Samu Omorodion lleva al Granda CF a juicio para la devolución de 6 millones de euros
El Granada FC se acaba de encontrar con una denuncia por parte de Samu Omorodion en la que les reclama la devolución de 6 millones de euros. Esta cantidad fue la que el jugador tuvo que abonar por romper unilateralmente en contrato que le ligaba al club nazarí y poder fichar por el Atlético de Madrid en el último día del mercado de fichajes del pasado verano.
Ahora, el futbolista considera que esa cláusula de rescisión fue abusiva y reclama ante el juez la devolución de dicho importe. Desde el Granada confían en que la justicia les de la razón pero, de no ser así, el Atlético se frota las manos porque podría recibir dinero por el fichaje del jugador.
La cláusula abusiva que reclama Samu Omorodion
Las relaciones laborales de los deportistas profesionales tienen su propia legislación especial. Así, el artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985 establece que cuando se produce una ruptura unilateral del contrato por parte del deportista sin causa justificada, el club puede tener derecho a ser compensado por los daños y perjuicios causados. Así, inicialmente el pago de Samu Omorodion entraría dentro de este artículo.
Sin embargo, esta cláusula podría considerarse abusiva cuando la cláusula de rescisión del jugador es excesivamente alta para su salario. Así, se entiende que cuando esto ocurre implica un impedimento para el desarrollo profesional y económico del deportista. Esta versión es la que defiende el jugador que renovó su contrato con una ficha anual muy inferior a la cantidad abonada.
El Atlético se desmarca de la denuncia
La denuncia interpuesta por Samu Omorodion al Granda CF llegó a las oficinas de Los Cármenes el pasado jueves. Este movimiento pilló por sorpresa a todas las partes implicadas que no contaban con que los acontecimientos fueran a desarrollarse de esta manera.
Por su parte, el Atlético de Madrid ha querido desmarcarse de las acciones legales emprendidas por su jugador a pesar de ser el máximo beneficiado en caso de que un juez considere abusivo el pago de los 6 millones de euros.
