de residencia.

Aseguró que «habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano» desde su Ministerio entendieron que la «entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso». «¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos», señaló.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 23 años y medio de prisión que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana impuso a la denominada ‘viuda negra’ de Alicante por el asesinato de su marido en un aparcamiento de la Playa de la Albufereta de la ciudad, ocurrido en agosto de 2018. La mujer, que fingía una discapacidad física y se movía en silla de ruedas, tenía un cuidador que participó en el crimen y que cumplirá 22 años y medio de cárcel.

De este modo, la sala desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del TSJCV, que aumentó en un año de prisión la pena impuesta para cada uno por la Audiencia de Alicante, en aplicación del veredicto de un tribunal popular, al apreciar la agravante de disfraz en el momento del crimen. A ella, además, se le había impuesto desde la primera instancia la agravante de parentesco, ya que se había casado con la víctima 15 días antes de los hechos.

Los condenados también habían alegado indefensión y lesión al derecho a la presunción de inocencia porque consideraban que el veredicto no había cumplido con el estándar de motivaciónconstitucionalmente exigible. El TS reconoce que la motivación del veredicto fue «muy sucinta» pero considera que las objeciones planteadas se refieren a aspectos «parciales» de ese veredicto, a las que respondió la sentencia de apelación «explicando la significación y sentido de lasrespuestas dadas por el jurado».

Además, añade que el tribunal del jurado «no sólo identificó los elementos de convicción tomados en cuenta en cada una de sus respuestas, sino que expresó su criterio valorativo ofreciendo algunas explicaciones puntuales».

Por ello, descarta que el veredicto carezca de motivación y agrega que, además, fue complementado «extensamente» en la sentencia de la Audiencia que, haciéndose eco del criterio valorativo del jurado, «explicó con detalle el proceso deductivo seguido desde los indicios hasta las conclusiones fácticas para afirmar la autoría del acusado y la forma de ejecución del delito».

CITA DE NOCHE EN LA ALBUFERETA

Los hechos probados por el jurado recogen que la mujer, con el conocimiento y acuerdo del otro acusado, con el propósito de acabar con la vida de su marido, concertó una cita con él –nunca llegaron a comaprtir vivienda– sobre las 21.30 o 22.00 horas del 20 de agosto de 2018, 15 días después de casarse, en un aparcamiento al aire libre en la playa de La Albufereta.

La mujer le dijo que celebrarían una cena romántica a la que también asistiría su cuidador y que echarían flores en cierto lugar en memoria de seres queridos de ella. Para ello, le comentó que deberían saltar una valla y que no se asustara al verlos porque vestirían ropa oscura.

Al llegar los dos acusados, vestidos prendas oscuras y gorras para ocultar sus rasgos faciales y disminuir su apariencia habitual, el cuidador se aproximó a la víctima y comenzó a agredirlo con un destornillador o instrumento semejante, haciéndolo retroceder para evitar la agresión hasta que llegaron a un espacio entre dos coches estacionados, donde cayó.

Entonces, la acusada sujetó y golpeó a su esposo mientras su cuidador continuaba clavándole sucesivas veces el destornillador o instrumento que utilizaba hasta que perdió el sentido, y falleció a consecuencia de una de las heridas que sufrió, según los hechos probados.

En su sentencia, el TS respalda la aplicación de la agravante de disfraz que fue apreciada por el TSJCV, lo que supuso un incremento de la pena para los dos condenados, y que no había sido considerada aplicable por la Audiencia Provincial.

Para el TS, «el uso de ropa negra, junto con una gorra del mismo color, durante la noche y en lugar despoblado, con la deliberada intención de evitar posibles identificaciones, es un medio objetivamente apto para evitar que terceros puedan percatarse de la ejecución del delito o puedan identificar a los autores».

Se trata de una aptitud que se deduce sin grandes esfuerzos argumentales de los propios hechos y que, en este caso, está estrechamente relacionada con el tiempo y lugar en que se produjo el delito, a lo que no obsta el hecho de que esas vestimentas no impidieran la identificación y detención de los autores al darse la casualidad de que dos personas que hacían deporte (uno de ellos policía) oyeran los gritos de la víctima y, al observar atentamente lo que sucedía, procedieran a intervenir», señala la sala.

Por ello, señala que el uso de disfraz constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, que la doctrina categoriza como objetiva, en cuanto facilita la ejecución del delito y conlleva una mayor desprotección del bien jurídico.

La sentencia explica que el autor utiliza el disfraz para no ser identificado y eludir las propias responsabilidades y esa finalidad no sólo se persigue cuando las dificultades de identificación se orientan a la víctima del hecho, sino cuando van dirigidas a evitar la identificación de terceros.

El jurado popular declaró culpables por unanimidad a Conchi y al amigo que actuaba como cuidador, por el asesinato del marido de ella, con el que la mujer, que fingía una discapacidad, se había casado 15 días antes. La ‘viuda negra’ había conocido a su marido a través de su cuidador, en una procesión de la Virgen de la Salud, aunque nunca llegaron a compartir vivienda.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado este miércoles hacer efectiva la entrega del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas, después de que la decisión de denegarle el asilo que había solicitado en 2019 sea firme en vía administrativa.

De esta forma, la Audiencia Nacional ha reactivado el proceso de extradición de ‘El Pollo’, cuya entrega a Washington fue aprobada en 2020 tanto por el tribunal como por el Gobierno, si bien quedó paralizada el pasado mes de septiembre a la espera de que se resolviera la cuestión del asilo.

Ahora, la Sección Tercera ha ordenado que ‘El Pollo’, ingresado en la prisión de Estremera, quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que debe materializar la entrega a las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, ‘El Pollo’ aún podría jugar una última carta. Según las fuentes jurídicas, podría seguir peleando su asilo presentando un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional donde pidiera como medida cautelar que se suspenda nuevamente su extradición hasta que haya una decisión firme sobre su petición de protección internacional también en vía judicial.

La vía administrativa ha quedado cerrada después de que el Ministerio de Interior haya rechazado en los últimos días el recurso de reposición que ‘El Pollo’ formuló para intentar revertir la negativa inicial del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

‘El Pollo’ pidió asilo en junio de 2019 y el Ministerio de Interior se lo denegó poco después, en septiembre de ese año. Lo comunicó a la cárcel de Estremera, donde había estado en prisión provisional, porque no constaba domicilio suyo en España, pero Carvajal no se enteró porque ya no se encontraba en el centro penitenciario.

El proceso quedó dormido hasta que Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid con la intención de enviarlo inmediatamente a Estados Unidos. Entonces, se amparó en que su asilo estaba sin respuesta y, después de que Interior le comunicara que se lo había denegado en 2019, lo recurrió frenando así su entrega a Washington.

PENDIENTE DEL SUPREMO

Por otro lado, Carvajal está pendiente asimismo de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de ponerlo en manos de la potencia americana.

En su momento, alegó ante el TS que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a «tortura» para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela». Y ello, continuaba, porque la Casa Blanca cree «erróneamente» que formó parte del «entorno cercano» de Chávez y Maduro.

En esta sede judicial, ‘El Pollo’ también intentó paralizar su extradición solicitando unas medidas cautelarísimas que le fueron denegadas, por lo que el hecho de que este recurso aún no se haya resuelto no impide que sea enviado a Washington.

«PROCESO DE COLABORACIÓN» CON LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El caso de ‘El Pollo’ tiene una tercera arista judicial que conduce directamente al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García-Castellón, le ha citado para declarar como testigo el próximo 27 de octubre en el marco de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que ha reabierto, precisamente, por las revelaciones del militar venezolano.

Tras ser detenido, Carvajal se ofreció a declarar voluntariamente ante García-Castellón por unas diligencias previas que había abiertas en ese juzgado sobre terrorismo internacional, en el contexto de lo que después calificó como un «proceso de colaboración» con la Justicia española. Compareció el pasado 20 de septiembre y habló durante más de una hora acerca de diversos asuntos sobre los que dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a dar soporte documental a sus palabras.

En este tiempo, ‘El Pollo’ ha estado enviando distinta documentación al magistrado. Así, ha entregado material relativo a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación ‘morada’ a través de Cuba y Venezuela.

En base los papeles y al testimonio del antiguo ‘chavista’, García-Castellón ha estimado conveniente reabrir una causa que comenzó por una denuncia contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela y que fue archivada en 2016.

El también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal decidió dar carpetazo al asunto al considerar que la denuncia se basaba únicamente en el denominado informe PISA. Acogió los argumentos del fiscal Miguel Ángel Carballo, para quien dicho informe no era más que un «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» publicadas en prensa, que carecía además de «cualquier membrete oficial» que acreditara tal carácter.

CASI DOS AÑOS PRÓFUGO

‘El Pollo’ estuvo huido casi dos años hasta que pasadas las 21.00 horas del 9 de septiembre fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.

La Policía Nacional explicó que vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza». Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

Los servicios jurídicos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se personarán en la causa por la agresión a un menor tutelado en el barrio de Son Roca en Palma.

Según ha informado la institución este miércoles, el menor se encuentra ingresado en el Hospital Son Espases para recuperarse de severas lesiones provocadas por fuertes traumatismos fruto de la agresión.

Desde el IMAS han lamentado «profundamente» este tipo de actuaciones violentas, «que ponen en riesgo la integridad de menores de edad» y «no hacen más que erosionar la cohesión social y la convivencia».

Los hechos se encuentran bajo investigación del Grupo de Homicidios de la Policía, y la actuación judicial se decidirá con las conclusiones de la investigación.

El IMAS ha recalcado que mantiene contactos periódicos con las asociaciones de vecinos y las diferentes instituciones y organismos sociales que trabajan en el barrio de Son Roca, «con el objetivo común de garantizar la convivencia».

«Actos como el de este fin de semana pretenden socavar este trabajo de búsqueda conjunta de la convivencia que se ha forjado a lo largo de muchos años, fomentan la violencia y la generalización del miedo, y utilizan los prejuicios contra un colectivo integrado por menores de edad en pleno de proceso de inserción social al que tienen derecho», han señalado.

En esta línea, el IMAS ha denunciado que el relato «atizado por el discurso del odio» tiene «el objetivo de hacer prevalecer postulados particulares que nada tienen que ver con las sólidas bases de solidaridad y de libertad que sustentan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, guiadas por el interés general».

Por todo ello, el IMAS ha manifestado su «absoluta convicción de que una vez más todas las administraciones y los estamentos sociales seguirán trabajando en la salvaguarda de la convivencia en Mallorca y por la resolución pacífica de los conflictos».

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha apelado a «no abandonar la prudencia» en las aulas y continuar con unas medidas «consensuadas» y un camino frente al coronavirus «que está dando buenos datos».

Alegría ha clausurado unas jornadas sobre Formación Profesional organizadas por Empresa Familiar de Castilla y León en Valladolid, donde ha defendido el «buen funcionamiento» de las medidas consensuadas entre Gobierno y comunidades autónomas para garantizar la seguridad en los colegios, tales como el uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos o el distanciamiento de los alumnos.

En este sentido, ha recordado que sólo un 0,005 por ciento de las más de 400.000 aulas que existen en España se encuentran actualmente confinadas, unos resultados «positivos» que, no obstante, invitan a «seguir siendo prudentes».

«Vamos a continuar con las mismas medidas», ha insistido Alegría, quien preguntada por una hipotética extensión de la vacuna a los menores de doce años, ha abogado por esperar a que haya una decisión al respecto por parte de la Agencia Europea del Medicamento antes de aventurar posibles escenarios, si bien ha dejado claro que cualquier paso se dará con una «coordinación absoluta» con las diferentes autonomías.

Pilar Alegría ha estado acompañada en este acto por la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, quien se ha referido a la decisión de la Junta de permitir la interacción en los patios de las escuelas durante los recreos de alumnos de distintos grupos, algo posible por la mejora de los indicadores epidemiológicos.

No obstante, ha remarcado que el desdoble de grupos se mantendrá «para todo el curso» puesto que implica una parte pedagógica que «no se puede modificar de la noche a la mañana o de un día para otro».

Por último, ante la posibilidad de eliminar la mascarilla en zonas al aire libre de los centros educativos, Rocío Lucas ha vuelto a abogar porque la decisión que se adopte sea «uniforme» y consensuada «a nivel general» para todo el territorio nacional.

La UPV/EHU ha iniciado un procedimiento disciplinario contra el autor de los daños producidos en la Facultad de Ciencia y Tecnología, lo que conlleva una serie de medidas provisionales como la suspensión de sus derechos como alumno y la prohibición de acceso a cualquier centro docente o dependencia universitaria.

En un comunicado, la UPV/EHU ha adoptado estas medidas como consecuencia de la «gravedad» de los hechos, ocurridos el pasado 13 de octubre, cuando un alumno realizó numerosos disparos en la Facultad de Ciencia y Tecnología, sin que resultara nadie herido.

Tras lo ocurrido, la Universidad del País Vasco ha decidido, mediante resolución de la rectora, abrir un expediente disciplinario al joven. La apertura de este procedimiento comporta la adopción inmediata de medidas provisionales.

La UPV/EHU ha señalado que esos hechos «podrían ser constitutivos de delito» y precisa que, «sin perjuicio de la calificación que pudieran merecer por parte de las instancias judiciales competentes, la normativa universitaria podría establecer también otras sanciones».

«Siendo así, la universidad ha iniciado un procedimiento disciplinario. Sin prejuzgar su resultado, pero a la vista de la gravedad de los hechos y de la alarma social que han desencadenado, se establece en la misma resolución unas medidas provisionales», ha añadido.

Entre esas medidas provisionales, está la suspensión de los derechos como alumno de la persona implicada y la prohibición de acceso a cualquier centro docente o dependencia universitaria.

La UPV/EHU ha precisado que la medida provisional de prohibición de acceso a sus dependencias no le impedirá ejercer los derechos que no requieran su presencia física en las mismas, como examinarse o realizar pruebas de evaluación a distancia, «a través de las medidas que establezca en su momento la persona instructora del expediente, en coordinación con el Decanato de la Facultad de Ciencia y Tecnología«.

Por último, ha indicado que la vigencia de esas medidas provisionales se extenderá durante un año a contar desde la fecha de la resolución, sin perjuicio de que puedan alzarse o modificarse durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de la evolución del expediente.

De la observancia de las medidas provisionales que se establecen en esa resolución se encargará la propia universidad, a través de la Dirección de Seguridad, que recurrirá a los protocolos, recursos y dispositivos existentes.

Científicos de ‘Scientist Rebellion’ han pegado en las paredes del exterior del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico páginas del último informe del Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) para denunciar la falta de «políticas valientes» contra la emergencia climática.

Con bata blanca una treintena de científicos y académicos han denunciado que han sido «ignorados durante demasiado tiempo». La acción, que dio comieno a las 11.30 horas se enmarca en la semana de acciones de Extinction Rebellion en Madrid.

Además del último informe del IPCC, publicado en agosto, han arrojado pintura roja y han escrito con espray de tiza el lema ‘alerta roja’ en el suelo frente al edificio guberamental.

Los científicos activistas han denunciado que «repetidamente» ha alertado a los gobiernos sobre el alentamiento global y la extinción de especies a través de miles de artículos detallados, pero las emisiones de gases de efecto invernadero «no han hecho más que dispararse».

«La política, la economía y la sociedad deben cambiar drásticamente, o miles de millones de personas se enfrentan a la perspectiva de la sequía, el hambre, las inundaciones y el colapso social», afirma su portavoz.

Durante la acción, el filósofo Jorge Riechmann ha reclamado a los responsables políticos que digan»la verdad» sobre la emergencia climática y que actúen «ahora» para detener la pérdida de la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2025.

Así, han animado al Ministerio para la Transición Ecológica que mejore la iniciativa de las asambleas ciudadanas para que sus consideraciones sean vinculantes y reflejen «fielmente» la sociedad española.

La organización cuenta con más de 1.100 grupos locales en 72 países donde resaliza acciones para fomentar la lucha contra la emergencia climática. Del 18 al 25 de octubre celebra la ‘Semana de la Rebelión’ para aumentar la presión sobre el Gobierno a pocos días de la celebración de la Cumbre del Clima que tendrá lugar en Glasgow, Escocia (Reino Unido).

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández ha asegurado este miércoles que quienes están «detrás» de los disturbios y delitos en los macrobotellones de la capital con «marroquíes o personas de origen magrebí y también menas».

«Según fuentes policiales, detrás de estos delitos se encuentran marroquíes o personas de origen magrebí. También menas están detrás de estos delitos aunque la izquierda quiera ponerse una venda en lo ojos», ha lanzado en la comisión municipal de Seguridad y Emergencias.

Fernández ha alertado de que hay personas que utilizan estos botellones multitudinarios «para cometer delitos, incluidos sexuales, como el lanzamiento de objetos a la Policía, provocando respuesta de antidisturbios».

Ha recordado que evitarlos es «una competencia es de la Delegación del Gobierno, de la delegada (Mercedes González), que como se ha visto, afronta con incompetencia». «Es conveniente que los madrileños sepan quién es el artífice de estos disturbios y quién es el responsable de esa respuesta eficaz», ha apostillado.

Sobre González ha dicho que tiene unas «limitadas capacidades», pero que ello no la exime de «cumplir con sus obligaciones».

En su réplica, la delegada del área, Inmaculada Sanz, ha señalado que «la implicación de la delegada del Gobierno es bastante mayor que con otros delegados, y eso se le tiene que agradecer». En esta línea, ha reconocido que «en algunos dispositivos ha habido implicación importante», y ha solicitado la continuidad de los mismos.

«Cuando hablamos de botellones hablamos del cumplimiento de la ley de seguridad ciudadana. Madrid es una ciudad segura, pero tenemos un problema con las bandas juveniles», ha añadido a renglón seguido.

También ha requerido a Sanz sobre los botellones la concejala de Recupera Madrid Marta Higueras, quien ha acusado a la delegada de Seguridad y Emergencias de «no garantizar la seguridad» así como de «no estar a la altura de las circunstancias». «No vale con decir que está preocupada, pedir ayuda a Delegación del Gobierno. Esto le viene grande y no lo sabe resolver», ha lanzado a continuación.

Además, le ha recordado que en el mandato anterior, con la Alcaldía de Manuela Carmena, los ‘populares’ «se quejaban ante pequeños botellones, de que la ciudad se volvía insegura, creía que de tanto exigir es que tenían una solución para este problema, pero no saben hacer frente a macrobotellones».

Del mismo modo, Higueras ha lamentado que cuando la Policía quiere desalojar a los congregados en esos botellones que estos gritan «libertad», por lo que ha instado a Sanz a que pida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que «matice» este lema.

Inmaculada Sanz ha apuntado que se continuarán estableciendo «dispositivos específicos como desde hace más de un año», pese a reconocer que «en las últimas semanas ha habido situaciones que no han gustado». También se mantendrán a los Agentes Tutores, y a toda la Policía para reprimir esa acción. Ha valorado que estas medidas han funcionado «de manera muy positiva en muchos fines de semana», mientras que «en otros no ha sido posible evitarlos».