El protocolo de intervención en casos de osos habituados a la presencia humana es «un éxito», según el Gobierno asturiano, que ha indicado este sábado que los últimos datos recopilados muestran que la población de osos pardo en la Cordillera Cantábrica avanza en su recuperación. Los resultados preliminares del censo genético y del registro específico de osas con cría indican tanto un aumento de población como un mayor área de distribución.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, el censo genético y el de osas con crías son los más relevantes para conocer la evolución de la especie. Los trabajos para elaborar el primero incluyen técnicas de última generación que permiten analizar la diversidad genética de cada individuo así como la determinación del grado de relación entre progenitores y parentesco entre sujetos. Para esta labor se cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el Instituto de Biología Evolutiva del CSIC y con el Instituto de Recursos Cinegético, también del CSIC.

En cuanto al registro de osas con cría, las estimaciones iniciales también son positivas y se aprecia una tendencia al alza de la especie en nuestra región. El estudio, que se realiza desde hace más de veinte años en toda la cordillera Cantábrica, se encuentra ahora en «plena elaboración» en Asturias y su conclusión está prevista para las próximas semanas.

Los trabajos realizados en el marco del protocolo de intervención con osos habituados a la presencia humana, también están dando resultados positivos. Así, en varias intervenciones ha sido suficiente con aplicar las medidas previstas en la primera fase del protocolo, en la que se incluye el lanzamiento de petardos o bolas de goma, para ahuyentar a los ejemplares. Así ha ocurrido con una pareja de oseznos de la zona de La Peral, en Somiedo, que se alejaron de una zona poblada a la que se acercaban de manera recurrente y con otros casos en lugares del Valle de Trubia.

En Ibias también se desarrollaron dos operaciones similares, que en uno de los casos incluyó un radiomarcaje. Tras varias semanas de seguimiento continuado, tanto por los agentes del Medio Natural como con cámaras de videovigilancia, se pudo instalar un crotal y un collar con GPS a un ejemplar. El GPS acabó desprendiéndose, tanto por la fisonomía del animal como por la metodología utilizada, elegida para causar «la mínima afección posible».

En el marco de este protocolo, se procedió a la primera geolocalización por satélite de un oso en la zona suroccidental. En el operativo participaron personal técnico y miembros de la Patrulla Oso de la Dirección General de Medio Natural, además de expertos de la Universidad de Oviedo y de la Fundación Oso Pardo, con la que la Administración autonómica colabora habitualmente.

La actuación se llevó a cabo con una hembra adulta de unos 100 kilos, a la que se le colocó un doble sistema de seguimiento: un emisor de señal de radio adherido al pelaje del lomo y un collar que permite realizar un seguimiento continuo a través de tecnología vía satélite (red Iridium). Este dispositivo emite una señal con su ubicación y también avisa si el animal entra en una zona delimitada, a modo de cercado virtual.

El programa de geolocalización de osos pardos se centra en aquellos ejemplares acostumbrados a la presencia humana y que presentan conductas reiteradas de acercamiento a núcleos habitados. La medida se toma cuando no surten efecto el resto de acciones recogidas en el protocolo de intervención para ahuyentar a los ejemplares.

Estas labores están aprobadas por el grupo de trabajo del oso pardo cantábrico, integrado por Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

España ha reconocido, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, a un total de 178 apátridas, de las 438 solicitudes que se presentaron a la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, en ese periodo. 173 de los reconocidos son ciudadanos saharauis.

Según los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los apátridas reconocidos por España en lo que va de año son 112 hombres y 66 mujeres y, en su mayoría (109) son personas entre los 18 y 34 años. En este colectivo hay, además, 25 menores.

Todos ellos han pasado por un proceso que, según ha explicado el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) es «enrevesado», con un formularios de «muchísimas paginas» y «complicadas» en las que han de «remontarse a sus padres, abuelos o bisabuelos», trasladando su documentación, para determinar si tienen algún vínculo con alguna nacionalidad o Estado. En el caso de ser así no serían apátridas.

Todo este proceso, destaca la entidad, se realiza en una situación en la que muchos no conocen el idioma, no tienen ayuda legal, o tienen diferentes niveles culturales. Además, debe solicitarse en territorio, y no siempre se obtiene permiso para ello, por su situación de ausencia de nacionalidad.

La coordinadora de Políticas y Campañas de CEAR en Sevilla, Lourdes Navarro, ha recordado que estas personas realizan esta ‘reclamación’ sin una nacionalidad reconocida que es «el reconocimiento básico» y «fundamental» para que una persona «pueda ejercer y tener derechos».

Así, apunta, la principal situación a la que se enfrentan estas personas es su ausencia de derechos y la inseguridad jurídica en la que viven.

SIN LEY ESPECÍFICA EN ESPAÑA

En España, ha señalado Navarro, se ha reconocido la convención del Estatuto de los Apátridas de 1954, que es el principal instrumento para regular esta materia a nivel nacional. Sin embargo, «no ha ratificado» la Convención de 1961 sobre apatridia que, es la principal figura de regulación internacional y que llamaba a los países a incluir «modificaciones internas» en esta materia que, Espala «no ha hecho».

En este sentido, el país cuenta con el decreto por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida que recoge el procedimiento a seguir, los plazos o la situación legal de los solicitantes, entre otras medidas.

Sin embargo, para la coordinadora de Políticas y Campañas de CEAR Sevilla ha denunciado la «clarísima improvisación» que hay en esta materia y que lleva a que algunos casos se extrapole la medida a la Ley de Asilo cuando «la problemática» de los apátridas es «muy diferente» a los refugiados o solicitantes de protección internacional.

«Actualmente quienes solicitan el estatuto de apátrida tienen acceso a las mismas prestaciones sociales que quienes solicitan asilo, pero no es un derecho especificado en su reglamento», ha explicado Navarro, que también ha señalado que hay «lagunas legales» y «situaciones que no están reguladas». Es por eso que desde CEAR reclaman una ley específica para estas personas y sus peculiaridades.

DIFERENCIAS CON REFUGIADOS

Cuando eres solicitantes de la apatridia, ha apuntado Navarro, no cuentas con derecho a una permanencia legal en el país, como sí lo tienen los de asilo o protección y tampoco se les permite trabajar a pesar de que la resolución puede tardar años. En el caso de los que piden asilo o protección, sí se les permite trabajar pasados seis meses.

Además, una vez reconocida la situación como apátrida, que permite residir y trabajar durante 5 años en el país, la reagrupación familiar es compliacada porque, indica Navarro, se deriva a la aplicación de la Ley de Extranjería sin tener en cuenta que los familiares de esta persona también son apátridas y no tienen documentación para viajar. Este proceso, apunta, suele durar 1 año siendo «un derecho fundamental».

Estas situaciones, insiste la coordinadora en CEAR Sevilla, demuestran la «improvisación» con la que el país ha legislado esta materia y las «lagunas» que existen para estas personas.

INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA

Las más de 430 solicitudes de asilo realizadas en los seis primeros meses de 2021 van en la línea de años anteriores. En todo 2020 se registraron 913 nuevas solicitudes, según los datos de Interior. En cuanto a las resoluciones favorables (en las que se incluyen procesos iniciados en años anteriores), en 2020 se reconoció a 1.803 apátridas.

El Ministerio explica que, en total, el año pasado se resolvieron un total de 3.601 expedientes, es decir, la tasa de reconocimiento es cercana al 50%. También señala que quedaron pendientes en 2020 unos 1.380 expedientes por resolver.

Es la cifra más baja, en cuanto a pendientes, en los últimos cuatro años. Los años 2018 y 2019 se cerraron con más de 4.000 solicitudes pendientes de resolución.

CEAR ha explicado que en 2008 se presentaron más de 800 solicitudes de saharauis y que todas ellas fueron denegadas, por lo que se decidió acudir a la Justicia. La Audiencia Nacional les dio la razón sobre las denegaciones, que fueron recurridas por la abogacía del Estado al Supremo, que estimó que las personas saharauis tenían derecho a la apatridia.

A partir de ese momento, ha explicado Navarro, se han concedido prácticamente todas. En concreto, ha señalado, para explicar que esta resolución favorable se realiza según ciertos criterios, como que las personas procedan del campamento de Tinduf o que acrediten no tener la nacionalidad ni española, ni marroquí ni argelina.

La Guardia Civil ha desarrollado en Las Torres de Cotillas (Murcia) la operación ‘Motard’, que se ha saldado con el desmantelamiento de dos invernaderos clandestinos que estaban produciendo 1.500 plantas de cannabis y con la detención de seis de sus presuntos integrantes, informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En concreto, a los arrestados se les acusa de presuntos delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, y de defraudación de fluido eléctrico.

Las actuaciones se iniciaron el pasado septiembre, cuando efectivos del Instituto Armado obtuvieron indicios que relacionaban dos comercios dedicados a la reparación de motocicletas con el tráfico de drogas.

Los primeros pasos permitieron a los investigadores constatar que los dos establecimientos carecían de actividad comercial. Solo los sospechosos frecuentaban y permanecían en el interior de los supuestos talleres, siempre con las puertas cerradas Y hasta altas horas de la madrugada.

Así, previa autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y el registro de las naves en las que hallaron, camuflados tras la apariencia de un taller, varias estancias realizadas artesanalmente y dotadas de sofisticados dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían invernaderos para el cultivo masivo de la marihuana.

En estos invernaderos, además de los útiles relacionados con el cultivo ilícito de la droga, la Guardia Civil halló 1.500 plantas de marihuana, la mayoría de considerable tamaño.

Además, se constató la existencia de una manipulación de los suministros de agua y electricidad. Estas modificaciones, que dieron lugar a la defraudación, se realizaron desde la nave, soterrando los diferentes conductos desde la vía pública hasta el interior.

Uno de los dos establecimientos había sido modificado en su interior y se había dejado la parte principal con la apariencia de un taller de motos. La parte central, en la que se localizaba la plantación, se encontraba oculta tras una pared y a ella se accedía a través de una puerta corredera oculta con un mueble. En ese lugar se localizó además una estructura preparada para la instalación de otra plantación similar que en los días próximos se tenía previsto iniciar.

Los seis detenidos, junto con la droga aprehendida, los efectos incautados y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número de Molina de Segura.

Esta operación se enmarca en la orden de servicio ‘Miller’, que la Benemérita mantiene activa en ámbito nacional para desarrollar el ‘Plan de Respuesta Policial al cultivo y tráfico ilegal de marihuana y los beneficios del mismo’.

La dirección de Eusko Alkartasuna ha incluido en el borrador de la ponencia política que se debatirá en el próximo Congreso de este partido una reivindicación del actual modelo de funcionamiento de EH Bildu, coalición de la que forma parte EA, como «herramienta más eficaz» para lograr la independencia del País Vasco. El sector oficial de EA espera que el congreso que se celebrará entre febrero y marzo de 2002 contribuya a «cicatrizar las heridas» con la corriente crítica del partido, que discrepa del actual modelo de participación de Eusko Alkartasuna en EH Bildu.

La defensa del sistema de participación y organización en el seno de EH Bildu se recoge en el borrador de la ponencia política aprobado este pasado viernes por el Consejo Nacional de Eusko Alkartasuna, según ha informado el portavoz de la Ejecutiva de este partido, Iker Ruiz de Egino, en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, en la que, junto a la parlamentaria Leire Pinedo, ha presentado el Congreso Nacional de EA, cuya fase definitiva se celebrará los fines de semana del 19 y 20 febrero y del 5 y 6 de marzo de 2022.

Egino ha afirmado que este documento guía las «líneas maestras» de la política que desarrollará EA en los próximos cuatro años, si bien ha precisado que serán los afiliados los que deben fijar «fijar el rumbo» del partido en el próximo Congreso, que se celebrará en Álava.

La crisis interna que atraviesa EA desde hace años por causa de las discrepancias en torno a las fórmulas de participación del partido en la coalición EH Bildu –de la que forma EA parte junto a Sortu y Alternatiba– ha motivado que el foco de atención respecto a la propuesta de ponencia política se centre en el sexto apartado del borrador, relativo a ‘las nuevas formas de participación política y modelo de organización en Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bai’.

El borrador de ponencia, según ha indicado Ruiz de Egino, establece que «la actual EH Bildu, diseñada por los ‘bilkides’, es la herramienta más eficaz que tenemos (…) para conseguir la materialización de la independencia de Euskal Herria mediante la construcción de un Estado propio».

Este proceso independentista debe orientarse –según ha añadido– hacia la conformación de «una República Vasca en el seno de la Unión Europea». Asimismo, se indica que el modelo de coalición vigente es también la mejor forma de avanzar hacia la consecución de «una sociedad más justa, solidaria y en paz».

«UNIR Y FORTALECER EL PARTIDO»

El portavoz de EA ha mostrado su deseo de que esta ponencia «sirva para cicatrizar las heridas que llevan demasiado tiempo abiertas en EA», y que este congreso contribuya a «fortalecer, unir y enriquecer el partido».

Ruiz de Egino también se ha referido a los miembros del sector crítico que han sido expedientados por la dirección, unos expedientes que, según ha indicado, desconoce si se habrán resuelto para las fechas en las que se ha convocado el congreso.

En todo caso, ha asegurado que estas personas –que al igual que el resto de integrantes del sector crítico reivindican un mayor peso de EA en el seno de EH Bildu– podrán participar en el debate que se abrirá la próxima semana y aportar sus propuestas para el congreso de principios de 2022.

«EL DEBATE SE HA AGRIADO DEMASIADO»

En una línea similar, Pinedo ha lamentado que el debate interno en el partido «se ha agriado demasiado» en los últimos cuatro años. En este sentido, ha afirmado que el lema del congreso, ‘Alkar Zainduz’, no solo hace referencia a la relevancia de los cuidados desde un punto de vista sociosanitario, sino también a la importancia de «cuidar y respetar a los miembros del partido y al propio partido».

El resto de apartados de la ponencia política abordan el papel de la socialdemocracia en la actualidad; los principios ideológicos de EA tras 35 años de existencia; los valores que se consideran «imprescindibles» para la construcción de una república vasca; «la nación vasca en sí como estado propio y su encaje en Europa»; y las relaciones con otras naciones y pueblos.

«RESOLVER EL CONFLICTO»

En este sentido, el borrador hace referencia a la necesidad de «replantearse» las prioridades de la acción política a raíz de la pandemia de covid-19, así como a la importancia de «aceptar las pluralidades» del País Vasco y a la necesidad de «resolver el conflicto político» que «no permite que la paz arraigue».

Al margen de la ponencia política, la dirección ha elaborado un borrador de ponencia estatutaria, que sitúa al ámbito local y nacional «en el centro» de la acción del partido, según ha explicado Pinedo.

«Nacimos para defender la independencia, la solidaridad y la inconveniencia de la Ley de Territorios Históricos; y es en esos términos como queremos construir nuestro partido», ha manifestado, tras lo que ha reivindicado a EA «como ejemplo de construcción nacional».

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha afirmado que la «ambición climática» del Gobierno Vasco ha estado durante los últimos años «muy por debajo de lo exigible» y ha denunciado sus «erróneas» políticas energéticas.

En rueda de prensa celebrada en Vitoria, Otero se ha referido a la próxima celebración de la cumbre del clima en Glasgow que ha considerado supone «una cita clave» ya que, «de no asumirse más y mayores compromisos frente a la emergencia climática, se va rumbo a un cambio climático traumático y doloroso».

«En Glasgow se decide si sigue o no sigue vivo el acuerdo de París, que comprometía al mundo entero a hacer los esfuerzos necesarios para no superar los 1,5ºC de calentamiento», ha defendido, para añadir que una delegación de la coalición soberanista acudirá a la cita.

Tras mostrar su preocupación por la «insuficiencia de los avances a nivel global», ha advertido también de la «precaria» situación en que se encuentra Euskadi en materia climática.

«Emitimos un 40% más de gases que la media mundial. Si miramos nuestra evolución, la cosa todavía empeora; mientras la Unión Europea ha reducido los GEIs un 24% con respecto a 1990, en Euskadi la reducción ha sido de un 11%, muy lejos de los números europeos. Muy lejos en reducción de emisiones, muy lejos en desarrollo de energía renovable y autosuficiencia energética, cuestiones clave de la acción climática», ha alertado.

Para EH Bildu, la «ambición climática tanto del actual Gobierno Vasco, como de anteriores ejecutivos, ha estado «muy por debajo de lo exigible en los últimos años».

«Llegamos a este momento histórico en una posición de debilidad manifiesta fruto, sobre todo, de políticas energéticas erróneas de largo recorrido: con un insuficiente desarrollo de energías renovables, una dependencia enorme de los combustibles fósiles y una apuesta decidida durante décadas por el gas fósil», ha lamentado.

También ha denunciado que no haya «una estrategia actualizada y realista para cumplir los objetivos de París» y no exista «una hoja de ruta definida de descarbonización».

«El Gobierno Vasco, con la cita de Glasgow cerca, ha preferido hacer un refrito con las mismas políticas, con los mismos recursos y los mismos objetivos, empaquetándolo en lo que han llamado Plan de TECC. Y para tener otro golpe mediático, nos han presentado el ‘Basque net zero’, una alianza público-privada con los mayores emisores de GEI de nuestro país, dejando una vez más en evidencia que la estética y el marketing predominan en su quehacer», ha rechazado Otero.

Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo es «excesivamente dependiente de multinacionales que tienen intereses corporativos manifiestos en el sector energético que chocan con el interés general de la ciudadanía».

«El reto climático que tenemos delante solo se puede hacer exitosamente supeditando los intereses privados del oligopolio al interés público», ha concluido.

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha señalado que la Junta Directiva Nacional del PP aprobó hace meses un calendario de congresos que situaba en el primer semestre de 2022 los cónclaves de las autonomías uniprovinciales como la de Madrid y «en aquel momento nadie dijo nada». Dicho esto, ha indicado que, «con la que está cayendo» en España, el Partido Popular no puede estar centrado en este tipo de debates internos.

Así se ha pronunciado en medio del nuevo episodio de tensión entre la dirección nacional del partido y el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defiende adelantar ya el congreso regional del PP de Madrid para empezar a preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Sin embargo, desde ‘Génova’ recuerdan el calendario establecido y dicen no entender las prisas por adelantar ese cónclave.

La tregua que se visualizó en la Convención Nacional de Valencia, con la foto de unidad en torno a Pablo Casado y las declaraciones de Ayuso –en las que expresó su respaldo al proyecto del líder del PP y aseguró que su «sitio» es Madrid–, ha saltado por los aires tras el nuevo ‘rifirrafe’ entre ambas partes esta misma semana. Fuentes del equipo de Ayuso creen que ‘Génova’ busca retrasar al máximo el congreso regional para desgastarla y poner en duda su candidatura.

«CREO QUE TENEMOS COSAS MÁS IMPORTANTES QUE TRATAR»

En declaraciones, Elvira Rodríguez ha recordado que la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos, «aprobó los calendario de celebración de los congresos», ya que el partido está en un proceso de «clarificación» para prepararse ante las próximas citas electorales.

«Y se dijo que las comunidades uniprovinciales entraban en el primer semestre del año que viene y en aquel momento nadie dijo nada. Nadie dijo ‘vamos a adelantar y vamos a hacer los congresos regionales de las uniprovinciales los primeros’. Entonces, darle vueltas a esto con la que está cayendo, yo creo que tenemos cosas más interesantes que tratar», ha enfatizado.

En cualquier caso, la exministra de Medio Ambiente ha dicho que espera que «esto se dilucide cuanto antes» y ha indicado que este debate interno sobre las diferencias entre Ayuso y la dirección del PP se «amplifica en los medios». «A mí me parece que se deberían amplificar otras cosas pero yo no voy a ser la que les diga cómo tienen que hacer su trabajo», ha declarado.

UGT estaría «encantado» de dar una nueva utilidad al Hospital Enfermera Isabel Zendal y no le parece «mal» que se convierta en un ‘health lab’, con la investigación en el centro, tal y como propuso Más Madrid, para acabar con el «hangar» actual.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, también ha destacado, la importancia de darle una nueva vida al Instituto de Medicina Legal (IML), conocido como el ‘donut’ de Valdebebas.

Sobre el hospital, ha señalado que «no es lo más aconsejable ni lo mejor para un ciudadano» que no cuente con habitaciones propias. «Es un hangar, se llevaron a la fuerza a los sanitarios, fue tremendo», ha criticado Reillo.

«Mi opinión es que se va a quedar como el ‘donut’, cerrado, no creo que le vayan a dar ninguna utilidad», ha trasladado sobre la intención de la Comunidad de Madrid, además de criticar el «despilfarro» de dinero público.

También, el líder sindical madrileña ha calificado de «muy mala» la tarea realizada por el Gobierno regional en la pandemia y ha afirmado que «siempre ha estado en contra de las decisiones» que tomaba el Consejo Interterritorial de Salud.

«Ha abierto los bares antes que los demás. Teníamos los bares abiertos y los centros de salud cerrados, eso no puede ser. Estoy de acuerdo en que los negocios son muy importantes, pero más es la salud», ha explicado.

Asimismo, ha subrayado que todavía están pendientes de saber qué pasó en las residencias con la asistencia a los mayores y ha reprochado que se contratara a los sanitarios «tarde y mal».

La Policía de la Generalitat ha desmantelado en Elda y Alicante un entramado de personas y empresas de desguace de vehículos que incumplían la normativa medioambiental y laboral y, presuntamente, falseaban certificaos de descontaminación.

En el marco de la Operación Bobra, centrada en la inspección en el ámbito industrial y medioambiental, se ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

La investigación del Grupo de Medio Ambiente de Alicante se inició durante la inspección a un desguace de Elda en el que se detectó que la empresa carecía de autorización para el manejo de gases fluorados y de maquinaria para la extracción de los mismos, según ha explicaod la Generalitat en un comunicado.

La mercantil tampoco contaba con documentos acreditativos para la retirada de estos residuos por parte de un gestor autorizado, expulsando gases al exterior de forma incontrolada.

Los vehículos descontaminados en Elda, al parecer, se daban de baja en la Dirección General de Tráfico (DGT) gracias a certificados de destrucción emitidos por otro desguace de Alicante que sí contaba con la autorización administrativa para descontaminar vehículos y tratamiento de residuos.

Los vehículos se documentaban como si el proceso de descontaminación y achatarramiento se hubiese hecho conforme a lo previsto en la normativa, cuando en realidad presuntamente lo hacía sin cumplir con los requisitos necesarios y causando con ello graves daños medioambientales.

De esta forma, el desguace de Elda se ahorraba los costes de tratamiento de residuos para obtener un mayor beneficio económico. Se calcula que con este proceso se han podido emitir de forma incontrolada a la atmósfera 86.250 gramos de gases altamente dañinos para la capa de ozono en los últimos 5 años.

Durante las pesquisas también se descubrió que carecía de autorización administrativa y no cumplía con los requisitos exigibles en sus instalaciones. Además, la Policía de la Generalitat detectó que la empresa no había dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador y que éste carecía de la preparación necesaria para descontaminar vehículos y realizar el tratamiento de los residuos resultantes.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha puesto en valor «la labor de investigación del Grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat, un grupo que se ha convertido en decisivo para velar por la protección del medio ambiente y por garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras».

Bravo ha subrayado «el compromiso del Consell con la sostenibilidad» y ha hecho hincapié «en el papel de la investigación policial para evitar este tipo de fraudes y las prácticas ilícitas en cuestiones que llegan a incidir en la salud de la ciudadanía».

El Ministerio del Interior ha renunciado finalmente a que la nueva normativa de la Guardia Civil sobre uniformidad prohíba que los agentes puedan lucir tatuajes en cabeza, cuello y manos. La decisión se adopta a pesar de contar el proyecto con el aval del Consejo de Estado, que veía «prudente» dar un año para eliminarlos al considerar necesario resguardar el servicio que se presta al ciudadano.

Según explican fuentes de Interior, la decisión de retirar la prohibición la ha ordenado el ministro Fernando Grande-Marlaska tras evaluarse el número «tan limitado» de agentes a los que le afectaría la entrada en vigor de una medida que había levantado algunas críticas internas entre asociaciones representativas de la Guardia Civil.

La intervención de Grande-Marlaska para retirar la prohibición de lucir tatuajes en zonas visibles se adopta pese a que con fecha de 1 de octubre el Consejo de Estado dio el visto bueno al texto del Real Decreto de uniformidad de la Guardia Civil, paso previo a su aprobación definitiva por parte del Gobierno.

La crítica principal al texto se centró en una disposición que daba un plazo de un año para eliminar los tatuajes en cabeza, cuello y manos, de ahí que el Consejo de Estado –pese a considerar el tiempo «prudente y amplio»– recomendara un texto alternativo, de forma que se consiguiera «sortear cualquier género de duda sobre la aplicabilidad de la nueva ordenación».

TATUAJES EN ZONAS DE PRIMERA VISIBILIDAD

En su dictamen, el Consejo de Estado subrayaba que los cometidos de los guardias civiles como agentes de autoridad «resultan contrarios a exhibir tatuajes en determinadas zonas de primera visibilidad (cara, cuello, manos), lo que puede afectar negativamente a la imagen de la Guardia Civil».

«Puede parecer extraño e incluso indecoroso a los ciudadanos, además de contraproducente para el desempeño de determinados servicios de investigación», sostenía la resolución que incluía un voto particular.

En este sentido, citaba un informe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil para recordar que determinadas organizaciones criminales se sirven de los uniformes del Cuerpo para llevar a cabo actividades delictivas y que «hasta hace no mucho tiempo la cultura del tatuaje se vinculaba a ambientes carcelarios o delincuenciales.

«Son distintivos personales que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de la fuerza actuante al ser identificados», razonaba, aunque acto seguido reconocía la «evolución a una nueva realidad social a la que no se puede mostrar ajena la Guardia Civil» –ni tampoco las Fuerzas Armadas, citando para ello su reglamento de ingresos–, de ahí que entendiera que la norma «pueda prohibir que presenten tatuajes en manos, cabeza y cuello».

RESPETO A VALORES CONSTITUCIONALES

La norma prohíbe, de forma general, cualquier tipo de tatuaje contrario a los valores constitucionales o que pongan en cuestión la neutralidad política y sindical de la Guardia Civil. La asociación profesional AUGC planteó ante el Consejo de Estado su queja por el plazo de un año para eliminar aquellas inscripciones visibles en cuello, manos y brazos.

En su trámite, el Ministerio de Defensa se mostró disconforme con algunos aspectos de la norma, pero el Consejo de Estado resolvió que se trataba de una «copropuesta» de ambos ministerios –Interior y Defensa– con el objetivo de preservar que el «aspecto externo del guardia civil (en especial, en lo referente al uso de tatuajes en las zonas prohibidas) no induzca a error, desconcierto o confusión en cuanto a la condición del agente actuante».

«No se aprecia que pueda hallarse una vulneración de derechos fundamentales», añadía el Consejo de Estado ante la queja elevada por AUGC. Las citadas fuentes de Interior han defendido la necesidad de regular por Real Decreto el uso de uniformidad, agradeciendo la labor de la Dirección General de la Guardia Civil y de las asociaciones profesionales, ya que entienden que, en lo que respecta a tatuajes, lo importante es regular su uso siempre que se respeten los valores constitucionales.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agradecido este sábado la labor «impecable» de protección a la ciudadanía a todas las personas que han hecho posible los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de Baleares, una medida que se inició el 5 de diciembre del 2020 y finalizará el domingo a medianoche.

Según ha valorado Armengol en declaraciones a los medios, tras visitar el dispositivo de control sanitario del aeropuerto de Son Sant Joan, de Palma «el trabajo y la actitud receptiva y pedagógica de todas las personas que han hecho posible los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de Baleares, una de las medidas más importantes de la comunidad en la lucha contra la pandemia, ha sido impecable».

Esta medida –controles sanitarios en puertos y aeropuertos de Baleares–, tal como ha añadido, tenía dos objetivos muy claros: «garantizar la seguridad de la ciudadanía y mostrar las Islas como una comunidad segura».

La presidenta ha recordado que Baleares ha sido la única comunidad que ha hecho efectivos estos controles con personal público, unas plantillas que a partir de la navidad del 2020 se estabilizaron «a través de la contratación muy rápida y diligente de personal que recibió formación específica». A día de hoy, la retirada de estos controles «es una buena noticia porque significa que la situación sanitaria tanto de Baleares como del resto de España está mejor y que se puede tener una movilidad segura».

Este operativo de control de la COVID-19 para proteger a la población durante las diversas oleadas de la pandemia –cuando la incidencia de la enfermedad era más alta– y para garantizar una movilidad segura de la población entre las diferentes comunidades ha supuesto un coste para el Servicio de Salud de aproximadamente 8,3 millones de euros durante los 11 meses de funcionamiento.

Durante este tiempo Salud ha hecho 824.614 controles en puertos y aeropuertos –487.252 en Mallorca; 109.927 en Menorca; 206.269 en Ibiza y 21.166 en Formentera–. En estos se han detectado 308 tests de antígenos positivos –179 en Mallorca; 24 en Menorca; 101 en Ibiza y cuatro en Formentera–. Estas cifras suponen que desde el mes de diciembre de 2020, gracias a los controles efectuados, se han cortado 1.540 cadenas de contagios de la COVID-19.

Desde que empezó el operativo, 287.102 pasajeros han llevado su PCR hecha en origen. 5.443 pasajeros han acudido a la COVID-Express, mientras que 10.264 pasajeros han optado por el aislamiento. Además, 282.625 personas han estado exentas de presentar o someterse a ningún tipo de prueba. Se trata de pasajeros que han estado menos de 72 horas fuera de Baleares o tripulaciones, deportistas federados, transportistas, viajeros entre islas y menores de seis años, una edad que posteriormente se amplió a los 12 años.

La Conselleria de Salud y Consumo ha optado por desactivar estos controles en puertos y aeropuertos para los pasajeros provenientes del resto del Estado teniendo en cuenta el alto índice de vacunación en España –el 78% de la población tiene la pauta completa– y la bajada de la incidencia acumulada a 14 días, que este viernes era de cerca de 50 casos por 100.000 habitantes

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja, acudieron ayer a la vivienda del detenido por el asesinato de un menor de 9 años el pasado jueves en Lardero, para llevar a cabo una minuciosa inspección y, posteriormente, trasladar al detenido a los calabozos de Logroño.

La actuación, en la que estuvo presente el detenido y una secretaria judicial, se prolongó durante algo más de cuatro horas, desde las 16.00 hasta las 20.15 horas de la tarde. Una vez finalizada el detenido fue trasladado a los calabozos y, en cuanto finalicen las diligencias el detenido será puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Tal y como avanzó ayer, el detenido estuvo presente en «una minuciosa inspección» la pasada tarde (viernes) que tuvo lugar en su propio domicilio -situado en la calle Río Linares, número 5 de Lardero- por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja.

LOS HECHOS

El pasado jueves un hombre fue detenido tras la muerte de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja). Los hechos se produjeron sobre las 20,25 horas de este jueves cuando se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor, cerca de Villa Patro.

Además, y según testigos, estos manifestaron cómo «un hombre se llevaba al niño mediante engaño».

Posteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia «al encontrar al menor en estado muy grave e inconsciente junto a un varón» en el interior de un portal de la localidad.

Una vez que llegó la ambulancia al lugar intentaron reanimar al menor sin conseguirlo y falleciendo en el lugar de los hechos. En este momento.

Tras conocer el suceso, numerosos vecinos de la localidad acudieron a las inmediaciones de dicho barrio de Lardero en donde era patente la tensión que iba creciendo cada minuto y, cuando presuntamente el coche de Policía salió del lugar de los hechos con el detenido dentro, se oyeron numerosos insultos y gritos contra el presunto asesino.

Finalmente, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitó situaciones más graves y el detenido salió del garaje del edificio en donde se produjeron los hechos en un vehículo policial.

EL DETENIDO

El detenido es un hombre de 54 años, vecino de Lardero, y con antecedentes por agresión sexual en 1993, por la que se le sentenció a 7 años de prisión, y por asesinato y agresión sexual, en agosto de 1998, sentenciado a 20 años y 10 años, respectivamente.

En 2020, según ha confirmado la Delegación de Gobierno, fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y obtuvo la libertad condicional el 8 de abril de 2020. La condena se extinguía el 17 de agosto de 2023.

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha querido concretar las informaciones que han aparecido en las redes sociales sobre la denuncia de un hecho parecido en policía.

En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió.

Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.

Más de 200 caminantes que partieron en seis grupos distintos han confluido en su llegada a Glasgow (Escocia, Reino Unido), después de recorrer más de 1.000 kilómetros, para reclamar a los países que desde este domingo se reúnen en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU para exigirles mayor ambición en la acción contra el cambio climático.

Los participantes de la ‘Marcha a Glasgow’ han caminado más de un mes en la ‘Marcha a pie por el Clima’, en un recorrido de casi 1.000 kilómetros 30 kilómetros diarios para trasladar a los dirigentes del mundo las reivindicaciones de la sociedad civil.

A su llegada a la ciudad escocesa han sido recibidos por cientos de personas en una marcha por las calles de la localidad. Según informa la organización, la macha está inspirada en las grandes marchas por la justicia del pasado: la Marcha de Jarrow en el Reino Unido, la Marcha de la Sal en la India y la Marcha en Washington en los Estados Unidos.

El grupo español ‘Marcha Glasgow’ estaba formado por 30 caminantes; otros 60 de la columna oeste de XR Faith Bridge; entre 30 y 40 participantes más de Peregrinación por la Justicia Climática de Polonia, Suecia y Alemania; unos 40 miembros de Dunbar a Glasgow y unos 50 peregrinos de la Red de jóvenes cristianos por el clima.

Por tramos, les han acompañado grupos ecologistas locales de Extinction Rebellion, Friends of the Earth o Greenpeace, entre otras, que les han guiado por tramos y proporcionado alojamiento en la mayor parte de las etapas.

Así, llegan a Glasgow para reivindicar en la COP26 que «el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando», según refleja el último informe del Grupo de Expertos de Cambio Climático e la ONU, en el que 11.000 científicos advierte de que a menos que se acuerden reducciones rápidas y ambiciosas de CO2, el mundo se enfrentará a un «sufrimiento indecible».

El Gobierno ha evitado responder si comparte o no la «apología» del comunismo que el PP considera que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, realizó el pasado septiembre en el prólogo que redactó para la reedición del ‘Manifiesto’ de Marx y Engels en el año en que el Partido Comunista de España (PCE) cumple un siglo.

En dicho prólogo, Díaz, militante del PCE, reflexionaba sobre «el poder transformador» de un texto «fraternal, apasionado en su defensa de la democracia y la libertad» y que supone, a su juicio, «un acto de memoria y redención».

Unas palabras que llevaron a la portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Edurne Uriarte, a registrar una batería de preguntas en la Cámara Baja con las que pretendía que el Ejecutivo dijera si comparte la reivindicación del ‘Manifiesto Comunista’ de Díaz

Concretamente, Uriarte quería saber si el Gobierno coincide con Díaz en la necesidad de hacer «un acto de memoria y redención con la obra que inspiró las dictaduras comunistas», si cree que ese texto constituye «una apasionada defensa de la democracia y la libertad» y si considera que es un libro «mágico e inagotable».

«¿Comparte el Gobierno la afirmación de su vicepresidenta de que el comunismo es un ideal revolucionario plenamente vigente?», rezaba otro de los interrogantes.

YA FRACASARON EN SU REPROBACIÓN

Pero el Gobierno de coalición ha rechazado responder a todas esas preguntas parlamentarias de la portavoz ‘popular’ escudándose en que «las cuestiones planteadas exceden el ámbito del control parlamentario al Gobierno».

Nada más conocerse el mencionado prólogo escrito por la vicepresidenta, el PP también registró una proposición no de ley con la que pretendía reprobar a Díaz por defender el comunismo. Sin embargo, la iniciativa, que se debatió recientemente en la Comisión Constitucional, sólo recabó el apoyo de Vox y Ciudadanos, por lo que fue tumbada.

La Princesa de Asturias cumple 16 años este domingo y, a priori, por primera vez tendrá que celebrar su cumpleaños lejos de su familia, ya que se encuentra en Gales para cursar el bachillerato durante los próximos dos cursos.

Heredera al trono desde que su padre fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014, con tan solo nueve años, la Princesa Leonor está asumiendo cada vez más presencia institucional y preparándose para el rol que en el futuro la tocará asumir.

El pasado abril protagonizó su primer acto en solitario. Felipe VI le encargó presidir el acto con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes, precisamente el mismo escenario en el que la heredera del trono habló por primera vez en público el 31 de octubre de 2018, día de su décimotercer cumpleaños, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.

El acto no estuvo exento de simbolismo, ya que durante el mismo la Princesa Leonor depositó en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó precisamente en 2018 así como el ejemplar de ‘El Quijote’ cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía en un acto organizado con motivo del Día de las Letras.

Además, tuvo ocasión de pronunciar sus primeras palabras en un acto sin la compañía de los Reyes, aunque su intervención se limitó a realizar un breve comentario y a preguntar cómo se encontraba el personal del Instituto Cervantes, después de que muchos de sus trabajadores hubieran estado meses sin poder viajar a España por la pandemia.

MADRINA DE UN SUBMARINO

Tras este acto, la Princesa de Asturias ha participado el otros junto a los Reyes, como la visita realizada en abril a Cartagena para la puesta a flote del nuevo submarino ‘Isaac Peral’ fabricado por Navantia, del que fue la madrina, o la ceremonia de condecoraciones con motivo del séptimo aniversario de la llegada al trono de Felipe VI el pasado 18 de junio en el Palacio Real.

Pero sin duda, los dos eventos más destacados de este año han sido la entrega de los premios Princesa de Girona –título que también ostenta la Infanta Leonor–, celebrada en Barcelona el pasado 1 de julio, y los Princesa de Asturias, cuya ceremonia tuvo lugar el pasado 22 de octubre.

En ambos, la princesa tiene un papel destacado, con discurso incluido. En el primero de ellos, la Princesa Leonor demostró su buen uso del catalán, pronunciando buena parte de su intervención en dicho idioma.

Además, en un momento en que la relación entre la Generalitat y el Rey parece haberse reconducido en buena medida, tras el boicot al que se había sometido al monarca por parte del Gobierno catalán en los últimos años, la heredera al trono puso en valor que «Cataluña siempre ha sido un referente en iniciativa, creatividad y emprendimiento».

REIVINDICACIÓN DEL PAPEL DE LOS JÓVENES

No obstante, su discurso estuvo centrado en poner en valor el papel de los jóvenes, reivindicando así a las nuevas generaciones de las que ella forma parte. Así, destacó el compromiso demostrado durante la pandemia.

«Vimos a muchos jóvenes de toda España ayudar a niños con los deberes, hacer la compra a sus vecinos mayores, llamar por teléfono para acompañar a personas enfermas y solas, escribir cartas a quienes estaban en la UCI, recaudar fondos para comprar material sanitario e incluso imprimirlo en 3D», resaltó. «Son muestras de generosidad que reflejan esa responsabilidad y su compromiso con el presente», defendió.

Los jóvenes y su papel en la sociedad actual también ocuparon un papel destacado durante los premios Princesa de Asturias. Los jóvenes, dijo la Princesa Leonor, «tenemos mucho que aportar». «Podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos», añadió.

La entrega de estos premios en el emblemático Teatro Campamor de Oviedo supuso el primer viaje de vuelta a España de la Princesa de Asturias, que desde el pasado 30 de agosto se encuentra en Gales para cursar el bachillerato en el UWC Atlantic College, un centro con alumnos de todo el mundo situado en un castillo del siglo XII de Gales y por el que ya han pasado el actual rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y la princesa Isabel, heredera del trono belga.

Las normas relacionadas con la COVID-19 del centro, que exige una cuarentena de cinco días tras estar en contacto con personas de fuera del núcleo familiar, le impidieron acudir también a los actos con motivo de la fiesta del 12 de octubre. En el caso del viaje a Oviedo, el hecho de que la semana siguiente fuera no lectiva, facilitó su desplazamiento y la posterior cuarentena.

Cuando anunciaron que Leonor estudiaría en Gales, los Reyes ya dejaron claro que su hija mayor compatibilizaría sus estudios «con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España», algo que por ahora ha cumplido. Previsiblemente, de aquí a final de año no tenga nuevos compromisos oficiales, así que cabría esperar que su regreso se produzca ya de cara a las vacaciones de Navidad.

El catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira y el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, se han vuelto a mostrar contrarios a eliminar el cambio de hora ya que, como alerta Mira, esta decisión sería equivalente a «no contar una vacuna que es capaz de arreglar un problema».

En declaraciones, Mira ha lamentado «la bola de nieve» formada tras la decisión tomada en 2018 por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea que, a su juicio, «se lanzaron a ello sin pensarlo demasiado». Ese año se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora –4,6 millones de personas participaron en la consulta de la Comisión Europea, con más de un 80% de encuestados a favor de poner fin a los cambios horarios– y se inició un proceso que, si bien consideraba suprimir este cambio en 2019, finalmente se aplazó a 2021, aunque este plazo tampoco se ha cumplido.

Precisamente, coincidiendo con el cambio horario del último fin de semana de marzo de 2021, la comisión de Transportes del Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE aún no ha tomado una decisión final que también se ha visto retrasada por la irrupción de otras cuestiones como la pandemia provocada por la Covid-19 o el Brexit.

«La decisión no es tan sencilla», alerta Mira ya que, como explica, «si se adoptara el llamado ‘horario de verano’ todo el año en Galicia, por ejemplo, amanecería entre las 9 y las 10 de la mañana durante cuatro meses y en caso de adoptar el de invierno, en la costa este peninsular amanecería entre las 5 y las 6 de la mañana durante cuatro meses. Y en Europa, en el caso de Italia, en la costa adriática, amanecería a las 4 de la mañana o en Berlin a las 3″.

«Si no se hiciese el cambio estacional de hora, a las 8:30 de la mañana de junio y julio el sol estaría más alto sobre el horizonte de lo que está en cualquier momento de diciembre y enero, y eso en cualquier parte de la Península. Y es que las sociedades no son estúpidas, y por simple mecanismo de prueba-error acaban encontrando su punto de equilibrio solar», confía Mira.

Por ello lamenta la opiniones a favor de eliminar el cambio de hora «cuando fue una solución que se adoptó para arreglar un problema». El cambio de hora es una vacuna para arreglar un problema y como muchos creen que está arreglado, se piensa que no hace falta. Esto es tener falta de miras, es como una vacuna que hay que ponerse para estar bien alienado», insiste.

«Antiguamente no hacía falta porque la gente se levantaba con el sol. En el siglo XX se han sintonizado los hábitos pero si se elimina el cambio estacional, la gente tenderá a correr su horario –por ejemplo, si al levantarse, el sol está ya muy alto, adelantarán su actividad– y al final se perderán horas. Este problema se está olvidando y se apuesta por una solución que va a dar más problemas», advierte.

En cualquier caso, recuerda que «hay dos dictámenes de dos organismos y esto está encima de la mesa». «Pero espero que alguien reflexione o lo vamos a pagar todos», señala Mira, en consonancia con José María Olalla para quién la decisión de la UE es «muy complicada». «Tengo la impresión de que los gobiermos la están evitando tomar, no sé si por la pandemia o si porque es muy compleja pero creo que ha fallado el análisis en la Comisión», afirma.

Martín Olalla defiende que «el cambio de hora tiene ventajas fisiológicas al adaptar la actividada humana al sol» y alerta de que «es muy fácil decir que se cambia la hora pero luego elegir invierno y verano no es tan sencillo».

Así, un estudio publicado recientemente por este profesor en la revista ‘Chronobiology International’ analiza retrospectivamente y desde el punto de vista fisiológico las posibles consecuencias de la supresión del cambio estacional de la hora y concluye que el mantenimiento de la misma hora durante los doce meses podría suponer un aumento de la actividad humana durante la madrugada en los meses de invierno, con las potenciales repercusiones en la salud humana que ello conllevaría.

Para ello, el experto compara el ritmo diario de trabajo y el ritmo diario de sueño/vigilia en Reino Unido y Alemania, ambos países con una latitud y unos estándares de vida similares, pero en el Reino Unido, el cambio estacional de la hora está vigente desde el año 1918, mientras que Alemania no practicó el cambio de la hora desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980.

La comparación muestra que por la mañana el ritmo de vida de Alemania está media hora adelantado respecto del británico. De este modo, en Reino Unido el inicio de la actividad se alinea exactamente con la hora del amanecer invernal –lo que es óptimo desde el punto de vista cronobiológico–, mientras que en Alemania se observa más actividad humana antes de ese momento.

Extrapolado al momento actual, si la hora de invierno se usara durante todo el año, Martín Olalla argumenta que más sectores de población volverían a ver conveniente adelantar la actividad en primavera-verano: si amanece aparentemente más temprano, más personas encontrarán conveniente ir antes al trabajo. Si esta preferencia pervive, en el invierno se induciría un incremento de la actividad humana durante la madrugada invernal, lo que no es óptimo desde un punto de vista fisiológico.

El autor del estudio señala finalmente que, en latitudes intermedias, ninguna alternativa está libre de los riesgos que las estaciones del año inducen en las sociedades modernas con una vida social regida por horarios, por lo que el cambio estacional de hora se muestra eficaz para alinear el inicio de la actividad con el inicio de la luz solar, regulando estacionalmente la actividad humana de forma similar a épocas pasadas.

ARHOE: «EL CAMBIO ES INACEPTABLE»

Por el contrario, desde ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, piden valorar el modo de vivir del conjunto de la población española y acomodarse a lo que favorezca a la mayoría.

Como señala su presidente José Luis Casero, que formó parte del Comité de Expertos creado por el Gobierno en septiembre del año 2018 –del que también forma parte Mira– «es difícil la unanimidad, pero si la gran mayoría de expertos consideraba que lo mas apropiado para el conjunto de la sociedad y en aras a horarios saludables es el horario UTC o GMT +1, que es el que vamos a adoptar ahora, ese debería ser el criterio».

«El mantenimiento del cambio de hora bianual mantiene un status que desde nuestro punto de vista no es aceptable», insiste Casero para quien «la supresión del cambio de hora bianual, debería partir de la adopción del horario de octubre (mal llamado invierno), basándonos en que su impacto económico es marginal y el más acorde con factores como salud, descanso, productividad y rendimiento (laboral y escolar)».

«El huso horario equivocado actual no debería ser un problema si fuéramos coherentes en nuestro horario y uso del horario y del tiempo. Hay que introducir el tema de fondo y medidas que favorezcan la conciliación y corresponsabilidad como una necesario cambio de enfoque del uso del horario. Tener más horas de luz no significa que las estemos disfrutando», concluye.

Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. El cambio horario es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Xàtiva (Valencia) a un hombre de 38 años tras agarrar a una agente e intentar tirarse por el balcón con ella.

También se le imputa un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que después se localizó en una de las habitaciones de su domicilio una plantación de marihuana.

Los hechos ocurrieron el martes, cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por varios vecinos de que al parecer una pareja de su edificio llevaba toda la noche discutiendo. Los vecinos escuchaban golpes y cómo se lanzaban objetos, aunque hacía un rato que habían dejado de oír a la mujer y él pedía auxilio, según ha relatado la Jefatura en un comunicado.

Los policías se presentaron en el lugar y encontraron a una mujer fuera de la vivienda. Ella les contó que había discutido toda la noche con su pareja y que él estaba muy alterado, había roto mobiliario y había amenazado con lanzarse por la ventana.

Los agentes entraron al domicilio con las llaves de la pareja para preservar la vida del hombre. Lo hallaron «con la cara desencajada, fuera de sí y realizando manifestaciones incongruentes», según la Policía Nacional, que detalla que además había muebles y enseres tirados por toda la vivienda.

El hombre, ante la presencia de los policías, salió al balcón y amenazó con tirarse. Durante 20 minutos, los agentes intentaron calmarlo, pero lejos de atender a sus requerimientos el hombre aprovechó la proximidad a una agente que intentaba salvarlo para abalanzarse sobre ella, agarrarla fuertemente e intentar lanzarse con ella por el balcón.

El resto de los agentes consiguieron salvar la vida de ambos. Una vez ya engrilletado y detenido, los policías inspeccionaron el resto del domicilio para descartar más víctimas y encontraron en una de las habitaciones una plantación de marihuana.

Por ello, una vez informado el juzgado y el grupo de investigación, con el mandamiento judicial procedieron a registrar el inmueble. Intervinieron 68 plantas de marihuana, dos básculas de precisión, siete trasformadores, 42 lámparas de calor, fertilizantes y vitaminas.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional declarara en septiembre legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior de cesarle del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid.

El cese se produjo cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8-M de 2020 con el inicio de contagios por coronavirus. Ahora, el coronel ha decidido recurrir ante el alto tribunal, tal y como adelanta El Mundo y se ha podido confirmar por fuentes de la defensa.

Según este diario, Pérez de los Cobos recurre su cese por arbitrario, delictivo y discriminatorio, e incide en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.

Fue en septiembre cuando los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideró justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. Señalaron que «habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino».

Así, no veían lógico mantener «al interesado en el mismo» puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva». «Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», añadían.

Para la sala, esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la «no información» del «desarrollo» –y no del contenido– de «investigaciones y actuaciones» llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apunta, en el amplio y, a veces, confuso «marco operativo y de Policía Judicial».

«En el presente caso», señalaron los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle».

LA SALA NO VE «DESVIACIÓN DE PODER» EN SU CESE POR PARTE DE INTERIOR

En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas –luego archivadas– que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La sala estimó de esta forma el recuso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso «desviación de poder» al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional «eliminaba» la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.

En este sentido, la sentencia recoge que «no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder» al «constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados».

El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos «contradijo el resultado de la prueba practicada». «El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», sostuvo.

En este sentido, Interior alegaba que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para «acelerar la investigación», de una conversación sobre el «plus de cautela» y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: «Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento –entre ellas, el Delegado del Gobierno– y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación«.

REVOCADA LA SENTENCIA QUE CONMINABA A REINCORPORAR AL CORONEL

La decisión de la sala de considerar legal su cese también supone la revocación de la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Magistrado Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, que había anulado la resolución administrativa, del Secretario de Estado de Seguridad, que dispuso el cese de Pérez de los Cobos como Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid y la que la confirmó en alzada, del Ministro del Interior.

Entonces, el magistrado Celestino Salgado declaró «ilegal» el cese del coronel al entender que «la motivación de la propuesta de cese» no era «real, o al menos no se» ajustaba «a la realidad». En ese momento, ordenó a Grande-Marlaska que reingresase a Pérez de los Cobos en su puesto.

La Audiencia Nacional rechazó ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló el cese rechazando de esta forma que pudiese reincorporarse inmediatamente a su puesto, al considerar que, de volver, cuando el fallo aún no era firme, podría causar un perjuicio de «imposible reparación» a quien ostentaba ese cargo.

Por su parte, el coronel se defendió alegando en su recurso que su cese era una «directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera haber sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior una investigación sometida a la más estricta reserva».

«Cuando me dijeron que mi hijo tenía un TDAH fue una bomba, pero, también una liberación; al menos tenía un diagnóstico». Con estas palabras, Milagros Martín-Luna Gorriti, madre de un adolescente con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, periodista y autora del libro ‘Mi vida con un TDAH’, resume sus sentimientos cuando, tras mucho tiempo de incertidumbre, supo qué le sucedía a su pequeño.

«A partir de ahí empecé a documentarme, leí cosas como el TDAH no existe, que la medicación es una droga y otras muchas teorías que no son ciertas; así que decidí confiar en nuestro médico y siempre tuve claro que la pastilla de la cura del virus en este caso no existe», ha explicado la autora en la presentación del libro al público.

Para Milagros Martín-Lunas uno de los pilares del tratamiento de los niños con este trastorno es el colegio y lamenta que en España «la educación se lo ponga muy difícil». «La educación tiene que pensar en el diferente», ha reclamado la periodista que narra en su libro la dura experiencia durante la etapa de Primaria.

«Sabía que necesitábamos ayuda psicopedagoga, que tenía que bajar las expectativas y contar con un colegio con un buen equipo de profesores de apoyo, pero Primaria fue un infierno, un grandísimo infierno», ha indicado la autora del libro.

Para Milagros Martín-Lunas, «los colegios son personas» y asegura que su experiencia cambió en 5º de Primaria con la profesora de apoyo asignada a su hijo. «Se dio cuenta de que el niño no se enteraba en clase, de que no terminaba los exámenes, que no memorizaba y que tenía un aprendizaje a largo plazo», explica. A partir de Secundaria, sus profesores «eran diferentes» y todo cambió a mejor.

Por este motivo, la autora del libro, en el que recoge comentarios del director de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, está convencida de que el diagnóstico precoz de este trastorno es fundamental para la evolución de los menores. «Cada niño es un mundo, pero saber qué les pasa es fundamental para poder entenderles y ofrecerles soluciones», indica.

Y critica la falta de apoyo y recursos para poder darles una atención y terapias adecuadas que permitan su mejor desarrollo. «Un niño con TDAH es 7.000 euros más caro al año y necesita muchos recursos», ha explicado esta madre que lamenta que muchas familias no dispongan de ellos para poder proporcionarles la atención necesaria. «Mi grito hoy es que hay mucha gente que no tiene medios ni preparación para afrontarlo», ha explicado.

En este sentido, critica la decisión del Ministerio de Educación de dejar fuera de las becas de apoyo a muchos de estos menores al exigirles acreditar una discapacidad del 33 por ciento para poder optar a ellas. «No tienen una discapacidad, necesitan ayuda porque hay que darles estrategias para vivir con sus capacidades», ha precisado esta madre quien ha apelado también a la responsabilidad social.

«Son personas que, si no se trabaja con ellos, tienen un índice muy alto de caer en adiciones, en delincuencia al ser muy impulsivos», ha añadido la periodista, para quien «la tribu» es muy importante para estos niños pero la tribu, recuerda, «es la familia, el colegio y la sociedad».

Los ciudadanos de Argentina, Colombia, Namibia y Perú ya pueden viajar desde este mismo sábado a la Unión Europea en viajes no impresncidibles, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

El BOE recoge así la decisión del Consejo de la Unión Europea, que ha incluido a estos países en el listado de terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores.

La recomendación de la UE ha quedado incorporada en España a través de una modificación de la orden del Ministerio del Interior del 17 de julio sobre los criterios para la aplicación de restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. No obstante, la disposición estará en vigor hasta el día 30 de noviembre de 2021.

De este modo, están autorizados a entrar en la Unión Europea por viajes no imprescindibles los ciudadanos procedentes de Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Jordania, Kuwait, Namibia, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, China.

Asimismo, quedan incluidas en el listado de países autorizados las regiones administrativas especiales de la República Popular China, como son Hong Kong y Macao, así como Taiwán, no reconocida como Estado, al menos por un Estado miembro de la Unión Europea.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 5.530.000 desplazamientos para los tres días del Puente de Todos los Santos, 1,2 millones de ellos en la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento de un 1,55% con respecto a los datos reales de 2019.

Con motivo de esta festividad de ámbito nacional este viernes se activó la Operación Especial que la Dirección General de Tráfico pone en marcha, hasta la medianoche del próximo lunes 1 de noviembre.

La operación especial incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para dar cobertura a los desplazamientos de largo recorrido, así como a los de corto recorrido motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de todas las poblaciones de la geografía nacional.

Este operativo contará con recursos humanos en toda España (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera) y técnicos: 780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control de velocidad, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que tanto el sábado como el domingo por la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, continuará el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en itinerarios que unen poblaciones de zonas de descanso y segunda residencia o en trayectos cortos a zonas de ocio y esparcimiento o zonas comerciales cercanas.

Según ha avanzado la DGT, el lunes ya desde primeras horas de la mañana serán conflictivas las carreteras de acceso a los cementerios de las distintas poblaciones con motivo de las visitas que tradicionalmente se hacen en este día y, ya por la tarde, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, se presentarán problemas de circulación en los principales ejes que encauzan todo el movimiento de retorno, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías para ir trasladándose en las últimas horas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Por todo ello, Tráfico ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

Ante las previsiones meteorológicas que alertan de un puente marcado por los chubascos, la DGT ha recordado que «con lluvia, la precaución y la atención al volante deben extremarse» y aconseja recudir la velocidad del vehículo y aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante.

Además, ha puesto de relieve que este fin de semana también arranca el horario de invierno (en la noche del sábado al domingo a las 3.00 horas serán las 2.00 horas) «con lo que la hora del anochecer también se adelanta, aumentando por tanto los riesgos de accidente al ser la conducción nocturna más peligrosa que la que se realiza por el día».

En este sentido, es recomendable llevar encendidas las luces de cruce durante el día, en caso de que el vehículo no disponga de luces diurnas: «Es importante ver, pero también ser visto».

Finalmente, la DGT recomienda planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos. Desde las cuentas de Twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.