La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha trasladado a los consejeros autonómicos del ramo que la Ley de Formación Profesional estará aprobada definitivamente en el primer trimestre del próximo año, según informa el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El objetivo de esta norma es la integración completa de la oferta formativa y la red de formación para el empleo para poner en marcha una oferta única, modular y flexible dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados. La futura norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso y llegará próximamente al Pleno de esta Cámara.

En paralelo a la tramitación de la ley, tal y como ha explicado la ministra en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada esta tarde, están en marcha ya las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Entre otras, la ampliación de plazas, la creación o conversión de ciclos formativos en bilingües, la creación de aulas de emprendimiento, la creación de aulas de digitalización aplicada, y la formación del profesorado en formación profesional en digitalización y sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos.

El Ministerio y las comunidades autónomas han abordado también el desarrollo de los currículos de las distintas etapas educativas, que serán aprobados previsiblemente en las próximas semanas.

«Pilar Alegría ha destacado el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas para la elaboración de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, que se han discutido en reuniones bilaterales con cada una de las Consejerías de Educación, en la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial y han sido presentados también a la Comisión General de Educación», añade el ministerio.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de 200,7 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de 21.794 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0 a 3 años. Esta partida forma parte de un plan a tres años financiado con 670,1 millones de euros para la creación de 65.382 plazas gratuitas de titularidad pública de 0 a 3 años.

En 2022, las comunidades autónomas recibirán 331 millones de euros de este programa, tal y como recoge el proyecto Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, aprobado este jueves por el Congreso.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos que reclamaba que las nuevas incorporaciones al personal público se incluyan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no en las mutuas, como ocurre hasta ahora.

La diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha explicado que la propuesta de Podemos es que las personas que pasan a ser funcionarios no entren a MUFACE o al Instituto Social de las Fuerzas Armada (ISFAS), sino que sigan manteniendo la cobertura pública «para avanzar en cohesión y equidad».

«No estamos diciendo que los que ya están en las mutuas se tengan que pasar. Estamos diciendo que poco a poco la nueva incorporación se pase al SNS para que no produzca ninguna cuestión difícil de asumir», ha detallado.

Medel ha calificado como «injusto e ineficiente» el sistema de mutualidad actual. «Los mutualistas eligen entre atención pública o privada cada año. La posibilidad de pasar de lo privado a lo público se hace para que la pública cubra lo más costoso. Usan la sanidad privada para patologías leves con poco gasto, pero cuando se necesitan prótesis, tratamientos costosos o una cirugía se les aconseja ir a la sanidad pública», ha argumentado.

Igualmente, Medel ha denunciado que existe una «falsa creencia sobre el buen servicio» que dan las mutuas. «Es como si se promocionara que los trabajadores públicos sean atendidos por la sanidad privada. Es desviar dinero público a un servicio privado ineficiente, es torpedear el servicio público y hacer mal uso del dinero», ha insistido.

José Ramón Ortega, del PSOE, ha indicado que su partido está «en absoluta sintonía» con la propuesta de su socio de Gobierno y ha reconocido que «es evidente que hay una cierta incoherencia en que los trabajadores públicos no sean tratados por la sanidad pública sino por la privada».

Sin embargo, ha esgrimido que no pueden apoyar esta propuesta porque «no es competencia del Ministerio de Sanidad». «Quizá habría que llevar esta PNL a la Comisión de Función Pública», le ha sugerido a Medel.

Además, ha argumentado que no es el momento para realizar esta medida ya que «estamos saliendo de una pandemia en la que el sistema ha funcionado bien». «Incluidas las mutuas, que han ayudado a que la vacunación sea un éxito en nuestro país», ha defendido.

En cualquier caso, Ortega ha avanzado que tendrán que debatir este extremo en el futuro. «El Gobierno sigue apostando por reforzar la sanidad pública, este es un tema que tendremos que afrontar pero en estos momentos no podemos mostrar nuestro voto favorable», ha sentenciado.

Gabriel Elorriaga Pisarik, del PP, también ha defendido el sistema de mutualidades, ya que «ahorra costes al sistema público», y ha cargado contra la «izquierda» por ser «alérgicos a la libre elección de las personas». «Igualar por abajo es la solución de la izquierda casi para cualquier cosa», ha acusado.

En este contexto, ha denunciado que la PNL de Podemos tiene «dos grandes prejuicios». El primero es que «siguen creyendo que la iniciativa privada no puede ofrecer servicios a través del mercado». «Y el segundo es contra los trabajadores públicos. Sus millones de usuarios aprecian notablemente las mutuas, que contribuyen a descargar el SNS», ha remachado.

TEST DE ANTÍGENOS EN FARMACIAS

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una propuesta de VOX para la financiación pública de los test de antígenos autorizados para su dispensación en oficinas de farmacia.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal reclamaba la financiación «total» de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, como «medida efectiva de contención y prevención de los contagios por COVID19, mediante la exención de la aportación económica para todos los pacientes y usuarios, hasta la declaración por el Gobierno de la finalización de la crisis sanitaria en España».

Asimismo, también insistían en la necesidad de la financiación «parcial» de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, mediante aportación reducida una vez declarado el fin de la referida crisis sanitaria».

RECHAZO A UNA AUTORIDAD DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS

La Comisión tampoco ha apoyado la PNL de PDeCAT para la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (AIEPPS), con sede en Barcelona, al existir ya otros organismos que cuentan con competencias similares.

Este organismo actuaría como «autoridad independiente para evaluar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con su impacto presupuestario».

La diputada de PDeCAT Concep Cañadell Salvia ha defendido que este organismo, que sería similar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), podría estar financiado por los Fondos Next Generation EU, que «pueden contribuir a la creación y puesta en marcha del nuevo organismo».

Cañadell ha argumentado que numerosos expertos del ámbito sanitario, investigadores académicos e instituciones han solicitado reiteradamente al Gobierno la creación de este organismo independiente para la evaluación de las prestaciones y políticas sanitarias. En este punto, ha citado como ejemplo al National Institute for Health and Care Excellence de Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés).

«El SNS mejoraría notablemente si todas las decisiones, también las políticas sobre estrategia, planificación y distribución de recursos, se basasen en criterios técnicos y en evidencia contrastada y fuesen evaluadas y sirviesen para la rendición de cuentas a la ciudadanía, anulando la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro», defendía la PNL del partido catalán.

La dirección nacional del PP confía en que Pablo Casado llegue el sábado a la manifestación que el sindicato de Policía y Guardia Civil JUSAPOL ha convocado en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ‘Ley Mordaza’, según han informado fuentes de la dirección del partido. A esta protesta han confirmado su asistencia la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

A esta marcha policial acudirán también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Si al final se confirma la presencia de Casado, la foto conjunta de ambos será la más buscada por los reporteros gráficos, dado que esta convocatoria se produce en pleno pulso interno por el control del PP de Madrid.

El conflicto interno se ha enquistado en las últimas semanas y no se atisba una solución a corto plazo en el horizonte. La última vez que Casado y Ayuso coincidieron fue el pasado 19 de octubre en una visita a las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower ubicado en la quinta torre más alta de Madrid.

CON SUS PRESIDENTES EN LEÓN EL VIERNES Y SÁBADO A PRIMERA HORA

Casado viajará este viernes a La Rioja para visitar, a partir de las 12.30 horas, las bodegas riojanas de Campo Viejo, a pesar de que el PNV ha retirado su ley sobre la denominación de origen Rioja que se iba de debatir en el Pleno del próximo miércoles.

Después, se desplazará a León para asistir por la tarde a la cumbre de presidentes provinciales que ha organizado el partido durante dos días, unas jornadas de «convivencia» con las que busca hacer equipo e intercambiar experiencias de trabajo, según fuentes del partido.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, será el encargado de su inaugurar el viernes esas «jornadas de hermanamiento», junto al secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y el presidente provincial, Javier Santiago.

«HARÁ TODO LO POSIBLE POR ESTAR»

El sábado por la mañana, Casado tiene previsto reunir a primera hora a sus presidentes provinciales –sobre las 9.30 o 10 de la mañana, según fuentes de la cúpula del PP– antes de poner rumbo a Madrid y poder llegar, a ser posible, al final de la manifestación de Policía y Guardia Civil contra la reforma de la ‘Ley Mordaza’.

«Hará todo lo posible para estar, pero no lo podremos saber hasta el sábado», han señalado fuentes próximas a Casado, que han subrayado que el partido estará ampliamente representando porque habrá más miembros de la dirección nacional del PP en esa protesta policial.

En ‘Génova’ desconocen si coincidirá con Ayuso o no en esa manifestación pero subrayan que Pablo Casado «no se esconde» y recuerdan que ya estuvo el pasado miércoles en la concentración convocada por las Fuerzas de Seguridad delante de la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid.

CASADO IRÁ LA PRÓXIMA SEMANA AL CONGRESO DE SUP

Como muestra del apoyo de los ‘populares’ a las movilizaciones y reivindicaciones policiales, fuentes del PP han avanzado que Casado asistirá la próxima semana al congreso del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Madrid.

El jefe de la oposición ya ha asegurado que recurrirá la reforma de la ‘Ley Mordaza’ ante el Tribunal Constitucional si se aprueban en el Parlamento los cambios que han planteado el PSOE y Unidas Podemos. Además, ha avanzado que la derogará esa reforma si llega al Palacio de la Moncloa.

El presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, el exministro José Luis Ábalos, ha reprendido este jueves a Vox por referirse a EH Bildu como «Bildu-ETA» y llamar terrorista a Arnaldo Otegi. Ha ocurrido en el transcurso de un debate sobre una proposición no de ley para incentivar la presencia de policías y guardias civiles en Cataluña, a través de la declaración de Zona de Especial Singularidad.

El partido de Santiago Abascal, que ha aceptado una enmienda del PP, no ha conseguido apoyos suficientes. Ciudadanos ha respaldado que se declare Cataluña Zona de Especial Singularidad, citando los incidentes de este jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona contra el acto del el grupo constitucionalista S’ha Acabat!.

El partido naranja, no obstante, ha afeado a Vox que mezclara su iniciativa con una proposición que había defendido previamente el diputado Miguel Gutiérrez. En concreto, había pedido mejorar el complemento de territorialidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, previo estudio del Ministerio del Interior de las ciudades donde hay mayor carestía de vida. Esta propuesta también ha sido rechazada.

Durante el debate, el exministro José Luis Ábalos ha reprendido en varias ocasiones a Vox: primero por el uso que días atrás hizo Macarena Olona de una fotografía tomada en una ponencia a puerta cerrada para criticar el pacto del PSOE con Bildu y ERC y, posteriormente, por llamar terrorista a Arnaldo Otegi.

LA TANQUETA, SÓLO EN CÁDIZ

En su defensa para declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz se ha referido al «portavoz de Bildu-ETA», lo que ha llevado a Ábalos a interrumpirle para pedirle «un poco de respeto». Alcaraz ha continuado asegurando que Otegi es un «condenado por un secuestro terrorista».

El diputado de Vox ha comparado la situación que se vive en Cataluña desde el referéndum del 1-O en 2017 con el «terrorismo callejero de las vascongadas». «Allí no había tanquetas como sí las ha habido contra los trabajadores de Cádiz», ha apuntado. Al final de su turno, Ábalos le ha vuelto a recriminar que haya «intentado criminalizar a un grupo parlamentario como terrorista», en referencia a EH Bildu.

«Hay límites. Rojo, comunista, fascista, esos términos está ya uno habituado. Pero llamar terrorista a alguien es imputar un delito muy grave, y más en sede parlamentaria», ha terciado Ábalos.

El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha evitado responder a las alusiones sobre Otegi en el debate de la proposición sobre declarar Cataluña Zona de Especial Singularidad, lo que entiende que «va contra el sentido común y los datos» del Ministerio del Interior. Según ha dicho, Cataluña no aparece entre las regiones con más atentados contra la autoridad ni tampoco con peor tasa de criminalidad.

Desde el PSOE, Francisco Aranda ha censurado la «espiral engañosa y manipuladora» de la «ultraderecha». Según él, el mejor reconocimiento para policías y guardias civiles es el incremento neto de 10.000 plazas desde 2018, además de aumentarles el sueldo. «Este Gobierno ni se apropia de las Fuerzas de Seguridad ni crea unidades de policías patrióticas», ha comentado.

OTRAS PNL A DEBATE

La Comisión de Interior ha aprobado sendas proposiciones no de ley de PSOE y Unidas Podemos sobre el desarrollo de los ejes de actuación en materia de ciberseguridad y sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de vigilancia masiva. Los socialista también han sacado adelante una PNL sobre crear en la Guardia Civil una «línea de atención a víctimas de delitos sensibles en el medio rural».

Sin embargo se han rechazado otras tantas propuestas sobre un reglamento de unidades caninas (PP), el uso de los centros de atención temporal de extranjeros en la estrategia para frenar la oleada de inmigración ilegal (Vox) y para incrementar los efectivos policiales en los municipios de Galicia que «soportan un aumento de población flotante» debido al Camino de Santiago (PP).

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) ha advertido de un «alarmante e invisible» aumento de casos de violencia contra niños y adolescentes.

En concreto, la Federación señala que las consultas que ha recibido relacionadas con casos de violencia contra la infancia y adolescencia se han incrementado un 18% en lo que va de 2021 respecto al total del ejercicio anterior.

Según el Servicio de Orientación e Información de la Ciudadanía (SOIC) de FAPMI, durante este ejercicio, las consultas por maltrato físico y violencia psicológica han sido las más frecuentes.

Ante esta «alarmante» situación, FAPMI organizó el pasado miércoles 24 de noviembre la Jornada ‘El cuento cambia si tú lo cuentas. Presentación estatal de la campaña para prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia’, a la que asistieron diversas autoridades y expertos.

La directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Violeta Assiego, mostró su preocupación ante una prevención que «no termina de materializarse» y puso énfasis en la necesidad de «cooperación, coordinación y comunicación.

En opinión de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y cooperación territorial, María Dolores López, «las personas violentas suelen beneficiarse de la invisibilidad que logran y del silencio». Además, mencionó la importancia de la implantación de la figura del coordinador de bienestar y protección, y apeló a «la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa» para la localización de casos vulnerables.

Por su parte, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, advirtió de que se trata de un asunto «desconocido y mucho más grave» de lo que se cree y que es necesario un «amplio debate público para la concienciación social» ya que, por ejemplo, solo en denuncias contra la libertad sexual, «las de los niños y niñas suponen el 50% de estas».

Tal y como explicó la profesora titular de victimología, de la Universidad de Barcelona, Grupo GReVIA, Noemí Pereda, en España, uno de los países con más estudios epidemiológicos sobre violencia contra la infancia, «más del 80% de los chicos y chicas de la población general ha estado expuesto a alguna forma de violencia a lo largo de su vida».

Pereda, que participó en un estudio en el que se entrevistó directamente a niños y niñas de 12 a 17 años sobre sus experiencias de violencia, en Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, remarcó que, si bien uno de cada cuatro menores españoles reportó malos tratos físicos y emocionales, o conductas negligentes por parte de sus padres o cuidadores principales, de los casos de violencia que sufren, «el 90% no fueron notificados durante la infancia».

Finalmente, la coordinadora general de FAPMI-ECPAT España, Alejandra Pascual, insistió en que «no son solo cifras» y «detrás de cada caso, hay un niño o niña y una familia que sufre, y mucho». Aun así, aseguró que las cifras son «bienvenidas» para mostrar la magnitud del problema, ya que la violencia contra la infancia es una «verdadera pandemia».

La Biblioteca Nacional y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado han alcanzado un acuerdo para ilustrar los décimos de Lotería Nacional de los sorteos de los jueves, con una serie de 12 manuscritos iluminados, seleccionados de los fondos de la institución dirigida por Ana Santos.

«La colaboración de la BNE y Loterías responde a la responsabilidad y compromiso de ambas instituciones con la divulgación de la riqueza del patrimonio histórico-cultural y los décimos son un eficaz vehículo de transmisión a millones de personas», han señalado los firmantes.

Los sorteos de los jueves que llevarán como imagen los manuscritos iluminados de la BNE y que difundirán cada semana estas obras únicas a través de los seis millones de décimos disponibles para cada sorteo incluirán al Códice de Metz, el manuscrito más antiguo que se conserva en la BNE, del S.IX (hacia 825- 850).

En los siguientes sorteos, se podrán ver al manuscrito Moralia in Job (S.X) de Gregorio Magno; Beato de Fernando I y Doña Sancha (S.XI); la Historia Bizantina o Synopsis historiarum, de Ioannes Scylitza (S.XII); el Terç del Crestià (S.XV) de Francesc Eiximenis; Guía de Perplejos (S.XV), de Maimónides; el tratado de ajedrez De ludo scacorum (S.XV); las Poesías de Francesco Petrarca (S.XV); el Cancionero de Stúñiga (S.XV); las Horas de Leonor de la Vega (S.XV); o las Introductiones Latinae, de Antonio de Nebrija (S.XV). La serie finalizará con el Libro de horas de Carlos V (S.XVI).

La colección de códices iluminados de la Biblioteca Nacional de España es la más rica del mundo hispánico: se compone de más de 800 volúmenes que contienen aproximadamente 10.000 miniaturas, e incluye ejemplares desde la Alta Edad Media (siglos IX y X), hasta el Renacimiento tardío (siglo XVI).

Todas las escuelas pictóricas de iluminación están representadas: la española (más de 300 ejemplares), la italiana (300), la francesa (142), la flamenca (14), y hay también algunos códices ingleses y de focos centroeuropeos (Alemania, Bohemia).

La Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para reclamar la no eliminación del margen de 20 kilómetros hora (Km/h) para realizar adelantamientos en carreteras secundarias, una medida aprobada por el Senado en el trámite parlamentario de la reforma de la Ley de Tráfico.

«Lo que no queremos es transgredir la norma ni ir constantemente infringiendo la velocidad máxima de la vía. Lo que queremos es poder tener un margen seguro para realizar exclusivamente la maniobra de adelantamiento y luego continuar con la velocidad adecuada y permitida en cada vía», la vicepresidenta y portavoz de la plataforma, María José Alonso.

En la iniciativa, que ya suma más de 200 apoyos y se dirige al Gobierno, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, la portavoz de la plataforma sostiene que esta medida «es un despropósito, teniendo en cuenta que obligará a realizar los adelantamientos a una velocidad considerablemente más baja, necesitando más tiempo y más espacio para adelantar».

Asimismo, María José Alonso advierte en el texto de que obligará a los usuarios de la vía «a ocupar el carril contrario aproximadamente tres veces más tiempo que en la actualidad, con el consiguiente riesgo que ello supone para todos».

En este sentido, añade que «se contradice directamente con el artículo 85 del mismo Reglamento General de Circulación, donde se obliga a que dicha maniobra se realice con una ‘velocidad notoriamente superior'».

Según pone de relieve, «por si esto fuera poco, en 45 años de vigencia de esta norma no hay ni un solo estudio ni informe técnico que avale la posibilidad de que los siniestros producidos en carreteras convencionales sean debidos a la utilización de ese margen de 20 kilómetros por hora a la hora de realizar un adelantamiento».

«¿Por qué se elimina un margen de seguridad como este? El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, lo ha reconocido públicamente ante el Senado: para facilitar la imposición de sanciones con los nuevos radares de tramo», ha manifestado, para después añadir que «esto no es seguridad, esto es recaudación».

Desde la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Asociación Nacional de Motoristas y Provial, con el respaldo de más de 600.000 usuarios de la carretera, piden al Congreso que «no ratifique la reforma y no se elimine este margen de seguridad».

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, encabezarán este viernes la reunión de la comisión bilateral de Infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebrará en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Por parte de la Generalitat asistirán la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca; el secretario general de Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font; el secretario general de Economía, Jordi Cabrafiga; el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Bernat Costas; el presidente de la Associació de Municipis de Catalunya (AMC), Lluís Soler, y la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Olga Arnau.

La reunión tendrá como principal punto el posible traspaso de la gestión de Rodalies y llega días después de que ERC haya pactado esta transferencia a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

En concreto, se debatirá sobre el traspaso de los fondos para financiar las operaciones de Renfe en los servicios de Rodalies y Regionales, y el traspaso del material rodante y trabajadores a la Generalitat.

Según explicó ERC, el acuerdo con el Gobierno incluye iniciar los trámites para realizar el «traspaso íntegro» de la gestión de Rodalies a la Generalitat.

Este posible traspaso fue la causa de la huelga de maquinistas entre finales de septiembre y principios de octubre convocada por el sindicato Semaf, que no querían ser trasladados y depender de la Generalitat.

En octubre, la Generalitat acordó asumir el servicio de Rodalies de Lleida a través de Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya (FGC), que se prevé que opere las líneas RL3 y RL4 a partir de 2024, un servicio por el que prevé adquirir cuatro nuevos trenes para que la frecuencia de paso entre Lleida y Cervera pase de seis a 12 viajes, mientras que el tramo de Cervera y Manresa (Barcelona) pasará de tres a cinco.

En la actualidad, la Generalitat ya es la titular del servicio de Rodalies en su ámbito territorial y tiene la potestad de definir los servicios que se presta en Cataluña, así como las tarifas de todos esos trenes considerados Obligación de Servicio Público (Cercanías y Media Distancia).

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

El pasado 8 de octubre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat no era «una cuestión que esté encima de la mesa».

La propia ministra anunció el pasado viernes la puesta en marcha de un Plan de Acción inmediata para Rodalies «con un horizonte temporal delimitado desde noviembre y que Renfe desplegará hasta el verano de 2022».

El plan incluirá «mejoras para reforzar la sensación de seguridad de las personas, su percepción del servicio y de la atención que reciben, y también mejoras en la calidad y accesibilidad del servicio de las estaciones, de trenes y de las propias infraestructuras».

Entre las acciones se encuentra la instalación de lectores de códigos en los accesos de 66 estaciones, la adjudicación de la renovación integral de siete estaciones, la renovación de catenaria e infraestructuras de varios tramos de la red y la puesta en servicio de la nueva estación de Sant Andreu Comtal (Barcelona).

AEROPUERTO Y CARRETERAS

Además de Rodalies, Gobierno y Generalitat tienen otros temas de actualidad sobre la mesa, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat o el futuro modelo de pago en las autopistas que la Unión Europea (UE) exige que se implemente antes de 2024.

El pasado 2 de agosto, la Comisión Bilateral entre ambos Ejecutivos acordó de forma verbal la ampliación de la infraestructura con una inversión de 1.700 millones de euros, aunque este acuerdo sellado entre la ministra y Puigneró generó tensiones entre los socios del Ejecutivo catalán.

Por este motivo, el 8 de septiembre Raquel Sánchez anunció la suspensión de esta inversión a causa de la «falta de confianza» del Govern en esa inversión, y posteriormente el Gobierno la descartó.

Por otro lado, el pasado 1 de septiembre se levantaron los peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-33 y C-32 norte, por lo que desde entonces en Catalunya solo se mantienen cuatro peajes en carreteras gestionadas por la Generalitat, que se mantendrán hasta 2037 y 2039.

Sin embargo, la Unión Europea exige que todas las autopistas sean de pago en 2024 y aunque el Gobierno ya ha manifestado que no serán peajes como los existentes hasta el momento, la Generalitat ha reclamado que se le explique cuál el nuevo modelo para adaptar los de las vías que aún son de pago.

DIÁLOGO Y PRESUPUESTOS

Esta reunión sobre infraestructuras llega después de la comisión bilateral de agosto pero también tras la celebración de la mesa de diálogo del pasado 15 de septiembre en el Palau de la Generalitat, marcada por la ausencia de Junts.

Aquel mismo día, también se reunieron previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el primer encuentro desde febrero de 2020.

El encuentro de este viernes llega en la misma semana que los Presupuestos de la Generalitat para 2022 han iniciado su trámite parlamentario, en el que se ha desencallado los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y que el Congreso de los Diputados ha aprobado los PGE.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyen un Plan de Apoyo al emprendimiento de la bioeconomía local en áreas de declive demográfico, con un presupuesto de 120 millones de euros, que va a impulsarse desde la Secretaría General para el Reto Demográfico del MITECO, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta, Teresa Ribera.

«La mayor parte de nuestros recursos ambientales más valiosos se sitúan precisamente en nuestras áreas rurales. Por ello, tenemos que impulsar el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos endógenos», ha destacado Ribera, que ha participado de forma telemática en el acto de clausura de la jornada ‘El reto de la España interior’, organizada por ‘eldiario.es’ en Soria.

«Vamos a trabajar con las comunidades autónomas, las entidades locales y las empresas del sector forestal, territorializando una parte de estos 120 millones (40 millones a las CCAA), y desarrollando dos convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 40 millones a entidades locales y 40 millones a empresas», ha explicado Ribera.

La vicepresidenta ha destacado que «este Plan de Apoyo será muy relevante en la provincia de Soria, donde el 60% de su territorio es superficie forestal». «El potencial de sus bosques tanto para uso energético como industrial, con el impulso de una nueva construcción sostenible, es muy importante», ha dicho.

En más de 4.100 municipios españoles, la superficie forestal representa más de la mitad de su extensión. El 80% de estos municipios son pequeños municipios, de menos de 5.000 habitantes, que están perdiendo población.

En Soria, la superficie forestal ocupa 6.204 km2, el 60% de la extensión de la provincia. En 114 municipios, dos de cada tres, más de la mitad de su superficie es forestal. De ellos, 102 tienen una densidad de población inferior a las 12,5 habitantes por km2.

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves en el Senado que el primer contrato sobre el talent de cocina ‘MasterChef’, cerrado por el nuevo Consejo de Administración, «tasa el tiempo» de duración del programa, que se alarga «hasta la eternidad». «No era el caso del contrato anterior en MasterChef», ha apostillado.

Así lo ha indicado Pérez Tornero en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta, al ser preguntado por la senadora del PP Amelia Salanueva sobre tiene previsto un «refuerzo» de la oferta de ficción y entretenimiento.

Salanueva ha explicado que su grupo cree que «no hay una verdadera, sugestiva estrategia de programación» en RTVE y ha añadido que hay «poca originalidad» en la oferta de la pública. «Hay que renovar intensamente la propuesta de entretenimiento y de ficción de RTVE», ha reconocido el presidente de la empresa pública, que ha detallado que la organización del ‘prime time’ cambiará a partir de 2022.

Asimismo, Pérez Tornero ha comentado que RTVE creará una unidad de desarrollo de formatos y pedirá propuestas a todo el sistema de producción audiovisual español. «En el próximo trimestre veremos algún cambio modesto, tímido», ha apuntado.

El senador socialista Jesús Martín ha querido saber si tiene previsto remodelar la parrilla de La 2 a efectos de captar más audiencia. «Tengo la sensación de que los espectadores de La 2 somos como una clientela de culto y es obvio que si uno mira la parrilla de La 2 en los últimos años, incluso algún programa que se ha enquistado sempiternamente en el tiempo, la verdad es que no hay una renovación de oferta», ha apuntado.

Sobre esta cuestión, Pérez Tornero ha respondido que hay que «activar» La 2 de TVE y «darle vida» porque se trabaja «mucho» con producto enlatado, para lo que propone la creación de «franjas horizontales, continuas, en directo», basada en contenido científico, de cine, música y juventud, entre otras.

El diputado del PSOE Juan Luis Soto ha traído a la sesión las polémicas declaraciones del director de ‘Estudio Estadio’, de Teledeporte, Juan Carlos Rivero, sobre la ausencia femenina en el programa. En este caso, Pérez Tornero ha asegurado que ya ha hablado al respecto con el presentador y ha anunciado su compromiso para «revertir» una situación «llamativa» y es que la presencia de mujeres en los espacios deportivos se sitúa en el 20%. «Vamos a hacer una tratamiento de choque», ha manifestado.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por las cifras de deuda y déficit que tendrá RTVE a finales de 2021 ha preguntado el diputado del PP Andrés Lorite, mientras que su colega en el Senado Antonio Silván le ha pedido un avance del alcance en la reducción del organigrama directivo y el ahorro económico previsto.

Pérez Tornero ha dicho que RTVE calcula cerrar el ejercicio 2021 con una deuda de 325 millones de euros y ha recordado que están «pendientes» del litigio sobre la devolución del IVA por parte de la Agencia Tributaria. Así, ha subrayado que, según sus cálculos, con dicha devolución recuperarían 390 millones de euros. «Es decir, tendremos un saldo positivo de 65 millones. Eso en el mejor de los escenarios. El peor, no nos aleja mucho de los 325 millones», ha apuntado.

Por otro lado, respecto al organigrama directivo, el presidente de RTVE ha indicado que el cambio se producirá en tres fases: una primera de reorganización, para transformar la estructura vertical en horizontal; una segunda de estructuración, en la que se va a producir la reducción de puestos directivos; y una tercera de estabilización. «Esto va a reducir la masa salarial», ha remachado.

El senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarría ha querido saber qué instrumentos contempla la Dirección de la Corporación RTVE para medir «más fielmente» las audiencias. «Queremos ampliar los sistemas de medición, acabar con las zonas de sombra en diálogo con la industria que analiza las audiencias, con tranquilidad, con serenidad. Queremos consultar a la Academia y proponer, para el próximo Libro Blanco, un sistema más completo que cuadre bien con los indicadores de valor público que exige un servicio público como el de RTVE», ha dicho Pérez Tornero.

En esta línea, el parlamentario ‘popular’ Eduardo Carazo le ha pedido una valoración en relación con la evolución de las audiencias de los principales informativos de Televisión Española (TVE) en las últimas semanas y ha señalado que «la mejor receta» para ganar credibilidad es «desterrar el sectarismo». Pérez Tornero ha comentado que ha habido «un ligero ascenso», pero ha agregado que «hay que seguir en la batalla».

El diputado de ERC Gerard Álvarez ha vuelto a traer a la Cámara la no renovación del periodista Jesús Cintora al frente de ‘Las cosas claras’, lo que considera «arbitrario» porque «tenía buenas audiencias» y hacía «bien su trabajo». De nuevo, Pérez Tornero ha reiterado que se debe a una decisión del Consejo de Administración. «Le aseguro que no habido ninguna censura», ha remarcado el responsable de RTVE.

El representante de VOX, Manuel Mariscal, ha pedido al presidente de RTVE su valoración sobre la situación de los centros territoriales, mientras que la ‘popular’ Macarena Montesinos le ha preguntado si RTVE ha encontrado una solución para evitar la incertidumbre sobre su futuro. El presidente ha explicado que las oposiciones darán prioridad a los puestos de los centros territoriales, afectados por las prejubilaciones y jubilaciones de muchos trabajadores.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, una Proposición No de Ley (PNL) liderada por la formación ‘naranja’ a favor de la desestigmatización de los problemas de salud mental.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha advertido de que la pandemia «ha agravado los problemas mentales de los españoles». «Se ha disparado la ansiedad, las depresiones, la angustia… Hay serios problemas de autoestima, miedo al futuro, incertidumbre…», ha detallado.

Por ello, ha reivindicado que «se necesitan medios». «Para que ir al psicólogo no sea un lujo, que no te den cita para dentro de seis meses. Hay gente que se ha quitado la vida en ese tiempo de espera», ha lamentado Díaz.

La propuesta del grupo ‘naranja’ apuesta por aprobar una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental, en la que ya está trabajando el Ministerio de Sanidad y será presentada en breve.

Ciudadanos reclama que esta Estrategia venga acompañada de «compromisos presupuestarios y de recursos humanos suficientes para garantizar su puesta en marcha, con medidas específicas dirigidas a la desestigmatización de los problemas de salud mental».

Asimismo, insisten en la necesidad de incluir en la nueva Estrategia de Salud Mental un Plan de Prevención del Suicidio, con «medidas concretas e implicando a todos los sectores de la sociedad en la correcta detección de las conductas suicidas y su prevención, especialmente en jóvenes y personas en situación de soledad no deseada».

María Teresa Angulo, del PP, ha defendido que resulta «urgente afrontar de una vez por todas los retos de la salud mental con un abordaje integral dentro de la actividad sanitaria y social».

Así, ha reclamado al Gobierno que la salud mental debería ser «prioritaria». «Cada vez es más alarmante el impacto en la salud mental. Y el Gobierno palabras pero ni un solo hecho tangible. A pesar de los anuncios, la realidad es que todavía no se ha aprobado la Estrategia. Señores de PSOE y Podemos, pasen ya de las palabras a los hechos, es necesario un salto cualitativo en la atención de los problemas de salud mental. Cada día que pasa puede ser tarde ya para muchos ciudadanos», ha advertido.

Por su parte, Carmen Andrés Añón, del PSOE, ha votado que sí a esta PNL para «avanzar en salud mental desde el consenso político», pero ha afeado a Ciudadanos que no apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que recogen una partida específica para este apartado.

«Esta PNL está vacía de contenido porque han votado no a los presupuestos. La salud mental es una prioridad del Gobierno de coalición y trabaja desde el principio en ella. Preocupa y ocupa al Gobierno. Tenemos prácticamente acabada la Estrategia de Salud Mental, que se ejecutará con la partida de 6.600 millones de euros para Sanidad a la que ustedes han votado no», ha añadido al respecto.

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE CUIDADOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS

Por otra parte, la Comisión ha dado su visto bueno a una PNL de ERC para el reconocimiento y desarrollo de la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos.

En concreto, se reclama que se convoque, en el plazo máximo de un mes, la Comisión Nacional designada por el Ministerio de Sanidad en la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos para que presente, en el plazo máximo de 3 meses, el programa formativo correspondiente a esta especialización, su duración y todos los criterios específicos y necesarios exigidos por ley para su desarrollo efectivo e implementación, así como los criterios para la acreditación profesional resultante de la capacitación adquirida en la especialidad.

Asimismo, se insta a fijar, en el plazo máximo de seis meses, y de conformidad con el artículo 22 de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, una oferta anual de plazas de la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos que permita «el desarrollo de la carrera de estos profesionales, que no restrinja ni limite su acceso y ejercicio, que sea adecuada a sus necesidades y tenga en consideración las demandas asistenciales emergentes».

El Real Decreto 450/2005 sobre especialidades de Enfermería incluyó siete nuevas especialides: Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental, Geriatría, Pediatría, Enfermería del Trabajo, Cuidados Médico-Quirúrgicos, y Familiar y Comunitaria.

Sin embargo, y tal como ha recordado el defensor de la PNL, el diputado Xavier Eritja, actualmente el desarrollo e implementación de estas especialidades se ha llevado a cabo de manera efectiva en todas las ramas, a excepción de la formación especializada en el campo de Cuidados Médico-Quirúrgicos, que queda aún pendiente.

La comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’ ha citado para el próximo 13 de diciembre al ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, cuyo interrogatorio pondrá fin a las comparecencias ante este órgano encargado de analizar la trama supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según han informado fuentes parlamentarias la comisión se ha visto obligada ha reorganizar el calendario que inicialmente había diseñado para la recta final de sus trabajos, que tienen que concluir antes de que acabe el año.

El penúltimo en acudir a la comisión, justo antes de Rajoy, iba a ser el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pero finalmente será la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, que lo hará el 9 de diciembre.

FERNÁNDEZ DÍAZ, EL 2 DE DICIEMBRE

El órgano que preside la socialista Isaura Leal retomará sus interrogatorios la semana que viene, concretamente el 1 de diciembre, con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Ahora, López ejerce como interlocutor del PP con el Gobierno para la hasta ahora frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2017, cuando era juez de la Audiencia Nacional, medió entre el entorno del ex tesorero ‘popular’ y los abogados del PP, pero según señaló cuando se publicó esa información, se limitó a ponerles en contacto sin llevar a cabo ninguna gestión relativa al ‘caso Bárcenas’.

En la misma sesión, justo después de López comparecerá José Luis Ortiz Grande, que fue jefe de Gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha y como secretaria general del PP.

Y COSPEDAL, EL 9

El día 2, en sesión vespertina, será el turno de Fernández Díaz, imputado en el caso por su «participación directa» en la operación que supuestamente organizó desde el ministerio para recabar de Bárcenas documentación pudiera comprometer a dirigentes del PP en casos de corrupción.

También se había programado para el día 2, por la mañana, la comparecencia de Cospedal. La que fuera también ministra de Defensa con Rajoy iba a haber comparecido en el Congreso el pasado 2 de junio, pero su interrogatorio se suspendió en el último momento tras conocerse su imputación en el caso ‘Kitchen’. Finalmente, será interrogada el 9 de diciembre.

Y será Rajoy quien cierre las comparecencias la semana siguiente. Tras su interrogatorio los comisionados intentarán acordar un documento de conclusiones que deberá ser aprobado por la comisión antes de que acabe diciembre y que ya en 2022 será elevado al Pleno para su ratificación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la investigación contra la gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal en el marco del denominado ‘caso Neurona’.

En un auto de 17 de noviembre, la Sección 30 ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular ejercida por Prolege contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid de archivar la línea de investigación relativa a Val por la implementación de los dos complementos salariales y respecto al abono de los gastos de desplazamiento de ella y del tesorero del partido Daniel de Frutos.

En concreto, el juez Juan José Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia –de la que partió el caso ‘Neurona’– como posibles sobresueldos. El pasado 18 de junio, sin embargo, dictó el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito.

Escalonilla ya había acordado en marzo archivar provisionalmente esta línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación ‘morada’, pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.

En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar «indiciariamente» que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

Finalmente, el instructor tuvo en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera. También analizó la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación. Concluyó que no se apreciaba delito.

REPROCHA QUE SE INTENTE HACER UNA «AUDITORÍA GENERAL»

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo al considerar que «no queda debidamente justificada la perpetración del delito de administración desleal».

Los magistrados han explicado que la duda que en un principio le surgió al juez instructor sobre si Val tenía o no facultades para aprobar la escala salarial queda despejada por la normativa interna y la propia conducta del partido político, que ni siquiera denunció los hechos ni cesó a Val por ello.

En el marco del auto, los magistrados han parafraseado el escrito de impugnación de Podemos y han destacado que, «en efecto», parece que la acusación popular ejercida por Prolege «está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son mecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara».

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el presupuesto de la Casa del Rey para 2022, dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con el respaldo de Unidas Podemos, Más País y el PNV, y el rechazo de partidos como Vox o Ciudadanos.

En concreto, el proyecto presupuestario contempla destinar a Zarzuela el próximo ejercicio un total de 8.431.150 euros, un dinero del que el Rey dispone libremente, como establece la Constitución, y que se destina a pagar al personal de la Casa del Rey y a sufragar las asignaciones de Felipe VI, la Reina Letizia y la Reina Sofía –en marzo de 2020 el Rey decidió retirar la asignación a su padre, Juan Carlos I–.

Una partida que ha cosechado 259 votos a favor –una de las cifras más elevadas de todo el proyecto– emitidos por diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe, Foro Astruias y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero.

Y han votado en contra los diputados de Vox, Ciudadanos (que han rechazado todos los apartados de los Presupuestos), además de los independentistas catalanes de Junts y la CUP, hasta sumar 66 votos. En la votación ha habido también 23 abstenciones de ERC, Bildu, el PDeCAT y el BNG, según consta en las votaciones nominales.

PODEMOS NO AHORRA CRÍTICAS

Con independencia del sentido del voto, en el debate de las cuentas de Zarzuela Unidas Podemos ha criticado el «brutal» gasto que, según su diputado Roberto Uriarte, supone el mantenimiento de la Casa del Rey, unas cifras que ha contrastado con las que se destina al sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha subrayado que cobra mucho menos que muchos presidentes autonómicos, diputados regionales o alcaldes de todo el país.

Y desde el PP y Vox se han vuelto a escuchar argumentos en favor de la institución monárquica. «La mayoría de las democracias plenas son monarquías parlamentarias», ha dicho el ‘popular’ Vicente Tirado, quien ha confesado que para él es «un honor» defender a la que dirige Felipe VI porque es «muy útil y eficaz» y está «muy bien valorada por los españoles».

A su juicio, «el problema de España no es la Corona» sino el Gobierno que pactar con independentistas que atacan a la Monarquía porque es «el símbolo de la unidad, continuidad y permanencia de España». Además, ha defendido la «austeridad» de la Casa del Rey llegando a decir que es «más transparente» que el Gobierno de Pedro Sánchez.

LA AUSTERIDAD DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

En el argumento de lo «barata» que sale la Corona española frente a otras monarquías o repúblicas europeas ha incidido también José María Sánchez, de Vox, quien ha denunciado que el Presupuesto de la Casa del Rey es ahora menor que el de 2006 y ha señalado que el de la República italiana asciende a 224 millones y el de la francesa a 105.

Unidas Podemos ha rebatido ese argumento subrayando que, además del presupuesto de el Casa del Rey, el Estado dispone de otras partidas de Presidencia, Interior, Defensa y Cultura de las que se beneficia la Corona.

Uriarte se ha afanado en defender que es «radicalmente falso» que la española sea una monarquía «austera» y ha destacado, de entre las «ingentes» cantidades de las que a su juicio se beneficia Zarzuela, el «cajón sin fondo» de Patrimonio Nacional, «con más de cien empleados, incluidos los ayudas de cámara que están en Abu Dabi y las indemnizaciones a la tripulación del yate ‘Fortuna'».

ERC SE ABSTIENE Y NI DEFIENDE SU ENMIENDA

La única enmienda presentada a la partida para Zarzuela llevaba la firma de ERC, pero ningún diputado de este grupo ha salido a defenderla. Solicitaba suprimir la partida de 8,4 millones de euros que los Presupuestos reservan para la Casa del Rey y sustituirla por un ‘sueldo’ para Felipe VI, de manera que cobre «como jefe del Estado» pero no como Rey.

El socialista Guillermo Meijón ha recordado a ERC que no se puede «modificar el orden constitucional» mediante una enmienda a los Presupuestos y ha recordado que, a diferencia de lo que sostienen los independentistas, Felipe VI no cobra «23.000 euros al día» porque los 8,4 millones que percibe Zarzuela son para mantener toda la Casa del Rey. «Los debate sobre Monarquía-República pueden ser muy sugerentes, pero tales cuestiones no caben en este debate», ha rematado