La huelga del transporte tiene en el sector ganadero uno de los más afectados y, aunque la recogida de la leche se está llevando a cabo poco a poco, es desigual y algunos productores han tenido que verter el líquido por la falta de espacio en los tanques.

Principalmente los problemas de recogida, según las fuentes del sector, se han producido con la empresa Lactalis, que envió en las últimas horas un aviso de que se dejaba acudir a las granjas hasta nuevo aviso, si bien en la jornada de este viernes han comenzado a llenar camiones.

Sin embargo, las fuentes del sector consultas han indicado que muchos ganaderos, al no tener noticias de la empresa, ya habían vaciado el producto previamente ante la necesidad de almacenar el ordeño de la mañana, sobre todo, en la zona de Lalín y Silleda, en la provincia de Pontevedra. También en granjas de Lugo se ha vertido leche de tanques por la falta de recogida.

Fuentes de la empresa Lactalis han indicado que la situación «sigue siendo muy grave en Galicia» y justifica que los transportistas «que quieren trabajar están sufriendo amenazas». «Seguimos haciendo un esfuerzo con los recogedores, equipos de recogida y equipos de fábrica para tratar de restaurar el normal funcionamiento de la cadena», ha explicado.

Este viernes, los camiones de Lactalis han retomado la recogida, pero siguen «sin garantizar» el funcionamiento habitual de las fábricas, «porque continúan los problemas con las cisternas y camiones de materiales para el envasado y salida de producto a clientes». «La situación es muy inestable», han advertido.

CLÚSTER ALIMENTARIO

Por su parte, el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), en representación del sector agroalimentario gallego, ha reclamado a la administración pública «coordinación y contundencia» frente a los piquetes que están actuando «de manera violenta e ilegal» con motivo del paro en el sector de transportes.

Así, en un comunicado, señalan que la industria del que fuera considerado un sector esencial «ve impedido el normal desarrollo de su actividad» a causa de la huelga, que este viernes ya alcanza su quinto día. Este hecho está generando «un grave perjuicio económico» en un momento crítico en toda la cadena de valor.

De prolongarse el desabastecimiento de algunos alimentos o mercancías importantes, no solo se verán afectadas las empresas, sino también los consumidores. En este sentido, advierten de que «en numerosos supermercados ya se han constatado situaciones de desabastecimiento de ciertos productos, que se acentuarán si la situación continúa».

PROTESTA FRUGA

Este viernes también ha sido un día de movilizaciones convocado por el sindicato agrario Fruga, que ha contado con el apoyo del BNG. Así, en una concentración en Lugo, han reclamado la «intervención urgente de las administraciones para revertir la situación que está atravesando» esta situación.

«Pedimos que, de manera urgente, los gobiernos de la Xunta y de Estado actúen, porque las explotaciones no pueden esperar más», ha señalado la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, quien ha señalado que la situación «es insostenible por los bajos precios en origen y el aumento de los costes de producción». Entre otras medidas, apuesta por la recuperación de la soberanía alimentaria.

El Defensor del Pueblo recomienda en su ‘Informe Anual 2021’ actualizar la regulación sobre el fraude en energía para mejorar la objetividad del sistema y dotarlo de las suficientes garantías, y para ello plantea la intervención de personal independiente, que actuaría como verificador del fraude acreditado por sistemas de certificación.

En su informe, el Defensor recuerda que ya en 2019 planteaba la necesidad de que los procedimientos de persecución y detección de las situaciones de fraude se desarrollaran con las suficientes garantías y desde entonces no cree que se hayan dado avances significativos.

Otras propuestas son el establecimiento del principio de revisión por la Administración, dar efecto suspensivo a la reclamación y regular el procedimiento de reconexión una vez se supere la irregularidad.

LA MAYORÍA SE VEN AFECTADOS SIN SER PARTE DEL PROBLEMA

En su informe, el Defensor destaca las numerosas quejas recibidas por el corte de suministro, que afectan en especial a las personas más vulnerables, e incluso en casos de beneficiarios del bono social, casos que requieren un procedimiento específico que, sin embargo, «comúnmente no llevan a cabo las empresas suministradoras», advierte.

En los cortes de suministro, el Defensor destaca los casos de cortes motivados a la presencia de enganches ilegales, lamentando que, «con frecuencia, este problema oculta la realidad de la mayor parte de los ciudadanos afectados, que nada tienen que ver con tales actividades y, sin embargo, se ven perjudicados, en ocasiones hasta en su dignidad y su salud, como consecuencia de la falta de suministro».

Citando casos en el norte de Granada y en zonas de Almería, el Defensor llama la atención que, pese a asociarse los cortes a una situación fraudulenta, no se están incoando expedientes de sanción, según se reconoce, por dificultades procedimentales para sancionar y perseguir estas conductas.

SIN RESPUESTA DE MADRID A LAS RECOMENDACIONES POR LA CAÑADA

Respecto a la falta de suministro en la Cañada Real Galiana de Madrid, lamenta que pese a las recomendaciones de hace un año para garantizar un suministro de urgencia, la situación no ha cambiado en el sector con mayor población e informa que el pasado noviembre formuló nuevas recomendaciones al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada, una de ellas insistiendo «que no es aceptable que se llegue a los períodos de mayor frío sin desplegar un plan de emergencia».

Pese a ser recibido el 28 de diciembre en su sede e insistirse en estas preocupaciones, el Defensor no ha recibido preceptiva respuesta sobre esta cuestión e incide en que los realojos iniciados no pueden servir de excusa para pensar que el problema se resolverá a través de la eliminación de las viviendas existentes en un plazo de tiempo aceptable.

«En el mejor de los casos», apunta el Defensor, «esa solución necesitaría de años y no resulta aceptable desde ningún punto fde vista que las personas que allí viven permanezcan privadas del acceso a un sumininistro esencial como la energía eléctrica».

CORTAR SIN AVISO ES INCUMPLIR LA NORMATIVA

Esta entidad también refiere una queja de la Comunidad, a través de su Dirección de Industria, Energía y Minas, acerca de que un corte de suministro sin notificación previa por parte de una comercializadora suponía un incumplimiento de la ley, llegando a reconocer la administración autonómica que su supervisión de este tupo de situaciones se limita a la existencia de denuncias ante el volumen de suministros.

El Defensor señala que esta vía de revisión administrativa no es muy conocida y que, además, «la falta de actividad preventiva puede suponer un incentivo para eventuales conductas abusivas por parte de las compañías suministradoras».

Otras preocupaciones remarcadas por la institución son los niveles de información en la factura, las solicitudes de cambio de potencia contratada y la acumulación de facturas de consumo no puestas al día por parte de las comercializadoras.

ACUMULACIÓN DE FACTURAS NO EMITIDAS

En este sentido, señala que el pasado 22 de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que la falta de facturación en plazo y el retraso en la toma de lecturas reales debe tratarse como error administrativo y que el período a facturar o rectificar no puede exceder de un año, debiéndose prorratearse en tantas facturas mensuales como en meses transcurridos sin facturación.

En estos casos, incide el Defensor, la comercializadora debería promover ante sus clientes el fraccionamiento de las facturas retrasadas, una vez que tenga los datos necesarios y asegurarse de que los consumidores son conocedores de esta opción y cuentan con un canal sencillo para aplicársela.

También recomeiendan que, una vez se solucione el problema que impide facturar con normalidad, las comercialzadoras no pasen al cobro ninguna cantidad sin avisar previamente a los clientes, tomando medidas para cerciorarse de la recepción de este aviso previo y de su comprensión por el cliente.

Otras quejas recibidas se refieren a la estructura de la factura por tramos horarios a consumidores acogidos a la tarifa regulada, la conocida como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), señalando el Defensor que falta desglose por tramos horarios (punta, valle y llano).

INEFICIENCIAS EN EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

Finalmente, el Defensor también informa de quejas por ineficiencias en la gestión del bono social eléctrico por problemas a la hora de reconocer la condición de beneficiario por alegar las empresas que no pueden calcular los niveles de renta, una situación que sae da en hogares con bajos ingresos que no han presentado declaración del IRPF o en familias numerosas que, por tener reducidos niveles de renta, solicitan la declaración de vulnerabilidad severa.

Pese a que en estos supuestos la normativa prevé la posibilidad de reclamar ante los servicios sociales autonómicos, «estos no están actuando en la práctica como órganos de revisión», critica el Defensor, debiendo recurrir a la Agencia Tributaria el perjudicado para contar con un certificado de acreditación de ingresos.

Ante este problema, el Defensor inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Energía, que informó de que 41.445 solicitudes habían sido denegadas por no poderse realizar el cálculo de la renta, ante lo cual esta institución estudia hacer recomendaciones para solventar esta situación.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las grandes organizaciones empresariales de los sectores de automoción, refino, papel, química, alimentación, cemento y siderurgia, ha pedido al Gobierno que adelante las medidas que tiene previstas aprobar el próximo 29 de marzo para rebajar el precio de los combustibles.

Tras pedir este jueves que se garantice «el respeto a la actividad empresarial voluntaria y a la libre circulación de mercancías a través de las actuaciones del Ministerio del Interior», en el marco del paro de transportistas, ahora la Alianza urge a resolver este conflicto.

El sector industrial pone de manifiesto la situación «crítica» en la que se encuentra, debido a que los problemas para mantener la actividad y la libre circulación de mercancías se han traducido en paradas de fábricas de todos los sectores con un impacto económico «muy elevado en la economía española».

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está integrada por ANFAC (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia).

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha anunciado que prevé lanzar un ambicioso plan en España para dar más voz a los empleados y mejorar los estilos de liderazgo al objeto de contar con los mejores responsables de equipo, al tiempo que se ha opuesto a «cualquier extralimitación o exigencia comercial desmedida» y ha confirmado que BBVA no contempla actualmente el cierre de más oficinas.

Así lo ha señalado tras el turno de intervenciones de la junta general anual de accionistas, en la que han intervenido representantes de los sindicatos CCOO, ACB, CGT, UGT, SEC, CIG, ELA y SCAT y donde Torres ha reconocido de manera explícita la labor y esfuerzo de los representantes sindicales.

Los representantes de los trabajadores han hecho referencia a la presión comercial que sufren los empleados del banco y a la falta de recursos humanos y materiales, que se ha visto acentuada por las salidas de empleados en el marco del despido colectivo que el banco está llevando a cabo.

El presidente de BBVA ha reconocido ser consciente de que el proceso de reducción de plantilla, junto a las numerosas bajas por contagios y cuarentenas de coronavirus, han provocado «desajustes y situaciones de falta de personal» que desde el banco han trabajado en solventar y que, a medida que se vayan reduciendo las restricciones y mejore la situación sanitaria, se irán aliviando.

En cualquier caso, Torres Vila ha asegurado que BBVA seguirá mejorando en este sentido, por lo que este año va a trabajar en acometer diferentes planes de acción e iniciativas basadas en las personas.

«Por ejemplo, en España tenemos previsto lanzar un ambicioso plan de personas para darles más voz y reforzar la conexión con los equipos. Vamos a trabajar en los estilos de liderazgo, a los que muchos de ustedes han hecho referencia, como un proyecto estratégico global para tener a los mejores responsables de equipo. Los mandos intermedios son fundamentales para que esos valores se vivan en el día a día», ha explicado.

En cuanto a los objetivos comerciales, el presidente de BBVA ha mostrado su oposición a «cualquier extralimitación o exigencia comercial desmedida» y ha recordado que el equipo de Talento y Cultura del banco está disponible para analizar cualquier situación que pueda producirse en este sentido, que respondería a «comportamientos aislados y descontextualizados que no representan la generalidad.

Otros accionistas y sus representantes, entre ellos Adicae, han incidido durante el turno de intervenciones en la reducción de la red de oficinas y la necesidad de que el banco proporcione una mejor atención a las personas mayores, evitando que la digitalización deje a algunos clientes desatendidos.

El presidente de BBVA ha asegurado que las oficinas continúan desempeñando «un papel fundamental clave» para el banco, especialmente en la parte de asesoramiento, complementando la relación por canales remotos.

Según ha explicado, no existe un «número ideal» de sucursales en España, pues inciden factores como la evolución de los canales de servicio al cliente (en dos años las transacciones digitales se han multiplicado por dos y las operaciones en oficinas han caído un 50%).

En cualquier caso, Torres ha asegurado que, en estos momentos, no se contempla el cierre de sucursales. «Queremos además estar muy cerca de nuestros clientes y dar el mejor servicio para no dejar a nadie atrás. Estamos adoptando medidas para ayudar a los colectivos con mayores dificultades de adaptación, como las personas mayores, personas con necesidades especiales u otras que por otros factores puedan verse excluidas de la digitalización», ha afirmado.

PLAN DE IGUALDAD Y TELETRABAJO

Los representantes de CCOO y UGT también han reclamado a la dirección de BBVA que se retome la negociación del plan de igualdad, que comenzó en marzo de 2020 y que sigue paralizada desde la irrupción de la pandemia. Asimismo, han puesto en valor las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y han pedido avanzar en esta materia.

En respuesta, el presidente de BBVA ha confirmado que la intención del banco es retomar la negociación del plan de igualdad, que se vio interrumpida primero por el Covid-19 y, después, por el ERE. «Nuestra voluntad es alcanzar el mejor acuerdo posible que nos ayude a seguir impulsando la igualdad de género», ha sostenido.

El directivo también ha asegurado que el grupo está poniendo en marcha algunas medidas centradas en eliminar los sesgos en los procesos para asegurarse de que las mujeres tienen su justa representación en los distintos órganos del banco y que los porcentajes que históricamente se han visto más descompensados avancen hacia la paridad y la igualdad.

«Estamos viendo avances claros, en los puestos de gestión y dirección el porcentaje de mujeres es del 37%. Todavía está lejos del 50% pero vamos avanzando: el año pasado estaba en el 33%, hemos aumentado 4 puntos en un año por poner el foco en los flujos de promoción de un nivel al siguiente. De cada 100 promociones hechas en el grupo, 52 han correspondido a mujeres y en los puestos de dirección y gestión el porcentaje de mujeres es del 42%, cuando hace un año era del 36%», ha valorado Torres, quien cree que la entidad está en el buen camino en diversidad de género, aunque queda trabajo por hacer.

En cuanto al teletrabajo, el presidente del banco ha señalado que están testando actualmente modelos de trabajo híbrido y, una vez que se analicen los resultados, se implantará el modelo que se decida y se aplicará lo previsto en la normativa sobre teletrabajo. «Creemos firmemente en la flexibilidad y en la implantación de modelos de trabajo que sean flexibles, ágiles, productivos y, sobre todo, que hagan que nuestros empleados puedan conciliar mejor», ha asegurado.

La variante coupé del nuevo Skoda Enyaq iV, que comenzó a producirse a mediados de febrero en la planta de Mladá Boleslav (República Checa), llegará al mercado español a finales de este año, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las dos versiones del Enyaq iV son los únicos modelos basados en la plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) del grupo Volkswagen que salen de una línea de montaje europea fuera de Alemania.

El diseño exterior del Enyaq Coupé iV se caracteriza por la línea del techo que se inclina desde el pilar B hacia la parte trasera, fundiéndose con el portón trasero que presenta un borde afilado.

Las líneas del vehículo se han acentuado aún más con el techo panorámico de cristal tintado, que viene de serie y abarca todo el techo del vehículo. Además, se ofrece con llantas de aleación de entre 19 y 21 pulgadas.

Junto a la variante Sportline, el Enyaq Coupé iV también está disponible como modelo RS, lo que lo convierte en el primer modelo totalmente eléctrico de la familia RS de Skoda.

Este modelo se comercializará en España con la batería de 82 kilovatios-hora (kWh). El iV 80 con tracción trasera y una potencia de 150 kilovatios (kW), mientras que el iV 80x, con una potencia de 195 kW (265 caballos), y el RS iV de 220 kW (300 caballos), emplean un segundo motor en el eje delantero para proporcionar tracción a las cuatro ruedas.

El Enyaq Coupé iV, que ofrece una autonomía de más de 540 kilómetros, ha aumentado su capacidad de carga, gracias al último software ME3, hasta 135 kW en las versiones de tracción total, lo que significa que la batería de 77 kWh puede cargarse del 10% al 80% en sólo 29 minutos.

El nuevo vehículo de Skoda se ofrece con cinco selecciones de diseño para cualquiera de versiones, una opción específica para elSportline, y dos para el RS, RS Lounge y RS Suite.

En términos de tecnología, dispone de la mayor pantalla táctil de Skoda con 13 pulgadas y un cuadro de mandos digital de 5,3 pulgadas. Opcionalmente, se puede equipar el Head-up Display de realidad aumentada.

En cuanto a los asistentes, el Enyaq Coupé iV puede disponer de cualquiera de los sistemas de asistencia de Skoda disponibles, algunos de los cuales son nuevos o están mejorados.

El expresidente de Sacyr Vallehermoso y accionista de BBVA, Luis del Rivero, ha pedido que dimita casi en su totalidad el consejo de administración del banco, excepto el consejero delegado, Onur Genç, o en su defecto, que se nombre una comisión independiente de personas «de garantía» que colabore con la Justicia en la investigación del Caso Cenyt.

Durante su intervención en la junta de accionistas de BBVA, que se celebra este viernes en Bilbao, Del Rivero ha recordado que en la última junta presencial, celebrada el 13 de marzo de 2020, solicitó una «colaboración intensa» del consejo de administración en el ‘caso Villajero’, pieza número 9, en la que se ve afectada el banco.

En concreto, hizo hincapié en aquella ocasión a la elaboración del ‘forensic’, una cuestión «posterior a la época de Francisco González», presidente de BBVA entre los años 2000 y 2018. «El haber demostrado una intensa colaboración con la Justicia habría sido muy bueno para la entidad y muy bueno para la cúpula directiva».

Sin embargo, Del Rivero ha afirmado que finalmente «no se hizo caso» de esta recomendación y ha negado que el banco haya colaborado con los tribunales. «Se desmiente fácilmente por dos puntos: el banco sigue imputado, y el director de comunicación, Paul Tobin, está imputado como consecuencia de ocultar datos a la Administración de la Justicia», ha agregado.

En su intervención, Del Rivero ha recordado que en octubre de 2021, el exdirector de seguridad de BBVA Julio Corrochano presentó un escrito en el que comentaba que, desde 2004, el banco trabajaba con el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo. «Pero, explícitamente, dice que contrató en 2016 y 2017» con Villarejo. «En el 2016 y en el 2017, el actual presidente era consejero delegado» del banco, en referencia a Carlos Torres.

«Esto hace difícil que, para el banco que está imputado, pueda acogerse a los eximientes del artículo 31 bis del Código Penal, puesto que era ya públicamente conocido que Villarejo era policía en activo, ha añadido Del Rivero.

Por ello, ha realizado un ruego para que el consejo de administración, salvo el actual CEO, Onur Genç, presente su dimisión, y que se solicite al Banco de España o al Banco Central Europeo (BCE) que nombre un nuevo consejo.

«Como no me van a hacer caso, un ruego subsidiario es que hagan caso a lo que solicité en la junta de 2019 y nombren una comisión independiente, de personas de garantía, que rija las relaciones con la Justicia en este momento para salvar a la entidad».

Cabe recordar que Del Rivero ha comparecido ante la Audiencia Nacional como perjudicado por el espionaje de Villarejo por encargo de BBVA –la pieza número 9 del ‘caso Villarejo–, Repsol y CaixaBank. En concreto, Villajero, a través de la empresa Cenyt, habría sido contratado para realizar varias operaciones que evitasen que Sacyr Vallehermoso, presidida en ese momento por Del Rivero, se hiciese con el control de BBVA y de Repsol.

Por último, ha preguntado por una sanción reconocida por el banco en su informe anual de 2021 de 13,1 millones de euros por «supuestas infracciones» en materia de blanqueo de capitales, si bien la entidad indica que la resolución «no es firme» y se ha presentado «una demanda» frente a la misma.

«A qué se debe esta sanción, si está relacionada con la insuficiente información que remitió el BBVA al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en el caso Villajero», ha preguntado Del Rivero.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO «NO TIENEN CONEXIÓN ALGUNA» CON EL CASO

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha recordado que la investigación del ‘caso Cenyt’ sigue en curso en la Audiencia Nacional y que la prioridad del banco «es la plena colaboración con la Justicia» en la clarificación de los hechos.

Además, ha respondido a la petición de Del Rivero al señalar que, de los hechos investigados, «no se deriva responsabilidad para BBVA». «A futuro seguiremos actuando con total diligencia bajo el liderazgo del consejo, cuyos miembros no tenemos conexión alguna con el caso», ha afirmado Torres.

En relación a la sanción del Sepblac, Torres la ha desligado del ‘caso Cenyt’ y ha recordado que el servicio ha impuesto sanciones similares a otras entidades por «supuestas infracciones de la Ley 10/2010» en relación «con clientes de la comunidad asiática».

España y otros doce países han pedido a la Comisión Europea medidas para aliviar la situación de la flota pesquera, ya que parte de ella ha tenido que permanecer amarrada en puerto por la escalada de los costes de producción y especialmente por el alza de los combustibles.

La petición remitida por España y respaldada por Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Eslovenia, que se expondrá al resto de socios en el Consejo de Agricultura y Pesca que tendrá lugar el lunes, insta al Ejecutivo comunitario a examinar medidas para hacer frente a la situación de la industria pesquera e incluye a la acuicultura y la industria transformadora.

Los trece Estados miembros solicitan que se apliquen todas las medidas posibles, como ayudas directas o rebajas fiscales, en el marco del Fondo Marítimo Europeo para la Pesca y recuerdan que este fondo fue modificado durante la crisis de precios de 2008 así como parte de la respuesta a la pandemia.

Si bien el fondo sirve para apoyar el sector pesquero no está destinado a sufragar costes operacionales, por lo que los países piden que se aplique una excepcionalidad por la situación de crisis, dada la disrupción que puede generar una medida de este tipo en el mercado.

La cuestión será tratada durante el consejo de Agricultura y Pesca en presencia del comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, aunque fuentes diplomáticas apuntan que su respuesta formal a la petición podría demorarse «semanas».

Los trece países han expuesto en la carta dirigida al Ejecutivo comunitario que el sector pesquero está experimentado un alza en los costes de producción por el aumento de los precios de las materias primas y la energía, especialmente del combustible cuyo valor se ha disparado un 100% en los últimos meses, sin signos de que vaya a remitir.

Esta situación ha llevado a que la flota haya decidido permanecer amarrada en los puertos por la dificultad de mantener su actividad ante el aumento de los costes de producción, que ha minimizado el margen de beneficios. A su vez, esta situación está generando problemas de abastecimiento en el sector alimentario, explican los países de la UE en la carta.

Durante la pandemia se aplicó una reforma rápida del reglamento del Fondo Marítimo Europeo para la Pesca para permitir medidas excepcionales como el aumento de las ayudas «minimis» o el apoyo a los productores. Por lo que en el Consejo del lunes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitará que se aplique una excepcionalidad similar ante la gravedad de la situación para la industria pesquera.

Parte de la flota pesquera española se ha visto abocada a paralizar su actividad y permanecer en puerto ante el incremento de los precios del gasóleo, lo que ha su vez está generando cortes de suministro en el mercado y las industrias adyacentes.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha presentado este viernes el Plan Complementario de Comunicación Cuántica, un programa de investigación cogobernando y cofinanciado entre el Gobierno y las comunidades autónomas para impulsar el desarrollo y la implementación de tecnologías digitales cuánticas y reforzar la ciberseguridad en España.

Según ha explicado el departamento que dirige Diana Morant, este programa cuenta con un presupuesto total de 73 millones de euros, de los que 54 millones proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el marco de este plan, el Ministerio de Ciencia e Innovación trabajará con País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC) para crear una infraestructura de comunicación de alta seguridad en España, apoyar la industria cuántica europea e impulsar un nuevo sector industrial con nuevas empresas en los ámbitos digital y de ciberseguridad.

La ministra de Ciencia ha remarcado que este proyecto se alinea con el reto de asegurar la seguridad de las comunicaciones ante amenazas múltiples, como la invasión rusa a Ucrania.

Este Plan Complementario se dirige a un sector estratégico dentro de las tecnologías cuánticas de segunda generación, que se basa en la capacidad de manipular sistemas cuánticos individualmente, alineándose de esta manera con algunas de las iniciativas de I+D+I más ambiciosas de la Unión Europea, como el Quantum Flagship y la creación de una red cuántica paneuropea (EuroQCI).

En concreto, EuroQCI se ha diseñado para desplegar una red basada en enlaces terrestres y satélite que conectará, por una parte, a entidades, empresas, administraciones y usuarios; y, por otra, a ordenadores, simuladores y sensores cuánticos, para transportar información y servicios.

Morant ha señalado que estos programas son una innovación en la política científica de nuestro país, que avanza en la cogobernanza en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación. «Gracias a los Planes Complementarios la aportación de cada territorio contribuye a los retos comunes de nuestro país, generando un proyecto colectivo», ha resaltado durante el acto.

En el acto también han participado el consejero de Educación de País Vasco, Jokin Bildarratz Sorron; el director general de Investigación de Cataluña, Joan Gómez Pallarès; el vicepresidente segundo y Consejero de Economía, Empresa e Innovación de Galicia, Francisco Conde López; la viceconsejera de Universidades e Investigación de Castilla y León, Pilar Garcés Garcia; y el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de Madrid, Fidel Rodriguez Batalla.

El sector del plátano de Canarias valora paralizar parte de su actividad a partir de la semana que viene, al no poder desbloquear la distribución de sus exportaciones desde algunos de los puertos esenciales para su actividad en la Península, ni contar con garantías de disponibilidad de suficientes contenedores de exportación para el envío de fruta recolectada en la próxima semana.

Según han informado en una nota, desde el pasado miércoles más de 2,5 millones de kilogramos de plátanos de Canarias se encuentran bloqueados en puertos de la Península por la actividad de los piquetes del paro de transporte, un 35% de los 7 millones que en total han sido exportados desde a Canarias a Península en esta semana.

Por parte del Ministerio de Agricultura y del sector se ha tratado de habilitar, desde entonces, medidas para salvaguardar la actividad, pero los diferentes intentos han sido hasta el momento infructuosos. Los intentos continúan, pero a día de hoy a las empresas de transporte no les es posible garantizar la seguridad para la llegada de las cabezas tractoras en algunos de los puertos para recoger las unidades de carga, ni salir del puerto en el caso de lograr llegar, señalan los productores.

El sector exporta a la Península más de un millón de kilos de plátano diarios, un producto altamente perecedero, y en caso de continuar el bloqueo del mismo porcentaje, las cifras superarían los 5 millones de kilos bloqueados al final de este fin de semana.

A esto se suma, en paralelo, la incertidumbre sobre la disponibilidad o no de unidades refrigeradas en Canarias, como consecuencia de la imposibilidad de entregarlas en los puertos de la Península para su posterior retorno.

Ante esta situación, el sector se encuentra en permanente contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tratando de canalizar soluciones que garanticen la seguridad para la distribución del producto acumulado, ya que las pérdidas económicas para el sector superarían los 5 millones de euros en una sola semana.

A valoración del sector, es inexplicable el daño injustificado que recibe, cuando en absoluto es responsable de la situación que atraviesan los transportistas y que, además, se suma a la ya de por si grave situación y encarecimiento de costes que padece el plátano.

A la espera de conocer cómo evoluciona durante el fin de semana la situación, este próximo lunes el sector mantendrá una reunión de coordinación urgente esperando poder continuar, de alguna forma, con su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a los transportistas autónomos que han secundado el paro convocado por una asociación empresarial del sector, a los que se ha referido como «minoría» y les ha pedido «responsabilidad» para parar la «violencia» que considera que están ejerciendo en las carreteras.

Así lo ha manifestado en declaraciones desde Roma, coincidiendo con el quinto día de paro indefinido en el sector del transportes de mercancías por carretera, que está amenazando el suministro de bienes a la industria del país.

«Nosotros llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, un diálogo que está abierto y, gracias ello, logramos un acuerdo en diciembre cuando se planteaba por el sector un paro que finalmente no se llevó a cabo como consecuencia de un acuerdo importante», ha señalado.

En ese acuerdo, consensuado con las principales organizaciones empresariales del sector, se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros o que se aplique una cláusula de revisión de precios, lo que incluye el precio de los hidrocarburos.

Por ello, ante este paro convocado por una organización minoritaria, a la que no se han sumado las grandes patronales, Sánchez pide «empatía» y que no se «caiga en una dinámica de violencia que contravenga la convivencia».

Lo importante es garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores, tengan toda las garantías, que la economía se pueda realizar de la manera más normalizada posible», ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que se tiene que «garantizar el orden público ante determinadas conductas», que tilda de «vandálicas cuando no violentas.

Los convocantes del paro, por su parte, rechazan ser una minoría y defienden que el 85% de la flota en España pertenece a personas que tienen «uno o dos camiones». Según el último Observatorio del Transportes, de enero de 2022, en España hay 377.827 vehículos pesados dedicados al transporte público y privado, de los que el 78,3% pertenece a sociedades mercantiles (con una media de 6 camiones por empresa), el 18,1% a personas físicas y el 2,9% a cooperativas.

El Grupo El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía presidida por Marta Álvarez.

El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de más de una veintena de entidades financieras nacionales e internacionales, permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste y mayores plazos.

De hecho, según ha explicado, se permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente.

En concreto, el acuerdo, que establece un importe máximo de 2.600 millones de euros, supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales.

La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.

Con esta refinanciación, El Corte Inglés ha escogido el mejor momento del mercado para realizar una operación de este tipo en un marco económico complejo, al igual que ya ocurrió en la refinanciación de 2020, cuando cerró la operación justo antes de la pandemia, según han señalado en fuentes financieras.

El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el Grupo.

El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de ‘investment grade’, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional, según ha destacado el grupo.

Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.

Iberdrola ha sido seleccionada como la empresa más transparente del Ibex 35 por el organismo Transparencia Internacional, que ha presentado este viernes las conclusiones de su ‘Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos’ de las empresas del Ibex 35.

El informe, que se publica por primera vez en España y cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen), analiza la información pública de las empresas del Ibex 35 en función de los parámetros de derechos humanos, cumplimiento normativo, programas anticorrupción, transparencia de la organización e información por países.

Además, el estudio incluye diversas áreas transversales, como la relación con la cadena de suministro, la igualdad y la información de sus políticas y procedimientos internos.

El Instituto ha valorado positivamente que la compañía haya impulsado los criterios ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés) entre sus más de 22.000 proveedores en el mundo, a los que realiza compras por valor de 20.000 millones de euros al año.

Precisamente, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se ha fijado como objetivo que el 70% de sus más de 1.000 proveedores principales en todo el mundo, aquellos con un volumen de facturación con la compañía superior a 1 millón de euros, se rijan con arreglo a criterios ESG en el ejercicio de 2022.

UNA TRANSPARENCIA RECONOCIDA

En los últimos años, Iberdrola ha sido reconocida en diversas ocasiones por su transparencia informativa. Recientemente, ha sido incluida en la ‘A List 2021’ de la organización Carbon Disclosure Project (CDP).

Esta clasificación mide la exhaustividad de la divulgación, la conciencia y la gestión de los riesgos ambientales, así como las prácticas asociadas con el medioambiente y la fijación de objetivos «ambiciosos y significativos».

Asimismo, Iberdrola tiene presencia en los principales índices de sostenibilidad internacionales, como ‘Dow Jones Sustainability Index’, MSCI, ‘Sustainalytics’ o ‘Bloomberg GEI’, entre otros.

Un total de 29 estaciones de esquí estarán abiertas durante este fin de semana, 19 y 20 de marzo, en toda España, en la Cordillera Cantábrica, Aragón, Pirineo Catalán, Sistema Central, Sistema Ibérico y Sistema Penibético, de las 32 que conforman la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem).

El espesor de la nieve en las estaciones de esquí españolas se encuentra entre los 15 y 45 centímetros como mínimo en la estación de Lles y la máxima se alcanza en algunos lugares como Baqueira Beret, con 2,35 metros.

En el Pirineo Catalán, Baqueira Beret, Boi Taull, Espot, La Molina, Masella, Port Ainé, Tavascán Vall de Núria y Vallter 2000 permanecerán abiertas, junto a la estación nórdica de Lles. Baqueria será la estación con más pistas abiertas, 111 en total, y con más kilómetros esquiables, 162. Por el contrario, la estación con menos kilómetros disponibles y pistas abiertas es Tavascán, donde solo hay 7 y 5, respectivamente.

También abrirán las instalaciones Valdezcaray en el Sistema Ibérico, Sierra Nevada en el Sistema Penibético y todas las estaciones del Sistema Central excepto Sierra de Béjar, siendo Valdesquí la que más pistas tienen abiertas con 17, seguida de Puerto de Navacerrada con cinco. La que menos tiene es Madrid Snowzone, con dos.

En la Cordillera Cantábrica, la estación con un mayor número de kilómetros esquiables es San Isidro, con un total de 19,6 kilómetros esquiables en 20 pistas abiertas; seguida de Alto Campoo, con 18,8 kilómetros en total en 17 pistas, Valgrande Pajares, con 9,69 kilómetros; y Fuentes de invierno, con 6 kilómetros. Solamente Manzaneda permanecerá cerrada.

En Aragón, donde están abiertas todas las estaciones, Astún-Candanchú tendrá abiertas 95 pistas con 87,5 kilómetros esquiables, mientras que en Formigal-Panticosa se podrá practicar este deporte en 125 kilómetros en 112 pistas abiertas, y en Cerler y Valdelinares, con 46 y 17 kilómetros, respectivamente. En Javalambre estarán abiertas 11 pistas y tendrá diez kilómetros esquiables. El estado de la nieve en la zona es primavera en su mayoría.

En esquí nórdico, Llanos del Hospital permite la práctica del esquí a lo largo de 17 kilómetros; Larra-Belagua, en 12,7 kilómetros; y Lles, en 10 kilómetros, mientras que Candanchú tendrá una pista abierta y cinco kilómetros esquiables. La nieve está en polvo o primavera. La estación de Puerto La Ragua permanecerá cerrada.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, defendió en la última reunión de política monetaria del organismo que los tipos de interés lleguen hasta el 3% en 2022 como respuesta a la abultada inflación que está registrando Estados Unidos.

En una comunicado publicado este viernes en el que explica su voto discordante en la reunión que culminó el miércoles, Bullard considera que elevar los tipos hasta el 3% este año «ajustaría rápidamente los tipos de interés a un nivel más apropiado para las circunstancias actuales.

En 2020, como respuesta a la crisis provocada por el Covid-19, la Fed decidió bajar los tipos de interés hasta un rango de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que la Fed no contempla tipos negativos como sí lo hace el Banco Central Europeo (BCE).

El pasado miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo de la Fed que decide la política monetaria, acordó subir los tipos en 25 puntos básicos, hasta una horquilla de entre el 0,25% y el 0,50%. Bullard emitió un voto discordante, ya que aunque estaba a favor de la subida, apostaba por un alza de 50 puntos básicos.

Bullard es uno de los 12 presidentes de los bancos centrales regionales en los que se divide la Fed en Estados Unidos. Esos 12 presidentes se turnan para asistir a las reuniones del FOMC, junto con el presidente de la Fed y el resto de gobernadores de la Junta del organismo, que son miembros permanentes. El FOMC es el organismo encargado de decidir la política monetaria, incluyendo las compras de activos y los tipos de interés.

El presidente de la Fed de San Luis ha argumentado que la economía de Estados Unidos «ha demostrado ser especialmente resiliente» a la pandemia y que pese a los actuales riesgos geopolíticos, se prevé que la senda de crecimiento seguirá su curso en los próximos años.

«La combinación de un rendimiento económico realmente fuerte y una inflación inesperadamente alta significa que los tipos de interés están demasiado bajos como para gestionar prudentemente la situación microeconómica de Estados Unidos», ha asegurado el banquero central.

Los empleados del sector de ‘contact center’ se han concentrado en las principales ciudades españolas y han alertado de más movilizaciones para forzar que se desencallen las negociaciones de su convenio sectorial.

«Parece que 27 meses de negociaciones no son suficientes para las patronales del sector. Las plantillas del ‘contact center’ y de las TIC, vamos a parar», ha asegurado la secretaria sectorial Federal de Oficinas y Seguros de FeSMC-UGT, María Pedraza.

Pedraza ha denunciado en un comunicado que las compañías del sector tienen margen de beneficio suficiente y que muchas categorías salariales del convenio se encuentran por debajo del salario mínimo.

En la misma línea se manifiesta CC.OO., que ha calificado las concentraciones como un «rotundo éxito» y ha denunciado que el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo afecta a 100.000 personas, 75.000 de ellas mujeres, que tienen una jornada media de 30 horas semanales y un salario medio de 800 euros brutos al mes.

Este sindicato ha denunciado que la patronal (la Asociación de Empresas de Experiencia al Cliente) nunca ha firmado un convenio nuevo sin negociar al menos dos años.

Las manifestaciones de este viernes no son las primeras convocadas por los sindicatos que también hicieron un llamamiento a una huelga parcial ampliamente seguida la semana pasada.

Además de los salarios, los representantes de los trabajadores y la patronal también han chocado a la hora de eliminar los contratos de obra y servicios, prohibidos en el sector por los tribunales, y aplicar la reforma laboral.

La distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, UFD, ha invertido 1.250 millones de euros en los últimos cinco años para mejorar la calidad y digitalización de servicio, así como para reforzar su estructura en España, según informan en un comunicado.

Las inversiones se concentraron en innovación y aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en la telemedida y telegestión de los puntos de suministro, en el telecontrol y sensorización de las redes, así como en el robustecimiento de las infraestructuras para integrar el incremento de la generación renovable, con lo que se ha conseguido incorporar 20.900 gigavatios hora (GWh) de energía renovable, casi el 20% del total producido en el país.

Así, solo en 2021 la compañía destinó 270 millones de euros a este fin, de los que 40 millones fueron destinados expresamente a la digitalización y automatización de la red, con proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

Por otro lado, las inversiones realizadas en sensorización y digitalización permitieron mejorar la calidad del suministro eléctrico, que supera en un 35% la media de calidad en España.

De esta manera, el tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (Tiepi), que mide la calidad del suministro eléctrico, refleja que la interrupción media del servicio fue de 35,9 minutos durante el año pasado, frente a los 55 minutos de media nacional.

El director de Gestión de la Energía y Redes de Naturgy, Pedro Larrea, ha recordado que «el gran esfuerzo inversor» ha hecho que la compañía incorpore a sus redes casi el 20% de la generación renovable nacional y se sitúe a la cabeza en España respecto a la calidad de suministro.

Asimismo, se ha recalcado que la inversión y el gasto de la compañía generan 26.000 empleos directos, indirectos e inducidos, actuando como «importante palanca» a la hora de fijar población en las zonas rurales, debido a la importante gestión local de sus activos físicos.