El consejo de administración de ACS ha propuesto un aumento de capital de un máximo de 600 millones de euros para atender al pago de los dos dividendos flexibles que previsiblemente entregará el próximo mes de julio y en febrero del próximo año.

Así consta en la convocatoria de la junta de accionistas de la compañía, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo en primera convocatoria o el 6 de mayo, en segunda, y en la que también se votará el nombramiento de Juan Santamaría, actual presidente y consejero delegado de la filial australiana de ACS (Cimic), como nuevo consejero ejecutivo.

Para atender los futuros dividendos, la compañía presidida por Florentino Pérez acometerá en los tres meses siguientes a la celebración de la junta una primera ampliación de un máximo de 460 millones de euros y, en el primer trimestre de 2023, una segunda que no excederá de 140 millones de euros.

La primera operación estará destinada a atender el dividendo complementario de julio, que el año pasado ascendió a 1,27 euros por acción o a un nuevo título por cada uno antiguo, mientras que la segunda ampliación atenderá el pago de febrero, cuyo último reparto fue de 0,468 euros o de una acción por cada 50.

Sumando ambos pagos, el dividendo ascendió a 1,73 euros. En esta ocasión, como ya anunció Pérez en la última presentación de resultados, el propósito del consejo es proponer la distribución de un dividendo de 2 euros por acción y mantenerlo en los años siguientes, lo que supondría incrementarlo en torno a un 10% respecto al entregado en los últimos años.

NUEVO CONSEJERO

Entre el resto de puntos del día figura el nombramiento de Santamaría como nuevo consejero ejecutivo, lo que le abrirá la puerta a un posible nombramiento posterior como consejero delegado de la compañía.

Santamaría ejerce desde noviembre de 2020 como presidente y consejero delegado de la filial australiana de ACS y anteriormente fue director general de CPB Contractors, el negocio de construcción del grupo Cimic, con responsabilidad en todas las geografías, incluidas Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, India y Asia.

Antes de eso, ocupó cargos como el de director gerente de UGL, negocio de servicios del grupo Cimic, y el de gerente general ejecutivo de Public Private Partnerships and Construction West en CPB Contractors.

Fue también consejero delegado de Iridium, empresa del grupo ACS, entre 2014 y 2015, así como director ejecutivo y director de operaciones de ACS Infrastructure North America y Canadá entre 2006 y 2013.

Los accionistas de ACS también votarán el próximo mes de mayo la entrada en el consejo como consejera independiente de María José García Beato, actual consejera de Banco Sabadell; la fijación del número de miembros del consejo en quince integrantes; y el nombramiento de KPMG como auditor de las cuentas del ejercicio 2022.

La sociedad de valores Tressis ha ampliado el capital de su sociedad de capital riesgo Tressis Plan Capital Alternativo I SCR en 1,47 millones de euros.

De esta forma, el resultante desembolsado asciende a 4,025 millones de euros, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El lanzamiento de este producto se anunció a principios del pasado mes de octubre y se hizo junto a la firma de asesoramiento Cedrus & Partners, tras la firma de un acuerdo entre ambas firmas el pasado mes de abril.

La rentabilidad objetivo de este vehículo oscilará entre un 12% y un 14% de TIR, con un plazo objetivo de diez años. La estrategia de inversión se centrará en ‘private equity’, con alrededor del 60% de su cartera, otro 10% destinado a ‘venture capital’ y el 30% restante se invertirá en el sector de las infraestructuras.

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido liberar 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas con el objetivo de frenar el alza en los precios de la gasolina que se ha registrado en las últimas semanas, según ha indicado el presidente estadounidense, Joe Biden.

La liberación de 180 millones de barriles supone el 25% del total de petróleo almacenado en la reserva estratégica, según los datos de ‘stock’ de la semana pasada.

Los 180 barriles no llegarán al mercado al mismo tiempo. El Ejecutivo tiene previsto liberar un millón de barriles al día durante los próximos seis meses (180 días). La Casa Blanca espera que esta liberación sirva como «puente» hasta finales de año y que la producción nacional logre suplir la demanda.

Además, los ingresos obtenidos por la venta de este millón de barriles por día serán empleados por el Departamento de Energía en los próximos años para volver a aumentar el ‘stock’ de la reserva estratégica. Según Washington, esto supone una señal de demanda a futuro que animará a elevar la producción nacional de crudo.

El Ejecutivo estadounidense ha culpado a la decisión de Vladimir Putin de ir a la guerra de que esté llegando menos petróleo al mercado, lo que a su vez está provocando que suban los precios de los combustibles.

A principios de año, el galón (3,8 litros) de gasolina en Estados Unidos costaba 3,30 dólares, mientras que en estos días se ha situado en el entorno de los 4,20 dólares, un alza de casi un dólar.

Aunque las empresas petroleras de Estados Unidos tienen previsto elevar la producción de crudo en un millón de barriles por día durante este año, y en otros 700.000 durante el próximo, la Casa Blanca considera que hay compañías que no están «haciendo su parte». Debido a esto, Biden propondrá al Congreso de Estados Unidos que se obligue a las petroleras a que paguen tasas por los terrenos propiedad del Estado que están cedidos pero no se están usando para producir crudo.

La ‘startup’ española Submer ha inaugurado este jueves una nueva ‘gigafactoría’ en Houston (Texas), en Estados Unidos, de algo más de 37.000 metros cuadrados que le permitirá producir hasta 1 GW de sus productos de enfriamiento inmersivo de centros de datos y otros dispositivos.

La empresa contratará a unos 20 empleados, entre operarios e ingenieros y esta instalación servirá también como nueva sede principal de la empresa en Estados Unidos, según un comunicado.

La empresa española levantó 30 millones de euros a principios de año y utilizará la nueva fábrica para suministrar a sus clientes de centros de datos y criptomonedas.

Asimismo, la empresa incorporará progresivamente las nuevas soluciones que se encuentra desarrollando a la línea de producción.

«No solo es una oportunidad de generar más trabajos en la zona, sino que también nos permite expandir aún más nuestras capacidades de producción», ha destacado el consejero delegado de la firma, Daniel Pope, quien también ha subrayado la importante demanda del mercado de centros de datos norteamericano.

Por su parte, el director de Operaciones de Submer, Isidoro Porquicho, ha destacado que la nueva instalación permitirá alinear el servicio de la ‘startup’ con las demandas «rápidamente cambiantes del mercado de criptomonedas e hiperescalares».

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis volverá a parar a partir del lunes la producción de furgonetas de sus diferentes marcas debido a las «diversas alteraciones en la entrega de piezas», según ha anunciado este jueves la firma a sindicatos.

En concreto, el Sistema 2 de la fábrica parará a partir de este viernes, por lo que no operará la semana que viene. En él se montan las furgonetas de marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Toyota o Fiat.

Además, se ha cancelado también la actividad del turno de tarde de este viernes en el taller Ferraje del K9 (nombre industrial que reciben las furgonetas), para así «adecuar los encursos a las condiciones de cierre».

Por su parte, el Sistema 1 también sufrirá una parada de un día, reanudando su actividad a partir del martes, 5 de abril, todavía sin determinar en qué turno. En esta línea de producción se ensamblan el Citroën C-Elysée y los Peugeot 301 y 2008.

Stellantis reanudó este pasado martes su producción después de llevar varias semanas con sus líneas paradas debido a la situación de escasez de componentes.

El Ibex 35 se ha anotado un retroceso del 0,4% en el mes de marzo y del 3,08% en el primer trimestre de 2022, impactado por la escalada de la inflación, las políticas de tipos de interés y la invasión rusa en Ucrania.

Según ha explicado el analista de XTB Darío García, estos tres factores están íntimamente relacionados, ya que la guerra ha intensificado la evolución de los precios de las materias primas.

«La inflación en España alcanzó el 9,8% en marzo, nivel que no se veía desde 1985, los índices de confianza de los consumidores caen mucho más que las estimaciones del propio mercado, el clima empresarial en la eurozona también retrocede respecto al dato del mes anterior y, sin embargo, los mercados han recuperado e incluso superado los niveles previos al inicio del conflicto y de la crisis. La Reserva Federal, que subió 25 puntos básicos los tipos, se vuelve más agresiva y apunta a que en la próxima reunión de mayo los tipos suban otros 50 puntos básicos», ha apuntado el analista.

Los valores del Ibex 35 que mejor se han comportado durante el mes de marzo son las farmacéuticas y la banca, con subidas superiores al 20% para PharmaMar, impulsada por sus resultados y su medicamento estrella Zepzelca; Bankinter y las empresas de energías renovables como Acciona y Solaria, que «aprovechan el sentimiento inversor hacia este sector para recuperar niveles perdidos a principios de año», señala García.

En el lado negativo, el analista sitúa a Siemens Gamesa, ante las dudas sobre la OPA de exclusión de su matriz alemana, así como Acerinox, que acusa el impacto de la guerra en su negocio, e Inditex, con el cierre de sus más de 500 tiendas en Rusia.

En la sesión de este jueves, el Ibex 35 ha cedido un 1,23%, hasta situarse en los 8.445,1 puntos, con la mayoría de sus valores en negativo, en una sesión en la que el Ministerio de Agricultura de Rusia ha anunciado restricciones temporales a la exportación de ciertos productos, entre ellos el aceite de girasol, que tendrá sus ventas al exterior limitadas al menos hasta finales de agosto.

Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto que obligará a partir de este viernes a los países «hostiles» a pagar en rublos el suministro de gas, una medida con la que responde a las sanciones adoptadas a raíz de la invasión sobre Ucrania y que, en caso de incumplirse, implicaría cortes.

Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos han celebrado un encuentro de alto nivel en Washington para hacer frente a desafíos comunes en materia de defensa y seguridad en la región del Indo-Pacífico, especialmente China, y para abordar el deterioro de sus relaciones con Rusia en el marco de la invasión a Ucrania.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 en la sesión de este jueves las han presentado Inditex (-5%), BBVA (-3,34%), Almirall (-3,11%), PharmaMar (-2,26%), Fluidra (-2,23%), CaixaBank (-2,13%), Sabadell (-2%), CIE Automotive (-1,99%) y Merlin (-1,63%).

Por el contrario, solo han cerrado en positivo Solaria (+2,56%), Endesa (+2,36%), Acciona (+2,18%), Red Eléctrica (+1,42%), Enagás (+1,05%) y Ferrovial (+1,05%).

El resto de bolsas europeas también ha cerrado con caídas la sesión de este jueves, del 0,83% en Londres, del 1,21% en París, del 1,31% en Fráncfort y del 1,1% en Milán.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se situaba en 108,38 dólares, un 4,52% por debajo del cierre de ayer, mientras que el barril de petróleo WTI, de referencia para EE.UU., se abarataba un 3,65%, hasta los 103,84 dólares.

El descenso en el valor del petróleo se produce ante las informaciones que apuntan a que Estados Unidos volverá a liberar parte de sus reservas y a la expectativa de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores (OPEP+).

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1099 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 89 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,435%.

De cara a abril, desde XTB apuntan que el contexto de tensión e incertidumbre en los mercados por la guerra seguirá vigente y tendrá su reflejo en el comportamiento de los inversores durante el mes.

La Seguridad Social registró un saldo positivo de 373,5 millones de euros hasta el 28 de febrero de 2022, el equivalente a un 0,03% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por valor de 26.763 millones de euros, que suben un 3% interanual, y unos gastos por importe de 26.389 millones, cifra un 2,8% superior a la del mismo periodo del año pasado.

Del volumen total de ingresos, el 90,8% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 9,1% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 25.541 millones de euros hasta febrero, lo que representa un incremento del 4,2% interanual. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 2,9%, hasta un total de 26.192 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones subieron 6% interanual en febrero, hasta los 22.719 millones de euros, tras aumentar la recaudación por cotizaciones de los ocupados un 7,3% (1.447,72 millones de euros más) y descender las cotizaciones de los desempleados un 9,8% (157 millones de euros menos).

El Ministerio explica que los ingresos por cotizaciones de los ocupados todavía están afectados por las distintas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia y a la erupción volcánica en la isla de La Palma, así como por las exoneraciones de cuotas concedidas a los trabajadores de empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

Las transferencias corrientes totalizaron hasta febrero 3.804 millones de euros, un 11,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que se situó en 3.188 millones de euros, un 14,6% menos.

Esta reducción se debe a que las transferencias recibidas para complementos a mínimos de pensiones tuvieron un importe de 594 millones de euros menos que las del mismo periodo de 2021, así como las destinadas al cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto Toledo 2020 cuyo importe aún no se ha percibido, como señalan desde la cartera dirigida por José Luis Escrivá.

MÁS GASTO EN PENSIONES

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 24.990 millones de euros hasta febrero, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2021. Esta cifra representa el 94,7% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 22.860 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 2,77%, 599 millones de euros más .

En concreto, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó un 5,2%, hasta los 20.313 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (1,1%), de la elevación de la pensión media (5,4%) y de la revalorización de las pensiones contributivas (2,5%).

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto fue de 456 millones de euros.

CAE EL GASTO EN IT POR EL COVID

Por su lado, el gasto total en incapacidad temporal (IT) se redujo un 3,6% hasta febrero, hasta los 1.823 millones de euros. De esos, de los que 1.533 millones corresponden al gasto en IT por contingencias comunes, un 11,4% más que en 2021, y 175 millones, un 13,3% menos que el año pasado, fueron para contingencias profesionales.

El gasto para incapacidad temporal por procesos derivados del coronavirus se contrajo un 63%, hasta los 116 millones de euros en febrero de 2022.

En cuanto a las prestaciones para autónomos, el gasto acumulado hasta febrero alcanzó los 177 millones de euros, un 70,7% menos que en 2021. El Ministerio señala que este descenso viene dado por una menor necesidad de protección respecto a la del ejercicio de inicio de la pandemia.

Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascendieron a 2.129 millones de euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, motivado por la revalorización general del 3% aprobada para 2022. De dicho importe se destinan a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 1.370 millones de euros, un 1,8% más, y a subsidios y otras prestaciones, 759 millones.

Por último, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social crecieron un 2,7% interanual hasta febrero de 2022, hasta alcanzar 553 millones de euros.

Las acciones de Inditex lideraron este jueves las caídas del Ibex 35 con un descenso del 5%, en el último día de Pablo Isla como presidente de la compañía, por lo que se ha visto superada por Iberdrola, que se ha situado al frente del selectivo español por capitalización.

En concreto, la firma gallega ha cerrado esta jornada con una capitalización de 61.647 millones de euros, mientras que la energética lo ha hecho con 63.800 millones de euros tras cerrar la sesión con un ligero descenso del 0,18%, a un precio de 9,92 euros por acción.

Los títulos de la compañía fundada por Amancio Ortega, que ya cedían un 2,8% en la media sesión, siguieron cayendo a lo largo de la tarde para cerrar con un desplome del 5%, hasta un precio de 19,78 euros.

De esta forma, las acciones de Inditex se situaban por debajo de los 24,61 euros que marcaban el pasado 23 de febrero, cuando se inició la guerra de Ucrania, con lo que se han dejado un 19,6% desde esa fecha.

Asimismo, han perdido un 30,6% en lo que va de año y un 29% respecto al 30 de noviembre del pasado ejercicio, fecha en la que la matriz de Zara anunció el relevo en la presidencia.

De hecho, Marta Ortega cogerá este viernes el timón de Inditex con casi 6.500 tiendas repartidas por el mundo, unos beneficios récord y su apuesta por mantener el modelo de negocio, cerrándose así la etapa de Pablo Isla, quien dejará la presidencia ese día tras 17 años en la compañía, cuya valoración bursátil ha incrementado en unos 52.000 millones desde 2005.

Así, la hija de Amancio Ortega emprenderá una nueva era como presidenta no ejecutiva de Inditex, en la que estará acompañada por el consejero delegado, Óscar García Maceiras, quien lleva ya en el cargo desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma.

Marta Ortega ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.

Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones ‘premium’, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Pocos días antes de asumir la presidencia, el Grupo Pontegadea, que reúne todas las sociedades de cartera propiedad de Amancio Ortega, sus filiales dedicadas al negocio inmobiliario y otras participaciones de carácter financiero, nombró a su hija nueva consejera de la entidad y también de su filial en Reino Unido.

En general, de cara al futuro, al margen del impacto de la guerra de Ucrania en sus cuentas y su apuesta por Estados Unidos, Inditex espera un crecimiento selectivo del espacio comercial bruto en los próximos años, con tiendas muy diferenciadas, totalmente integradas, digitales y sostenibles.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha denunciado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular –aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados–, supondrá un impacto al sector de 2.000 millones de euros, lo que generará una «amenaza» a su competitividad al poner «en desventaja» a las empresas españolas respecto a sus competidoras europeas.

Así, reitera su petición de diálogo al Gobierno con quien no comparte la decisión de ir más allá de la normativa europea y le recuerda que las empresas han adaptado sus procesos de producción para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en la línea marcada en Europa.

De este modo, opina que la legislación orientada a avanzar hacia la sostenibilidad no debería mermar la competitividad empresarial, y en especial la de un sector clave para la economía española que cuenta con más de 30.000 empresas, en su mayoría pymes distribuidas por todo el territorio, y que emplea cada año a casi medio millón de trabajadores.

La FIAB recuerda un reciente estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) que estima que el impuesto a losenvases de plástico no reutilizables que contempla la nueva Ley podría tener un impacto de 690 millones de euros. El informe también señala que el incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) tendrá un impacto de 1.150 millones de euros.

El director general de la FIABA, Mauricio García de Quevedo, denuncia que la norma aprobada por el Parlamento este jueves tendrá un «importante» impacto en las empresas del sector, que estima en alrededor de 2.000 millones de euros. Por ello, insta al Gobierno a escuchar sector antes de poner en marcha futuras medidas como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases e insiste en la importancia de ajustar y acompasar el ritmo de las medidas a la normativa europea.

«Si el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases sigue adelante en los términos actuales hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector, podrían verse obligadas a cerrar y 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas estarían amenazados», ha alertado.

Un vuelo de Iberia aterrizará esta tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 136 refugiados ucranianos al salir de Hungría a las 15.35 horas, ha informado la aerolínea en un comunicado.

Hasta el momento han sido 259 las personas que han venido en vuelos regulares de Iberia desde Budapest, en coordinación con la Embajada de España en Hungría, para garantizar el soporte y trazabilidad de los refugiados en España.

Además, en el vuelo de ida desde Madrid, Iberia e IAG Cargo han transportado suministros humanitarios para Cruz Roja.

Habitualmente, esta ruta es operada con aviones de fuselaje estrecho de la familia A320 pero, desde el pasado 10 de marzo, este vuelo se opera con un avión de fuselaje ancho, con Airbus A330 o A350, para incrementar la capacidad de carga. Han sido ya ocho los vuelos, con más de 100 toneladas de carga humanitaria para Cruz Roja y Sepla Ayuda.

Asimismo, Iberia ha realizado tres vuelos chárter a Polonia, dos a Cracovia, uno para la Fundación Reina Sofía, en colaboración con Comunidad de Madrid, y otro para la Fundación Ana Carolina Diez Mahou y del Legado de María de Villota. El tercer vuelo chárter ha sido a Varsovia para Mutua Madrileña, en colaboración con Bomberos de la Comunidad de Madrid.

DONACIONES A CRUZ ROJA Y UNICEF

Además, Iberia tiene abierto un canal interno para que sus empleados puedan realizar donaciones a favor de Cruz Roja y Unicef para la crisis de Ucrania.

La aerolínea realizará una donación del mismo importe que se recaude con las donaciones de los empleados y, con los fondos recaudados, Cruz Roja y Unicef adquirirán los suministros que necesitan, como alimentos o medicamentos en las zonas cercanas al conflicto donde están presentes ambas ONG.

La consultora tecnológica Altia ha cerrado el ejercicio de 2021 con un beneficio neto de 8,7 millones de euros, un 41% más que en 2020 gracias a la mejora de los márgenes, según datos publicados por la empresa.

La facturación de la compañía ha descendido un 3,1% respecto a 2020, para sumar 125,9 millones de euros, pero los márgenes han pasado del 4,77% al 6,95%.

La firma, cotizada en BME Growth, ha obtenido un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 13,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,8% respecto al ejercicio anterior.

La compañía también ha saneado su balance con mayores fondos propios y 6,3 millones de euros de deuda financiera, a lo que hay que sumar un incremento de tesorería de 2,31 millones de euros que deja la deuda neta en 12,1 millones de euros.

La firma ha propuesto un dividendo a cuenta del ejercicio de 0,32 euros, con lo que el ‘pay-out’ será del 25,2% del beneficio neto. En total, supone 2,2 millones de euros de dividendo de los que ya se han repartido 1,3 millones de euros.

El presidente de Altia, Tino Fernández, ha destacado que las cifras corroboran la «buena salud del grupo» y que este dispone de los recursos necesarios para seguir desarrollando su proyecto pese a las adversidades del último año. Fernández ha subrayado que casi la mitad de los ingresos del grupo proceden ya de fuera de España.

En el último año, la firma prácticamente terminó de integrar la portuguesa Noesis y ha crecido fuera de España con Andorra, Chile y los organismos europeos como vectores destacados.

Iberdrola sufrió el pasado 15 de marzo un ciberataque que se resolvió ese mismo día y que expuso datos de 1,3 millones de clientes, según confirmaron fuentes de la compañía.

Los autores del ataque sólo tuvieron acceso a nombre, apellidos y DNI, pero no a datos bancarios, fiscales o de consumo eléctrico.

Según precisa el diario ‘El País’, los ciberdelincuentes se hicieron con información sensible de la base de datos de los usuarios de la energética, incluyendo nombre y apellidos, DNI, domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, pero no lograron acceder a los datos financieros de los clientes, como el número de cuenta corriente o de tarjeta de crédito.

Al día siguiente, una vez cerrada la brecha, la compañía detectó nuevos ataques masivos que en esta ocasión no consiguieron su objetivo.

Los ataques se produjeron de forma paralela a otros ataques en España como en Cercanías, el Congreso de los diputados u otras instituciones europeas. Afortunadamente, no han tenido acceso a datos críticos, según destaca Iberdrola.

El Banco de España ha reconocido a Onyze como custodio de nueva generación y exchange de criptoactivos, con lo que el organismo garantiza y avala el buen hacer de la compañía para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Onyze ha explicado en un comunicado que este registro «supone un gran avance para que las entidades financieras acojan con una mayor confianza este tipo de servicios para sus clientes y así, responder a la gran demanda que se está observando en los últimos años».

El Banco de España habilitó a finales del mes de octubre este nuevo registro, cuya creación se recoge en una disposición adicional de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La inscripción en este está condicionada a que los proveedores cuenten con procedimientos y órganos adecuados de prevención en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

Una vez presentada la solicitud de registro, el organismo cuenta con un plazo de tres meses para resolver la recepción e inscribir a la empresa en el registro.

«Es un paso importante para nosotros ya que nos permite ofrecer más garantías a nuestros principales clientes. Además, también es un paso importante para toda la comunidad y estamos en el buen camino para que España se posicione como referente cripto en Europa», ha destacado el consejero delegado de Onyze, Ángel Luis Quesada.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ha incluido a 21 entidades y 13 personas como parte de las medidas contra la industria tecnológica rusa y para impedir la evasión de sanciones del Kremlin, así como extender el alcance de su castigo a los sectores aeroespacial, marítimo y electrónico.

Esta determinación permitirá imponer sanciones a cualquier individuo o entidad que opere o haya operado en cualquiera de esos sectores y facilitar una mayor capacidad para cargar rápidamente costes económicos adicionales a Rusia por la guerra en Ucrania, ha explicado el Tesoro estadounidense.

«Rusia no solo continúa violando la soberanía de Ucrania con su agresión no provocada, sino que también ha intensificado sus ataques contra civiles y centros de población», subrayó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. «Seguiremos apuntando a la maquinaria de guerra de Putin con sanciones desde todos los ángulos, hasta que termine esta guerra sin sentido», advirtió.

Como parte de la nueva batería de sanciones, han sido señaladas las empresas AO NII-Vektor y Mikron, así como el Molecular Electronics Research Institute (MERI) con lo que OFAC también pretende impedir el acceso de Rusia a la tecnología occidental de la que depende el ejército ruso para que funcione su base industrial de defensa.

La consultoría global Brand Finance ha hecho público su informe anual sobre el valor y el Índice de Fortaleza de Marca de las principales empresas y organizaciones del mundo, que otorga una puntuación máxima de 100. Un ranking en el que LaLiga vuelve a estar entre las 50 marcas más valiosas en España, ocupando el puesto 37, siendo, además, la primera en el campo de la industria deportiva y el entretenimiento.

En concreto, el valor de marca de LaLiga ha aumentado un 4,2% en comparación con la última edición de este estudio, y un 34% frente a la edición de 2019, año en el que aparecía por primera vez en el ranking en el puesto 50. Por tanto, LaLiga no solo ha consolidado su valor a lo largo de estos años, si no que lo ha aumentado significativamente en solo tres años.

Además, LaLiga es la única organización deportiva y de entretenimiento que aparece entre las 100 marcas destacadas en esta edición, posicionándose en cuanto a valor de marca por encima de firmas líderes como Telecinco, Red Eléctrica, Carbonell, San Miguel, Cruzcampo o Bankinter, entre otras.

El hecho de que LaLiga siga siendo la única competición deportiva en este estudio, y que, año tras año vaya escalando posiciones aumentando su valor de marca, según los criterios de Brand Finance, prueba la importancia del fútbol nacional en la sociedad y en el entramado empresarial de España, reforzando su reputación internacional.

Prueba de este valor en alza es la materialización a principios de este año del acuerdo con el fondo CVC para el desarrollo del proyecto estratégico LaLiga Impulso, con el que se invertirán en LaLiga 1.994 millones, que permitirán a los clubes españoles acometer los proyectos necesarios para garantizar el crecimiento global ya que todos ellos ya que se comprometen a destinar, al menos, un 70% de los recursos a inversiones en infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, incorporación de talento, estrategia de comunicación, plan de innovación y tecnología y plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales.

En julio de 2022 se habrán inyectado los primeros 1.000 millones de euros de este acuerdo y a lo largo de los 2023 y 2024 se recibirá el resto del capital cuya inversión permitirá a todos los clubes de LaLiga adelantar en 20 años sus procesos de modernización.

El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido un dictamen sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el que considera “desproporcionado” reducir a 1.000 euros el límite del pago en efectivo establecido para las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.

En su dictamen, el banco central recuerda que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya fija un límite de 10.000 euros en el uso del dinero en efectivo y, por lo tanto, la ley española debería establecer un umbral proporcionado para la limitación de los pagos en efectivo.

De acuerdo con las consideraciones, la legislación en España, que restringe el uso de efectivo a 2.500 euros para las operaciones entre particulares y a 1.000 euros para las ejecutadas entre empresas o profesionales, y lo amplía hasta los 10.000 euros en aquellas en las que intervengan no residentes fiscales, no es proporcionada y, además, “discrimina a los pagos hechos por residentes”. También califica de excesivo el procedimiento sancionador que establece una multa “desproporcionadamente elevada” del 25 % del importe pagado.

Asimismo, en su valoración advierte de que el preámbulo de la ley en España no aborda el impacto social ni el riesgo de exclusión financiera de reducir sustancialmente el “ya bajo límite existente de 2.500 euros” y destaca que tampoco ofrece indicios claros de la probabilidad de que el nuevo límite permita alcanzar el objetivo perseguido. Y es que, en sus reflexiones, el BCE reitera que las acotaciones a los pagos en efectivo no deben ir más allá de lo necesario para lograr los fines de interés público -como pueden ser combatir el fraude fiscal- y, en cualquier caso, deben respetar el curso legal de los billetes en euros.

Recuerda tanto la importancia del efectivo para muchos grupos sociales que por “razones legítimas prefieren utilizar el efectivo”, como su valor inclusivo: “Un medio de pago esencial para la tercera edad, los inmigrantes, los discapacitados, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales”. Además, especifica que el pago en efectivo siempre está disponible, algo pertinente “en casos de corte de suministro eléctrico o fallo de los sistemas de pago electrónico”.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege) estima que el precio medio del mercado mayorista de eléctricidad (el ‘pool’) será este año un 92,5% más caro que en 2021, unos cálculos en los que no se incluye la propuesta preliminar planteada a la Comisión Europea por los gobiernos de España y Portugal para topar al gas a 30 euros el megavatio (MWh).

De este modo, tomando en consideración la evolución del mercado diario en 2022 y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio estimado por Aege para el mercado mayorista eléctrico español este año es de 214,50 euros/MWh, un 92,5% mayor que el de 2021, que fue de 111,93 euros y, hasta el momento, el más caro de la historia.

Los cálculos de la asociación, detallados en su ‘Barómetro energético’, también apuntan que, bajo esas premisas, el ‘pool’ español será un 9,5% más barato que el mercado alemán y un 25,9% menor al francés.

Por otro lado, a pesar de que en los tres primeros meses del año los precios eléctricos de los mercados alemán y francés han sido superiores a los del español, Aege subraya que para la industria electrointensiva nacional, «considerando las medidas aprobadas en su Estatuto», se estima un precio a fin de año de 224,84 euros/MWh, «más del doble que el precio francés» (109,68 euros/MWh) y 16 euros/MWh más que el alemán (208,48 euros/MWh).

El barómetro de la asociación se realizó con la información disponible hasta el 30 de marzo, es decir, antes de hacerse público el envío de la propuesta preliminar a la Comisión Europea por parte de los gobiernos de España y Portugal y la cual todavía debe ser evaluada.

De aprobarse, esta medida repercutiría en los precios del ‘pool’ debido a su impacto, entre otras cuestiones, en las ofertas de venta que realizan a diario en el mercado mayorista las centrales de ciclo combinado, que generan electricidad con gas.

El envío de la propuesta ha sido confirmado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a la comarca de El Bierzo (León), donde ha presentado el proyecto ‘La Térmica Cultural’ en las instalaciones de la central térmica de Compostilla I.

Ribera ha dejado claro que se trata de una propuesta conjunta formulada por ambos gobiernos y sujeta a la negociación con las autoridades europeas.

La Comisión Europea ha presentado este jueves una herramienta para mejorar la transparencia de las medidas de financiación de los bonos verdes vinculados fondo de recuperación de la UE y revela cómo los Estados miembros invierten el dinero recaudado.

«Con la herramienta que estamos lanzando, podemos mostrar claramente a los inversores en bonos verdes de la UE y al público en general cómo se han utilizado exactamente los ingresos», ha señalado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, en un comunicado.

Este instrumento de transparencia ofrece información en detalle del proceso de revisión puesto en marcha por la Comisión Europea para garantizar que la financiación obtenida a través de los bonos verdes Next GenerationEU se destine a las medidas nacionales del Plan de Recuperación y Resiliencia.

En un paso más, Hahn ha señalado que hasta la fecha se han recaudado 14.500 millones de euros en bonos verdes a cargo del fondo anticrisis, que se destinan a financiar inversiones verdes y respaldar la resiliencia de las economías de la UE.

Esta herramienta supone un paso más en el trabajo de la Comisión para mantener relaciones activas con los participantes del mercado como parte de su estrategia de préstamos y deuda.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado que los propietarios de las estaciones de servicio tienen activo un sistema «para garantizar su liquidez» ante las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado este jueves durante su visita a la comarca de El Bierzo (León), donde ha presentado el proyecto ‘La Térmica Cultural’ en las instalaciones de la central térmica de Compostilla I.

Ribera ha detallado que este sistema activado por el Ministerio de Hacienda «se puede solicitar de manera sencilla y online» y ha explicado que el principal objetivo «es garantizar la solvencia a aquellos que estén preocupados por su liquidez».

Asimismo, ha defendido las medidas de descuento al combustible, y ha aclarado que la bonificación se producirán «en el momento del pago», ya que el precio de los combustibles «aparecerá en las pantallas con la normalidad habitual».

También, ha incidido en que algunas de las compañías más importantes «han activado sus propios mecanismos de descuento» por sus cauces a través de sus aplicaciones o de una tarjeta, métodos que «conocen los conductores profesionales y que ya vienen utilizando».

En esta línea, ha defendido que esta medida «afecta a la parte de producción y distribución», lo que le ha hecho asegurar que «no es a las pequeñas empresas de combustible a las que se les está pidiendo un esfuerzo».

EN TRES O CUATRO SEMANAS

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha augurado que el precio de la luz se podrá limitar «en tres o cuatro semanas, se está trabajando con la Comisión Europea y Portugal para ello».

Además, ha detallado que «hay que ser pacientes» porque es necesario que en este tiempo «se asiente bien y que las preocupaciones de buen funcionamiento que puedan existir estén reflejadas».

De este modo, ha destacado que desde el Gobierno de España «vio imprescindible intervenir para paliar ese coste de la luz» y ha agradecido «el entendimiento» del resto de los líderes europeos.

Ouigo ha advertido de que la subida del precio de la electricidad «pone en peligro la liberalización y democratización del tren de alta velocidad», después de que el coste por persona de viajar en tren se haya disparado más de un 50% por el precio de la luz.

El nuevo operador que ya compite con Renfe en la ruta Madrid-Barcelona y pronto lo hará también entre la capital y Valencia, lamenta que se hayan otorgado ayudas al coche, al autobús o al tren de mercancías, pero no al transporte ferroviario de pasajeros.

La compañía argumenta que Adif, que es el gestor público que administra las vías de tren y repercute en los operadores el gasto eléctrico de circular por ellas, es uno de los primeros consumidores de luz de país, pero no se le trata como tal, puesto que no está considerado como electrointensivo.

Ouigo defiende estar «aguantando» sin repercutir los precios que esta situación ha ocasionado para contribuir a la descarbonización de la economía, al ser el tren el medio de transporte menos contaminante, incrementando ahora incluso su oferta de plazas.

«Aumentar los precios del billete pondría en riesgo la democratización de la alta velocidad. Desde Ouigo estamos trabajando mano a mano con los actores del sector para que esto no sea así y que la descarbonización de la movilidad en España siga siendo nuestro objetivo común», señala la directora general de Ouigo, Helene Valenzuela, en declaraciones.

En concreto, aplicando los costes medios de la electricidad de marzo, los incrementos de los billetes superarían el 30% en el caso del Madrid-Barcelona y el 50% en el de Madrid-Valencia: «Esta situación que estamos viviendo con la subida del precio de la electricidad es insostenible para los operadores ferroviarios de viajeros y pone en peligro el trabajo que España ha realizado para hacer el tren accesible a todos los bolsillos», añade Valenzuela.

Recientemente, Renfe también ha estimado en 133 millones de euros el impacto que ha provocado el alza de los precios de la electricidad en el conjunto de la compañía, lo que ha lastrado significativamente la recuperación que la empresa estaba protagonizando tras la pandemia.

La firma automovilística DS Automobiles ha incorporado en su modelo DS 4 dos nuevos sistemas de climatización tras la sensibilización sobre la calidad del aire en los últimos años, según ha confirmado la compañía en un comunicado.

Por ello, el DS 4 incluye DS Air, un sistema de climatización que cuenta con un aireador central en el que las aletas no resultan visibles, gracias a un nuevo interfaz físico desde el que se accede a las principales funciones del sistema.

Así, dos cursores en ambos extremos del interfaz dirigen los flujos de aire orientándolos horizontal y verticalmente. El sistema crea «dos vórtices de aire» diferentes y los desviadores de los flujos de aire se han trasladado a la parte posterior de las salidas, integradas en el centro del salpicadero, de modo que se ha conseguido que la superficie visible de los aireadores se reduzca al máximo posible.

Por otro lado, la nueva función de accionamiento rápido ‘Quick Launch’ permite calentar o enfriar el habitáculo más rápidamente. El sistema se adapta a la temperatura exterior de modo que, en condiciones de baja temperatura, se activa la calefacción de los asientos y del volante, si el coche dispone de ellas, mientras que los espejos exteriores se desempañan.

Al contrario, si la temperatura exterior es alta, se acciona el aire acondicionado lo más frío posible y se activa la ventilación de los asientos, mientras que si la temperatura exterior es media, se acciona el mayor caudal de aire posible con una distribución automática.

Por último, el sistema incluye el DS Clean Cabin, que se acciona mediante la pantalla central de control y que evalúa el aire interior a través de un sensor de dióxido de carbono (CO2) para el anhídrido carbónico y un sensor PM 2,5 para las partículas. Mediante un filtro HE purifica el habitáculo en pocos minutos devolviendo el índice AQI de calidad de aire a unos valores óptimos.

La Comisión Europea ha propuesto este jueves cambios en las reglas para Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) para simplificar la burocracia del registro de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas en el sistema que protege las denominaciones europeas, además de para reforzar su respeto en las ventas ‘online’.

Bruselas afirma que las modificaciones permitirán mantener los altos estándares de calidad y normas alimentarias que se aplican en la Unión Europea, al tiempo que se cuida el patrimonio cultural, gastronómico y local para garantiza que se «preserva y certifica» su autenticidad en todo el mundo.

«Al proponer un refuerzo y armonización del marco jurídico queremos estimular la producción de productos tradicionales de calidad», ha indicado en un comunicado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Entre las claves de la reforma, el Ejecutivo comunitario aboga por contar con procedimientos de registro más cortos y simplificados, unificando trámites en un único proceso para los solicitantes de la UE y extracomunitarios.

También pide mejor protección en Internet frente a ventas engañosas en plataforma digitales y la confusión entorno a los nombres de dominios y que los Estados miembro tengan que reconocer a las agrupaciones de productores de IGP si así lo solicitan, de modo que puedan gestionar, hacer cumplir y desarrollar sus denominaciones protegidas.

Paradores espera que la ocupación de sus establecimientos supere en un 10% a la que registró en el mismo mes de 2019, último año antes de que estallase la crisis del coronavirus, según ha detallado la compañía.

La hotelera pública ha consolidado, durante los primeros meses de 2022, la tendencia de recuperación que se observó a lo largo de la segunda mitad del año pasado. La firma registró unos beneficios después de impuestos de 3 millones de euros durante 2021.

En el primer trimestre de 2022, los clientes de Paradores ocuparon 240.189 habitaciones, lo que supone situarse en los mismos niveles registrados en el mismo período de 2019, antes de la pandemia.

Pesé a la incertidumbre por el conflicto de Ucrania, la compañía espera que se mantenga la tendencia y que, además, mejore para el próximo mes de abril.

MÁS OCUPACIÓN EN SEMANA SANTA

Para las fechas globales de Semana Santa, que transcurren entre el 8 y el 17 de abril, se estima que la tasa de ocupación podría alcanzar un 75%, superior a la cifra de 73% de 2019. En los principales días de Semana Santa, y que se concentran entre el 14 y el 16 de abril, se prevé una tasa de ocupación de 88%, por encima del 86% de la Semana Santa de 2019.

En el informe presentado este jueves al consejo de administración, Paradores cierra el año contable de 2021 con un beneficio después de impuestos de 3 millones de euros, con un total de 1,087 millones de habitaciones y 1,794 millones de cubiertos vendidos.

Los resultados han superado las previsiones, con unos ingresos brutos de explotación de 228 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 24,6 millones de euros.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha hecho este jueves un «llamamiento para que haya un diálogo» para lograr un acuerdo sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Pirineos de Cataluña y Aragón.

Lo ha dicho preguntado en rueda de prensa este jueves antes de reunirse con alcaldes y representantes del ámbito municipal para abordar la situación por la invasión de Rusia a Ucrania, sobre la que también han mantenido encuentros con representantes de otros ámbitos sociales y económicos de Catalunya durante esta semana.

«Estoy seguro de que con un esfuerzo de diálogo se asumirá un acuerdo para poder hacer los mejores Juegos de Invierno y hacerlos conjuntamente con Aragón», ha insistido Illa, después de que el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, haya avanzado que no acudirá este viernes a la firma del acuerdo técnico convocada por el Comité Olímpico Español (COE).

Illa ha avisado de que perder esta oportunidad para el Pirineo catalán y aragonés no sería perdonable y, preguntado por las discrepancias sobre el acuerdo técnico, ha replicado: «Quiero que se hagan los Juegos Olímpicos e intento medir muchos mis palabras», tras lo que ha expresado su plena confianza en el presidente del COE, Alejandro Blanco.

ESCUELA CATALANA

A preguntas de los periodistas sobre la huelga docente, ha sostenido que han fallado las formas desde el Govern y ha faltado diálogo previo, y ha dicho que no descarta ninguna opción ante la propuesta de la CUP de reprobar al conseller Josep Gonzàlez-Cambray, que se votará en el pleno del Parlament de la próxima semana.

Ha destacado que él es más partidario de impugnar el método de trabajo y pedir que se corrija, en lugar de promover reprobaciones: «Pero tampoco lo quiero descartar, porque llega un momento en el que tienes que decir basta».

Sobre el acuerdo con ERC, Junts y comuns sobre el catalán en la escuela y la modificación de la Ley de Política Lingüística, ha calificado el pacto de «ejercicio de responsabilidad», y ha destacado la necesidad de respetar los acuerdos que se firman, en referencia a Junts, que se descolgó del acuerdo.

«No es algo que se hiciera de ocho a nueve de la noche del día anterior, llevamos meses trabajando en este tema», ha criticado Illa, que ha asegurado estar dispuesto a dedicar esfuerzos adicionales a que todas las formaciones estén cómodas, pero ha insistido en la importancia de respetar lo pactado.