Las camareras de piso ya han movido ficha para conseguir la jubilación anticipada. El jueves 9 de julio de 2026, UGT presentó la solicitud formal para que su actividad sea reconocida como profesión de riesgo. Este paso abre la puerta a que miles de trabajadoras puedan retirarse antes sin penalización económica, un derecho que también persiguen otros colectivos como albañiles, policías nacionales y guardias civiles.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Cientos de miles de trabajadores en oficios especialmente duros podrían ver reconocido su derecho a jubilarse antes. La decisión afecta directamente a su salud a largo plazo y a la sostenibilidad de las pensiones, mientras la patronal se resiste por los costes adicionales.
Cómo funciona el nuevo sistema de coeficientes reductores
Desde mayo de 2025, el Real Decreto 402/2025 establece un procedimiento común para que los oficios que acrediten condiciones especialmente penosas —altos índices de siniestralidad, enfermedades profesionales o bajas reiteradas— puedan solicitar coeficientes reductores de la edad de jubilación. El mecanismo descuenta años de cotización de forma proporcional: por cada año trabajado en la actividad de riesgo se adelanta un tiempo la jubilación sin recortar la pensión, siempre que trabajadores y empresas asuman una cotización adicional.
La norma ya ha permitido que desde los años 70 accedieran a este derecho mineros, trabajadores del mar, artistas, toreros, ferroviarios o bomberos. Ahora el foco está en quienes aún no lo tienen.
Tres sectores en la carrera por el reconocimiento
La petición de las camareras de piso, impulsada por UGT, se apoya en el desgaste físico que conlleva su jornada: manipulación de cargas, posturas forzadas y alta exposición a lesiones. No hay ninguna patronal hotelera que por ahora respalde la solicitud, lo que alarga los plazos del procedimiento.
En la construcción, la presión es mayor. CCOO y UGT registraron su solicitud conjunta para albañiles, poceros y operarios de carreteras en julio de 2025. Los sindicatos recuerdan que en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en el sector —la cifra más alta de todas las actividades— y denuncian que seguir en un andamio más allá de los 60 años supone un riesgo evitable. La patronal, sin embargo, bloquea cualquier avance alegando que la subida de cotizaciones supondría un sobrecoste inasumible.
Más cerca del objetivo están los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2025 obligó al Gobierno a regular su jubilación anticipada por considerar discriminatorio que policías autonómicas y locales ya la tuvieran y ellos no. Desde entonces, sindicatos y asociaciones profesionales negocian con el Ministerio de Inclusión las condiciones, aunque el proceso se interrumpió por el verano y se reanudará en septiembre. La AUGC, mayoritaria en la Guardia Civil, confía en que el derecho pueda estar reconocido para enero de 2027.
Un derecho que ya existe para otros, pero que para unos sigue siendo horizonte
El caso de las fuerzas de seguridad tiene un precedente sólido: la Ertzaintza obtuvo el coeficiente reductor en 2010, las policías locales en 2019 y los Mossos d’Esquadra en 2022. Esa misma inercia legal es la que ahora presiona al Ejecutivo para no dilatar los trámites.
No todos los sectores avanzan igual. En el ámbito sanitario, los sindicatos reclaman desde hace años que las guardias, el trabajo nocturno y la sobrecarga asistencial justifican también coeficientes reductores. El borrador inicial del nuevo Estatuto Marco recogía el compromiso de realizar estudios; sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en junio eliminó esa redacción detallada, lo que ha generado protestas. Sanidad asegura que los informes siguen en elaboración, pero la decisión final corresponde a Seguridad Social.
La sentencia del Supremo de 2025 obligó al Gobierno a tratar a la Policía Nacional igual que a las policías autonómicas y locales en materia de jubilación anticipada.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: UGT ha solicitado formalmente que las camareras de piso sean consideradas profesión de riesgo; albañiles, policías nacionales y guardias civiles también negocian sus propios coeficientes reductores.
- Por qué te importa: Podría permitir que miles de trabajadores en oficios muy duros se jubilen antes sin perder poder adquisitivo y sin penalización en su pensión.
- A quién afecta: A camareras de piso, empleados de la construcción, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y potencialmente al personal sanitario.
- Hacia dónde vamos: Las negociaciones policiales se retoman en septiembre y podrían dar fruto en enero de 2027; para albañiles y camareras el camino es más largo por la oposición patronal.
