El Eurojackpot de la ONCE tendrá un segundo sorteo, que se celebrará los martes, y eleva su bote hasta los 120 millones de euros a partir del sorteo del viernes 25 de marzo que ya está a la venta.

Así lo ha dado a conocer este lunes la ONCE, que ha destacado que las novedades se aplican a partir del sorteo del 25 de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario de este juego, que la ONCE comercializa junto a otros 17 países del espacio económico europeo.

El Eurojackpot de la ONCE mantiene el precio de dos euros por apuesta, pero eleva el bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora.

"Se trata de una mejora de producto que responde a una demanda de nuestros clientes y que nos va a permitir incrementar las ventas para ampliar nuestra labor social", ha explicado Patricio Cárceles, director adjunto de Juego de la ONCE.

Las novedades van acompañadas de una campaña publicitaria, titulada 'Tataramillonario', que se desarrollará en televisión, radio, redes sociales y en los puntos de venta.

La Comunidad Valenciana y Cataluña son las dos regiones, de las diez que están adheridas al Fondo de Financiación, que más dinero han recibido de los 3.349,6 millones de euros que el Gobierno ha asignado en el segundo trimestre de 2022 con cargo a este fondo. En concreto, la primera, se lleva 983,13 millones, mientras que la comunidad de Pere Aragonés recibirá 850,35 millones de euros, lo que supone que ambas suman el 54,74% del total.

En este Fondo de Financiación no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

De hecho, este Fondo se divide en dos compartimentos: el de Facilidad Financiera, en el que tan solo está Andalucía, y el del Fondo de Liquidez Autonómico, conocido como FLA, y al que están adscritas el resto de CCAA anteriormente citadas.

El FLA fue creado por el Ejecutivo en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las Comunidades Autónomas adscritas para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados.

REPARTO POR CCAA

De este modo, tras la Comunidad Valenciana y Cataluña se sitúan Andalucía (342,64 millones); Murcia (278,70 millones); Aragón (231,81 millones); Extremadura (278,70 millones); Castilla-La Mancha (205,07 millones); La Rioja (129,10 millones); Baleares (76,51 millones) y Cantabria (37,42 millones).

Según ha informado el Ministerio que dirige María Jesús Montero, las necesidades iniciales estimadas del Fondo de Financiación a comunidades autónomas, incluido el compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, ascienden a 34.157,2 millones de euros para todo este ejercicio.

La confederación Autismo España ha reprendido al presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, por utilizar la palabra "autista" de manera "peyorativa".

En concreto, la confederación se refiere a las declaraciones que ha hecho Feijóo este lunes en un acto en A Coruña, cuando ha calificado al Gobierno central de "autista" ante las protestas en la calle de transportistas y otros sectores afectados por la subida de los carburantes.

Autismo España ha criticado el uso del término autista en este contexto. "Desafortunadas palabras de Feijóo, utilizando 'autista' de manera peyorativa. Las personas con autismo luchan cada día por el respeto a su dignidad como ciudadanos de pleno derecho, y los representantes públicos tienen especial responsabilidad en su tratamiento adecuado", subraya la confederación en un mensaje en sus redes sociales.

Además, Autismo España se remite a un artículo publicado en su web en mayo de 2020 en el que explica cómo usar correctamente el término 'autismo'.

En este texto señala que el tratamiento inadecuado y peyorativo del autismo, puede considerarse "una ofensa" contra la imagen social de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Expresiones como el 'autismo social' o el 'autismo político' imprimen una imagen negativa de conceptos que nada tienen que ver con el trastorno del espectro del autismo y las personas que lo presentan", explica la confederación.

Según puntualizan, en el caso del autismo, no es fruto de conductas conscientes o elegidas sino que se trata de "un trastorno de origen neurobiológico con el que una persona nace y que le acompaña a lo largo de su vida".

Por ello, consideran que emplear la palabra 'autista' en esos contextos se convierte en "una falta de sensibilidad" hacia las más de 450.000 personas con TEA que viven en España (casi un millón y medio de personas si se tiene en cuenta también a sus familias).

El Ministerio de Sanidad de Grecia y la Organización Mundial de la Salud en Europa (OMS Europa) han lanzado este lunes un nuevo programa para apoyar y promover la calidad de la atención a la salud mental de niños y adolescentes en los 53 países de la Región Europea de la OMS, en el contexto de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.

"La salud mental de los niños y jóvenes en Europa se ha visto sometida a una gran presión en los últimos años, primero a causa de la pandemia de Covid-19 y ahora, para los millones de afectados por el conflicto, por la crisis humanitaria en Ucrania", señalan desde la oficina europea de la OMS.

Con el programa, la OMS Europa trabajará con los países para mejorar la salud mental y emocional de sus poblaciones más jóvenes, entre otras cosas mediante el apoyo al desarrollo de estrategias y marcos nacionales y el intercambio de las lecciones aprendidas.

"Muchos países ya han desarrollado enfoques exitosos, pero muchos necesitan una plataforma común para compartir conocimientos y experiencia. El nuevo programa de la OMS lo hará posible", señalan desde la organización. Así, también impulsarán las herramientas prácticas y políticas que apoyen las necesidades de salud mental de los niños y los jóvenes.

Además, promoverán la creación de un inventario de la calidad de la atención de los sistemas de atención mental de niños y adolescentes en el Mediterráneo y el sureste de Europa; así como el desarrollo de un paquete de herramientas para medir el progreso clínico con respecto a los estándares basados en la evidencia.

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, ETAPAS CRÍTICAS EN LA SALUD MENTAL

Tal y como recuerdan desde el organismo sanitario de las Naciones Unidas, la infancia y la adolescencia son etapas críticas de la vida para la salud mental, ya que es una época en la que se produce un rápido crecimiento y desarrollo.

Los niños y los adolescentes que son felices y tienen confianza en sí mismos tienen más probabilidades de trasladar esta sensación a la edad adulta y de desarrollar más fácilmente su capacidad de recuperación ante la adversidad. Sin embargo, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de todo el mundo y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.

Durante la pandemia, los cierres de escuelas y las clausuras dejaron a los niños aislados, alejados de sus compañeros e incapaces de socializar y crecer de forma óptima.

"La salud mental y el bienestar es un derecho humano fundamental que debería estar en el centro de nuestros sistemas de salud y ser clave para la recuperación de la emergencia del Covid-19. La pandemia ha afectado a todos los miembros de la sociedad, pero los más vulnerables, incluidos los niños y los jóvenes, son los que más han sufrido", ha declarado el director regional de la OMS para Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.

"El nuevo programa que lanzamos, en colaboración con el Gobierno de Grecia, apoyará a millones de niños y jóvenes de toda nuestra región con medidas y soluciones concretas para mejorar y promover su salud mental y la calidad de los servicios de salud mental de que disponen. Esto, a su vez, sentará una base sólida para una salud y un bienestar más amplios a lo largo de todo el ciclo vital", añade.

CONSTRUIR SERVICIOS DE SALUD MENTAL SÓLIDOS Y DE ALTA CALIDAD

De esta forma, el nuevo programa de la OMS establecerá una respuesta a los problemas de salud mental derivados también de la actual crisis humanitaria en Ucrania.

Experimentar conflictos armados, guerras, desplazamientos forzados o separaciones familiares puede tener consecuencias negativas inmensas y a menudo duraderas para la salud mental de las personas, especialmente para grupos vulnerables como los niños y los adolescentes.

Durante el traslado, pueden surgir problemas como la recaída de afecciones preexistentes, la ansiedad o el estrés, lo que puede impedir que se utilicen las formas tradicionales de afrontamiento.

"Está claro que, ya sea por una pandemia sin precedentes o por una crisis humanitaria repentina, satisfacer las necesidades de salud mental de las personas, especialmente las de los niños y los jóvenes, debe estar en el centro de cualquier sistema sanitario que funcione. Esperamos trabajar estrechamente con los 53 países de nuestra región para hacer esto realidad", ha finalizado el doctor Kluge.

La Fundación Garrigou y el Colegio de Educación Especial María Corredentora han lanzado una campaña para "desmitificar la idea infantil" de las personas con Síndrome de Down, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este lunes 21 de marzo.

El vídeo, de un minuto y medio, presenta a Nacho y su día a día desde que se levanta hasta que llega al trabajo. El espectador ve lo que hace a través de sus ojos y no es hasta el final cuando contempla su rostro y descubre que Nacho tiene Síndrome de Down.

En ese momento, una voz en off pregunta al espectador: "¿Te has sorprendido al verle? Si la respuesta es sí es que todavía queda mucho por hacer".

De esta forma, la Fundación Garrigou y el Colegio de Educación Especial María Corredentora quieren mostrar a las personas con Síndrome de Down como adultos que trabajan, tienen su rutina y se enfrentan a situaciones habituales como coger el autobús o el metro.

El vídeo ha sido realizado por Samuel Rodríguez Rivero, y ha contado con la colaboración de Down Madrid y el Colegio Cambrils.

Fundación Garrigou La Fundación Mauricio Garrigou se constituyó en julio de 2012 para dar a los niños y jóvenes con capacidades diferentes una educación de máxima calidad, atendiendo a sus necesidades específicas y utilizando los métodos educativos más vanguardistas.

Por su parte, el CEE María Corredentora es un colegio concertado ubicado en el barrio madrileño de la Piovera. Es titularidad de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, y en la actualidad atiende a 306 niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años.

El Papa volverá a presidir el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma tras dos años de suspensión para evitar aglomeraciones por la pandemia de coronavirus y se volverán a retomar las celebraciones litúrgicas sin restricciones en Semana Santa, según ha confirmado la Santa Sede.

Según el calendario de ceremonias litúrgicas que presidirá el Pontífice en los próximos dos meses, Francisco presidirá normalmente los ritos de Semana Santa. Así el próximo 15 de abril, el Papa volverá al Coliseo para presidir el vía crucis, las catorce estaciones que recorren desde la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura, en una de las ceremonias más seguidas por los fieles de Roma. Esta tradición recoge la persecución que sufrieron los primeros cristianos por el Imperio Romano.

El año pasado las meditaciones de las catorce estaciones del Viacrucis tuvieron que ser celebradas en la plaza de San Pedro del Vaticano y fueron preparadas por niños y jóvenes de 8 a 19 años de la parroquia 'Santi Martiri de Uganda' en el sur de Roma y por un grupo de Boy Scouts de la ciudad de Foligno (Umbria).

La Semana Santa del Papa dará comienzo el próximo 10 de abril, con la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la basílica de San Pedro para conmemorar la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén. El 14 de abril abrirá el Triduo Pascual con la misa de Jueves Santo con la misa crismal en la basílica y el lavatorio de los pies, que Francisco suele celebrar en prisiones y otras instituciones, aunque la oficina de prensa de la Santa Sede aún no ha detallado estos eventos.

El Viernes Santo, antes del Vía Crucis en el Vaticano, el pontífice presidirá el rito de la Pasión, la única del año en la que no hay consagración en señal de luto por el martirio de Jesús.

El Gobierno de España realiza cada año entregas a Marruecos superiores a 30 millones de euros en paralelo al plan europeo dotado con más de 300 millones para hacer frente a la problemática de la inmigración irregular que, no obstante, sigue dejando cifras negativas: las llegadas a España han crecido un 76,9% y las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla se han disparado un 239,5% en los tres primeros meses de 2022, debido a los saltos de la valla en esta última ciudad registrados a principios de marzo.

Marruecos es el segundo país que más dinero comunitario recibe para la cooperación migratoria, ya que cuenta con 346 millones de euros procedentes de distintos programas para asegurar la gestión de las fronteras, según informó la Comisión Europea en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis por la entrada ilegal a Ceuta de más de 10.000 personas.

Tras el respaldo al plan marroquí para el Sáhara expresado en la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo espera "evitar" la presión migratoria. Así lo ha expuesto este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien también ha dicho que no "tiene la impresión" de que esto vaya a complicar la relación con Argelia, un país clave en la exportación de gas.

AYUDAS DIRECTAS EN PLENA CRISIS DE CEUTA

De acuerdo a los datos recabados por el Ministerio del Interior, alrededor de 50.000 migrantes han entrado de forma ilegal en España desde mayo de 2021, cuando se registró la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta --cifra que no se incluye en la estadística oficial--. La crisis coincidió con la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Aquel episodio en Ceuta obligó a desplegar a las Fuerzas Armadas junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional debido a que del lado marroquí no intervinieron las fuerzas del orden. Pese a ello, aquellos días el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 30 millones de euros en ayudas para el país alauita, una partida que se sumaba a las aprobadas en 2019 y 2020 destinadas al control migratorio.

Fuentes de Interior detallan que con los fondos europeos que se gestionan a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) se ha cedido a Marruecos, además, partidas con vehículos todoterreno, drones, radares y el equipamiento técnico necesario para el control de fronteras.

Tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Rey Mohamed VI en noviembre de 2018 se priorizó estas ayudas directas para, según informó el Consejo de Ministros, "contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos".

También en 2018, el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la sustitución de las concertinas en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla para implementar una "frontera inteligente" con otros materiales menos lesivos y la puesta en marcha de cámaras y otros elementos tecnológicos. Interior asegura que este año finalizarán las obras.

"VIOLENCIA INUSITADA" EN MELILLA

La tensión con Marruecos llevó en mayo de 2021 a la retirada de su embajadora y al no restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, aunque en el plano policial continuó la cooperación en materia antiterrorista o de lucha contra el crimen organizado.

Días antes del apoyo español al plan marroquí sobre el Sáhara, la frontera de Melilla vivió un episodio de "violencia inusitada" --según denunció el Gobierno-- con la entrada de más de 850 migrantes en los dos saltos consecutivos a la valla el 2 y 3 de marzo protagonizados por subsaharianos provistos de garfios, clavos y palos.

Grande-Marlaska explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la cooperación con Marruecos en esta ocasión sí fue "perfecta" --a diferencia de lo ocurrido en Ceuta en mayo de 2021-- y aludió a que la pandemia por el COVID estaba detrás del incremento de desplazamientos.

De enero a diciembre de 2021 llegaron de forma irregular a España 41.632 migrantes. Se trata de una cifra muy similar a la registrada en 2020 (41.468), pero que supone un aumento de un 21,9% con respecto a las 32.513 contabilizadas en 2019, es decir, antes de que comenzara la pandemia del COVID.

En 2019, más de 24.000 migrantes llegaron en patera a las costas españolas, lo que supuso una reducción de las llegadas irregulares por la vía marítima de más del 50%. Pese a esta caída generalizada, la vía por mar hacia las Islas Canarias experimentó un repunte de más del 70%. En 2006, el año marcado por la 'crisis de los cayucos', llegaron a España más de 47.000 migrantes.

El presidente de la Asamblea Nacional argelina, Brahim Bughali, ha criticado el "vil chantaje" marroquí que ha propiciado en su opinión el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental, un giro que le ha provocado "estupor".

"Los derechos del pueblo saharaui no pueden en ningún caso ser objeto de pactos y menos de una abdicación ante un vil chantaje", ha afirmado Bughali, según recoge la agencia de noticias argelina APS.

Además, Bughali ha recordado que el contencioso está reconocido por la ONU como una cuestión de descolonización y ha advertido de que podría afectar a la estabilidad de toda la región con una "espiral de tensión".

Por todo ello, ha emplazado a los "honorables" diputados del Parlamento español a rechazar este cambio "contrario al Derecho Internacional" y estas "inaceptables concesiones" en solidaridad con "un pueblo que ha sufrido durante décadas una ocupación ilegal y rechazada por todos los organismos internacionales".

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD) han criticado duramente la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que han tachado de "irresponsable", y le han pedido que rectifique.

En un comunicado, han denunciado que el cambio se ha producido "de un día para otro y sin previo aviso" y que con la decisión "rompe con la legalidad internacional y elude las responsabilidades que España tiene como potencia administradora garante del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".

"Condenamos tal postura y llamamos al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar", ha reclamado las ONGD que integran la Coordinadora, subrayando que "España tiene una responsabilidad que no puede eludir" y defendiendo que "la dejación que todos los gobiernos españoles han demostrado sobre esta situación debe finalizar".

Asimismo, han advertido de las consecuencias de la reactivación del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, sobre la población. "La situación de escalada de violencia y conflicto en la zona exige garantizar el cuidado de las personas más vulnerables", han valorado, subrayando que "la medida que acaba de tomar el Gobierno, sin contar con la población saharaui, es irresponsable y no ayuda a mitigar la vulneración de derechos ni el aumento de la crispación en la zona".

Así las cosas, desde la Coordinadora han alertado "del peligro que la decisión del Gobierno puede suponer sobre la vida de personas que llevan décadas sufriendo la violación de sus derechos más esenciales", en referencia a los refugiados saharuis, y han sostenido que "es crucial que se retome el diálogo y se rectifique esta decisión".

Por otra parte, han reclamado que "se garantice el establecimiento de corredores humanitarios para atender a los campos de refugiados y refugiadas saharauis, así como a la población civil directamente afectada".

Por último, han animado a los españoles a participar en las "múltiples movilizaciones" que se están organizando en todo el poaís para "defender la legalidad internacional y los derechos de la población saharaui". "La decisión del Gobierno español debe rectificarse; el regreso al proceso de diálogo y camino hacia el referéndum de autodeterminación también", han rematado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido la notificación enviada por el Ayuntamiento de la capital solicitándole su comparecencia en la comisión de investigación por el presunto espionaje con recursos municipales, aunque ha declinado la propuesta.

Tampoco comparecerá el exministro 'popular' Rafael Catalá, mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha recogido o aceptado la citación, ha confirmado el presidente de este foro, Santiago Saura (Cs).

El edil 'naranja' ha explicado que la citación se trasladó físicamente hasta el despacho de Bolaños en Moncloa y "rehusó, no se pudo entregar la notificación, a diferencia de los demás comparecientes". El paso que ahora dará el Ayuntamiento de Madrid será optar por la vía del registro electrónico.

Ayuso, Catalá y Bolaños son tres de las personas llamadas a comparecer en la primera sesión de la comisión de investigación, que arrancará el 28 de marzo.

Sí ha confirmado su asistencia el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, que comparecerá a las 16 horas. Quienes aún no han contestado han sido el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y el todavía presidente del PP, Pablo Casado.

La nueva Constitución Apostólica 'Praedicate evangelium', firmada el pasado 19 de marzo por el Papa, abre la Curia a los laicos, aunque no todas las instituciones son aptas para ellos. Así lo ha puesto de manifiesto el profesor emérito de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana, Gianfranco Ghirlanda, junto con el cardenal Marcello Semeraro, actual prefecto de las Causas de Santos pero durante siete años secretario del Consejo de Cardenales, y el actual secretario del Consejo de Cardenales, Marco Mellino.

"Hay dicasterios donde es apropiado tener laicos en la cima, por ejemplo el Dicasterio Laicos, Familia y Vida, en otros quizás menos", ha explicado Ghirlanda, que precisa que la nueva ley básica de la Curia, "no deroga el derecho canónico, porque el derecho canónico también establece que los clérigos deben decidir en asuntos que afectan al clero".

En este sentido, ha apuntado los dicasterios de obispos, sacerdotes y culto como ejemplos de autoridades curiales que necesariamente necesitan ministros ordenados a la cabeza. En todo caso, ha incidido en que la nueva Constitución Apostólica deja claro que "los laicos tienen el mismo poder vicario que las personas consagradas".

"La potestad vicaria para ejercer un oficio es la misma si se recibe de un obispo, de un presbítero, de una persona consagrada o de un laico", ha recalcado.

Según el artículo 15 de la nueva Constitución "incluso los laicos pueden llevar a cabo tales asuntos, ejerciendo la potestad ordinaria vicaria de gobierno recibida del Romano Pontífice con la concesión del oficio".

"La igualdad fundamental entre todos los bautizados, aunque sea en diferenciación y complementariedad, es el fundamento de la sinodalidad", ha añadido.

"La opción de poner laicos al frente de un dicasterio es también una opción dictada por el Concilio Vaticano II", ha manifestado Semenaro. "El laico o no es nombrado por la competencia particular de ese Dicasterio --ha añadido Mellino--. No es algo que haga clic automáticamente".

LUCHA CONTRA LOS ABUSOS

Por otro lado, Ghirlanda ha destacado la importancia de la inclusión de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe: "Muestra una atención particular a esta cuestión e indica que la Iglesia está actuando para prevenir que delitos tan graves sigan siendo perpetrados por clérigos".

El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos ha precisado que el proceso de reforma no concluye con la promulgación de la constitución. Así, ha señalado que el texto abre nuevos caminos para el futuro en el sentido de que podría haber otras novedades, además de las ya introducidas, "Si hay otros cambios, los hará el Papa", ha resumido.

A su juicio, para el Papa Francisco la nueva Constitución va más allá que un simple cambio "estructural" ya que concibe a los miembros de la Curia como "discípulos misioneros al servicio del pueblo de Dios".

"Para Francisco, de hecho, la reforma es mucho más que cualquier cambio estructural. Se trata más bien de obrar de tal manera que la Iglesia, a pesar del paso del tiempo y de los cambios de la historia, conserve su transparencia respecto al designio de Dios que la hace existir y habita en él. Esto también se aplica a la Curia", ha subrayado.

IGLESIA MISIONERA EN SALIDA

En este sentido, ha comentado que lo que se llama reforma está íntimamente ligado al rostro de una Iglesia misionera en salida, como se lee en la exhortación 'Evangelii gaudium', del papa Francisco.

De este modo, ha manifestado que el Papa pretende que "todas las comunidades trabajen eficazmente para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están". Así, ha defendido que la reforma de la Curia Romana debe interpretarse a partir del concepto de la "transformación misionera de la Iglesia" con la que comienza la exhortación.

"El espíritu misionero será la perspectiva que caracterice la actividad de toda la Curia", ha asegurado. Entre los criterios rectores de la nueva constitución, el cardenal ha destacado que la Curia estará determinada por la "sinodalidad" y la "descentralización", el "servicio de las Iglesias locales".

También ha hecho hincapié en la necesidad de poner en marcha sistema de comunicación "que permita saber lo que hacen los otros para evitar duplicidad de actividades y programas". Además, ha destacado el principio de "subsidiaridad" que rige la nueva Carta Magna de la Santa Sede destacando además "su conexión con la descentralización". "La Curia romana no es solo un instrumento al servicio del Romano Pontífice, sino también un instrumento al servicio de las Iglesias particulares, como pone en evidencia el preámbulo", ha señalado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado junto al primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que los precios de la energía y el mercado actual "no reflejan la realidad" y que por tanto hay que tomar medidas a escala europea para "limitar" el alza de precios. Ambos mandatarios han manifestado una opinión similar a este respecto.

En declaraciones a los medios desde Bruselas, antes de una reunión con De Croo, Sánchez ha insistido en que el Consejo Europeo que se celebra esta semana en Bruselas debe articular una respuesta común al problema común que supone el precio "desbocado" de la energía que, según ha afirmado, está afectando al bienestar de ciudadanos e industrias en Europa.

Por su parte, De Croo se ha expresado en términos similares: "Debemos ser muy claros, hoy en día los precios de la energía en Europa no reflejan la realidad. Los mercados se han vuelto completamente irracionales", ha asegurado en una declaración sin preguntas ante la prensa al recibir a Sánchez en su residencia oficial.

De Croo ha mostrado así sintonía con la posición que defienden principalmente los países del sur de Europa, con España al frente pero también con Portugal, Italia y Grecia, respecto a que son necesarias medidas europeas para contener la tendencia de grandes subidas de los precios de la energía.

Así, de Croo se ha mostrado tajante al opinar que la UE debe abrirse a "intervenir" porque los mercados "no están funcionando" y ha mencionado expresamente como una de las opciones "poner un techo a los precios".

Sánchez también ha insistido en que los líderes de la UE deben tomar medidas a escala europea en lo relativo a la formación de los precios de la energía para proteger tanto a ciudadanos como a la industria.

Asimismo, ha subrayado que el Consejo Europeo es muy importante porque debe trasladar un mensaje de unidad, a la ciudadanía y también al presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de la invasión y los ataques militares a Ucrania.

El presidente del Gobierno ha indicado que espera que de esta cita salga un mensaje de unidad europea respecto a la condena a la invasión de Ucrania, de solidaridad con el pueblo ucraniano y también de unidad en cuanto a las medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en el continente.

SINTONÍA DE BÉLGICA CON LOS PAÍSES DEL SUR DE EUROPA

La reunión con el primer ministro belga forma parte de una gira europea en la que Sánchez se ha reunido con varios líderes de la UE para promover la posición de España de cara al Consejo Europeo en materia energética.

Ya el viernes, Sánchez viajó a Roma para participar en una cumbre en formato reducido con los mandatarios de Italia, Mario Draghi; Portugal, Antonio Costa; y de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; este último por videoconferencia por estar aislado con coronavirus.

Del encuentro salió una posición consolidada del bloque del sur para reclamar al resto de la UE medidas inmediatas con las que atajar las drásticas subidas de precios de la energía, por ejemplo poniendo tope a los precios de la luz.

RETICENCIAS DE ALEMANIA Y PAÍSES BAJOS

Esta medida, no obstante, despierta fuertes reticencias en socios como Países Bajos y Alemania, con cuyo canciller, el socialista Olaf Scholz, se reunió Sánchez también el viernes al volar a Berlín desde Roma.

Entretanto, fuentes del Gobierno español han advertido este mismo lunes de que ha decaído la propuesta en la que trabajaban España y Portugal para defender ante el esto de los Veintisiete fijar un tope de 180 euros el megavatio/hora (MWh) para frenar las subidas de los precios de la electricidad.

En cambio, han explicado las fuentes, España mantiene el interés en acordar soluciones que permitan evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad en toda la UE.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido el papel "fundamental" de la gestión forestal en el "doble desafío" que supone la transición ecológica y el reto demográfico, al tiempo que ha defendido la bioeconomía como un "claro elemento" de cohesión territorial.

A través de un vídeo proyectado en la jornada 'Bioeconomía y emprendimiento' celebrada este lunes, con motivo del Día Internacional de los Bosques, en el Parador del Real Sitio de la Granja (Segovia), Ribera ha subrayado el valor de la "principal infraestructura ecológica" con que cuenta el país y la importancia de "gestionarla correctamente".

"En los bosques podemos encontrar las mejores respuestas a la hora de fijar suelo, evitar desertificación, general resiliencia frente a los efectos del cambio climático, favorecer la biodiversidad", ha manifestado la vicepresidenta, que ha recordado el "gran potencial forestal" de España "insuficientemente aprovechado" en alusión al lema que Naciones Unidas ha elegido para este año, 'Bosques: producción y consumo sostenibles'.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de apostar por una gestión que "respete al máximo los ecosistemas y las especies autóctonas", así como a las personas que viven en esos entornos, al tiempo que ha remarcado que la gestión forestal "es fundamental" para abordar el doble desafío que supone la transición ecológica y el reto demográfico, una asociación "de mutuo beneficio".

En este sentido, ha recalcado que la bioeconomía "es un claro elemento de cohesión territorial" y ha recordado que los espacios forestales ocupan más de la mitad de la superficie española --un 55 por ciento según el Inventario Forestal Nacional-- y la superficie forestal arbolada supera los 185.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose por más de un tercio del territorio nacional.

"Ya no es suficiente con proteger y conservar nuestros ecosistemas, especialmente los forestales. También es necesario restaurar, con políticas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático", ha advertido la vicepresidenta.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Teresa Ribera ha recordado que la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad constituye el objetivo del Componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y contempla una inversión de 1.642 millones de euros.

En 2021, a través de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente (agosto y diciembre) ya se transfirió a las comunidades autónomas 462 millones de euros para protección y conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes, y el desarrollo de una gestión forestal sostenible.

La vicepresidenta también ha destacado el compromiso del Gobierno, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que incorporan 343 millones de inversión para los cuatro programas de inversión del PRTR en esta materia.

La vicepresidenta ha anunciado también en su alocución las próximas convocatorias enmarcadas en el Programa de Bioeconomía y Gestión Forestal Sostenible, dotado con 120 millones de euros de inversión. Se trata del primer paquete de inversiones en el que se combina de forma específica la promoción de la bioeconomía y las actuaciones de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

Un programa con una gobernanza compartida que destina 40 millones para las comunidades autónomas, 40 millones para entidades locales y 40 millones para empresas, asociaciones y emprendedores.

BIOECONOMÍA CIRCULAR

Estas ayudas buscan favorecer el surgimiento de iniciativas de bioeconomía circular, aprovechamiento energético con recursos endógenos, gestión de los recursos forestales, apoyo a la fabricación de productos del bosque (madereros, micológicos o resina) o proyectos de divulgación o capacitación, entre otros.

"Tenemos la obligación y la necesidad de acelerar e intensificar la protección, conservación y restauración de los espacios forestales, los bosques, y la biodiversidad. Pero también es una oportunidad única para abordar, desde la sostenibilidad, la cohesión territorial, el futuro de nuestro medio rural y la posibilidad de luchar eficazmente contra la despoblación, con proyectos viables, innovadores y sostenibles", ha manifestado Ribera.

La vicepresidenta ha resaltado la Manifestación de Interés lanzada en 2020, que recogió casi 1.200 proyectos que luchaban contra la despoblación y afrontaban el reto demográfico a través de la gestión sostenible de sus espacios forestales y el impulso de proyectos de bioeconomía, convocatorias que "permitirán captar talento y generar empleo en municipios que tradicionalmente se han visto asolados por una progresiva despoblación", logrando conciliar "el desarrollo humano y conservación de los ecosistemas".

La jornada ha contado con la participación del secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; la directora general de Biodiversidad del Ministerio, María Jesús Rodríguez de Sancho; el director del European Forest Institute, Marc Palahi, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a otros representantes de la administración local, el sector forestal, emprendedores y divulgadores ambientales.

La Audiencia Provincial de Zaragoza deberá decidir si mantiene el archivo o si devuelve la condición de investigado a Camilo Villarino --quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la gestión de Arancha González Laya-- en el marco del procedimiento en el que se investiga la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin pasar por controles de frontera o de documentación.

Los magistrados estudiarán el recurso de apelación de una de las acusaciones del denominado 'caso Ghali' que, en un escrito de 17 folios, ha mostrado su oposición a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza de acordar el sobreseimiento provisional de la investigación para Villarino.

La acusación ha asegurado que la resolución del juez Rafael Lasala fue "precipitada" y "contraria a derecho" porque, a su juicio, "vulnera el derecho constitucional básico a la tutela judicial efectiva".

Según ha indicado, existen "numerosos indicios" de que se ha cometido el delito de prevaricación y el de encubrimiento, por lo que considera que "no es posible dictar una resolución de sobreseimiento anticipada privando a las acusaciones de debatir en el plenario la culpabilidad o inocencia de los investigados".

"NUMEROSOS INDICIOS"

Esta acusación ha defendido en su escrito que la entrada de Ghali en España fue "ilegal" y ha subrayado que González Laya y Villarino, al permitir la entrada del líder del Polisario, vulneraron "todos y cada uno de los preceptos de obligado cumplimiento del reglamento Schengen". Así las cosas, ha asegurado que el que fuera mano derecha de la ministra debe permanecer como investigado en la causa.

La acusación ha recordado que Ghali aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza --sin atravesar controles ni facilitar documentación-- la madrugada del 18 de abril de 2021 en un avión medicalizado procedente de Argelia para luego ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde se registró con un pasaporte bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

El juez aceptó el argumento de la Fiscalía de que Villarino no cometió un delito de prevaricación al permitir la entrada del político saharaui sin identificación porque el reglamento Schengen establece que "los documentos de los nacionales de terceros países se sellarán a la entrada y salida, salvo los documentos de viaje de Jefes de Estado o personalidades cuya llegada haya sido previamente anunciada de manera oficial por vía diplomática".

La acusación ha incidido en que Ghali no puede ser considerado como un "jefe de Estado" y ha subrayado que la entrada del líder del Polisario fue "discreta" para evitar una crisis diplomática con terceros países, en referencia a Marruecos.

Respecto al delito de encubrimiento, por su parte, ha defendido que tanto González Laya como Villarino sabían que había diligencias penales abiertas en España contra el político saharaui.

Para la acusación resulta "absolutamente increíble" que Ghali "haya entrado en España sin exhibir documentos de viaje, se haya alojado en un hospital público -sin pagar un céntimo-- casi 15 días, con un pasaporte falso, haya declarado ante el magistrado juez Pedraz sin exhibir identificación alguna y se haya marchado por Andoaín en avión como vino, sin tampoco identificarse, y que de ello no se hayan enterado" los servicios secretos.

"EL PRESTIGIO DE LA JUSTICIA"

"¿Se pretende que la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza siente jurisprudencia menor, despenalizando una conducta que puede servir de base para que pasen por nuestras fronteras traficantes, contrabandistas y otros?", ha señalado.

En este sentido, ha vuelto a preguntar si la Justicia va a permitir que "los más altos cargos del Gobierno consumen un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente" a Ghali "utilizando" a los más altos cargos de las Fuerzas Armadas "de una forma tan grosera y torpe, que terminó siendo conocido por el mundo entero, provocando la invasión y ocupación de Ceuta por miles de personas".

Así, la acusación ha insistido en que "se está poniendo a prueba el prestigio de la Justicia española" y ha subrayado que no puede permitirse que Ghali siga "exhibiendo su escudo de impunidad por el simple hecho de que en caso contrario nos quedamos sin gas".

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha considerado este lunes que "el juicio paralelo es un problema de convivencia", por lo que hay que buscar vías para solucionarlos o para buscar la conllevancia.

Campo ha valorado así el fenómeno lo también denominado 'pena del telediario', 'juicio anticipado' o 'juicio apresurado', durante el debate organizado por la consultora de comunicación Proa en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

La socia directora de Proa, Lucía Casanueva, ha convenido con el magistrado en que hay que abordar el debate, que ha tildado de espinoso, porque considera que el juicio paralelo es una "fórmula políticamente correcta para lanzar la piedra y esconder la mano, sin afirmar ni negar ni comprometer judicialmente".

Juan Carlos Campo ha reconocido que este juicio anticipado es un "precipitado" fruto del encuentro entre el derecho a la información, las reglas del proceso penal, en concreto del secreto en la instrucción, y el deseo de la ciudadanía ávida por saber y opinar.

Para él, mejorar esta situación pasa en primer lugar por unos códigos deontológicos en los que el periodista determine qué es información y qué es "de su cosecha", también por una justicia más rápida y con mecanismos orgánicos y procesales de comunicación, y finalmente, por convivir con la pena del telediario.

"ÉPOCA DE POLARIZACIÓN"

La periodista de 'El Mundo' Ángela Martialay ha considerado que las condenas sociales son cada vez más habituales por el hecho de vivir en "una época de absoluta polarización" y también porque los responsables públicos han judicializado la vida pública, además del factor de las redes sociales, algo que --ha dicho-- no controla nadie.

Martialay ha recordado que los medios no tienen la obligación de ser reserva de las actuaciones como sí las tiene el juez o el fiscal, y, en cambio, ha recordado que los periodistas sí tienen la responsabilidad de dar información "veraz y que sea de interés público"

Por ello, ha instado a canalizar la información por cauces oficiales para reducir el ruido mediático, y ha considerado que la información que cuenta un juez es la que sabe que puede contar sin estropear los procesos judiciales y sin ser interesada: "El silencio informativo favorece el juicio paralelo".

En la misma línea, la fiscal jefe de área de Sabadell, Neus Pujal, se ha referido a las ruedas de prensa que dan los fiscales "en otros países de Europa" y que proporcionan información veraz, objetiva y respetuosa con la presunción de inocencia como mecanismo para paliar los efectos negativos de estos juicios paralelos.

GRABACIÓN DEL JUICIO ORAL

Pujal también ve como una garantía de transparencia la grabación de los juicios orales y ha puesto como ejemplo positivo la retransmisión televisiva del juicio del 1-O.

Sin embargo, ha matizado que, en casos de agresiones o abusos sexuales, no debería difundirse la declaración de la víctima y, en vez de facilitar el escrito de acusación, "sería mejor un resumen que excluyera los detalles más escabrosos".

PEDAGOGÍA

El abogado Pau Molins ha explicado, en base a sus experiencias profesionales con el caso Palau y el caso Nóos, que tuvo que "dedicar más tiempo que a las cuestiones jurídicas, a hacer pedagogía", porque --en sus palabras-- el pueblo ya había condenado a sus clientes.

Para Molins, el principal culpable es quien filtra la información, que según él puede ser el juez, el fiscal, la policía judicial e incluso el propio abogado de la acusación --si no se ha decretado secreto de sumario--, y en segundo lugar, también ha responsabilizado a "la competencia tremenda de los medios de comunicación".

El que fuera director de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, es llamado a comparecer en la segunda sesión de la comisión de investigación en el Ayuntamiento por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, igual que el detective contactado, Julio Gutiez, y la diputada del PP Beatriz Fanjul.

En esa segunda sesión, el 4 de abril, también será llamada a comparecer la actual delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González, pero en su calidad de exconsejera del PSOE en la EMVS.

La comisión de investigación en el Ayuntamiento arrancará este lunes 28 de marzo y se extenderá finalmente hasta el 9 de mayo. En la primera sesión han sido llamados a comparecer la presidenta Ayuso y el exministro Rafael Catalá. Ambos han recibido la notificación y la primera ya ha anunciado que no comparecerá.

Quien también ha sido llamado en esa primera sesión es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que según el presidente de la comisión, Santiago Saura (Cs), no ha accedido a recoger la citación.

En la tercera sesión, el miércoles 6 de abril, están llamados a comparecer el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea; el diputado 'popular' Pablo Montesinos y el exdirector de Comunicación de la EMVS, David Fernández.

Ya el 19 de abril, en la cuarta sesión, se ha acordado por los grupos políticos llamar a comparecer al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, entre otros, mientras que en la quinta, el 22 de abril, los convocados son el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Será el lunes 25 de abril, en la sexta sesión, cuando será llamado el hermano de la presidenta, Tomás Ayuso, y en la séptima, el 29 de abril, el presidente de la EMVS, Álvaro González. En la octava sesión, el 4 de mayo, algunos de los nombres acordados son los del expresidente regional Ignacio González, y la extitular del comité de derechos y garantías del PP, Andrea Levy.

La penúltima sesión, el 6 de mayo, son llamados a comparecer la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el delegado de Medio Ambiente, Borja Fanjul. La comisión concluirá el 9 de mayo con el consejero de Justicia, Enrique López, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes 21 de marzo el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021 al presidente del Senado, Ander Gil.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio del Senado, Ángel Gabilondo ha trasladado a Ander Gil los asuntos más destacados de este Informe. Así, le ha explicado que el pasado año las quejas se incrementaron un 3,5%, alcanzando los 29.015 expedientes tramitados.

La mayor parte de las quejas tuvieron que ver con empleo, seguridad social, administración de justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones y procedieron de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El pasado viernes el Defensor entregó este Informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Próximamente, Gabilondo lo expondrá ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y posteriormente lo presentará en los plenos del Congreso y del Senado.

En el informe, se constata que las quejas al Defensor del Pueblo suben pero lo hacen en menor medida que en el año en el que empezó la pandemia, cuando aumentaron un 26,4 por ciento respecto al ejercicio anterior.

En todo caso, Gabilondo observa que en 2021 aún se detectan las secuelas de la crisis provocada por la Covid-19. "Cuanto ha sucedido ha venido marcado por las secuelas del difícil y complejo año 2020, con consecuencias dolorosas y determinantes en la sociedad española. El impacto de la covid-19 se ha hecho evidente en su repercusión social y económica, en definitiva, en todos los sentidos, en 2021", explica.

Se trata del primer informe que Gabilondo entrega como alto comisionado aunque gran parte de la gestión de la Institución durante el año pasado correspondió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

Según el documento, la Institución inició en 2021 un total de 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y atendió personalmente a 33.708 ciudadanos.

Respecto a las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, este año ha recibido un total de 204, lo que supone un descenso de un 77,5% con respecto a las 909 recibidas el año anterior.

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló en 2021, ante las distintas administraciones, un total de 582 recomendaciones y 1.139 sugerencias.

Por temáticas, la mayoría de los expedientes de queja, de actuación de oficio o de solicitudes de recurso están relacionados con el área de la Seguridad social y el empleo (13,4%), seguidos por Administración de Justicia (11,9%), Función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones (6,8%), Asuntos de interior (6,6%) y educación (6%).

Singularmente, el Defensor del Pueblo destaca el "número de quejas recibidas en materia sanitaria" que "ha puesto en evidencia en diversos ámbitos la emergencia" que ha representado la pandemia.

"La pandemia ha sido la gran razón y en algunos casos un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente", precisa.

"DOLOROSA EXPERIENCIA" EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Gabilondo también se refiere a la "dolorosa experiencia de la asistencia residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales", que "ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales y un mayor seguimiento y control por parte de las Administraciones Públicas".

Por otro lado, la institución también constata "diversas dificultades procuradas por una transición a las nuevas tecnologías, sin duda necesaria". El Defensor del Pueblo incide en la necesidad de esa accesibilidad y de un lenguaje claro en la Administración Pública.

Asimismo, expone la necesidad de resolver los retrasos en las reclamaciones sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una revisión "ágil" de las cuantías "muchas veces tardía".

En la presentación del informe, Ángel Gabilondo también hace una mención a la guerra en Ucrania para decir que "se hace aún más patente" hasta qué punto se viven "espacios de enorme fragilidad e incertidumbre". "De nuevo, la guerra. Esta vez, en las puertas de Europa, con numerosas víctimas y desplazados, refugiados en ocasiones, y sin otro destino que huir", reflexiona.

En este sentido, en una rueda de prensa el pasado viernes, tras entregar el Informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Defensor del Pueblo, pidió "coordinación" en la acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania porque "no hay que confundir una buena respuesta con la buena intención".

"No voy a poner en cuestión la buena intención de quien cree que puede hacer así una gran labor, pero la gran preocupación por atender a las personas refugiadas puede verse agravada por una descoordinación, esto es responsabilidad pública y de todos los ciudadanos, no debemos confundir sin más la buena respuesta con la buena intención", subrayó Gabilondo.

Más de 10.000 desplazados ucranianos ya cuentan con protección temporal en España, según ha informado el Ministerio del Interior, quien ha actualizado los datos en esta materia hasta las 15.00 horas de este lunes 21 de marzo.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha explicado que, en concreto, se han tramitado y concedido desde el pasado 10 de marzo unas 10.260 protecciones a beneficiarios de la directiva europea sobre este tema y a la extensión a esta misma aprobada por el Gobierno español.

Tal y como ha recordado el Ministerio, todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

Sobre la tramitación y concesión de esta tramitación, Interior ha explicado que la Comunidad de Madrid (2.751), la Comunidad Valenciana (1.788), Cataluña (1.252) y Andalucía (1.206) son las comunidades autónomas que han recibido más solicitudes hasta ahora.

Estas solicitudes se pueden realizar en los centros de recepción y acogida habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Ciudad de la Luz de Alicante y en la Fira de Barcelona, así como en las 54 comisarías de Policía Nacional habilitadas para estos trámites por toda España, según ha indicado el Ministerio.

Del mismo modo, ha apuntado que las solicitudes de protección internacional se pueden presentar en las oficinas de Extranjería de las comisarías provinciales de todas las capitales de provincia así como en las comisarías de Algeciras, Gijón y Vigo.

Desde Interior también recuerdan que Grande-Marlaska, junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, firmaron el pasado 9 de marzo la orden por la que se desarrolla el procedimiento de urgencia para el reconocimiento de la protección temporal por la que se les expide un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, en el que consta además un NIE asignado en el plazo máximo de 24 horas.

La tortuga laúd de 230 kilos que apareció el pasado sábado en aguas de Mazarrón (Murcia) se recupera favorablemente en el Oceanogràfic de València de las graves heridas en sus aletas y caparazón gracias a la labor de veterinarios y biólogos que la han atendido tras haber quedado enmalladada en un cabo de pesca.

Este animal, de casi metro y medio metro de largo, fue trasladado de urgencia al centro de recuperación de animales marinos por los técnicos de la dirección general de Medio Natural y del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.

Los profesionales del acuario realizaron los procedimientos veterinarios correspondientes (exploración física, ecografía, analítica sanguínea...) y sanaron las múltiples lesiones y erosiones que presentaba en todo su cuerpo.

Aunque su estado inicial era muy débil, la tortuga está respondiendo favorablemente al tratamiento y será devuelta al mar durante el día de este lunes en Cartagena.

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es una de las especies de tortuga más grandes que existe, ya que puede llegar a pesar 600 kilos, y de la que todavía se desconocen muchos aspectos sobre su biología.

DISPOSITIVO EN EL CAPARAZÓN

Por eso se ha instalado al ejemplar un dispositivo satelital en el caparazón que permitirá conocer sus próximos movimientos cuando vuelva al mar, lo que aportará a los científicos información sobre las rutas y el comportamiento en el mar de estos fascinantes animales.

La lista roja de especies amenazadas clasifica como "vulnerable" a la tortuga laúd y España también la incluye en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial.

Sus principales amenazas son la caza de ejemplares adultos en la playa, la muerte accidental en artes de pesca y la expoliación de sus nidos. Se caracteriza por tener una capacidad extraordinaria para regular su temperatura, lo que le permite tolerar el frío y bucear a gran profundidad.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) contra el Real Decreto por el que se creaba la medalla conmemorativa de la 'Operación Balmis' para reconocer al personal participante en la lucha contra la Covid-19.

En una sentencia, ponencia del magistrado Pablo Lucas, el Alto Tribunal recoge parte del preámbulo del decreto impugnado para explicar que en julio de 2020 se creó esa distinción en virtud del Reglamento General de Recompensas Militares, que contempla la creación de medallas conmemorativas y de campaña para rememorar hechos de relevante trascendencia para las Fuerzas Armadas o para la Patria.

La AUME indicaba en su recurso que pese a afirmarse en el expediente que el proyecto sería objeto de audiencia de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, que se solicitaría informe del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y dictamen del Consejo de Estado, "el texto aprobado y publicado no hace referencia al cumplimiento de esos trámites y no ha sido sometido a dictamen del Consejo de Estado" y por eso pedían que fuera declarado nulo.

SE OPTÓ POR ALIGERAR EL TEXTO

La Abogacía del Estado argumentó ante la demanda que si bien inicialmente el Estado Mayor de la Defensa elaboró varios borradores y propuestas con la idea de que el Real Decreto a dictar no sólo creara la medalla sino que, además, contuviera su regulación básica, finalmente no se aprobó ninguna versión de esa naturaleza pues se optó por "aligerar" el texto para crear la medalla de forma inmediata a la propia operación.

La sentencia recoge además que la abogada del Estado indicó que la tramitación del expediente no mostraba un texto que debiera ser sometido a audiencia de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas ni a dictamen del Consejo de Estado, a pesar de lo cual sí que fue dado a conocer tanto a las asociaciones como al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Además, los servicios jurídicos del Estado ponían de relieve en sus alegaciones que ya han sido recompensados con la medalla mediante las correspondientes resoluciones administrativas publicadas en el Boletín Oficial de Defensa 41.417 personas, de las cuales 2.581 son personal civil.

Tras exponer esto, el Supremo falla que el recurso debe ser desestimado porque las infracciones que alega la AUME --la omisión de la audiencia de las asociaciones profesionales y del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y de dictamen del Consejo de Estado-- "descansan en la premisa de que el Real Decreto 701/2020 es una disposición general y no lo es".

Añade que esto se aprecia "sin dificultad con solamente leerlo" y que queda más clara la diferencia cuando se le compara con el Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, por el que se crea la medalla de campaña para reconocer la participación en determinadas operaciones militares y campañas en el exterior y se establecen los criterios generales para su concesión.

El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha "tomado buena nota" este lunes del respaldo del Gobierno español al proceso de mediación de la organización para que haya una solución aceptada por Marruecos y el Frente Polisario, tres días después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respaldase el plan de autonomía marroquí.

De Mistura se ha visto este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien le expresó "el apoyo de España a su labor para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas", según un mensaje publicado por el jefe de la diplomacia española en Twitter.

La ONU ha confirmado, "en el contexto de los recientes anuncios de España sobre sus relaciones con Marruecos", que Albares le ha trasladado a De Mistura que España sigue apostando por la mediación internacional "en línea" con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según fuentes de la organización.

En particular, la ONU ha aludido a la resolución 2602 aprobada el año pasado y que exhorta a las partes a reanudar las conversaciones "sin condiciones previas y de buena fe", con el objetivo de lograr "una solución política justa, duradera y aceptable" que "prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

De Mistura, según las fuentes consultadas, tiene el apoyo de todos los actores para lograr reanudar de forma "constructiva" el estancado proceso político. De hecho, en las últimas horas también ha mantenido contacto con otros "interlocutores relevantes", entre ellos Argelia, que llamó a consultas a su embajador en España como protesta por el respaldo al plan de autonomía marroquí.

El reconocimiento por parte de España de que el plan de autonomía, que dejaría al Sáhara dentro de Marruecos, constituye la "base más realista" para resolver el contencioso provocó que Marruecos anunciara el inicio de una nueva etapa en la relación, que quedará sellada con una visita del ministro a Rabat antes del 2 de abril a la que seguirá otra de Sánchez.

La Ertzaintza y las Policías Locales de Euskadi han alertado de posibles ciberestafas relacionadas con la solidaridad con Ucrania y han instado a la ciudadanía que toda ayuda económica solidaria se haga a través de organismos oficiales, ONG reconocidas o cuentas disponibles en diferentes entidades bancarias. En Euskadi, hasta el momento ha sido interpuesta una denuncia por hechos de esta naturaleza, pero se considera que podrían haberse dado más casos cuyas víctimas no habrían sido conscientes del engaño.

Desde el Departamento vasco de Seguridad han lamentado que "la ola de solidaridad que se ha desatado desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania, como ocurre siempre en este tipo de situaciones, ha sido aprovechada una vez más por los ciberdelincuentes para lograr desviar las donaciones realizadas por ciudadanos mediante diferentes mecanismos".

Según han recordado, durante la pandemia, los cibercriminales ya suplantaron a organismos oficiales para captar datos personales, creando sitios web fraudulentos para vender material sanitario no homologado o directamente falsificado, vender certificados de vacunación covid falsos, y "lanzando a internet un sinnúmero de noticias falsas para crear confusión".

En este caso, con motivo de la guerra en Ucrania su objetivo están siendo las ayudas al pueblo ucraniano, para lo que suplantan a organizaciones benéficas para "lograr desviar las donaciones de personas bienintencionadas". "El hecho de que el estado español esté a la cabeza de la solidaridad internacional en relación a esta crisis hace que sus ciudadanos y ciudadanas se conviertan en unas víctimas propiciatorias muy codiciadas por estos delincuentes", han advertido.

La Ertzaintza y las Policías Locales han explicado que estas suplantaciones son "muy fáciles" de realizar y detectarlas "es complejo". Además, es complicado percatarse de que se ha sido víctima de una estafa porque "el donante nunca sabe que ha pasado con su donación", dado que "una vez realizada la misma se confía en la honradez de quien la ha recibido para que la haga llegar a las víctimas a las que se pretende ayudar.

Por ello, han remarcado que "es especialmente importante que estas donaciones se canalicen por ONG contrastadas y verificadas u otros canales oficiales", para evitar que este dinero se desvíe y, "en vez de servir para ayudar a las víctimas de la invasión, sirva para aumentar las ganancias de organizaciones criminales sin escrúpulos".

Desde la Consejería han lamentado que la existencia de todos estos tipos delictivos "no solo hace que los delincuentes incrementen sus ganancias, sino que además tiene un efecto colateral y es el hecho de que pueden hacer descender el número de las donaciones". Por ello, ha reiterado que "las donaciones no han de pararse", sino que "han de ser dirigidas convenientemente mediante organizaciones contrastadas".

ESTAFAS Y WEB FALSAS

En concreto, se ha constatado la existencia de varias de estas tipologías en funcionamiento en relación con la guerra, como la estafa del familiar que necesita dinero para sacar a un pariente de Ucrania, "una modificación de la estafa nigeriana donde un millonario tiene que sacar dinero del país y necesita la colaboración de una víctima mediante un suculento pago", las webs falsas de donaciones, captura de datos personales mediante páginas de firmas y la existencia de "fake news".

El único caso denunciado hasta el momento en Euskadi es el de un menor, que informó que desde su teléfono móvil se habían enviado sin su consentimiento 322 SMS con la palabra Ukrania por un valor de unos 200 euros, pero se considera que podrían haberse dado más casos cuyas potenciales víctimas no habrían sido conscientes del engaño por el momento.

El acusado de matar a su exesposa con un martillo en 2020 en Cartagena (Murcia) ha reconocido este lunes que cometió el crimen y ha pedido "disculpas" a la familia de la víctima. "Fue un pronto, un arrebato; estoy arrepentido", ha dicho el presunto homicida durante el primer día del juicio, que se ha celebrado en la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia con jurado popular.

El hombre, que se encuentra en prisión provisional en virtud de un auto dictado el 24 de julio de 2020 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena, se enfrena a penas que suman 12 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio y maltrato habitual en el ámbito familiar, con agravante por razones de género.

El fiscal ha reconocido en su escrito el atenuante de confesión, ya que el acusado, una vez perpetrado el crimen, llamó al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' para alertar de que acababa de darle "tres o cuatro" golpes con un martillo en la cabeza.

Él y la víctima, que vivían junto con la hija de ambos, apenas tenían relación desde 2015, tras 33 años de matrimonio en los que, ha confesado, "es posible" que la insultara y profiriera amenazas. Como consecuencia de esta situación, la mujer huyó de la casa en varias ocasiones para alojarse con su hermana, y fue durante un año a un psicólogo.

Precisamente, este último ha comparecido en el juicio y ha relatado que la mujer, si bien en ningún momento manifestó temer por su integridad física, sí que sufría "mucha presión emocional" y recibía "insultos" por parte de su marido, además de "incomunicación verbal" por parte de él y de su hija, lo que supone "un maltrato psicológico grandísimo".

"Le dolía mucho sentir que se reían de ella", ha dicho el profesional, quien ha asegurado que el sufrimiento en la víctima era evidente en su aspecto físico.

El escrito del Ministerio Público asegura que la mujer fue "aislada" en la vivienda por su entonces marido e hija, quienes, por otro lado, no se comunicaban con ella. En noviembre de 2019, el acusado canceló la tarjeta de crédito, único sustento de la víctima para poder cubrir sus necesidades vitales.

En julio de 2020, un juez emitió la sentencia de divorcio, que fue favorable a los intereses de la fallecida, pues se le atribuyó el uso de la casa, mientras que a él se le obligó a desalojarla, además de tener que pasarle 700 euros mensuales como pensión compensatoria con carácter indefinido.

Dos días después del fallo ambos coincidieron en la vivienda. Según el acusado, un insulto recibido por la víctima y la sentencia de indujeron a coger un martillo y darle en la cabeza con él hasta causarle un fuerte traumatismo craneoencefálico acompañado de una abundante hemorragia, aunque no falleció en el acto.

Como consecuencia de estas heridas, fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, donde estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 28 días. Tras sufrir una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, la mujer pereció el 19 de agosto de 2020.

El montante económico reclamado por el Servicio Murciano de Salud al acusado asciende a 35.166,71 euros, que se suman a los 20.000 euros que el Ministerio Fiscal solicita como indemnización para cada uno de los dos hermanos de la víctima, y 50.000 euros a la hija que la víctima y el presunto homicida tenían en común.