La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha denunciado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular –aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados–, supondrá un impacto al sector de 2.000 millones de euros, lo que generará una «amenaza» a su competitividad al poner «en desventaja» a las empresas españolas respecto a sus competidoras europeas.
Así, reitera su petición de diálogo al Gobierno con quien no comparte la decisión de ir más allá de la normativa europea y le recuerda que las empresas han adaptado sus procesos de producción para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en la línea marcada en Europa.
De este modo, opina que la legislación orientada a avanzar hacia la sostenibilidad no debería mermar la competitividad empresarial, y en especial la de un sector clave para la economía española que cuenta con más de 30.000 empresas, en su mayoría pymes distribuidas por todo el territorio, y que emplea cada año a casi medio millón de trabajadores.
La FIAB recuerda un reciente estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) que estima que el impuesto a losenvases de plástico no reutilizables que contempla la nueva Ley podría tener un impacto de 690 millones de euros. El informe también señala que el incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) tendrá un impacto de 1.150 millones de euros.
El director general de la FIABA, Mauricio García de Quevedo, denuncia que la norma aprobada por el Parlamento este jueves tendrá un «importante» impacto en las empresas del sector, que estima en alrededor de 2.000 millones de euros. Por ello, insta al Gobierno a escuchar sector antes de poner en marcha futuras medidas como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases e insiste en la importancia de ajustar y acompasar el ritmo de las medidas a la normativa europea.
«Si el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases sigue adelante en los términos actuales hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las empresas del sector, podrían verse obligadas a cerrar y 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas estarían amenazados», ha alertado.
