El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un instrumento de colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital.

El PERTE Aeroespacial, creado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.

«Hoy mirar al futuro pasa también por mirar al cielo», ha señalado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que destaca este espacio como «estratégico» para la transformación de España, así como «imprescindible» para servicios tan cotidianos como la telefonía móvil, el GPS, la información sobre meteorología o el suministro de alimentos, también siendo de «utilidad» para la prevención y detección de catástrofes.

De esta forma, el PERTE contribuirá a superar en los próximos años los principales desafíos a los que se enfrenta la industria aeroespacial, por una parte, en lo relativo a las consecuencias de la crisis económica con efectos globales y particulares en el sector y, por otra, en relación con los procesos de transformación económica, social, medioambiental y de política internacional que determinan en buena medida el futuro del sector.

Gracias a este proyecto estratégico, administraciones públicas, empresas y centros de I+D+I trabajarán en coordinación para reforzar las capacidades de la industria aeronáutica y la del espacio, impulsando el desarrollo y la implantación de tecnologías innovadoras, entre las que se incluyen tecnologías que apoyan el desarrollo del avión de cero emisiones.

AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

El PERTE Aeroespacial pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en programas internacionales.

La creación de la Agencia Espacial Española, que también está prevista en la reforma de la Ley de la Ciencia y en la Estrategia de Seguridad Nacional, responde a que España es «el único país europeo sin agencia espacial propia», según ha remarcado la ministra Morant.

Así pues, se trata de uno de los PERTEs con más marcado carácter internacional impulsado por el Gobierno de España. En concreto, el Proyecto plantea también la colaboración española con Portugal con iniciativas como el desarrollo de la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra con el que España y Portugal monitorizarán fenómenos como el cambio climático.

Mediante esa colaboración con Portugal, este será el primer PERTE que incluya financiación del plan de recuperación de otro país. Por otra parte, el PERTE integra también la cuota española en la Agencia Espacial Europea ya que, además de los servicios prestados por dicha agencia a España, los retornos en territorio nacional asociados a esta contribución son una fuente de ingresos fundamental para la industria espacial española.

OBJETIVOS DEL PERTE AEROESPACIAL

Los objetivos específicos del PERTE se articulan en torno a tres pilares: el aeronáutico, el espacial y el transversal. Por un lado, los objetivos del pilar aeronáutico son capacitar a la industria en tecnologías y sistemas cero-emisiones para aeronáutica; desarrollar demostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito y vehículos aéreos no tripulados (UAV); así como avanzar en el desarrollo de infraestructuras aeronáuticas para cumplir los requisitos del reglamento del cielo único europeo.

Los objetivos específicos del pilar espacial son: mejorar las capacidades del sector del espacio en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en cooperación internacional; y posicionar al sector espacial en el mapa europeo del uso comercial del espacio.

Por último, el pilar transversal, que afecta a los dos subsectores, se marca como objetivos específicos: impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles; fomentar la capacitación y formación orientada al sector aeroespacial; cohesionar y conectar el ecosistema de innovación en el ámbito aeroespacial; y habilitar fondos público-privados para reforzar a las empresas del sector.

Este PERTE contempla la participación no solo de las grandes empresas multinacionales que dominan el sector, sino también de empresas emergentes especializadas en tecnologías aeroespaciales, que según el Ministerio de Ciencia e Innovación, están experimentando una evolución «muy prometedora en años recientes» en España.

GOBERNANZA DEL PERTE

Para la coordinación del PERTE Aeroespacial se establece un grupo de trabajo interministerial, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, que contará con representación de hasta diez Ministerios: el de Hacienda y Función Pública; Educación y FP; Trabajo y Economía Social; Defensa; Asuntos Económicos y para la Transformación Digital; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y para el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Universidades.

Además, para contar con todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración público-privada, se crea una Alianza por el PERTE Aeroespacial, que estará presidida por la ministra de Ciencia e Innovación.

Esta alianza integrará a los miembros del órgano interministerial, a las comunidades autónomas, a Organismos Públicos de Investigación (OPI), así como a asociaciones empresariales, organizaciones sindicales con relevancia en el sector, plataformas tecnológicas y comunidades de usuarios. Asimismo, el modelo de gobernanza del PERTE podría incluir a agentes internacionales con competencias en el ámbito aeroespacial.

Vox enmarca el acuerdo del Gobierno con Marruecos sobre el Sáhara Occidental en una decisión «a título individual» del presidente, Pedro Sánchez, que no asume como política de Estado y por tanto «no compromete a nadie».

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha censurado que no se conozcan los detalles del acuerdo alcanzado con Marruecos, que el PSOE no consultara a su socio de Gobierno ni apoyos parlamentarios y que ni siquiera lo consultara con diplomáticos o la Casa Real.

Por tanto, ha insistido en limitarlo al actual jefe del Ejecutivo y ya ha adelantado que, si Vox tiene responsabilidades de gobierno, reevaluará todas las políticas de relación con Marruecos, con Argelia y también con Mauritania.

«No nos sentimos vinculados a decisiones erróneas, carentes de responsabilidad y de sentido común», ha insistido sobre un cambio de postura que ve «superficial» y «dañino para los intereses» de los españoles.

En este sentido, no ha detallado la postura de Vox respecto al Sáhara Occidental, limitándose a explicar que el partido se atiene a la legalidad internacional. Con Vox en el Gobierno, la posición de España sería «lógica, sensata, prudente y teniendo en cuenta los intereses de España», ha incidido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, coincidiendo con la efeméride del Día Mundial del Agua, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua que prevé movilizar más de 3.000 millones de fondos públicos y privados este año y el próximo y que estima una creación de empleo de unos 3.500 puestos de trabajo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado que este PERTE será una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en España, tanto en el ciclo urbano, como en el regadío y en la industria para lo que el proyecto incluye ayudas para impulsar esta digitalización.

«Agua y energía son elementos determinantes de nuestro bienestar, con alto contenido económico para el conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar y con contenido económico del conjunto de actividades, industrias, servicios, bienestar de las ciudades y los hogares», ha valorado Ribera, que ha recordado que la gestión del ciclo integral del agua es «tan determinante» que incide en un tercio del PIB.

En ese sentido, considera necesario completar la modernización del ciclo del agua con herramientas «fundamentales» como la digitalización, la innovación y la formación de los profesionales y ha recordado que España es una de las potencias más importantes en materia de industria y servicios del agua.

La vicepresidenta confía en que con este PERTE se logrará mejorar el conocimiento del recurso, facilitar una gestión más transparente, ayudar a cumplir los objetivos ambientales para las distintas masas de agua y generar empleo de alta cualificación técnica propiciando oportunidades de negocio dentro y fuera de España.

Además, ha explicado que con el objetivo de aumentar la gobernanza y la transparencia, el proyecto estratégico incluye la puesta en marcha de un Observatorio de la Gestión del Agua en España.

Otra de las novedades que incorpora es la creación de un sello de calidad que se otorgará a los usuarios con mejores prácticas en el manejo del recurso hídrico.

Para poner en marcha el PERTE se modificará la Ley de Aguas, para incluir los avances en digitalización y se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico para apostar por la teledetección en el control de los usos del agua y marcar las condiciones tecnológicas para los nuevos aprovechamientos.

Así, el PERTE impulsará el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, para mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

Según ha destacado Ribera, este es el tercer PERTE impulsado por su departamento después de los dirigidos a Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) y el de Economía Circular.

El nuevo PERTE prevé una movilización de 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, 1.940 millones de los fondos europeos y prevé otros 1.000 millones de financiación privada y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua.

Ribera ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico y que en los próximos años se esperan disminuciones de hasta el 25 por ciento del recurso en todo el país y del 40 por ciento en el sureste peninsular para finales de siglo.

De ese modo, la vicepresidenta considera que el uso de nuevas tecnologías para conseguir una información precisa y actualizada en sectores como el ciclo urbano del agua, el regadío y la industria «permitirán tener una mejor capacidad de control y gestión del recurso».

En concreto, ha explicado que el PERTE desarrollará programas de ayudas para impulsar la digitalización de los distintos usuarios del agua y avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

Así, ha dicho que a lo largo de 2022 y 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas.

Esta línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada.

En torno al 80,5 por ciento del agua en España se destina al regadío y usos agrarios, seguido del 15,5 por ciento del abastecimiento del ciclo urbano.

En concreto, estima que la facturación media del sector es de 7.600 millones de euros anuales, pero el 23 por ciento del agua potable ya tratada se pierde por las redes de distribución. Precisamente, Ribera ha destacado que el PERTE contribuirá a los planteamientos de la Agenda 2030 es reducir estas pérdidas un 10 por ciento y aumentar la facturación unos 700 millones de euros adicionales al año.

El PERTE incluye dos convocatorias de ayudas con 1.200 millones de euros de inversión, para que municipios de más de 20.000 habitantes implanten contadores inteligentes, sistemas de comunicación y plataformas de big data para analizar toda la información recogida. El proyecto incluye avances en sensorización, monitorización y telemando de las infraestructuras de saneamiento, que mejorarán la depuración de las aguas y permitirán una mayor reutilización del recurso.

Por su parte, el sector industrial contará con una subvención de 100 millones de euros para financiar programas de digitalización con el doble objetivo de reducir insumos y mejorar la gestión de los vertidos.

REGADÍO CON CONTADORES INTELIGENTES

En cuanto a la digitalización de regadíos, el PERTE valora su potencial productivo –la superficie regada es un 22,6% de la superficie cultivada y contribuye en un 65% a la producción vegetal– pero destaca que como contrapartida supone el uso de un «importante» volumen de agua.

Las ayudas para regadío se destinarán a implantar contadores en las tomas de agua y parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes o automatizar los sistemas de riego. Las subvenciones alcanzarán 200 millones de euros.

El Gobierno considera que este proyecto estratégico complementa al PERTE Agroalimentario ya aprobado para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario ante los retos del cambio climático y la conservación ambiental.

Por otro lado, este PERTE invertirá 225 millones en modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. En ese sentido, se acelerará la implantación de herramientas digitales como el Registro de Aguas electrónico y la Base Central del Agua, al tiempo que plantea elaborar un Libro digital del Agua y un Registro Digital de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas.

En este sentido, el PERTE incluye la elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos sobre el proceso de digitalización, programas de innovación y de formación para el personal implicado la gestión del agua y la puesta en marcha de proyectos concretos de I+D+i.

Para el MITECO la digitalización será clave para hacer frente al futuro hídrico de España, aportará resiliencia al sector y favorecerá nuevos nichos de empleo.

César Román, conocido como el ‘Rey del Cachopo’, se ha opuesto en un escrito a la entrega de los restos mortales de Heidy Paz a su familia para darle sepultura al considerar que son «útiles» para su defensa y para «un procedimiento justo» ante los insistentes intentos de que se anule la sentencia que le condenó a 15 años de cárcel por el homicidio de la joven hondureña.

El escrito de la letrada Ana Isabel Peña se presenta después de que la familia de la fallecida solicitara al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la entrega del cuerpo tras la sentencia que confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid.

El torso de la joven, que se halló en agosto de 2018 en una maleta localizada en una de las naves del condenado, lleva desde entonces primero en el Instituto Anatómico Forense y ahora en el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas.

El torso se considera una prueba clave dado que en su interior se localizó una anilla de seguridad que pertenecía a uno de los botes de sosa cáustica que habría empleado César para eliminar sin éxito el rastro de la chica asesinada días antes, según la sentencia el 5 de agosto de 2018.

La familia manifestó, a través del abogado Alexis Socias, que procedía la entrega de los restos por «no quedar cuestión alguna que resolver». Apuntó, además, que bastaría con unas muestras esenciales, respecto de esos restos, que determinen las coincidencias de ADN, con el suficiente control judicial en relación a ellos», dado que el informe de ADN es una de las cuestiones impugnadas por la defensa en su recurso ante el Tribunal Supremo.

Ahora, la abogada de César Román se niega a la entrega del cuerpo al considerar que se deben de mantener los restos cadavéricos «bajo la misma custodia en la que permanecen ahora, toda vez que pueden ser útiles para la defensa efectiva, así como un procedimiento justo».

La letrada ha solicitado al TSJM una aclaración de la sentencia respecto a todos los aspectos que impugnó, entre ellos el informe de ADN que determinó que el torso hallado en la nave de César era el de su pareja.

El Secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, ha respondido este martes a las críticas de Vox al indulto parcial que el Gobierno concedió a Juana Rivas, asegurando que a los de Abascal les «importa un higo» tanto ella «como sus hijos» y lo rechazan como un ataque a un Gobierno que «consideran ilegítimo».

Durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Congreso, el Secretario de Estado ha avanzado algunas de las líneas de actuación de su departamento y también ha respondido a varias preguntas orales formuladas por Vox, una de ellas referentes al indulto de Rivas.

En concreto, el diputado Eduardo Ruiz ha cuestionado al secretario de Estado por esta decisión que, a su juicio, ha seguido «criterios políticos» y «nunca debió» producirse.

En su intervención, Ruiz ha acusado al Ejecutivo de «revictimizar» al marido de Rivas y ha explicado su «sufrimiento» por no poder ejercer sus derechos paterno-filiales. Además, criticado que no se haya tenido en cuenta una declaración de uno de los menores asegurando haber sido víctima de abuso cuando estaba bajo la custodia de su madre.

HOMBRES, «SUJETOS DE SEGUNDA»

A su juicio, al Gobierno se le «llena la boca» hablando de Igualdad pero, en su opinión, esta es «más falsa que una moneda de chocolate» y le ha reprochado tratar a los hombres como sujetos «de segunda» bajo «la bota» de leyes como la de violencia de género.

Tras estas declaraciones, Rodríguez ha ve «claro» que esta actitud no tiene que ver con «los problemas de misoginia» que, a su juicio, tiene el partido, sino que Vox «no acepta al Gobierno». Según ha explicado, «no lo creen legítimo» y por eso «les molesta» y «no toleran» que «haga uso de las facultades que la Constitución les da». «Les importa un higo Juana Rivas y sus hijos», ha declarado.

Así ha indicado que la formación que dirige Abascal se basa en una «mezcla» de «machismo patológico» y de «no asumir al Gobierno». «Tienen una inquina insana al que piensa diferente», ha señalado el secretario de Estado.

Aún así, ha recordado que el indulto concedido a Rivas no dice que esta no sea culpable. De hecho, ha explicado Rodríguez, ella ha asumido que es culpable y este es uno de los requisitos por los que puede ser indultada «una parte de la pena que le quedaba por cumplir».

JUSTICIA PATRIARCAL

En la misma sesión, Vox ha cuestionado también a Rodríguez por las declaraciones hechas en junio del año pasado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que en España existe una Justicia patriarcal.

La portavoz de la formación, en este caso, la diputada Patricia de las Heras, ha denunciado que la igualdad que se recoge en la Constitución se «quiebra» con la Ley de Violencia de Género que «aumenta las penas» cuando el agresor es hombre y, por tanto «distingue entre sexos».

UNA POLÍTICA TRANSVERSAL

«La Igualdad es una política trasversal del Gobierno», ha respondido Rodríguez, quien ha indicado que Vox tiene «una idea errónea del feminismo». «Piensa que es poner a la mujer en un plano de superioridad y no es así», ha declarado, antes de indicar que «no es ni más ni menos, que poner en igualdad al hombre y a la mujer».

En este sentido, ha indicado que, desde Justicia, se «removerán los obstáculos» necesario para lograr la «igualdad de trato y oportunidades» de los hombres y las mujeres y ha hablado de eliminar conceptos «arcaicos» o de «reforzar la formación» en esta materia en toda la administración.

Rodríguez ha hablado, en este sentido, de un «cambio de cultura» poniendo al servicio de la ciudadanía un «servicio público digno» de «una sociedad democrática avanzada.

Además, se ha referido, durante su análisis de las líneas de trabajo de su departamento, a «mejorar las condiciones de trabajo y términos de conciliación». Así, ha recordado que en la propuesta legislativa en la que trabaja el Congreso sobre eficiencia procesal, se introducen medidas en esta materia y se habla de la regulación de los permisos de paternidad y maternidad como causa de suspensión de procedimientos.

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha considerado que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, debería dejar su cargo si se le abre juicio oral por presuntas irregularidades cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), e insta a la «aplicación inmediata del Reglamento» del Parlament que en el artículo 25.4 prevé la suspensión de escaño en estos casos.

En rueda de prensa en la Cámara catalana este martes también se ha pronunciado sobre la consulta a cerca de los Juegos Olímpicos de Invierno, y se ha mostrado contraria porque cree que «pone en riesgo otra oportunidad para Cataluña», por lo que ha pedido al Govern que actúe con responsabilidad.

Sobre las presuntas relaciones entre el independentismo y Rusia, Roldán ha exigido más transparencia, «saber la verdad sobre la trama rusa del separatismo y depurar responsabilidades», así como profundizar en la investigación de las presuntas conexiones que existían.

La diputada popular ha querido apoyar a la huelga indefinida del transporte de mercancías frente a un «Gobierno de Sánchez que va tarde, mientras que otros países ya están tomando medidas», y ha pedido que se rebajen los impuestos y que, concretamente, se elimine el impuesto de emisiones de carbono.

Por último, ha vuelto a exigir la dimisión del conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ya que cree que con la huelga educativa ha «quedado clara su incompetencia para sentarse a dialogar y buscar consensos» con la comunidad educativa.

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto de su nueva propuesta de apoyar las tesis de Marruecos de conceder la autonomía al Sáhara Occidental, en lugar del ansiado proceso de autodeterminación, al entender que es una iniciativa que puede contribuir a mejorar las relaciones entre ambos países.

«Yo no me encuentro entre los que sienten malestar», ha apuntado el regidor vallisoletano a preguntas de si compartía el malestar existente dentro de los socios del Ejecutivo central e incluso de las filas socialistas, y ello porque, como así ha puntualizado, cuando los gobiernos toman decisiones en materia de política internacional como ha hecho el de Pedro Sánchez, «es porque tiene serios motivos para hacerlo».

En el marco del acto inaugural en la Feria de Valladolid de la feria Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas (SIEB), dos importantes salones especializados en el cultivo del viñedo y en el equipamiento para bodegas en los que participarán más de 160 expositores nacionales e internacionales, Puente ha incidido en la dificultad de los «equilibrios en política internacional» tras recordar que España cuenta con «un socio por el sur, un vecino muy importante como Marruecos, y hay un conflicto de más de cincuenta años en el Sáhara que no se resuelve».

Por eso, el alcalde aplaude intentar «apostar por fórmulas que desbloqueen ese conflicto y si además redundan en beneficio de las relaciones entre un país como Marruecos y España», a la vez que ha recordado que voces más autorizadas que la suya también «entienden que la posición de España es plenamente compatible con las resoluciones de la ONU a las que también se ha remitido el presidente del Gobierno en su misiva al monarca marroquí».

Por todo ello, el regidor socialista vallisoletano reitera que no se encuentra entre los que sienten malestar ante la decisión adoptada por Pedro Sánchez respecto del Sáhara Occidental.

Los Reyes visitarán este miércoles la célula de crisis sobre Ucrania de Cruz Roja Española desde la que la organización coordina su actuación a distintos niveles para atender a las personas afectadas por la invasión por parte de Rusia de este país, según ha anunciado Casa Real.

Don Felipe y Doña Letizia tendrán ocasión de conocer de primera mano la ayuda que está brindando Cruz Roja tanto a los ucranianos que han llegado a España desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero como para apoyar a quienes aún no han abandonado el país.

La célula de crisis está en funcionamiento desde la semana pasada y en ella están representados los distintos departamentos de la organización para una buena coordinación de todas sus acciones.

Cruz Roja Española ha brindado asistencia hasta este martes a más de 11.600 personas, de las que el 66 por ciento son mujeres. En el marco del sistema de acogida e integración de la Secretaría de Estado de Migraciones, se ha acogido en recursos de Cruz Roja a 8.034 refugiados ucranianos.

La ONG ha desplegado dispositivos especiales de acogida en los aeropuertos de Barajas (Madrid), El Prat (Barcelona) y Tenerife Sur (Islas Canarias), y en las estaciones de tren de Sants, Figueres y Girona (Cataluña); Atocha y Chamartín (Madrid); Montijo (Extremadura) y Castellón, Valencia y Alicante (Comunidad Valenciana) para la primera asistencia a las personas refugiadas, traslado a otras ubicaciones, o acogida en recursos de Cruz Roja.

El PSOE, junto con el PP, Vox y Ciudadanos, ha rechazado este martes debatir en el Pleno del Congreso la propuesta de Bildu de crear una comisión parlamentaria de investigación sobre ‘los sucesos de Vitoria de 1976’, cuando las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente una iglesia donde se reunían huelguistas y murieron cinco trabajadores y otro centenar sufrió heridas de diversa consideración.

Coincidiendo con el 46 aniversario de aquel episodio del postfranquismo, la coalición abertzale pidió habilitar en el Congreso «los mecanismos políticos necesarios para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia», apuntando ya a varios ministros de la época como Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Rodolfo Marín Villa.

Y en la Junta de Portavoces del Congreso, Bildu ha pedido que esta comisión de investigación se pudiese debatir en el Pleno de la próxima semana, pero el PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos lo han rechazado. Los separatistas vascos sí recabaron el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Junts, Más País y PNV.

PSOE: NO ES EL INSTRUMENTO ADECUADO

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha señalado que la comisión de investigación no es el instrumento adecuado para investigar estos hechos de 1976, pero ha ofrecido diálogo para «buscar otros mecanismos para facilitar el objetivo que se pretende». «Estamos dispuestos a dialogar y buscar otras vías por determinar, pero no compartimos el modelo», ha dicho.

De momento, la única vía abierta en la justicia es la que impulsó la jueza María Servini en Argentina, aunque la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de ese país ya acordó en diciembre revocar el procesamiento del exministro Martín Villa al entender que no hay «pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles» de los delitos de lesa humanidad que se le atribuían. Además, la justicia española denegó la colaboración con esa querella y el Gobierno mantiene clasificados como secretos los documentos de la época.

Bildu ya intentó llamar a declarar en el Congreso a Martín Villa, después de que asumiera que, como ministro, pudo ser el responsable político de aquellos sucesos, pero la Mesa que preside Meritxell Batet lo inadmitió alegando que el control parlamentario se refiere al Gobierno en ejercicio, no al de hace casi 50 años.

«Es evidente que Martín Villa cuenta con información que ayudaría a esclarecer lo ocurrido y desde EH Bildu no cejaremos en nuestro empeño por conseguir la verdad, justicia y reparación que merecen las víctimas del 3 de marzo», sostiene el diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo.

La Guardia Civil investiga penalmente al presunto integrante de un piquete del paro en el transporte que supuestamente arrojó varias piedras sobre un camión cuando circulaba por la autopista AP-9, a la altura del municipio pontevedrés de Barro.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos, investigados por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Caldas de Reis y el Equipo de Investigación de la Compañía de Vilagarcía de Arousa, sucedieron el miércoles día 16 de marzo de la semana pasada.

Sobre las 23,30 horas de ese día, a la altura del kilómetro 118,70 de la AP-9 un camión sufrió el impacto de varias piedras que le habían arrojado desde un paso elevado, que le ocasionaron la fractura de la luna y la visera delantera, han relatado las mismas fuentes.

Al mismo tiempo, el vehículo sufrió un pinchazo de la rueda delantera ocasionado por una tabla con puntas, «estratégicamente colocada sobre la calzada, provocando con todo ello la inmovilización del camión», ha destacado la Benemérita.

Como consecuencia de las diligencias instruidas, ha resultado investigado un vecino de Barro que supuestamente formaba de un «piquete informativo», matiza la Guardia Civil, relacionado con el paro en el transporte, al que se le notificó su condición penal de investigado como presunto autor de los delitos contra la seguridad vial y daños. Los desperfectos en el camión superaron los 2.500 euros.

Las diligencias instruidas se han entregado en el juzgado de Instrucción de guardia de Caldas de Reis, donde deberá comparecer el investigado cuando sea requerido por la autoridad judicial.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado imprescindible que se eleve a las Cortes una iniciativa que salga del Parlamento para que la ley obligue a una distribución proporcional en el conjunto del país de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas, con la implicación de todas las Comunidades Autónomas.

El presidente destacó en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad el esfuerzo que se está haciendo en Canarias con los menores migrantes, que son casi 3.000, y exigió la misma solidaridad por parte de las demás regiones. Al mismo tiempo, abogó por activar mecanismos para que a pie de playa se pueda detectar quiénes son adultos y quiénes niños; y que haya suficiente personal forense para realizar las pruebas de edad.

Asimismo, volvió a pedir a los grupos de la Cámara que se aparten del uso partidista del drama migratorio y también su compromiso para desterrar el racismo y la xenofobia. En este sentido, quiso recordar a la ultraderecha que la pobreza y las guerras «son igual de terribles sea cual sea el color de tu piel», y dijo que hay que estar orgullosos porque en el Parlamento de Canarias «no se han escuchado las barbaridades de las que hace gala la ultraderecha».

«Espero escuchar en este debate el compromiso de que no van a entrar en ese peligroso juego del miedo y el odio. Llámenlo como quieran: cordón sanitario o cordón democrático, pero no podemos normalizar ni pactar ni conseguir el poder con el voto de quien defiende semejantes postulados. De quienes quieren acabar con el Estado de las autonomías, de quienes se opusieron al decreto de ayudas a los damnificados de La Palma, de quienes niegan la existencia de la violencia machista o de la desigualdad», expresó Torres.

«Nosotros sí combatimos la desigualdad. Y este Gobierno va a seguir trabajando al máximo para que hombres y mujeres se puedan desarrollar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos», afirmó.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado «explicaciones» al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo con Marruecos y le ha afeado que «rompa» el consenso en torno al Sáhara que había en este país y «con el PSOE» del pasado.

«La política exterior es de Estado, no le pertenece a Sánchez, ni al Gobierno actual, ni al Partido Socialista actual que rompió con el PSOE anterior», ha reprochado Feijóo, quien ha reclamado «explicaciones» de en qué situación se queda el Estado, las relaciones con Argelia y el suministro del gas, entre otras cuestiones.

Feijóo ha exigido, así las cosas, que Sánchez acuda al Congreso a comparecer y ha lanzado un mensaje sobre su futuro. «Quiero garantizar a los gallegos que eso no ocurrirá en Galicia, con independencia de las decisiones personales que debo tomar, nuestra tierra preservará la estabilidad», ha manifestado, casi al final de su intervención, en una comparecencia de urgencia este martes en la Cámara gallega, tras aceptar la petición del BNG.

Feijóo ha señalado que «conoce a este gobierno» –el nombrado por él–, a la mayoría parlamentaria y al PPdeG. «Galicia está por encima de todo», ha asegurado el mandatario autonómico, sobre el futuro de la Comunidad gallega, que deberá designar en el Parlamento una nueva persona al frente de la Xunta.

Durante su intervención, que duró cerca de una hora, el presidente autonómico también reclamó al Gobierno de Sánchez «coordinación» en la llegada de refugiados de Ucrania, conocer los datos de las personas que están llegando. En cuanto a medidas, ha dicho que Galicia habilitará la Risga, pero ha solicitado que el Gobierno implante el ingreso mínimo vital.

Los principales socios parlamentarios del Gobierno han censurado este martes el «volantazo» que ha dado en torno a su posición sobre el Sáhara Occidental y que lo haya hecho de forma «unilateral», «sin contar con nadie», y han avisado a su presidente, Pedro Sánchez, de que o cuida al bloque de la investidura, o se acabará quedando solo.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa en el Congreso Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País y Compromís, algunos de los firmantes de la solicitud de comparecencia de Sánchez en el Pleno para que dé cuenta del giro de 180 grados que ha dado con su decisión de la autonomía del Sáhara Occidental.

Esas explicaciones tendrán lugar previsiblemente la próxima semana, cuando Sánchez detalle al Congreso los resultados del Consejo Europeo previsto para este jueves y viernes, centrado en los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, piensa que es fundamental que Sánchez explique «a cambio de qué» ha abandonado no sólo sus principios sino también al pueblo saharaui pero no cree, no obstante, que sea el contencioso sobre el Sáhara «el momento más critico» de la coalición del Gobierno o de la legislatura, sino la negociación de la reciente reforma laboral.

LA POSICIÓN DEL SÁHARA, «UNA MÁS»

«La posición sobre el Sáhara es una más», ha acotado Rufián, subrayando, a renglón seguido, que el apoyo de su partido al Gobierno se verá «semana a semana», como hasta ahora, y dejando claro que Esqueerra no es responsable de las decisiones del PSOE sino de «algunas rectificaciones» que ha adoptado.

Desde Bildu, Mertxe Aizpurua ha censurado que Sánchez haya cambiado «drásticamente» la posición española sobre el Sáhara Occidental «sin contar con nadie», ni tan siquiera con el bloque progresista que le sostiene, una decisión que no sólo debe explicar al Congreso «con luz y taquígrafos», sino con la que, a su juicio, «se aleja» de sus socios parlamentarios.

En este sentido, Aizpurua ha pedido al presidente que «rectifique» su «insólito e incomprensible» apoyo a Marruecos, que no rehuya su responsabilidad histórica para con el Sáhara Occidental y que regrese a las resoluciones de la ONU en pro de una solución «viable y duradera» que debe concluir, según Bildu, con el legítimo derecho de la libre autodeterminación del Sáhara.

De su lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha tachado de «inmenso error» el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara no sólo en el fondo sino en las formas. «Las políticas de Estado no se cambian dando un volantazo sin informar a nadie», ha denunciado.

LA LEGISLATURA SE LE PUEDE IR A DE LAS MANOS

Y este último episodio, unido a la gestión de la guerra en Ucrania y las consecuencias de sus efectos económicos, han llevado a Errejón a advertir al Gobierno de «la legislatura se le va a ir de las manos» si no reacciona ya con «firmeza» ante el momento «crítico» que atraviesa.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha admitido no gustarle la deriva que está tomando el Gobierno en los últimos tiempos, especialmente a raíz de su giro sobre el Sáhara, y le ha avisado de que se quedará «muy solo» en el futuro si sigue adoptando decisiones de este tipo sin tener en cuenta a la mayoría con la que continúa en Moncloa, al que considera que debería «cuidar».

Y hacerlo sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo se encuentra, en su opinión, en «el momento más crítico» con varios frentes abiertos. No obstante, no ha querido pronunciarse sobre si Unidas Podemos debería o no seguir coaligado al PSOE en el Gobierno.

Sobre el Sáhara y los apoyos del Ejecutivo también han hablado Junts y el PDeCAT. Ambos partidos entienden que Sánchez debe explicar las «contrapartidas» que ha sacado de su giro respecto al Sáhara y el «cúmulo de despropósitos» que existe en torno a este conflicto.

Sin embargo, mientras que Miriam Nogueras (Junts) duda de si los últimos posicionamientos del Gobierno están alejándole de sus socios en el Congreso o bien éste es el PSOE de «siempre, el del 155», Ferrán Bel (PDeCAT) espera que no porque, a su juicio, «un Gobierno débil» en estos momentos generaría más problemas.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido al PSOE de que esta semana es «decisiva» en términos de legislatura y que exigirá, dentro del Gobierno, medidas «valientes» porque está en juego que se pueda revalidar la mayoría progresista en las próximas elecciones.

También se ha expresado en términos similares la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que en Twitter ha destacado que España se «juega mucho» en las próximas semanas y que deben «estar a la altura» del momento difícil que atraviesa el país.

De esta forma, ha apelado a aplicar la propuesta, remitida a Moncloa, de desplegar un nuevo escudo social, reducir los beneficios caídos del cielo y ayudar a los sectores afectados.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha avisado a su socio de coalición de que su giro en el Sáhara Occidental, al avalar el plan de autonomía propuesto por Marruecos, y su intención de elevar el presupuesto militar le «aleja» de los grupos del ‘bloque de investidura’, pues constituye a su juicio un «acercamiento» al PP.

Al igual que remarcó ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el portavoz del grupo confederal ha descartado que haya ruptura en el Gobierno, ni por su parte ni por los socialistas.

Eso sí, ha enfatizado que Unidas Podemos va a hacer lo «mismo que hasta ahora», orientar al Ejecutivo a hacer «políticas progresistas valiente» y emplear «toda su fuerza» en el Gobierno y en el Congreso, con el objetivo de propiciar una respuesta de izquierdas a la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

UP ES «PIEZA CLAVE» PARA QUE EL GOBIERNO SEA PROGRESISTA

«También pensamos que es clave (la respuesta a la crisis) para en las próximas elecciones poder revalidar el Gobierno de coalición y no haya un ejecutivo de Feijóo con Abascal. Si el Gobierno de coalición está a la altura del electorado progresista podrá revalidar y si no estamos a la altura nos dirigimos a una situación peligrosa, oscura, de involución democrática», ha desgranado Echenique para reivindicar que Unidas Podemos es «pieza clave» para empujar en la dirección progresista.

En cuanto al apartado propositivo, Echenique ha desgranado que en la reunión de mañana entre su grupo y el Gobierno, para abordar el Plan Nacional de Respuesta a la crisis, su espacio va a insistir en el nuevo escudo social.

De esta forma, ha instado a desplegar un cheque de 300 euros para ayudar a las familias a pagar el precio de la luz, acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y elevar un 10% los impuestos a esta compañía, mejorar el Ingreso Mínimo Vital, congelar los alquileres y topar el precio de la luz a 75 euros el megavatio hora, entre otras propuestas.

VE «OBVIO» QUE EL PSOE HA CAMBIADO SU POSTURA EN EL SÁHARA

Respecto al Sáhara Occidental, Echenique ha asegurado que está claro y no es opinable que el PSOE ha cambiado su postura sobre este conflicto, pues es evidente que deja a los sahararuis a los «pies de la dictadura marroquí».

En este sentido, ha ahondado que en este asunto hay dos posiciones a seguir, la defensa de un referéndum de autodeterminación como pauta las resoluciones de Naciones Unidas, a lo que está Unidas Podemos y recogía el PSOE en varios programas electorales, o dejar que sea una «provincia más» de Marruecos.

«Es obvio que el PSOE ha cambiado su posición (…) como ya pidió Estados Unidos. Las cosas están bastante claras por mucho que se utilice un lenguaje diplomático», ha zanjado el portavoz del grupo confederal.

EN COMÚ PODEM: LA RESPUESTA A LA CRISIS DEBE SER PROTECCIONISTA

Mientras, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, también ha calificado de «incoherente» e «impudente» el giro del PSOE sobre el Sáhara, pues al igual que en la guerra de Ucrania ningún régimen tiene derecho a anexionarse territorios que le son ajenos.

También ha reprochado a los socialistas abrir «conflictos innecesarios», en el actual contexto internacional, y le exhorta a dejarse de «aventuras geopolíticas».

Al igual que su compañero de bancada, Vidal ha asegurado que el Ejecutivo «no está en peligro» pero ha emplazado a su socio de coalición a dar una respuesta «rápida» y «quirúrgica» a esta crisis.

En esta línea, ha demandado también que el Ejecutivo despliegue ayudas directas a empresas y autónomos, así como habilitar una partida extraordinaria que eleve los recursos que reciben los ayuntamientos, con vistas a facilitar a las administraciones locales los medios para aplicar medidas anticrisis.

Respecto a las protestas de transportistas y del sector primario, Vidal ha comentado que, pese a la presencia de la extrema derecha en estas protestas, el Ejecutivo no puede «taparse los ojos» a estos problemas.

Por tanto, la reacción del Ejecutivo debe ser «proteccionista» y, en el caso del espacio confederal, apoyan una bajada coyuntural de impuestos que pueda repercutir en los sectores afectados.

Pero también combinado con una la reforma fiscal y un plan para reducir los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pues estas compañías se «forran» con el «chantaje energético» generado por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Gobierno Vasco cree «urgente» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique «las razones de su cambio de posición» sobre el Sáhara, que ha recibido con «sorpresa». Asimismo, ha defendido que «la solución a este conflicto debe producirse en el marco de las resoluciones y de la mediación de Naciones Unidas» y ser «duradera» y «aceptada por todas las partes».

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha expresado la «sorpresa» del Gobierno ante la decisión adoptada por el Ejecutivo central sobre su postura en relación al conflicto del Sáhara occidental, así como por el hecho de que se haya conocido mediante «una filtración» del Gobierno de Marruecos.

Por ello, en el Ejecutivo de Euskadi consideran «urgente conocer las explicaciones que pueda dar sobre este cambio de posición» el Gobierno español.

POSICIÓN DE NEUTRALIDAD

«Desconociendo las razones que puedan existir en el cambio de posición del Gobierno español, sí parece que está alterando la posición de neutralidad que ha venido manteniendo respecto a este conflicto, en el que la población saharaui espera, desde 1991, a que se haga realidad la resolución que en su día adoptó la ONU que planteaba la necesidad de un referéndum para conocer la voluntad de los hombres y mujeres del Sáhara», ha señalado Zupiria.

El portavoz del Gobierno Vasco ha reiterado que es «urgente» que el Ejecutivo de Sánchez «muestre las razones de su cambio de posición» y ha defendido que «la solución a este conflicto debe producirse en el marco de las resoluciones y de la medición de Naciones Unidas, debe ser una solución duradera y aceptada por todas las partes».

Compromís y UP han reafirmado este martes su rechazo al giro de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental, mientras su socio mayoritario en la Generalitat, el PSPV, ha pedido esperar a las «explicaciones oportunas» que dará la próxima semana en el Congreso el presidente del Gobierno.

Así lo han trasladado tras la junta de síndics de Les Corts sobre el cambio de postura de Sánchez al ceder a las presiones de Marruecos y avalar su plan de autonomía para la antigua colonia española, algo que amenaza con enturbiar la relación con Argelia en un momento crítico por la crisis energética.

Tanto Compromís como UP han avanzado que tienen en marcha proposiciones no de ley (PNL) para que los socialistas valencianos se posicionen en el parlamento autonómico, ya que consideran que es una decisión lo suficientemente trascendental como para que Sánchez la haya tomado de forma unilateral.

Como síndica de Compromís, Papi Robles ha urgido a que el presidente y líder del PSOE «recapacite» y esta decisión «histórica» se tome en el Congreso. «Los derechos humanos deben prevalecer en Ucrania y en el Sáhara también», ha reivindicado.

La coalición presentará una propuesta para defender el derecho del pueblo saharaui a convivir de manera libre, tal y como plantea la ONU y «ahora más si cabe», además de otras iniciativas en ayuntamientos y de participar en las concentraciones de apoyo.

En la misma línea, UP tiene lista una proposición de tramitación especial de urgencia en apoyo al pueblo saharaui, ya que no comprenden el «giro injustificable» de Sánchez al contradecir tanto las resoluciones de la ONU como su propio programa electoral de 2019.

«Somos un gobierno de coalición y es muy importante que esas decisiones se tomen de forma consensuada», ha reclamado su síndica, Pilar Lima, recordando el compromiso «histórico» de España con el Sáhara en lugar del plan marroquí que ve como una «ocupación ilegal». Ahora bien, ha remarcado que esta «acción unilateral» no afecta al tripartito valenciano porque tienen «espíritu de colaboración y diálogo».

También la portavoz adjunta de UP Estefania Blanes (EUPV) ha lamentado la diferente «vara de medir» entre el pueblo ucraniano y el sahariano, ya «acostumbrado al olvido». Ha animado a participar en la movilización de este jueves 24 en València y Alicante y, como integrante de una familia acogedora, a acercarse a esta población.

MATA: «LA VIDA NO ES BLANCA NI NEGRA»

Por su parte, el síndic y ‘número dos’ del PSPV, Manolo Mata, ha confiado en que este debate se trasladará al Congreso y al Comité Federal del PSOE, garantizando que los socialistas llevan a cabo políticas de cooperación permanentes con el Sáhara y así seguirán. «Continuamos pensando que hay que proteger sus derechos», ha aseverado.

Pero ha puntualizado que ahora se abre una «nueva situación» y que «la vida no es ni blanca ni negra y el Gobierno todavía tiene que dar las explicaciones oportunas». En cualquier caso, ha insistido en que los socialistas no se separarán del posicionamiento de Naciones Unidas, por lo que ha avanzado que presentarán una enmienda a las propuestas de sus socios dejándolo claro.

Mata también ha asegurado que «toda Europa está concienciada», ha destacado que el plan marroquí cuenta con el apoyo de países como Francia o Estados Unidos y ha recordado que «en 47 años pidiendo el referéndum, nunca se ha hecho». «No se puede dar ningún paso sin el visto bueno de la ONU. Si el Gobierno cree que es posible, es muy respetable, pero veremos hasta dónde pueden avanzar», ha añadido.

Representantes de CSIF Madrid, sindicato mayoritario en la Policía Local en España, y JUPOL Madrid partirán a finales de mes con un convoy hasta la frontera de Polonia con Ucrania para ayudar en la acogida de refugiados, han informado las organizaciones sindicales policiales en un comunicado.

También colaborarán en el reparto de material necesario en Ucrania. El convoy con varias furgonetas irá cargado de medicinas y alimentos.

La ONG Mensajeros de la Paz es la encargada de organizar la recogida del material que CSIF Madrid y JUPOL Madrid harán llegar a las familias ucranianas, además de gestionar los fondos económicos de las aportaciones que realicen los empleados públicos y policías nacionales.

En el viaje de vuelta a España está previsto que varios refugiados de guerra viajen en el convoy hasta Madrid, donde les esperarán familias de acogida. Los ucranianos que lleguen a la Comunidad de Madrid ya tienen lugar de residencia asignado, tarea que se ha organizado directamente con la Embajada de Ucrania en España y la ONG Remar.