Los eco-regímenes se apoderan del sector para «resucitar» a los ganaderos

El pasado 31 de agosto, y como una medida unilateral, la Unión Europea aprobaba lo que se iba a conocer como la nueva PAC; es decir, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 presentado por España.

Entonces, este era el que iba a ser el último escollo previo a una legislación que, ya sí, entró en vigor de manera definitiva este día 1 de enero de 2023, donde la misma se presenta como la aplicación europea más ambiciosa desde el punto de vista ambiental, y la segunda más profunda en cuanto a cambios en la gestión de los fondos que llegan de arcas comunitarias. Como gran novedad, es que se trata de la PAC más verde hasta la fecha, donde hay una orientación muy clara a resultados concretos para el reparto de las ayudas, y todo ello obedeciendo a los objetivos basados en los tres pilares establecidos y que están basados en la sostenibilidad.

La PAC agrícola de 2023, la reforma más ambiciosa para ayudar a los agricultores

En este sentido, lo que se conoce es que a partir de la Comisión Europea se aprobaron un total de 28 Planes Estratégicos (uno para cada país de la Unión Europea y dos para Bélgica) de la nueva Política Agrícola Común.

En materia de presupuesto, la financiación de la nueva PAC es de 264.000 millones de euros, los cuales están enfocados a ayudar a los agricultores europeos a caminar hacia un sector agrícola más sostenible y resistente al cambio climático, así como al mantenimiento de las zonas rurales. La cofinanciación nacional de cada Estado miembro eleva el presupuesto público total dedicado a los agricultores y a las comunidades rurales a 307.000 millones de euros para el período 2023-2027.

Esto viene, como es habitual en los últimos tiempos, relacionado también con el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual ha provocado una crisis alimentaria que está influyendo de lleno en el trabajo de los agricultores. De hecho, el precio de muchos alimentos lleva meses encadenando subidas y los costes de producción son cada vez más altos por la crisis energética.

Es ahí donde esta nueva PAC agrícola común entra de lleno, y en donde veremos cambios profundos que afectan a más de 650.000 agricultores y ganaderos en España, tercer país beneficiado, con una asignación superior a los 47.000 millones de euros.

Nueva Pac 2023 Ganaderos

La PAC cuenta con tres pilares para potenciar las actividades en el campo

La nueva PAC llega tras un año de transición por la crisis energética y alimentaria que desencadenó la guerra de Ucrania y en un contexto de inflación, especialmente en la cesta de la compra.

Entre las novedades, y de una manera importante, destacan el incremento de los objetivos medioambientales a la hora de distribuir los fondos para las ayudas y un diseño en el que los Gobiernos tendrán más responsabilidad porque cada país decide cómo aplica esta política mediante un plan estratégico nacional.

Así, encontramos hasta tres pilares que se concentran de la mejor manera para para potenciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura:

  • Bloque económico: Persigue el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria.
  • Bloque medioambiental: Busca la intensificación del cuidado del medioambiente y la acción por el clima.
  • Bloque rural y social: Fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

La reforma introduce los eco-regímenes beneficiosas para el medio ambiente

En sus inicios, la PAC nació como un sistema para garantizar el abastecimiento de alimentos activando la producción en el contexto de escasez de comida tras la Segunda Guerra Mundial, si bien ahora ha pasado a su fase más importante, pues introduce los conocidos como ‘eco-regímenes‘. O lo que es lo mismo; el 25 % de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente, implantando los planes estratégicos nacionales, en los que los Gobiernos tendrán mayor responsabilidad.

Hacia España, Europa ha hecho por aportar dos claves: los apoyos directos y medidas de mercado, y el segundo, dedicado al desarrollo rural, con programas cofinanciados por los Estados miembros para potenciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura.

También establece la condicionalidad social de las ayudas, lo que significa que, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales; España la aplicará en 2024. Por último, y de una forma provechosa para España, esta PAC manifiesta condicionantes de obligado cumplimiento, donde, entre otros, destacan las de asegurar ingresos justos, mejorar la competitividad, conservación del paisaje y la biodiversidad, o el fomento del relevo generacional.