La industria alimentaria ha recurrido a los tribunales de forma masiva para frenar las leyes contra los ultraprocesados, acumulando casi 600 años de litigios en apenas una década y media. Una investigación coordinada por The Guardian y Lighthouse Reports, con la colaboración de varios medios y académicos, documenta al menos 235 demandas presentadas entre 2010 y 2025 contra gobiernos que intentaron regular estos productos.
Una ofensiva judicial que busca ganar tiempo
El análisis identifica cómo las grandes corporaciones del sector alimentario han llevado a los juzgados medidas tan variadas como las etiquetas de advertencia, las restricciones a la publicidad o los impuestos a la comida basura. Tres de cada cuatro demandas terminan en una victoria para los gobiernos, pero el proceso judicial en sí ya cumple un objetivo para la industria: retrasar la entrada en vigor de las normas y consumir recursos públicos valiosos.
Las compañías recurren a menudo a a los tribunales con el objetivo de dilatar la aplicación de las normas, no tanto de ganarlas. “Cuando todo lo demás falla, demanda”, resume Marion Nestle, profesora de Nutrición de la Universidad de Nueva York, que compara la estrategia con la de la industria tabaquera.
En la mira de los litigios están nombres conocidos como Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone o Ferrero. La mayoría de las demandas fueron impulsadas por los propios fabricantes o por asociaciones que representan sus intereses, aunque en ocasiones la identidad de los demandantes quedó protegida.
¿A quién afecta y cuál es el impacto?
El peso de la batalla judicial recae sobre todo en Latinoamérica. México concentra 193 de las 235 demandas, seguido de Colombia (18) y Brasil (17), países que han liderado políticas ambiciosas de etiquetado frontal. En Estados Unidos solo se registraron seis litigios y en Reino Unido uno, lo que algunos investigadores atribuyen a que sus regulaciones ya contienen lagunas favorables a la industria.
El consumo de ultraprocesados sigue creciendo. Representa hasta la mitad de la dieta media en países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Los estudios lo relacionan con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Detrás de cada año de litigio hay consumidores cuya salud podría haberse beneficiado de una acción más rápida, advierten los expertos.
El efecto desincentivador y el coste en salud pública
Ganar tres de cada cuatro casos no significa que los Estados salgan indemnes. Los procedimientos obligan a dedicar importantes recursos económicos y humanos a la defensa jurídica, mientras los fabricantes siguen vendiendo sin restricciones. Para Katherine Shats, especialista jurídica de Unicef, “retrasar la acción por miedo a los litigios supone prolongar un daño prevenible que será mucho más difícil y costoso de afrontar en el futuro”.
El patrón, recalcan los investigadores, es claro: las multinacionales no necesitan ganar absolutamente todas las contiendas; les basta con sembrar la duda sobre la viabilidad de nuevas regulaciones. Así, otros gobiernos dudan antes de aprobar medidas similares y el círculo dilatorio se perpetúa.
Las compañías “no lucharían tan duro” si estas políticas no redujeran realmente las ventas, advierte Marion Nestle.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La industria alimentaria utiliza demandas judiciales para frenar leyes que regulan los ultraprocesados.
- 👥 Quiénes son los afectados: Consumidores de todo el mundo, especialmente en países con políticas de salud pública ambiciosas.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Retrasos en la protección de la salud y desincentivo para que otros gobiernos actúen.
