El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a los transportistas autónomos que han secundado el paro convocado por una asociación empresarial del sector, a los que se ha referido como «minoría» y les ha pedido «responsabilidad» para parar la «violencia» que considera que están ejerciendo en las carreteras.

Así lo ha manifestado en declaraciones desde Roma, coincidiendo con el quinto día de paro indefinido en el sector del transportes de mercancías por carretera, que está amenazando el suministro de bienes a la industria del país.

«Nosotros llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, un diálogo que está abierto y, gracias ello, logramos un acuerdo en diciembre cuando se planteaba por el sector un paro que finalmente no se llevó a cabo como consecuencia de un acuerdo importante», ha señalado.

En ese acuerdo, consensuado con las principales organizaciones empresariales del sector, se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros o que se aplique una cláusula de revisión de precios, lo que incluye el precio de los hidrocarburos.

Por ello, ante este paro convocado por una organización minoritaria, a la que no se han sumado las grandes patronales, Sánchez pide «empatía» y que no se «caiga en una dinámica de violencia que contravenga la convivencia».

Lo importante es garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores, tengan toda las garantías, que la economía se pueda realizar de la manera más normalizada posible», ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que se tiene que «garantizar el orden público ante determinadas conductas», que tilda de «vandálicas cuando no violentas.

Los convocantes del paro, por su parte, rechazan ser una minoría y defienden que el 85% de la flota en España pertenece a personas que tienen «uno o dos camiones». Según el último Observatorio del Transportes, de enero de 2022, en España hay 377.827 vehículos pesados dedicados al transporte público y privado, de los que el 78,3% pertenece a sociedades mercantiles (con una media de 6 camiones por empresa), el 18,1% a personas físicas y el 2,9% a cooperativas.

El Grupo El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía presidida por Marta Álvarez.

El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de más de una veintena de entidades financieras nacionales e internacionales, permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste y mayores plazos.

De hecho, según ha explicado, se permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente.

En concreto, el acuerdo, que establece un importe máximo de 2.600 millones de euros, supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales.

La operación se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.

Con esta refinanciación, El Corte Inglés ha escogido el mejor momento del mercado para realizar una operación de este tipo en un marco económico complejo, al igual que ya ocurrió en la refinanciación de 2020, cuando cerró la operación justo antes de la pandemia, según han señalado en fuentes financieras.

El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el Grupo.

El contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de ‘investment grade’, aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional, según ha destacado el grupo.

Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.

Iberdrola ha sido seleccionada como la empresa más transparente del Ibex 35 por el organismo Transparencia Internacional, que ha presentado este viernes las conclusiones de su ‘Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos’ de las empresas del Ibex 35.

El informe, que se publica por primera vez en España y cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen), analiza la información pública de las empresas del Ibex 35 en función de los parámetros de derechos humanos, cumplimiento normativo, programas anticorrupción, transparencia de la organización e información por países.

Además, el estudio incluye diversas áreas transversales, como la relación con la cadena de suministro, la igualdad y la información de sus políticas y procedimientos internos.

El Instituto ha valorado positivamente que la compañía haya impulsado los criterios ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés) entre sus más de 22.000 proveedores en el mundo, a los que realiza compras por valor de 20.000 millones de euros al año.

Precisamente, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se ha fijado como objetivo que el 70% de sus más de 1.000 proveedores principales en todo el mundo, aquellos con un volumen de facturación con la compañía superior a 1 millón de euros, se rijan con arreglo a criterios ESG en el ejercicio de 2022.

UNA TRANSPARENCIA RECONOCIDA

En los últimos años, Iberdrola ha sido reconocida en diversas ocasiones por su transparencia informativa. Recientemente, ha sido incluida en la ‘A List 2021’ de la organización Carbon Disclosure Project (CDP).

Esta clasificación mide la exhaustividad de la divulgación, la conciencia y la gestión de los riesgos ambientales, así como las prácticas asociadas con el medioambiente y la fijación de objetivos «ambiciosos y significativos».

Asimismo, Iberdrola tiene presencia en los principales índices de sostenibilidad internacionales, como ‘Dow Jones Sustainability Index’, MSCI, ‘Sustainalytics’ o ‘Bloomberg GEI’, entre otros.

Un total de 29 estaciones de esquí estarán abiertas durante este fin de semana, 19 y 20 de marzo, en toda España, en la Cordillera Cantábrica, Aragón, Pirineo Catalán, Sistema Central, Sistema Ibérico y Sistema Penibético, de las 32 que conforman la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem).

El espesor de la nieve en las estaciones de esquí españolas se encuentra entre los 15 y 45 centímetros como mínimo en la estación de Lles y la máxima se alcanza en algunos lugares como Baqueira Beret, con 2,35 metros.

En el Pirineo Catalán, Baqueira Beret, Boi Taull, Espot, La Molina, Masella, Port Ainé, Tavascán Vall de Núria y Vallter 2000 permanecerán abiertas, junto a la estación nórdica de Lles. Baqueria será la estación con más pistas abiertas, 111 en total, y con más kilómetros esquiables, 162. Por el contrario, la estación con menos kilómetros disponibles y pistas abiertas es Tavascán, donde solo hay 7 y 5, respectivamente.

También abrirán las instalaciones Valdezcaray en el Sistema Ibérico, Sierra Nevada en el Sistema Penibético y todas las estaciones del Sistema Central excepto Sierra de Béjar, siendo Valdesquí la que más pistas tienen abiertas con 17, seguida de Puerto de Navacerrada con cinco. La que menos tiene es Madrid Snowzone, con dos.

En la Cordillera Cantábrica, la estación con un mayor número de kilómetros esquiables es San Isidro, con un total de 19,6 kilómetros esquiables en 20 pistas abiertas; seguida de Alto Campoo, con 18,8 kilómetros en total en 17 pistas, Valgrande Pajares, con 9,69 kilómetros; y Fuentes de invierno, con 6 kilómetros. Solamente Manzaneda permanecerá cerrada.

En Aragón, donde están abiertas todas las estaciones, Astún-Candanchú tendrá abiertas 95 pistas con 87,5 kilómetros esquiables, mientras que en Formigal-Panticosa se podrá practicar este deporte en 125 kilómetros en 112 pistas abiertas, y en Cerler y Valdelinares, con 46 y 17 kilómetros, respectivamente. En Javalambre estarán abiertas 11 pistas y tendrá diez kilómetros esquiables. El estado de la nieve en la zona es primavera en su mayoría.

En esquí nórdico, Llanos del Hospital permite la práctica del esquí a lo largo de 17 kilómetros; Larra-Belagua, en 12,7 kilómetros; y Lles, en 10 kilómetros, mientras que Candanchú tendrá una pista abierta y cinco kilómetros esquiables. La nieve está en polvo o primavera. La estación de Puerto La Ragua permanecerá cerrada.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, defendió en la última reunión de política monetaria del organismo que los tipos de interés lleguen hasta el 3% en 2022 como respuesta a la abultada inflación que está registrando Estados Unidos.

En una comunicado publicado este viernes en el que explica su voto discordante en la reunión que culminó el miércoles, Bullard considera que elevar los tipos hasta el 3% este año «ajustaría rápidamente los tipos de interés a un nivel más apropiado para las circunstancias actuales.

En 2020, como respuesta a la crisis provocada por el Covid-19, la Fed decidió bajar los tipos de interés hasta un rango de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que la Fed no contempla tipos negativos como sí lo hace el Banco Central Europeo (BCE).

El pasado miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo de la Fed que decide la política monetaria, acordó subir los tipos en 25 puntos básicos, hasta una horquilla de entre el 0,25% y el 0,50%. Bullard emitió un voto discordante, ya que aunque estaba a favor de la subida, apostaba por un alza de 50 puntos básicos.

Bullard es uno de los 12 presidentes de los bancos centrales regionales en los que se divide la Fed en Estados Unidos. Esos 12 presidentes se turnan para asistir a las reuniones del FOMC, junto con el presidente de la Fed y el resto de gobernadores de la Junta del organismo, que son miembros permanentes. El FOMC es el organismo encargado de decidir la política monetaria, incluyendo las compras de activos y los tipos de interés.

El presidente de la Fed de San Luis ha argumentado que la economía de Estados Unidos «ha demostrado ser especialmente resiliente» a la pandemia y que pese a los actuales riesgos geopolíticos, se prevé que la senda de crecimiento seguirá su curso en los próximos años.

«La combinación de un rendimiento económico realmente fuerte y una inflación inesperadamente alta significa que los tipos de interés están demasiado bajos como para gestionar prudentemente la situación microeconómica de Estados Unidos», ha asegurado el banquero central.

Los empleados del sector de ‘contact center’ se han concentrado en las principales ciudades españolas y han alertado de más movilizaciones para forzar que se desencallen las negociaciones de su convenio sectorial.

«Parece que 27 meses de negociaciones no son suficientes para las patronales del sector. Las plantillas del ‘contact center’ y de las TIC, vamos a parar», ha asegurado la secretaria sectorial Federal de Oficinas y Seguros de FeSMC-UGT, María Pedraza.

Pedraza ha denunciado en un comunicado que las compañías del sector tienen margen de beneficio suficiente y que muchas categorías salariales del convenio se encuentran por debajo del salario mínimo.

En la misma línea se manifiesta CC.OO., que ha calificado las concentraciones como un «rotundo éxito» y ha denunciado que el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo afecta a 100.000 personas, 75.000 de ellas mujeres, que tienen una jornada media de 30 horas semanales y un salario medio de 800 euros brutos al mes.

Este sindicato ha denunciado que la patronal (la Asociación de Empresas de Experiencia al Cliente) nunca ha firmado un convenio nuevo sin negociar al menos dos años.

Las manifestaciones de este viernes no son las primeras convocadas por los sindicatos que también hicieron un llamamiento a una huelga parcial ampliamente seguida la semana pasada.

Además de los salarios, los representantes de los trabajadores y la patronal también han chocado a la hora de eliminar los contratos de obra y servicios, prohibidos en el sector por los tribunales, y aplicar la reforma laboral.

La distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, UFD, ha invertido 1.250 millones de euros en los últimos cinco años para mejorar la calidad y digitalización de servicio, así como para reforzar su estructura en España, según informan en un comunicado.

Las inversiones se concentraron en innovación y aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en la telemedida y telegestión de los puntos de suministro, en el telecontrol y sensorización de las redes, así como en el robustecimiento de las infraestructuras para integrar el incremento de la generación renovable, con lo que se ha conseguido incorporar 20.900 gigavatios hora (GWh) de energía renovable, casi el 20% del total producido en el país.

Así, solo en 2021 la compañía destinó 270 millones de euros a este fin, de los que 40 millones fueron destinados expresamente a la digitalización y automatización de la red, con proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

Por otro lado, las inversiones realizadas en sensorización y digitalización permitieron mejorar la calidad del suministro eléctrico, que supera en un 35% la media de calidad en España.

De esta manera, el tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (Tiepi), que mide la calidad del suministro eléctrico, refleja que la interrupción media del servicio fue de 35,9 minutos durante el año pasado, frente a los 55 minutos de media nacional.

El director de Gestión de la Energía y Redes de Naturgy, Pedro Larrea, ha recordado que «el gran esfuerzo inversor» ha hecho que la compañía incorpore a sus redes casi el 20% de la generación renovable nacional y se sitúe a la cabeza en España respecto a la calidad de suministro.

Asimismo, se ha recalcado que la inversión y el gasto de la compañía generan 26.000 empleos directos, indirectos e inducidos, actuando como «importante palanca» a la hora de fijar población en las zonas rurales, debido a la importante gestión local de sus activos físicos.

Iberdrola se sitúa a la cabeza en España en el desarrollo de nuevos modelos de generación de energía, alcanzando ya el 40% de las 80.000 instalaciones de autoconsumo solar en hogares de España.

Según los cálculos de Iberdrola, un hogar con instalación solar de autoconsumo puede ahorrar hasta un 70% en la factura anual. «Este ahorro se produce además de forma triple: la energía producida por la instalación que el usuario no tiene que comprar, la compensación por los excedentes de energía no consumida y el ahorro por menores impuestos», han explicado desde la compañía eléctrica.

«Iberdrola vuelve a ocupar un papel referente en el desarrollo de nuevos modelos de generación que facilitan el ahorro en la factura energética y permiten reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera», destaca la compañía.

Iberdrola lidera además la comercialización de este tipo de soluciones, ‘Smart Solar’, que combinan la generación de energía fotovoltaica con todas las ventajas de la digitalización.

Según la compañía, cada vez más personas, comunidades de vecinos e industrias instalan paneles solares para conseguir ahorros. La nueva regulación sobre esta materia simplifica además el proceso de trámites de instalaciones de autoconsumo solar, acelerando la transformación energética.

Asimismo, la competitividad del autoconsumo convierte esta opción entre la elegida por diferentes públicos, también en el campo y en la industria. Como ejemplo, Iberdrola ya ha instalado paneles solares en grandes superficies como Makro o Juver.

Los pleitos bancarios por tarjetas revolving aumentaron en 2021 un 108%, al pasar de los 60 a los 125, según el Estudio Jurisprudencial de 2021 elaborado por Asufin, que destaca que cobran protagonismo por primera vez las sentencias por minicréditos y los préstamos a golpe de click, en un contexto de creciente peligro de sobreendeudamiento.

La litigiosidad volvió a descender en términos generales, aunque de una forma menos acusada de lo que hizo el primer año de pandemia: se han contabilizado 453 sentencias frente a las 609 de 2020, una caída del 10,8%, frente a la del 22,9% registrada de 2019 a 2020. De hecho, se trata del menor descenso desde 2017.

Las tarjetas revolving, con un 23% de las sentencias, han desbancado al producto que más litigios había acumulado desde la crisis financiera, la hipoteca multidivisa, que de 326 sentencias en 2020 ha descendido hasta las 114 en 2021. Los fallos por cláusula suelo han pasado de 42 a 29, y los de otros productos estructurados, como ‘swaps’, de 16 a seis.

Por entidades, Banco Santander fue el protagonista de 153 sentencias, el 28,2%, en tanto que Bankinter lo fue de 87 sentencias, el 16%, y CaixaBank, de 73, equivalentes al 13,4%. Entre las tres, suman el 57,6% del total.

No obstante, Asufin ha destacado el avance de WiZink, que ya se sitúa como cuarta entidad por número de litigios, al pasar del 4,3% de las sentencias al 9,4% en solo un año. La razón es la alta litigiosidad que mantiene por las tarjetas revolving.

La Comunidad de Madrid es la que más sentencias acumula, con un 43,6%, seguida de lejos por Cataluña y Castilla y León, con un 12,1% y un 8,2%, respectivamente. Madrid es líder también por número de sentencias de la categoría líder, las tarjetas, con el 76% del total (unas 95).

El consumidor sigue ganando en tribunales por los pleitos derivados de malas prácticas en el mercado. Las entidades deben ser conscientes de esta realidad y fomentar de manera más decidida los acuerdos extrajudiciales que eviten al consumidor el elevado gasto y la difícil travesía de afrontar procedimientos judiciales que, en ocasiones, se extienden hasta tres y cuatro años», ha señalado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

El Rey Felipe VI ha puesto en valor la actuación de gobiernos y empresas para hacer frente a la pandemia en estos últimos años y ha señalado que el esfuerzo va a tener que seguir siendo «muy necesario» ante las «circunstancias excepcionales» que se viven ahora por la guerra en Ucrania.

«Hemos vivido y seguimos haciéndolo una etapa de inestabilidad, que ha tenido un impacto muy negativo para la actividad económica, en general», ha reconocido el Rey durante en la entrega del ‘Premio Pyme del año 2021’.

Felipe VI ha apuntado que, a día de hoy, hay que seguir afrontando retos importantes que condicionan la actividad de las pymes, como los relacionados con las cadenas de suministro, los precios de la energía, las presiones inflacionistas y la inestabilidad geopolítica. Además, a lo anterior se suma el hecho de que los servicios turísticos siguen rezagados, por limitaciones a la movilidad.

Por ello, ha reiterado que las pequeñas y medianas empresas requieren el mayor apoyo institucional posible y un impulso para crecer de manera más sólida, lo que ayudará a generar un cambio estructural de mayor calado que reforzará el tejido empresarial y contribuirá al crecimiento económico general y a la creación de más y mejor empleo.

En este contexto, ha recalcado que será clave que los fondos europeos contribuyan de manera inequívoca y profunda a impulsar la modernización del país y de las empresas para transformar la economía. «La colaboración público- privada es determinante para contribuir a la eficacia y eficiencia de estos fondos que, sin duda, ayudarán al tejido productivo», ha enfatizado.

«Necesitamos que las empresas sigan trabajando e impulsando la economía. Sin vosotras, la recuperación no será posible y en la Corona sabéis que encontrareis siempre un apoyo», les ha trasladado.

Durante su discurso en la quinta entrega de los galardones que otorga el Banco Santander en colaboración con la Cámara de Comercio de España, el Rey ha agradecido y alabado el compromiso mostrado por todas las pymes españolas, especialmente en estos dos últimos años de pandemia.

En este sentido, el Rey ha puesto en valor la capacidad de adaptación de estas empresas, así como su perseverancia y esfuerzo con el fin último de mantener y, en la medida de lo posible, generar empleo y bienestar en el país. «Sois un orgullo para todos nosotros», ha aplaudido.

El Rey ha recordado que las pymes suponen el 99% del conjunto empresarial del país, y son responsables de la generación de más del 62% de la riqueza y del 66% del empleo. «Por tanto, sois la columna vertebral de nuestro tejido productivo; sois la base de la economía española», ha recalcado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado que se politice la manifestación en defensa del mundo rural que va a tener lugar en Madrid este domingo, ya que el campo español «merece comprensión y respeto» y «quiere ser escuchado».

En alusión a la presencia del PP en esta protesta, Planas ha lamentado que los ‘populares’ participen en este acto mientras no han apoyado algunas de las leyes que se han llevado a cabo en relación con el sector como la de la Cadena Alimentaria. «El PP tenía una inmensa oportunidad que era haber apoyado la Ley de la Cadena Alimentaria y no lo hizo, por tanto creo sinceramente que nadie debe ni politizar ni manipular lo que es una movilización de nuestro mundo rural», ha señalado.

En declaraciones a los medios este viernes en Cáceres tras participar en el IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro ha manifestado que «cualquier interferencia o manipulación política» en las reivindicaciones del mundo rural «no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho».

Respecto al espíritu de la protesta convocada por varias organizaciones como Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de Caza, la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural, ha mostrado su respeto a los que se manifiestan «en términos cívicos y constitucionales».

No obstante, desde el punto de vista del contenido de la manifestación, Planas ha defendido que el Gobierno «está comprometido» con el sector, y «es el que más ha hecho por el sector primario en lo que va de siglo». En esta línea se ha referido a la ya nombrada Ley de Cadena Alimentaria, «una reivindicación histórica» de las organizaciones profesionales agrarias que ya ha sido publicada en el BOE el pasado 15 de diciembre y que conseguirá «que ya no se pueda vender por debajo de los costes de producción», por ejemplo.

Esto tarda un tiempo en hacerse realidad porque no es solo un cambio legislativo, sino de cultura«, ha recalcado Planas, que ha apuntado a partir del 1 de enero de 2023 habrá un registro electrónico en el ministerio de todos los contratos que se realicen.

Respecto a la Política Agraria Común (PAC) ha recordado que es la «mejor dotada financieramente» de la historia, con más de 50.000 millones, 47.724 procedentes de Europa más la cofinanciación, además de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de los que también se destinará una cuantía importante al sector primario como los relativos al regadío sostenible.

Avances en temas de sanidad animal y vegetal, la agricultura y ganadería de precisión, el fortalecimiento del sistema de seguros agrarios, o el Decreto Ley de Sequía con medidas sociales o fiscales «muy positivas para España», son otras de las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Por tanto, este Gobierno tiene una actuación comprometida con el sector primario e iría más allá, con el mundo rural, porque hace quince días se aprobada la Estrategia Nacional Cinegética de la Caza Sostenible, un elemento fundamental, porque es la primera que se aprueba con el acuerdo de las 17 Comunidades Autónomas, por lo que son elementos de preservación de estas razas autóctonas de la ganadería y todo esto son esfuerzos que hacemos», ha concluido.

Ferrero Ibérica facturó 272 millones de euros en España y Portugal en el ejercicio fiscal que cerró en agosto de 2021, lo que supone un 4,5% que el año anterior, cuando ingresó 260 millones.

La compañía facturó el año pasado 209,8 millones de euros en España, frente a los 198 del ejercicio anterior, ha informado en un comunicado este viernes.

La firma cuenta con una cuota de mercado del 16,2% en España en el sector del chocolate, y del 26,5% en la categoría de bombones, con marcas como Ferrero Rocher, Mon Chéri y Raffaello.

En snacks de chocolate, esta cuota asciende al 33,1% por marcas como Kinder Bueno, y respecto a ‘novelties’, con Kinder Sorpresa y Kinder Joy como principales productos, la compañía cuenta con una cuota del 46,5%.

La compañía tiene en España y Portugal una plantilla de 188 trabajadores, lo que representa un 4,4% más respecto el año anterior, cuando empleaba a 180 personas.

El Grupo Ferrero cerró su ejercicio financiero con una facturación de 12.700 millones de euros, lo que equivale a un 3,4% más respecto al año anterior, con 107 empresas y 32 plantas de producción en todo el mundo, y 38.767 empleados.

Ferrero es el productor de marcas como Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder y Raffaello, que se comercializan en más de 170 países.

Los costes laborales de la zona euro registraron en el cuarto trimestre de 2021 un incremento del 1,9%, frente al alza del 2,3% observado en el trimestre anterior, según ha informado este viernes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

En el conjunto de la Unión Europea, los costes se incrementaron un 2,3% en el cuarto trimestre, lo que equivale a una desaceleración de cinco décimas en comparación con el alza del trimestre precedente.

El componente salarial de los costes laborales por hora en la zona euro creció un 1,5% entre octubre y diciembre, siete décimas menos, mientras que el componente extrasalarial se elevó un 3,4%, frente al aumento del 2,6% del periodo anterior.

Entre los Veintisiete, los salarios por hora crecieron un 2%, ocho décimas menos, mientras que los elementos ajenos al sueldo se aceleraron siete décimas, hasta el 3,6%.

En el conjunto de países de la UE cuyos datos estaban disponibles, el mayor incremento de los costes de empleo se dio en Lituania (+15,1%), seguida de Hungría (+14,5%) y Bulgaria (+13,3%). Por el contrario, los descensos más abultados fueron los de Eslovenia (-4%), Grecia (-3,6%) y República Checa (-1,6%).

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha exigido a la Comisión Europea que tome medidas de urgencia para frenar el incremento descontrolado del precio de la energía durante una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de IndustriALL Europa que tuvo lugar ayer.

En un comunicado, el sindicato señala que el secretario de Política Industrial de UGT FICA, Juan Antonio Vázquez, solicitó a la internacional sindical a que urja a la Comisión Europea modificaciones en el actual sistema de marcación de precios de la energía, desligando el precio del gas del precio del mercado diario de electricidad, que está provocando el encarecimiento de la luz.

«Esta situación anómala está provocando enormes distorsiones en el precio final de la electricidad que perjudican no sólo a la industria electrointensiva europea, sino al conjunto de la industria y a su cadena de suministro», ha señalado desde el sindicato.

Asimismo, UGT FICA ha recordado en la reunión su apuesta «inequívoca» por una Europa descarbonizada con procesos homogéneos en todos los países, una transición justa que no deje a nadie atrás, y el impulso definitivo a las energías renovables, así como una Comisión Europea que recupere su soberanía industrial y tecnológica.

En esta línea, desde la federación han insistido en la necesidad de «abordar una política de reindustrialización común para reforzar la integridad europea», con una menor dependencia de terceros país, para lo que es «imprescindible» apostar por una industria de defensa estratégica capaz de garantizar la soberanía de Europa.

Hostelería de España ha instado a un desbloqueo de los centros logísticos con unos servicios mínimos que garanticen que no se produzca la rotura de la cadena de suministros, al tiempo que ha mostrado su preocupación ante la situación que atraviesa el sector, afectado no solo por el impacto del paro del transporte, sino también por los efectos de la guerra de Ucrania y el aumento generalizado de los costes.

«El actual paro en los transportes agrava la preocupación del sector, que empieza a notar los efectos, especialmente en la escasez de productos frescos», han indicado desde Hostelería de España, que denuncia además que el sector está sufriendo de manera directa en su cuenta de resultados la subida de precios energéticos y de materias primas, y amenaza con debilitar la viabilidad de los negocios hosteleros.

En concreto, el IPC y su incremento, ahora agravado por el conflicto de Ucrania y por el paro en el transporte, ha llegado a situarse el pasado mes de febrero en un crecimiento del 7,6%, posicionando a España por encima de muchos países europeos, como Francia (4,1%) Portugal (4,4%) Alemania (5,5%) o Italia (6,2%) con la consecuente pérdida de competitividad frente a los mismos.

El paro del transporte se suma a que determinadas materias primas, imprescindibles para el sector, como los aceites, ya vivían en el mes de febrero un incremento de precios del 30%, que ha provocado la búsqueda de aceites comestibles alternativos ante la escasez de aceite de girasol.

El efecto en cadena de escalada de precios afecta a otros productos claves en la hostelería, como los zumos (un 7,5% de crecimiento en febrero), el café (un 8,2% de crecimiento en febrero), entre otros.

Esta subida de precios de materias primas supone, según los hosteleros, en las cafeterías un 25% de incremento en los gastos y, en los restaurantes de lujo, podría alcanzar el 50%.

«La situación que se vive con la subida del precio de la energía es insostenible para el sector, ya que, además, afecta al aumento del precio de otros productos, y repercute en toda la cadena de producción y distribución, desde las cámaras frigoríficas que conservan los alimentos, a la maquinaria para procesarla hasta la gasolina del vehículo que los transporta», han señalado los hosteleros.

El coste medio de la electricidad en un local de restauración puede situarse en franjas de entre 300 y 1.000 euros, y han sufrido una subida del recibo que podría situarse entre un 20% y un 40%.

La energía representa entre el 6% y el 8% de los costes de un negocio hostelero, por lo que una subida de un tercio puede provocar un aumento de entre el 1% y 2% de los gastos fijos en las empresas del sector.

Los costes laborales de la zona euro registraron en el cuarto trimestre de 2021 un incremento del 1,9%, frente al alza del 2,3% observado en el trimestre anterior, según ha informado este viernes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

En el conjunto de la Unión Europea, los costes se incrementaron un 2,3% en el cuarto trimestre, lo que equivale a una desaceleración de cinco décimas en comparación con el alza del trimestre precedente.

El componente salarial de los costes laborales por hora en la zona euro creció un 1,5% entre octubre y diciembre, siete décimas menos, mientras que el componente extrasalarial se elevó un 3,4%, frente al aumento del 2,6% del periodo anterior.

Entre los Veintisiete, los salarios por hora crecieron un 2%, ocho décimas menos, mientras que los elementos ajenos al sueldo se aceleraron siete décimas, hasta el 3,6%.

En el conjunto de países de la UE cuyos datos estaban disponibles, el mayor incremento de los costes de empleo se dio en Lituania (+15,1%), seguida de Hungría (+14,5%) y Bulgaria (+13,3%). Por el contrario, los descensos más abultados fueron los de Eslovenia (-4%), Grecia (-3,6%) y República Checa (-1,6%).

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha afeado este viernes el «significativo retraso» en la presentación de los planes de cohesión que los países de la UE deben presentar a Bruselas para acceder a los fondos comunitarios disponibles, al tiempo que ha instado a las regiones a que aceleren ese trabajo para recibir los recursos aún sin usar.

«En este momento hay un retraso significativo en los programas de Cohesión. El dinero de nuevo presupuesto europeo debe ser destinado a los proyectos, pero faltan los planes regionales», ha expuesto Von der Leyen en su discurso de apertura del octavo Foro de Cohesión.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha detallado que este retraso tiene su raíz en las circunstancias derivadas de la pandemia aunque ha hecho un llamamiento a los gobiernos a «apresurar su programación» de cara a acelerar el despliegue de los nuevos fondos de Cohesión.

«Les pido que dediquen todos sus esfuerzos y recursos a poner en marcha los proyectos. Y la Comisión ayudará con asistencia técnica cuando sea necesario», ha añadido Von der Leyen, que ha incidido en que estos fondos se pueden complementar con 800.000 millones de euros de los Next Generation EU.

La presidenta de la Comisión Europea ha mirado a España para ejemplificar esta complementariedad y se ha referido a un centro de investigación biomédica en Valencia que se especializa en secuenciación genética y ha podido multiplicar por siete su capacidad de análisis de la aparición de nuevas variantes del coronavirus.

Además, Von der Leyen ha pedido que ninguna región o comunidad «se quede atrás» y ha instado a incrementar el rol de los administradores locales y los alcaldes en el centro de la toma de decisiones.

«Los actores locales deben pensar en donde quieren que esté su región en diez años y construir un plan hacia ese futuro», ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

En un paso más, Von der Leyen ha puesto en valor el «apoyo financiero» de los fondos de Cohesión, dotados de 400.000 millones de euros para el periodo de 2021 a 2027, con 100.000 millones adicionales a cargo de los Estados miembros.

En el evento ha participado también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha señalado que las políticas de Cohesión fueron creadas para reducir los desequilibrios económicos y sociales entre Estados miembros y regiones europeas.

La presidenta del Parlamento Europeo ha pedido fortalecer la cooperación entre comunidades europeas para hacer frente a la presión de los precios de la energía y ha apelado a centrarse en la reconstrucción colectiva de las economías europeas.

Metsola ha señalado que el octavo informe de Cohesión evidencia que las principales áreas metropolitanas continúan mostrado un mejor comportamiento en términos de empleabilidad pero que la concentración de población en estas zonas podría generar problemas en términos de saturación.

Además, ha instado a poner en marcha programas educativos para romper con la brecha de género, que tiene mucha más presencia en zonas menos desarrolladas.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmado que el conflicto en Ucrania tendrá «repercusiones estructurales» sobre la economía mundial y posiblemente se esté ante «un nuevo orden mundial». No obstante, confía en que continúe la recuperación en 2022 y ha asegurado que el BBVA afronta «con gran fortaleza» el actual «contexto incierto».

Torres Vila ha realizado estas manifestaciones en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde el BBVA celebra este viernes su Junta General de Accionistas, en la que se deberá dar el visto bueno a su reelección como presidente del banco y a la de Onur Genç como consejero delegado.

El presidente de la entidad se ha referido, en primer lugar, a la «gran tragedia humana» que supone la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que, según ha subrayado, observa con «gran tristeza, inquietud».

Carlos Torres Vila ha asegurado que es una situación «terrible», que espera y desea que «termine cuanto antes». «Todos tenemos que apoyar, en la medida de lo posible, a paliar esta emergencia humanitaria», ha agregado.

RECUPERACIÓN

En el plano económico, el presidente del BBVA confía en que «la recuperación continúe» en 2022, aunque el conflicto tiene «un impacto sobre la inflación, sobre el crecimiento y, sobre todo, aumenta, de manera importante, la incertidumbre».

Según ha manifestado, más allá de los «impactos inmediatos», tendrá «repercusiones estructurales» sobre la economía mundial, «condicionando la relación entre bloques y el comercio internacional. En este sentido, ha asegurado que, posiblemente, se esté ante «un nuevo orden mundial».

Carlos Torres Vila ha asegurado que BBVA afronta este «contexto incierto» desde una posición de «gran fortaleza». En este sentido, ha recordado que han logrado en 2021 el mayor beneficio recurrente de la última década (5.069 millones) y se cerró el año con un «elevado» ratio de capital de 12,75%.

Según ha apuntado, estas cifras les han permitido aumentar, de manera «notable», la remuneración a los accionistas y «crecer, de forma significativa, en todos los mercados». «Mirando hacia adelante, gracias al equipo de personas que integra BBVA, tenemos gran capacidad para aprovechar las oportunidades que nos brindan las dos tendencias que están definiendo el futuro, la innovación y la sostenibilidad», ha manifestado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una reunión urgente para analizar las consecuencias de la guerra en Ucrania y su posible impacto en los trabajadores y servicios públicos.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha insistido este viernes en que se deben proteger «los servicios públicos tradicionales», afectados durante años por las distintas crisis, y ha advertido de que los empleados públicos no deben sufrir las consecuencias de la guerra en sus salarios, todavía sin recuperar el poder adquisitivo.

Para evitarlo, el sindicato iniciará la próxima semana una ronda de contactos con formaciones políticas de las que espera obtener el respaldo para un acuerdo que blinde los servicios públicos ante las posibles medidas económicas que se vayan a tomar en las próximas semanas.

Además, ante el pacto de rentas que plantea el Gobierno, el sindicato ha recalcado que los empleados públicos han perdido en la última década más de un 12% de su poder adquisitivo, agravado ahora con la inflación.

En este sentido, Borra ha asegurado que habrá movilizaciones si el Gobierno toma medidas contrarias a la protección de los servicios y trabajadores públicos.

«Vamos a salir a la calle contra las medidas que tome el Gobierno o los gobiernos autonómicos. Una huelga general sería precipitado plantear, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad», ha señalado el presidente del sindicato.

Borra también ha instado al Ejecutivo a «hacer las cosas de otra manera» y ha lamentado que «por no haber tomado medidas, se están produciendo situaciones como las que se están viendo» en el transporte o en la flota pesquera.

Entre sus peticiones al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el sindicato ha reivindicado un plan de recursos humanos para reforzar el Estado del Bienestar en la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, la Inspección de Trabajo o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

CSIF ha recordado que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para mejorar y garantizar la calidad de los servicios públicos y paliar las necesidades estructurales de las administraciones públicas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha resaltado el trabajo del Gobierno esta misma semana con el conjunto de la gran industria electrointensiva ante el aumento de los costes de producción, así como la «unidad» del sector a los planteamientos del Ejecutivo para promover en el ámbito europeo que se desacople el precio del gas del de la electricidad y con ello se promueva la bajada de la luz.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas en Granada sobre la situación de Acerinox, cuya planta en Los Barrios (Cádiz) ha cerrado un acuerdo con el comité de empresa para realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de empleo y reducción de jornada ante el aumento «desproporcionado e inasumible» de los costes de producción que no pueden ser repercutidos al cliente final.

Maroto ha especificado que el Gobierno va a incorporar «algunas» de las reivindicaciones del sector, «que son sin duda legítimas» en el plan de acción del Gobierno en respuesta a las consecuencias de las crisis, que contempla «esas bajadas en el precio de la luz» para lo que hay un «hito» en el calendario los próximos 24 y el 25 de marzo, cuando se celebra Consejo Europeo.

Según ha expuesto la ministra, la industria electrointensiva mandaba este pasado jueves una carta a los comisarios europeos de Mercado Interior y de Energía, Thierry Breton y Kadri Simson, «apoyando al Gobierno de España para que se desacople el precio del gas» del de la luz.

«Es fundamental» y «una medida inmediata que va a bajar el precio de la luz», por lo que ha agradecido a la industria que «se sume a esa unidad» para que esto que hay «que conseguir en Europa» se pueda «aplicar junto con otras que estamos trabajando con ellos, sobre todo adelantar las ayudas de compensaciones» que se dan desde el Ministerio de Industria, y «que este año suman más de 270 millones de euros».

SITUACIÓN DE ACERINOX

En el caso de Acerinox, tanto el comité de empresa como la dirección han recogido en su acuerdo que reconocen expresamente que es razonable y es justificada la necesidad de la compañía de proceder a la suspensión de empleo y reducción de jornada en los trabajadores del centro de Los Barrios.

En el acuerdo se ha cerrado con unas condiciones muy parecidas al que se produjo en el año 2020 con motivo de la pandemia, recogiendo un complemento de cobertura social del 85 por ciento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El expediente de regulación de empleo cuenta con una vigencia de un año y se aplicará en caso de que las circunstancias así lo determinen, dependiendo de los costes de la producción.

El sector del hormigón ha instado al Gobierno a garantizar la libre circulación de mercancías y ofrecer protección a los trabajadores transportistas, así como a aprobar medidas de contención de los precios de carburantes, luz y gas, con el fin de evitar el desabastecimiento al sector de la construcción.

Así lo manifiestan las principales organizaciones empresariales del sector, entre las que se encuentran las patronales de las industrias de los aditivos (Anfah), áridos (FdA), cemento (Oficemen), hormigón (Anefhop) y prefabricados (Andece).

«En estos momentos resulta imposible garantizar una distribución adecuada de productos clave para un sector esencial como el de la construcción. Las cadenas de suministro se están viendo cada vez más afectadas, corriendo serio riesgo de sufrir cortes importantes o incluso su total interrupción y colapso, con las importantes consecuencias que ello supondría», señalan.

Según estas asociaciones, la situación en las canteras, plantas y en el transporte por motivo del paro de transportistas «es de extrema gravedad» y estaría derivando en «importantes tensiones y cortes de las cadenas de suministro».

Por todo ello, piden que se garantice el derecho de los que quieren seguir trabajando. Cabe recordar que se trata de un paro y no una huelga, por lo que solo pueden decidir parar las empresas o los autónomos pero no los asalariados, que, no obstante, estarían siendo obligados a parar por medio de la violencia de los piquetes, según denuncia el Gobierno y las patronales, que en su mayoría no han secundado el paro, por lo que sus trabajadores tendrían que seguir desarrollando su actividad con normalidad.

Además, instan a la Administración a adelantar las medidas de contención de los precios del carburante, luz y gas, que el Gobierno ya ha anunciado que las aprobará en el consejo de ministros del próximo 29 de marzo, toda vez que se conozcan las decisiones adoptadas en el sendo de la Unión Europea.