Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para el que fuera vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por blanqueo, malversación de caudales y cohecho y cuatro años de cárcel para 45 personas que fueron asesores y ediles en la etapa de la exalcaldesa del PP en el conocido como ‘caso del pitufeo’ dentro del caso Taula.
Asimismo, reclama siete años de prisión para la exsecretaria del grupo municipal ‘popular’ y exedil, María del Carmen García Fuster; cinco para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón, y otros tantos para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas. Fiscalía atribuye un delito de blanqueo al PP, por el que solicita una multa de cuatro años, con una cuota de 100 euros diarios (146.000 euros).
El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ha instruido el caso, dictó a mediados de octubre auto de incoación de procedimiento abreviado –procesado– a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de la capital en la época de Rita Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo, en el conocido como ‘pitufeo’ o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.
Esta operativa consistía en ingresar por parte de los procesados 1.000 euros como donativo en la cuenta que gestionaba la secretaria del grupo municipal, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de 500 euros, procedentes de dinero negro supuestamente «recaudado» por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, que de esta forma quedaba blanqueado.
La causa comprende los comicios municipales de 2007, 2011 y 2015, elecciones estas últimas por las que Fiscalía Anticorrupción acusa de blanqueo a 18 ediles: Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent, Beatriz Simón y Miquel Domínguez. El resto son asesores de la formación.
«OPERATIVA CRIMINAL»
Según señala el fiscal, las investigaciones han permitido desentrañar una «operativa criminal» de entregas de dinero por empresarios con «fuerte vinculación contractual» con el Ayuntamiento de València, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones creadas en el seno del consistorio y la obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculada a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados «en consideración» a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al grupo municipal del PP.
Este dinero se gestionaba en parte en efectivo y en otra a través de una cuenta abierta en el Sabadell, gestionada por García Fuster, que permanecía «oculta» a cualquier control financiero, bien del Partido Popular, que sí que conocía de su existencia, bien de la Intervención Municipal, lo que permitía al PP presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 sufragando gastos electorales «al margen de la debida contabilidad que debía entregarse al Tribunal de Cuentas» y de la Ley de Financiación de partidos.
En 2007, según consta en el escrito, el PP utilizó los servicios de la sociedad Laterne Product Council Sl. Grau se sirvió de tres organismos públicos creados al amparo del Ayuntamiento de València para obtener el dinero: Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD); Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y el Conocimiento (FIVEC) y Fundación Turismo Convention Bureau (FTVCB). Las dos primeras, controladas por el que fuera edil Eduardo Santón, celebran «a su capricho» contratos con el entramado de Laterne, que se confeccionaban «con el único objetivo de saquear los fondos públicos».
En cuanto a la FTVCB, «se nutría y funcionaba por las millonarias aportaciones» del consistorio (más de 63 millones entre 1992 y 2013), «sin control efectivo de la Intervención municipal. Grau, «con la anuencia, consentimiento y acuerdo» de Salinas, desviaron de las cuentas, mediante transferencias, la cantidad de 616.000 euros a tres cuentas bancarias de Laterne «sin justificación documental de trabajo realizado» y sin contrato alguno que justifique ese desvío.
En 2007, las empresas contratistas fueron transfiriendo a las cuentas de Laterne o de empresas controladas por esta mercantil «el metálico que Alfonso Grau les solicitaba y que entregaban en consideración a la función pública y cargo que desempeñaba». El dinero se canalizaba, de un lado, a través de facturación falsa, haciendo creer que se había realizado una prestación de servicios y por otro lado bajo el pretexto de constituir una sociedad mercantil Product Management Council SL (PMC), que jamás realizó actividad alguna ni contó con trabajadores ni le fueron exigidos por los empresarios aportantes justificación del destino del dinero.
Fiscalía subraya que los concejales acusados –y el investigado fallecido Emilio del Toro– impidieron una investigación sobre Laterne en el consistorio «sabiendo que la misma perjudicaba sus propios intereses particulares y del Partido al que representaban».
En 2011, Alfonso Grau, designado nuevamente coordinador de campaña del PP en València, al haber desparecido Laterne, contrató a la empresa Trasgos Comunicación SL (Trasgos) para que realizara la campaña por 170.000 euros, aunque el gasto final superó «ampliamente dicha cifra. La mercantil confeccionó dos facturas por todos los servicios prestados por importe de 59.000 y 92.100 euros.
Para el abono de dicha cantidad, la cuenta bancaria recibió «cantidades dinerarias de procedencia ilícita, correspondientes al clientelismo político instaurado en el Ayuntamiento de València, que dada su mayoría absoluta permitía exigir dinero a cambio de favores en la contratación», según la acusación pública.
Según Fiscalía, «existe una importante cantidad de dinero abonada por Trasgos a distintos proveedores de la campaña electoral que excede de la cantidad pagada con los fondos opacos de la cuenta del Banco de Sabadell». En total, se ha acreditado un importe gastado para de 277.129,29 euros.
En las de 2015, –con Grau fuera del Ayuntamiento por su investigación en el caso Nóos–, se denunció una nueva operativa consistente en que, «bajo la apariencia» de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, los concejales y asesores municipales, incluyendo la propia Barberá, ingresaron ese importe en la cuenta por indicación de García Fuster que, «conforme al plan establecido», les eran devueltos en dos billetes de 500.
En total, un total de 50 personas ingresaron 49.998 euros entre los días 23 de marzo y 16 de abril de 2015. Los acusados realizaban las entregas de dinero «sabedores que se les devolvería con el metálico que disponía el Partido Popular y procedía de la actividad delictiva que se desplegaba en el seno del grupo municipal del PP del Ayuntamiento».
Según el fiscal, el grupo, a nivel económico, «ha funcionado intencionadamente al margen de las estructuras financieras del Partido Popular, que carece de un sistema de control efectivo para impedir tanto el manejo de dinero metálico por el GMPP, como de la existencias de cuentas bancarias abiertas donde se reciben ingresos de procedencia ilícita como consecuencia de las adjudicaciones contractuales».
